Corpus
Modo: Corpus Pro

INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE FIJAR LA SANCIÓN ATENDIENDO A FACTORES QUE INCREMENTAN EL GRADO DE REPROCHABILIDAD DEL CONDENADO ACREDITADOS EN EL PROCESO, AUN CUANDO NO LOS HAYA HECHO VALER EL MINISTERIO PÚBLICO EN LAS CONCLUSIONES ACUSATORIAS, NO IMPLICA REBASAR LA ACUSACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. · Registro digital (IUS): 26004
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-11-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II , Pág. 2038.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 26 DE AGOSTO DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ARMIDA ELENA RODRÍGUEZ CELAYA, DAVID SOLÍS PÉREZ Y ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ, HABIENDO EJERCIDO EL MAGISTRADO PRESIDENTE DAVID SOLÍS PÉREZ LA PRERROGATIVA DE EMITIR VOTO DE CALIDAD, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 42 DEL ACUERDO GENERAL 8/2015, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS DE CIRCUITO. DISIDENTES: JUAN CARLOS MORENO LÓPEZ, JOSÉ MANUEL BLANCO QUIHUIS Y JUAN MANUEL GARCÍA FIGUEROA. PONENTE: JOSÉ MANUEL BLANCO QUIHUIS; HIZO SUYO EL PROYECTO JUAN CARLOS MORENO LÓPEZ. RELATOR DE LA MAYORÍA: ÓSCAR JAVIER SÁNCHEZ MARTÍNEZ. SECRETARIA: MÓNICA PÉREZ ARCE.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Quinto Circuito es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por las Magistradas Sandra Luz Verdugo Palacios e Irma Meza Vega, y por el Magistrado Héctor Rubén Espino Santana, integrantes de la Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, que fungió como autoridad responsable en el juicio de amparo directo penal **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.

TERCERO.-Criterios contendientes. Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 225 de la Ley de Amparo, debe tenerse presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que existe contradicción de tesis cuando las Salas de ese Alto Tribunal o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas no sean exactamente iguales o se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 72/2010,(2) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

En ese orden de ideas, con el fin de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada, es pertinente analizar las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes basaron sus resoluciones.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en sesión de nueve de enero de dos mil quince, al resolver el juicio de amparo directo penal **********, en lo que aquí interesa, consideró lo siguiente:

"En cambio, son fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que este órgano colegiado advierte que el tribunal responsable aplicó incorrectamente los artículos 56 y 57 del Código Penal de Sonora, en tanto no debió considerar como factores desfavorables para establecer el grado de culpabilidad del sentenciado en el punto intermedio que existe entre el punto medio y el equidistante entre la mínima y la media, la edad y complexión de la víctima comparativamente con las del sentenciado, ya que este último contaba con cuarenta y ocho años cuando cometió el primer delito -y cincuenta el segundo-, mientras que la ofendida era una niña de once -y trece años-, ni la extensión del daño causado, derivada de que la víctima estaba entrando en la adolescencia cuando ocurrieron los hechos, que es una etapa en la que su personalidad se estaba formando.

"Se afirma lo anterior, toda vez que dichos factores, esto es, la edad y complexión de la víctima, en comparación con las del activo, así como la magnitud del daño causado, derivada del hecho de que la ofendida estaba entrando en la adolescencia cuando acontecieron los hechos delictivos, son aspectos que no fueron planteados por la fiscalía en el pliego de conclusiones acusatorias.

"Para constatar que lo anterior es fundado, es menester tener en cuenta que el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de primera instancia, al formular sus conclusiones acusatorias, en relación al capítulo de individualización de las penas, manifestó su pretensión punitiva, respecto a ese tema, en los siguientes términos:

"‘IV. Individualización de la pena. 1. Pena. Solicito se le imponga al acusado ********** la pena privativa de libertad señalada para el delito de violación equiparada agravada y violación agravada en número de dos de acuerdo a lo estipulado en los artículos 218, 219, fracción II y 220, fracciones I y V, y abusos deshonestos agravados de acuerdo a lo establecido en los artículos 213, párrafos segundo, tercero y cuarto, 214, fracción I, en relación con los artículos 15 y 70, todos ellos del Código Penal para el Estado de Sonora, (sic) asimismo, solicito se le imponga al acusado la multa establecida en el artículo 28 del citado Código Penal, debiendo de tomar en consideración su Señoría, al momento de imponer los extremos de dicha penalidad el grado de reprochabilidad del acusado, así como las circunstancias contenidas en los artículos 56 y 57 del ordenamiento legal invocado.

