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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLO, CUANDO SE RECLAMA UNA RESOLUCIÓN EN LA QUE EL TRIBUNAL DE ALZADA RECLASIFICA EL DELITO Y DEVUELVE LOS AUTOS AL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6897/2025. · Registro digital (IUS): 34118
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-07-03
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Julio de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.5.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6897/2025. 11 DE MARZO DE 2026. MAYORÍA DE SIETE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. DISIDENTES: IRVING ESPINOSA BETANZO Y LENIA BATRES GUADARRAMA. PONENTE: GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. SECRETARIA: ROSALBA RODRÍGUEZ MIRELES.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El quejoso golpeó en la cabeza a la víctima hasta dejarlo inconsciente, por lo que éste fue trasladado al Hospital General de Mexicali, Baja California, e ingresado a terapia intensiva, en donde fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico con fractura craneal y edema cerebral.

Por tales hechos, el quejoso fue acusado por el delito de homicidio calificado por ventaja en grado de tentativa; sin embargo, el juez de primera instancia reclasificó la conducta ilícita a lesiones que ponen en peligro la vida. Inconforme, la víctima interpuso recurso de nulidad, en el que la Sala de segunda instancia determinó modificar la sentencia recurrida para condenar por el delito de homicidio calificado por ventaja en grado de tentativa. Además, ordenó remitir los autos al Tribunal de Enjuiciamiento para la individualización de las penas. En contra de esta decisión, el quejoso promovió juicio de amparo directo, el cual fue sobreseído por el Tribunal Colegiado al estimar que éste se presentó de forma extemporánea. Por lo anterior, el autorizado del quejoso interpuso el presente recurso de revisión.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de marzo de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 6897/2025, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión de dos de octubre de dos mil veinticinco por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en el juicio de amparo directo **********.

El problema que el Tribunal Pleno debe resolver consiste en determinar si el Tribunal Colegiado del conocimiento se apartó del criterio sustentado por la extinta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 19/2022 (11a.), al determinar que el plazo para la presentación de la demanda del juicio de amparo directo, cuando se reclame una sentencia de segunda instancia en la que se resuelva la reclasificación del delito y se devuelva el expediente para que la persona juzgadora de juicio oral o el Tribunal de Enjuiciamiento individualice las penas, es el genérico de quince días establecido en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos. El quince de septiembre de dos mil diez, siendo aproximadamente las dos horas, ********** y **********, pasaban por el taller propiedad de **********, ubicado en **********, prolongación **********, **********, en Mexicali, Baja California, cuando vieron que ********** se encontraba tirado en el suelo, mientras que el quejoso ********** le propinaba múltiples golpes con los puños en la cabeza.

2. Al percatarse de la presencia de los testigos, el quejoso ********** les dijo que el señor ********** se encontraba borracho y que no hicieran caso; sin embargo, la víctima gritó “ayúdenme, me están asaltando”. Ante tal situación, los testigos llamaron a emergencias para pedir ayuda.

3. Posteriormente, ********** y **********, observaron que ********** llevaba arrastrando a la víctima hacia la parte posterior del taller, por lo cual, siguieron al quejoso, quien, tomó una piedra y golpeó a ********** en el tobillo y en la cabeza, ocasionándole lesiones. Después, ********** se introdujo en un domicilio abandonado, donde fue asegurado por agentes municipales.(1)

4. La víctima quedó inconsciente, por lo que fue trasladado al Hospital General e ingresado a terapia intensiva, en donde fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico con fractura craneal y edema cerebral.

5. Juicio oral. Por tales hechos, se instauró proceso penal en contra de **********, el cual, en su etapa de juicio, se radicó ante el Juez del Tribunal Unitario de Juicio Oral en Mexicali, Baja California, con el número de causa penal **********. Cabe señalar que el delito materia de la acusación, lo fue el de homicidio con ventaja en grado de tentativa.

6. En sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintidós, el Juez de Juicio Oral reclasificó la conducta ilícita imputada a ********** por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida, en agravio de **********. Por lo que le impuso cuatro años seis meses de prisión, multa de cuatro mil trescientos nueve pesos ($4,309.50 m.n.) y reparación del daño por cincuenta y ocho mil pesos ($58,000.00).(2)

7. Recurso de nulidad. Inconforme, la víctima ********** interpuso recurso de nulidad, el cual fue radicado ante la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con el número de toca penal **********.

