INTERÉS LEGÍTIMO DE LAS ASOCIACIONES CIVILES PARA RECLAMAR EN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. PARA ACREDITARLO BASTA PROBAR QUE SU OBJETO SOCIAL SE RELACIONA CON LA PROTECCIÓN Y/O LA DEFENSA DE UN DERECHO HUMANO DE NATURALEZA COLECTIVA. INTERÉS LEGÍTIMO DE LAS ASOCIACIONES CIVILES. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR PARA ACREDITARLO CUANDO RECLAMAN EN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS ASOCIACIONES CIVILES CUENTAN CON ÉSTE, PARA RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES CON MOTIVO DE LA PROTECCIÓN DE UN DERECHO HUMANO DE NATURALEZA COLECTIVA SIN QUE ESTÉN OBLIGADAS A DEMOSTRAR UN DAÑO INDIVIDUALIZADO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. DEBEN MODULARSE Y AMPLIARSE CUANDO EL JUICIO SE PROMUEVE POR ASOCIACIONES CIVILES CON BASE EN UN INTERÉS LEGÍTIMO Y PARA PROTEGER DERECHOS COLECTIVOS, A FIN DE TUTELAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y LOGRAR UN VERDADERO EFECTO REPARADOR. PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. NO SE VULNERA AL RECONOCERLE INTERÉS LEGÍTIMO A LAS ASOCIACIONES CIVILES PARA RECLAMAR EN AMPARO INDIRECTO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES.
AMPARO EN REVISIÓN 79/2023. GRUPO DE INFORMACIÓN EN REPRODUCCIÓN ELEGIDA, A.C. Y OTRAS. 30 DE AGOSTO DE 2023. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE RELACIONADO CON LOS EFECTOS DEL AMPARO. DISIDENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: PABLO FRANCISCO MUÑOZ DÍAZ Y FERNANDO SOSA PASTRANA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Cuatro asociaciones civiles promovieron juicio de amparo indirecto en el que impugnaron la constitucionalidad de los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes. La Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo al considerar que las quejosas no contaban con interés legítimo para impugnar tales normas generales. Inconformes, las quejosas interpusieron recurso de revisión, el cual fue atraído por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión correspondiente al treinta de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 79/2023, interpuesto por Grupo de Información en Reproducción Elegida, Asociación Civil (en adelante se le denominará "GIRE"), por conducto de su representante legal, **********; Morras Help Morras, Asociación Civil (en adelante se le denominará "Morras Help Morras"), por conducto de su integrante de mesa directiva **********; Terfu, Asociación Civil (en adelante se le denominará "Terfu"), por conducto de su representante legal, **********; y Cultivando Género, Asociación Civil (en adelante se le denominará "Cultivando Género"), por conducto de su representante legal, **********; en contra de la resolución que dictó la Jueza Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes en el juicio de amparo indirecto ********** el veintinueve de abril de dos mil veintidós.
El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes que regulan la penalización del aborto, son inconstitucionales, por ser contrarios a los derechos humanos de las mujeres y de las personas gestantes, especialmente del derecho a la igualdad y no discriminación y del derecho humano a la salud.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda de amparo. GIRE, por conducto de su representante legal, **********; Morras Help Morras, por conducto de su integrante de mesa directiva **********; Terfu, por conducto de su representante legal, **********; y Cultivando Género, por conducto de su representante legal ********** (en adelante se les denominará "las asociaciones quejosas" o "las asociaciones recurrentes"), promovieron juicio de amparo indirecto en el que señalaron como autoridades responsables y como actos reclamados los siguientes:
a. Congreso del Estado de Aguascalientes. La discusión, aprobación, efectos y consecuencias de los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
b. Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes. La promulgación, efectos y consecuencias de los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
2. Los artículos de referencia son del contenido siguiente:
"Artículo 101. Aborto doloso. El Aborto Doloso es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.
"Al responsable de Aborto Doloso se le aplicarán de 1 a 3 años de prisión y de 40 a 80 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, cuando se realice por la mujer embarazada o por otra persona con el consentimiento de la mujer embarazada, tomando en cuenta para ello las reglas de la autoría, participación y complicidad.
