DERECHO A LA REINSERCIÓN SOCIAL. EL HECHO DE QUE LA PERSONA SENTENCIADA POR EL DELITO DE FEMINICIDIO SEA JOVEN NO JUSTIFICA CONSIDERARLO COMO CRITERIO PARA DETERMINAR LA PENA. DERECHO A LA REINSERCIÓN SOCIAL. NO CONSTITUYE UN CRITERIO A CONSIDERAR POR LAS PERSONAS JUZGADORAS AL INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN PENAL.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4872/2024. 15 DE OCTUBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL MIRANDA LEYVA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El 21 de mayo de 2020 la víctima ********** fue privada de su vida por su pareja **********, quien momentos antes, de manera violenta, tuvo relaciones sexuales con ésta y le provocó lesiones en diversas zonas de su anatomía, principalmente en cabeza y rostro, los que le provocaron la muerte; posteriormente, trasladó el cuerpo a un lugar boscoso con vegetación y árboles de pino, dejándola desnuda de la cintura para abajo y con su suéter arriba, exponiendo sus partes íntimas.
Por esos hechos, a través de un procedimiento penal acusatorio se le dictó sentencia condenatoria por el delito de feminicidio. Contra tal determinación interpuso recurso de apelación, que se resolvió modificando la sentencia de primera instancia al reducir el grado de culpabilidad inicialmente impuesto. Posteriormente, las víctimas indirectas promovieron demanda de amparo y se les negó la protección; resolución que constituye la materia del presente recurso de revisión.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4872/2024, promovido en contra de la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal Décimo Primer Circuito, en el juicio de amparo directo penal **********.
El problema jurídico que este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar si, el derecho a la reinserción social previsto en el artículo 18 de la Constitución Federal constituye, o no, un criterio a tomar en cuenta por parte de las personas juzgadoras para la individualización de la sanción penal.
ANTECEDENTES
1. Hechos. El 21 de septiembre de 2020, aproximadamente a las diecisiete horas, ********** salió de su domicilio para encontrarse con **********, quien llegó por ella para dirigirse a su domicilio ubicado en el Fraccionamiento **********, Morelia, Michoacán.
2. Momentos después, ********** condujo a la víctima hacia el lado sur del fraccionamiento cerca de la barda perimetral, donde de manera violenta sostuvo relaciones sexuales con ella y le ocasionó diversas lesiones en el cuerpo, principalmente en la cabeza y el rostro. Dichas lesiones le provocaron la muerte a consecuencia de una hemorragia subaracnoidea y edema cerebral derivados de traumatismo cráneo-encefálico y facial en una persona con múltiples traumatismos.
3. Posteriormente, ********** trasladó el cuerpo de ********** a un lugar boscoso cercano del circuito **********, donde la abandonó con rasgos de una agresión por razones de género.
4. Sentencia de primera instancia. El veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, el juez de enjuiciamiento dictó sentencia a ********** en la causa penal **********. Se le consideró penalmente responsable de la comisión del delito de feminicidio, previsto y sancionado por el artículo 120, fracción II, del Código Penal del Estado de Michoacán,(1) en agravio de la víctima directa de iniciales **********. Le impuso, entre otras penas, cincuenta años de prisión.
5. Recurso de apelación. Inconforme, el sentenciado interpuso recurso de apelación. Del asunto conoció la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, bajo el número de toca de apelación **********. El seis de noviembre de dos mil veintitrés, dicha Sala modificó la sentencia recurrida, en el sentido de variar el grado de culpabilidad del máximo al equidistante entre el medio y el máximo, reduciendo la sanción impuesta para imponer cuarenta y dos años, seis meses de prisión.
6. Juicio de amparo directo. Inconformes, **********, **********, ********** y ********** de apellidos **********, por propio derecho -en su calidad de ********** y ********** de la víctima-, así como el tercero interesado ********** (de manera adhesiva) promovieron juicio de amparo, del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, bajo el expediente **********; que en sesión de veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, negó la protección constitucional solicitada y dejó sin materia el amparo adhesivo.
