INDEMNIZACIÓN POR ACTIVIDAD IRREGULAR DEL MINISTERIO PÚBLICO. SU PAGO ES RECLAMABLE EN LA VÍA ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO).
AMPARO DIRECTO 21/2024. 21 DE ENERO DE 2026. MAYORÍA DE SIETE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. DISIDENTES: MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, QUIENES FORMULARON SENDOS VOTOS PARTICULARES. PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. SECRETARIOS: ABRAHAM MONTES MAGAÑA Y PAÚL FRANCISCO GONZÁLEZ DE LA TORRE.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veintiuno de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el amparo directo 21/2024, promovido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,(1) en contra de la sentencia dictada el diez de mayo de dos mil veintitrés por la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca Primer número de expediente.
El problema jurídico que este Pleno de la Suprema Corte de Justica de la Nación debe resolver consiste en determinar cuál es la vía para reclamar la responsabilidad por daños ocasionados por la actuación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos. La entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investigó a Persona “A” por el delito de homicidio calificado cometido contra agentes ministeriales. Persona “A” fue aprehendido y el asunto se radicó en el Juzgado Vigésimo Penal de la Ciudad de México bajo la causa Segundo número de expediente.
2. Seguido el proceso penal, mediante sentencia definitiva de veintiocho de agosto del año dos mil, el juez condenó a Persona “A” a cuarenta y cuatro años, tres meses de prisión. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal interpuso recurso de apelación y el tribunal aumentó la pena a noventa y cuatro años y seis meses de prisión.
3. En dos mil once, Persona “A” promovió juicio de amparo directo, que se registró con el número de expediente Tercer número de expediente del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; este órgano judicial le concedió el amparó para efecto de que se desahogaran los careos ofrecidos por el procesado en relación con los señores Persona “E” y Persona “F”.
4. El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, el Juez Vigésimo Tercero Penal de la Ciudad de México dictó sentencia definitiva en la que absolvió a Persona “A” de la acusación formulada en su contra, ordenando su absoluta e inmediata libertad. Esa decisión fue confirmada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el expediente Cuarto número de expediente.
5. Juicio ordinario civil. Persona “A” consideró que la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal obró ilícitamente, abusando del derecho que le asistía, al acusarlo como probable responsable del delito de homicidio calificado, por lo que el diez de julio de dos mil dieciocho, por su propio derecho y en representación tanto de su esposa Persona “B” como de sus hijas Persona “C” y Persona “D”, ambas de mismos apellidos, demandaron de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, las siguientes prestaciones con fundamento en términos del artículo 1927 del Código Civil para el Distrito Federal:(2)
a) Prestaciones relacionadas con Persona “A”:
• $Primera cantidad de dinero (Cantidad de dinero en letra) más el pago de intereses correspondientes, por la imposibilidad de ejecutar labores en el periodo comprendido entre el 14 de noviembre de 1999 al 3 de mayo de 2017.
• $Segunda cantidad de dinero (Cantidad de dinero en letra) como consecuencia del pago de servicios legales profesionales.
• $Tercera cantidad de dinero (Cantidad de dinero en letra), más el pago de intereses por concepto de daño moral.
• El pago de tratamiento psicológico por daño emocional; y,
• El pago de gastos y costas
b) Prestaciones relacionadas con Persona “B” (esposa):
• $Mismo monto de la tercera cantidad de dinero (Cantidad de dinero en letra) más el pago de intereses por concepto de daño moral.
• El pago de tratamiento psicológico por daño emocional; y,
• El pago de gastos y costas.
c) Prestaciones relacionadas con Persona “C” (hija):
• $Mismo monto de la tercera cantidad de dinero (Cantidad de dinero en letra) más el pago de intereses por concepto de daño moral.
• El pago de tratamiento psicológico por daño emocional; y,
• El pago de gastos y costas.
d) Prestaciones relacionadas con Persona “D” (hija):
• $Mismo monto de la tercera cantidad de dinero más el pago de intereses por concepto de daño moral.
• El pago de tratamiento psicológico por daño emocional; y,
• El pago de gastos y costas.
