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Modo: Corpus Pro

MODIFICACIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA ADECUARLAS A LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE LAS PERSONAS. EL SISTEMA NORMATIVO CONFORMADO POR LOS ARTÍCULOS 128, 131, 133 Y 135 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES VIOLA LOS DERECHOS A LA IGUALDAD, VIDA PRIVADA, LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD E IDENTIDAD DE GÉNERO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 430/2025. · Registro digital (IUS): 34086
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-06-19
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo III, Volumen 1, Pág.234.

AMPARO EN REVISIÓN 430/2025. 9 DE ABRIL DE 2026. MAYORÍA DE SIETE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, QUIEN FORMULÓ VOTO ACLARATORIO, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. DISIDENTES: MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR Y LENIA BATRES GUADARRAMA. PONENTE: GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA. SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO.

HECHOS

El presente asunto tuvo su origen en un juicio de amparo indirecto en el que una asociación civil reclamó, con base en un interés legítimo, la inconstitucionalidad de diversos artículos del Código Civil del Estado de Aguascalientes y de la Ley de Ingresos de esa entidad para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, por considerarlos contrarios a los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad de género al imponer requisitos indebidos para solicitar la modificación de actas de nacimiento por adecuación de la identidad de género. En primera instancia se sobreseyó el juicio de amparo en su totalidad al estimar que la quejosa no acreditó contar con un interés legítimo.

La quejosa interpuso recurso de revisión y el tribunal colegiado que previno en el conocimiento del asunto revocó el sobreseimiento al estimar que sí se demostró el interés legítimo, pues el objeto social de la asociación consiste en la defensa de los derechos de libertad y equidad de género, cuya protección implica una actuación nacional.

Finalmente, el Pleno de este Alto Tribunal reasumió su competencia originaria para conocer del amparo en revisión a que este expediente se refiere, dado el interés y trascendencia que reviste.

ÍNDICE

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de nueve de abril de dos mil veintiséis, emite la siguiente:

SENTENCIA

Correspondiente al amparo en revisión 430/2025 interpuesto por **********, por conducto de su autorizado en términos amplios, en contra de la sentencia dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en el juicio de amparo indirecto **********.

I. ANTECEDENTES

1. El nueve de febrero de dos mil veinticuatro, ********** promovió amparo indirecto, por conducto de su representante legal, en contra de las autoridades y actos que a continuación se precisan:

AUTORIDADES RESPONSABLES:

• Congreso del Estado de Aguascalientes.

• Gobernadora del Estado de Aguascalientes.

• Registro Civil del Estado de Aguascalientes.

ACTOS RECLAMADOS:

Al Congreso del Estado de Aguascalientes:

• Aprobación de los artículos 128, 131, 133 y 135 del Código Civil del Estado de Aguascalientes.

• Aprobación de la fracción XXXII del artículo 5 de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro.

A la Gobernadora del Estado de Aguascalientes:

• Promulgación de los artículos 128, 131, 133 y 135 del Código Civil del Estado de Aguascalientes.

• Aprobación de la fracción XXXII del artículo 5 de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año dos mil veinticuatro.

Al Registro Civil del Estado de Aguascalientes:

• Aplicación de los artículos 128, 131, 133 y 135 del Código Civil del Estado de Aguascalientes.

• Aplicación de la fracción XXXII del artículo 5 de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año dos mil veinticuatro.

2. El Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes admitió la demanda el trece de febrero de dos mil veinticuatro y ordenó su registro con el número de expediente **********.

3. El juzgador dictó resolución, terminada de engrosar el veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, en la cual decretó el sobreseimiento del juicio de amparo al estimar que la asociación quejosa no acreditó su interés legítimo, pues aun cuando su objeto social consiste en la promoción, protección y defensa de los derechos de libertad y equidad de género, omitió demostrar una relación de proximidad geográfica con el ámbito espacial de validez de los artículos reclamados, pues no logró acreditar que tuviera agremiados en el Estado de Aguascalientes o que desarrollara su objeto social en esa entidad federativa.