7. Recurso de revisión y revisión adhesiva. En contra de lo anterior, **********, **********, ********** y **********, ambos de apellidos **********, interpusieron recurso de revisión. Asimismo, **********, por conducto de su defensor particular, interpuso recurso de revisión adhesiva.
8. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En auto de diecinueve de junio de dos mil veinticuatro, la entonces Ministra Presidenta de este Alto Tribunal admitió el recurso de revisión con el número de expediente 4872/2024, y turnó los autos a la Ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.
9. Avocamiento. En auto de dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro, el entonces Ministro Presidente de la Primera Sala determinó el avocamiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la Ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
10. Alegatos. El diez de junio de dos mil veinticinco, el Agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía General de la República, adscrito a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo valer los alegatos que estimó pertinentes en relación con la improcedencia del recurso. Tales alegatos se tuvieron por reproducidos en auto de doce de junio de dos mil veinticinco, emitido por la entonces Presidenta de la extinta Primera Sala de este Alto Tribunal.
11. Devolución de autos. Con motivo de la conclusión de las sesiones y funciones de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiséis de agosto de dos mil veinticinco, la Ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf devolvió los autos del presente asunto a la Subsecretaría de Acuerdos del Pleno de este Alto Tribunal. Por acuerdo de esa misma fecha, la entonces Presidenta de esta Suprema Corte tuvo por recibidas las constancias respectivas y ordenó ponerlas bajo resguardo hasta en tanto la nueva integración de este Alto Tribunal determinara lo conducente en relación con su returno. Por acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte devolvió el presente asunto a la Ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.
12. Presentación de amicus curiae. El diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco se recibió el amicus curiae del Fiscal General y el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, en el que señalan diversas consideraciones para la resolución de este asunto. Mediante proveído de diecinueve de septiembre siguiente se tuvo por presentado el escrito y por hechas las manifestaciones formuladas.
I. COMPETENCIA
13. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX,(2) de la Constitución Federal; 81, fracción II,(3) de la Ley de Amparo; 16, fracción IV,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como en el punto Segundo, fracción VIII, inciso b), del Acuerdo General número 2/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales.(5)
II. OPORTUNIDAD
14. El recurso de revisión principal se interpuso dentro del plazo correspondiente. Al respecto, la sentencia recurrida fue notificada por lista a la parte recurrente el ocho de mayo de dos mil veinticuatro, de modo que surtió efectos el nueve de mayo del mismo año.
15. Así, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del diez al veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro.(6) Por tanto, si el escrito de revisión se presentó ante la oficialía de partes del órgano recurrido el veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, se hizo de manera oportuna.
16. En cuanto a la oportunidad del recurso de revisión adhesiva que hizo valer **********, también se interpuso en el plazo legal para ello. El escrito de agravios fue presentado el veintinueve de mayo de dos mil veinticuatro, esto es, antes del acuerdo de admisión y de que le fuera notificado. De ahí que, si se interpuso antes del inicio del plazo de cinco días establecido en la Ley de Amparo, se hizo de manera oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
17. Este Pleno del Alto Tribunal considera que los recurrentes principales y adhesivo tienen legitimación para interponer el recurso de revisión, al tener reconocido el carácter de parte quejosa y tercero interesado, respectivamente, en el juicio de amparo directo.
IV. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER
18. Enseguida se hará referencia, en resumen, a los conceptos de violación, a las consideraciones de la sentencia recurrida y a los agravios planteados.
19. Demanda de amparo. En sus conceptos de violación, la parte quejosa expresó -en síntesis- lo siguiente:
a) La sentencia reclamada vulnera su derecho de acceso a la justicia, porque analiza sólo cinco parámetros de los nueve que se utilizaron para elevar hasta el máximo el grado de culpabilidad del acusado. Además, de los cuatro parámetros que no se tomaron en cuenta, tres fueron desestimados de manera incorrecta. Éstos son:
1) El relativo a la forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito. Se resaltó que el sentenciado fue autor material del feminicidio de **********, al ser quien la privó de la vida, lo que implica que su intervención la realizó de manera voluntaria, conociendo y aceptando el resultado de su conducta.