6. El Juez Trigésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México admitió la demanda y la registró bajo el número de expediente Quinto número de expediente. La entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México contestó la demanda alegando, en lo que interesa, que no se señaló si la conducta de los agentes de la policía judicial fue dolosa o culposa para efectos del artículo 1927 del Código Civil para el Distrito Federal vigente al momento de los hechos. También alegó que las actuaciones de la entonces Procuraduría no fueron indebidas o irregulares porque se actuó en ejercicio de sus facultades constitucionales de investigación de delitos.
7. Sentencia. Mediante sentencia de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el Juez determinó que las pruebas ofrecidas por el actor demostraron de manera plena el actuar ilícito de la entonces Procuraduría al llevar actos jurídicos para privarlo de la libertad y su eventual encarcelamiento. Lo anterior, mediante probanzas dudosas, pero suficientes para integrar una averiguación previa y considerar así al actor como probable responsable de una conducta ilícita, trayendo como consecuencia que el órgano jurisdiccional iniciara un proceso penal en su contra.
8. Por ello, el Juez consideró que se actualizaron los supuestos del artículo 1912 del Código Civil para el Distrito Federal:(3) 1) existió el ejercicio de un derecho (la orden de aprehensión, la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal); 2) la intención dañina en el ejercicio del derecho (al ofrecer elementos probatorios para que se ejerciera acción penal en su contra); 3) la ausencia de utilidad para el titular de ese derecho (a pesar de que no se tenían los elementos probatorios suficientes, se ejerció acción penal en su contra por el delito de homicidio calificado con la intención de causarle un daño), y, 4) el perjuicio ocasionado a otras personas (la afectación a las emociones y patrimonio de su esposa e hijas). Los puntos resolutivos de la sentencia fueron los siguientes:
PRIMERO.- El Suscrito ha sido competente para conocer y resolver la presente controversia.
SEGUNDO.- Ha sido procedente la vía ordinaria civil intentada, en donde la parte actora justificó su acción y la demandada no acreditó sus excepciones y defensas; en consecuencia:
TERCERO.- Se condena a la demandada PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, a pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de $Primera cantidad de dinero en número (Primera cantidad de dinero en letra m.n.), por concepto de perjuicios o lucro cesante, en razón de la imposibilidad que tuvo PERSONA “A” de realizar labores remuneradas en el periodo comprendido del catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve al tres de mayo de dos mil diecisiete, que deberá pagar dentro del término de CINCO DÍAS siguientes a que la presente resolución haya quedado firme o sea legalmente ejecutable, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa; más los intereses legales correspondientes, mismos que se cuantificarán en ejecución de sentencia mediante el incidente correspondiente.
CUARTO.- Se condena a la demandada PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, a pagar a la parte actora o a quien su derechos represente, la cantidad de $Segunda cantidad de dinero en número (Segunda cantidad de dinero en letra m.n.), por concepto de servicios profesionales erogados, que deberá pagar dentro del término de CINCO DÍAS siguientes a que la presente resolución haya quedado firme o sea legalmente ejecutable, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se procederá a su ejecución forzosa.
QUINTO.- Se condena a la demandada PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, a pagar a PERSONA “A”, PERSONA “B”, PERSONA “C” Y PERSONA “D”, o a quien sus derechos representen, la cantidad de $Tercera cantidad de dinero en número (Tercera cantidad de dinero en letra M.N.), a cada uno y en forma independiente; por concepto de reparación del daño moral acreditado en el presente juicio.
SEXTO.- Se condena a la demandada PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, a pagar a PERSONA “A”, PERSONA “B”, PERSONA “C” Y PERSONA “D”, o a quien sus derechos representen, la cantidad que resulte, por concepto de Tratamiento Psicológico, a cada uno y en forma independiente; previa acreditación que hagan de dicho tratamiento con la documentación respectiva, el cual se cuantificará y liquidará en ejecución de sentencia, a través del incidente respectivo.
SÉPTIMO.- Se hace especial condena en costas en esta instancia.
OCTAVO.- NOTIFÍQUESE.
9. Recurso de apelación (Primer número de expediente). Inconforme, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México interpuso recurso de apelación. Mediante sentencia definitiva del diez de mayo de dos mil veintitrés, la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México modificó la sentencia de primera instancia. Específicamente, la Sala absolvió a la parte demandada de la prestación por concepto de servicios profesionales en favor de Persona “A” bajo las siguientes consideraciones:
• En primer lugar, consideró que era infundada la excepción de existencia de un litisconsorcio pasivo necesario porque en ningún momento la parte actora demandó prestación alguna a autoridad distinta de la demandada, ni solicitó que fuera llamada a juicio otra autoridad.