8. El nueve de septiembre de dos mil veintidós, el Tribunal de Alzada determinó modificar la sentencia condenatoria en la que se reclasificó el delito de homicidio calificado por ventaja en grado de tentativa, por el de lesiones que ponen en peligro la vida.

9. En su lugar, emitió resolución de reemplazo por el delito de homicidio calificado por ventaja, en grado de tentativa, en agravio de **********. Por tanto, ordenó devolver la causa penal al Tribunal Unitario de Enjuiciamiento de origen, a efecto de celebrar la audiencia y el desahogo de las pruebas relacionadas con la individualización de sanciones y, en su caso, reparación del daño.(3)

10. Amparo directo. En contra de la sentencia de la Sala de nueve de septiembre de dos mil veintidós, ********** por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veinticuatro promovió demanda de amparo directo, de la cual correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número **********.

11. En sesión de veintiocho de agosto de dos mil veinticinco, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, los integrantes del Tribunal Colegiado ordenaron dar vista a la parte quejosa al advertir la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de la Materia, al considerar que la demanda de amparo fue promovida de manera extemporánea.

12. La vista fue desahogada por el autorizado del quejoso, mediante escrito presentado vía electrónica el nueve de septiembre del mismo año.

13. Sentencia del Tribunal Colegiado. En sesión de dos de octubre de dos mil veinticinco, por mayoría de votos, los integrantes del Tribunal Colegiado determinaron sobreseer el juicio de amparo.

14. Recurso de revisión. Por escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil veinticinco ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoquinto Circuito, el autorizado del quejoso interpuso recurso de revisión.

15. Trámite ante esta Suprema Corte. En proveído de diez de noviembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal admitió el recurso de revisión y ordenó su registro con el número 6897/2025. Asimismo, lo turnó al Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía.

I. COMPETENCIA

16. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es constitucional y legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión en amparo directo, en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(4) 81, fracción II, de la Ley de Amparo(5) y 16, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro;(6) así como el Punto Segundo, fracción VIII, inciso b) del Acuerdo General Número 2/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales; y el Acuerdo General Número 3/2025 (12a.) emitido por el Pleno de este Alto Tribunal de misma fecha, en el que se regula la procedencia y trámite de los recursos de revisión en amparo directo.

II. OPORTUNIDAD

17. La sentencia del Tribunal Colegiado fue notificada a la parte quejosa por lista el miércoles quince de octubre de dos mil veinticinco, surtiendo efectos al día siguiente, esto es el jueves dieciséis.

18. Así, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo(7) para la interposición del recurso de revisión transcurrió del viernes diecisiete al jueves treinta de octubre de dos mil veinticinco. Se restan de dicho cómputo los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis por ser sábados y domingos, respectivamente, conforme a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo;(8) así como, en el diverso 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.(9)

19. Por ello, si el recurso de revisión se interpuso ante la Oficialía de Partes del Tribunal Colegiado el jueves veintitrés de octubre de dos mil veinticinco por la vía electrónica, se concluye que se interpuso de manera oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

20. Esta Suprema Corte determina que el recurso de revisión se interpuso por parte legitimada pues **********, autorizado del quejoso **********, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo,(10) cuenta con dicha personalidad en el amparo directo ********** del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito del que deriva el presente asunto.(11)

IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO

A. Cuestiones necesarias para analizar el asunto

21. Por ser una cuestión de estudio preferente, este Tribunal Pleno se avoca a determinar la procedencia del presente recurso de revisión. Para ello, es necesario abordar los argumentos esenciales expuestos en la demanda de amparo, las consideraciones vertidas por el Tribunal Colegiado en la sentencia recurrida y los agravios hechos valer por el recurrente.

22. Conceptos de violación. En la demanda de amparo, el quejoso argumentó lo siguiente:

• En su primer concepto de violación, refiere que se ignoró su condición psiquiátrica, lo que conllevó a una violación de sus derechos. Aduciendo en la demanda que actualmente se encuentra interno en el pabellón psiquiátrico de su centro de reclusión.

