INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL EN MATERIA FAMILIAR QUE FIJA LA PENSIÓN ALIMENTICIA CONSTITUYE COSA JUZGADA RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN Y LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR, POR LO QUE EN LA INSTANCIA PENAL NO SE PUEDEN REVALORAR ESOS ASPECTOS. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS. SE ACTUALIZA LA MODALIDAD AGRAVADA CON EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA FIJADA POR RESOLUCIÓN JUDICIAL SIN MOTIVO JUSTIFICADO (ARTÍCULO 201 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS).
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4627/2025. 7 DE ENERO DE 2026. UNANIMIDAD DE OCHO VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE. AUSENTE: ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: ALEJANDRO FÉLIX GONZÁLEZ PÉREZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: En dos mil dieciocho, una mujer presentó una demanda de controversia del orden familiar en contra del padre de su menor hija. La Juez que conoció del asunto fijó una pensión alimenticia provisional en favor de la menor.
El hombre realizó depósitos mensuales por una cantidad menor a la fijada en la resolución citada. Ante esto, la mujer lo denunció por la posible comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, previsto y sancionado en el artículo 201 del Código Penal para el Estado de Morelos.
Seguidas las etapas procesales, se acreditó su responsabilidad penal por lo que se le impuso pena privativa de la libertad, multa y pago de reparación integral del daño. Inconforme con lo anterior, el sentenciado apeló la sentencia condenatoria, la cual fue confirmada en segunda instancia.
En contra de esa determinación, el procesado promovió juicio de amparo directo. El Tribunal del conocimiento concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, bajo la consideración de que el tipo penal únicamente sanciona el incumplimiento total de la obligación y no así de forma parcial, aunado a que no se había acreditado el dolo relativo a la voluntad del sujeto activo de desproveer a su hija de los recursos indispensables para su subsistencia.
Inconforme, la parte tercera interesada acude a la revisión argumentando la inconstitucional interpretación y aplicación del artículo 201 del Código Penal local, realizada por el órgano colegiado, con la cual vulneró los derechos de la menor de edad acreedora alimentista.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de enero de dos mil veintiséis, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4627/2025, interpuesto por la parte tercera interesada en contra de la sentencia dictada en sesión de doce de junio de dos mil veinticinco, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en el juicio de amparo directo **********.
El problema jurídico que este Tribunal Pleno debe resolver consiste en determinar la regularidad constitucional del artículo 201 del Código Penal para el Estado de Morelos que prevé el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias impuestas mediante resolución judicial.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Proceso familiar. El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho ********** presentó una demanda de controversia del orden familiar en contra de **********, radicado bajo el número de expediente **********, motivo por el cual en fecha de veintiocho de febrero siguiente, la Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos fijó como pensión alimenticia provisional en favor de la menor de iniciales ********** la cantidad de ********** mensuales, pagaderos por quincenas adelantadas. Resolución de la cual ********** quedó debidamente notificado el ocho de marzo de esa anualidad.
2. Esta pensión fue recurrida y mediante sentencia de trece de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el Toca civil **********, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, actualizó la pensión fijada a la cantidad de ********** mensuales, de acuerdo con la capacidad económica del deudor alimentario.
3. A partir del mes de marzo del año dos mil veinte, ********** realizó depósitos mediante el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, por diversas cantidades,(1) todas menores a los ********** mensuales fijados en la resolución judicial referida.
4. Juicio de origen. El veintisiete de marzo de dos mil veintitrés el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos dictó auto de apertura a juicio oral en la carpeta técnica **********, seguida contra **********, por su probable participación en la comisión del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia alimentaria agravado, conforme a lo previsto y sancionado en el artículo 201 del Código Penal para el Estado de Morelos –vigente al momento de los hechos–,(2) cometido en perjuicio de la menor víctima de iniciales. **********; asimismo, se estableció que la participación del acusado fue en calidad de autor material en términos del artículo 18, fracción I, del ordenamiento normativo antes señalado.
