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CANCELACIÓN DE LICENCIAS DE PORTACIÓN DE ARMAS. EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS NO VULNERA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 179/2025. · Registro digital (IUS): 34313
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-10-16
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Octubre de 2026.

AMPARO EN REVISIÓN 179/2025. 12 DE FEBRERO DE 2026. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. DISIDENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: MINISTRO ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIOS: JUAN MANUEL ANGULO LEYVA Y ADALBERTO MÉNDEZ LÓPEZ.

RESUMEN DE LA SENTENCIA

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ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al doce de febrero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 179/2025, que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicano y el Director General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional interpusieron en contra de la sentencia que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dictó en el amparo indirecto 140/2024 el treinta y uno de octubre de dos mil veinticuatro.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos. El treinta de octubre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 26, fracción II, apartado B,(1) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Empresa A, solicitó opinión favorable a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal para realizar los trámites correspondientes ante la Secretaría de la Defensa Nacional para la obtención de licencia de portación de armas, en su modalidad seguridad privada de personas.

2. Seguido el procedimiento administrativo, la Empresa A presentó ante la Secretaría de la Defensa Nacional el Oficio 1 por el que la Dirección de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió opinión en sentido favorable a su solicitud.

3. Posteriormente, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional expidió el Oficio 2 por medio del cual concedió licencia particular colectiva de portación de arma a la Empresa A, a efecto de amparar a dos elementos para portar un arma de fuego corta y un arma de fuego larga durante la prestación del servicio en dicha empresa.

4. Con motivo del Oficio 1 presentado por la Empresa A en el procedimiento de solicitud de licencia de portación de arma, la Secretaría de la Defensa Nacional recibió el catorce de noviembre de dos mil veintitrés el Oficio 3 por medio del cual la Dirección General de Seguridad Privada dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le informó que no había autorizado la solicitud de opinión favorable correspondiente.

5. El veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés, el Director General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de conformidad con el artículo 30 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,(2) expidió el Oficio 4 por medio del cual canceló la licencia particular colectiva a la Empresa A concedida a mediante el Oficio 2.

6. Lo anterior —se precisó en el oficio— en tanto que la Empresa A carecía del requisito de opinión favorable por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin perjuicio de que, conforme al artículo 32 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,(3) la empresa tuviera quince días para alegar lo que a su derecho conviniera y presentar las pruebas que considerara correspondientes, y transcurrido dicho plazo, se dictaría la resolución correspondiente.

7. Demanda de amparo. Por escritos presentados el veintidós de enero y siete de febrero de dos mil veinticuatro, la Empresa A presentó una demanda de amparo indirecto en la que reclamó los siguientes actos:

• El Oficio 4.

• La inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con motivo de su aplicación en el Oficio 4 referido.

8. Como autoridades responsables señaló al Director General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y al Presidente de la República.

9. En sus conceptos de violación, la Empresa A argumentó, en síntesis, que:

a) Si bien las resoluciones de la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana solo son opiniones de naturaleza no vinculante, lo cierto es que la Secretaría de la Defensa Nacional motivó la cancelación de la licencia particular colectiva otorgada a la parte quejosa a lo establecido en la opinión de dicha Dirección, lo que vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

b) Mientras que la concesión de la licencia particular colectiva fue firmada por el Secretario de la Defensa Nacional, la cancelación que se impugna fue firmada por el Jefe del Estado Mayor de la Primera Zona Militar, quien es un funcionario público de menor jerarquía que no acompañó algún acuerdo delegatorio de competencias que lo facultara para ello, lo que vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica.

c) La cancelación de licencia impugnada vulnera la confianza legítima y la expectativa de derechos que generó la concesión previamente otorgada, así como carecer de toda proporcionalidad, fundamentación y motivación. Con mayor importancia, la cancelación impugnada no respetó la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, ya que la quejosa no fue llamada a juicio ni se le dio la oportunidad de incorporar pruebas previo a la emisión del acto reclamado.

d) El artículo 30 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que se utiliza como fundamento del acto reclamado vulnera el derecho humano al debido proceso en su vertiente de garantía de audiencia, pues faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional a suspender y cancelar las licencias de portación de armas sin establecer un procedimiento con el que se conceda garantía de audiencia al particular al que se le pretenda privar de dicha licencia. Lo anterior en contra de lo establecido por la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte.(4)

10. Admisión de la demanda de amparo y trámite. La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. Mediante acuerdos de veinticinco de enero y ocho de febrero de dos mil veinticuatro, el Juzgado admitió la demanda, la registró bajo el expediente 140/2024 y solicitó el informe justificado a las autoridades demandadas.

