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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ANALIZAR LA OPORTUNIDAD DE LA PROMOVIDA EN CONTRA DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS, DEBE ATENDERSE AL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, POR TRATARSE DE NORMAS QUE REGULAN SITUACIONES JURÍDICAS GENERALES. II. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUALQUIERA DE LOS TRES PODERES DE LOS ESTADOS SE ENCUENTRA LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA A LA QUE PERTENECEN. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PODER EJECUTIVO LOCAL (ARTÍCULO 19, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN JUICIO EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER (ARTÍCULO 11, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EXISTE INTERÉS LEGÍTIMO PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CUANDO SE ACTUALIZA UNA AFECTACIÓN A LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS LEGITIMADOS, A SU ESFERA JURÍDICA, O SOLAMENTE UN PRINCIPIO DE AFECTACIÓN. VIII. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. SU NATURALEZA Y PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN. IX. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. POR REGLA GENERAL, PARA SU MODIFICACIÓN DEBE CUMPLIRSE CON EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN, PERO, EXCEPCIONALMENTE, CUANDO NO SUBSISTAN LAS CAUSAS QUE MOTIVARON SU EXPEDICIÓN, ES POSIBLE MODIFICARLAS O CANCELARLAS SIN SEGUIR DICHO PROCEDIMIENTO. X. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. LA EXCEPCIÓN PARA SU MODIFICACIÓN NO SE SURTE CUANDO SE PRETENDAN CREAR NUEVOS REQUISITOS O PROCEDIMIENTOS, O BIEN, INCORPORAR ESPECIFICACIONES MÁS ESTRICTAS EN DICHAS NORMAS. XI. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LA NOM-046-SSA2-2005. XII. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. DEBEN AJUSTARSE A LO DISPUESTO EN LAS LEYES GENERALES DE LAS MATERIAS RESPECTIVAS. XIII. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. LA NOM-046-SSA2-2005 DEBE AJUSTARSE A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SALUD Y EN LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. XIV. INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. CONSTITUYE UN SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA. XV. INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PROTEGE EL DERECHO DE TODA PERSONA A DECIDIR DE MANERA LIBRE E INFORMADA SOBRE EL ESPACIAMIENTO DE LOS HIJOS Y A LA AUTONOMÍA REPRODUCTIVA, LO QUE A SU VEZ INCLUYE LA ELECCIÓN Y EL LIBRE ACCESO A TODAS LAS FORMAS DE ANTICONCEPCIÓN, A LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y A LA EVENTUAL INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO. XVI. INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. LAS AUTORIDADES MÉDICAS INCURREN EN UNA CONCULCACIÓN GRAVE DE DERECHOS HUMANOS AL NEGAR DICHA INTERRUPCIÓN CUANDO EL PRODUCTO ES CONSECUENCIA DIRECTA DE UNA VIOLACIÓN SEXUAL. XVII. DERECHO A LA SALUD. SU EJERCICIO SUPONE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO DE QUE SU DISFRUTE IMPLICA EL BIENESTAR EMOCIONAL, SOCIAL Y FÍSICO DE LAS PERSONAS DURANTE TODO SU CICLO VITAL Y, EN EL CASO ESPECÍFICO DE LAS MUJERES O PERSONAS CON CAPACIDAD DE GESTAR, EL DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. XVIII. DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN EN MATERIA DE MATERNIDAD. NO PUEDE RESTRINGIRSE CUANDO LA CAUSA DE LA CONCEPCIÓN SEA PRODUCTO DE UNA VIOLACIÓN, PUES DICHA CAUSA QUEDA FUERA DEL ÁMBITO DE DECISIÓN DE LA VÍCTIMA DEL DELITO, AL AFECTARSE LA ÍNTIMA DECISIÓN DE SER O NO SER MADRE. XIX. NORMAS OFICIALES MEXICANAS. ACTUALIZACIÓN DEL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA MODIFICAR LA NOM-046-SSA2-2005 (MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 Y 6.7.2.9 DE LA NOM-046-SSA2-2005 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-190-SSA1-1999, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, PARA QUEDAR COMO NOM-046-SSA2-2005. VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN). XX. INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO. LAS AUTORIDADES MÉDICAS DE TODO EL PAÍS DEBEN PROPORCIONARLA A TODA AQUELLA PERSONA QUE LO SOLICITE, SIN QUE SEA NECESARIA AUTORIZACIÓN JUDICIAL O MINISTERIAL ALGUNA, AL TRATARSE DE UNA URGENCIA MÉDICA DE ATENCIÓN INMEDIATA (MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 Y 6.7.2.9 DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-190-SSA1-1999, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, PARA QUEDAR COMO NOM-046-SSA2-2005. VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN). XXI. INTERRUPCIÓN LEGAL DEL

