I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ANALIZAR LA OPORTUNIDAD DE LA PROMOVIDA EN CONTRA DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, DEBE ATENDERSE AL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, POR TRATARSE DE NORMAS QUE REGULAN SITUACIONES JURÍDICAS GENERALES. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUALQUIERA DE LOS TRES PODERES DE LOS ESTADOS SE ENCUENTRA LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA A LA QUE PERTENECEN. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS QUE TENGAN EL CARÁCTER DE PRESIDENTE Y DE SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TIENEN LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE DICHO PODER (ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN JUICIO EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULO 11, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE CONSIDERARSE COMO IMPUGNADA LA TOTALIDAD DE LA MODIFICACIÓN DE UNA NORMA OFICIAL MEXICANA CUANDO SE CUESTIONA TANTO SU FUNDAMENTACIÓN COMO SU MOTIVACIÓN. VI. FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. VII. SALUD. EL LEGISLADOR FEDERAL DETERMINÓ LA FORMA Y LOS TÉRMINOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LA FEDERACIÓN EN LA MATERIA, A TRAVÉS DE LA LEY GENERAL DE SALUD. VIII. SALUD. CORRESPONDE AL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, DICTAR LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS A LAS QUE QUEDARÁ SUJETA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. IX. SALUD. ES INNECESARIO QUE LA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN LA MATERIA SEAN SIGNADAS POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL. X. DIVISIÓN DE PODERES. LA FACULTAD CONFERIDA EN UNA LEY A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL NO CONLLEVA UNA VIOLACIÓN A ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. XI. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. SU CONCEPCIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. XII. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. SU NATURALEZA Y PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN. XIII. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. POR REGLA GENERAL, PARA SU MODIFICACIÓN DEBE CUMPLIRSE CON EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN, PERO, EXCEPCIONALMENTE, CUANDO NO SUBSISTAN LAS CAUSAS QUE MOTIVARON SU EXPEDICIÓN, ES POSIBLE MODIFICARLAS O CANCELARLAS SIN SEGUIR DICHO PROCEDIMIENTO. XIV. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. LA EXCEPCIÓN PARA SU MODIFICACIÓN NO SE SURTE CUANDO SE PRETENDAN CREAR NUEVOS REQUISITOS O PROCEDIMIENTOS, O BIEN, INCORPORAR ESPECIFICACIONES MÁS ESTRICTAS EN DICHAS NORMAS. XV. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LA NOM-046-SSA2-2005. XVI. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. DEBEN AJUSTARSE A LO DISPUESTO EN LAS LEYES GENERALES DE LAS MATERIAS RESPECTIVAS. XVII. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. LA NOM-046-SSA2-2005 DEBE AJUSTARSE A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SALUD Y LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. XVIII. INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. CONSTITUYE UN SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA. XIX. INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PROTEGE EL DERECHO DE TODA PERSONA A DECIDIR DE MANERA LIBRE E INFORMADA SOBRE EL ESPACIAMIENTO DE LOS HIJOS Y A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA, LO QUE A SU VEZ INCLUYE LA ELECCIÓN Y LIBRE ACCESO A TODAS LAS FORMAS DE ANTICONCEPCIÓN, A LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y A LA EVENTUAL INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO. XX. INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. LAS AUTORIDADES MÉDICAS INCURREN EN UNA CONCULCACIÓN GRAVE DE DERECHOS HUMANOS AL NEGAR DICHA INTERRUPCIÓN CUANDO EL PRODUCTO ES CONSECUENCIA DIRECTA DE UNA VIOLACIÓN SEXUAL. XXI. DERECHO A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA. LA MUJER Y LAS PERSONAS CON CAPACIDAD DE GESTAR SON TITULARES EXCLUSIVOS DEL DERECHO A DECIDIR LA CONTINUACIÓN O INTERRUPCIÓN DE SU EMBARAZO. XXII. INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO. CASO EN QUE LA TEMPORALIDAD ESTABLECIDA PARA LLEVARLA A CABO CUANDO EL EMBARAZO ES PRODUCTO DE UNA VIOLACIÓN IMPACTA NEGATIVAMENTE EN EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD DE LA MUJER. XXIII. INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN EN MATERIA DE MATERNIDAD NO PUEDE RESTRINGIRSE CUANDO LA CAUSA DE LA CONCEPCIÓN SEA PRODUCTO DE UNA VIOLACIÓN. XXIV. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. ACTUALIZACIÓN DEL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA MODIFICAR LA NOM-046-SSA2-2005 (MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 Y 6.7.2.9 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-190-SSA1-1999, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, PARA QUEDAR COMO NOM-046-SSA2-2005. VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA L
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 54/2016. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 26 DE MAYO DE 2022. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veintiséis de mayo de dos mil veintidós.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el nueve de mayo de dos mil dieciséis en la oficina de Correos de México, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintisiete del mismo mes y año, Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez y Armando Reyes Ledesma, ostentándose como presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva del Poder Legislativo del Estado de Baja California, promovieron controversia constitucional, en la que demandaron la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por las autoridades que a continuación se señalan:(1)
Autoridades demandadas:
