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OBLIGACIÓN POLICIAL DE PRESERVAR EL LUGAR DE LOS HECHOS. EL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN VIII, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO VULNERA EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4852/2025. · Registro digital (IUS): 34156
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-08-07
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Agosto de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.5.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4852/2025. 28 DE ENERO DE 2026. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF Y ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. DISIDENTES: IRVING ESPINOSA BETANZO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ, QUIEN ANUNCIÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ. SECRETARIADO: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR Y ALEJANDRO VILCHIS ROBLES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Una persona fue declarada penalmente responsable por la comisión de los delitos de homicidio calificado con ventaja y homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, por lo que se le impusieron, entre otras sanciones, cincuenta años de prisión. Inconforme, el sentenciado interpuso apelación. El tribunal de segundo grado confirmó la sentencia recurrida.

En desacuerdo, el sentenciado promovió juicio de amparo y, entre otras cuestiones, planteó la inconstitucionalidad del artículo 132, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Tribunal Colegiado del conocimiento negó el amparo. En contra de esa sentencia, el quejoso interpuso el recurso de revisión que ahora se resuelve.

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiocho de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4852/2025, interpuesto en contra de la sentencia dictada el diecinueve de junio de dos mil veinticinco por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en el juicio de amparo directo **********.

El problema jurídico que este Pleno debe resolver consiste en determinar si el artículo 132, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales es acorde al artículo 21, primer párrafo, de la Constitución Federal.

ANTECEDENTES

1. Causa penal **********. El veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Partido Judicial de Playas de Rosarito, Baja California dictó sentencia de condena contra **********, por la comisión de los delitos(1) de homicidio calificado con ventaja(2) y homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa.(3) Entre otras sanciones, se le impusieron cincuenta años de prisión.

2. Toca penal **********. Inconforme, el sentenciado interpuso apelación. El quince de junio de dos mil veintidós, la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California confirmó el fallo recurrido.

3. Demanda de amparo directo. En desacuerdo, ********** promovió juicio constitucional y planteó los conceptos de violación siguientes:

• No se cuenta con pruebas que acrediten la presencia del quejoso en el lugar de los hechos ni que accionara un arma de fuego ni que haya manejado cierto automóvil para huir.

• La privación de su libertad no fue en flagrancia delictiva. Existe controversia sobre la interpretación y aplicación de la flagrancia en términos del artículo 16 de la Constitución Federal. Existen medios de prueba anticonstitucionales.

• En la sentencia se declara infundada su observación en el sentido de que la fiscalía no estuvo presente en el lugar de los hechos y que tampoco dirigió la actuación del agente que lo capturó, por lo que la responsable resuelve en contra del artículo 21 de la Constitución Federal.

• La autoridad responsable pretende reforzar el dicho del sobreviviente con la intervención de la médica legista, pero ella sólo certificó que el occiso falleció por disparos de arma de fuego y nunca dijo quién lo privó de la vida.

• La responsable invocó el artículo 132, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales para aprobar las anticonstitucionales actuaciones de los agentes municipales y estatales. Si bien esta fracción establece que los primeros respondientes tienen determinadas facultades, la fracción V de dicho numeral especifica que ellos deben actuar bajo el mando del Ministerio Público, por lo que se debe declarar inconstitucional la fracción VIII del artículo 132. Los primeros respondientes refirieron que actuaron sin que la fiscalía ordenara buscar al presunto responsable.

• No se respetó el principio de presunción de inocencia. La responsable sólo cuenta con apreciaciones subjetivas; se incrimina con el dicho del sobreviviente y la viuda.

4. Sentencia del amparo directo **********. El Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en sesión de diecinueve de junio de dos mil veinticinco, negó el amparo, con base en las consideraciones siguientes:

• Es inatendible el reclamo del quejoso en el que sostiene que no se le informaron los hechos imputados ni se le permitió una defensa efectiva, que su defensor no recibió las pruebas ni tuvo acceso oportuno al expediente.