"Cuando falte tal consentimiento de la mujer embarazada, la prisión será de 3 a 6 años y de 70 a 120 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados; si mediare violencia física o moral sobre la mujer embarazada, se impondrán al responsable de 6 a 8 años de prisión y de 80 a 150 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
"Si la mujer embarazada consiente que otro realice el Aborto Doloso en su persona, se le aplicarán de 6 meses a 1 año de prisión y de 40 a 80 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados."
"Artículo 102. Suspensión en caso de aborto. Cuando el Aborto Doloso lo realice un médico, cirujano o partero, además de la punibilidad establecida en el Artículo anterior, se le suspenderá de 2 a 5 años en el ejercicio de su profesión u oficio."
"Artículo 103. Exclusión de aborto doloso. No se considerará Aborto Doloso, y por ende no se aplicará pena o medida de seguridad alguna cuando de no practicarse el aborto, la mujer embarazada corra grave peligro de muerte, a juicio del médico que la asista y de otro a quien éste consulte, si ello fuere posible y la demora en consultar no implique peligro.
"Cuando el embarazo haya sido causado por hecho punible tipificado como violación en cualquier etapa del procedimiento penal iniciado al efecto, a petición de la víctima, la autoridad judicial podrá autorizar la realización del aborto, para que sea practicado por personal médico especializado, sin que ello conlleve las consecuencias jurídicas descritas en el presente capítulo."
3. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió a la Jueza Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, quien lo registró como amparo indirecto ********** y lo admitió a trámite.
4. Sentencia de amparo. Seguido el juicio por su cauce legal, la referida juzgadora federal dictó sentencia el veintinueve de abril de dos mil veintidós en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo.
5. Recurso de revisión. Inconformes con esta determinación, las sociedades quejosas interpusieron recurso de revisión, por conducto de su autorizado legal en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, **********, a través del escrito que presentó por la vía electrónica el nueve de mayo siguiente.
6. El conocimiento del asunto correspondió al Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, cuyo presidente ordenó su registro como amparo en revisión ********** y lo admitió a trámite.
7. Solicitud de reasunción de competencia. El día primero de junio de dos mil veintidós, mediante escrito presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la parte recurrente solicitó a este Máximo Tribunal que reasumiera su competencia originaria para conocer del recurso de revisión de referencia, al cual correspondió el número de identificación **********.
8. En sesión privada de diecisiete de agosto de dos mil veintidós de esta Primera Sala, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá decidió de oficio hacer suyo el escrito de solicitud de reasunción de competencia para conocer del amparo en revisión ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.
9. Una vez que el Ministro ponente elaboró el proyecto de resolución correspondiente, en sesión pública de esta Primera Sala de diecinueve de octubre del propio año, este órgano jurisdiccional determinó reasumir su competencia originaria para conocer del amparo en revisión de referencia.
10. Trámite ante la Suprema Corte. Recibidos en este Máximo Tribunal los autos que integran el amparo en revisión ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, mediante auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra presidenta ordenó el registro del asunto como amparo en revisión 79/2023; reasumió la competencia para conocer del amparo en revisión ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito; lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y ordenó su envío a esta Primera Sala.
11. Avocamiento. Finalmente, mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, el Ministro presidente de esta Primera Sala ordenó que este órgano jurisdiccional se avocara al conocimiento y resolución del presente asunto.
I. COMPETENCIA
12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como lo previsto en los puntos segundo, fracción III, inciso A), y tercero del "Acuerdo General Número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito", por tratarse de un asunto donde subsiste un tema de constitucionalidad en materia penal, competencia originaria de esta Primera Sala.
II. OPORTUNIDAD
13. Tal como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia de amparo recurrida le fue notificada por la vía electrónica el dos de mayo de dos mil veintidós a **********, autorizado legal en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de las sociedades quejosas. Notificación la cual surtió sus efectos ese mismo día en términos del artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo.
14. Así, el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo transcurrió del martes tres al martes diecisiete, ambos de mayo de dos mil veintidós. Debiéndose descontar de dicho cómputo los días siete, ocho, catorce y quince, del mismo mes y año por corresponder a sábados y domingos respectivamente; así como el día cinco también de mayo de dos mil veintidós, por ser inhábil conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.
