INCORPORACIÓN POR LECTURA DE DECLARACIONES ANTERIORES. EL ARTÍCULO 386, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN QUE RIGEN AL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 7289/2025. 4 DE FEBRERO DE 2026. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: IRVING ESPINOSA BETANZO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al cuatro de febrero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 7289/2025, interpuesto en contra de la sentencia emitida el dos de octubre de dos mil veinticinco por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, en el juicio de amparo directo (**********).
El problema jurídico que este Pleno debe resolver consiste en dilucidar si el presente recurso de revisión es procedente y, en su caso, decidir si el numeral 386, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales es o no violatorio de los principios de legalidad penal en su vertiente de taxatividad de la ley, contenido en el artículo 14 constitucional, así como de contradicción e intermediación, previstos en el diverso 20, apartado A, constitucional.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos. Los hechos materia de la acusación, consistieron en lo siguiente:
“Que el día diecinueve de mayo de dos mil diecinueve aproximadamente a las tres de la tarde, el acusado (**********), en compañía de dos sujetos armados se introdujeron al domicilio ubicado en calle (**********), donde vivía la víctima (**********), donde el acusado le estuvo apuntando con una pistola y con auxilio de otros dos sujetos se lo llevaron de dicho lugar a empujones con la finalidad de ocultar y desaparecer a la víctima, la cual con posterioridad apareció sin vida el diez de julio de dos mil diecinueve en una fosa clandestina.”
2. Sentencia de juicio oral. Con base en dichos hechos se siguió el juicio oral (**********), del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos. El veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se condenó a (**********), por el delito de desaparición cometida por particulares, perpetrado en perjuicio de Ramón (**********), bajo los puntos resolutivos siguientes:
“PRIMERO. (**********) es culpable del ilícito de DESAPARICIÓN FORZADA COMETIDA POR PARTICULARES, perpetrado en perjuicio de (**********) (sic). Por hechos ocurridos aproximadamente a las tres de la tarde del día diecinueve de mayo de dos mil diecinueve, en el domicilio ubicado en calle (**********).
SEGUNDO. Por su conducta ilícita se impone a (**********): VEINTICINCO AÑOS DE PRISIÓN. Abónese a favor del sentenciado el tiempo que ha permanecido detenido por los presentes hechos, lo que ocurre desde el siete de abril de dos mil veintiuno.
TERCERO. Se condena de manera genérica al sentenciado al pago de la reparación del daño, en los términos dispuestos en el apartado relativo.
CUARTO. Por disposición de los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal en relación con el 15 de la ley general de la materia, el sentenciado no tiene derecho a ninguno de los beneficios que implican la suspensión de la pena o la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación de la libertad.
QUINTO. Se exime al sentenciado totalmente del pago de los gastos del proceso, ya que las partes no acreditaron en juicio algún tipo de erogación con motivo de la tramitación del presente asunto. (...)”
3. Interposición de la apelación. Inconforme con lo anterior, el sentenciado interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Sala de Apelación del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, bajo el toca C (**********).
4. Sentencia de apelación. Posteriormente, el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, la referida Sala dictó sentencia en la que confirmó la resolución apelada, en atención a lo siguiente:
5. En el considerando III de la resolución, la Sala calificó como infundados -en parte- e inoperantes -en otra- los motivos de inconformidad hechos valer por el ahí recurrente.