I. Secretaría de Salud del Gobierno de la República.
II. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.
III. Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades.
Acto cuya invalidez se demanda:
I. La aprobación y publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis.
2. SEGUNDO.—Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalados como violados. Del escrito de demanda de la parte actora se desprenden como preceptos constitucionales violados los artículos 16, 40, 41, 71, 116 y 133.
3. TERCERO.—Antecedentes. De los antecedentes del caso narrados en la demanda se desprende, en síntesis, lo siguiente:
4. El once de marzo de dos mil dieciséis, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, ordenó publicar las modificaciones a los puntos 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la Norma Oficial Mexicana "NOM-190-SSA1-1999, prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar", para quedar como "NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención"; modificaciones que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis.
5. De la publicación consultable en el portal de Internet del Diario Oficial de la Federación se desprende lo siguiente:
"6.4.2.7. En caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación; en caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante entendiéndose su actuación, basándose en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5 de la Ley General de Víctimas."
6. Por otro lado, el Código Penal del Estado de Baja California, en la fracción II de su artículo 136 establece lo siguiente:
"Artículo 136. Aborto no punible.—El aborto no será punible:
"...
"II. Aborto cuando el embarazo es resultado de una violación o de una inseminación artificial.—Cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial practicada en contra de la voluntad de la embarazada, siempre que el aborto se practique dentro del término de los noventa días de la gestación y el hecho haya sido denunciado, caso en el cual bastará la comprobación de los hechos por parte del Ministerio Público para autorizar su práctica."
7. CUARTO.—Conceptos de invalidez. De la lectura integral de la demanda se desprende que el Poder Legislativo actor hizo valer, esencialmente, los siguientes argumentos.
8. La NOM-046-SSA2-2005, posterior a las modificaciones impugnadas, establece en su punto 6.4.2.7 que: "En caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación; en caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor conforme a las disposiciones jurídicas aplicables."
9. El aludido numeral carece de fundamentación y motivación, violentando lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, lo que por sí solo debe ser suficiente para declarar la invalidez de la norma.
10. La norma oficial mexicana, que constituye el acto impugnado, transgrede lo dispuesto en los artículos 40, 41, 71, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que violenta el principio de división de poderes y la supremacía constitucional.
11. Lo anterior deriva de la omisión de las autoridades demandadas de incluir en los supuestos establecidos en la norma impugnada, la "denuncia penal por el delito de violación ante la Agencia de Ministerio Público de orden Común", para que las víctimas puedan optar por la interrupción voluntaria del embarazo.
12. QUINTO.—Registro, admisión y trámite de la controversia. Por acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 54/2016.(2)
13. Asimismo, ordenó turnar el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, en razón de turno por conexidad, en virtud de que mediante proveídos de seis y veintisiete de mayo se le turnaron las diversas controversias constitucionales 45/2016 y 53/2016, promovidas, respectivamente, por los Poderes Legislativo de Aguascalientes y Ejecutivo de Baja California, en las cuales se impugna la misma norma.
14. Por acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciséis,(3) el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su calidad de instructor de la controversia constitucional admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a la autoridad demandada, reconociendo como tal al Poder Ejecutivo Federal, para que formulara su respectiva contestación.
15. Finalmente, en el referido auto, el Ministro instructor mandó dar vista a la procuradora general de la República, para que expresara lo que a su representación correspondiera, ordenando, además, requerir al demandado para que, al rendir su contestación, enviará a este Alto Tribunal copias certificadas de los antecedentes del acto impugnado.