4. Además, el Juez de Distrito estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues argumentó que las normas impugnadas son heteroaplicativas y, si bien conforman un sistema normativo, lo cierto es que no se demostró algún acto de aplicación de al menos uno de los artículos reclamados, razón por la cual se consideró que no le causaron perjuicio a la persona moral quejosa.

5. La asociación civil quejosa interpuso recurso de revisión, por conducto de su autorizado en términos amplios.(1) El expediente fue registrado con el número ********** y admitido el trece de agosto de dos mil veinticuatro, por el magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.

6. El veintisiete de agosto de dos mil veinticinco, el tribunal colegiado emitió resolución en la cual revocó el sobreseimiento decretado, pues consideró que sí se acreditó el interés legítimo, en virtud de que el objeto social de la asociación quejosa consiste en la defensa de derechos sexuales y reproductivos, de identidad, incluyendo las prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona o de equidad de género, los cuales se encuentran reconocidos y protegidos por la Ley Fundamental. Por ende, la defensa de esos derechos de naturaleza colectiva no está sujeta a límites territoriales.

7. Al respecto, se precisó que las normas generales reclamadas imponen requisitos que obstaculizan el ejercicio de los derechos que defiende la asociación civil quejosa, pues obligan a quienes desean modificar su acta de nacimiento a fin de que resulte acorde con su auto percepción sexo genérica, a solicitarlo por la vía judicial y a recibir el nuevo documento registral con una anotación marginal en donde se haga constar su identidad anterior.

8. Una vez revocado el sobreseimiento, se analizaron las causas de improcedencia planteadas por las autoridades y se declaró actualizada la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, porque la quejosa no formuló argumentos en contra de los actos reclamados a la Gobernadora del Estado de Aguascalientes, relativos a la promulgación y aprobación de los artículos impugnados. En consecuencia, se sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados a la citada autoridad. Sobreseimiento que ha quedado firme y no será materia de pronunciamiento por parte de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

9. Mediante resolución de dos de octubre de dos mil veinticinco, el Pleno de este Alto Tribunal determinó reasumir su competencia originaria para conocer del amparo en revisión a que este expediente se refiere.(2)

10. Por virtud de lo anterior, mediante acuerdo de seis de octubre de ese año, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente con el número 430/2025. En ese mismo acuerdo se ordenó el avocamiento del Pleno para conocer el recurso de revisión y se determinó turnar el asunto al Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía para realizar el proyecto de resolución correspondiente.

II. PRESUPUESTOS PROCESALES

11. Este Tribunal Pleno es competente para conocer del amparo en revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) 83 de la Ley de Amparo(4) y 16, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro,(5) en relación con el Punto Segundo, fracción IV, del Acuerdo General Plenario 2/2025 (12a.), publicado en el mismo medio oficial el diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco.(6)

12. Asimismo, el recurso se interpuso de manera oportuna y por parte legitimada, tal y como lo determinó el tribunal colegiado que previno en el conocimiento del asunto.(7)

III. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER

13. Toda vez que el tribunal colegiado que previno en la revisión ya revocó la sentencia recurrida, corresponde analizar a este Alto Tribunal los conceptos de violación cuyo estudio fue omitido en primera instancia, precisamente por el sobreseimiento decretado y que ya fue revocado.

14. Al respecto, la asociación civil quejosa afirma que el sistema normativo reclamado (artículos 128, 131, 133 y 135 del Código Civil del Estado de Aguascalientes) es inconstitucional porque prevé un procedimiento de rectificación de actas del registro civil a fin de que resulten conformes con la identidad de género, pero no cumple con los requisitos que de conformidad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben tener esos procedimientos.

15. En concreto, la quejosa aduce que el procedimiento de rectificación de actas previsto en el Código Civil de Aguascalientes no se basa únicamente en el consentimiento libre e informado de la persona solicitante, sino que exige la intervención de un juzgador o de un agente del Ministerio Público, es decir, sujeta la modificación del registro a la decisión de un tercero, sin tomar en cuenta que esa decisión depende únicamente de la auto percepción de las personas, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

16. Asimismo, se apunta que el procedimiento regulado en los artículos 128, 131, 133 y 135 del Código Civil del Estado de Aguascalientes tampoco cumple con el requisito de confidencialidad, pues contempla la inscripción de anotaciones marginales en los documentos modificados, a fin de reflejar los cambios de sexo o de género, lo cual transgrede el derecho a la intimidad.