6. En lo de interés, sintetizó lo resuelto por el juez de enjuiciamiento, y expuso que dicho juzgador realizó un análisis correcto del caso, pues en principio examinó la naturaleza del ilícita materia de acusación, exponiendo las causas que justificaron su reciente creación y la necesidad de tipificación de conductas calificadas como graves en el ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
7. Ello, explicó el Magistrado responsable, ya que la resolución apelada se basó en el artículo 4o. fracción XVI de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y definió la calidad de persona desaparecida. Asimismo, expuso su forma de persecución, el carácter temporal del ilícito y plasmó expresamente el tipo penal (numeral 34 de la ley de la materia).(1)
8. Luego, el Magistrado indicó que el Juez de primera instancia consideró que en el caso sujeto a estudio y tomando en cuenta la gravedad del hecho en el que, acorde a la acusación y pruebas específicas desahogadas en el juicio, tuvo lugar la intervención de personas armadas que sustrajeron a la víctima de su domicilio y propiciaron un desconocimiento de su suerte o paradero. Esto en un contexto en el que la pareja sentimental, los padres y hermanos de la víctima realizaron diversas acciones para propiciar su búsqueda, brindando detalles sobre la identidad de uno de los agresores, al que se llegó a contactar telefónicamente, recibiendo graves amenazas, lo que fue documentado por los agentes de policía mediante entrevistas directas con algunos de ellos.
9. Expuso que ello, dio pauta para que el juzgador considerara justificada la incomparecencia de los testigos individualizados como la testigo protegida (00001), (**********), (**********), (**********) y (**********) (pareja sentimental, padres y hermanos de la víctima), argumentando que dicha incomparecencia tuvo relación con la persona del acusado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 386 fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que debe atenderse a la circunstancia de que se trata de la única persona que hasta el momento, ha sido señalada como uno de los perpetradores y que la actuación en grupo genera terror de que se actúe en su contra para propiciarles un mal en sus personas, más allá de que, finalmente, optaran por prescindir de toda protección de la autoridad como fuera ventilado durante la audiencia.
10. Precisó que, los términos en que se razonó por la representación social, tal postura redunda en un interés legítimo por resguardar su integridad. Máxime que cuando han operado otras circunstancias de riesgo como la que padeció (**********), que significó sufrir un atentado contra su persona, en el que se emplearon armas de fuego, sin motivo aparente. Por lo que concluyó que ello generó un silencio voluntario de todos ellos como medio de salvaguarda del núcleo familiar.
11. Así, el Magistrado explicó que el resolutor de origen justificó su decisión de incorporar por su lectura las declaraciones recabadas durante la investigación de dichos deponentes.
12. Luego, señaló la responsable que, en cuanto a la valoración del material probatorio, el Juez de control otorgó preponderancia al dicho de la única testigo presencial denominada “00001” quien aportó detalles precisos sobre la forma en que se coartó la libertad de la víctima e incluyó referencias directas hacia uno de los autores que corresponde a la persona del acusado.
13. Posteriormente, descartó que tal testigo se condujere con falsedad o que existiere algún motivo para perjudicarlo, cuyo conocimiento de su persona se remonta a tiempo atrás de los hechos del juicio. Así, dicho medio probatorio se concatenó con las entrevistas recabadas por los miembros de la familia del pasivo a las que les otorgó credibilidad porque lo experimentaron directamente desde el seno familiar:
a) Con el reconocimiento con fotografía que la testigo protegida protagonizó durante la investigación y en que señalara a quien ya había sido individualizado correctamente como (**********).
b) Con la declaración a cargo de (**********) (padre del afectado) de quien destacó la comunicación telefónica que tuvo con la persona apodada como “el comandante”, para preguntar sobre su hijo, pero obtuvo amenazas a cambio.
c) Con el atestado a cargo de (**********) (madre del pasivo), de quien consideró su referencia en el sentido de que su hijo le había comentado desde el viernes antes de que desapareciera que lo andaban siguiendo.
d) Con el testimonio rendido por (**********) quien refirió que el jueves dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, cuando trabajaba en compañía de la víctima “el comandante” estaba hablando por teléfono y dejó de hacerlo para mirarlos, así como que horas más tarde, cercano al domicilio en que cohabitaba el afectado y sus parejas, apareció el mismo sujeto y su hermano le comentó que dos días atrás lo había seguido en una pick up marca (**********) de color azul de cuatro puertas.
e) Que tras la sustracción del afectado de su entorno su hermano (**********) trató de contactarlo telefónicamente pero no contestó, fue a buscarlo a su domicilio y no lo encontró, sin que apareciera o lograra comunicarse con él.