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 53/2016. · Registro digital (IUS): 31252
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-02-03
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Febrero de 2023, Tomo II, Pág.1277.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 53/2016. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 24 DE MAYO DE 2022. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinticuatro de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS; Y,

RESULTANDOS:

1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el nueve de mayo de dos mil dieciséis en la oficina de Correos de México en la Ciudad de Mexicali, Baja California, y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintisiete del mismo mes y año, Francisco Rueda Gómez, ostentándose como secretario general de Gobierno del Estado de Baja California, promovió controversia constitucional, en la que demanda la invalidez del acto que más adelante se precisa, emitido por las autoridades que a continuación se señalan.(1)

Autoridad demandada:

• Poder Ejecutivo Federal.

Acto cuya invalidez se demanda:

• La modificación de los puntos 6.4.2.7., 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de Servicios de Salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar; para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis.

2. SEGUNDO.—Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalados como violados. Del escrito de demanda hecho valer por la parte actora, se desprenden como preceptos constitucionales violados los artículos 14 y 16.

3. TERCERO.—Antecedentes. De los antecedentes del caso narrados en la demanda se desprende, en síntesis, lo siguiente:

4. El veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación a los puntos 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar; para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, publicada el 16 de abril de 2009.

5. CUARTO.—Conceptos de invalidez. El Poder Ejecutivo actor hizo valer, esencialmente, los siguientes argumentos:

6. La modificación a la Norma Oficial Mexicana que constituye el acto impugnado, transgrede los principios de debido proceso y legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no cumplir con el proceso de modificación a las Normas Oficiales Mexicanas, previsto en los diversos 43, 44, 45, 46, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

7. Lo anterior, en virtud de que no se surte el supuesto de excepción en que se ubicó la autoridad emisora de la norma reclamada, contenido en el numeral 51 del cuerpo normativo en comento, por lo que es inconstitucional la modificación a la Norma Oficial Mexicana.

8. Señala que, los citados preceptos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, establecen el procedimiento específico para la elaboración y modificación de las NOMS, de lo que tiene especial mención el artículo 51 en cita, en el cual se apoyó la autoridad emisora para no seguir el procedimiento ya descrito, para la modificación de la NOM en cuestión, ya que, de acuerdo con tal numeral se tiene que:

– Cuando se pretenda modificar una NOM debe cumplirse con el procedimiento para su elaboración.

– Cuando no subsistan las causas que motivaron la expedición de una NOM, ésta podrá modificarse o cancelarse sin seguir el procedimiento para su elaboración.

– Cuando se modifique una NOM, y con ello se creen nuevos requisitos o procedimiento o incorporen especificaciones más estrictas, debe seguirse el proceso para su elaboración.

9. No obstante ello, la modificación impugnada no siguió el procedimiento que ordena la ley federal, pues, contrario a lo que se sostiene en la parte considerativa de la norma combatida, no se ubica en los supuestos de excepción que establecen los párrafos segundo y tercero del artículo 51, aun cuando pretenda justificarse en que la modificación no está creando nuevos requisitos o procedimientos, o bien, se incorporan especificaciones más estrictas, sino sólo pretende homologar el contenido de la NOM en cuestión, con las definiciones actuales contenidas en la Ley General de Víctimas, lo cierto es que esta ley general no establece disposición alguna que faculte a las víctimas del delito de violación de menores de 12 a 17 años, a solicitar por sí mismas a las instituciones públicas de salud el servicio de "interrupción voluntaria del embarazo, en los casos permitidos por ley", sin la autorización o consentimiento de los padres o tutor; de ahí que esta modificación contenida en el punto 6.4.2.7. de la NOM-046-SSA2-2005 no cumple con la finalidad de guardar congruencia con aquel ordenamiento.

