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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ANALIZAR LA OPORTUNIDAD DE LA PROMOVIDA EN CONTRA DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, DEBE ATENDERSE AL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, POR TRATARSE DE NORMAS QUE REGULAN SITUACIONES JURÍDICAS GENERALES. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUALQUIERA DE LOS TRES PODERES DE LOS ESTADOS SE ENCUENTRA LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA A LA QUE PERTENECEN. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA MESA DIRECTIVA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 40, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULO 11, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE CONSIDERARSE COMO IMPUGNADA LA TOTALIDAD DE LA MODIFICACIÓN DE UNA NORMA OFICIAL MEXICANA CUANDO SE ADUCEN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL QUE SE ORIGINÓ. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TIENE FACULTADES PARA DIRIMIR CUESTIONES QUE IMPLIQUEN VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AUNQUE NO SE ALEGUE LA INVASIÓN DE ESFERAS DE COMPETENCIA DE LA ENTIDAD O PODER QUE LA PROMUEVE. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EXISTE INTERÉS LEGÍTIMO PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CUANDO SE ACTUALIZA UNA AFECTACIÓN A LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS LEGITIMADOS, A SU ESFERA JURÍDICA, O SOLAMENTE UN PRINCIPIO DE AFECTACIÓN. IX. FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. X. SALUD. EL LEGISLADOR FEDERAL DETERMINÓ LA FORMA Y LOS TÉRMINOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LA FEDERACIÓN EN LA MATERIA, A TRAVÉS DE LA LEY GENERAL DE SALUD. XI. SALUD. CORRESPONDE AL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DICTAR LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS A LAS QUE QUEDARÁ SUJETA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. XII. SALUD. ES INNECESARIO QUE LA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN LA MATERIA SEAN SIGNADAS POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL. XIII. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. SU CONCEPCIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. XIV. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. SU NATURALEZA Y PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN. XV. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. POR REGLA GENERAL, PARA SU MODIFICACIÓN DEBE CUMPLIRSE CON EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN, PERO, EXCEPCIONALMENTE, CUANDO NO SUBSISTAN LAS CAUSAS QUE MOTIVARON SU EXPEDICIÓN, ES POSIBLE MODIFICARLAS O CANCELARLAS SIN SEGUIR DICHO PROCEDIMIENTO. XVI. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. LA EXCEPCIÓN PARA SU MODIFICACIÓN NO SE SURTE CUANDO SE PRETENDAN CREAR NUEVOS REQUISITOS O PROCEDIMIENTOS, O BIEN, INCORPORAR ESPECIFICACIONES MÁS ESTRICTAS EN ÉSTAS. XVII. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LA NOM-046-SSA2-2005. XVIII. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. DEBEN AJUSTARSE A LO DISPUESTO EN LAS LEYES GENERALES DE LAS MATERIAS RESPECTIVAS. XIX. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. LA NOM-046-SSA2-2005 DEBE AJUSTARSE A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SALUD Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. XX. DIVISIÓN DE PODERES. LA FACULTAD CONFERIDA EN UNA LEY A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, NO CONLLEVA UNA VIOLACIÓN A ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. XXI. INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. CONSTITUYE UN SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA. XXII. INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PROTEGE EL DERECHO DE TODA PERSONA A DECIDIR DE MANERA LIBRE E INFORMADA SOBRE EL ESPACIAMIENTO DE LOS HIJOS Y A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA, LO QUE A SU VEZ INCLUYE LA ELECCIÓN Y LIBRE ACCESO A TODAS LAS FORMAS DE ANTICONCEPCIÓN, A LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y A LA EVENTUAL INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO. XXIII. INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. LAS AUTORIDADES MÉDICAS INCURREN EN UNA CONCULCACIÓN GRAVE DE DERECHOS HUMANOS AL NEGAR DICHA INTERRUPCIÓN CUANDO EL PRODUCTO ES CONSECUENCIA DIRECTA DE UNA VIOLACIÓN SEXUAL. XXIV. DERECHO A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA. LA MUJER Y LAS PERSONAS CON CAPACIDAD DE GESTAR SON TITULARES EXCLUSIVOS DEL DERECHO A DECIDIR LA CONTINUACIÓN O INTERRUPCIÓN DE SU EMBARAZO. XXV. INTERRUPCIÓN

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2016. · Registro digital (IUS): 31347
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-03-24
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo II, Pág.1255.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2016. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 24 DE MAYO DE 2022. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS,

Y RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Demanda, autoridades emisoras y normas impugnadas. Mediante escrito recibido el seis de mayo de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María de Lourdes Dávila Castañeda, ostentándose como presidenta del Congreso del Estado de Aguascalientes, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por las autoridades que a continuación se señalan:(1)

Autoridad demandada:

• Poder Ejecutivo Federal.

