RECURSO DE APELACIÓN PREVENTIVA DE TRAMITACIÓN CONJUNTA. EL ARTÍCULO 312, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE COLIMA RESPETA LOS DERECHOS HUMANOS A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 5040/2024. 11 DE NOVIEMBRE DE 2025. MAYORÍA DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, QUIEN SE SEPARA DE CONSIDERACIONES, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. DISIDENTE: GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: ALEHLÍ ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Dos personas promovieron juicio sumario civil en contra de otra, en el que demandaron, en esencia, la acción de división de cosa común y servidumbre legal de paso.
Seguido el juicio en sus etapas, el juez de origen dictó sentencia en la que declaró procedente dicha acción y condenó a la parte demandada a cumplir con las prestaciones reclamadas excepto al pago de gastos y costas.
Inconforme, la parte demandada interpuso recurso de apelación y la parte actora apelación adhesiva; previa integración de los medios de defensa, se modificó el fallo para condenar al demandado al pago de gastos y costas.
En desacuerdo, el demandado promovió juicio de amparo directo en el que el Tribunal Colegiado declaró fundados algunos conceptos de violación y concedió el amparo únicamente para lo relacionado al pago de gastos y costas.
Contra esa resolución el quejoso interpuso recurso de revisión y la parte tercera interesada revisión adhesiva.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de noviembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 5040/2024 relativo al medio de impugnación interpuesto contra la resolución dictada el dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, en el juicio de amparo directo ****.
El problema por resolver radica en determinar si el recurso de revisión es procedente y, en su caso, analizar la inconstitucionalidad del artículo 312, párrafo sexto, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.(1)
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Juicio sumario. En dos mil veinte **** por propio derecho y como apoderado de **** a través de la vía civil sumaria demandaron de **** entre otras cosas, la acción plenaria de acción de división de cosa común y servidumbre legal de paso. De la demanda conoció el Juez Segundo Mixto Familiar y Civil del Tercer Primer Partido Judicial del Estado de Colima quien la admitió a trámite el veinticinco de junio de dos mil veinte bajo el número de expediente ****.
2. Posteriormente **** demandó de **** y ****, en la parte que nos interesa, la acción de división de cosa común y responsabilidad extracontractual. Del asunto conoció el Juez Primero Mixto Familiar y Civil del Tercer Primer Partido Judicial del Estado de Colima, quien lo admitió a trámite en el expediente ****.
3. Se ordenó la acumulación de este último al expediente **** y seguidas las etapas procesales, el juez del conocimiento dictó sentencia el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en la que, en esencia, declaró procedente la acción promovida por **** por propio derecho y como apoderado de ****; la división de cosa común en los términos pactados en el convenio y reclamadas en la demanda y, por consecuencia, la constitución de la servidumbre de paso y maniobras por declaración judicial, así como su inscripción en la institución pública registral; no así, el pago de gastos y costas y la acción de daños y perjuicios.
4. Recurso de apelación. Inconformes con lo anterior, **** por conducto de su autorizado, así como **** y ****, interpusieron recurso de apelación el primero de los mencionados y apelación adhesiva los dos restantes, de los que resolvió la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima mediante la sentencia dictada en el toca ****, determinando modificar el fallo apelado únicamente para condenar al pago de gastos y costas al demandado, pues respecto de los argumentos vertidos en relación a la calificación de posiciones, la Sala determinó lo siguiente:
(...)
“se estima así, del análisis efectuado a las constancias que integran el expediente principal, tomo II, de la prueba confesional de posiciones admitida a la parte actora a cargo del demandado en autos principales en la controversia CUIE **** y su acumulada CUIE ****, ya que, de una parte, omite identificar y mencionar en su inconformidad cada una de las posiciones referidas, correspondiendo a una carga del impugnante para el análisis respectivo, y lo cual no permite adentramos (sic) a su estudio; y, por la otra, porque para abordada (sic) como violación procesal, era necesaria su preparación para el posible examen en el recurso interpuesto contra el fallo de fondo, (sentencia definitiva) la interposición del recurso idóneo en contra de la calificación de las posiciones, a los efectos se estimaría como una violación procesal examinable a través del presente recurso como lo dispone el artículo 312, párrafo sexto del CPCC, de que contra la calificación de posiciones procede el recurso de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, sin advertirse la interposición del medio ordinario señalado.”(2)
(...)