• La Sala mencionó que era inexacto que debía regir el artículo 1927 del Código Civil para el Distrito Federal porque las conductas ilícitas se prolongaron hasta dos mil diecisiete. Determinó que no se debía aplicar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal porque ese ordenamiento obedece a la actividad administrativa irregular, por lo que excluye los daños causados por la actividad regular y los elementos de dolo e ilicitud en la actuación de un servidor público. Mencionó que, para efectos de ese ordenamiento, la actuación irregular se refiere a todo aquello que desatiende las condiciones normativas o los parámetros creados por la propia administración, cobrando relevancia la intervención de un servidor público y para su demostración no es necesario invocar cuestiones de ilicitud o dolo. La Sala apoyó lo anterior, en la tesis aislada I.9o.C.80 C(4) y P./J. 42/2008.(5)
• Además, mencionó que no se reunieron los elementos personales necesarios para establecer que se ejerció una acción fundada en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. Ello, ya que reclamó las prestaciones de la demandada como institución, no por el actuar de algún servidor público en particular.
• Ante tales circunstancias, la Sala determinó que era aplicable la última parte del artículo 1927 en el sentido de que, no habiendo una causa de pedir basada en una actividad administrativa irregular como en el caso concreto, el Estado tendrá la obligación de responder del pago de los daños causados por sus empleados y servidores públicos con motivo del ejercicio de las atribuciones que les estén encomendadas en términos de ley. Lo anterior, como lo hizo el Juez de primera instancia por el abuso de un derecho en términos del artículo 1912 del propio ordenamiento.
• Determinó que no operaba ningún principio de subsidiariedad para demandar primero a algún funcionario público porque por disposición expresa del artículo invocado, el Estado tiene la obligación de responder del pago de daños con motivo del ejercicio de las atribuciones encomendadas. Así, el Estado se vuelve responsable directo de los daños que los operadores generen a las personas con su actividad.
• Declaró inoperante el agravio consistente en que se aplicó incorrectamente el artículo 1912 del Código Civil para el Distrito Federal porque el Juez no estudió el elemento subjetivo de la acción por abuso de derecho: la intención de producir un daño. A decir de la Fiscalía, no se demostró porque ejerció la acción penal conforme a sus facultades y con base en pruebas que fueron aceptadas y calificadas por el Juez penal, por lo que no actuó de mala fe. Sin embargo, la Sala determinó que fue acertado que el Juez tuviera por cumplidos los elementos de la acción de perjuicios y lucro cesante con base en el artículo 1912 del Código Civil para el Distrito Federal. Entre ellos, la intensión dañina del ejercicio de un derecho al ofrecer pruebas para proceder contra el actor, ejercer acción penal en su contra y justificar la privación de la libertad.
• Recordó que la Fiscalía afirmó que la responsabilidad de la inconforme solo se podía configurar sobre daños causados por un actuar irregular. Sin embargo, la Sala declaró infundado ese agravio porque la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal tiene características propias, que no son las que se resuelven en el juicio civil, las cuales tienen su sustento en el artículo 1912 del Código Civil para el Distrito Federal. Ese artículo, regula la acción indemnizatoria basada en el ejercicio abusivo de un derecho, independiente de la responsabilidad patrimonial del Estado por actividad irregular de sus servidores públicos.
• Consideró que no era relevante para demostrar los elementos de la acción, que el actor esperara once años para promover el amparo directo por el que fue absuelto. Esa circunstancia solamente demostró que a pesar del transcurso de tiempo el actor contó con un instrumento eficaz para lograr la absolución.
• Mencionó que el agravio de la Fiscalía donde mencionó que la absolución de la parte actora no implicaba por sí mismo el derecho a recibir una indemnización por daño moral porque la Fiscalía no fue quien lo condenó, era infundado. Lo anterior, ya que las pruebas sobre las cuales se basó el ejercicio de la acción penal fueron consideradas como insuficientes y dudosas 20 años después.