11. Sentencia de amparo indirecto. Mediante sentencia de treinta y uno de octubre dos mil veinticuatro, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó el amparo a la parte quejosa conforme a las siguientes consideraciones:

• No se actualiza la causal de improcedencia que el Director General del Registro Federal de Armas de Fuego señaló con motivo de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b)(5) de la Ley de Amparo. Contrario a lo alegado por la autoridad, el oficio impugnado por el que se canceló la licencia a la parte quejosa no era un acto dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sino más bien un acto autónomo.

• Tampoco se actualizan las causales de improcedencia señaladas por el Presidente de la República con motivo de lo previsto en los artículos 61, fracciones XII y XXII, en relación con el 63, fracción V, y 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo,(6) relativa al no acreditamiento del interés jurídico por parte de la quejosa y la omisión de formular conceptos de violación. La parte quejosa impugna un acuerdo por el que se le cancela la licencia particular colectiva de portación de armas de fuego que le había sido otorgada previamente, ello al expresar que el artículo 30 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos transgrede el artículo 14 de la Constitución Federal, por lo que sí se acredita un interés jurídico y se exponen conceptos de violación.

• Resulta de estudio preferente la constitucionalidad alegada del artículo 30 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a la luz del artículo 14 constitucional, con motivo de su aplicación en la emisión del Oficio 4 por el que cancela la licencia particular colectiva que previamente se otorgó a la parte quejosa.

• De conformidad con la jurisprudencia P./J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de rubro “ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN”,(7) al acto privativo es aquel regido por el artículo 14 constitucional y que constituye un fin en sí mismo, con existencia independiente y cuyo objeto es producir como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho. A diferencia del acto de molestia que tiene lugar cuando la privación no es la razón de ser del acto, sino como una medida accesoria o preventiva, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, respecto del cual solo es indispensable el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 16 constitucional, es decir que se encuentre fundado y motivado.

Cuando una autoridad pretenda privar a un gobernado de alguno de sus bienes o derechos, debe cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento que consisten en: notificación al inicio del procedimiento, oportunidad de ofrecer pruebas y alegar y que se emita la resolución que dirima la controversia. Ello de conformidad con la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de rubro “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIO AL ACTO PRIVATIVO”.(8)

El artículo 30 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con facultades para expedir, suspender y cancelar las licencias de portación de armas, sin que se advierta la existencia de una escucha del peticionario previo a dicha suspensión o cancelación. Por su parte el artículo 32 del Reglamento de la Ley Federal de Armas y Fuego y Explosivos es tajante al señalar que la cancelación de dichas licencias surte efectos desde el momento en que se dicte, sin que tampoco se indique plazo alguno para que el licenciatario alegue lo que a su interés convenga.

El artículo 30 impugnado sí contempla un acto privativo y no una restricción provisional, ya que la cancelación como la decretada a la parte quejosa subsistirá por sí misma y no depende de dictado de alguna otra resolución para continuar afectado la esfera de derechos del gobernado. De ahí que resulte fundado el concepto de violación.

12. Razones por las que el Juzgado de Distrito ordenó al Director General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional dejar sin efecto la aplicación del artículo 30 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos a través del Oficio 4 para el caso de que la autoridad pretenda emitir nuevo acto, llevara un procedimiento que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y se le otorgue derecho de audiencia. Lo anterior fundamentado conforme a la jurisprudencia 2a./J. 16/2008 de la extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de rubro “AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA ACABO UN PROCEDIMINETO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES”.(9)

13. Recursos de revisión. Inconformes, tanto el Director General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional como la Presidencia de la República, interpusieron recursos de revisión el veintisiete de noviembre de dos mil veinticuatro. Dichos recurrentes presentaron los mismos agravios en contra de la sentencia de amparo, que consistieron en:

a) Causa agravio que el Juzgado de Distrito tuvo por no actualizada la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a),(10) de la Ley de Amparo, relativa a que el acto impugnado se trataba de un acto intraprocesal y no una resolución definitiva. Ello ya que la autoridad jurisdiccional no tomó en cuenta que a la parte quejosa todavía se le concedió un plazo de quince días para inconformarse y alegar lo que a su interés conviniera.

b) La autoridad jurisdiccional pasó por alto que en el caso la parte quejosa obtuvo la licencia respectiva bajo falsificación de documentos, razón que orilló a la autoridad responsable a cancelarla.