• Las razones de la Sala responsable sobre la detención en flagrancia se ajustan a los artículos 16 de la Constitución Federal y 146, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales. La flagrancia se actualiza por señalamiento, pues los policías obtuvieron la información del hecho por parte de las ofendidas, quienes, además de relatar el hecho, proporcionaron datos de la persona que desplegó el delito y del vehículo en el que huyó.

• Es infundado el argumento de que no le fue encontrado ningún objeto incriminatorio, debido a que fue detenido cuando conducía el vehículo en el que, según testigos, huyó.

• Es infundado que la fracción VIII del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales contraviene el artículo 21 constitucional, ya que: (A) la obligación de preservar el lugar de los hechos y los indicios es una medida cautelar y urgente que permite asegurar la disponibilidad de la evidencia para su posterior análisis por el Ministerio Público y los peritos; (B) la actuación de la policía está sujeta a la supervisión y control del Ministerio Público, y (C) la preservación del lugar de los hechos y la integridad de los indicios son elementos esenciales para garantizar la cadena de custodia, por lo que la citada fracción contribuye a fortalecerla.

• La porción del artículo 21 constitucional debe interpretarse en armonía con el numeral 16 que exige que todo acto de autoridad esté fundado y motivado, y el artículo 20 que consagra los derechos de la víctima y del imputado en el proceso. Así, la fracción VIII del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contribuye a garantizar estos derechos, al asegurar que la investigación se realice de manera diligente y profesional.

• El juez de oralidad verificó que el sentenciado tuviera conocimiento de sus derechos y que contara con una defensa adecuada. Además, atendió las formalidades esenciales del procedimiento y actuó apegado a los principios constitucionales del sistema acusatorio adversarial.

• En la sentencia se indicaron las razones por las que se otorgó valor a las pruebas aportadas por el Ministerio Público y cómo se corroboraron entre sí. Las pruebas resultaron suficientes para acreditar la responsabilidad penal.

• Respecto a la individualización de la pena, el juez fijó un grado de culpabilidad mínimo, y al actualizarse un concurso real de delitos, se le impuso pena de cincuenta años de prisión. También fue correcta la reparación del daño.

5. Recurso de revisión y ampliación. En contra, por escritos presentados el quince de julio y uno de agosto de dos mil veinticinco, ********** interpuso recurso de revisión y su ampliación. En ambos ocursos planteó, en síntesis, los agravios siguientes:

• No se cumplió con el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución Federal, ya que no fue capturado en el lugar de los hechos. Además, el respondiente que lo capturó dijo que no contaba con orden ministerial o judicial para buscar, localizar y presentar al presunto responsable.

• Se promovió amparo directo para acreditar que la sala responsable vulneró su libertad de tránsito, incumplió con las formalidades del debido proceso y faltó al principio de inocencia.

• Expuso en su demanda que las actuaciones de los primeros respondientes y agentes estatales no fueron ordenadas, dirigidas o supervisadas por el Ministerio Público, con lo cual se obtuvieron pruebas que vulneran derechos.

• No se cumplió con el artículo 20, apartado B, fracción III, de la Constitución General, el cual ordena que, desde su detención, le debieron hacer saber qué pruebas tenían en su poder.

• Las responsables liberaron al órgano acusador de acreditar que el quejoso accionó un arma de fuego. Se le impuso una excesiva pena de prisión basada exclusivamente en el dicho del sobreviviente, de la viuda y la huérfana.

• Solicita la interpretación y aplicación del artículo 16, párrafo quinto, constitucional, en lo que respecta a la flagrancia delictiva, ya que su privación de la libertad es inconstitucional.

6. Trámite ante esta Suprema Corte. En proveído presidencial de ocho de agosto de dos mil veinticinco, se admitió el recurso de revisión y se ordenó su registro con el número 4852/2025. Asimismo, se turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

7. Returno. Mediante acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal ordenó el returnó del asunto a la Ministra María Estela Ríos González, para que actuara como ponente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General número 1/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

I. COMPETENCIA

8. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver del presente recurso de revisión en términos de los artículos 107, fracción IX,(4) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II(5) y 96(6) de la Ley de Amparo, y 16, fracción IV,(7) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Segundo, fracción VIII, inciso b),(8) del Acuerdo General 2/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se interpuso en contra de una sentencia de amparo directo que pronunció un Tribunal Colegiado de Circuito.