10. Asimismo, la actora refiere que no es obstáculo a lo anterior, el que el artículo 109 de la Ley General de Víctimas establezca la obligación de las autoridades y de los particulares que tengan conocimiento de un delito o violación a derechos humanos de ingresar el nombre de la víctima al Registro Nacional de Víctimas, pues éste sólo establece la facultad de la víctima mayor de 12 años de solicitar su ingreso a dicho registro por sí misma o a través de sus representantes legales, lo que no se puede traducir en la aptitud de las menores víctimas, de 12 a 17 años, en casos de embarazo por violación, de solicitar por sí mismas, sin el consentimiento u autorización de sus padres, la "interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley", ya que son supuestos distintos, con alcances y consecuencias totalmente diferentes.

11. Máxime que, el numeral 5 de la propia ley general reconoce la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima menor de edad y obliga a su correspondiente tutela.

12. Lo anterior, pues por el contrario, se debe considerar que el punto sujeto a modificación creó nuevos requisitos, tratándose de las víctimas menores de edad, dado que introduce la posibilidad de las menores de doce a diecisiete años, de solicitar personalmente a las instituciones la "interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley", sin la necesidad de que dicha solicitud sea presentada o autorizada por sus padres o tutores.

13. En ese sentido, al modificarse la edad en que se requiere del consentimiento de los padres o tutores, para la solicitud de interrupción del embarazo producto de una violación, se estableció una nueva circunstancia o condición, la cual requiere que se siga el procedimiento de elaboración y modificación de las Normas Oficiales Mexicanas.

14. Finalmente, el Poder Ejecutivo accionante precisa que no se controvierte la edad idónea para decidir por sí mismo sobre la interrupción del embarazo por violación, sino que se controvierte el hecho de que con la modificación cuya invalidez se solicita, se introdujo un nuevo requisito, que en términos de lo dispuesto en el párrafo tercero, del numeral 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, resultaba necesario someterla al procedimiento de elaboración y modificación de las Normas Oficiales Mexicanas.

15. QUINTO.—Registro, admisión y trámite de la controversia. Por acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 53/2016.(2)

16. Asimismo, ordenó turnar el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento.

17. Mediante proveído de treinta de mayo de dos mil dieciséis, el Ministro instructor previno a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, exhibiera la documentación que permita acreditar que cuenta con el carácter que ostenta.(3)

18. Previo cumplimiento de la referida prevención, por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil dieciséis, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a la autoridad demandada, reconociendo como tal al Poder Ejecutivo Federal, para que formulara su respectiva contestación.(4)

19. Posteriormente, en el referido auto, el Ministro instructor mandó dar vista a la procuradora general de la República, para que expresara lo que a su representación correspondiera, ordenando, además, requerir al demandado para que al rendir su contestación, enviará a este Alto Tribunal copias certificadas de los antecedentes del acto impugnado.

20. SEXTO.—Contestación de la demanda por parte del Poder Ejecutivo Federal. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, en síntesis, contestó lo siguiente:(5)

a) Contestación a los hechos:

21. Reconoció como cierto el hecho consistente en las modificaciones de los puntos 6.4.2.7, 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis, a través de la Secretaría de Salud.

22. b) Causas de improcedencia y sobreseimiento:

23. Adujo que el Poder Ejecutivo de Baja California, a pesar de sus pretensiones, sólo combate el primer párrafo de la modificación al punto 6.4.2.7. de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, puesto que la alegada transgresión a los principios constitucionales de legalidad y debido proceso, se presenta como resultado de la emisión de las modificaciones impugnadas, sin seguir el procedimiento de elaboración de normas oficiales mexicanas que marcan los artículos 43, 44, 45, 46, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; sin embargo, no hace mención del resto de disposiciones que conforman el acto impugnado, a saber, los párrafos segundo, tercero y cuarto del punto 6.4.2.7., 6.4.2.8., 6.6.1. y 6.7.2.9 de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999.

24. Derivado de lo anterior, el consejero jurídico federal estima que se actualizan las causales de improcedencia previstas en los artículos 19, fracción VIII, y 22, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

25. Lo anterior en virtud de que respecto de los párrafos segundo, tercero y cuarto del punto 6.4.2.7., 6.4.2.8., 6.6.1. y 6.7.2.9, de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, no se advierten razonamientos que constituyan causa de pedir, por lo que deberá decretarse el sobreseimiento respecto de dichas porciones normativas.

26. Por otra parte, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo Federal alega que la parte actora carece de interés legítimo para promover el presente medio de control constitucional, pues no existe afectación a su esfera de atribuciones, toda vez que la base del argumento del órgano actor es que las modificaciones imponen, en el caso de embarazo por violación, una nueva carga a las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica estatales, y a su personal médico y de enfermería, de prestar el servicio de "interrupción voluntaria del embarazo", en los casos permitidos por la ley, a menores de doce a diecisiete años, sin requerir el consentimiento o autorización de sus padres o tutores, pero sin referir que atribución le vulnera.