Tampoco se analizaron las condiciones que rigen el otorgamiento de licencias de portación de armas, ni que al tratarse de manejo de armas y con motivo de la protección al interés general de la sociedad resulta esencial la toma de medidas inmediatas, sin que estas dejen en estado de indefensión a la persona licenciataria ya que se le concede la posibilidad de inconformarse, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses convenga.

Por lo que se solicita al Tribunal Colegiado que revoque el fallo recurrido y emita uno nuevo en el que conforme a un estudio integral del derecho demostrado por la parte quejosa y la puesta en peligro de la sociedad se niegue el amparo a la parte quejosa, de conformidad con la gravedad de las determinaciones que exigen privilegiar el derecho de la colectividad en relación con el derecho de un particular.

c) El Juzgado de Distrito basó su sentencia conforme a un análisis oficioso del artículo 32 del Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego, cuando el artículo impugnado era el 30 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Lo anterior dejando inaudita a la autoridad responsable al no requerirla para que pudiera argumentar lo correspondiente.

14. Trámite del recurso de revisión. El catorce de enero de dos mil veinticinco, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió el recurso de revisión, lo registró con el número de expediente 44/2025 y dio el trámite respectivo.

15. En sesión de veintisiete de marzo de dos mil veinticinco, el Tribunal Colegiado del conocimiento dictó una resolución en la que estableció lo siguiente:

a) Es inoperante el primer agravio de las autoridades recurrentes relacionado con el estudio que el Juzgado de Distrito hizo de la causa de improcedencia propuesta, contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, relativa a la naturaleza del acto impugnado como intraprocesal y no como resolución definitiva. Ello en tanto las autoridades se limitan a insistir en la actualización de la causa de improcedencia, sin controvertir las consideraciones expuestas por la autoridad jurisdiccional de amparo.

b) El Tribunal Colegiado carece de competencia para resolver el asunto de fondo, pues en el presente asunto subsiste el problema de constitucionalidad del artículo 30 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, sin que se considere actualizado alguno de los supuestos de competencia delegada a que se refiere el punto Quinto, fracción I, incisos A), B), C) y D) del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello pues no se advierte algún precedente, tesis aislada o jurisprudencia del Máximo Tribunal en la que se analice la constitucionalidad del precepto impugnado.

Se considera actualizada la hipótesis de competencia originaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación previsto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal, 83 de la Ley de Amparo y 16, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto Segundo, fracción III, inciso A, del Acuerdo General 1/2023 citado, y al no subsistir cuestiones de improcedencia pendiente de dirimir, o que se adviertan de oficio, se estima que la Suprema Corte debe de reasumir su competencia originaria.

Tomando en cuenta que, una vez que la Suprema Corte resuelva lo relativo al artículo 30 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, se estará en condiciones de analizar los diversos aspectos de legalidad impugnados sobre el Oficio 4.

16. Trámite ante esta Suprema Corte. Mediante acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veinticinco, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió su competencia originaria para conocer del recurso de revisión interpuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y el Director General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ordenó su registro con el número de expediente 179/2025 y reservó su turno a lo determinado por la nueva integración de la Suprema Corte.

17. Por acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de la Suprema Corte ordenó el turno del asunto al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.

II. COMPETENCIA

18. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política del país; 83 de la Ley de Amparo; 16, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo dispuesto en los puntos Primero, Segundo fracción VIII, inciso A), del Acuerdo General 2/2025 (12a.),(11) emitido por el Tribunal Pleno de este alto tribunal el tres de septiembre de dos mil veinticinco.

19. Lo anterior en virtud de que el recurso de revisión se interpone en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en la que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

III. OPORTUNIDAD, LEGITIMACIÓN y PROCEDENCIA

20. Debido a que el Tribunal Colegiado admitió el recurso de revisión, resulta innecesario pronunciarse sobre la oportunidad, legitimación de las autoridades recurrentes y la procedencia del recurso de revisión; máxime cuando esta Suprema Corte no advierte alguna causal de improcedencia que impida proceder al estudio de fondo del asunto.