• La Sala determinó que el agravio relativo a que no le era atribuible a la Fiscalía la privación de la libertad porque carecía de facultades para emitir órdenes de aprehensión o pronunciarse sobre la responsabilidad del imputado, era infundado. Ello, ya que el punto de partida de dichas afectaciones fue el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía.
• Finalmente, la Sala declaró fundado el argumento relativo a la condena por servicios profesionales, porque la exhibición de un contrato de prestación de servicios profesionales era insuficiente para que la actora corrobore su pretensión. Mencionó que ese contrato se reduce a un acuerdo de voluntades que vincula al cliente y al prestador de servicios profesionales, no así a la demandada para que satisfaga la cantidad aludida. En su lugar, eran aplicables las disposiciones relativas a las costas procesales.
10. Amparo directo Sexto número de expediente. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México promovió un juicio de amparo directo y el asunto se registró con el número Sexto número de expediente del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. La parte quejosa expresó los siguientes conceptos de violación:
• Primero. Mencionó que fue incorrecto estimar infundadas las excepciones hechas valer. La absolución del tercero interesado no se decidió con base en actuaciones ilícitas, sino que fue producto del valor probatorio que se otorgó a los testigos con base en la sentencia del Juez de Distrito.
Alegó que las actuaciones del personal de la entonces Procuraduría no podían calificarse como ilegales o irregulares porque su función regular durante la integración de la averiguación previa consistía en realizar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado para ejercer acción penal. Además, mencionó que esas diligencias se encuentran dentro de sus facultades constitucionales, por lo que no se debía atribuir actividad irregular. De lo contrario, el solo hecho de que los jueces emitan una sentencia absolutoria implicaría que se otorgue una indemnización. Al respectó citó la tesis 2a. CX/2016 (10a.).(6) Además, durante todo el tiempo que duró el proceso para nadie resultó evidente la inocencia del tercero interesado.
Alegó que si el tercero interesado esperó once años para promover amparo directo no se le puede atribuir a la Fiscalía su inactividad.
• Segundo. La Fiscalía alegó que el asunto se debía regir por el texto del artículo 1927 del Código Civil para el Distrito Federal vigente al momento de la detención del tercero interesado. Dicho precepto exigía que, para acreditar la responsabilidad subjetiva e indirecta de la quejosa, primero se demostrara la responsabilidad directa de alguno de sus servidores públicos por la comisión de un acto ilícito en el ejercicio de sus funciones.
Mencionó que el análisis de esa cuestión era clave para la resolución del asunto, pero la sentencia reclamada no analizó los elementos de la acción a partir de dicha norma. Por el contrario, afirmó que el caso era responsabilidad directa del Estado sin que se acreditara la responsabilidad de la Fiscalía por la ilicitud de la conducta de sus servidores públicos.
• Tercero. La Fiscalía alegó que contrario a lo que se sostuvo en la sentencia reclamada, el artículo 1912 del Código Civil para el Distrito Federal no era aplicable al caso concreto. Lo anterior, ya que la entonces Procuraduría no actuó en ejercicio de algún derecho, sino en ejercicio de sus facultades y atribuciones de investigación que le son conferidas por el artículo 21 Constitucional, así como por su propia normatividad.
• Mencionó que la indebida valoración de la prueba al adecuarla al tipo penal no significaba que existiera una intensión notoria de dañar, sino que era una interpretación equivocada sobre su alcance y valor demostrativo. Por ello, dijo que no se actualizó una conducta lesiva, ni un abuso del ejercicio de un derecho como sostuvieron las sentencias de primera y segunda instancia. El ejercicio de la acción penal no fue doloso o con la intensión de causar daño sino que se trató de una prueba dudosa, lo que no era suficiente para demostrar malicia.
• Alegó que las pruebas que tenía la entonces Procuraduría eran suficientes para lograr la orden de aprehensión, el auto de formal prisión, la condena en primera instancia y su confirmación. De ahí que el ejercicio de la acción penal con las pruebas recabadas, no podía considerarse como un acto doloso o delictivo. Bajo esa premisa, mencionó que la responsabilidad que se le podría atribuir a Fiscalía era únicamente respecto de los daños que causara a los particulares con motivo de un actuar irregular, por una acción u omisión que incumpla con las obligaciones legales establecidas por el funcionamiento defectuoso de un servicio. Incluso, la sentencia condenatoria no fue dictada por la entonces Procuraduría al no estar dentro de sus facultades.