15. Por tanto, si el escrito de agravios de revisión se presentó el nueve de mayo de dos mil veintidós a través de la vía electrónica, es claro que su interposición resulta oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
16. Esta Primera Sala considera que el recurso de revisión fue interpuesto por parte legitimada, en tanto, fue presentado por **********, a quien se le reconoció el carácter de autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de Grupo de Información en Reproducción Elegida, Asociación Civil; Morras Help Morras, Asociación Civil; Terfu, Asociación Civil; y Cultivando Género, Asociación Civil; personas morales a quienes se les reconoció el carácter de quejosas en el juicio de amparo indirecto ********** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
17. Como punto de partida para el análisis del presente apartado, esta Primera Sala estima necesario precisar que el juicio de amparo indirecto ********** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Aguascalientes, asunto del cual deriva el presente recurso de revisión, fue sobreseído; motivo por el cual, para resolver sobre este tópico es necesario conocer las razones que tomó en cuenta la juzgadora federal en cita para arribar a esta conclusión y los argumentos que sobre este tópico hacen valer las sociedades recurrentes.
18. Sentencia recurrida. En la sentencia de amparo recurrida, la Juez Federal consideró esencialmente lo siguiente:
a. El Congreso del Estado de Aguascalientes, al rendir su informe justificado, expresó que el juicio de amparo resultaba improcedente por actualizarse el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, esto es, por falta de interés jurídico o legítimo de las asociaciones quejosas, dado que no existía agravio en su perjuicio.
b. La juzgadora federal consideró que la aludida causa de improcedencia, resultaba fundada aunque por razones que difería en cierto grado de lo aludido por la autoridad responsable, pues lo cierto era que las asociaciones quejosas carecían de interés legítimo para impugnar en vía de amparo las normas que tildaron de inconstitucionales.
c. La Jueza de Distrito partió de lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XII, y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo; de los cuales –dijo– se desprende que el ejercicio de la acción de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, por lo que se reserva únicamente a la parte a quien afecte el acto o la norma general que se reclame. Entendiéndose por esa afectación aquella que es real y actual en relación con un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado. O bien, que dicha afectación actual y real tenga lugar con motivo de su especial posición frente al orden jurídico ya sea individualmente o de forma colectiva, es decir, sin gozar de un derecho subjetivo, sino de un interés legítimo.
d. De lo anterior, concluyó la Jueza Federal que, conforme a lo dispuesto por el precepto 107, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 17, fracción I, 18 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, el principio de instancia de parte agraviada no puede desvincularse o ser ajeno al juicio de amparo contra normas generales, pues de igual manera, a efecto de que el medio de control constitucional resulte procedente debe necesariamente existir ese perjuicio o afectación que le permita al gobernado accionarlo; de ahí que dicho perjuicio pueda ocasionarse con la simple entrada en vigor o, en su defecto, a través del primer acto que desarrolle el contexto de la norma en perjuicio del gobernado, es decir, con motivo de su primer acto de aplicación.
e. Después la sentencia refirió que, en ese contexto, es claro que una norma general puede reclamarse a través del juicio de amparo en dos oportunidades fundamentales a saber: a) Con motivo de su sola entrada en vigor (en su carácter de autoaplicativa); o, b) con motivo de su primer acto concreto de aplicación (en su carácter de norma heteroaplicativa). Partiendo de la base de que las normas autoaplicativas se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, en función de que, desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho irrogando un perjuicio o afectación en la esfera de quien se encuentra obligado por el solo hecho de su vigencia a su cumplimiento, pues las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna.
f. Después argumentó que las normas de carácter heteroaplicativo se distinguen, porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación; por lo que, ante la inclusión del interés legítimo, individual o colectivo que permite impugnar una norma de carácter general, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, al resolver el amparo en revisión 152/2013, que serán normas autoaplicativas aquellas en que los supuestos que se regulan no requieran un acto de aplicación posterior (incondicionadas); siempre que sus efectos sí revelen una afectación calificada, actual y real, individual o colectiva jurídicamente relevante en la esfera de la parte quejosa en sentido amplio (económica, profesional, de salud pública, escolar, o de cualquier otra), siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse en un beneficio jurídico a ésta.