14. De este modo, el Magistrado añadió que el Juez de control valoró como pruebas técnicas privilegiadas las declaraciones tanto de agentes investigadores, como de peritos de la Fiscalía General del Estado:
a) (**********) quien aportó detalles de su investigación en las redes sociales y bases de datos de la Fiscalía que implicaron la obtención de un perfil de Facebook asociado a la línea telefónica proporcionada por (**********).
b) La labor desarrollada por (**********), (**********), (**********) y (**********), permitió conocer detalles sobre la desaparición de la víctima, así como ubicar sus restos.
c) De la labor experta a cargo de los peritos en materia criminalística de campo (**********) y (**********), del médico legista (**********) y del genetista (**********) el juez de control arribó a la certeza del sitio del que fuera sustraída la víctima, así como que los restos humanos que fueron localizados en el interior de un inmueble en construcción localizado a la altura del kilómetro (**********) de la carretera (**********), corresponden al afectado (**********) cuya causa de muerte fue determinada médicamente como hemorragia y laceración cerebral, fractura de bóveda y base de cráneo por traumatismo craneoencefálico severo cerrado.
15. En este tenor, se expuso que compartía las conclusiones a las que llegó el Juez de control con relación a los temas de fondo analizados en la sentencia condenatoria en el sentido de que se perpetró el delito de desaparición cometida por particulares, previsto en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en perjuicio del afectado (**********), así como que el acusado era culpable a título doloso y como coautor (al tenor de lo dispuesto por los numerales 9o., párrafo primero y 13, fracción III del Código Penal Federal) de la comisión de tal ilícito.
16. En el considerando IV de la sentencia, el Magistrado estudió los agravios hechos valer por la parte ahí recurrente. En primer término, se refirió al tema relativo a la opción del juzgador de permitir la lectura de las declaraciones recabadas durante la investigación vertidas por la testigo protegida “00001” y los miembros de la familia (**********), (**********), (**********) y (**********).
17. Sostuvo que aunque tenía razón el recurrente al destacar esencialmente, la importancia de los principios de inmediación y contradicción que como pilares del sistema acusatorio, confieren a la defensa el derecho de contrainterrogar a los testigos de cargo bajo la presencia directa del juez de control, lo cierto es que en el caso se advertía el supuesto de excepción contemplado en el artículo 386, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permitía la lectura de registros en que consten anteriores declaraciones cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuere atribuible al acusado.
18. Ello, porque se estaba ante la presencia de un caso grave por la dinámica delictiva consistente en la sustracción del afectado por un grupo de personas armadas, quienes propician el desconocimiento hasta ese momento, sobre su suerte o paradero.
19. Asimismo, porque existe referencia en el sentido de que el exponente (**********) (padre del afectado) contactó telefónicamente al agresor que se logró identificar y aquél recibió graves amenazas de éste (que llegaron a ser expresadas en términos soeces), en el desarrollo de la investigación se presentaron obstáculos a los agentes de la Fiscalía para contactarlos o que decidieran ampliar su información ante el riesgo que les representaba para sus personas.
20. Por ello, fue correcto lo señalado por el Juez de control, en el sentido de que estaba justificada la incomparecencia al juicio de dichos testigos, porque tenían relación con la persona del acusado, atendiendo a la circunstancia de que se trataba de la única persona que hasta el momento había sido señalada como uno de los perpetradores y que la actuación en grupo generaba temor de que se actuara en su contra para propiciarles un mal en sus personas, más allá de que, finalmente optaran por prescindir de toda protección de la autoridad.