Acto cuya invalidez se demanda:

• La modificación de los puntos 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar; para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, publicada el dieciséis de abril de dos mil nueve; en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis.

2. SEGUNDO.—Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalados como violados. Del escrito de demanda hecho valer por la parte actora, se señalan como preceptos constitucionales violados los artículos 4o., 39, 40, 41, 49, 73, fracción XXI, 89, 116, 124 y 133.

3. TERCERO.—Antecedentes. De los antecedentes del caso narrados en la demanda se desprende, en síntesis, lo siguiente:

4. Posterior a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de dos mil once, fueron modificadas diversas normas locales del Estado de Aguascalientes, específicamente, y en lo que al caso atañe, los artículos 102 y 103 del código penal de dicha entidad, relativos al delito de aborto doloso, que a la letra disponen lo siguiente:

"Artículo 102. Suspensión en caso de aborto. Cuando el aborto doloso lo realice un médico, cirujano o partero, además de la punibilidad establecida en el artículo anterior, se le suspenderá de 2 a 5 años en el ejercicio de su profesión u oficio."

"Artículo 103. Exclusión de aborto doloso. No se considerará aborto doloso, y por ende no se aplicará pena o medida de seguridad alguna cuando de no practicarse el aborto, la mujer embarazada corra grave peligro de muerte, a juicio del médico que la asista y de otro a quien éste consulte, si ello fuere posible y la demora en consultar no implique peligro.

"Cuando el embarazo haya sido causado por hecho punible tipificado como violación en cualquier etapa del procedimiento penal iniciado al efecto, a petición de la víctima, la autoridad judicial podrá autorizar la realización del aborto, para que sea practicado por personal médico especializado, sin que ello conlleve las consecuencias jurídicas descritas en el presente capítulo."

5. De igual forma, la legislación del Estado de Aguascalientes prevé que la decisión de optar por la interrupción del embarazo, cuando éste es producto de una violación, sólo puede ser tomada por una mujer mayor de edad, pues en lo relativo a las menores, únicamente podrían hacerlo por conducto de sus padres o tutores y, eventualmente, de un Juez; al respecto, el código civil de dicha entidad señala lo siguiente:

"Artículo 435. Los hijos menores de edad están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los ascendientes que deban ejercerla conforme a la ley."

"Artículo 436. La patria potestad se ejerce sobre la persona y bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores, a las modalidades que le impriman las leyes aplicables."

"Artículo 437. La patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. Cuando por cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno de ellos, corresponderá su ejercicio al otro.

"A falta de ambos padres o por cualquier otra circunstancia prevista en este ordenamiento, ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado en el orden que determine el Juez de lo Familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso."

6. No obstante lo anterior, el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, publicó en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a la norma oficial mexicana que constituyen el acto impugnado, que implican que cualquier mujer o persona con capacidad de gestar menor de dieciocho años y mayor de doce podrá solicitar la interrupción legal del embarazo únicamente con la manifestación de haber sido violada y sin necesidad de contar con la anuencia de sus padres o tutores.

7. De forma que el Congreso actor aduce que el Poder Ejecutivo Federal, al decretar las citadas modificaciones, invade la esfera competencial del Estado de Aguascalientes.

8. CUARTO.—Conceptos de invalidez. De la lectura integral de la demanda se desprende que el Poder Legislativo actor hizo valer esencialmente, los siguientes argumentos:

1. Las modificaciones realizadas a la norma oficial mexicana, que constituyen el acto impugnado, transgreden lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 124 de la propia Ley Fundamental, el Congreso del Estado de Aguascalientes puede legislar en materia penal todo aquello que no esté reservado a la Federación en términos del artículo 73, fracción XXI,(2) de la Carta Magna, es decir, secuestro, desaparición forzada de personas o cualquier forma de privación de la libertad contraria a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como delitos en materia electoral.