• Señaló que en el caso hubo un cambio de criterio respecto al estándar para valorar las pruebas, especialmente las declaraciones de los testigos mencionados. Al dictarse la sentencia, se modificó el enfoque de prueba plena, por lo que dichas declaraciones dejaron de ser idóneas y suficientes para acreditar la responsabilidad penal ni sustentar una condena contra el tercero interesado, motivo por el cual se ordenó su inmediata libertad.
• Mencionó que tampoco existió un nexo causal entre la actuación de la Fiscalía y la generación del daño, por lo que era imposible tener por acreditada la acción de responsabilidad civil extracontractual por daño moral. Finalmente, mencionó que no existió un razonamiento de la esposa y las hijas de Persona “A”, para justificar cómo la privación de la libertad de su familiar afectó sus vidas, de tal manera que sea congruente con la cantidad que se fija por concepto de indemnización.
11. Demanda de amparo adhesivo. Persona “A” por propio derecho y como representante común de Persona “B”, Persona “C” y Persona “D”, estas dos de mismos apellidos, presentó amparo adhesivo. En sus conceptos de violación alegó esencialmente lo siguiente:
• Primero. Alegó que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la demanda principal se presentó de manera extemporánea. Lo anterior, ya que la contraparte confesó plenamente que tuvo conocimiento de la resolución reclamada el diez de mayo de dos mil veintitrés.
• Segundo. La parte quejosa adherente alegó que el primer concepto de violación carecía de lógica porque no se ejerció acción en contra del Ministerio Público, sino contra agentes judiciales en aquel tiempo.
• Tercero. También alegó que el quejoso realizó aseveraciones incorrectas sobre el contenido de la sentencia reclamada. Tampoco existía la posibilidad de combatir en esta instancia el material probatorio y la sentencia absolutoria demuestra plenamente la falsedad de las aseveraciones en su contra.
• Cuarto. Finalmente, mencionó que el quejoso se dolió de forma ilógica de la cuantificación de los daños porque ésta se realizó a partir de una prueba pericial a cuyo desahogo no asistió la contraparte. El quejoso tampoco ofreció perito en materia de psicología y valuación, por lo que no podía inconformarse al respecto.
12. Ejercicio de la facultad de atracción. En sesión de nueve de febrero de dos mil veinticuatro, el Tribunal Colegiado determinó solicitar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción para conocer del amparo directo Sexto número de expediente. El Tribunal Colegiado consideró que la Suprema Corte podría esclarecer si la vía ordinaria civil es idónea para que el particular ejerza acción resarcitoria por responsabilidad civil y reclame indemnizaciones por daño material o moral directamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
13. Además, que la Corte podría determinar si es posible incorporar la actuación de la Fiscalía en las hipótesis previstas en los artículos 1912 y 1927 del Código Civil para el Distrito Federal, si la intención del afectado fue además plantear una actividad irregular del Estado. Lo anterior, tomando en cuenta que no existe jurisprudencia de la Suprema Corte al respecto.
14. La solicitud se registró con el número de expediente 806/2024 y en sesión de doce de junio de dos mil veinticuatro, la extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó sentencia en la que determinó atraer el asunto al considerar que se cumplía con los requisitos de interés y trascendencia.(7)
15. Consideró que la resolución del asunto podría continuar con su doctrina jurisprudencial sobre la reparación integral como derecho humano y se podría determinar si es necesario que se acredite el dolo para que se actualice la figura del abuso de derecho. Además, se podría determinar si el ejercicio de una facultad por parte de una autoridad puede constituir un abuso de derecho en términos del artículo 1912 del Código Civil para el Distrito Federal, o si se trata de un hecho ilícito en el que solo pueden incurrir los particulares.
16. También, consideró que se podría resolver cuándo un Ministerio Público puede incurrir en actividad administrativa irregular y cuándo en un abuso de derecho. Finalmente, mencionó que se podría determinar si la absolución de una persona puede constituir un indicio suficiente de que se cometió un abuso de derecho y, en consecuencia, surge la obligación de reparar al procesado.