II. OPORTUNIDAD

9. La sentencia impugnada fue notificada al quejoso el diez de julio de dos mil veinticinco; dicha notificación surtió efectos el once siguiente. Por tanto, el plazo de diez días para interponer el recurso de revisión(9) transcurrió del catorce de julio al doce de agosto de dos mil veinticinco.(10) De manera que, si el recurso y su ampliación se presentaron, respectivamente, el quince de julio y uno de agosto de dos mil veinticinco, fueron oportunos.

III. LEGITIMACIÓN

10. ********** cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión, pues en el juicio de amparo tiene el carácter de quejoso.

IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO

11. Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal, 81, fracción II, de la Ley de Amparo y el Punto Tercero del Acuerdo General 3/2025 (12a.)(11) del Pleno de esta Suprema Corte, se actualiza el primer requisito de procedencia, debido a que en la demanda de amparo el quejoso planteó la inconstitucionalidad del artículo 132, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado(12) calificó de infundado tal planteamiento, al considerar que la norma no vulneraba el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Federal. El recurrente combate en agravios(13) la decisión del tribunal de amparo.

12. También se actualiza el segundo requisito de interés excepcional, debido a que el problema de constitucionalidad entraña la fijación de un criterio en materia constitucional. Además, no existe jurisprudencia de este Alto Tribunal sobre el tema de fondo.

13. Es de advertirse que el recurrente planteó en sus conceptos de violación temas que pudieran estimarse de constitucionalidad, como son defensa adecuada y detención por flagrancia. No obstante, el Tribunal Colegiado del conocimiento los abordó desde un plano de estricta legalidad y además, en relación con el tópico de detención en flagrancia, se ajustó a la tesis 1a. XV/2022 (11a.) de la extinta Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(14) Por tanto, no procede el recurso en relación con estos temas.

V. ESTUDIO DE FONDO

14. El artículo 21, primer párrafo, de la Constitución Federal(15) dispone que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

15. De acuerdo con este mandato constitucional, si bien la rectoría en la investigación de los delitos compete al Ministerio Público, esta tarea es compartida con otras autoridades, entre ellas las policías, cuya actuación está sujeta al control, coordinación, orientación y supervisión de la fiscalía.

16. En el amparo en revisión 70/2022, la extinta Primera Sala señaló que la lectura de los artículos 20, apartado A, fracción I, y el referido 21, párrafo primero, de la Constitución General, con relación a los diversos 127, 129, párrafos primero, tercero y cuarto, 131, fracción V, 212, 213 y 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite aseverar que uno de los objetivos medulares del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito y la identificación de los probables responsables. Lo que se califica como una garantía orgánica que protege una condición de exclusividad respecto al ejercicio de ciertas atribuciones otorgadas al Ministerio Público; en concreto, para dirigir todas las diligencias de la investigación penal.

17. La Primera Sala también precisó que esta garantía instituye una protección elemental en favor de cualquier persona potencialmente sometida a un proceso criminal, para saber que la fiscalía, por regla general, será la encargada de conducir la investigación y, eventualmente, instar acusación en su contra. Lo que abona a la seguridad jurídica y certeza.(16)

18. Ahora, con relación a la facultad investigadora de los delitos conferida a la Policía, el Pleno de esta Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014,(17) estableció que la Policía es central en la investigación, pues investiga los delitos como función propia, bajo la supervisión y orientación jurídico-operativa del Ministerio Público. Asimismo, destacó que del artículo 21 constitucional se deriva la intención del Constituyente Permanente de otorgar a la Policía facultades para que la labor de investigación de delitos sea una tarea compartida con el Ministerio Público.

19. En el sistema procesal penal acusatorio, la investigación se materializa sobre la base de actos y técnicas pertinentes, útiles y objetivamente encaminados a la obtención de elementos(18) que permitan explorar todas las líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos controvertidos y, de esta manera, fundamentar el eventual ejercicio de la acción penal. Lógicamente, en esta labor indagatoria participa tanto la fiscalía como la Policía.