"‘2. Reincidencia. En cuanto a este capítulo, a la anterior penalidad, con fundamento en los artículos 16 y 72 del Código Penal del Estado de Sonora, solicito que se le aumente al procesado ********** desde tres días hasta otro tanto de la duración de la pena en cuanto al delito de abusos deshonestos agravados, por haberse acreditado la reincidencia, tal y como lo establece la última parte del párrafo primero del citado artículo 72, en virtud de que se encuentra claramente demostrada en autos, con la sentencia condenatoria dictada el día **********, en el expediente penal número ********** tramitado ante (sic) Juzgado Primero de Primera Instancia de esta ciudad, en contra del acusado por la comisión del delito de despojo condenándolo a un año tres meses de prisión ordinaria y multa por la cantidad de $1,203.00, siendo debidamente amonestado el procesado en fecha quince de junio del dos mil cinco. Por lo que se desprende que la vigencia de los mismos subsiste, ya que no había transcurrido el tiempo suficiente para la prescripción de éstos a la realización de un nuevo delito, como lo es el de estudio, según la fecha de comisión del delito de abusos deshonestos agravados los mismos se llevaron a cabo desde que la menor ofendida tenía ocho años de edad, siendo la última vez que tocó a la menor el día trece de abril del dos mil siete, por lo que la empezó la tocaba (sic) aun y cuando se le instruía en juicio de despojo antes mencionado y lo siguió haciendo reiteradamente aun y cuando fue amonestado y cuando no había transcurrido el plazo igual al de la pena que se le impuso, que establece el primero y segundo párrafos, del artículo 16 del Código Penal del Estado de Sonora (fojas 126 vuelta-127 del tomo II, de la causa penal).’

"En la sentencia de primer grado, dictada **********, la a quo consideró que el grado de culpabilidad del ahora quejoso, se ubicaba en el mínimo y le impuso las penas de ocho años de prisión y diez días multa (foja 167, tomo II, de la causa penal), por el delito de violación equiparada agravada, que fue el único que consideró acreditado en autos.

"En los agravios expresados por el representante social en la alzada, se solicitó que se incrementara el grado de reprochabilidad en que se había ubicado al sentenciado y que se aumentaran, consecuentemente, las penas impuestas.

"El tribunal señalado como autoridad responsable consideró que dichos agravios eran parcialmente fundados, porque como lo había aducido la representación social, los delitos sexuales materia del proceso fueron cometidos contra una menor de edad -trece años-, es decir, la víctima apenas entraba a la adolescencia y estaba formándose su personalidad cuando fue agredida sexualmente, lo que repercutía con mayor magnitud en su salud emocional, lo que debía tomarse en cuenta como factor perjudicial, al graduar el grado de reprochabilidad del sentenciado.

"De igual manera, el ad quem consideró fundado que la edad y complexión de la víctima comparativamente con las del activo resultaba perjudicial, porque la víctima contaba con trece años de edad, mientras que el activo tenía cincuenta, de manera que el margen de edad de la víctima comparativamente con la del activo es bastante amplio, lo que se traducía en mayor experiencia por parte del activo para manipular a la víctima, quien, al ser una jovencita, no tenía experiencia de la vida.

"Ahora bien, lo considerado así por el tribunal de apelación implicó suplencia indebida de la deficiencia de los agravios, en tanto el representante social, al acusar en definitiva a **********, en momento alguno manifestó que fuera su deseo que se estimaran como datos perjudiciales para aumentar su grado de culpabilidad, la edad y complexión de la víctima en comparación con las del activo, así como la magnitud del daño causado, derivada del hecho de que la ofendida estaba entrando en la adolescencia cuando acontecieron los hechos delictivos.

"En ese contexto, no era jurídicamente válido que el representante social introdujera esos argumentos vía agravios en la apelación que interpuso contra el fallo de primera instancia, en tanto que no habían formado parte de su pretensión punitiva; de tal suerte que los agravios expresados en la alzada, en cuanto al tema de individualización de la pena, debieron calificarse como inoperantes, pues el recurso de apelación no es un medio que autorice al Ministerio Público a perfeccionar su acusación.

"Consecuentemente, resulta violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como del numeral 21 de la Carta Magna, por rebasar la acusación de la Fiscalía, el hecho de que el tribunal de apelación, calificara de fundados los agravios del representante social a que se hizo referencia y que, con base en ellos, incrementara el grado de reprochabilidad del reo y las penas impuestas.

"Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis con número de registro 310965, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LII, página 31, que dice:

"‘MINISTERIO PÚBLICO, NO PUEDE MODIFICAR SUS CONCLUSIONES EN SEGUNDA INSTANCIA, PIDIENDO PENA MAYOR.-Conforme al artículo 21 constitucional, el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público, institución que por su carácter unitario debe intervenir en asuntos de índole penal en forma congruente con ese carácter y no puede, bajo el pretexto de expresar agravios, modificar las conclusiones acusatorias que uno de sus miembros formuló en la primera instancia, aun cuando el pliego acusatorio no comprenda una circunstancia que aumente notablemente la penalidad, pues en ese caso el Juez, llamando la atención sobre ello debe, remitir el proceso al procurador de justicia para que éste confirme o modifique las conclusiones, según lo establece el artículo 481 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán, y si no lo hace así, deben tenerse como definitivas las presentadas por el agente del Ministerio Público en la primera instancia, y si éste se presenta como parte apelante ante el Tribunal Superior de Justicia, eso únicamente lo autoriza para solicitar el aumento de la pena, de conformidad con los agravios que hubiere expresado, pero dentro de los límites señalados en las conclusiones de la primera, puesto que la sentencia que se pronuncia en la apelación de un proceso, tiene como base esas conclusiones y si impone una pena mayor, con apoyo en disposiciones aplicables a hechos distintos a los que sirvieron de base a la acusación, viola el artículo 21 constitucional.’

"También ilustra al respecto, la tesis 721, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, Precedentes Relevantes, página 343, que dice:

"‘CONCLUSIONES ACUSATORIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO.-Es indebida la actitud del procurador general de Justicia de un Estado, al cambiar las conclusiones del agente del Ministerio Público adscrito al Juez de la causa, bajo el pretexto de formular agravios contra la sentencia apelada, y es ilegal el proceder de la autoridad responsable, al resolver esos agravios estimándolos fundados y, por consiguiente, cambiar en todos sus aspectos, la acusación formulada por el representante de la sociedad, en primera instancia, al prolijar la nueva acusación formulada por dicho procurador durante la sustanciación de la alzada y, consecuentemente, considerar a los quejosos como responsables, en términos distintos a los de la acusación, ya que el juicio propiamente dicho, principia con el ejercicio de la acción penal que el agente del Ministerio Público hace en sus conclusiones, y que da lugar a que los acusados y sus defensores opongan las defensas correlativas a esa acción, para que, finalmente, el Juez del proceso resuelva sobre la procedencia o improcedencia de una u otras, por lo que si el agente del Ministerio Público, en primera instancia, acusó al reo como autor de un delito en determinadas condiciones, citando los artículos correspondientes de las leyes penales violadas y solicitando la aplicación de las penas correspondientes, ya no pudo el procurador general de Justicia, en segunda instancia, formular nueva acusación en contra del quejoso, agravando su situación, porque la defensa sólo tuvo en cuenta la acusación presentada ante el Juez, y constituyendo el Ministerio Público una institución única, el formular nuevas conclusiones por vía de agravios, es contrario a lo prevenido por el artículo 21 constitucional, de tal manera que la jurisdicción responsable, al haber tenido como base esas nuevas conclusiones para apoyar su sentencia condenatoria, imponiendo una pena mayor, con apoyo en disposiciones aplicables a circunstancias distintas a las que sirvieron de base a la acusación, ostensiblemente infringió el artículo 21 constitucional.’ (El énfasis añadido no es de origen)."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en sesión de ocho de febrero de dos mil once, al resolver el amparo directo penal **********, resolvió lo siguiente:

"Se considera que fue acertado el criterio de la autoridad responsable, al declarar fundados los agravios planteados por el subprocurador de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en los que, por una parte, expuso que, al individualizar la pena, el juzgador inobservó lo previsto en los artículos 56 y 57 del Código Penal para el Estado de Sonora y, por otra, manifestó que el a quo debió condenar al pago de la reparación del daño, con base a las constancias allegadas en autos para acreditar tal concepto.