5. Las partes celebraron acuerdo probatorio consistente en tener por acreditado que la menor de iniciales **********. nació el veintisiete de julio de dos mil diecisiete, en Cuernavaca, Morelos y ser hija de ********** y **********, con lo que se advirtió el parentesco del acusado con la menor víctima quien entonces contaba con cinco años de edad.
6. Por audiencias celebradas el veintiuno y veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se llevó a cabo el debate y juicio oral respectivo, emitiéndose fallo condenatorio en contra de ********** y en audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, se impuso al sentenciado pena de un año y seis meses de prisión, multa equivalente a **********, pago por reparación de daño material por ********** y pago por reparación de daño moral **********.
7. Con lo cual, el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Único en el Sistema Penal Acusatorio con sede en Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Morelos dictó la sentencia de primer grado en la causa penal **********.
8. Recurso de apelación. Inconforme con lo decidido, el sentenciado ********** interpuso recurso de apelación, el cual se radicó bajo el número de Toca Penal **********, del índice de la Primera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mismo que fue resuelto en sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés en el sentido de confirmar la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, en la causa penal **********.
9. Juicio de amparo directo. Contra la anterior determinación, ********** promovió juicio de amparo directo al considerar que los Magistrados integrantes de la Primera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos transgredieron lo dispuesto en los artículos 4o., 14, 16 y 17, todos de la Constitución Federal, así como los diversos 1, 2, 8, 11, 17, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al tenor de los conceptos de violación siguientes:
• Alegó que ejercer su derecho a declarar en la audiencia de juicio oral no significa el planteamiento de una defensa activa ni releva la obligación constitucional del órgano acusador de acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo penal, más allá de toda duda razonable, para romper el principio de presunción de inocencia.
• Adujo que no se acreditó el elemento objetivo del delito consistente en que el quejoso, sin motivo justificado no proporcionó los recursos indispensables para la subsistencia de su hija **********, menor de edad, por más de treinta o noventa días.
• Arguyó que en ningún momento ha dejado de cubrir la pensión alimentaria de su hija, pues ha realizado depósitos que, aunque no cubren el monto total que mensualmente se le fijó en el juicio civil, éstos oscilan entre los ********** y, específicamente en el periodo de marzo de dos mil veinte a mayo de dos mil veintidós, ha depositado un total de **********, como fue acreditado en juicio.
• Además de que no se demostró en juicio que la cantidad que el quejoso ha depositado, en el periodo materia de la acusación, sea insuficiente para la subsistencia de su hija.
• También ofreció como prueba un diverso juicio familiar 475/2016 del índice del Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia, del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, donde se le otorgó la guarda y custodia de otras dos hijas menores de edad, que dependen económicamente de él y, por tanto, se verían afectadas en caso de obligársele a pagar el monto mensual fijado, además de que al dedicarse a la construcción, durante la pandemia de "Covid-19", no contaba con trabajo suficiente para cubrir la pensión fijada legalmente.
• Asimismo, refirió que le afectó la determinación de la Sala responsable porque se limitó a analizar la resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Juzgado Primero Familiar de Jiutepec, Morelos, y no analizó el asunto bajo los principios de congruencia y exhaustividad. Se analizan únicamente las testimoniales de ********** y **********, así como la pericial en materia de contabilidad, pero en ninguna parte de la sentencia se abordó el criterio de razonabilidad y efectividad referido por el Tribunal de Juicio Oral en la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, porque no se analizó un estudio de ese tipo en relación con el importe de la pensión, el cual no es razonable por haberse fijado en un monto de **********.
• Sostuvo que debió analizarse el criterio de la juez civil al fijar la pensión alimentaria provisional, quien en un lapso muy corto y sin pruebas contundentes fijó la pensión alimentaria mensual provisional en **********. Se ponderó mayormente la resolución que fijó el pago de pensión provisional, pero no se valoró que los importes mensuales depositados cubren o no las necesidades básicas de la menor y tampoco que tiene a su cargo a dos acreedoras alimentarias más, quienes se verán perjudicadas por una pensión provisional impuesta en el juicio familiar **********.
