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DELITO DE VIOLENCIA DE GÉNERO. EL ARTÍCULO 361, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. DELITO DE VIOLENCIA DE GÉNERO. EL ARTÍCULO 361, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4127/2024. · Registro digital (IUS): 33995
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-05-08
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Mayo de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.5.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4127/2024. 15 DE OCTUBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA QUIÉN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, IRVING ESPINOSA BETANZO QUIÉN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA QUIÉN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: RODOLFO ANTONIO BECERRA JÁUREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Aproximadamente a las 3:00 horas del dos de noviembre de dos mil diecinueve, el quejoso ingresó al departamento de la víctima, quien era su vecina y dormía en compañía de sus dos hijas, forzó la puerta de entrada y del cuarto y, sin mediar palabra, la golpeó con un objeto en la cabeza y en el rostro, causándole lesiones.

Por esos hechos, en primera instancia se condenó al quejoso por el delito de violencia de género y se le absolvió por el diverso de lesiones dolosas calificadas. En segunda instancia se confirmó dicha sentencia, que fue combatida por el sentenciado mediante amparo directo, en el que se le negó la protección constitucional; determinación que constituye la resolución impugnada.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

A través de la que se resuelve el amparo directo en revisión 4127/2024, promovido por **********, por propio derecho, contra la sentencia emitida el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en el amparo directo **********, de su índice.

El problema jurídico que debe resolver este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar la regularidad constitucional del artículo 361 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la luz del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad y del derecho a la igualdad y no discriminación.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos.(1) Aproximadamente a las 3:00 horas del dos de noviembre de dos mil diecinueve, el quejoso ingresó al departamento de la víctima, a quien agredió físicamente y le causó lesiones.

2. Juicio oral **********.(2) El ocho de abril de dos mil veintidós, la jueza de Control y de Enjuiciamiento del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, Veracruz, dictó sentencia contra **********, en la que lo absolvió del delito de lesiones dolosas calificadas(3) y lo condenó por la comisión del diverso delito de violencia de género,(4) en agravio de la víctima de iniciales **********; motivo por el que le impuso, entre otras penas, ocho meses de prisión.

3. Toca penal **********.(5) El sentenciado interpuso recurso de apelación, que correspondió conocer a la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. En resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, confirmó la sentencia recurrida.

4. Amparo directo **********.(6) En contra de dicha decisión, el sentenciado, por propio derecho, promovió un juicio de amparo del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, que el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, le negó el amparo.

5. Amparo directo en revisión 4127/2024. Contra dicha resolución, el defensor particular del quejoso interpuso el presente medio de impugnación, que mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación lo admitió a trámite y ordenó el envío de los autos a la extinta Primera Sala, así como su turno a la Ponencia del entonces Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

6. Avocamiento. Por auto de once de agosto de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la extinta Primera Sala determinó el avocamiento del asunto y remitió los autos a la ponencia del Ministro en retiro Ortiz Mena para la elaboración del proyecto de resolución.

7. Returno. Por acuerdo de diez de julio de dos mil veinticinco, en atención a lo decidido en sesión pública ordinaria de nueve de julio de dos mil veinticinco, con motivo del resultado de la votación respecto al proyecto de resolución respectivo, se ordenó returnar el asunto a la Ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, para la elaboración del proyecto de resolución.

8. Al haber concluido las sesiones y funciones de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto se listó para que fuera resuelto por el Pleno de este Alto Tribunal.

II. COMPETENCIA

9. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX,(7) de la Constitución Federal; 81, fracción II(8) de la Ley de Amparo; y 16, fracción IV,(9) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el Punto Segundo, fracción VIII, inciso b), del Acuerdo General 2/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales.(10)

III. OPORTUNIDAD

10. La sentencia recurrida se notificó al sentenciado de manera electrónica el veintiséis de abril de dos mil veinticuatro.

11. Dicha notificación surtió efectos en esa fecha, en términos de la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo. El plazo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del veintinueve de abril al trece de mayo de dos mil veinticuatro, con exclusión del uno, cuatro, cinco, once y doce de mayo, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de Amparo.

12. Por tanto, si el autorizado del quejoso interpuso recurso de revisión el trece de mayo de dos mil veinticuatro, se hizo de forma oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

13. El quejoso se encuentra legitimado para interponer el presente recurso de revisión, porque en el amparo directo ********** del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito se le reconoció ese carácter.

V. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER

14. De manera preliminar y para verificar los requisitos de procedencia del recurso, se reseñarán los conceptos de violación, las consideraciones del tribunal colegiado y los agravios planteados por el recurrente.

15. Demanda de amparo. En sus conceptos de violación el quejoso manifestó, en esencia, lo siguiente:

a) El tribunal de alzada vulneró los derechos humanos reconocidos en los artículos 1º, 17, y 20, parte inicial, apartado A, fracción I, y apartado B, fracción IV, de la Constitución Federal, así como el diverso 173, apartado B, fracciones IV, V y X de la Ley de Amparo, porque no se le permitió desahogar ante la jueza de primera instancia las pruebas consistentes en un teléfono celular **********, modelo ********** mediante la testigo **********, ni diversas conversaciones de WhatsApp, debido a que, según dicha juzgadora, no se estableció la forma de su desahogo. Por lo que la decisión de la sala de convalidar dicho aspecto es subjetiva y rigorista, además de vulnerar los principios de inmediación y contradicción.

b) Se trastoca lo previsto en los artículos 44, 51, 347 y 381 del Código Nacional de Procedimientos Penales puesto que, conforme a ellos, no se exige que el auto de apertura a juicio oral contenga la forma de incorporación y desahogo de los medios de prueba y, por el contrario, existe disposición que permite utilizar herramientas y medios tecnológicos.

c) Se vulneraron los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14 y 16 constitucionales, porque no existe el delito de violencia de género por el que se le condenó, sino que se le da el título de una serie de conductas previstas en el capítulo XXI y no es como tal un tipo penal; por el contrario, el delito por el que fue sentenciado es el de violencia física y psicológica previsto en el artículo 361 del código penal del estado.

d) La sala penal no examinó el elemento normativo “violencia contra la mujer” ni “violencia física” previstos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia; por lo tanto, no analizó de forma exhaustiva el tipo penal.

e) No se estableció de manera puntual el tipo de violencia ejercida, ya fuera física o psicológica, pues se le condenó de forma general por el delito de violencia de género, lo cual lo deja en estado de indefensión.

f) La Alzada tampoco analizó el elemento subjetivo del dolo, esto es, por qué el sentenciado tuvo la intención de dominio machista o el vínculo de afectividad o relación de pareja presente o pasado con la víctima. Asimismo, no obra prueba de que el actuar del quejoso derivó del género de la víctima, es decir, del hecho de ser mujer y que, por serlo, se haya ejercido violencia física en su contra.

g) El artículo 361 del Código Penal del Estado de Veracruz es inconstitucional porque vulnera el derecho de igualdad previsto en el artículo 4º constitucional, además de ser ambiguo por ser un tipo penal amplio que deja en estado de indefensión a los sujetos activo y pasivo. Así, el tipo penal no determina si la violencia deberá agravarse si existe un vínculo de afectividad, relación de pareja presente o pasada entre agresor y víctima, ni si es necesario acreditar también una intención de imponer una situación de dominio o superioridad sobre la víctima; asimismo, esta violencia la pueden vivir tanto mujeres como hombres, quienes pueden ser en cualquiera de las dos vertientes víctimas o victimarios.

h) El tipo penal en mención implica un trato diferente o injustificado entre hombres y mujeres, pues limita la violencia física o psicológica a las personas del sexo femenino y deja de proteger al hombre, quien también puede sufrir violencia física o psicológica, con lo que se abre una gran brecha y distinción entre los géneros. El citado ilícito también vulnera los derechos a la dignidad y a la equidad y no discriminación, lo que es importante para transitar a un verdadero acceso de justicia bajo una perspectiva de género.

i) En otra temática, la sala penal vulneró los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Federal, porque convalidó la falta de valoración y la propia valoración de las pruebas en el juicio oral. En este sentido, la jueza de primera instancia, avalada por la autoridad responsable:

• No tomó en cuenta que son poco creíbles las declaraciones de los testigos de cargo ********** (vigilante del fraccionamiento) y ********** (expareja de la víctima), ya que refieren la presencia de una menor de edad, sin embargo, el segundo cambia su versión y refiere posteriormente que había dos menores de edad.