"En efecto, en su escrito de agravios, el subprocurador de Control de Procesos manifestó que el juzgador incumplió con su obligación de tomar en consideración los siguientes factores:

"1. El móvil del delito, pues fue realizado como un arrebato de coraje; de tal suerte que -adujo el apelante- la reacción violenta del reo revela que es una persona impulsiva y poco tolerante;

"2. Los medios empleados -utilización de los puños- dada la desproporción física existente entre el reo y el ofendido, ya que éste tenía sesenta y cinco años, y complexión delgada, en tanto que el ahora quejoso tenía treinta y seis años, y es robusto;

"3. El hoy occiso se encontraba en estado de ebriedad, lo cual lo colocaba en una situación más vulnerable;

"4. Las condiciones y antecedentes personales, familiares y sociales del delincuente, en la medida que en autos quedó acreditado que el sentenciado conocía a la víctima desde hacía muchos años;

"5. Que por su edad, grado de instrucción y sentido común, tuvo oportunidad de reflexionar sobre sus actos;

"6. La extensión del daño causado, pues causó una gran afectación en la esposa e hijos de la víctima; y,

"7. La mayor o menor posibilidad razonable de conducirse conforme a derecho, ya que tuvo suficiente tiempo para reflexionar sobre su conducta y, por tanto, mayor posibilidad razonable de conducirse conforme a derecho.

"De los anteriores puntos, el ad quem declaró fundados los precisados en los puntos uno, dos y siete; circunstancias expresamente previstas en el primer párrafo del artículo 56 y 57, fracción III, del código punitivo local, que al efecto disponen:

"‘56. El juzgador, al dictar sentencia determinará el grado de reprochabilidad fijando en consecuencia la sanción que estime justa, dentro de los límites legalmente establecidos para cada caso, para lo cual apreciará en cada hecho la conducta precedente relacionada con la realización delictiva que se reproche, las condiciones y antecedentes personales, familiares y sociales del delincuente, su mayor o menor posibilidad razonable de conducirse conforme a derecho, los móviles del delito, las atenuantes, las agravantes y todas las demás modalidades y circunstancias de ejecución, así como el comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido. Igualmente tomará en consideración el grado de lesión jurídica, para lo cual apreciará: La trascendencia de los daños materiales y morales, en su caso; el peligro que afrontó el ofendido y su relación con el agente, en la medida que ello influyó en la comisión del delito, así como los demás datos que se estimen pertinentes. ...’

"‘57. El Juez deberá tomar conocimiento directo del delincuente, del ofendido y de las circunstancias del hecho, para imponer en congruencia con todo ello la sanción o sanciones que en su caso correspondan. Al efecto, tomará en cuenta:

"‘I. III. (sic) III. La naturaleza del acto u omisión y de los medios empleados en su desarrollo; la extensión del daño causado o del peligro corrido; la edad, sexo y complexión física de la víctima, comparativamente con la del delincuente, en su caso, así como las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión de la comisión del delito. ...’

"Atento a lo anterior, el tribunal responsable consideró que ********** o ********** revela un grado de reprochabilidad ubicado en el punto medio que existe entre el mínimo y el punto intermedio existente entre mínima y el equidistante entre la mínima y la media; determinación que -adversamente a lo que considera el inconforme- no es jurídicamente incorrecta.

"En efecto, aduce el disidente que -a su juicio- ‘no es dable ni permitido que lo que no fue solicitado por el fiscal de primera instancia lo solicite el subprocurador de control de segunda instancia ...’; por lo tanto, -considera el quejoso- al declarar fundados los agravios esgrimidos en segunda instancia por el representante social, el ad quem suplió la deficiencia de la queja a favor del órgano técnico, toda vez que los argumentos del apelante no coinciden con los formulados en el pliego acusatorio.

"Lo infundado de dicho concepto de violación deviene, por una parte, de la circunstancia de que en el pliego acusatorio, el representante social solicitó al a quo que al momento de dictar la sentencia condenatoria correspondiente, tomase en consideración las circunstancias particulares del procesado y las exteriores de ejecución del delito, en términos de los numerales 56 y 57 del Código Penal para el Estado de Sonora; entre las cuales, se encuentran las que tomó en consideración el tribunal de alzada para estimar que el reo revela un grado de reprochabilidad mayor al precisado por el primiinstancial.

"Además, y al margen de la solicitud aludida en párrafos precedentes, y de las circunstancias particulares que invocó el órgano técnico acusador en el capítulo que denominó ‘IV. Peligrosidad criminal’, no debe perderse de vista que la individualización de las penas corresponde exclusivamente a la autoridad judicial, cuya única limitante -además del deber jurídico que tiene de fundar y motivar sus determinaciones- consiste en que no puede imponer penas por delitos que no hayan sido motivo de la acusación.

"Empero, se insiste, el órgano jurisdiccional goza de arbitrio judicial para determinar el grado de reprochabilidad que revela el agente, e individualizar las penas aplicables, tal como lo dispone el numeral 21 de la Carta Magna, que establece que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial; y su determinación en ese sentido no está supeditada a lo solicitado por la representación social, ni implica que, al tomar en cuenta cuestiones que no fueron precisadas en las conclusiones acusatorias, esté supliendo la deficiencia de éstas, o rebasando la acusación.