2) La edad, nivel educativo, las costumbres, condiciones sociales y culturales del agente, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Se resaltó que en el momento del hecho el acusado tenía ********** años, había terminado su educación ********** e iniciaba su educación **********. Además, es una persona ********** de edad, por lo que razonablemente tenía conocimiento que privar de la vida a una persona es un delito con las consecuencias legales que ello implica, pues tenía bases sociales y culturales para optar por un comportamiento diverso de respeto a la norma y su conducta.
3) Las condiciones físicas y psíquicas específicas en que se encontraba el sujeto activo en el momento de la comisión del delito. Se resaltó que conforme a la prueba en el juicio y las características que se percibieron directamente del acusado, es una persona con la capacidad de auto determinarse e imputable. Por ende, penalmente responsable de sus actos.
4) Las circunstancias de los sujetos activo y pasivo, antes y durante la comisión del delito, que resulten relevantes para individualizar la consecuencia jurídica, así como el comportamiento posterior de la persona sentenciada con relación al delito cometido. Respecto a la conducta anterior, se conoció que el sentenciado es una persona que no respeta las reglas de convivencia de la comunidad en la que vive. Esto debido a que los elementos de seguridad interna del fraccionamiento donde residía informaron las diversas ocasiones en las que llamaron la atención de éste, y dieron cuenta de ello a su señora madre, por tener relaciones sexuales en el asiento trasero de su vehículo en las vías públicas del fraccionamiento, aprovechando la ausencia de tránsito de personas en el lugar. Además del exceso de velocidad y música alta dentro de ese mismo fraccionamiento. Por otro lado, sobre las demás circunstancias especiales del sujeto activo que sean relevantes para determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma, se consideró que el acusado estaba en aptitud de optar por un comportamiento diverso de respeto a la norma. Ello porque es de conocimiento común que privar de la vida a una persona, si no se obra en defensa de bienes propios o de otros que estén inminentemente en peligro, está prohibido por la ley.
b) De los parámetros que sí se analizaron en la sentencia reclamada, resalta el relativo a que el activo condujo a la víctima a un lugar alejado de la zona habitable, para garantizar el éxito de su propósito y minimizar cualquier posibilidad de auxilio y además dejó al descubierto sus partes íntimas. Estos elementos fueron desestimados por el tribunal de alzada, con el argumento de que se tomaron en cuenta para la demostración de los elementos del delito y, por ende, se incurrió en una recalificación de la conducta desplegada por el sentenciado. Conclusión que se estima desacertada porque ninguno de esos parámetros se tomó en cuenta para la acreditación del delito de feminicidio.
c) En cuanto al parámetro relativo a que el homicidio de ********** ocurrió en circunstancias especiales de violencia enmarcada por razón de género. Estas circunstancias consisten en que previó a la privación de su vida, el sujeto activo realizó contra la víctima actos de violencia sexual. Al respecto, el perito médico reveló que todas las lesiones localizadas en su cuerpo fueron ocasionadas antes de su muerte, entre ellas una equimosis localizada a un costado del meato urinario. Además, dicho perito reveló que antes del homicidio de la víctima, sobre ésta realizaron actos crueles y degradantes por el número de lesiones que se produjeron para ocasionar su muerte. Aunado a ello, la hemorragia subaracnoidea que se ocasionó a la víctima producen una muerte lenta y agónica. Cabe señalar que ninguno de esos supuestos se refiere al parámetro que la autoridad responsable señala fue tomado en cuenta para tener por comprobado el tipo penal. Al respecto, la responsable debía señalar cómo es que ese parámetro se recalificó respecto a la comprobación del tipo penal, a fin de satisfacer los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional.
d) Igual acontece con el parámetro que la responsable hace consistir en que el activo dejó al descubierto las partes íntimas de la víctima. Si bien es cierto que el Ministerio Público solicitó desde la acusación y en sus alegatos, ya en juicio, que se tuviera por acreditado el supuesto de la fracción V del artículo 120 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos, relativo a “cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto de manera degradante en un lugar público"; ese supuesto no se tuvo por actualizado en la sentencia de primer grado. Al respecto, se determinó que la prueba no arrojó indicios que permitieran concluir razonablemente, que la intención del acusado al abandonar a la víctima desnuda fue exponerla de manera degradante en un lugar público. Ello debido a que los indicios derivados de los hechos probados revelaron que la intención siempre fue ocultar el cuerpo y con ello el hecho. Incluso transcurrieron cuatro días para el cuerpo fuera encontrado, y además se localizó no porque el lugar fuera público, sino por la información proporcionada por unos de los testigos.