• El mismo ********** no señaló con qué objeto la víctima se cubrió la sangre, los motivos por los que iba sangrando, ni si afuera del departamento había sangre.

• No obra una pericial en criminalística de campo que advierta la existencia del departamento, de rastros de sangre en los pasillos o escaleras del lugar, o del objeto contuso con el que se agredió a la víctima. Sin que la trabajadora social ********** sea la perito idónea para demostrar la existencia del departamento.

• El testigo ********** dijo que el fraccionamiento tiene 375 departamentos y solo 250 están habitados, por lo que los juzgadores no tomaron en cuenta que pudo haber sido cualquiera (sic). En el mismo sentido, tampoco se señaló que en toda esa noche estuvo ingresando gente al fraccionamiento.

• No se consideró que los testigos ********** y ********** refirieron que hubo una junta vecinal en la que se trataron temas de inseguridad en el fraccionamiento y que se dijo que días antes del evento habían estado abriendo departamentos.

• El ateste ********** manifestó que al llegar al departamento vio a la víctima, sin embargo, a pregunta de la jueza, dijo que vio primero la puerta abierta y después a la víctima salir del cuarto; además, en ese momento no expresó quién la había golpeado ni mencionó que había sido el quejoso, lo cual es natural cuando se reconoce a alguien inmediatamente.

• A pesar de que la jueza advirtió que ********** se condujo con falsedad, por lo que además ordenó dar vista a la fiscalía, tomó en consideración diversos puntos que no debió tomar en cuenta.

• Las personas juzgadoras no reflexionaron respecto a la contaminación de la escena del crimen, pues el día de los hechos el quejoso se percató que las parejas de la víctima ********** y ********** estaban en el departamento, tomaron fotografías y que, al día siguiente, ********** lavó el interior del departamento.

• No se valoró que al día siguiente de los hechos hubo una junta vecinal en la que nadie identificó al agresor, lo cual contrasta con el señalamiento que la víctima hizo el día de los hechos respecto del quejoso.

• No se tomaron en cuenta los testigos de descargo **********, ********** y **********, quienes coincidieron en que el acusado se encontraba en otro lugar al momento de los hechos.

• Lo que se robusteció con el dicho del diverso testigo de descargo **********, quien señaló que en ese momento estaban en el edificio como 9 personas y que no escuchó nada, a pesar de que estuvo despierto hasta las 2:00 horas y vivir en el piso debajo de donde ocurrieron los hechos. También dijo que en una ocasión vio un masculino desconocido en el descanso del segundo nivel y que el acceso al edificio era público.

• La jueza natural dijo que existía contradicción sobre el nombre del fraccionamiento, sin embargo, la víctima erróneamente dijo que se trataba del fraccionamiento **********, siendo lo correcto fraccionamiento **********.

• Se carece de prueba en el sentido de que el quejoso supiera que la víctima se encontraba sola con sus hijas y que existiera algún motivo o propósito para realizar la conducta, máxime que no existe un nexo causal para establecer una venganza personal, alguna relación sentimental o vínculo.

• La jueza no le resta valor probatorio al testimonio de la menor de edad identificada como **********, a pesar de advertir que fue inducida por la asesora jurídica, quien adujo la existencia de un aparato electrónico que no había sido referido por la testigo.

• La diversa menor de edad ********** también fue aleccionada porque refirió que la tele estaba prendida, sin que se le hubiera cuestionado directamente sobre ello.

• Las testigos menores de edad se contradicen respecto de la forma en que vestía el activo, el nombre de los amigos que eran hijos del quejoso y el objeto con el que fue agredida su mamá.

• La diversa menor de edad ********** en contra de la lógica dijo que vio una piedra, pero no refirió nada sobre el calcetín (en el que se encontraba supuestamente la piedra). Por lo tanto, la jueza debió poner en duda la versión de la menor de edad.

• Las responsables no valoraron el entorno y las reacciones de la menor de edad **********, quien se tardó 21 segundos en contestar una pregunta, además de haber sido interrumpida por la procuradora de la menor (DIF) de forma extraña y sobrepasando sus funciones.

• Las autoridades no dieron valor al testimonio de la testigo de descargo ********** (esposa del quejoso), respecto del nombre del fraccionamiento.