g. Razón por la cual, determinó la Primera Sala que los quejosos no necesariamente deben ser destinatarios directos de la norma impugnada, sino que es suficiente que, en su carácter de terceros, resientan una afectación por la sola vigencia de la ley. Lo anterior, en virtud de que es el tráfico de las relaciones jurídicas de los particulares respecto a la norma, donde se puede apreciar la afectación que ésta revela, por lo que, el menoscabo personal puede acontecer en los siguientes tres supuestos: a) Cuando una norma establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, pero impacte colateralmente al quejoso, porque este último no es destinatario de la norma, en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) cuando una norma establezca hipótesis normativas en que el quejoso no es destinatario sino tercero de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero derivado de su posición frente a ese ordenamiento jurídico, de modo que resentirían un efecto de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa de forma colateral; y, c) cuando una norma regule determinado ámbito, con independencia de la obligación impuesta al destinatario directo, de modo que genere de manera inmediata en el tercero una afectación jurídicamente relevante. De lo anterior, la Jueza Federal concluyó que cuando se requiera un acto de aplicación para que se actualice uno de los supuestos citados la norma tendría carácter heteroaplicativo.
h. En la sentencia de amparo se continuó argumentando que, en el propio amparo en revisión 152/2013, la Primera Sala puntualizó que existen normas que si bien contienen obligaciones asignadas condicionadas (contenidos que pueden calificarse como heteroaplicativos), lo relevante es determinar si dicha norma genera una clase especial de afectación, que correría de manera paralela (contenidos que pueden calificarse como autoaplicativos) y que afectaría directamente a la parte quejosa como tercera; y destacó que tanto la Primera Sala como el Tribunal Pleno han determinado que una norma puede incluir distintos contenidos o efectos normativos, unos de los cuales sean autoaplicativos y otros heteroaplicativos, pudiendo la parte quejosa impugnar toda la regulación con motivo de la afectación autoaplicativa, sin la necesidad de acreditar un acto de aplicación de la parte heteroaplicativa. De forma tal que serán autoaplicativas aquellas normas potencialmente estigmatizadoras que proyectan un mensaje discriminatorio contra ciertos sujetos, siendo relevante, por tanto, la parte valorativa de la norma, no tanto su mecanismo normativo que, autónomamente, puede resultar heteroaplicativo.
i. Después la Jueza Federal transcribió los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, y precisó que, en el caso, no se reclamó la inconstitucionalidad de la totalidad de los artículos antes en cita, sino únicamente los párrafos segundo y cuarto del artículo 101, la totalidad del numeral 102 y del 103 sólo la porción en que se prohíbe el aborto auto procurado o consentido, así como los límites injustificados de acceso al aborto por causales y la parte donde se limita la capacidad de la mujer de someterse a un aborto cuando está en peligro su vida y salud.
j. En la sentencia de amparo se continuó argumentando que, de los artículos en cita se deriva que el Estado ha sancionado penalmente el aborto, entendido como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, a través de su tipificación como delito; que precisan las penas privativas de libertad y de pago de reparación de daños y perjuicios, en el caso en que el aborto se realice por la mujer embarazada o por otra persona con su consentimiento, conforme a las reglas de la autoría, participación y complicidad, así como la suspensión temporal en el ejercicio de la función al médico, cirujano o partero que practique un aborto doloso, con independencia de la pena privativa de libertad que resulte; preceptos legales que, además, limitan la exclusión del ilícito únicamente al caso en que, de no practicarse el aborto la mujer corra grave peligro de muerte, lo que se condiciona a que ello derive del juicio del médico que asista a la mujer y, de otro a quien éste consulte en caso de ser posible. Normativa de la cual, además, se desprende que, en los casos en que el embarazo haya sido causado por el hecho punible tipificado como violación, en cualquier etapa del procedimiento penal que se haya iniciado y a petición de la víctima, deberá ser la autoridad judicial quien autorice la realización del aborto. k. En ese orden de ideas, la juzgadora federal mencionó que los artículos señalados como actos reclamados debía entenderse que se trata de normas que imponen a las mujeres embarazadas una obligación de abstención (no hacer) consistente en la prohibición de procurar o consentir la interrupción del embarazo en cualquier etapa de la preñez. Situación de la cual se colige que las normas tienen como destinataria a la mujer en estado de gravidez; por lo que, al constituirse la parte quejosa por asociaciones civiles, debe concluirse que no resultan destinatarias de la norma impugnada.
