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ABORTO EN CASO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, AL PREVER QUE NO ES PUNIBLE CUANDO SE VERIFIQUE DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS A PARTIR DE LA CONCEPCIÓN, CONSTITUYE UNA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y DE REVICTIMIZACIÓN. ABORTO EN CASO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, AL PREVER QUE NO ES PUNIBLE CUANDO SE VERIFIQUE DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS A PARTIR DE LA CONCEPCIÓN, ES VIOLATORIO DE LA DIGNIDAD HUMANA Y CONSTITUYE UNA REVICTIMIZACIÓN DE LA MUJER. ABORTO EN CASO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, AL PREVER QUE NO ES PUNIBLE CUANDO SE VERIFIQUE DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS A PARTIR DE LA CONCEPCIÓN, ES VIOLATORIO DE LA DIGNIDAD HUMANA Y DEL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD DE LAS MUJERES. ABORTO EN CASO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, AL PREVER QUE NO ES PUNIBLE CUANDO SE VERIFIQUE DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS A PARTIR DE LA CONCEPCIÓN, ES VIOLATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LAS MENORES DE EDAD, ASÍ COMO DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE POBREZA Y MARGINACIÓN. ABORTO EN CASO DE VIOLACIÓN. EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, AL PREVER QUE NO ES PUNIBLE CUANDO SE VERIFIQUE DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS A PARTIR DE LA CONCEPCIÓN, ES VIOLATORIO DEL DERECHO A LA SALUD EN SU FACETA MENTAL Y PSICOLÓGICA DE LAS MUJERES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 438/2020. · Registro digital (IUS): 30682
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-06-10
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, Pág.3723.

AMPARO EN REVISIÓN 438/2020. 7 DE JULIO DE 2021. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la sesión virtual de siete de julio dos mil veintiuno.

SENTENCIA

Recaída al amparo en revisión 438/2020, interpuesto por **********, por sí y en representación de su hija **********, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, recaída al juicio de amparo indirecto 1325/2018; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Demanda de amparo. Por escrito presentado el trece de noviembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, **********, por propio derecho y en representación de **********, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:

Ver cuadro

2. Derechos violados. La parte quejosa invocó como derechos vulnerados los que se desprenden de los artículos 4o. y 20, apartado C, fracción II, de la Constitución Federal; 30, fracción IX y 35 de la Ley General de Víctimas; y los puntos 6.4.2.7 y 6.4.2.8 de la NOM-046-SSA2-2005, que contiene los criterios para la prevención y atención de violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

3. SEGUNDO.—Admisión, trámite y resolución del amparo. Por cuestión de turno, tocó conocer de la demanda al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, cuyo titular, mediante proveído de quince de noviembre de dos mil dieciocho, la admitió a trámite y registró con el expediente **********, solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, dio la intervención que por ley corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional.

4. Mediante sentencia de veinte de septiembre de dos mil diecinueve se determinó negar el amparo solicitado, no reconocer el carácter de víctimas a las quejosas y dar vista al agente del Ministerio Público Federal.

5. TERCERO.—Interposición, admisión y trámite del recurso de revisión. Inconforme con la resolución anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual conoció por razón de turno el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, mismo que registró bajo el número ********** y, en sesión de cuatro de junio de dos mil veinte, determinó solicitar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que, de considerarlo procedente, ejerciera su facultad de atracción para conocer del presente recurso de revisión.

6. CUARTO.—Trámite del recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante auto de tres de noviembre de dos mil veinte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó asumir la competencia originaria para que este Alto Tribunal conociera del recurso de revisión, el cual fue registrado como amparo en revisión 438/2020, y lo turnó para su conocimiento al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrante de la Primera Sala de este Alto Tribunal, por corresponder a su especialidad, ordenó su radicación en la referida Sala, y mandó notificar a las autoridades responsables y al Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal.

7. De esta forma, la Ministra presidenta de la Primera Sala de este Alto Tribunal, por acuerdo de veinte de enero de dos mil veintiuno, tuvo por recibidos los autos que integran el presente asunto, se avocó al conocimiento del recurso de revisión interpuesto y determinó enviar los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

8. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) y 83 de la Ley de Amparo vigente;(2) 21, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) y 86 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte, en relación con lo establecido por los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(4) en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo.