• Respecto de dicha testigo tampoco se valoró que hizo referencia a conversaciones de WhatsApp, de las que se advierte información que contrasta con la declaración de la víctima, quien en su denuncia señaló que ya sabía quién la había agredido. Asimismo, en las conversaciones de WhatsApp se observa que ********** dijo que había visto a una persona en el descanso del primer nivel, lo que se le hizo raro porque no lo había identificado, de lo que también ********** se había percatado; finalmente, que en ese día habían abierto o intentado abrir varios departamentos del edificio.

j) La sala responsable vulneró el principio de presunción de inocencia previsto en los artículos 1º, 20, apartado B, fracción I, y 133 de la Constitución General, pues valoró el material probatorio, el cual resulta insuficiente para probar la responsabilidad del quejoso en los hechos.

16. Sentencia del tribunal colegiado. Las razones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito para negar el amparo, en síntesis, fueron las siguientes:

a) Calificó como infundado el concepto de violación relativo a la alegada inconstitucionalidad del artículo 361 del Código Penal Veracruzano, porque, de inicio, no todo trato diferenciado es discriminatorio, pues existe la posibilidad de dar un trato desigual a quien no se encuentran en una paridad frente a otros sujetos, siempre que implique una distinción justificada. Así, dichas distinciones pueden ser favorecedoras y encontrarse justificadas, como en el caso de las acciones positivas, que buscan dar preferencia a sectores históricamente marginados y vulnerables para compensar las desventajas que padecen.

b) El legislador incorporó un capítulo para atender los delitos cometidos con violencia de género, lo cual no representa un trato diferenciado que implique discriminación. Ello responde a una finalidad constitucional y se encuentra dentro de acciones afirmativas, puesto que las mujeres históricamente han sido objeto de discriminación y tratos violentos por el solo hecho de ser mujeres. También para una mayor protección de sus derechos, especialmente el derecho a vivir libres de cualquier tipo de violencia; de modo que, las conductas delictivas que atentan contra su vida e integridad física y psicológica deben estar sustentadas y motivadas en razones de género.

c) Transcribió porciones de la exposición de motivos de la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio Llave publicada en la Gaceta Legislativa el cuatro de diciembre de dos mil ocho, que derivó de la aprobación de la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, así como del dictamen de cinco de marzo de dos mil diez, en el que se propuso un proyecto alterno que previó incluir un nuevo tipo penal denominado “violencia de género”.

d) Señaló que de lo anterior se advierte claramente la intención del legislador de que, al incluir el tipo penal en examen, se armonizara la legislación penal local con los tratados internacionales relativos a la necesidad de garantizar a las mujeres que no se vulneren sus garantías y derechos fundamentales mediante actos de violencia. Ello pone de manifiesto que la distinción con base en género que se califica de discriminatoria no lo es. Por el contrario, es una acción afirmativa del Estado para garantizar los derechos de las mujeres. Apoya lo anterior las tesis 1a. CCCLXXXIV/2014 (10a.)(11) y 1a. LIV/2016 (10a.).(12)

e) Agregó que la descripción del tipo penal en análisis no resulta ambigua, vaga, imprecisa, abierta o amplia, ni genera incertidumbre jurídica, pues en su redacción el objeto de prohibición puede ser conocido sin problemas por el destinatario de la norma. Además, el Estado está únicamente legitimado y limitado para sancionar la conducta concreta que se encuentra en la construcción típica y no otra circunstancia adicional (principio de legalidad).

f) De esta forma, este Alto Tribunal ha establecido que las normas deben tener un grado de claridad de modo que el juzgador tenga certeza respecto de los elementos constitutivos del tipo penal; esto es, los enunciados normativos solo deben describir con suficiente precisión qué conductas se encuentran prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes las cometan. g) Los extremos que deben cumplirse en una descripción típica consisten en que la norma sea clara y precisa, lo cual acontece en el presente caso, pues el tipo penal dispone: A quien (sujeto activo sin calidad determinada) de manera pública o privada ejerza violencia física o psicológica (conducta sancionada) en contra de una mujer (sujeto pasivo con calidad determinada, mujer) se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario (sanción), independientemente de las sanciones por la comisión de otro delito, con excepción de violencia familiar.

h) Además, el artículo 369(13) del mismo código penal describe lo que se entiende por violencia física y por violencia psicológica.