En ese sentido, el delito de violación, al estar fuera del catálogo antes mencionado, resulta de competencia legislativa exclusiva para el Congreso del Estado de Aguascalientes; de ahí que, al eximir el cumplimiento de las reglas relativas a la interrupción legal del embarazo con motivo del delito de violación, previsto y sancionado en el artículo 119 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, el Ejecutivo Federal invade la esfera competencial de dicha entidad.

Además, en las modificaciones que constituyen el acto impugnado, específicamente las realizadas al punto 6.4.2.7, se establece que la interrupción voluntaria del embarazo, en caso de violación, se realizará "previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación; en caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables."; tales lineamientos evidencian la transgresión a los artículos 40 y 41 de la Carta Magna, pues el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, emite normas cuya formulación corresponde exclusivamente al Congreso del Estado de Aguascalientes.

2. Por otro lado, es también competencia exclusiva de la Legislatura del Estado de Aguascalientes el regular lo relativo a la figura de patria potestad, en razón de que el artículo 124 constitucional no reserva dicha materia a favor de la Federación. En efecto, las modificaciones realizadas a la norma oficial mexicana, que constituyen el acto impugnado, contemplan que sólo las mujeres menores de doce años requieren permiso de sus padres para la interrupción legal del embarazo, cuando éste haya ocurrido como resultado de violación, lo cual es contrario a los artículos 435, 436 y 437 del Código Civil para el Estado de Aguascalientes, además de vulnerar el interés superior del menor, pues se deja al albedrío de mujeres, por debajo de los dieciocho años de edad cumplidos, la decisión de interrumpir el embarazo, para lo cual no se encuentran psicológica ni físicamente preparadas.

3. La NOM-046-SSA2-2005, posterior a las modificaciones impugnadas, establece en su punto 6.4.2.7. que: "El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5 de la Ley General de Víctimas".

El aludido numeral de la Ley General de Víctimas, al distinguir los elementos que constituyen el principio de buena fe, no prevé la reforma, inobservancia, inaplicación o derogación de disposiciones legales con el fin de otorgar beneficios a las víctimas de delito, además de que emana de una ley secundaria, por lo que no debe imponerse frente a un derecho humano como lo es el reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se consagra la protección del interés superior de la niñez.

Asimismo, en atención al principio pro persona, resultan de mayor beneficio los preceptos de la ley sustantiva penal del Estado de Aguascalientes, pues protegen a las mujeres menores de edad que se encuentran en el rango de entre los doce y los dieciocho años de edad, por lo que deberán prevalecer dichas disposiciones.

4. Finalmente, se aduce que la naturaleza misma del acto que por esta vía se controvierte, vulnera el principio de división de poderes previsto en el artículo 49 en relación con el 116, ambos de la Constitución General de la República, pues otorga al titular de la Secretaría de Salud facultades para modificar la norma oficial mexicana, incluso sin necesidad de que el titular del Ejecutivo Federal suscriba el acto, pues para la emisión de reglas que afecten los derechos de los habitantes de la entidad se requiere llevar a cabo un proceso legislativo, lo que no ocurrió en el caso.

9. QUINTO.—Registro, admisión y trámite de la controversia. Por acuerdo de seis de mayo de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 45/2016.(3)

10. Asimismo, ordenó turnar el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

11. Por acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciséis,(4) el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a la autoridad demandada, reconociendo como tal al Poder Ejecutivo Federal, para que formulara su respectiva contestación.

12. Finalmente, en el referido auto, el Ministro instructor mandó dar vista a la procuradora general de la República para que expresara lo que a su representación correspondiera, ordenando, además, requerir al demandado para que, al rendir su contestación, enviara a este Alto Tribunal copias certificadas de los antecedentes del acto impugnado.

13. SEXTO.—Contestación de la demanda por parte del Poder Ejecutivo Federal. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, en síntesis, contestó lo siguiente:(5)

a) Contestación a los hechos:

Respecto al hecho consistente en las modificaciones de los puntos 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis, a través de la Secretaría de Salud, se afirma.