9. Destacando que en el caso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito emitió resolución en el recurso de revisión **********, en sesión de cuatro de junio de dos mil veinte, en la que determinó solicitar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que, de considerarlo procedente, ejerciera su facultad de atracción para conocer del recurso de revisión.

10. Asimismo, mediante auto de tres de noviembre de dos mil veinte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó asumir la competencia originaria para que este Alto Tribunal conociera del recurso de revisión; al respecto, debe precisarse que la reasunción de competencia obedece a que en el caso se impugna la constitucionalidad del artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas y si bien, al tratarse de un precepto de una ley local, la competencia delegada conforme al inciso b) de la fracción I del citado Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(5) corresponde a los Tribunales Colegiados; lo cierto es que, el presente asunto reviste características de importancia y trascendencia que hacen necesario que este Alto Tribunal reasuma su competencia originaria y en el caso del oficio **********, suscrito por el director del Hospital General de Tapachula "Dr. Manuel Velasco" impugnado, ejerza su facultad de atracción.

11. En efecto, esta Primera Sala considera que el presente asunto reviste las característica de importancia y trascendencia, debido a que implica el análisis de la actuación del Juez de Distrito del conocimiento en relación con la observancia de diversos derechos humanos de distintos grupos vulnerables, destacadamente de las personas con discapacidad, menores de edad y mujeres; lo que implica analizar y precisar la aplicación de la perspectiva de género, interés superior del menor y derechos de las personas con discapacidad.

12. SEGUNDO.—Oportunidad. En el caso se hace innecesario analizar la oportunidad del recurso de revisión, debido a que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito la analizó y determinó que es oportuno.

13. TERCERO.—Legitimación. El recurso de revisión fue interpuesto por parte legitimada para ello, toda vez que lo presentó **********, quien tiene el carácter de autorizado de la parte quejosa, según se desprende del auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo indirecto **********, en donde le fue reconocido el carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12(6) de la Ley de Amparo y se encuentra facultado para interponer los recursos que procedan.

14. CUARTO.—Cuestiones necesarias para resolver el asunto.

I. Antecedentes. A partir de las constancias que integran el expediente, se tiene lo siguiente:

a) Del acta de nacimiento de **********, se tiene que nació el veintidós de agosto de dos mil en Tapachula, Chiapas.

b) Del expediente clínico de **********, que fue exhibido por la autoridad responsable, se tiene que:

• Nació con parálisis cerebral infantil (PCI) la cual le fue detectada a los ocho meses de edad y crisis convulsivas.

• No es capaz de comunicarse por sí misma y requiere de los cuidados y auxilios de su madre y abuela para realizar actividades básicas como comer e higiene personal.

• Del diagnóstico psicológico(7) se advierte que todas las preguntas se realizaron a través de la madre y que ella se encarga del cuidado de su hija; asimismo, que contaba con poca higiene.

• Del diagnóstico social(8) se advierte que forma parte de una familia compuesta por la madre, la abuela y un hermano de veinte años.

• Asimismo, que la madre trabaja en una empacadora de atún y percibe un salario mínimo. Asimismo, que viven en casa propia con techo de lámina, paredes y piso de concreto y cuentan con los servicios públicos básicos y seguro popular.

c) De los hechos narrados, se tiene que el nueve de octubre de dos mil dieciocho, ********** comenzó a convulsionar, por lo que su abuela la llevó al Hospital General de Tapachula "Dr. Manuel Velasco Suárez" y, posteriormente, su madre, **********, se trasladó a dicho nosocomio.

Al llegar, el personal médico le comentó que ********** contaba con cinco meses de embarazo, la internaron y dieron aviso del delito de violación a la Fiscalía General del Estado, razón por la cual se abrió la carpeta de investigación **********.

d) Atento a lo anterior, mediante escrito de quince de octubre de dos mil dieciocho, ********** solicitó al director del hospital mencionado la interrupción del embarazo que cursaba su hija **********, por ser producto de una violación; petición que le fue negada, mediante oficio **********, de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 181 del Código Penal vigente en el Estado de Chiapas.