Apoyando lo anterior en la tesis de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES”.
e) Respecto del parámetro relativo a que la víctima haya sido profesionista y con un proyecto de vida que iniciaba como maestra, en la sentencia reclamada se establece que no suma ni resta a la persona, que no genera una afectación mayor que otra víctima que no tenga estudios, o un proyecto de vida distinto al del campo laboral. Este argumento vulnera sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su párrafo cuarto, contempla como parámetro para determinar el grado de culpabilidad las demás circunstancias especiales de la víctima siempre que resulten relevantes para la individualización de la sanción. Estos aspectos se desestimaron bajo un argumento carente de fundamentación y motivación.
En apoyo a su argumento invocó la tesis de título: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR".
f) La sentencia reclamada vulnera su derecho fundamental de igualdad, a que se refiere la fracción V del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señala que la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes protege los derechos de la población joven (de quince a veinticuatro años), entre los que se encuentra el sentenciado. Por lo tanto, advierte la obligación constitucional e internacional de respetar el derecho de ********** a reinsertarse socialmente.
Sin embargo, pasa por alto que esa misma convención, en su artículo 9, también protege el derecho a la vida de **********, quien fue privada de la vida por el sentenciado cuando tenía ********** años, esto es, dentro del ámbito de aplicación del instrumento internacional citado. Además, dicha Convención le reconocía el derecho a una vida sin violencia, de igualdad de género, a su integridad personal, a la protección contra los abusos sexuales, a la justicia, a la seguridad personal, a formar parte de una familia, a la formación de una familia, a la participación en todos los sectores de la sociedad, a educarse, a la cultura y el arte, a la salud, al trabajo, a la formación profesional y al desarrollo, sólo por mencionar algunos ejemplos.
Citó en apoyo a lo anterior la tesis de rubro: "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO".
g) El derecho fundamental a la reinserción con que cuenta ********** fue aplicado de manera ilegal por la autoridad responsable para reducir la pena. Dicho derecho debe ser aplicado en la fase de ejecución, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En esa fase efectivamente gozará de dicho derecho sobre la base del respeto a sus derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograrlo.
Este derecho fundamental no es absoluto, sino que habrá de aplicarse en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece. Indica que el derecho a la reinserción social no puede alcanzarse a través de la pena, sino que debe seguirse a pesar de ella.
El sistema penal opera bajo el entendimiento de que el infractor puede y debe hacerse responsable de sus propios actos. Por tanto, a partir de la comisión de un delito, el Estado cuenta con legitimidad para sancionar la conducta. En el caso concreto, el sentenciado fue encontrado responsable del delito por el que se le acusó, a partir de la prueba producida en juicio, y no bajo el argumento de la responsable, en el que pareciera que por tener dieciocho años al momento de cometer el delito, debería tener el beneficio de una reducción de la pena basándose únicamente en su edad.
En el caso, el código penal vigente en la época de los hechos establecía para el delito de feminicidio una penalidad máxima de cincuenta años. Esta pena puede aplicarse por estar prevista en la norma, sin que ello vulnere derecho alguno del sentenciado, incluso el de reinserción social, incorporado de manera incorrecta en la sentencia reclamada. Ello en virtud de que la pena, además de estar prevista en la ley, tiene una finalidad de resocialización, que se puede interpretar como una disuasión dirigida a la sociedad a fin de que no incurra en la comisión de estas conductas delictivas.