• Indicó que la autoridad responsable debió haber analizado todo lo acontecido en el juicio oral, pues de haber sido así, no hubiera podido ignorar, incluso de forma oficiosa, que existió una violación flagrante a su condición, ya que desde el primer día del juicio intentó hacer valer como incidencia su condición psiquiátrica; lo cual, fue declarado infundado.

• Mencionó que, si bien es cierto que optó por compurgar la pena inicial de cuatro de años de prisión, ello fue porque le restaba aproximadamente un año para cumplirla, lo cual, consideraba más benéfico para su condición de salud y psiquiátrica, ya que esto se traduciría en que podría obtener su libertad en el menor tiempo posible.

• Sin embargo, dijo, la autoridad superior ignoró y permitió una violación a un derecho fundamental como el derecho humano a la integridad psíquica, lo cual sobrepasa aspectos procesales, por lo que la responsable debió buscar reparar esa violación.

• Señaló que cuenta con el derecho a que le administre justicia de manera correcta, en el sentido de que se le debe respetar su dignidad humana, tomando en consideración su condición de vulnerabilidad como paciente psiquiátrico. Máxime que en materia penal las características personales tienen una enorme trascendencia en cuanto al despliegue de conductas, el análisis del dolo y la culpa, la capacidad para querer y entender el hecho o las causas que pudieran excluir o atenuar algún tipo de responsabilidad. Lo anterior, lo sustentó en la Convención Americana de Derechos Humanos, con relación al artículo 1° de la Constitución General.

• Alegó que acorde con el artículo siete del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California (sic), cualquier violación a la defensa técnica, como lo fue el desestimar su deseo de que se evaluara su condición psiquiátrica, torna nulas las actuaciones relacionadas con dicha violación. Lo cual, lo ubica en una posición de desigualdad.

• Durante el proceso, fue asistido por una defensa pública, quienes omitieron explorar dicha circunstancia y recabar los elementos probatorios para ello; y, si bien, su defensa particular hizo valer lo de su condición desde el primer día del juicio, esto fue desestimado por no haberse recabado elementos en etapas previas. Lo cual, no implicaba que la autoridad no tuviera la obligación de resolver los obstáculos que impidieran la inobservancia de ese derecho fundamental.

• Al respecto, indicó que las autoridades tienen la obligación, de oficio, de escudriñar la existencia de inimputables o imputados disminuidos (sic), más aún, si existe una manifestación de las partes, como sucedió el primer día del juicio, ya que ello podría generar trascendencia en cuanto al alcance de la pena aplicable o medidas de seguridad a imponer, pues incluso existen procedimientos especiales para tal efecto.

• Expresó que se violentó en su perjuicio la obligación de analizar la posible existencia de una causa de inculpabilidad o, en su defecto, si era merecedor a un tratamiento para imputables, por lo que dicha inobservancia repercutió en violaciones a sus derechos humanos, así como al debido proceso.

• En su segundo concepto de violación, reclamó la violación de sus derechos, porque se ignoró que operó de oficio la prescripción de la acción penal.

• Al efecto, señaló que se violentó en su perjuicio los principios de legalidad y tutela judicial efectiva, en virtud de que la figura de prescripción debe ser declarada de oficio por la autoridad, con independencia de que su defensa lo hizo valer en el juicio oral.

• En su tercer concepto de violación, alegó la vulneración a sus derechos por la insuficiencia probatoria e incorrecta valoración de las pruebas con las que se sustentó el recurso de nulidad y la sentencia condenatoria de reemplazo.

• Indicó que la autoridad responsable, incorrectamente, reclasificó el delito de lesiones que ponen en peligro la vida, por el de homicidio calificado por ventaja en grado de tentativa. No se encuentra acreditada la intención de privar de la vida, pues no existe prueba que pueda acreditar, más allá de toda duda razonable, dicha circunstancia.

• Mencionó que, de forma acertada, el juez resolvió inicialmente que la insuficiencia y deficiencia probatoria que desahogó la fiscalía, en ninguna circunstancia podía acreditar la intención subjetiva de privar de la vida.

• Desde su punto de vista, resultó incongruente que el Tribunal de Alzada reconociera la deficiencia de una investigación que duró nueve años, en los cuales, de forma omisa y negligente, no se recabaron pruebas de cargo objetivas, sólidas, científicas, materiales.