5. Juicio de amparo directo. Contra la sentencia indicada, ****, promovió amparo directo del que correspondió el conocimiento al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, mismo que, lo admitió a trámite en el expediente ****.
6. Cabe señalar que, a título de conceptos de violación la parte quejosa alegó diversas cuestiones, sin embargo, los relacionados con planteamiento de constitucionalidad, son en esencia, los argumentos siguientes:
• El acto reclamado viola los artículos 14, 16, 17 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque transgrede los derechos de audiencia, debido proceso, legalidad y acceso a la justicia al no analizar las posiciones que resultaron insidiosas bajo el argumento de no haber promovido una apelación preventiva de tramitación conjunta con la definitiva.
• La Sala responsable fundó su decisión en el articulo 312, párrafo sexto, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, siendo a su parecer inconstitucional pues violenta los derechos de debido proceso y audiencia al supeditar el estudio de una violación al procedimiento que trasciende al sentido del fallo por simples formalismos, máxime que no realizó una interpretación conforme pues, debía darle prevalencia a los derechos mencionados y no así al contenido de una norma secundaria.
• El articulo 312 párrafo sexto, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima es contrario a los artículos 1°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos pues la existencia de la apelación preventiva impide la administración de justicia al impedir el estudio de los argumentos hechos valer contra una violación al procedimiento.
• Dicha norma quebranta el artículo 107 de la Constitución Federal y el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la institución del juicio de amparo directo, dado que esta instancia constitucional procede contra las violaciones al procedimiento que trascienden al sentido del fallo, y que las mismas solamente se pueden hacer valer contra la sentencia definitiva, y que prevalece el principio de definitividad, es decir que se debe agotar el recurso ordinario en el que se deben valer tales violaciones.
7. Sentencia recurrida. El dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro el tribunal del conocimiento dictó sentencia en el expediente A.D. ****, en la que concedió el amparo únicamente respecto al pago de daños y perjuicios y no así, por lo relacionado al artículo en cuestión al considerar infundados e inoperantes sus conceptos de violación, en esencia, por las razones siguientes:
• El artículo 312 establece expresamente la apelación preventiva de tramitación conjunta, como medio idóneo para impugnar la calificación de posiciones, por lo que, al no haberse interpuesto dicho recurso, se actualiza el principio de definitividad, que impide al amparo sustituir los medios ordinarios de defensa.
• El precepto no es inconstitucional ni inconvencional, pues persigue fines legítimos: la concentración procesal y la celeridad en los juicios, evitando dilaciones y reposiciones innecesarias.
• Incluso suponiendo que existiera una irregularidad procesal, ésta no trasciende al resultado del fallo, ya que la sentencia se sustentó en las obligaciones asumidas por las partes en el convenio celebrado y no en la prueba confesional cuestionada.
8. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia de amparo, el quejoso interpuso recurso de revisión en el que formuló diversos argumentos a título de agravios, los cuales, en la parte que nos interesa, son:
PRIMERO. El Tribunal Colegiado es omiso en incorporar al caso la perspectiva de envejecimiento o de persona mayor como herramienta de análisis, pues al tratarse de una persona adulta mayor debió reconocer su condición de vulnerabilidad.