IV. ESTUDIO

21. El tema a dilucidar por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se concentra en determinar la regularidad constitucional del artículo 30 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que sirvió como fundamento para el oficio Oficio 4 dictado por el Director General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, precepto y resolución impugnados por la Empresa A mediante juicio de amparo.

22. Como ya se señala en esta sentencia, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió el amparo a la Empresa A al considerar que efectivamente el artículo 30 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos otorga facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional para cancelar licencias de portación de armas sin mediar oportunidad previa al licenciatario correspondiente de ser escuchado o rendir pruebas conforme a sus intereses. Dicha cuestión fue calificada por la autoridad de amparo como una potestad estatal para realizar actos privativos contra los particulares en perjuicio de su garantía de audiencia previa prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal.

23. Por su parte, tanto el Director General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional como el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos fueron coincidentes en señalar en sus escritos de agravios que el Juzgado de Distrito no tomó en cuenta el sistema integral de otorgamiento de licencias de portación de armas y la posibilidad que se le otorga a los gobernados en situaciones como la de la Empresa A para inconformarse, ofrecer pruebas y alegar; además de la imperiosa necesidad de tomar medidas inmediatas en casos relacionados con manejo de armas a efecto de garantizar el interés general.

24. Bajo estas condiciones esta Suprema Corte debe determinar entonces si la facultad de la Secretaría de la Defensa Nacional para cancelar licencias de portación de armas prevista en el artículo 30 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos constituye o no una disposición para ejecutar actos privativos contra los gobernados, y, de ser el caso, si dicha disposición vulnera o no la garantía de audiencia a la que el artículo 14 de la Constitución Federal sujeta dicho tipo de actos de autoridad.

25. Litis que se abordará mediante tres apartados de estudio A) Marco constitucional y legal mexicano sobre la portación de armas, B) Actos de autoridad privativos y de molestia y sus garantías constitucionales y C) Análisis concreto del sistema normativo sobre cancelación de licencias de portación de armas.

26. Ello en el entendido que el estudio se desvinculará del acto concreto de aplicación de la norma en perjuicio del quejoso, porque el análisis de su legalidad es competencia del Tribunal Colegiado. Es decir, queda al margen de la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la correcta o incorrecta aplicación de la norma impugnada al caso concreto.

A) Marco constitucional y legal mexicano sobre la portación de armas

27. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha tenido la oportunidad de analizar en más de una ocasión las prerrogativas que el sistema normativo mexicano prevé sobre posesión y portación de armas, así como sus modalidades y condiciones a las que se encuentran sujetas, por ejemplo, en el amparo directo en revisión 1762/2002,(12) contradicción de tesis 71/2013(13) y amparo en revisión 251/2024,(14) por mencionar algunos asuntos.

28. En dichos precedentes se ha reconocido que tales prerrogativas han estado inmersas en el derecho mexicano vigente desde la promulgación de la Constitución Federal el cinco de febrero de mil novecientos diecisiete, previéndose en el artículo 10 constitucional la libertad de los habitantes del estado mexicano de poseer armas de cualquier clase, para su seguridad y legítima defensa, con salvedad a las prohibidas por la ley y las reservas para el Ejército, Armada y Guardia Nacional, así como la libertad para portar armas, actividad que quedó sujeta a lo establecido por los reglamentos de policía.(15)

29. Este modelo normativo prevaleció vigente hasta la reforma constitucional publicada el veintidós de octubre de mil novecientos setenta y uno, en la que se modificó el artículo 10 para sujetar la posesión de armas al domicilio, así como para delimitar la portación de armas a los casos, condiciones, requisitos y lugares que determinara la Ley Federal que en su caso emitiera el Congreso de la Unión.

30. El texto del precepto ya reformado fue el siguiente:

Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

31. En los precedentes en cita, esta Suprema Corte advirtió que en los trabajos legislativos de dicha reforma constitucional se reconoció que la regulación originaria sobre la posesión y portación de armas se trató de una herencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de mil ochocientos cincuenta y siete, época en la que las condiciones del país eran poco propicias para que las autoridades defendieran a los habitantes del estado mexicano, de ahí la necesidad de instituir una garantía individual para poseer y portar armas para la seguridad y defensa.