17. Además, la parte quejosa indica que las normas reclamadas no establecen un procedimiento expedito, toda vez que prevén la vía jurisdiccional para el trámite de adecuación de actas de nacimiento por identidad de género y ello puede significar que la aprobación de la solicitud se prolongue excesivamente hasta el dictado de la sentencia.

18. También se aduce que el legislador estatal impone cargas probatorias indebidas, toda vez que obliga a los interesados a tramitar las rectificaciones correspondientes mediante un juicio civil, en el cual las personas se ven obligadas a presentar material probatorio para sustentar su solicitud. La asociación civil quejosa sostiene que este requisito vulnera el derecho a la no discriminación porque se exige a las personas trans que ofrezcan material probatorio sobre su identidad de género.

19. Aunado a que, a decir de la quejosa, el procedimiento local tampoco contempla la vía administrativa para solicitar la rectificación de actas de nacimiento por identidad de género, sino que, por el contrario, obliga a las personas trans a solicitar los cambios por medio de un juicio.

20. Finalmente, la parte quejosa señala que el procedimiento local para rectificación de registros civiles por identidad de género no respeta el principio de gratuidad que debe regir en ese tipo de trámites, toda vez que la fracción XXXII del artículo 5 de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio dos mil veinticuatro fija una cuota onerosa para el registro de la sentencia en la que se determine la procedencia de la reasignación de sexo o de género.

IV. ESTUDIO

21. Cuestión previa. En términos del artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo,(8) este Tribunal Pleno advierte, de oficio, que se actualiza una causa de improcedencia surgida con posterioridad al dictado de la sentencia recurrida, respecto de la fracción XXXII del artículo 5 de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, derivado de que esa disposición ya fue derogada. Sobre el particular, debe recordarse que el texto de la norma reclamada era el siguiente:

Artículo 5. Por los servicios que prestan las oficinas de la Dirección General del Registro Civil, se causarán y pagarán los derechos correspondientes, conforme a las tarifas que se establecen a continuación:

[...]

XXXII. Registro de sentencia que ordena creación de una nueva identidad $2,500.

22. A su vez, la parte quejosa adujo que esa norma es contraria al principio de gratuidad que debe regir los trámites para rectificar registros civiles de las personas para que sean conformes con su identidad de género auto percibida. Sin embargo, esa disposición ha cesado en sus efectos, toda vez que fue derogada por el Congreso estatal mediante el Decreto 784, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el trece de agosto de dos mil veinticuatro, que entró en vigor el día siguiente de su publicación, es decir, con posterioridad al dictado de la sentencia recurrida.

23. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo,(9) relativa a la cesación de efectos de la norma reclamada, por lo cual procede sobreseer en el juicio respecto de la fracción XXXII del artículo 5 de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la misma Ley Reglamentaria.(10)

24. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), que este Tribunal Pleno comparte, de rubro: “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA”.(11)

25. Estudio de fondo. Precisado lo anterior, este Tribunal Pleno considera que asiste razón a la asociación civil quejosa cuando afirma que los artículos 128, 131, 133 y 135 del Código Civil del Estado de Aguascalientes regulan un procedimiento para modificar la identidad de género en las actas del registro civil que resulta violatorio de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad y todos los derechos inherentes a ésta, contemplados en los artículos 1 y 4 de la Constitución General.