i) En tales condiciones, no se advierte ambigüedad alguna, puesto que la norma es clara en establecer la conducta sancionada y la calidad de los sujetos a la que se dirige, además de describir cada una de las hipótesis de violencia a que alude, así como las sanciones a imponer. Por lo que, el hecho de que no establezca conductas agravadas o alguna intencionalidad específica solo implica que el legislador no tuvo la intención de agravar la conducta por las circunstancias que refiere el quejoso, sin que ello derive en alguna ambigüedad.

j) Agregó que la porción normativa combatida en su constitucionalidad no prevé un trato diferenciado con base en el género que resulte discriminatorio, sino que es una acción afirmativa para combatir la violencia de género contra las mujeres. Así, la distinción de género referida tiene una finalidad válida constitucionalmente, que es precisamente la misma que se genera con obligación de juzgar con perspectiva de género, esto es, lograr un mayor alcance y protección de los derechos de las mujeres, específicamente el de tener una vida libre de violencia.

k) En diverso tópico, el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, y se analizó y convalidó la valoración realizada por la jueza de primera instancia y se atendió la totalidad de los agravios formulados.

l) Los conceptos de violación en los que se aduce que la sala penal validó determinaciones que derivan en violaciones procesales son infundados, puesto que de la videograbación del juicio oral se advierte que en el desahogo del testimonio de ********** se incorporó el teléfono celular marca **********, modelo **********, y se relató el contenido de diversas conversaciones de WhatsApp.

m) Fue correcto que la sala determinara que para el desahogo de diversas conversaciones de WhatsApp fuera necesaria la intervención de un perito que acreditara su autenticidad y veracidad, de conformidad con los artículos 51 y 380 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que su falta de desahogo pudiera tener un efecto determinante en el sentido de la sentencia dictada, pues el contenido de tales conversaciones no lograr desvirtuar el señalamiento en contra del sentenciado.

n) Del contenido de las pruebas consideradas por la sala responsable se advierte que aproximadamente a las 3:00 horas del dos de noviembre de dos mil diecinueve, el quejoso ingresó al departamento de la víctima, ubicado en el número **********, **********, manzana **********, edificio **********, del fraccionamiento **********, en **********, **********, mientras dormía en compañía de sus dos hijas, forzó la puerta de entrada y del cuarto y, sin mediar palabra, la golpeó con un objeto contuso en la cabeza y rostro, causándole lesiones.

o) Lo que se comprobó con la declaración de la víctima; los testimonios de las niñas con identidad reservada ********** y ********** (hijas de la víctima, de once y ocho años, respectivamente); el testimonio de ********** (papá de las niñas y ex pareja de la víctima); lo dicho por la médico forense **********; el testimonio de la psicóloga ********** y del diverso psicólogo clínico **********; el testimonio de la trabajadora social de los servicios periciales **********; y testimonio de ********** (vigilante del fraccionamiento). Pruebas sobre las que el tribunal colegiado refirió su contenido con relación a los citados hechos.

p) Fue ajustado a derecho que la sala penal señalara que las inconsistencias y contradicciones en que la defensa indicó que incurrieron las niñas no son suficientes para desestimar sus dichos, tomando en cuenta que son niñas a quienes despertaron en medio de la noche, de súbito, observando la agresión contra su madre, lo que no pone en evidencia que hayan sido aleccionadas; además, la niña ********** dijo que sabe que es ********** porque vio su rostro y nadie se lo dijo.

q) Contrario a lo alegado, dichas pruebas fueron debidamente valoradas por la juzgadora de primer grado, así como por la sala responsable, conforme a los numerales 356, 357, 359, 360 y 402 del citado código nacional; asimismo, es acorde con los lineamientos plasmados por el Pleno de esta Suprema Corte, de rubro: “PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCESO PENAL. ATRIBUTOS QUE LE DAN FIABILIDAD.”(14)

r) Es válido afirmar que existen pruebas suficientes para conducir que se configura un hecho que la ley señala como delito de violencia de género, previsto en el artículo 361 del Código Penal para el Estado de Veracruz.

s) Contrario a lo aducido, al margen de la denominación del tipo penal, la autoridad responsable analizó los elementos del delito previsto en el señalado numeral, los cuales se encuentran debidamente acreditados. Además, del dictamen de la iniciativa de la que deriva la inclusión de dicho ilícito, se conoce que su denominación es el delito de violencia de género.