l. También precisó la sentencia que, si bien no se desatendía que conforme a las consideraciones antes expuestas, no resultaba indispensable que la parte quejosa demostrara ser destinataria de la obligación primaria impuesta por la norma penal para considerar actualizado el interés legítimo exigido por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, pues era suficiente acreditar que existe una condición de afectación cualificada, real, objetiva, concreta y no sólo especulativa o conjetural, lo que se demostraba no sólo verificando que la obligación primaria no está condicionada a la actualización de una hipótesis o supuesto de hecho complejo, sino que esa obligación repercute en un perjuicio diferenciado; lo cierto era que la parte quejosa debía demostrar la frustración en la obtención de un beneficio o la generación de un perjuicio con el seguimiento de la obligación primaria impuesta por la norma impugnada.
m. Ello, porque las asociaciones quejosas sostuvieron que las normas impugnadas –en su carácter de autoaplicativas–, en abstracto y por su simple existencia, vulneran derechos y generan un efecto estigmatizante, así como un mensaje discriminatorio que atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, autonomía reproductiva, derecho a la salud, derecho a la igualdad, derecho a la no discriminación, constituyendo una forma de violencia contra las mujeres con capacidad para gestar, ante la amenaza de verse sometidas a un proceso penal en caso de quedar embarazadas y no desear continuar con el embarazo, así como a sufrir las consecuencias discriminatorias y estigmatizantes de la sociedad por ser un hecho sancionable penalmente.
n. La Jueza Federal concluyó que las asociaciones quejosas no acreditaron la suficiente afectación exigida por el concepto de interés legítimo, pues no puede soslayarse que la misma debe considerarse cualificada por un contexto adicional que lo torna objetivo, concreto y real, en tanto que debe sostenerse que por su sola vigencia no impactan colateralmente a las quejosas revelando en su esfera de derechos una afectación jurídicamente relevante, con motivo de esa posición frente al orden jurídico. Al respecto se destacó que el interés legítimo se constituye por la existencia de un interés personal, individual o colectivo que se traduce en un beneficio para quien intenta la acción, que se garantiza por el derecho objetivo pero sin la existencia de un derecho subjetivo dado que no puede caber oposición de ese derecho frente a otros; debe existir una afectación a la esfera de derecho, pues de otro modo se consolidaría una acción popular, las cuales se distinguen por la falta de afectación; el titular tiene un interés propio que es totalmente diferente al de cualquier gobernado, pues se trata de un interés cualificado y real, no potencial o hipotético, mientras que su anulación genera efectos positivos y negativos en la esfera del accionante.
o. De manera tal que, a efecto de acreditar que las normas reclamadas efectivamente irrumpen en la esfera de derechos de las asociaciones quejosas, de tal forma que su existencia les produce una afectación en mayor grado, sólo por una especial posición frente al orden jurídico; es menester que esa afectación aducida implique, ante una eventual concesión de protección constitucional, la obtención de un beneficio determinado que no puede ser indirecto, sino inmediato de la resolución que se dicte; pues de otra forma, la afectación es potencial o hipotética, al no revelar un beneficio directo en las quejosas.
p. Sobre la misma línea se continuó argumentando que para que asistiera tal interés a las sociedades quejosas, debieron demostrar razonablemente que la insubsistencia de las normas reclamadas les produciría un beneficio o efecto positivo, cierto e inmediato en su esfera jurídica, lo cual no se acreditó en el caso. Lo anterior es así, ya que la afectación que alegaron, la hicieron depender de su objeto social, que si bien se relaciona con la promoción y defensa de los derechos humanos, derechos reproductivos e igualdad de género, prevención de la violencia en contra de las mujeres, impulso al desarrollo integral de las mujeres, protección al derecho a la igualdad, entre otras, dicha afectación debía calificarse como hipotética o conjetural.