El resto de los hechos narrados en el escrito de demanda no se afirman ni se niegan, por no considerarse hechos propios del Poder Ejecutivo Federal.

b) Causales de improcedencia y sobreseimiento:

1. Se aduce que el Poder Legislativo de Aguascalientes, a pesar de sus pretensiones, lo cierto es que sólo combate el primer párrafo de la modificación al punto 6.4.2.7. de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, puesto que la alegada invasión de su ámbito de competencias consiste, en la porción que contempla la solicitud de las víctimas de violación para la interrupción del embarazo, y que, en caso de ser menor de doce años de edad, será a solicitud del padre y/o madre, o a falta de éstos, del tutor, o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; sin embargo, no hace mención del resto de disposiciones que conforman el acto impugnado, a saber, los párrafos segundo, tercero y cuarto del punto 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.3 de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999.

Derivado de lo anterior, el consejero jurídico federal estima que se actualizan las causales de improcedencia previstas en los artículos 19, fracción VIII y 22, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, respecto de los párrafos segundo, tercero y cuarto del punto 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.3 de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, no se advierten razonamientos que constituyan causa de pedir, por lo que deberá decretarse el sobreseimiento respecto de dichas porciones normativas.

2. El consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal alega que la parte actora carece de interés legítimo para promover el presente medio de control constitucional, pues no existe afectación a su esfera de atribuciones.

Ello se afirma, toda vez que la base del argumento del órgano actor es la transgresión a los derechos de las víctimas del delito de violación, lo cual no puede ser combatido por la vía de controversia constitucional, pues su objeto de estudio son las posibles invasiones de competencias que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, y no así las violaciones a derechos humanos.

En ese sentido, se debe sobreseer en la presente controversia constitucional, con fundamento en los artículos 20, fracción II; 19, fracción VIII; y 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) Consideraciones:

1. El objeto de la ahora denominada NOM-046-SSA2-2005 es establecer los criterios para la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a los usuarios de los servicios de salud en general y, en particular, a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual. Dicha norma oficial mexicana está dirigida a las instituciones del sistema nacional de salud, así como sus prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado.

2. Las modificaciones realizadas a la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999 armonizan las actuales definiciones contenidas en la Ley General de Víctimas y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica de la siguiente manera:

I. Se deja de utilizar el término "aborto médico" y se sustituye por el de "interrupción voluntaria del embarazo" para homologar la norma impugnada al contenido de la fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Víctimas, que dispone lo subsecuente:

"Artículo 30. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:

"...

"IX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, y ..."

II. Se establece que, en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los términos previstos en los casos permitidos por la ley.

3. Las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deberán prestar los servicios de interrupción del embarazo, pero sólo en los casos permitidos por la ley, debiendo precisar que el embarazo es producto de una violación y, en caso de ser menor de doce años, a solicitud de su padre o madre, o a falta de éstos, de su tutor, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

4. Con las modificaciones a la NOM-190-SSA1-1999 se deja de requerir la "autorización de autoridad competente" y se requiere únicamente la solicitud por escrito "bajo protesta de decir verdad", fundándose en el principio de "buena fe", acorde a lo establecido en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, que señala:

"Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

"...

"Buena fe. Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos."

Bajo dicho principio, ya no es indispensable que las instituciones verifiquen si el embarazo es producto de una violación, por lo que la norma impugnada se ajusta al sistema de atención que previene la Ley General de Víctimas, garantizando el acceso al servicio de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley.

5. La norma oficial mexicana, que constituye el acto impugnado, no encuentra fundamento en normas legales, federales o locales en materia penal, sino en los artículos 39, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3, fracción XV Bis, 13, inciso A, fracción I, 133, fracción I, 134, fracción I, 145 y 393 de la Ley General de Salud; 40, fracciones III y XI, 43 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 215 Bis 6 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.

Por tanto, no se pretende ni se puede regular otra materia que no sean las relacionadas con normalización, salud en general y prestación de servicios de salud en particular.

d) Validez del acto impugnado:

1. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, no está legislando sobre delitos no reservados a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, sino que únicamente ejerce las facultades que le otorgan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Salud, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.

2. La autoridad emisora no invade competencias reservadas al Congreso del Estado de Aguascalientes, ya que la normatividad le otorga facultades para conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, atribuciones que se ejercen, entre otros medios, mediante la emisión de normas oficiales mexicanas.

3. Los criterios establecidos en la NOM-046-SSA2-2005, constituyen especificaciones para la prestación del servicio de salud a personas involucradas en situaciones de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y no cuestiones en materia penal.