20. Amparo adhesivo. En la demanda adhesiva, el tercero interesado ********** hizo valer los siguientes conceptos de violación:
a) El tribunal de alzada de manera correcta redujo la pena que le fue impuesta, con base en el artículo 7 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Este instrumento protege la reinserción social en su carácter de promoción sobre el castigo y la represión, al considerar que contaba con dieciocho años al momento de la supuesta comisión del delito.
Así, de manera adecuada se redujo la pena de prisión a cuarenta y dos años seis meses. Estimar que la pena máxima de cincuenta años es razonable, lo alejaría de la verdadera reinserción, por resultar desproporcionada, atendiendo a la edad del sentenciado.
Lo anterior con apoyo en la tesis de rubro: "PENAS. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".
b) La imposición de la pena máxima de cincuenta años de prisión es contraria a la finalidad de reinserción social, a que se refiere el artículo 18 Constitucional. Esto se refleja en la tesis titulada: "PENA MÁXIMA, IMPROCEDENCIA DE LA".
c) Los criterios de individualización de la pena que prevé el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales fueron valorados correctamente por la responsable, ya que no pueden confundirse con aquellos para acreditar el tipo de feminicidio.
d) De manera correcta se estableció que los siguientes elementos no pueden ser tomados en cuenta: 1) Que condujo a la víctima a un lugar alejado de la zona habitable para garantizar el éxito de su propósito y minimizar cualquier posibilidad de auxilio, 2) Su proyecto de vida por su preparación, que implica una afectación con mayor magnitud y 3) Que dejó al descubierto sus partes íntimas. Estimar lo contrario implicaría vulnerar el principio de legalidad en relación con el artículo 410 del Código de Procedimientos Penales
e) Existe una diferencia entre los elementos para comprobar el tipo penal, previstos en el artículo 120 del Código Penal del Estado de Michoacán, con aquellos para individualizar la sanción, establecidos en el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
f) En la sentencia reclamada se precisa: “(...) tampoco se comparte, porque el hecho de que la víctima haya sido profesionista y con un proyecto de vida ni suma ni resta a la persona pues el grado (sic) que todos tenemos no genera una afectación mayor, que otra víctima que no tenga estudios, o proyecto distinto al campo labora (sic)”.
Es decir que el proyecto de vida de la víctima no puede ser tomado en cuenta para aumentar la sanción. Este argumento se encuentra apegado a derecho, ya el Código Nacional de Procedimientos penales no regula de manera específica que el proyecto de vida de la víctima deba tomarse en cuenta para aumentar la penalidad. Si así fuera, resultaría discriminatorio respecto aquellas victimas que no tienen un grado de estudios o profesión.
g) No se le hicieron saber sus derechos en el momento de su detención. Además, el juez de instancia en ningún momento se cercioró de que el sentenciado haya entendido cada uno de sus derechos.
h) No se verificó que los licenciados que intervinieron en la audiencia inicial tuvieran expedidas en su favor cédula profesional para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Esta afectación trascendió en la audiencia de juicio ya que en esta etapa es donde se materializa el perjuicio por estas violaciones.
i) El juez de primer grado omitió dictar sus resoluciones judiciales de manera escrita. El artículo 67, párrafo segundo, fracción IV, y penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, entre otras, las determinaciones que deben constar por escrito, después de su emisión oral son la de vinculación a proceso y la imposición de prisión preventiva oficiosa, la de control legal de la detención y orden de cateo. Además, se establece la restricción atinente a que la versión escrita no deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, y habrá de dictarse inmediatamente a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo.
j) En el auto de apertura a juicio oral se estableció que la clasificación jurídica de los hechos atribuidos al quejoso era homicidio calificado, conforme a lo establecido en el artículo 120, fracciones II y V del Código Penal del Estado. Incluso al inicio de la audiencia, el Tribunal de Enjuiciamiento leyó dicha cuestión. Sin embargo, al momento de emitir su alegato de apertura en la audiencia del trece de junio de dos mil veintitrés, la fiscal de forma clara, precisa, directa y puntual indicó que se acreditaría el delito de feminicidio previsto y sancionado en el artículo 120, fracciones l y V, refiriéndose en términos generales la fracción I, cuando exista violencia familiar o institucional previa.