Esto, pues fue diagnosticada con veintitrés punto cuatro semanas de gestación (ciento sesenta y siete días), parálisis infantil y crisis convulsiva, lo que hacía más difícil la interrupción del mismo, ya que fue encontrada en un estado de salud inadecuado y de alto riesgo para someterse a una intervención quirúrgica.

e) A partir de las fechas antes referidas, en especial del acta de nacimiento y el oficio mediante el cual le fue negada la interrupción del embarazo, en el que se señala que ********** tenía ciento sesenta y siete días de gestación, se desprende que al momento de la concepción, la cual conforme a los hechos se originó por el delito de violación, aún era menor de edad.

Esto es así, pues entre la fecha del oficio conforme al cual a ese momento tenía ciento sesenta y siete días de embarazo y el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, fecha en que cumplió la mayoría de edad, transcurrieron únicamente cuarenta y ocho días; de ahí que al momento de la concepción aún era menor de edad.

II. Conceptos de violación. Las quejosas, en síntesis, hicieron valer los siguientes motivos de disenso:

a) El artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas es inconstitucional, porque establece un periodo máximo de tiempo para interrumpir legalmente el embarazo producto de una violación sin que exista una justificación objetiva y razonable para ello, además de que se contradice con el actual estándar en materia de derechos humanos de las mujeres.

b) Que ese plazo máximo para la interrupción del embarazo obstaculiza que las mujeres víctimas del delito de violación puedan acceder a un servicio de salud de emergencia en términos de la Ley General de Víctimas; aunado que tal precepto normativo carece de perspectiva de género y produce un impacto diferenciado para las personas con discapacidad.

La normatividad impugnada carece de fundamento jurídico y médico, además, no toma en consideración la circunstancia de edad, estado físico y psicológico de las mujeres que son víctimas del delito de violación; y que, en el caso, el embarazo producto de la violación atentaba contra el desarrollo integral poniendo en riesgo la vida, salud física y emocional de su hija **********.

c) El Congreso en el Estado de Chiapas vulnera el derecho a la salud de las mujeres y de las niñas, al limitar, sin fundamento razonable, a noventa días a partir de la concepción la posibilidad de interrumpir el embarazo producto de una violación. Para considerar un riesgo como existente y con ello una afectación a la salud en cualquiera de sus dimensiones basta con que exista una posibilidad de producirse un daño a la salud y menoscabe en cualquiera de sus dimensiones la vida, integridad física, mental y social y, en el caso, la interrupción del embarazo es una alternativa prevista en la ley para enfrentar esos riesgos; sin embargo, al avalar las cargas desproporcionadas de las mujeres que impone el límite de tiempo establecido en la norma penal impugnada, el Poder Legislativo hace nugatorio el derecho humano a la salud.

d) La porción normativa reclamada del artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas es inconstitucional, porque impone obstáculos innecesarios a las mujeres para acceder a la interrupción legal del embarazo por motivo de una violación; luego, no respeta, ni protege, ni garantiza el derecho a la salud de las mujeres que resultaron embarazadas por haber sido víctimas de una agresión sexual.

e) La actuación del Congreso del Estado de Chiapas y del gobernador resulta negligente y violatorio a los derechos constitucionales de la víctima directa quejosa, porque no se valoran de manera integral y dentro del marco de derechos humanos los riegos en que se colocaba la salud física, mental y social de las mujeres en caso de continuar con el embarazo producto de una violación.

f) La normativa impugnada carece de toda perspectiva de género, ya que la autoridad está obligada a actuar con la debida diligencia en casos relacionados con violencia contra las mujeres como en el caso particular permitir la interrupción del embarazo por violación; por lo que las obligaciones de respeto, protección y garantía del derecho a la salud no se cumplieron, pues las autoridades responsables, al restringir el acceso a la interrupción del embarazo, impiden consecuentemente el acceso a los servicios médicos de salud reproductiva en las instancias públicas.