• Aunado a que **********, representante de su hija **********, manifestó tener embargada la casa que habita con la menor y contar con diversas deudas, por lo que debió considerarse también que es directora de un centro educativo, propiedad de su familia y que cuenta con capacidad económica para satisfacer las necesidades de la menor, de manera que no peligra su subsistencia.
• Finalmente, sostuvo que, si bien no acreditó haber promovido el incidente de reducción de pensión alimenticia en la vía civil, lo cierto es que la agente del Ministerio Público no cumplió con la carga probatoria que le impone el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que no se acreditó que el quejoso haya dejado de proporcionar los recursos indispensables para la subsistencia en los términos que exige el numeral 201 del Código Penal para el Estado de Morelos.
10. Sentencia del Tribunal Colegiado. De la demanda conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, que en acuerdo de presidencia de doce de noviembre de dos mil veinticuatro, la registró con el número ********** y la admitió a trámite.
11. En sesión de doce de junio de dos mil veinticinco el Tribunal Colegiado resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, bajo las siguientes consideraciones:
• El órgano jurisdiccional resolvió que tal como lo alegó el quejoso, los elementos integradores del hecho ilícito no fueron adecuada y plenamente acreditados, y en consecuencia tampoco la agravante.
• El tribunal señaló que las pruebas demostraron que el quejoso no cubrió la pensión alimenticia total establecida en la sentencia interlocutoria del Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito, sin embargo, no se demostró que de manera absoluta omitiera suministrar los recursos indispensables para la subsistencia de la víctima menor de edad.
• Aunque los depósitos son inferiores a los ********** determinados como pensión alimenticia provisional en favor de la menor de edad, lo cierto es que el quejoso no desatendió totalmente su obligación de suministrar los medios y/o recursos indispensables para la subsistencia de su hija.
• En ese sentido, el Tribunal Colegiado declaró que, si bien se probó la existencia de la resolución judicial que establecía el monto de la pensión alimenticia y la obligación del quejoso, el Ministerio Público no demostró que, de forma absoluta y sin causa justificada, dejara de proporcionar los recursos indispensables para la subsistencia de la menor durante un período superior a treinta días. Además, no se demostró que el quejoso tuviera capacidad económica suficiente para cumplir con la obligación durante el período en que se configuró el incumplimiento.
• Determinó que el elemento subjetivo del delito, específicamente "sin motivo justificado", requería inherentemente que el obligado al pago de alimentos tuviera la capacidad económica y, sin embargo, ejerciendo su voluntad (dolosamente), decidiera deliberadamente no cumplir con su obligación. Por tanto, esa omisión debió calificarse con el elemento "sin motivo justificado" el cual junto con otros componentes configuraban los elementos del tipo básico previsto en el artículo 201 del Código Penal para el Estado de Morelos.
• Consideró que se dejó de atender el planteamiento de insolvencia o imposibilidad manifestado por el quejoso al declarar en la audiencia de juicio oral (consistente en que no cuenta con empleo formal, no es dueño de la empresa constructora, sus ingresos económicos disminuyeron con la pandemia derivada de virus COVID 19 y que la colegiatura de sus dos hijas la solventa el abuelo) y no se ponderó que ha cumplido parcialmente con su obligación alimentaria porque mensualmente ha depositado en la medida sus posibilidades.(3)
• El órgano jurisdiccional también resolvió que, el tipo penal sanciona la omisión de satisfacer las necesidades básicas de la menor y colocarla en estado de peligro, pero no sanciona el incumplimiento parcial en casos de imposibilidad material de lograr su cumplimiento total. Asimismo, indicó que en este tipo de delitos es innecesario probar el desamparo total de la víctima ante la falta de proporcionar alimentos, porque el delito se verificaba ante el incumplimiento sin justa causa.
• Enfatizó que la garantía de ese bien jurídico no podía menoscabar el derecho fundamental de debido proceso, como lo era la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar de prueba o regla de juicio, conforme con los estándares establecidos en la Constitución Federal.