21. Y, que dicha postura redunda en un interés legítimo por resguardar su integridad. Máxime que habían operado otras circunstancias de riesgo como la que padeció (**********), quien sufrió un atentado contra su persona en el que se emplearon armas de fuego, lo que provocaba un silencio voluntario como medio de salvaguarda familiar.
22. Así, la Sala responsable señaló que no tenían eficacia los argumentos esgrimidos por el ahí recurrente, ya que la excepción contenida en el numeral 386, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales permitía por razones verdaderamente extraordinarias y graves privilegiar, según las particularidades de los casos concretos, la seguridad y vida de las personas.
23. Al respecto, invocó la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de título: “ENTREVISTA DE LA VÍCTIMA DEL DELITO. ES LEGAL, POR EXCEPCIÓN, SU INCORPORACIÓN MEDIANTE LECTURA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 386, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CUANDO SE ACREDITA QUE LA INCOMPARECENCIA DE AQUÉLLA AL JUICIO OBEDECIÓ A QUE FUE AMENAZADA DE MUERTE POR EL ACUSADO.”(2)
24. Demanda de amparo directo. Inconforme con lo anterior, (**********), por propio derecho, promovió demanda de amparo directo, así como en contra de su ejecución atribuida al Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Morelos y Director del Centro de Reinserción Social Estatal número 1.
25. En dicha demanda, la parte quejosa sostuvo, en lo de interés, la inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales,(3) al considerar que:
a) Vulnera el principio de legalidad penal en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues -a su parecer- dicha fracción resulta vaga, imprecisa y abierta al no establecer con claridad los supuestos normativos en que la incomparecencia de los testigos se considera “atribuible al acusado”, lo que permite la arbitrariedad en su aplicación.
b) Transgrede los principios de inmediación y contradicción del proceso penal, establecidos en el párrafo primero, fracciones II y IV, del apartado A del artículo 20 también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que permite la incomparecencia de los testigos cuando fuere atribuible al acusado, sin que sea una causa suficiente para excusar a la prueba de los principios de inmediación y contradicción. Además de que la incomparecencia de los testigos, cuando fuere atribuible al acusado, no constituye una buena razón para justificar la excepción de la exigencia de que los testigos comparecieran a la audiencia de juicio para que se produzca la prueba testimonial, ante la presencia de la persona juzgadora y con oportunidad para que la defensa examine la credibilidad del testigo, a través de un ejercicio contradictorio.
26. Trámite de la demanda de amparo directo. De dicha demanda correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, cuya presidencia la admitió el doce de julio de dos mil veinticuatro y registró con el número de expediente (**********).
27. Sentencia de amparo. Seguidos los trámites de ley, el dos de octubre de dos mil veinticinco, dicho Tribunal Colegiado dictó sentencia en la que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión.
28. Para llegar a tal conclusión, el Tribunal Colegiado analizó la constitucionalidad del artículo 386, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales y, calificó de infundado el planteamiento tocante a la vulneración de los principios de contradicción e intermediación.
29. Lo anterior, ya que -tomando en consideración lo resuelto por la extinta Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión (**********)(4), así como la jurisprudencia 1a./J. 138/2024 (11a.), de rubro: “DECLARACIONES O INFORMES DE TESTIGOS FALLECIDOS ANTES DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. EL ARTÍCULO 386, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AL PREVER SU INCORPORACIÓN MEDIANTE LECTURA, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN, INMEDIACIÓN E IGUALDAD PROCESAL”(5) que derivó de dicha ejecutoria- determinó en lo que interesa, lo siguiente:
a) Contrario a lo expuesto por el quejoso, la referida disposición no vulnera los principios del sistema penal acusatorio ni los derechos fundamentales del imputado.
b) De conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el proceso penal será acusatorio, oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
c) El principio de contradicción garantiza el equilibrio procesal entre las partes, impide valoraciones arbitrarias y asegura que toda prueba relevante en juicio haya sido sometida al conocimiento, análisis y posible refutación por quienes resultan afectados.