Así, atenta a los parámetros expuestos de la regulación de los derechos a la salud, pues la interrupción del embarazo producto de una violación constituye una medida idónea para la protección de ese derecho y, en consecuencia, cuando las autoridades responsables restringieron (sic) injustificadamente restricciones en la ley, niegan esa posibilidad transgrediendo, por un lado, el derecho como mujeres a la salud y, por el otro, ellas mismas incumplieron sus obligaciones en la materia como agentes del Estado, siendo los encargados de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos.

g) Las autoridades responsables incumplieron con sus obligaciones en materia de derechos a la salud establecidos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

h) El artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas tiene, a su vez, un impacto diferenciado en las personas con discapacidad. Lo anterior en tanto el plazo masivo establecido genera que en ciertos casos se obstaculice el acceso a la interrupción del embarazo, puesto que las personas con discapacidad así como las que cuidan de éstas, pueden no estar conscientes del embarazo, incluso, no poder comunicar o comprender dicha situación.

Detrás de la negativa de realizar la interrupción del embarazo no deseado producto de violación se encuentra el grave problema de discriminación que históricamente ha sometido a las mujeres, razón por la que no sólo ataca el acto administrativo, sino que con igual fuerza denuncia la discriminación inmersa en la regulación de la interrupción del embarazo en el ámbito local del Estado de Chiapas.

i) Por lo anterior, la existencia de una regulación como la del citado artículo 181 del Código Penal de Chiapas referente a la interrupción legal del embarazo producto de una violación, es la manifestación de un patrón estatal discriminatorio hacia las mujeres reflejado en la normativa penal que concibe la libertad sexual y reproductiva de las mujeres (incluyendo a niñas y adolescentes como derechos humanos de menor valor) y que, en su caso, los considera como entes biológicos cuyo principal papel es la procreación, sin importar la edad, el libre desarrollo de la personalidad, los derechos sexuales y reproductivos, la vida privada/intimidad (proyecto de vida) ni las condiciones o riesgos de salud que conlleva un embarazo.

Este estereotipo de género, discriminatorio, se mantiene vigente aun cuando actualmente los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos prohíben la discriminación por razones de género, luego, tanto la norma jurídica como el acto administrativo reclamados se reputan inconstitucionales por ser contrarios al artículo 1o. de la Constitución Federal, y a diversos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano que prohíben la discriminación, por razones de género y sexo.

j) El contenido restrictivo del artículo 181 del Código Penal de Chiapas es la expresión de la discriminación que existe en contra de las mujeres, pues le niega el acceso efectivo a la interrupción del embarazo por violación, cuando no cumplen cualquiera de los requisitos señalados, sin tomar en cuenta uno de los bienes tutelados de mayor importancia como es la libertad sexual e integridad física, mental y social de las mujeres a través del delito de violación; además, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y de forma simultánea se transgreden otros derechos como el derecho a la salud, a la integridad personal y al libre desarrollo de la personalidad; luego, al restringir la interrupción del embarazo producto de la violación en la porción normativa impugnada se transgrede el principio de acceso efectivo a la justicia de las mujeres, sobre todo, si se atiende a la naturaleza del delito y a la afectación que ello genera en la psique de las víctimas.

k) Manifiesta la quejosa que suponiendo sin conceder que el Código Penal de Chiapas justifique en las características biológicas entre hombres y mujeres un trato diferenciado hacia estas últimas para regular el delito de aborto, la regulación de la excluyente de responsabilidad (es una excusa absolutoria no excluyente) contenida en el artículo 181 del Código Penal vigente en el Estado, es discriminatoria desde el momento en que establece condiciones irrazonables para interrumpir el embarazo no obstante que es resultado de una agresión sexual; lo cual vulnera doblemente los derechos de las mujeres, pues con la comisión del delito de violación se transgrede su libertad sexual y con la limitante de tiempo para llevar a cabo la interrupción se transgrede su libertad reproductiva y con ello su integridad personal, el libre desarrollo de su personalidad y su derecho a una vida libre de violencia.