26. En efecto, el artículo 1 de la Ley Fundamental reconoce el derecho de todas las personas a no ser discriminadas y a gozar de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Mientras que, el artículo 4 de la Constitución General reconoce expresamente el derecho a la identidad.(12)

27. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la Opinión Consultiva OC-24/17, definió la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la percibe, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al registrar el nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. (13)

28. La Corte Interamericana anotó que el reconocimiento de la identidad de género de las personas es uno de los medios que facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica y a la inscripción en el registro civil, entre otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

29. Asimismo, se precisó el derecho de cada persona a definir de manera autónoma su identidad de género y que los datos que figuran en los registros se encuentran protegidos por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos a través de las disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la privacidad, el reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho al nombre.(14)

30. En ese contexto, el tribunal interamericano adujo que la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad constituye un derecho protegido por los artículos 3, 7.1, 11.2 y 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el 1.1 y 24 del mismo instrumento, por lo que los Estados tienen la obligación de reconocer, regular y establecer los procedimientos adecuados para tales fines.

31. Por estas razones se precisó que los Estados deben adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para respetar y reconocer legalmente el derecho a la identidad de género, de acuerdo con lo que cada persona defina para sí misma, así como para que existan procedimientos mediante los cuales se puedan adecuar los documentos de identidad emitidos por el Estado, que indiquen género o sexo de una persona, a fin de que reflejen su identidad de género auto percibida.

32. Además, de conformidad con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los procedimientos de modificación de las actas del Registro Civil deben garantizar el derecho a la identidad de género, pero también deben implementarse de forma que se proteja la seguridad jurídica, es decir, deben buscar que no se altere la titularidad de los derechos y las obligaciones jurídicas que correspondían a la persona antes de la rectificación de sus documentos, tales como las provenientes del derecho de familia en todos sus órdenes y grados.

33. Por ese motivo, los procedimientos de rectificación de acta por identidad de género deben implementarse con ciertas características que permitan el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad y, al mismo tiempo, otorguen seguridad jurídica respecto de los derechos de terceras personas.

34. Así, en opinión de la Corte Interamericana y tal como lo afirma la asociación quejosa, los procedimientos para la adecuación de la identidad de género debe cumplir ciertos requisitos, a saber: a) deben estar enfocados a la adecuación integral de la identidad de género auto percibida; b) deben basarse únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante, sin exigir requisitos como certificaciones médicas o psicológicas; c) deben ser confidenciales, a fin de no reflejar en los nuevos documentos los cambios o adecuaciones realizadas; d) deben ser expeditos y en la medida de lo posible, tender a la gratuidad; y e) no deben exigir la acreditación de operaciones quirúrgicas u hormonales.

35. Esto es, ese tipo de trámites deben ser integrales, tanto con los datos como con los documentos en los que se hace constar la identidad de la persona, de manera que el procedimiento debe basarse únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante, sin que se exijan mayores requisitos como certificaciones médicas o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables, pues ello implicaría condicionar el pleno ejercicio del derecho a la vida privada.

36. Otra de las características que deben tener ese tipo de procedimientos de rectificación de registros civiles por identidad de género consiste en que la intervención del Estado no debe tener carácter constitutivo, por el contrario, debe ceñirse a reconocer la adscripción elegida libremente por cada persona y, por ende, el trámite debe ser sencillo y las autoridades deben limitarse a verificar si la persona interesada cumple con los requisitos inherentes a la manifestación de la voluntad.

37. Por tanto, en opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la vía para la rectificación de documentos que mejor cumple con las características señaladas es la de naturaleza materialmente administrativa o notarial, pues la tramitación jurisdiccional eventualmente podría incurrir en excesivas formalidades o demoras.

38. Las consideraciones reseñadas válidamente pueden ser empleadas en la presente resolución, en la medida que sean más favorables para los derechos de las personas, en términos de la jurisprudencia P./J. 21/2014 (10a.), de rubro: “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA”.(15)

39. En el ámbito nacional este Alto Tribunal ha emitido diversos pronunciamientos en torno a los derechos de las personas transgénero y también ha definido las directrices que se deben observar en los procedimientos relativos a la emisión de las actas de nacimiento por identidad de género.