t) Es ineficaz el argumento en cuanto a que no se cuenta con un dictamen de criminalística de campo que acredite la existencia del departamento porque, como lo refirieron las responsables, el dicho de la víctima se corrobora con diversos medios de prueba, como lo referido por la trabajadora social, el vigilante del fraccionamiento, y los mismos testigos de la defensa, quienes coincidieron en señalar la ubicación del departamento del inculpado.

u) Tampoco es eficaz que no se contara con la piedra, el calcetín o con muestras de sangre, pues los testigos de cargo y el dictamen de lesiones corroboran la versión de la víctima sobre las lesiones ocasionadas por el activo y, en este sentido, no hay duda sobre la agresión física.

v) Es legal la determinación de la responsable ordenadora sobre la responsabilidad penal del quejoso como autor de los hechos delictivos, a título doloso, en términos del artículo 21 del código penal aplicable, en su hipótesis de autor material, conforme al diverso 37, en su primera hipótesis del mismo cuerpo de normas. Ello, porque se cuenta con el señalamiento firme y directo de la víctima y de las niñas, quienes presenciaros los hechos.

w) La conducta desplegada es típica, antijurídica y culpable; no se advierte alguna causa de extinción de la acción punitiva y resulta en una conducta dolosa, conforme a los artículos 21, segundo párrafo, 23, 25, 26, 99 y 361, todos del código penal aplicable.

x) Se toman en cuenta las pruebas de descargo, tendientes a demostrar que el quejoso se encontraba en un lugar diverso en el momento de los hechos. Sin embargo, como lo señaló la responsable, genera duda que en la única entrada al fraccionamiento se encontraba el vigilante **********, que él no dijo que el sentenciado saliera del fraccionamiento alrededor de las 2:00 horas –como refieren los testigos–; asimismo, que no se le cuestionó al respecto.

y) En tanto que el hecho que el esposo y la ex pareja de la víctima preguntaran por el agresor, no revela que la víctima desconociera al activo, pues como lo señaló la sala penal, se trata de una conjetura subjetiva, mientras que subsiste el señalamiento firme y directo contra el acusado

z) Por lo tanto, las pruebas de descargo no logran desvirtuar las de cargo ni generan una duda razonable. En este sentido, tampoco se vulneró el principio de presunción de inocencia. Apoya dicha postura la tesis P. VI/2018 (10a.) de rubro: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA.”(15)

aa) No se vulnera el principio in dubio pro reo, pues no hay evidencia sobre una incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis acusatoria.

bb) Tampoco se advierte vulneración a derechos fundamentales en la individualización de sanciones, pues el tribunal responsable confirmó el grado de culpabilidad ligeramente superior al mínimo en el que se les ubicó y para ello tomó en cuenta los lineamientos del numeral 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que el grado de culpabilidad asignado está debidamente fundado y motivado, sin ser violatorio de prerrogativas fundamentales.

cc) Se avala la pena de ocho meses de prisión por el delito en cuestión, cuyos parámetros oscilan de seis meses a dos años de prisión; en tanto que la multa se establece de hasta cuatrocientos días de salario, por lo que, si se impuso una medida de actualización, dicha cantidad es benéfica al quejoso y debe quedar intocada.

dd) Legalmente se le otorgó el beneficio de sustitución de la penal de prisión, conforme a los artículos 92, fracción II, y 93 ambos del código penal aplicable, así como el de suspensión condicional, mediante el depósito de $**********, en términos de los diversos 96 y 97 del citado código.

ee) Es procedente la suspensión de derechos políticos y civiles, de acuerdo con el artículo 68, fracción I, de la citada legislación, y la amonestación, en términos del arábigo 70 de mismo texto normativo.

ff) Es ajustado a derecho que se le sujete a las medidas reeducativas previstas en los ordinales 34 y 35 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, en concordancia con el artículo 370 del código penal del Estado.

gg) Finalmente, es acertada la condena a la reparación del daño, conforme al numeral 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Federal, la cual se fijará en la fase de ejecución, según la jurisprudencia 1a./J. 145/2005 de rubro: “REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SE

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33995-2b50e223/delito-de-violencia-de-genero-el-articulo-361 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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