• En su cuarto concepto de violación, reclamó la violación a sus derechos por la incorrecta motivación, errónea fundamentación, violación al principio de contradicción y debido proceso.

• En el quinto concepto de violación, refirió que se violaron sus derechos por la incongruencia entre el hecho atribuido en acusación, pruebas y sentencia de reemplazo.

• Al respecto, indicó que se violentó en su perjuicio el derecho de legalidad, ya que no hubo congruencia entre el contenido de la acusación y la resolución. Ello, pues contrario a lo argumentado por la responsable en ningún momento se estableció la existencia o utilización de objetos como una pala para golpear a la víctima e intentar matarlo, ya que esto no se estableció en la acusación porque nunca sucedió, tan es así que ni siquiera se aportó evidencia material.

• En su sexto concepto de violación, señaló una violación a sus derechos, debido a una deficiencia en la investigación. Al efecto, refirió que en ninguna circunstancia una investigación carente de objetividad, exhaustividad, evidencia material o científica, puede generar convicción sin lugar a duda sobre la responsabilidad, mucho menos en algo tan relevante como la intención de privar de la vida.

23. Consideraciones del Tribunal Colegiado. Los argumentos que sostuvo el Órgano de Amparo en la sentencia de amparo directo ********** son los siguientes:

• El quejoso promovió el juicio de amparo en contra de la sentencia dictada por la Sala responsable, en la que modificó la sentencia condenatoria del Juez del Tribunal Unitario de Juicio Oral. En su lugar, emitió una resolución de reemplazo y lo condenó por el delito de homicidio calificado por ventaja, en grado de tentativa. Asimismo, ordenó devolver la causa al Tribunal Unitario de Enjuiciamiento para la celebración de la audiencia de individualización de sanciones.

• Por lo anterior concluyó que, al haberse promovido el asunto contra una sentencia de nulidad que modificó el fallo condenatorio, el quejoso debió acudir de inmediato al juicio de amparo directo en el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, porque al no haber en la resolución reclamada imposición de pena privativa de libertad, no se actualizó la hipótesis de excepción prevista en la fracción II de ese artículo.

• Para sustentar lo anterior, consideró aplicable la jurisprudencia 1a./J. 19/2022 (11a.) emitida por la extinta Primera Sala de rubro: “AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. ASPECTOS A CONSIDERAR CUANDO SE PROMUEVE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA O DE CASACIÓN QUE REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y ENVÍA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES AL JUEZ O TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES Y DE REPARACIÓN DEL DAÑO.”(12)

• Así, de oficio, estimó que se advertía la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 del mismo ordenamiento.

• De los citados artículos, señaló que se desprendía que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva la demanda respectiva dentro del término que la ley señale para tal efecto. Asimismo, dijo, el término para promover el juicio de amparo, por regla general, es de quince días, los cuales se contarán a partir de día siguiente al que surta efectos la notificación.

• De este modo, indicó que la resolución reclamada le fue notificada al quejoso el catorce de septiembre de dos mil veintidós y surtió efectos al día siguiente quince de septiembre de dos mil veintidós (sic), por tanto, acorde con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el cómputo para la presentación de la demanda inició el diecinueve de septiembre y concluyó el siete de octubre de dos mil veintidós. Sin embargo, la demanda se presentó el veintidós de marzo de dos mil veinticuatro, por lo que su presentación fue extemporánea.

• Por tanto, dijo, la sentencia reclamada debe tenerse como un acto consentido tácitamente, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo.

• Por otra parte, en respuesta al escrito de desahogo de vista del quejoso, declaró infundados sus argumentos, señalado que el acto reclamado en dicho asunto lo constituía la sentencia condenatoria de nueve de septiembre de dos mil veintidós, no así, la audiencia de individualización de sanciones de quince de noviembre de dos mil veintidós.

• Precisó que la sentencia definitiva en materia penal es aquella que resuelve la existencia del delito y la responsabilidad penal, aun cuando no se hubiese individualizado las sanciones ni cuantificado la reparación del daño. Por lo que la audiencia de individualización no constituye una nueva sentencia definitiva, sino un acto procesal posterior, accesorio y dependiente de la condena, cuya finalidad es únicamente precisar la pena y fijar la reparación del daño.