40. Así, se ha sostenido que del derecho a la dignidad humana se siguen, entre otros, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que comprende la libertad de elegir la opción sexual y apariencia personal, los cuales son aspectos de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y, por tanto, sólo a ella le corresponde decidir en forma autónoma.(16)

41. Además, al resolver el amparo directo 6/2008 el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad implica necesariamente el reconocimiento al derecho a la identidad sexual y a la identidad de género, porque a partir de éstos el individuo se proyecta frente a sí mismo y dentro de una sociedad.(17)

42. Al respecto, se agregó que la identidad de género que decida cada persona, con el objeto de adecuar su estado psicosocial a su físico y vivir en congruencia con el sexo con el que se identifica plenamente, constituye una decisión que forma parte del libre desarrollo de la personalidad, en tanto es una expresión de la individualidad de la persona respecto de su percepción sexual ante sí mismo.

43. Esto es, que los derechos a la identidad personal y de género constituyen derechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás y se configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir que el Estado prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen, pues aun cuando no son absolutos, su intromisión sólo podrá justificarse por ley, siempre que medie un interés superior.

44. Por ende, este Alto Tribunal señaló que el legislador debe implementar los mecanismos necesarios para el reconocimiento, tutela y garantía de los derechos de personas transexuales, para que puedan adecuar su identidad de género, lo que sólo se logra a través de la rectificación del nombre, el sexo y el género, pues de lo contrario, se negaría su derecho a la identidad personal y, en consecuencia, a su libre desarrollo, como parte del derecho a la dignidad.

45. De la ejecutoria en cuestión derivó la tesis P. LXIX/2009, de rubro: “REASIGNACIÓN SEXUAL. ES UNA DECISIÓN QUE FORMA PARTE DE LOS DERECHOS AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD”.(18)

46. Asimismo, en congruencia con lo manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a la modificación de actas para que sean conformes con la identidad de género auto percibida de las personas, se reiteró que la vía administrativa para la expedición o rectificación del acta de nacimiento por adecuación de la identidad de género es la vía idónea para tutelar el derecho humano a la identidad de las personas transgénero.(19)

47. Incluso se precisó que esta vía administrativa para la rectificación de actas de nacimiento no solo permite cumplir con los principios de privacidad, sencillez y celeridad para el efectivo ejercicio del derecho a la identidad sino que, además, es apta para salvaguardar los derechos de terceros que en su caso pudieran verse afectados con la emisión de un nuevo documento de identidad de la persona solicitante.

48. A su vez, la extinta Primera Sala señaló que el derecho de las personas a definir de manera autónoma su propia identidad de género se hace efectiva garantizando que tales definiciones concuerden con los datos de identificación consignados en los distintos registros o documentos de identidad. Esto se traduce en el derecho a que los atributos de la personalidad contenidos en los documentos de identificación coincidan con las definiciones identitarias de cada persona y, en caso de que no hubiera tal correspondencia, debe existir la posibilidad de modificar los documentos o registros respectivos.(20)

49. También se retomó el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que los procedimientos para reconocer la identidad de género deben cumplir con cinco requisitos, a saber: tener un enfoque hacia la adecuación integral de la identidad de género auto percibida, estar basados únicamente en el consentimiento libre e informado de la persona solicitante, no exigir la acreditación de operaciones quirúrgicas u hormonales; además, deben ser confidenciales y tender a la gratuidad.

50. Estas consideraciones dieron origen a la tesis 1a. CCXXXII/2018 (10a.), de rubro: “IDENTIDAD DE GÉNERO AUTO-PERCIBIDA (REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA). REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO Y DEMÁS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD”.(21)

51. Tal y como se argumentó entonces, los tres primeros requisitos se refieren a que el proceso de auto adscripción es autónomo y la intervención del Estado no debe tener carácter constitutivo, sino solo de reconocimiento y, además, no se debe exigir la acreditación de cirugías o de pruebas documentales para pretender que se demuestre la identidad de género auto percibida por cada persona.

52. El requisito de confidencialidad exige que no consten en un mismo documento las modificaciones a los registros, a fin de evitar publicidad no deseada, pues ello puede representar mayor vulnerabilidad para la persona solicitante. Por virtud del quinto requisito, relativo a la gratuidad, se requiere que los procedimientos para reconocer la identidad de género tengan el menor costo posible.