q. Ello, en virtud de que reclaman normas que prohíben la interrupción del embarazo, con las salvedades descritas, y la afectación que señalan deriva de que con la declaratoria de inconstitucionalidad que pretenden, podrían desarrollar de mejor manera el objeto social para el que fueron constituidas, mismo que aunque está encaminado a la protección, difusión e impulso de los derechos de diversos grupos, entre ellos las mujeres, no implica que la afectación que las normas causen por sí mismas a las asociaciones civiles quejosas pueda estimarse palpable y discernible objetivamente, sino abstracta e hipotética.
r. Situación la cual deriva en que las asociaciones quejosas en todo caso sólo cuentan con un interés simple, el cual coincide con el interés general que tiene todo miembro de la comunidad, sin que ello se traduzca en la posibilidad de obtener un beneficio específico y directo, sino lejanamente derivado. Ello, ya que, al derivar la afectación que aducen las asociaciones quejosas, del mejor desempeño que puedan realizar del objeto social para el que fueron constituidas, la misma resulta potencial o hipotética, pero no jurídicamente relevante, porque ante la eventual concesión de la protección constitucional, no podrían obtener un beneficio directo en su esfera de derechos derivado de la existencia de un perjuicio actual y real; pues no debía perderse de vista que si bien el interés legítimo es una categoría diferenciada amplia con relación al interés jurídico, no puede confundirse con el interés genérico de asociaciones o personas en relación al respeto que debe otorgarse a los derechos de las mujeres. Máxime, que el Alto Tribunal del país ha determinado que a fin de acreditar el interés legítimo es menester que esa afectación aducida implique la obtención de un beneficio determinado que no puede ser indirecto, sino directo y cierto.
s. De todo lo anterior, se concluyó en la sentencia de amparo recurrida que las normas reclamadas no trastocan el interés legítimo de las asociaciones civiles quejosas, pues no acreditaron ubicarse en esa especial posición frente a las normas reclamadas de modo que ante la insubsistencia obtengan un beneficio directo y cierto. Ello, sin que se pasara por alto que lo argumentado por las quejosas en el sentido de que las normas impugnadas contienen un mensaje discriminatorio; pues con esto tampoco se actualizan los supuestos para tener por acreditado su interés con motivo de esa afectación de estigmatización por discriminación que aducen. Al respecto, se mencionó que nuestro Máximo Tribunal de Justicia, al resolver el amparo en revisión 152/2013, en sesión del veintitrés de abril de dos mil catorce, estableció un nuevo paradigma para el estudio del interés legítimo cuando se impugnen normas generales sin señalar actos de aplicación concreta, pero se alegue una afectación de estigmatización por discriminación.
t. Precedente en el cual se consideró que, cuando se impugne directamente una norma –sin acto de aplicación– y se aduzca un interés legítimo, será necesario determinar si esta norma reúne las características necesarias para ser autoaplicativa conforme al criterio de clasificación de "individualización incondicionada" aplicable al concepto de interés legítimo. Esto es, para actualizar el interés legítimo cuando el destinatario del mensaje (parte quejosa) impugne una norma por estimar que lo estigmatiza, deberán acreditarse los requisitos siguientes: a) que se combata una norma de la cual se pueda extraer un mensaje perceptible objetivamente –que puede ser implícito– del que se alegue exista un juicio de valor negativo o estigmatizador, sin que sea requisito necesario exigir al quejoso acreditar un acto de aplicación de la parte dispositiva de la norma que regule el otorgamiento de beneficios o la imposición de cargas; b) que se alegue que ese mensaje negativo utilice un criterio de clasificación sospechoso, en términos del artículo 1o. constitucional, del cual el quejoso es destinatario por pertenecer al grupo identificado por alguno de esos elementos; y c) que se acredite que el quejoso guarda una relación de proximidad física o geográfica con el ámbito espacial de validez de la norma, sobre el cual se espera la proyección del mensaje.
u. En el caso concreto, la j
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31882-9b413db8/interes-legitimo-de-las-asociaciones-civiles-para-reclamar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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