16. SEXTO.—Contestación de la demanda por parte del Poder Ejecutivo Federal. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, en síntesis, contestó lo siguiente:(4)
a) Contestación a los hechos:
17. Afirmó el hecho consistente en la orden de publicar las modificaciones de los puntos 6.4.2.7, 6.4.2, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999.
18. Asimismo, refirió que resultaban ciertos los hechos relativos a la publicación, en el Diario Oficial de la Federación y su portal de Internet, de las modificaciones a los Criterios para la Atención Médica de la Violencia Familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005.
19. El resto de los hechos narrados en el escrito de demanda no los afirmó ni negó por considerar que no eran hechos propios del Poder Ejecutivo Federal.
b) Causal de sobreseimiento:
20. Se aduce que el Poder Legislativo del Estado de Baja California, a pesar de sus pretensiones, sólo combate el primer párrafo de la modificación al punto 6.4.2.7 de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, puesto que en su demanda únicamente se refiere a la omisión de establecer la "denuncia penal por el delito de violación ante la Agencia de Ministerio Público de orden común", como supuesto para que las víctimas puedan realizarse la interrupción voluntaria del embarazo.
21. Derivado de lo anterior, el consejero jurídico federal considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 22, fracción VII, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
22. En ese sentido, alega que respecto de los párrafos segundo, tercero y cuarto del punto 6.4.2.7, así como de los puntos 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.3 de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, no se advierten razonamientos que constituyan causa de pedir, por lo que estima que deberá decretarse el sobreseimiento respecto de dichas porciones normativas.
c) Consideraciones:
23. El objeto de la ahora denominada NOM-046-SSA2-2005 es establecer los criterios para la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a los usuarios de los servicios de salud en general, y en particular, a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual. Dicha norma oficial mexicana está dirigida a las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como sus prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado.
24. Las modificaciones realizadas a la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999 armonizan las actuales definiciones contenidas en la Ley General de Víctimas y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, de la siguiente manera:
I. Se deja de utilizar el término "aborto médico" y se sustituye por el de "interrupción voluntaria del embarazo", para homologar la norma impugnada al contenido de la fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Víctimas.
II. Se establece que en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los términos previstos en los casos permitidos por la ley.
III. Las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deberán prestar los servicios de interrupción del embarazo, pero sólo en los casos permitidos por la ley, debiendo precisar que el embarazo es producto de una violación y, en caso de ser menor de doce años, a solicitud de su padre o madre, o a falta de éstos, de su tutor, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
IV. Con las modificaciones a la NOM-190-SSA1-1999, se deja requerir la "autorización de autoridad competente", y se requiere únicamente la solicitud por escrito "bajo protesta de decir verdad", fundándose en el principio de "buena fe" acorde a lo establecido en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas.
V. Bajo dicho principio, ya no es indispensable que las instituciones verifiquen si el embarazo es producto de una violación, por lo que la norma impugnada se ajusta al sistema de atención que previene la Ley General de Víctimas, garantizando el acceso al servicio de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley.
VI. La norma oficial mexicana que constituye el acto impugnado, no encuentra fundamento en normas legales, federales o locales, en materia penal, sino en los artículos 39, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3, fracción XV Bis, 13, inciso A, fracción I, 133, fracción I, 134, fracción I, 145 y 393 de la Ley General de Salud; 40, fracciones III y XI, 43 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 215 Bis 6 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
VII. Por tanto, no se pretende ni se puede regular otra materia que no sean las relacionadas con normalización, salud en general y prestación de servicios de salud en particular.
d) Validez del acto impugnado:
25. El Ejecutivo Federal considera que las modificaciones a la norma oficial impugnada se encuentran debidamente fundadas y motivadas, conforme a lo siguiente:
Fundamentación:
26. El numeral 6.4.2.7 de la norma impugnada encuentra su fundamentación en las atribuciones conferidas a la Secretaría de Salud por los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, fracciones I y VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3, fracciones I, XV y XVI, 4, fracción III, 13, apartado A, fracciones I y IX, 133, fracción I y 393, párrafo primero, de la Ley General de Salud; 3, fracción XI, 38, fracción II, 40, fracciones III y XI, 41 y 43 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 2, apartado A, fracción II, 8, fracción V, 10, fracciones VII y XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.