k) Ante el planteamiento de una reclasificación jurídica por parte del Ministerio Público al momento de emitir su alegato de apertura, el Juez debió informar al imputado y a su defensa sobre su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención, en términos del artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ante dicha omisión, debió reponerse el procedimiento en términos de lo previsto en las fracciones I y III del artículo 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
l) En audiencia de 13 de junio de 2022, se presentó a juicio el testigo **********. Una vez que dicho testigo testificó, el juez de enjuiciamiento cuestionó al Ministerio Público la calidad de su testigo, quien le respondió -se libera-. Acto seguido, el juez le entregó la credencial de elector al testigo y le manifestó que podrá asistir a las audiencias a partir de ese momento.
Sin embargo, antes de que el testigo saliera de la sala, la secretaria se acercó rápidamente al juez y le mencionó algo al oído. AI instante mencionó al público y a las partes "ya no vamos a continuar con este debate eso lo vemos después...”. Lo anterior demuestra la parcialidad del juez porque lo narrado sucedió en la audiencia de juicio. Es decir, en audiencia de juicio oral con el primer testigo ya se había tomado una decisión sobre la culpabilidad del hoy sentenciado.
m) En la resolución combatida, se declaró fundado el agravio del sentenciado relativo a que el juez de enjuiciamiento no le leyó, ni explicó la sentencia de primera instancia, pese a que me encontraba presente en la audiencia y no existía ningún obstáculo para que se realizara dicha lectura. Para realizar dichas actuaciones, se debió ordenar la reposición del procedimiento para llevar a cabo.
n) El juez de enjuiciamiento no observó el contenido del artículo 66 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la posibilidad de que el imputado se defienda por sí mismo en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño celebrada el 15 de febrero de 2023. Esto debido a que existieron diversas fallas en el sonido que se instaló en el área donde estaba el investigado. Incluso ni siquiera se le preguntó su nombre [tratándolo el juzgador como un simple objeto], lo que debió ser verificado por el tribunal de primera instancia y reparado adecuadamente a través de la reposición del procedimiento.
o) No se celebró la audiencia pública a que se refiere el artículo 478 de la ley instrumental de la materia, lo que constituye un impedimento para estudiar el fondo del asunto. Es decir, no resulta viable analizar una resolución escrita, cuando su dictado no se efectuó en una audiencia oral. Lo anterior encontró apoyo en la tesis de rubro: “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO".
21. Sentencia de amparo directo. El tribunal colegiado del conocimiento negó la protección a la parte quejosa principal, conforme a lo siguiente:
a) Calificó de infundados los conceptos de violación en los que el quejoso adhesivo adujo que existieron diversas violaciones al procedimiento ocurridas en la etapa intermedia, durante la audiencia de juicio y en segunda instancia. Se consideró que los conceptos de violación expuestos por los quejosos principales eran infundados y dada la naturaleza accesoria y excepcional del juicio de amparo adhesivo, era improcedente estudiar los conceptos de violación presentados en esa vía.
b) Estimó que la responsable realizó una correcta tipificación del delito de feminicidio, así como una debida valoración probatoria. Así como que los elementos del delito y su plena responsabilidad fueron debidamente probados.
c) En relación con la modificación del grado de culpabilidad del sentenciado explicó que, para colocarlo en el grado máximo, el tribunal de enjuiciamiento tomó en cuenta diversos elementos que se habían considerado para tener por acreditados los elementos del delito y la responsabilidad. Es decir, se incurrió en recalificación.
d) Coincidió con la sala responsable en estimar que la circunstancia relativa a que el enjuiciado llevara a la víctima a un lugar alejado, con la finalidad de garantizar el éxito de su propósito y minimizar cualquier posibilidad de auxilio, no debió ser tomada en cuenta para ubicar el grado de culpabilidad del sentenciado. Refirió que, de hacerlo, se estaría recalificando la conducta desplegada por el activo. Esto vulneraría el principio no
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33902-c43cf5a0/derecho-a-la-reinsercion-social-el-hecho-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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