17. Trámite. Posteriormente, mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil veinticuatro, la Presidencia de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente como juicio de amparo directo 21/2024 y turnarlo al Ministro en retiro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
18. Returno. Mediante acuerdo presidencial de dos de septiembre de dos mil veinticinco, se ordenó returnar el asunto al Ministro Arístides Rodrigo Guerrero García.
II. COMPETENCIA
19. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40, de la Ley de Amparo y 16, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, en relación con el punto Segundo, fracción III, del Acuerdo General 2/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de tres de septiembre de dos mil veinticinco, al tratarse de un amparo directo que por su interés y trascendencia fue atraído para su conocimiento por la extinta Primera Sala, en la sesión de doce de junio de dos mil veinticuatro.
III. OPORTUNIDAD
20. Como en el amparo adhesivo se planteó la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo,(8) relativa al consentimiento tácito del acto reclamado, en este apartado se analizará el planteamiento correspondiente, pues la procedencia del juicio es un aspecto de orden público que debe analizarse de forma preferente.
21. En el primer concepto de violación, la parte quejosa adhesiva alega que la Fiscalía confesó que tuvo conocimiento de la sentencia reclamada el diez de mayo de dos mil veintitrés, surtiendo efectos al día siguiente (once de mayo). De tal manera que el plazo para promover el amparo transcurrió del doce de mayo al primero de junio de dos mil veintitrés.
22. Con base en ese cómputo, la parte quejosa adhesiva concluye que, si la demanda de amparo se presentó el dos de junio de dos mil veintitrés, es claro que ya había transcurrido el plazo de quince días con que contaba la Fiscalía para promover el juicio, por lo que la sentencia reclamada es un acto consentido.
23. Este argumento es infundado y no se actualiza la causa de improcedencia que propone la parte quejosa adherente.
24. Las constancias que remitió la autoridad responsable son relevantes para este análisis, pues informan la fecha en que se notificó a la parte quejosa la sentencia reclamada, tal es el caso de las siguientes:
a) Copia de la sentencia que se combate, en la que en su página final se hizo constar que el “11 de mayo de 2023 se hizo la publicación de Ley” y que “En 12 de mayo de 2023 surtió efectos la notificación anterior”.(9)
b) La certificación que realizó la autoridad responsable con fundamento en el artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que la sentencia reclamada se notificó el once de mayo de dos mil veintitrés y que surtió efectos el doce siguiente.(10)
25. Esos elementos corroboran, además, el contenido de la demanda de amparo, en la que la Fiscalía expresamente reconoció que la sentencia reclamada le fue notificada el once de mayo de dos mil veintitrés.(11)
26. Entonces, si la sentencia reclamada fue notificada a la quejosa principal el once de mayo de dos mil veintitrés por boletín judicial, surtió efectos al día siguiente en términos del artículo 125 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,(12) hoy Ciudad de México, por lo que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo(13) para la presentación de la demanda transcurrió del quince de mayo al dos de junio de dos mil veintitrés, descontando del cómputo los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho, todos de mayo, por haber sido inhábiles, al ser sábados y domingos.
27. Como la demanda fue presentada el dos de junio de dos mil veintitrés, es oportuna y, como se adelantó, no se actualiza la causa de improcedencia que propuso la quejosa adhesiva.
28. Por otra parte, se considera que el amparo adhesivo se promovió oportunamente, pues la admisión de la demanda de amparo fue notificada a los terceros interesados el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, surtiendo efectos el día treinta siguiente. Por ello, el plazo de quince días para presentar el amparo adhesivo conforme al artículo 181 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta y uno de agosto al veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Por lo que si el amparo adhesivo se presentó el dieciocho de septiembre del mismo año, es oportuno.
IV. LEGITIMACIÓN
29. La demanda de amparo directo fue presentada por Antonio Pineda Corona, representante legal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la demanda de amparo adhesivo fue presentada por Persona “A”, por propio derecho y en representación de su esposa Persona “B” y de sus hijas Persona “C” y Persona “D”, ambas de apellido Apellido de las Personas “C” y “D”. Por ello, se les reconoce personalidad en términos del artículo 11, párrafo segundo de la Ley de Amparo porque así se le reconoció en los autos del juicio ordinario civil Quinto número de expediente.
V. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO
30. La existencia del acto reclamado se acre
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34126-c03cdf44/indemnizacion-por-actividad-irregular-del-ministerio-publico-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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