20. En congruencia con lo anterior, los artículos 217 y 260(19) del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen que toda actuación realizada por el Ministerio Público y la Policía durante la investigación de los delitos debe ser registrada por cualquier medio idóneo para garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta. Además, la carpeta de investigación que al efecto integra la fiscalía constituye el medio en el que se hacen constar los antecedentes o registros de la investigación y sirve de sustento para aportar datos de prueba.

21. Expuesto lo anterior, el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece, en lo conducente:

Artículo 132. Obligaciones de las y los Policías

El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: (...)

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este Código y en la legislación aplicable; (...)

22. Es correcto el criterio del Tribunal Colegiado del conocimiento, ya que la fracción VIII del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales no contradice el numeral 21, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

23. En principio, la norma impugnada debe analizarse en relación con el primer párrafo del mismo precepto, que establece expresamente que las y los policías actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos.

24. Desde esta perspectiva, la disposición cuestionada guarda armonía con el texto del artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Federal, pues forma parte de una regla que reafirma, por un lado, la rectoría del Ministerio Público en la investigación de los delitos y, por el otro, que la actuación de la Policía está sujeta al control, coordinación, orientación y supervisión de la fiscalía.

25. Esto se corrobora con los artículos 3, fracción XII,(20) 127(21) y 131, fracciones III, VII y VIII,(22) del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén, en esencia, que los cuerpos de policía especializados en la investigación de delitos y los cuerpos de seguridad pública actúan bajo el mando y conducción del Ministerio Público para efectos de la investigación. De forma tal que a la fiscalía compete coordinar a las policías y ordenarles la práctica de actos de investigación para el esclarecimiento de un hecho delictivo, así como instruirles sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar y las demás diligencias que deben ser llevadas a cabo dentro de la investigación.

26. En ese contexto, la fracción impugnada establece una obligación a cargo de la Policía, que es propia de sus atribuciones en la investigación de los delitos –cuya labor es compartida con la fiscalía–, por lo que válidamente puede intervenir para conservar el lugar relacionado con la posible comisión de un delito y garantizar los indicios, así como dar los avisos respectivos (en su caso).

27. Esta obligación a cargo de la Policía puede cumplir distintas finalidades: asegurar que los indicios no se alteren, destruyan, desaparezcan o que se manipulen; garantizar la cadena de custodia;(23) comprobar la verosimilitud de la noticia criminal; continuar con las diligencias de investigación pertinentes y útiles;(24) contribuir al esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito(25) y a la identificación de la persona o personas que cometieron el ilícito o participaron en su comisión.

28. En términos de la fracción VIII del artículo 132 del código procesal, pueden suscitarse escenarios en los que la policía actúe directamente en la preservación del lugar relacionado con el delito y la realización de actos para garantizar los indicios. Sin embargo, esto no torna inconstitucional la disposición impugnada, en la medida en que la norma prevé que la Policía debe dar aviso a la fiscalía, lo cual garantiza que la autoridad ministerial esté en posibilidad de realizar el control y supervisión de los actos realizados hasta ese momento por la Policía y, en su caso, ordenar nuevas diligencias.

29. Desde esta perspectiva, la obligación policial prevista en la norma impugnada, lejos de apartarse o desconocer la esfera de competencia del Ministerio Público, en realidad la complementa, porque además de que la investigación de los delitos es una labor compartida entre la fiscalía y la Policía (así como otras autoridades), la actuación específica de la Policía es relevante para la investigación penal.

30. En consecuencia, la porción normativa cuestionada es acorde con el párrafo primero del artículo 21 de la Constitución Federal, el cual establece que la investigación de los delitos también corresponde a las Policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando del Ministerio Público en el ejercicio de esta función.

VI. DECISIÓN

31. Al resultar constitucional el artículo 132, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede, en la materia de la revisión, confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisión, competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** contra el acto y autoridad precisados en esta ejecutoria.