• Sostuvo, además, que los depósitos realizados por el acusado ininterrumpidamente revelan su voluntad de proveer recursos para satisfacer las necesidades prioritarias básicas de una menor de edad, de manera que no es un incumplimiento absoluto que situé a la menor de edad ********** en una situación de peligro en su salud física y mental.
• La instancia penal es la última vía para obligar al deudor alimentario para cumplir con su obligación frente a sus acreedores, aunque el legislador tuvo la finalidad de reforzar el derecho a los alimentos, puede concluirse que el delito debe estar claramente tipificado y aplicarse de manera exacta, por lo que el delito de que se trata no regula ni tipifica el incumplimiento parcial, sino el incumplimiento absoluto.
• En consecuencia, concedió el amparo para el efecto de dejar insubsistente la sentencia reclamada y se dictara una nueva en la que se resuelva nuevamente el recurso de apelación y determine revocar la resolución recurrida, con todas las consecuencias legales inherentes.
12. Recurso de revisión. Inconforme con la resolución anterior, por escrito recibido ante el Tribunal Colegiado del conocimiento el treinta de junio de dos mil veinticinco, la parte tercera interesada interpuso recurso de revisión, donde expresó, en esencia, los agravios siguientes:
• Primero. Violación al derecho humano a recibir alimentos y a diversos principios constitucionales. La sentencia recurrida viola los derechos fundamentales y principios constitucionales de interés superior del menor, derecho a recibir alimentos, legalidad, debido proceso, tipicidad, estricta aplicación de la ley penal, nullum crime sine lege, recurso efectivo, seguridad jurídica, igualdad en la aplicación de la ley y tutela judicial efectiva; ante la conclusión a la que arribó el Tribunal Colegiado en el sentido de que no se actualiza el tipo penal en virtud de que, a su juicio, sólo se sanciona el incumplimiento absoluto, además teniendo como consecuencia la exclusión de la responsabilidad penal del quejoso.
• Señala que esa interpretación se contrapone con distintos criterios de la extinta Primera Sala en los que se estableció que el solo incumplimiento injustificado de los deberes alimentarios debidos por disposición judicial encuadra estrictamente dentro de la descripción típica del delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Específicamente señala que esta interpretación resulta violatoria de las jurisprudencias 1a./J. 46/2010, 1a./J. 49/2015 (10a.) y 1a./J. 14/2007,(4) así como del precedente establecido en la acción de inconstitucionalidad 78/2021.
• Por lo cual es suficiente que el obligado realice un cumplimiento parcial o insuficiente para que éste se actualice porque no puede quedar a la potestad del deudor alimentista proporcionarla en el tiempo y por la cantidad que estime necesaria, ya que, derivado de la finalidad de prevención y conservación de la integridad física y moral de los hijos que se persigue con la figura de alimentos, éstos deben otorgarse de forma proporcional, continua y de manera sucesiva.
• Por otra parte, arguye que es inconstitucional lo aseverado en la sentencia recurrida respecto a que no se observó si el inculpado tenía capacidad económica de cumplir con la pensión completa, puesto que el Alto Tribunal ya había definido que el juzgador penal no tiene la obligación de determinar cuestiones atinentes al orden familiar porque eso es materia de prueba de un procedimiento específico e independiente al iniciado con motivo del incumplimiento llevado ante una autoridad distinta. La determinación de la capacidad económica del deudor y la valoración de posibles motivos justificados son competencia exclusiva del juez familiar, no del juez penal.
• Aunado a que, contrario a lo señalado por el Tribunal Colegiado respecto a que la carga probatoria recae en la parte acusadora, tratándose de este delito, el elemento de "motivo justificado" debe ser probado plenamente por el acusado pues éste constituye una causa de justificación o excusa absolutoria, por lo que no bastan meras manifestaciones subjetivas para desvirtuar las pruebas de cargo en las que se acredite la obligación alimentaria y el incumplimiento.