27. En ese sentido, alega que se debe sobreseer en la presente controversia constitucional, con fundamento en los artículos 20, fracción II, 19, fracción VIII, y 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) Consideraciones:

28. El Poder Ejecutivo Federal refiere que el objeto de la ahora denominada NOM-046-SSA2-2005 es establecer los criterios para la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a los usuarios de los servicios de salud en general, y en particular, a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual; y que dicha Norma Oficial Mexicana está dirigida a las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como sus prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado.

29. Asimismo que las modificaciones realizadas, a la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, armonizan las actuales definiciones contenidas en la Ley General de Víctimas y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, de la siguiente manera:

I. Se deja de utilizar el término "aborto médico" y se sustituye por el de "interrupción voluntaria del embarazo", para homologar la norma impugnada al contenido de la fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Víctimas, que dispone lo subsecuente:

"Artículo 30. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en: ...

"IX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, y ...

"II. Se establece que en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los términos previstos en los casos permitidos por la ley."

30. Las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deberán prestar los servicios de interrupción del embarazo, pero sólo en los casos permitidos por la ley, debiendo precisar que el embarazo es producto de una violación y, en caso de ser menor de doce años, a solicitud de su padre o madre, o a falta de éstos, de su tutor, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

31. Con las modificaciones a la NOM-190-SSA1-1999, se deja requerir la "autorización de autoridad competente", y se requiere únicamente la solicitud por escrito "bajo protesta de decir verdad", fundándose en el principio de "buena fe" acorde a lo establecido en el artículo 5o. de la Ley General de Víctimas.

32. Bajo dicho principio, ya no es indispensable que las instituciones verifiquen si el embarazo es producto de una violación, por lo que la norma impugnada se ajusta al sistema de atención que previene la Ley General de Víctimas, garantizando el acceso al servicio de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley.

33. La Norma Oficial Mexicana que constituye el acto impugnado encuentra fundamento en los artículos 39, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3o., fracción XV Bis; 13, inciso A., fracción I; 133, fracción I; 134, fracción I; 145 y 393 de la Ley General de Salud; 40, fracciones III y XI; 43 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y, 215 Bis 6 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.

34. Por tanto, en esencia, trata sobre materia de salubridad general.

d) Validez del acto impugnado:

35. El Ejecutivo Federal considera que las modificaciones a la norma oficial impugnada no violan los principios de legalidad y debido proceso, pues son acordes a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

36. La representación del órgano demandado precisa que el Ejecutivo Estatal accionante se duele, esencialmente, de que las modificaciones impugnadas son inconstitucionales, toda vez que no fueron emitidas conforme al procedimiento de elaboración de normas oficiales mexicanas, previsto en los artículos 43, 44, 45, 46, 47 y 51 de la ley de la materia.

37. En ese tenor, el poder actor considera que las referidas modificaciones constituyen nuevos requisitos, consistentes en la potestad de las víctimas menores de edad para solicitar el servicio de "interrupción voluntaria del embarazo", en los casos permitidos por ley, sin la autorización o consentimiento de los padres o tutores.

38. Al respecto, el Ejecutivo Federal aduce que dichos argumentos son infundados, toda vez que la emisión de las modificaciones impugnadas no puede sujetarse al procedimiento de creación de normas oficiales mexicanas, sino que debe atender a lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 51 de la Ley Federal de (sic) Metrología y Normalización.

39. Lo anterior se afirma, en atención a que las aludidas modificaciones, únicamente pretenden armonizar la norma oficial impugnada, con el marco normativo de la Ley General de Víctimas, entendiendo dicho marco en un sentido amplio, teniendo como principio jurídico protector el interés superior del menor.

40. Por tanto, el hecho de que la Ley General de Víctimas no establezca disposición alguna que faculte a las víctimas del delito de violación, menores de doce a diecisiete años, a solicitar por sí mismas el servicio de "interrupción voluntaria del embarazo", en los casos permitidos por ley, sin la autorización o consentimiento de los padres o tutores, no quiere decir que las modificaciones controvertidas resulten contrarias a los ordenamientos nacionales e internacionales; por el contrario, atienden a una protección de los derechos de los menores víctimas del delito de violación, a la luz del nuevo paradigma de los derechos humanos.