32. Si bien dichas condiciones nacionales perduraron para inicios del siglo veinte, el poder reformador de la constitución consideró que para el año de mil novecientos setenta tanto las condiciones sociales y económicas como los cuerpos de seguridad creados por la autoridad estatal mexicana reflejaban la inconveniencia de la inmoderada portación de armas de la ciudadanía, actividad que hasta ese entonces se encontraba regulada en una diversidad de reglamentos de policía que en muchas de las ocasiones no otorgaban condiciones de seguridad para la población.

33. Razones por las que se determinó que desde el punto de vista jurídico y de la realidad fuera una ley federal, reglamentaria de un artículo constitucional, la que rija sobre la materia y determine los presupuestos jurídicos para la portación de armas, a efecto de otorgar paz, seguridad y tranquilidad a la colectividad.

34. Acorde con lo anterior, y seguido el proceso legislativo correspondiente en el Congreso de la Unión, el once de enero de mil novecientos setenta y dos se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Del proceso legislativo (y para efectos de esta sentencia) se advierte que entre los objetivos de la legislación se encontraban el establecimiento de las condiciones y requisitos para autorizar la portación de armas, ello bajo requisitos minuciosos con la finalidad de garantizar tranquilidad al país, a efecto de evitar los hechos de sangre y prevenir el pistolerismo; también el establecimiento de las causas para cancelar o suspender las licencias de portación de armas, tomándose en cuenta las transgresiones a los límites normales de la convivencia armónica y la infracción de las disposiciones legales.

35. De un análisis al contenido de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,(16) se advierte que, en efecto, la portación de armas permitidas se condiciona a la tenencia de una licencia, entre las que destacan aquellas licencias particulares que pueden obtener todos los individuos radicados en territorio mexicano, con las condiciones de acreditar un modo honesto de vivir y la necesidad de utilización.

36. Sobre las licencias para la tenencia y portación de armas permitidas a los particulares, y en concreto por lo que hace a los organismos de seguridad privada, se resalta que esta legislación sujeta dichas licencias a una opinión favorable de la Secretaría de Gobernación sobre la justificación de la necesidad de la portación del armamento.(17) En todo caso, y de conformidad con el artículo 30 impugnado en el presente asunto, es la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el Registro Federal de Armas, la autoridad pública facultada para expedir, negar, suspender y cancelar las licencias de portación de armas; así como la encargada de su registro, control y vigilancia.(18)

37. Así, la actividad de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre portación de armas se encuentra sujeta a los procedimientos y requisitos establecidos ya no solo en la misma Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos sino también a lo establecido en el Reglamento de dicha legislación.(19)

38. Finalmente, es dable señalar que el artículo 10 de la Constitución Federal fue modificado mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve; empero, por lo que hace a la portación de armas, dicho precepto sigue sujetando su regulación a la ley federal correspondiente.

39. El texto del artículo constitucional vigente a la fecha en la que se resuelve el presente asunto (y vigente en la fecha de los hechos) es el siguiente:

Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

40. Con todo, a la fecha de la presente resolución, dicho precepto constitucional sigue conservado la finalidad de controlar el uso indebido de toda clase de armas y proteger a la colectividad del temor, la inseguridad y los abusos de quienes ponen en peligro a los integrantes de la sociedad con la realización de actos delictivos que surgen de la posesión y portación de un arma, tal y como la Suprema Corte ya ha reconocido en anteriores asuntos.(20)

B) Actos de autoridad privativos y de molestia y sus garantías constitucionales

41. Tratándose de actos de una autoridad a los que una persona puede verse legítimamente sujeta, el texto de la Constitución Política del país reconoce en general al menos dos tipos de interacción entre estos dos sujetos: i) los actos privativos y ii) los actos de molestia. Actos que el mismo texto constitucional identifica y distingue de acuerdo a sus características elementales y la finalidad que persiguen, así como los requisitos a los que se encuentran sujetos para su plena validez y que fungen como garantía constitucional a favor de las personas.

i) Actos privativos

42. Estos actos de autoridad se encuentran regulados en lo general por el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal que establece:

Artículo 14. [...]

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho

[...]

43. De conformidad con dicho texto, la Suprema Corte ha identificado a los actos privativos como aquellos que producen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34313-73a805f6/cancelacion-de-licencias-de-portacion-de-armas-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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