27. De dicha normatividad se desprende que: (I) la Secretaría de Salud se encuentra facultada para establecer disposiciones generales de observancia obligatoria en todo el país; (II) la prestación del servicio de salud y atención médica en el territorio nacional compete a las instituciones del Sistema Nacional de Salud, la cual se rige por normas oficiales mexicanas, las cuales serán expedidas por la Secretaría de Salud; y, (III) entre las materias de salubridad general, se encuentra la prevención y el control de enfermedades y accidentes.
28. De modo que, si la Secretaría de Salud es una autoridad sanitaria, cuyas funciones incluyen la de dictar criterios técnicos para que los diferentes sectores del Servicio Nacional de Salud presten servicios de atención médica a víctimas de violencia familiar o sexual, es factible afirmar que la referida dependencia del Ejecutivo Federal se encuentra facultada para emitir las modificaciones impugnadas.
29. En dichos términos, las modificaciones a la norma oficial mexicana impugnada se encuentran debidamente fundadas, ya que fueron emitidas por la autoridad competente, actuando en el marco de la ley, y dentro de los límites de sus facultades y atribuciones conferidas por los ordenamientos antes mencionados.
Motivación:
30. El nueve de enero de dos mil trece se publicó la Ley General de Víctimas, razón por la cual se consideró necesaria la modificación de los puntos 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la Norma Oficial Mexicana impugnada, a efecto de homologar su contenido.
31. Así, se armonizaron las definiciones de la NOM-190-SSA1-1999 con las establecidas en la Ley General de Víctimas y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, conforme a lo siguiente:
• Se deja de utilizar el término "aborto médico" y se sustituye por el de "interrupción voluntaria del embarazo" (fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Víctimas).
• Se estableció que en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo, sólo en los casos permitidos por ley, con lo que se respeta la competencia de las entidades para legislar lo concerniente al delito de aborto (artículos 29 y 30 de la Ley General de Víctimas y 215 Bis 6 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica).
• Para la interrupción del embarazo producto de una violación, se deja de requerir la "autorización de autoridad competente", ahora únicamente se requerirá la solicitud por escrito de la víctima "bajo protesta de decir verdad", fundándose en el principio de "buena fe" (artículos 4, 5, 29 y 30 de la Ley General de Víctimas y 215 Bis 6 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica).
• En relación con las víctimas menores de edad, a partir de los doce años, se deja de requerir autorización de los padres, o de quien ejerza la patria potestad, para realizar la interrupción voluntaria del embarazo (artículos 29, 30 y 109 de la Ley General de Víctimas).
32. Por tanto, las modificaciones a la norma oficial impugnada, se encuentran debidamente fundadas y motivadas, en términos del artículo 16 constitucional.
33. Por otra parte, también se refiere en la contestación a la demanda que la autoridad emisora no viola los principios de división de poderes y supremacía constitucional, puesto que las modificaciones a la norma impugnada se realizaron en ejercicio de las facultades contenidas en el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Federal, así como en la normatividad secundaria.
34. En ese orden de ideas, las modificaciones impugnadas no violan los principios de división de poderes ni de supremacía constitucional, ya que no se está legislando en cuanto a la denuncia penal por el delito de violación, pues únicamente se establecen criterios para la prevención y atención médica de las personas que resulten afectadas por la comisión de un delito en el cual se haya ejercido violencia física, psicológica o sexual, respetando la legislación penal aplicable.
35. Finalmente, se aduce que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 54/2009, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, sentó criterios que permiten asegurar que el acto impugnado no invade la esfera de atribuciones del Congreso del Estado de Baja California, en virtud de que no se regulan cuestiones de orden criminal, sino temas de carácter técnico que establecen los criterios y procedimientos que permiten proteger y promover la salud; es decir, se refiere a la evaluación y atención de víctimas de violación desde un punto de vista médico, y no desde el contexto penal; y, entre otras cuestiones, que la aplicación del punto 6.4.2.7 de la Norma Oficial Mexicana está sujeta a que se trate de un caso permitido por la ley, por lo que no exime a los prestadores de los servicios de salud del cumplimiento de las leyes que resulten aplicables, ya sean federales o locales.