4. Como parte de las acciones tendentes a homologar la NOM-190-SSA1-1999, con la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en oficio número CEAV/CVS/C4/013/2014, de cuatro de diciembre de dos mil catorce, solicitó a la Dirección General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, que se armonizaran las normas que regulan la prestación de servicios de salud, para reconocer el derecho de las víctimas de acceder a los servicios de emergencia médica "...con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad, y sin que puedan condicionar su prestación a la presentación de la denuncia o querella". Lo anterior tuvo por objeto armonizar las definiciones de la NOM-190-SSA1-1999, con las establecidas en la Ley General de Víctimas, y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, conforme a lo siguiente:

• Se deja de utilizar el término "aborto médico" y se sustituye por el de "interrupción voluntaria del embarazo" (fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Víctimas).

• Se estableció que, en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas de atención médica deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo, sólo en los casos permitidos por ley, con lo que se respeta la competencia de las entidades para legislar lo concerniente al delito de aborto (artículos 29 y 30 de la Ley General de Víctimas y 215 Bis 6 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica).

• Para la interrupción del embarazo producto de una violación, se deja de requerir la "autorización de autoridad competente", ahora únicamente se requerirá la solicitud por escrito de la víctima "bajo protesta de decir verdad", fundándose en el principio de "buena fe" (artículos 4, 5, 29 y 30 de la Ley General de Víctimas y 215 Bis 6 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica).

• En relación con las víctimas menores de edad, a partir de los doce años se deja de requerir autorización de los padres, o de quien ejerza la patria potestad, para realizar la interrupción voluntaria del embarazo (artículos 29, 30 y 109 de la Ley General de Víctimas).

5. Se aduce que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 54/2009, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, sentó criterios que permiten asegurar que el acto impugnado no invade la esfera de atribuciones del Congreso del Estado de Aguascalientes, en virtud de que:

I. No se regulan cuestiones de orden criminal, sino temas de carácter técnico que establecen los criterios y procedimientos que permiten proteger y promover la salud; es decir, se refiere a la evaluación y atención de víctimas de violación desde un punto de vista médico, y no desde el contexto penal.

II. Si bien, la mayoría de las entidades federativas tipifican como delito la violación y que, por tanto, los agraviados adquieren el carácter de "víctima", lo cierto es que tal situación no convierte a las Legislaturas Locales en autoridades competentes para regular las características y especificaciones de la prestación de los servicios de salud que reciban dichas víctimas.

III. La aplicación del punto 6.4.2.7 de la norma oficial mexicana impugnada, está sujeta a que se trate de un caso permitido por la ley, por lo que no exime a los prestadores de los servicios de salud del cumplimiento de las leyes que resulten aplicables, ya sean federales o locales.

IV. No se establecen o modifican definiciones, clasificaciones, metodologías, criterios, caracterizaciones o cualquier otro término de referencia, que afecte derechos, obligaciones, prestaciones o trámites de los particulares.

6. Por otro lado, en lo relativo a la invasión de competencias para legislar sobre la patria potestad, se reitera que el Ejecutivo Federal no legisló sobre el tema, pues fue en ejercicio de la facultad en materia de salubridad general contenida en el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Federal, así como conforme a lo previsto en las normas secundarias que ya han sido citadas.

7. La normatividad aplicable prevé que los órdenes federal y local de gobierno, tienen la obligación de prestar servicios de emergencia médica, que incluyen los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley.

8. La normatividad permite a las víctimas mayores de doce años solicitar por sí mismas el ingreso al Registro Nacional de Víctimas, por lo que resulta evidente que, las mujeres menores de edad que hayan sido víctimas de violación pueden, por sí mismas, solicitar la prestación de los servicios de emergencia médica, entre los que se encuentra la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley; además, reconocer a las menores de edad como titulares de derechos, así como personas capaces de tomar decisiones, se respeta cabalmente el interés superior del menor.

9. Se aduce que una de las razones para modificar la NOM-190-SSA1-1999, consiste en proteger el ejercicio progresivo de los derechos de las niñas, a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía, lo cual se denomina "adquisición progresiva de la autonomía de los niños", que en el caso implica velar por que el personal médico siempre escuche y respete la opinión de las niñas en las decisiones relacionadas con el aborto por violación.