SEGUNDO. La sentencia avala indebidamente la aplicación del artículo 312, párrafo sexto, del Código de Procedimientos Civiles de Colima, que exige promover una apelación preventiva para que proceda la revisión de determinados agravios, lo que constituye un formalismo inútil e inconstitucional que obstaculiza la justicia y la tutela judicial efectiva, esto en contravención de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución, así como de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
TERCERO. El colegiado negó remitir el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el argumento de que el tema a tratarse en la atracción podría revisarse posteriormente en recurso de revisión, lo cual es violatorio del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. El Tribunal Colegiado, violenta la división de poderes locales prevista en el artículo 116 constitucional y ratificada en la Constitución del Estado de Colima, soslayando la invasión de facultades del Órgano Ejecutivo por parte de los órganos jurisdiccionales civiles, al permitir que un acto de naturaleza privada pueda modificar un acto constitutivo, eficaz, exigible y ejecutivo emitido por el Gobernador del Estado de Colima y el Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo de dicho Estado.
QUINTO. El Pleno de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia de Colima y el Tribunal Colegiado A Quo carecían de facultades para modificar o dejar sin efecto los actos administrativos del Cabildo y del Gobernador de Colima, lo cual viola los artículos 16, 17, 107 y 116 constitucionales, además de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
SEXTO. El tribunal consideró que la condición suspensiva caducó o resultó ineficaz; sin embargo, conforme a los artículos 1830 y 1837 del Código Civil de Colima, lo que caduca es la obligación, no la condición, y la obligación de constituir una servidumbre de paso nunca nació o ya no es exigible, por lo que, al imponer una obligación inexistente o caduca, se vulneran los derechos de propiedad y se invade la competencia administrativa.
SÉPTIMO. La sentencia impone una limitación al derecho de propiedad sin causa legal al obligar a constituir una servidumbre de paso no autorizada en el plano E1 ni en los programas parciales de urbanización, lo cual es contrario a los artículos 22 y 27 constitucionales y viola el derecho a la propiedad.
OCTAVO. El Tribunal A Quo modificó indebidamente la litis, al suponer que la servidumbre debía “construirse”, cuando el convenio solo la contemplaba como área de amortiguamiento y maniobras, omitiendo valorar pruebas documentales (plano E1, contrato de arrendamiento, comprobantes de gastos) que acreditaban el uso indebido de su predio por la contraparte, vulnerando el derecho de defensa, debido proceso y acceso a la justicia.
9. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, la entonces Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo al amparo directo en revisión 5040/2024; lo admitió a trámite, ordenó su radicación en la extinta Primera Sala y turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.
10. Recurso de revisión adhesiva. Mediante escrito presentado el dos de julio del dos mil veinticuatro ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, la parte tercera interesada en el juicio de amparo interpuso recurso de revisión adhesiva.
11. Avocamiento. En auto de tres de octubre de dos mil veinticuatro la entonces Ministra Presidenta de la Primera Sala, se avocó al conocimiento del asunto y ordenó remitir los autos a su ponencia.
12. Al haber concluido las sesiones y funciones de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto se listó para que fuera resuelto por el Pleno de este Alto Tribunal.
I. COMPETENCIA
13. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX,(3) de la Constitución Federal; 81, fracción II,(4) de la Ley de Amparo; y 16, fracción IV,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.
II. OPORTUNIDAD
14. La sentencia recurrida se notificó a la parte recurrente el treinta y uno de mayo de dos mil veinticuatro; por tanto, surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el día tres de junio de la anualidad indicada. Por consiguiente, el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo(6) para interponer recurso de revisión transcurrió del cuatro al diecisiete de junio del año referido.
15. En la inteligencia de que el ocho y nueve de junio de dos mil veinticuatro fueron sábado y domingo, respectivamente, días inhábiles conforme a los artículos 19 de la Ley de Amparo(7) y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(8) si el recurso de revisión se interpuso el doce de junio de dos mil veinticuatro es inconcuso que se hizo valer oportunamente.
III. LEGITIMACIÓN
16. La Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que ****, por conducto de ****, cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión relativo, ya que tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo del cual deriva el medio de impugnación materia de este expediente y la persona referida en segundo término fue reconocida(9) como su apoderado.
17. Por otro lado, **** y ****, cuentan con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión adhesiva, al ser la parte tercera interesada en el juicio de amparo directo ****.
IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO
18. Esta Suprema Corte considera que el asunto amerita un estudio de fondo, en virtud de que reúne los requisitos necesarios de procedencia; lo que se corrobora de las razones siguientes:
19. En principio, el recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(10) así como en el Punto Primero del Acuerdo General 9/2015(11) emitido el ocho de junio de dos mil quince por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
20. Luego, de la interpretación de dichos preceptos jurídicos se advierte que las resoluciones emitidas en juicios de amparo directo no admiten recurso alguno salvo que se actualicen dos requisitos.
21. El primero de aquellos se refiere a la necesidad de que en las sentencias recurridas se:
a. Decida sobre la constitucionalidad de normas generales;
b. Establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos fundamentales establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; o,
c. Se omita dicho estudio cuando se hubiese planteado en la demanda de amparo.
22. De la lectura a los incisos anteriores se advierte que las hipótesis de procedencia son alternativas, es decir, basta que se dé una u otra para que, en principio, proceda el recurso de revisión en amparo directo.
23. Además, para efectos de la procedencia del recurso señalado se tiene que considerar que antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno debía analizarse si los referidos temas de constitucionalidad entrañaban la fijación de un criterio de interés excepcional, lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 9/2015 emitido el ocho de junio de dos mil quince por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo Punto Segundo sostiene que un asunto permitirá fijar un criterio de interés excepcional cuando:
I) Se trate de la fijación de un criterio novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional; o,
II) Las consideraciones de la sentencia recurrida entrañen el desconocimiento u omisión de los criterios emitidos por la Suprema Corte referentes a cuestiones propiamente constitucionales.
24. Por lo tanto, como se indicó, el once de marzo de dos mil veintiuno se reformó el artículo 107, fracción IX,(12) constitucional y en ese precepto se estableció que el recurso de revisión en amparo directo es procedente cuando a juicio de este Alto Tribunal el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
25. De la exposición de motivos respectiva se obtiene que dicha reforma tuvo como propósito apuntalar el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano constitucional permitiendo que enfoque sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional.
26. Es decir, se modificó el artículo 107, fracción IX, constitucional a efecto de darle mayor discrecionalidad para conocer del recurso de revisión en amparo directo, únicamente, cuando a su juicio el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
27. Por lo que se fortaleció la naturaleza excepcional del recurso de revisión tratándose de juicios de amparo directo. Es decir, que por mandato constitucional se reservó la posibilidad de recurrir a las sentencias dictadas por un Tribunal Colegiado de Circuito sólo en los casos en que subsista un genuino problema de constitucionalidad excluyendo la posibilidad de revisar los problemas jurídicos de mera legalidad en los cuales los referidos órganos colegiados son terminales.
28. Bajo este marco contextual, el presente recurso de revisión es procedente, ya que en la demanda de amparo el quejoso planteó la inconstitucionalidad del artículo 312, párrafo sexto, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, al considerarlo violatorio de los derechos humanos a la tutela judicial efectiva, al recurso efectivo y al debido proceso.
29. Se considera que el presente asunto reviste las cualidades de interés excepcional, en atención a que es novedoso para el orden jurídico nacional analizar la regularidad constitucional de dicho precepto, por lo que hace al recurso de apelación preventiva de tramitación conjunta, en lo atinente a que condicionar el estudio de violaciones procesales a tal apelación, es violatoria del derecho fundamental de audiencia, debido proceso, legalidad y acceso a la justicia.
30. Expuesto lo anterior, el recurso de revisión intentado resulta procedente.
V. ESTUDIO DE FONDO
33. Precisada la procedencia del recurso de revisión se procede al análisis de los agravios que esgrimió el recurrente, los cuales se estudiaran de forma diversa a como fueron planteados.
31. En primer término se aborda el estudio del agravio identificado como primero, en el cual el recurrente aduce esencialmente, que el estudio del caso no se realizó con perspectiva de envejecimiento y que se debe tomar en consideración que pertenece a un grupo vulnerable por ser persona adulta mayor; sin embargo, esa afirmación es insuficiente, por ejemplo, para considerar que de manera automática opera la suplencia de la queja, pues lo anterior, sólo se actualiza cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser una persona adulta mayor ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia.