36. SÉPTIMO.—Opinión de la Procuraduría General de la República. La entonces procuradora general de la República, en su carácter de representante social y parte legítima en la controversia constitucional, manifestó fundamentalmente lo siguiente:(5)
a) Causales de improcedencia:
37. Respecto a la causal de improcedencia a la que se refiere el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 22, fracción VII, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, invocada por el Ejecutivo Federal, la titular de la Procuraduría General de la República consideró que debe ser desestimada, en virtud de que para determinar si el Congreso de Baja California hizo valer argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad del punto 6.4.2.7 de la Norma Oficial impugnada, es necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio de fondo del asunto.
38. No obstante lo anterior, precisa que la cuestión efectivamente planteada por el Poder actor consistió en que, la autoridad demandada invadió su esfera de atribuciones, al omitir la "denuncia penal por el delito de violación ante la Agencia de Ministerio Público de orden común", para que las personas afectadas por dicho ilícito pudieran realizarse la interrupción voluntaria del embarazo, conculcando así los principios de fundamentación y motivación. b) Conceptos de invalidez:
39. La titular de la Procuraduría General de la República consideró infundado el argumento de invalidez, relativo a que el punto 6.4.2.7 de la Norma Oficial Mexicana, que constituye el acto impugnado, transgrede los principios de fundamentación y motivación, establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
40. En ese tenor, aduce que la norma oficial impugnada fue emitida por la Secretaría de Salud, dependencia que es la competente para emitir las normas oficiales mexicanas relativas a la prestación de servicios de salud.
41. Adicionalmente, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Salud con base en un mandato constitucional, por lo que dicha norma general forma parte de la Ley Suprema.
42. En consecuencia, la Secretaría de Salud emitió la norma oficial impugnada con base en las atribuciones que el artículo 13, apartado A, fracción I, de la citada Ley General de Salud le confiere, por lo que resulta debidamente fundada.
43. Ahora bien, en lo relativo a la adecuada motivación, la titular de la Procuraduría General de la República destaca que de la parte considerativa de la publicación de la norma oficial se desprende lo siguiente:
"Que a partir de la publicación de la Ley General de Víctimas el 9 de enero de 2013, se considera necesario la modificación de los numerales 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 en el cuerpo de la norma, a efecto de homologar el contenido de estos numerales a fin de guardar congruencia con los términos establecidos en la Ley General de Víctimas."
44. Así, la modificación al punto 6.4.2.7 de la Norma Oficial atendió a la necesidad de homologar y guardar congruencia con las disposiciones de la Ley General de Víctimas.
45. Consecuentemente, el contenido del punto 6.4.2.7 de la Norma Oficial impugnada encuentra total apego a lo previsto en la Ley General de Víctimas, así como en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Servicios de Prestación de Servicios de Atención Médica, encontrándose debidamente motivada.
46. Por tanto, contrario a lo manifestado por el Congreso de Baja California, la procuradora general de la República considera que el punto controvertido se encuentra debidamente fundado y motivado.
47. Respecto al concepto de invalidez en el que se aduce que el punto 6.4.2.7 de la Norma Oficial Mexicana impugnada transgrede los principios de división de poderes y de supremacía constitucional establecidos en los artículos 40, 41, 71, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la titular del órgano de representación social lo considera infundado.
48. En ese tenor, estima que no se advierte la intromisión del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, en cuestiones propias de otra potestad, en virtud de que el artículo 13, apartado A, fracción I, de la Ley General de Salud, prevé que la referida dependencia federal cuenta con la competencia para emitir normas oficiales mexicanas en materia de salubridad general.
49. Asimismo, estima que no se vulnera la prohibición a la no dependencia, toda vez que la Secretaría de Salud no impide, mediante las modificaciones a la norma oficial mexicana en cuestión, que el Poder Legislativo del Estado de Baja California actúe de manera autónoma.
50. Además, manifiesta que tampoco se transgrede la prohibición a la no subordinación, pues con el acto impugnado no se limitan las decisiones del Congreso Local accionante, ni se le subordina a lo que se determine en la norma oficial mexicana, toda vez que la emisión de los referidos lineamientos fue en estricto apego a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas y del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
51. Finalmente, solicita que se realice una interpretación conforme, y señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá advertir que el punto 6.4.2.7 de la Norma Oficial Mexicana materia del acto impugnado, específicamente, en la porción que contempla: "en los casos permitidos por la ley", debe interpretarse en el sentido de que el operador, previo a realizar cualquier acción tendente a la interrupción legal del embarazo de menores de edad en casos de violación, deberá remitirse a la legislación de la materia, a efecto de advertir los supuestos en los que tal acción se encuentra permitida.