41. SÉPTIMO.—Opinión de la Procuraduría General de la República. El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.

42. OCTAVO.—Cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del diverso 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(6)

43. El Tribunal Pleno, en sesión de cinco de agosto de dos mil diecinueve, resolvió por mayoría de ocho votos, desechar el proyecto de resolución de la presente controversia constitucional.

44. En dicha sesión se votaron los apartados relativos a la competencia, oportunidad, legitimación activa y legitimación pasiva, así como el relativo a las causas de improcedencia. En cuanto al fondo, el proyecto primigenio proponía declarar fundado el concepto de invalidez, en el sentido de que no se había cumplido con el proceso de modificación de las normas oficiales mexicanas y sin que se estuviera en el caso de excepción a que se refiere el artículo 51 de Ley Federal sobre Metrología y Normalización; sin embargo, como se anticipó, fue desechado el proyecto, por una mayoría de ocho votos.(7)

45. El seis de agosto de dos mil diecinueve el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte informó a la secretaria de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de inconstitucionalidad que el Pleno de este Alto Tribunal había desechado el proyecto de resolución de la controversia constitucional 54/2016 y acordó que el expediente se returnara conjuntamente al señor Ministro que se determinara para las controversias constitucionales 53/2016 y 45/2016.

46. En acuerdo de presidencia de doce de agosto de dos mil diecinueve, se acordó que la presente controversia constitucional se returnara al Ministro Eduardo Medina Mora I., a efecto de que formulara el proyecto de resolución que en derecho procediera.

Posteriormente, por acuerdo de presidencia de este Alto Tribunal de diez de octubre de dos mil diecinueve, se returnó la presente controversia constitucional al Ministro Luis María Aguilar Morales, en virtud de que mediante proveído de esa misma fecha se le designó con ese carácter en la diversa controversia constitucional 45/2016, promovida por el Poder Legislativo de Aguascalientes, en la que se impugna "diversos actos concretos de contenido igual o similar" para que continuara actuando como instructor y formulara los correspondientes proyectos de resolución. CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

48. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(8) y 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) en relación con los puntos segundo, fracción I(10) y tercero,(11) del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se plantea un conflicto entre el Estado de Baja California, por conducto de su Poder Ejecutivo, y la Federación por conducto del Ejecutivo Federal, en el cual se impugnó una norma de carácter general.

SEGUNDO.—Oportunidad.

49. A continuación, procede analizar la oportunidad en la presentación de la demanda, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente.

50. El Poder Ejecutivo del Estado de Baja California impugna la modificación de los puntos 6.4.2.7., 6.4.2.8, 6.6.1 y 6.7.2.9 de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar; para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, publicada el dieciséis de abril de dos mil nueve; dichas modificaciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis.

51. Si bien el decreto impugnado se trata de un acto formalmente administrativo, sus efectos son materialmente legislativos, en virtud de que la norma oficial mexicana regula un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables.(12)

52. Aunado a lo anterior, este Pleno ha determinado que las normas oficiales mexicanas trascienden a la esfera de los gobernados creando, modificando y extinguiendo situaciones jurídicas abstractas, impersonales y generales; dado que estas disposiciones normativas deberán ser acatadas por todo el gobernado que se ubique en los supuestos que se señalan, aplicándose tantas veces como los gobernados se ubiquen en dichas hipótesis de manera general, en ese sentido se concluye que se trata de normas que regulan situaciones jurídicas generales.(13)

53. Por ello, para analizar la oportunidad de la presentación de la demanda debe atenderse al artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(14) que establece que tratándose de normas generales el plazo para la presentación de la demanda será de treinta días, y se computará a partir del día siguiente de su publicación o de aquel en que se realice su primer acto de aplicación.