Notifíquese y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de seis votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama, Ortiz Ahlf y Guerrero García. Los señores Ministros Espinosa Betanzo, Figueroa Mejía y Presidente Aguilar Ortiz votaron en contra por la improcedencia del recurso de revisión y anunciaron sendos votos particulares.

El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Firman el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Ministra Ponente con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

********** En términos de los artículos 112 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. Los hechos consistieron en que el primero de septiembre de dos mil diecinueve, aproximadamente a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, en el estacionamiento interior del centro restaurantero **********, Baja California, ********** disparó un arma de fuego en repetidas ocasiones en contra de ********** privándolo de la vida, para luego disparar en contra de **********, intentando privarlo de la vida. Luego, huyó del lugar a bordo de un automóvil Toyota camry, color gris, placas **********, del que previamente había tomado el arma de fuego y que fue apedreado por las personas que vieron lo ocurrido en el lugar, abollando dicho vehículo; siendo detenido a las diecinueve horas con cinco minutos del mismo día a la altura de **********, carril sur norte a la altura del negocio **********, de la colonia **********, **********.

2. Previsto en los artículos 123, 126, 147, 148, fracción IV, y 149 del Código Penal para el Estado de Baja California.

3. Previsto en los citados artículos, en relación con los diversos 15 y 80 del referido Código.

4. Artículo 107 de la Constitución Federal. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...)

IX.- En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. En contra del auto que deseche el recurso no procederá medio de impugnación alguno; (...).

5. Artículo 81 de la Ley de Amparo. Procede el recurso de revisión: (...)

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras.

6. Artículo 96. Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por tribunales colegiados de circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá únicamente sobre la constitucionalidad de la norma general impugnada, o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

7. Artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá: (...)

IV. Del recurso de revisión en amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras; (...).

8. SEGUNDO. Competencia reservada del Pleno de la SCJN. La SCJN conservará para su resolución: (...)

VIII. Los amparos en revisión: (...)

b) Substanciados en la vía directa, en los que el Tribunal Colegiado resuelva sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que a juicio de la SCJN el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, en términos del artículo 107, fracción IX, de la CPEUM.

9. Previsto por el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

10. Descontándose los días doce, trece y dieciséis a treinta y uno de julio, así como dos, tres, nueve y diez de agosto, todos de dos mil veinticinco, por ser inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.

11. Define la procedencia del recurso de revisión, en los términos siguientes:

(...) II. En la sentencia recurrida el Tribunal Colegiado haya realizado un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de alguna norma general, la interpretación directa de algún precepto constitucional, de un derecho humano establecido en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien, que el Tribunal Colegiado de Circuito haya omitido el estudio de dichas cuestiones, y (...).

12. El Tribunal Colegiado del conocimiento, a efecto de no hacer nugatorio el reclamo del quejoso y en suplencia de la queja, analizó el referido numeral 132, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales a la luz de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Federal.

13. Analizados bajo la causa de pedir.

14. Criterio visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 14, junio de 2022, tomo V, página 4652, registro 2024749, de rubro: "DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE CUANDO LA POLICÍA ADVIERTE HECHOS DELICTIVOS POR MEDIO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DE UN CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD PÚBLICA".

Esta tesis se publicó el viernes 03 de junio de 2022 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

15. Artículo 21 de la Constitución Federal. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a la secretaría del ramo de seguridad pública del Ejecutivo Federal, a la Guardia Nacional y a las policías, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. (...).

16. Esto puede verse reflejado en las tesis 1a. CXCIII/2009, Primera Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, noviembre de 2009, registro 165954, página 409, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. ES EL ÚNICO ÓRGANO DEL ESTADO COMPETENTE PARA FORMULAR E IMPULSAR LA ACUSACIÓN PENAL".

Así como la tesis 1a. CCCXIII/2013 (10a.), Primera Sala, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXV, octubre de 2013, tomo 2, registro 2004696, página 1049, de rubro: "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".

17. Párrafos 30 y 31.

18. Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia

La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. (...).

19. Artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Registro de los actos de investigación

El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34156-f938204c/obligacion-policial-de-preservar-el-lugar-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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