d) El principio de inmediación garantiza que el juzgador esté en condiciones de formarse una imagen completa y directa de las pruebas personales, fortaleciendo la legitimidad del juicio y la validez de la sentencia penal.
e) El artículo 386, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que podrán incorporarse por lectura declaraciones anteriores cuando la incomparecencia de los testigos, peritos o coimputados fuere atribuible al acusado.
f) Esta disposición está diseñada para impedir que el acusado se beneficie de su propia conducta, es decir, que obtenga ventajas procesales por haber intimidado, amenazado, ocultado o disuadido a un testigo con el propósito de evitar su comparecencia, lo que a juicio de este órgano jurisdiccional constituye una excepción válida a los principios de contradicción e inmediación.
g) El texto legal es claro al exigir que la atribución de la incomparecencia al acusado esté debidamente acreditada, lo que implica una carga probatoria elevada para la parte que lo alega, y exige al juez realizar un control judicial estricto antes de permitir la incorporación de una declaración en tales términos.
h) No se trata de una facultad arbitraria ni automática, sino de una medida condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos que buscan proteger el equilibrio del proceso penal.
i) La fracción II, del artículo 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales es compatible con los principios de contradicción e inmediación del sistema penal acusatorio, pues lejos de suprimirlos, los regula en situaciones excepcionales. Es adecuada para evitar la impunidad, pues no hay medios menos restrictivos para preservar la prueba. Lo que resulta proporcional, teniendo en cuenta que el daño al derecho de defensa es menor en comparación con el interés general en que los juicios no sean frustrados por actos de intimidación, máxime si se tiene en cuenta que dicha excepción no impide que la prueba incorporada por lectura sea sometida indirectamente al contradictorio de las partes, pues está sujeta a una efectiva refutación por parte de la defensa en relación con los restantes elementos aportados al juicio, tampoco exime el deber de su comprobación, si se tratare de un elemento de convicción aportado por la fiscalía, aunado a que constituirá un medio de convicción que será valorado por el juez de enjuiciamiento al dictar sentencia conforme a los méritos que aporte, quien justificará las razones por las que le genere convicción o lo desestime.
j) Al exigir que la atribución de la ausencia sea debidamente acreditada, el legislador previó una salvaguarda procesal eficaz para evitar abusos. No autoriza de forma automática la incorporación por lectura, sino que impone una carga probatoria a la fiscalía, así como un control judicial riguroso, garantizando el equilibrio entre los derechos del acusado y la necesidad de preservar el desarrollo normal del juicio.
k) De ahí que se estimara que, la fracción II del ordinal 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no resulta inconstitucional, al no ser violatoria de los principios de inmediación y contradicción establecidos en el artículo 20 de la Constitución Federal.
30. Hecho lo anterior, el Tribunal Colegiado, analizó los conceptos de violación tocantes a la legalidad del acto reclamado y, los desestimó.
31. Recurso de revisión. Así, en contra de la decisión anterior, por escrito presentado ante el Tribunal Colegiado el veintidós de octubre de dos mil veinticinco, el quejoso interpuso recurso de revisión.
32. En su escrito de agravios, entre otras cuestiones, alega:
• Se inconforma con lo resuelto por el órgano jurisdiccional, pues sostiene que la sentencia contiene pronunciamiento respecto de la constitucionalidad de la fracción II del artículo 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, establece la interpretación directa del artículo 20, fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Señala que el órgano jurisdiccional retomó las consideraciones de la extinta Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver los amparos directos en revisión (**********), (**********) y (**********), en los que concluyó que la fracción I del artículo 386 establece una excepción válida a los principios de inmediación y contradicción, que permite la incorporación por lectura de declaraciones previas cuando el testigo ha fallecido o padece trastorno mental transitorio o permanente que le impide rendir testimonio. Y, sobre esos planteamientos consideró que la fracción II también establece una excepción válida.