54. En el caso, el plazo debe computarse a partir del día siguiente al de la publicación de las modificaciones a la norma oficial mexicana, la cual tuvo lugar el jueves veinticuatro de marzo de dos mil dieciséis; por ende, el plazo comenzó el lunes veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, y concluyó el lunes nueve de mayo del mismo año, debiendo omitir del cómputo los días viernes veinticinco de marzo de dos mil dieciséis, por ser día inhábil, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General Número 18/2013 de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el artículo 3o., fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de abril, y uno, siete y ocho de mayo de dos mil dieciséis, por corresponder a sábados y domingos, de conformidad con los numerales 2o. de la ley reglamentaria de la materia y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

55. Asimismo, debe descontarse el cinco de mayo de dos mil dieciséis, por tratarse de día inhábil, según el Acuerdo General Número 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el artículo 3o., fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

56. Ahora bien, el oficio por el que se interpuso la presente controversia constitucional se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Servicio Postal Mexicano, según consta de los sellos que aparecen asentados en el sobre que obra en este expediente,(15) consecuentemente, su oportunidad deberá analizarse conforme a lo previsto en el artículo 8 de la ley reglamentaria de la materia.(16)

57. Conforme al citado numeral, para que se tengan por presentadas en tiempo las promociones que se depositen por correo certificado o se envíen vía telegráfica se requiere: a) que se depositen en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de recibo, o se envíen vía telegráfica, desde la oficina de telégrafos; b) que el depósito o envío se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y, c) que el depósito o envío se realice dentro de los plazos legales.(17)

58. En el caso concreto, como se asentó, el depósito del oficio en el que se promueve el presente recurso se efectuó por correo mediante pieza certificada con acuse de recibo, según se desprende del sobre que obra agregado en el presente expediente, en el que aparece asentado un sello del que se lee: "Correos de México, fecha 09/05/2016, destino: Mx México", por lo que se cumple con el primer requisito que exige el artículo 8 de la ley reglamentaria de la materia.

59. Por otra parte, como se ha expresado, el numeral en cita dispone que las oficinas de correos o de telégrafos en que debe hacerse el depósito o el envío correspondiente sean aquellas que se encuentren ubicadas en el lugar de residencia de las partes.

60. Así, las partes que radiquen fuera del lugar de residencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán presentar sus promociones y recursos mediante correo certificado o por telégrafo, en los lugares en que tengan su domicilio, a efecto de que tengan las mismas oportunidades y facilidades para la defensa de sus intereses que aquéllos cuyo domicilio se encuentra ubicado en el mismo lugar en que tiene su sede este Alto Tribunal, a fin de que no tengan que desplazarse del lugar de su residencia hasta esta ciudad para presentar sus promociones o recursos, evitando así que los plazos dentro de los cuales deban ejercer un derecho o cumplir con una carga procesal puedan resultar disminuidos por razón de la distancia.

61. Del sello plasmado en el sobre que obra agregado en el presente expediente, se advierte que el escrito de demanda se depositó el lunes nueve de mayo de dos mil dieciséis, y de la certificación que obra en proveído de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, realizada por el secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, se corrobora que dicho depósito se llevó a cabo en el lugar de residencia del Poder recurrente, ubicado en Mexicali, Baja California.(18) Por tanto, se cumple con el segundo requisito que exige el artículo 8 de la ley reglamentaria de la materia, consistente en que el depósito o envío de las promociones se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; consecuentemente su presentación resulta oportuna.

TERCERO.—Legitimación activa.

62. Conforme al artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados pueden interponer controversias constitucionales en contra de la Federación. Por su parte, el numeral 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional señala que el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo. Así las cosas, corresponde verificar la personalidad jurídica de quien suscribe la demanda, así como las facultades del cargo que ostenta, a fin de conocer si el Estado está debidamente representado o no.

63. El Poder Ejecutivo del Estado de Baja California fue representado por Francisco Rueda Gómez, en su carácter de secretario general de Gobierno de la referida entidad, quien acreditó su personalidad con copia certificada de la constancia suscrita por el oficial mayor y el director de Recursos Humanos, ambos del Gobierno del Estado de Baja California, de quince de mayo de dos mil catorce, de su nombramiento realizado por el gobernador de la entidad;(19) y cuyas atribuciones para comparecer en representación del Poder Ejecutivo del Estado, en lo relativo a lo previsto por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están previstas en el fracción XXIII del artículo 19 de la entonces vigente Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California.(20)

64. Cabe precisar que, de la revisión de la legislación local no se advierte alguna disposición que señale en qué poder del Estado o en qué funcionario recae la representación de la entidad; únicamente se advierte que el artículo 11 de la Constitución del Estado de Baja California establece que el Supremo Poder del Estado se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.(21)

65. Así, acorde con el criterio sostenido por este Tribunal Pleno, al establecerse en los artículos 49 y 116, primer párrafo, de la Constitución Federal, qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31252-1dd685a7/i-controversia-constitucional-para-analizar-la-oportunidad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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