52. Al respecto, la titular de la representación social asevera que la citada porción normativa impide que el personal de salud que interviene en el proceso de interrupción del embarazo conozca claramente cuál es el procedimiento correcto para practicarlo, en virtud de que, al no ser peritos en derecho, podrían interpretar la norma controvertida de forma directa, es decir, sin verificar los supuestos en que la legislación vigente lo permita, o bien, al no comprender los alcances de la legislación vigente consultada, podrían negarse a realizar la interrupción del embarazo, aun cuando fuera factible.
53. Otro aspecto que advierte la procuradora general de la República que podría ocasionar la falta de certeza jurídica de la norma, consiste en lo previsto en el punto 4.1, que establece lo siguiente:
"4.1. Aborto médico, terminación del embarazo realizada por personal médico, en los términos y plazos permitidos de acuerdo con la legislación local aplicable y previo cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en ésta."
54. Refiere que dicho numeral transcrito se contrapone con el punto 6.4.2.7 previamente citado, puesto que por un lado, el primero de ellos estipula que la terminación del embarazo se realizará conforme a la legislación local aplicable, es decir, en el caso resultaría viable obedecer lo dispuesto en el artículo 136 del Código Penal de Baja California, que prevé la presentación de la denuncia correspondiente al delito de violación como requisito para la interrupción del embarazo.
55. Por tal motivo, y para garantizar el principio de certeza jurídica, la representación social insta al Máximo Tribunal a determinar los alcances del punto 6.4.2.7 de la Norma Oficial Mexicana que constituye el acto impugnado, para que, mediante una "interpretación conforme", se aclare al personal que interviene en el proceso de aborto en caso de violación, la forma en que correctamente deberán de proceder.
56. OCTAVO.—Cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el doce de septiembre de dos mil dieciséis se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(6)
57. El seis de agosto de dos mil diecinueve el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte informó a la secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad que el Pleno de este Alto Tribunal había desechado el proyecto de resolución de la controversia constitucional 54/2016 y acordó que el expediente se returnara conjuntamente al señor Ministro que se determinara para las controversias constitucionales 53/2016 y 45/2016.
58. En acuerdo de presidencia de doce de agosto de dos mil diecinueve, se acordó que la presente controversia constitucional se returnara al Ministro Eduardo Medina Mora I., a efecto de que formulara el proyecto de resolución que en derecho procediera.
59. Posteriormente, por acuerdo de presidencia de este Alto Tribunal de diez de octubre de dos mil diecinueve, se returnó la presente controversia constitucional al Ministro Luis María Aguilar Morales, en virtud de que mediante proveído de esa misma fecha se le designó con ese carácter en las diversas controversias constitucionales 45/2016 y 53/2016, promovidas por el Poder Legislativo de Aguascalientes y el Poder Ejecutivo de Baja California, respectivamente, en las que se impugnan "diversos actos concretos de contenido igual o similar" para que continuara actuando como instructor y formulara los correspondientes proyectos de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia
60. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105 fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(7) 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación «abrogado»,(8) en relación con el punto tercero,(9) y el punto segundo, fracción I,(10) del Acuerdo General Número 5/2013, publicado en veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de Baja California, por conducto de su Poder Legislativo y la Federación por conducto del Ejecutivo Federal, en el cual se impugnó una norma de carácter general.
SEGUNDO.—Oportunidad
61. A continuación, procede analizar la oportunidad en la presentación de la demanda, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.
62. El Poder Legislativo del Estado de Baja California impugna la modificación de los puntos 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar; para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, publicada el dieciséis de abril de dos mil nueve; dichas modificaciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis.
63. Si bien el decreto impugnado se trata de un acto formalmente administrativo, sus efectos son materialmente legislativos, en virtud de que la norma oficial mexicana regula un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables.(11
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31251-07393f21/i-controversia-constitucional-para-analizar-la-oportunidad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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