14. SÉPTIMO.—Opinión de la Procuraduría General de la República. La procuradora general de la República, en su carácter de representante social y parte legítima en la controversia constitucional, manifestó fundamentalmente lo siguiente:(6)

a) Causales de improcedencia:

1. Respecto a la causal de improcedencia a la que se refiere el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 22, fracción VII, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, invocada por el Ejecutivo Federal, la titular de la Procuraduría General de la República la considera fundada, en virtud de que el accionante sólo combatió el punto 6.4.2.7 de la norma oficial mexicana impugnada sin que se adviertan argumentos tendientes a acreditar la inconstitucionalidad de los puntos 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9.

2. Ahora bien, en lo relativo a la falta de interés legítimo del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, la representación social considera que debe desestimarse la causal de improcedencia, toda vez que los argumentos correspondientes a la invasión de su esfera de atribuciones deben de ser reservados al estudio de fondo de la controversia constitucional.

b) Conceptos de invalidez:

1. La titular de la Procuraduría General de la República consideró infundado el argumento de invalidez, relativo a que el punto 6.4.2.7 de la norma oficial mexicana, que constituye el acto impugnado, transgrede el principio de división de poderes, porque el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, rebasa su ámbito competencial, pues legisla respecto de los delitos de violación y aborto, así como en lo relativo a la patria potestad.

En ese tenor, aduce que no se advierte la intromisión del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Salud en cuestiones propias de otra potestad, en virtud de que el artículo 13, apartado A, fracción I, de la Ley General de Salud, prevé que la referida dependencia federal cuenta con la competencia para emitir normas oficiales mexicanas en materia de salubridad general.

Así mismo, estima que no se vulnera la prohibición a la no dependencia, toda vez que la Secretaría de Salud no impide, mediante las modificaciones a la norma oficial mexicana en cuestión, que el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes legisle en materia penal, respecto de los delitos de violación y aborto, ni tampoco en lo relativo a la patria potestad; máxime que, del punto controvertido se destaca que lo previsto en la norma oficial mexicana se realizará en los casos permitidos por la ley.

Además, manifiesta que tampoco se transgrede la prohibición a la no subordinación, pues con el acto impugnado no se limitan las decisiones del Congreso Local accionante, ni se le subordina a lo que se determine en la norma oficial mexicana, toda vez que la emisión de los referidos lineamientos fue en estricto apego a lo dispuesto en el artículo 256 Bis 6 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.

2. Por otro lado, la representación social considera infundado el concepto de invalidez atinente a que la observancia del principio de buena fe previsto en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas mengua lo dispuesto por el numeral 103 del Estado de Aguascalientes, en el cual se prevén las condiciones para la interrupción del embarazo cuando derive del delito de violación; así como en lo concerniente a que dicho principio está regulado en una ley secundaria.

Lo anterior obedece a que el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Víctimas con base en un mandato constitucional y, en consecuencia, forma parte de la Ley Fundamental, de acuerdo con lo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha establecido con respecto al principio de Supremacía Constitucional; en ese sentido, no le asiste la razón a la accionante, ya que las disposiciones de la Ley General de Víctimas no constituyen una norma secundaria, sino que resultan parte integral de la Ley Suprema y, por tanto, deberá prevalecer por sobre las determinaciones del Código Penal del Estado de Aguascalientes.

3. En otro aspecto, las modificaciones que constituyen el acto impugnado encuentran fundamento en los artículos 39, fracciones I y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 13, apartado A, fracción I, y 393 de la Ley General de Salud; 3, fracción XI, 40, fracciones III y XI, y 43 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; preceptos normativos de los cuales se desprende que:

• A la Secretaría de Salud le corresponde establecer y conducir la política nacional en materia de salubridad en general; así como las normas que rigen la prestación de servicios de salud en esa materia.

• Dicha dependencia de la administración pública federal es la facultada para dictar las normas oficiales mexicanas que regularán la prestación de servicios de salud en materia de salubridad general en todo el territorio nacional.

• A las entidades federativas les corresponde la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que se emitan con base en la Ley General de Salud.

• Las normas oficiales mexicanas tienen como finalidad establecer las característica

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31347-a10ac37a/i-controversia-constitucional-para-analizar-la-oportunidad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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