• Concluyó reiterando que, el presente asunto se promovió contra una sentencia de recurso de nulidad que modificó el fallo condenatorio; de ahí que el quejoso debió acudir de inmediato al juicio de amparo directo, contando el plazo de quince días previsto en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que al no haber en esa resolución la imposición de la pena privativa de la libertad, no se actualiza la hipótesis de excepción prevista en la fracción II del citado precepto.

24. Agravios. En desacuerdo con la determinación del Órgano de Amparo, el autorizado del quejoso presentó escrito de agravios, en el que hizo valer los motivos de disenso siguientes:

• Señaló que el Tribunal Colegiado realizó una incorrecta interpretación y aplicación directa de los artículos 1 y 17 constitucionales, así como de los diversos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, vulnerando con ello el derecho del quejoso de acceso a la justicia de manera efectiva y debido proceso.

• El Colegiado interpretó de manera restrictiva el principio pro persona, al realizar una interpretación superficial de la jurisprudencia 1a./J. 19/2022 (11a.) sin ajustarse al precedente y lineamientos emitidos por la extinta Primera Sala, contenidos en la contradicción de tesis 275/2021.

• Indicó que se inobservó que el quejoso nunca fue absuelto, siempre se mantuvo sujeto a una sentencia condenatoria en la que se le impuso una pena de prisión. Asimismo, no se atendió que el quejoso tiene la opción de promover el juicio de amparo directo, incluso después de la audiencia de individualización de sanciones y, para ello, cuenta con ocho años para hacerlo.

• Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de desahogo.

• Posteriormente, formuló los siguientes cuestionamientos: ¿Resulta constitucional que un Tribunal Colegiado inobserve un precedente emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación?; ¿Resulta constitucional aplicar de forma adversa un criterio jurisprudencial para limitar el derecho de acceso a la justicia? Desde su punto de vista, refirió que no era constitucional ni compatible con el derecho humano a la tutela judicial efectiva.

• Mencionó que todas las autoridades tienen la obligación de remover todas aquellas barreras que impiden o limiten el acceso a una tutela judicial efectiva, máxime si se trata de personas como el quejoso que, por sus condiciones de vulnerabilidad debido a su estado de salud y estado psiquiátrico, requieren un trato diferenciado y escrutinio elevado al momento de resolver en su perjuicio, e incluso desde la suplencia de la queja.

• El Tribunal Colegiado se limitó a una lectura aislada de la norma, dejando de ponderar los derechos sustantivos involucrados y, con ello, restringió injustificadamente el goce efectivo del derecho humano del quejoso a la justicia.

• El Tribunal Colegiado omitió realizar una interpretación conforme y pro persona respecto al cómputo para la presentación e inicio del juicio de amparo, es decir, realizó una interpretación rígida y formalista que restringe de manera desproporcionada el acceso a la justicia.

B. Análisis de la procedencia del recurso de revisión

25. A partir de la anterior síntesis argumentativa, corresponde formular el siguiente cuestionamiento:

¿Se actualizan los requisitos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, previstos en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II, de la Ley de Amparo?

26. La respuesta a esta interrogante es en sentido positivo, atento a lo siguiente:

27. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito. Lo anterior, si en ellas se decidió u omitió resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general o se estableció la interpretación de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; esto, siempre que dichos temas se hubieren planteado en la demanda de amparo, o bien si el órgano colegiado hubiera introducido su estudio oficiosamente.

28. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General número 3/2025 (12a.), emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tres de septiembre de dos mil veinticinco, que establece las normas sobre la procedencia y trámite de los recursos de revisión en amparo directo, se considera que un asunto posee interés excepcional en el ámbito constitucional o en materia de derechos humanos, entre otros, en los siguientes casos:

A) El asunto plantee una problemática novedosa o que requiera un análisis más profundo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente en torno a la interpretación de normas constitucionales o de derechos humanos;

B) El problema jurídico involucre una violación grave a los derechos humanos;

C) Si la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito hace una interpretación restrictiva de algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de derechos humanos; o

D) La sentencia recurrida contradiga o desconozca un criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia constitucional o de derechos humanos.