• Sobre este particular indica la recurrente que hubo una omisión de valorar que, mediante sentencia de trece de febrero de dos mil veintitrés, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos confirmó la pensión fijada y la actualizó de acuerdo a la capacidad económica del deudor alimentario, cuestión que constituye cosa juzgada refleja, por lo que el Tribunal Colegiado no debió desatender esa resolución ni pretender revalorar elementos que ya fueron determinados con carácter definitivo por el juez competente en la materia.
• Segundo. Violaciones a los principios de legalidad, exacta aplicación de la ley penal, taxatividad, tipicidad y debido proceso. Argumenta que la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado a partir de la cual consideró que el tipo penal únicamente sanciona la omisión absoluta del pago de alimentos vulnera los principios de legalidad, exacta aplicación de la ley penal, tipicidad y debido proceso. • En ese tenor, no sólo se hizo una interpretación más allá del texto claro del artículo 201 del Código Penal para el Estado de Morelos, pues en ningún punto de la redacción del precepto legal se distingue si el incumplimiento debe ser absoluto o parcial, sino que desnaturaliza por completo la finalidad legislativa de garantizar la provisión efectiva de los recursos necesarios para la subsistencia de los menores. Aunado a que la conducta típica sí se encuentra acreditada porque este delito se actualiza con la sola puesta en peligro del bien jurídico tutelado.
• Además, el Tribunal estableció incorrectamente que no se acreditó la capacidad económica del acusado, lo cual contradice el precedente de la acción de inconstitucionalidad 78/2021: cuando la obligación alimentaria se encuentra determinada por el juez familiar mediante resolución firme y ésta se incumple, se actualiza el tipo penal, pues el procedimiento familiar constituye un presupuesto para tener por acreditado el delito. Pretender que el juez penal revalore la capacidad económica ya determinada en sede familiar implica desconocer la cosa juzgada refleja, vulnerar la autonomía judicial y exceder su competencia jurisdiccional.
• En consecuencia, alega que el Tribunal desatendió los parámetros fijados en el Protocolo para Juzgar con perspectiva de Infancia y Adolescencia y, por tanto, la resolución recurrida debe ser revocada.
• Tercero. Inconstitucionalidad del artículo 201 del Código Penal para el Estado de Morelos, por la porción normativa "sin motivo justificado". Reclama la inconstitucionalidad del artículo 201 del Código Penal para el Estado de Morelos, en la porción normativa "sin motivo justificado", por transgredir los principios de legalidad, seguridad jurídica y taxatividad al ser ambigua, vaga e imprecisa, con lo que se coloca al acreedor alimentario en un estado de incertidumbre jurídica, pues esa redacción permite a los deudores realizar maniobras evasivas para ser absueltos al no establecer cuáles son esas causas, ni remitir de forma clara al marco jurídico familiar.
• Esta deficiencia normativa hace depender la existencia del delito de una valoración incierta y ambigua por parte del juzgador penal, quien puede interpretar discrecionalmente, incluso contradiciendo lo resuelto por el juez familiar, si el incumplimiento fue o no "justificado". En el caso concreto, esta vaguedad permitió que el Tribunal reinterpretara la existencia de supuestos motivos justificados, pese a que existía una resolución firme en vía familiar que ya había determinado la obligación alimentaria proporcional y la capacidad económica del obligado.
• La cláusula "sin motivo justificado" se convierte así en una excusa absolutoria implícita que permite la evasión del cumplimiento de resoluciones judiciales firmes, vulnerando la cosa juzgada y debilitando la eficacia de las sentencias familiares, en violación al derecho a la alimentación de las personas menores de edad y al principio de protección del interés superior de la niñez.
• En consecuencia, debe declararse inconstitucional el artículo 201 del Código Penal para el Estado de Morelos, al contener una cláusula abierta "sin motivo justificado" que no permite prever con certeza jurídica el contenido del tipo penal.
13. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registró el amparo directo en revisión con el número 4627/2025; lo admitió a trámite; con fundamento en el considerando sexto y artículo séptimo del Acuerdo General número 3/2025, de cuatro de marzo de dos mil veinticinco, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(5) designó como ponente al Ministro ahora en retiro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, por lo cual ordenó turnar el expediente a la extinta Primera Sala, dado que la materia del asunto corresponde a su especialidad y mandó notificar a las partes.