• Precisa que el artículo 386, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales -contrario a lo resuelto por el Tribunal Colegiado- es inconstitucional, ya que la norma no es lo suficientemente clara, por lo que esa omisión permite que las autoridades judiciales apliquen de manera arbitraria su contenido.
• Expresa que el Tribunal Colegiado indicó que la defensa del quejoso tuvo acceso a la carpeta de investigación y, por ello, se encontraba enterado desde el principio de las declaraciones vertidas por los testigos, es decir, pudo refutar las pruebas y no lo hizo. Lo que se traduce en una incorrecta interpretación de la porción normativa reclamada, pues el Tribunal confunde refutar y ofrecer pruebas con la oportunidad de interrogar o contrainterrogar al testigo de cargo en algún momento de las etapas previas a la audiencia de juicio oral. Por lo que el derecho a una defesa adecuada no se entiende satisfecho con el hecho de tener acceso a la carpeta.
• Insiste respecto a la inconstitucionalidad de la multicitada fracción II del artículo 386 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con relación a los principios de inmediación y contradicción del proceso penal (agravios primero y segundo).
33. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal admitió el recurso de revisión, lo registró con el número 7289/2025 y, ordenó que el expediente fuera turnado a la ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
34. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo(6) y 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Integración de las Listas de Asuntos con Proyecto de Resolución,(7) el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.
I. COMPETENCIA
35. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de este recurso de revisión, con fundamento en los artículos 107, fracción IX,(8) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II,(9) y 96(10) de la Ley de Amparo; así como 16, fracción IV,(11) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el punto Segundo, fracción VIII, inciso b) del Acuerdo General 2/2025 (12a.) de tres de septiembre de dos mil veinticinco del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales; ya que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia de amparo directo dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito.
II. OPORTUNIDAD
36. El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo,(12) ya que la sentencia fue notificada por comparecencia al autorizado en amplios términos de la parte quejosa, el lunes trece de octubre de dos mil veinticinco.(13) Por lo que surtió efectos el día hábil siguiente, martes catorce de octubre de dos mil veinticinco.
37. Por lo tanto, el plazo transcurrió del quince al veintiocho de octubre de dos mil veinticinco, descontándose los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de octubre de ese año, por ser sábados y domingos en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo(14) y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(15)
38. En consecuencia, si el escrito de recurso de revisión se interpuso el veintidós de octubre de dos mil veinticinco, se concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
39. El recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima, pues es presentado por la parte quejosa en el juicio de amparo directo (**********) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito.
IV. ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO
40. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia del recurso de revisión que nos ocupa, por los motivos siguientes.
41. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo encuentra fundamento en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo, así como el 16, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
42. De esos preceptos se advierte que las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, salvo que se presenten las siguientes excepciones.
a) Que subsista un problema de constitucionalidad de normas generales;
b) Que en la sentencia impugnada se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o,
c) Que el Tribunal Colegiado de Circuito omita pronunciarse en cualquiera de los casos indicados anteriormente, no obstante que en los conceptos de violación la parte quejosa hubiere planteado dichos tópicos de constitucionalidad.
43. Estos requisitos son alternativos; es decir, basta que se dé uno u otro para que, en principio, resulte procedente el recurso de revisión en los juicios de amparo directo. Sin embargo, aunado a la presencia de alguno de estos requisitos y de conformidad con la reforma a la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal de once de marzo de dos mil veintiuno, para que el recurso de revisión en amparo directo resulte procedente es necesario, además, que a juicio de este Alto Tribunal el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
44. Así es, uno de los principales propósitos de la reforma constitucional de referencia radica en consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un auténtico tribunal constitucional que concentre sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional.
45. Razón por la cual es de notoria relevancia que esta Suprema Corte se avoque al conocimiento de asuntos que constituyan una verdade
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34042-0ded85f9/incorporacion-por-lectura-de-declaraciones-anteriores-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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