29. Conforme a los parámetros antes enunciados, este Tribunal Pleno arriba a la conclusión de que el recurso de revisión es procedente.

30. El quejoso en la demanda de amparo hizo valer su derecho de defensa adecuada y debido proceso. Sin embargo, el Tribunal Colegiado no se pronunció al respecto porque determinó sobreseer el juicio de amparo.

31. El Tribunal Colegiado del conocimiento consideró que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo,(13) al haber presentado la demanda de amparo de forma extemporánea. Para ello, tomó como parámetro la jurisprudencia 1a./J. 19/2022 (11a.) de la extinta Primera Sala, de rubro: “AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. ASPECTOS A CONSIDERAR CUANDO SE PROMUEVE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA O DE CASACIÓN QUE REVOCA LA SENTENCIA ABSOLUTORIA Y ENVÍA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES AL JUEZ O TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIONES Y DE REPARACIÓN DEL DAÑO.”(14)

32. Con base en dicho criterio, determinó que al haberse señalado como acto reclamado la sentencia del recurso de nulidad que modificó el fallo condenatorio, que reclasificó el delito por el que fue acusado el aquí recurrente (homicidio en grado de tentativa) por el de lesiones que ponen en peligro la vida, y al enviar el expediente al Tribunal de Enjuiciamiento para que individualizara las penas a imponer por el delito de homicidio en grado de tentativa, el plazo para promover la demanda es el genérico de quince días, previsto en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo.

33. Por su parte, el recurrente, en sus agravios, plantea que el Tribunal Colegiado interpretó de manera restrictiva la citada jurisprudencia 1a./J. 19/2022 (11a.) para fijar el plazo de presentación de la demanda de amparo directo. Afirmó que los argumentos del órgano de amparo no son acordes al precedente y lineamientos emitidos por la extinta Primera Sala, contenidos en la contradicción de tesis 275/2021, de la que derivó dicha jurisprudencia, todo lo cual resulta contrario al principio pro persona.

34. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se indicó, considera que el recurso que nos ocupa es procedente, toda vez que el Tribunal Colegiado del conocimiento interpretó la jurisprudencia 1a./J. 19/2022 (11a.), por lo que habrá que revisar si dio o no, un alcance diverso al sustentado en la misma. La que, además, encuentra íntima relación con la diversa jurisprudencia 1a./J. 38/2022 (11a.), que derivó de la contradicción de tesis 57/2021.(15)

35. En la inteligencia de que para la emisión de la jurisprudencia 1a./J. 19/2022 (11a.) citada, la desaparecida Primera Sala, se vio en la necesidad de dar un alcance diferenciado al concepto “sentencia definitiva” con relación a la materia penal para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en términos de lo establecido en los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso a), de La Constitución General en relación con el diverso 170, fracción I, de la Ley de Amparo.(16)

36. Debe recordarse que la extinta Primera Sala sustentó que cuando se reclamé una resolución de apelación o de casación que revoca una sentencia absolutoria y, por ello, remite los registros correspondientes al Juez o Tribunal de Enjuiciamiento para la individualización de sanciones, el sentenciado cuenta con dos opciones:

A) Promover juicio de amparo directo en contra de esa decisión, dentro del plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo.(17) Ello, porque al no haber imposición de una pena privativa de libertad, no se actualiza la excepción prevista en la fracción II del artículo mencionado artículo,(18) pues son se trata de una sentencia definitiva condenatoria.

B) Esperar a la sentencia de individualización de las penas para que, agotado el recurso que proceda, combata en un solo juicio ambas resoluciones en el plazo de ocho años que prevé la fracción II, del artículo 17 de la Ley de Amparo.

37. En ese contexto, el presente asunto reviste de interés excepcional, pues la decisión recurrida debe ser analizada al tratarse de una hipótesis diversa a la estudiada por la desaparecida Primera Sala, pues ésta se pronunció sobre la naturaleza de la sentencia de segunda instancia que revoca la absolutoria dictada por el juez primigenio; y, en el caso que nos ocupa, se trata también de la resolución de segunda instancia pero que modifica la del Tribunal de Enju

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34118-5874d6ad/amparo-directo-en-materia-penal-el-plazo-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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