14. Returno. En proveído de dos de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó el returno del presente asunto a la Ponencia de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
15. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo(6) y 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Integración de las Listas de Asuntos con Proyecto de Resolución,(7) el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.
I. COMPETENCIA
16. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(8) 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo,(9) 16, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(10) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro y, punto segundo fracción VIII, inciso b) del Acuerdo General 2/2025 (12a.) de tres de septiembre de dos mil veinticinco, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales.(11)
II. OPORTUNIDAD
17. Tal como se advierte de las constancias, la sentencia del Tribunal Colegiado fue notificada a la recurrente el diecinueve de junio de dos mil veinticinco, por lo que esa notificación surtió efectos al día siguiente, es decir, el veinte del mes y año referidos. Por lo tanto, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo(12) para la interposición del recurso de revisión transcurrió del veintitrés de junio al cuatro de julio siguiente, descontándose los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de junio, por ser sábados y domingos inhábiles, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.
18. Por lo tanto, si el escrito del recurso de revisión se presentó ante la Oficialía de Partes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito el treinta de junio en cita, se concluye que se interpuso de forma oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
19. Este Alto Tribunal considera que el recurso de revisión se presentó por parte legitimada para ello, dado que el escrito relativo lo suscribe **********, por propio derecho y en representación de la víctima menor de iniciales **********, pues el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito le reconoció el carácter de tercera interesada en el juicio de amparo directo, acorde a lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo.(13)
IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO
20. El recurso de revisión en el juicio de amparo directo se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 16, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
21. De tales preceptos se desprende que las resoluciones en los juicios de amparo directo que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, salvo que cumplan dos requisitos. El primero se refiere a que las sentencias impugnadas:
a) Decidan sobre la constitucionalidad de normas generales;
b) Establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o,
c) Hayan omitido el estudio, cuando se hubiese planteado en la demanda de amparo.
22. Los anteriores supuestos son alternativos. Es decir, basta que se dé uno u otro para que en principio resulte procedente el recurso de revisión en amparo directo.
23. Adicionalmente, para efectos de la procedencia del recurso, el once de marzo de dos mil veintiuno se reformó el artículo 107, fracción IX constitucional, ahora el recurso de revisión en amparo directo procede ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando a su juicio revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
24. De la exposición de motivos respectiva se obtiene que esa reforma tuvo como propósito apuntalar el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, permitiendo que enfoque sus energías únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional.
25. Esto es, se modificó la fracción IX del artículo 107 constitucional en el sentido de darle mayor discrecionalidad para conocer del recurso de revisión en amparo directo, únicamente cuando a su juicio el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
26. Por lo que se fortaleció la naturaleza excepcional del recurso de revisión tratándose de juicios de amparo directo. Es decir, que por mandato constitucional se reservó la posibilidad de recurrir las sentencias dictadas por un Tribunal Colegiado de Circuito únicamente en los casos en que subsista un genuino problema de constitucionalidad, excluyendo la posibilidad de revisar los problemas jurídicos de mera legalidad en los cuales los referidos órganos colegiados son terminales.
27. Ahora, de los antecedentes del asunto se advierte que en el caso se acredita el primer requisito de procedencia, pues si bien la sentencia recurrida no contiene un pronunciamiento sobre constitucionalidad de leyes o de interpretación directa de algún precepto de la Constitución Federal, y tampoco hubo un planteamiento en ese sentido en la demanda de amparo, lo cierto es que el recurso cumple este requisito porque en los agravios el planteamiento de constitucionalidad se hace depender de la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado al aplicar la norma por primera vez en perjuicio de la menor de edad víctima.
28. En el caso, en el capítulo de procedencia del recurso de revisión la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34018-13ecbcd8/incumplimiento-de-obligaciones-alimentarias-la-resolucion-judicial-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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