53. Por su parte, la desaparecida Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver la contradicción de criterios 346/2019, reiteró la posición de que la vía idónea para adecuar actas de nacimiento por identidad de género es la administrativa registral, pues ésta es la que cumple con los estándares de privacidad, sencillez, celeridad y adecuada protección de la identidad de género.

54. De la ejecutoria citada surgió la jurisprudencia 2a./J. 173/2019 (10a.), de rubro: “REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. LA VÍA ADMINISTRATIVA REGISTRAL ES LA IDÓNEA PARA LA ADECUACIÓN O EXPEDICIÓN DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO POR ESE MOTIVO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y GUANAJUATO)”.(22)

55. Respecto de las anotaciones marginales en los nuevos documentos o registros que se llegaran a entregar por adecuación de la identidad de género, el Pleno de este Alto Tribunal argumentó que si se mantienen los datos concernientes al nombre, sexo o género de la persona que solicitó la adecuación, la consecuencia será otorgar una indebida publicidad de información privada, lo cual vulnera los derechos a la dignidad humana, a la no discriminación, a la intimidad, a la vida privada, a la identidad personal y al libre desarrollo de la personalidad, sin que se advierta razonabilidad alguna para ello.

56. Para apoyar el argumento de que las anotaciones marginales resultan injustificadas, este Tribunal Constitucional ha señalado que, aun cuando las correcciones en los documentos de identidad pueden repercutir en el orden público o en las relaciones del interesado con terceras personas, en temas tales como la filiación, los antecedentes penales, las sucesiones o los actos contractuales, esos aspectos pueden garantizarse a través de distintos mecanismos legales, sin necesidad de perjudicar a quienes se auto perciban de forma diferente y soliciten los ajustes necesarios en sus documentos de identidad.

57. Ello es así, en virtud de que el cambio de nombre u otro dato esencial en las actas del estado civil, como el sexo o el género, no liberan ni eximen de las obligaciones o responsabilidades contraídas con la identidad anterior, pero tampoco deben tener como consecuencia el menoscabo de los derechos fundamentales de las personas que solicitan la rectificación de género en sus documentos o registros.

58. Este criterio se contiene en la tesis P. LXXIV/2009, de rubro: “REASIGNACIÓN SEXUAL. NO EXISTE RAZONABILIDAD PARA LIMITAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE UNA PERSONA TRANSEXUAL, IMPIDIÉNDOLE LA ADECUACIÓN DE SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, BAJO EL PRETEXTO DE PRESERVAR DERECHOS DE TERCEROS O EL ORDEN PÚBLICO”.(23)

59. Con lo expuesto hasta aquí es posible afirmar que todo procedimiento que regule la modificación de registros civiles o de actas de nacimiento para que sean acordes con la identidad de género auto percibida debe permitir a las personas realizar el trámite por una vía administrativa sencilla, expedita y confidencial, sin exigir mayores requisitos que el consentimiento libre e informado de quien presente la solicitud y debe prever que el nuevo documento entregado con la rectificación correspondiente no presente anotaciones marginales o contenido alguno que permita conocer la modificación realizada o la identidad anterior. Además, los trámites deben tender a la gratuidad, es decir, ser lo menos gravosos posible para los interesados.

60. Por ende, si las normas que regulan ese tipo de procedimientos requieren la tramitación por vía jurisdiccional, imponen requisitos de comprobación de género, cobran altas cuotas o prevén la inscripción de anotaciones marginales con las que se pueda constatar la identidad anterior de la persona solicitante, entonces es posible afirmar que resultan contrarias a los estándares mínimos de privacidad y celeridad e impiden el libre ejercicio del derecho a la identidad de género.

61. En el caso y para una mejor comprensión de los artículos reclamados, resulta conveniente transcribirlos.

Artículo 128. La nulificación, rectificación o modificación de un registro de estado civil así como su reposición, no puede hacerse sino mediante sentencia ejecutoria, salvo reconocimiento que voluntariamente haga un progenitor de su hijo, el cual se sujetará a las p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34086-95cbfcf0/modificacion-de-actas-de-nacimiento-para-adecuarlas-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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