32. Al respecto, la otrora Primera Sala sostuvo que el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad e, incluso, es insuficiente para que en automático opere la suplencia de la queja, ya que es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica.(13)
33. Si bien, la citada Primera Sala se ha pronunciado en reconocer la necesidad de adoptar una perspectiva de derechos humanos aplicada a las personas mayores consistente en un sistema de reglas y principios que reconozca a la edad avanzada como una condición que pueda generar discapacidad o dependencia, en la que las personas mayores podrían no tener acceso al goce y ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones que el resto de la población; lo cierto es que el ser una persona adulta mayor no es sinónimo de ser vulnerable.(14)
34. En ese sentido, esta perspectiva de vejez deriva de la interpretación de las obligaciones adoptadas por el Estado Mexicano acerca de la tutela especial que podrían requerir las personas de edad avanzada en situación de vulnerabilidad a fin de que, las personas mayores puedan tener acceso a los servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía y dignidad. En términos similares se pronunció la extinta Primera Sala en el amparo directo en revisión 5612/2023.(15)
34. Por lo anterior, el agravio resulta inoperante, ya que se refiere a tema de legalidad que escapa de la materia de estudio del presente recurso. Sirve de sustento, la tesis de rubro: “REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, LOS AGRAVIOS DE MERA LEGALIDAD DEBEN DESESTIMARSE POR INEFICACES.”.(16)
35. En su agravio tercero asegura que se violentó el artículo 107, fracciones V, inciso d), párrafo segundo y VIII, inciso b), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que desde su óptica el asunto si cumplía con los supuestos para que fuera atraído por este Alto Tribunal.
36. El anterior agravio resulta inoperante, puesto que el ejercicio de la facultad de atracción es discrecional y no debe ejercerse en forma arbitraria o caprichosa, máxime que para ejercer dicha facultad, es necesario que se acrediten por un lado, los requisitos formales de procedencia consistentes en que I) la solicitud respectiva provenga de parte legitimada para ello y II) se trate de uno de los supuestos previstos en la fracción VIII, párrafo penúltimo, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, por el otro lado, los requisitos relativos al fondo o elementos valorativos, en cuanto a que el amparo directo o medio de impugnación correspondiente reúna de forma conjuntiva y no optativa los calificativos de “interés” y “trascendencia”.
37. Resultan aplicables las jurisprudencias número 1a./J. 27/2008, de título: “FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO,(17) y la diversa “FACULTAD DE ATRACCIÓN. NO BASTA QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD O CONVENCIONALIDAD DE UN DETERMINADO PRECEPTO LEGAL PARA SU EJERCICIO, SINO QUE ES NECESARIO QUE ESTA CIRCUNSTANCIA SE VEA COMPLEMENTADA CON ELEMENTOS QUE DOTEN AL CASO PARTICULAR DE UNA ESPECIAL IMPORTANCIA PARA EL ÁMBITO NACIONAL”.(18)
38. Sentado lo anterior, corresponde efectuar el estudio al agravio identificado como segundo, en el que el recurrente controvierte en esencia la inconstitucionalidad del artículo 312, párrafo sexto, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, al considerar que, el sistema de apelaciones preventivas contemplado en el citado artículo es violatorio del derecho de audiencia, debido proceso, legalidad y acceso a la justicia, ya que el referido sistema no permite un debido proceso, al escudarse en formalismos para no analizar las violaciones al procedimiento que transcienden al fondo del asunto -revisar las posiciones que resultan insidiosas-, por el simple hecho de no haber promovido una apelación preventiva de tramitación conjunta con la definitiva.