"Cobra aplicación al caso, la tesis 1a./J. 5/93, modificada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención a la solicitud de modificación 12/2004-PS, y publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, materia penal, página 89, de rubro y texto:

"‘CONCURSO DE DELITOS, FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS.-Si la autoridad judicial, al analizar los hechos delictivos delimitados por el Ministerio Público en sus conclusiones, se percata que existe un concurso real de delitos, debe aplicar las penas correspondientes con base en dicho concurso, independientemente de que la institución acusadora haga o no expresa referencia en sus conclusiones a la aplicación de dicha regla. Sin que ello implique que la autoridad judicial rebase la acusación del Ministerio Público, porque tal regla atañe a la imposición de las sanciones que es facultad propia y exclusiva del órgano jurisdiccional, en términos del artículo 21 constitucional. Máxime que el Juez, al imponer las penas, no realiza un acto meramente mecánico, sino que goza de arbitrio judicial para calificar la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del agente, en función a lo cual debe necesariamente determinar la pena, toda vez que ésta, por mandato de ley, debe ser individualizada. Tal individualización que corresponde exclusivamente a la autoridad judicial y de ningún modo puede realizar el Ministerio Público. Así pues, concluir de manera distinta anularía de facto el arbitrio del que está dotada la autoridad judicial para la imposición de las penas, y llevaría al absurdo de dejar que la función jurisdiccional permanecería supeditada a no poder hacer nada fuera de lo expresamente pedido por el representante social, con lo que se le otorgarían a ésta facultades fuera del límite de sus funciones, invadiendo con ello las del juzgador. Lo anterior, con independencia de que el juzgador no puede introducir en sus fallos penas por delitos que no hayan sido motivo de la acusación, ya que con ello no sólo se agravaría la situación jurídica del procesado, sino que incluso el Juez estaría invadiendo la órbita del Ministerio Público, a quien por mandato constitucional corresponde la persecución de los delitos, violando con ello el principio esencial de división de poderes. Es necesario precisar, que el criterio que ahora se establece no se contrapone con el contenido de las garantías de legalidad, seguridad jurídica, defensa y exacta aplicación de la ley, previstas en los artículos 14, 16 y 20, fracción IX, de la Carta Magna, ya que con el mismo no se autoriza al juzgador a actuar con base en atribuciones que no tiene expresamente concedidas en la Constitución y en las leyes secundarias; aunado a que la decisión del Juez de actualizar la existencia de un concurso de delitos y sancionar por el mismo, está supeditada a que funde y motive suficientemente su actuación, aunado a que no podrá imponer pena alguna respecto de un delito que no haya sido materia de acusación; además, de que el acusado tendrá oportunidad de conocer las conclusiones del Ministerio Público y dar respuesta a las mismas al formular las que corresponden a su defensa, todo esto previo al dictado de la sentencia respectiva en la que se le determine la punición de la autoridad judicial, en términos del numeral 21 de la Constitución Federal.’

"Así como la tesis 4713, del otrora Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la Novena Época del Apéndice 2000, Tomo II, Penal, Precedentes Relevantes de Tribunales Colegiados de Circuito, página 2362, que dispone:

"‘INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. NO ENTRAÑA SUPLENCIA DE LAS CONCLUSIONES QUE EL JUEZ CONSIDERE CIRCUNSTANCIAS NO PROPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO, SI LAS MISMAS ESTÁN ACREDITADAS EN EL PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).-Atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora, el Ministerio Público está obligado a fijar en proposiciones concretas, entre otras cosas, las circunstancias que deben tomarse en cuenta para individualizar la pena o medida; empero, esa obligación no restringe ni excluye la que tiene a su vez el Juez, de establecer la temibilidad del reo y la sanción que le corresponda, pues así lo ordenan los artículos 56 y 57 del Código Penal del mismo Estado, que disponen, entre otras cuestiones, que el juzgador al dictar sentencia, fijará la sanción que estime justa, conforme a su prudente arbitrio y dentro de los límites que el propio código establece, sin que al cumplir con esa obligación se pueda sostener que, al tomar en consideración cuestiones acreditadas en el proceso, que no fueron precisadas en las conclusiones acusatorias, esté supliendo incorrectamente la deficiencia de tales conclusiones, pues sólo acata y satisface la obligación que le

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26004-6f833574/individualizacion-de-las-penas-la-determinacion-del-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.