39. Ello, ya que a decir del quejoso la norma en cuestión pone un formalismo por encima de los derechos humanos, al condicionar que se atiendan los agravios de una apelación definitiva siempre y cuando se haya interpuesto una apelación con efecto devolutivo de tramitación conjunta con la definitiva -apelación preventiva-, pues lo que trasciende es que se hayan expresado los agravios en la apelación que se promueva contra la sentencia definitiva y resulta ilógico decir que no se obstaculiza la justicia con tal formalismo, pues finalmente lo que atiende el tribunal de alzada son los agravios que se formulan contra la sentencia definitiva.
40. También aduce que fue incorrecto que el Tribunal Colegiado declarara infundado su planteamiento tomando como base para sustentar su determinación la contradicción de tesis 217/2014(19) resuelta por la extinta Primera Sala, en la que se analizó si resultaba una carga excesiva que en la apelación preventiva en materia mercantil se exigiera la formulación de agravios en la definitiva a fin que la Sala estudiara los agravios de la preventiva y no los calificara de inoperantes; argumenta la parte recurrente que el citado precedente no era aplicable al caso, porque lo ahí resuelto no guarda relación con el concepto de violación planteado por su poderdante, puesto que lo expuesto es que se está anteponiendo un formalismo a la protección de los derechos humanos y no que sea una carga excesiva.
41. De este agravio se aprecia que, si bien el recurrente controvierte las consideraciones del Tribunal Colegiado para declarar infundados sus argumentos respecto de la inconstitucionalidad planteada, su real causa de pedir estriba en que el sistema de apelaciones preventivas contemplado en el artículo 312, párrafo sexto, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, en oposición a lo resuelto por el tribunal federal es inconstitucional, al ser contrario a los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal , 8º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que no permite la protección de los derechos de la persona, al prever un formalismo inútil, innecesario y absurdo obstaculizando la administración de la justicia, impidiendo el estudio de los argumentos hechos valer contra una violación al procedimiento que trascienden al sentido del fallo.
42. En efecto, el artículo tildado de inconstitucional, contempla el recurso de apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, coloquialmente llamado apelación preventiva, el cual tiene por objeto refutar actos de los que se duelen las partes durante el procedimiento, pero que a fin de no obstaculizar el curso procesal, se reserva su análisis hasta la apelación de la sentencia definitiva a fin de verificar si los agravios expuestos en la apelación preventiva trascienden de algún modo la sentencia dictada en definitiva.
43. Dicha apelación de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, está regulada dentro del Título Décimo Segundo relativo a los recursos, en el Capítulo I del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, que regula las revocaciones y apelaciones. En ese capítulo se prevé precisamente la reforma con la que en el año de dos mil nueve, el legislador pretendió hacer más eficientes y efectivos el sistema de recursos del procedimiento civil, y por la cual se establece que el objeto del recurso de apelación es que el tribunal ad quem revoque o modifique el auto o la sentencia recurridos o confirme la resolución apelada, el cual procede en efecto devolutivo o en ambos efectos.(20)
44. Legislación de la que destaca que tratándose de la apelación en efecto devolutivo, se contempla la tramitación inmediata o de tramitación preventiva, pues como distinguió el legislador, existen apelaciones que sí deben resolverse antes del dictado de la sentencia definitiva. Y por tanto, respecto a la primera se prevé que los agravios sí deberán expresarse al interponerse el recurso y se sustanciarán en los términos previstos en el artículo 690 de la legislación procesal citada.(21)
45. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima prevé determinados supuestos específicos en los que procede dicha tramitación inmediata en efecto devolutivo, entre ellos, se encuentran: (i) las resoluciones sobre la personalidad de las partes, salvo cuando se declare falta de personalidad no subsanable; (ii) la declaratoria de incompetencia oficiosa con remisión de autos; (iii) los autos que admiten o desechan pruebas cuando la sentencia definitiva sea apelable; (iv) las resoluciones dictadas en juicio sumario relativas a la personalidad o capacidad de las partes; y (v) las decisiones que recaen sobre la liquidación de sentenc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34045-8d3cbd93/recurso-de-apelacion-preventiva-de-tramitacion-conjunta-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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