l) La medida impugnada –continúa diciendo– resulta absurda, ya que si se toma en consideración que un embarazo producto de violación es una consecuencia de una transgresión a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la protección legal que debería contemplar la ley es la de proteger y reparar de forma integral la afectación causada a dichos derechos, incluyendo el que el Estado garantice plenamente la interrupción del embarazo no deseado producto de violación en cualquier momento de la preñez.

m) Para determinar si la restricción y exclusión está conectada con la finalidad imperiosa identificada, debe precisarse si las demás causales excluyentes de responsabilidad del delito de aborto establecen requisitos similares a los establecidos para la interrupción del embarazo por violación; dentro de éstas se encuentran: a) el aborto por peligro de muerte de las mujeres; y, b) cuando el producto del embarazo presenta alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de éste con trastornos físicos o mentales graves. Así, destacó del análisis del precepto impugnado que la causal de "violación" es la única que establece una temporalidad como requisito de procedibilidad –para la realización del aborto–; lo que demuestra la falta de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad de la porción normativa impugnada, pues impone una mayor carga hacia las mujeres que han sido víctimas de violación para llevar a cabo la interrupción, lo que es discriminatorio y desigual, no sólo en relación con los hombres, sino respecto a las propias mujeres que han sido víctimas de este tipo de delitos; circunstancia que contradice la naturaleza de la excluyente de responsabilidad por violación y revictimiza, por lo que la norma no cumple con el mandato constitucional de protección a la libertad sexual y reproductiva, a la salud, a una vida libre de violencia, el acceso a la justicia, igualdad y no discriminación.

Señaló que el embarazo no deseado producto de la violación que enfrentaba su hija –hecho que en sí mismo conlleva una serie de afectaciones en su desarrollo físico, mental y social como víctima de una agresión sexual– representaba además de un alto riesgo para su salud física y psicológica e, incluso, para la vida, por tener parálisis cerebral y convulsiones, por lo que se debieron considerar estas afectaciones y no imponerse requisitos desproporcionados para acceder a la interrupción, pues es constitucionalmente inaceptable que la integridad personal de las mujeres y la libertad para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos se vulneren y se pongan en riesgo por la continuidad de un embarazo producto de violación a una edad temprana.

n) Afirmó que la porción normativa del artículo 181 del Código Penal vigente en el Estado de Chiapas viola el derecho a la salud porque limita, sin fundamento razonable, a doce semanas la posibilidad de interrumpir el embarazo producto de una violación, por lo que no respeta, protege, ni garantiza el derecho a la salud de las mujeres embarazadas que no desean continuar con la gestación por haber sido víctimas de una agresión sexual.

o) Señaló que tampoco respeta el derecho de igualdad porque las autoridades responsables no adoptaron medidas legislativas ni administrativas adecuadas que permitieran atender las necesidades específicas de niñas y adolescentes, para proteger y preservar el derecho a su salud libre de toda discriminación.

p) También viola su derecho a la vida privada y a la no injerencia arbitraria por parte del Estado, porque al condicionar la interrupción del embarazo al cumplimiento de condiciones carentes de razonabilidad, obliga a las mujeres a continuar un embarazo producto de una violación, con las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que ello conlleva.

q) Asimismo, sostuvo que incide en los derechos de las niñas y en el principio del interés superior de la niñez, porque establece requisitos desproporcionados para llevar a cabo la interrupción del embarazo, porque no toma en consideración la edad, estado físico y psicológico de las niñas y adolescentes, así como que las niñas enfrentan mayores riesgos a la vida y a la salud que las mujeres adultas en embarazos tempranos.

III. Consideraciones del Juez de Distrito. La sentencia de amparo dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, en resumen, se sostiene en las consideraciones siguientes:

• En el considerando sexto, relativo al estudio de los conceptos de violación, en primer lugar, señaló que la víctima directa fue víctima de un delito de violación, por lo que era inobjetable que se encontraba en situación de vulnerabilidad; por lo que señaló que sería estudiado bajo perspectiva de género. No obstante, estimó que sus conceptos de violación resultaban infundados.

• En primer lugar, a partir de lo establecido en los artículos 1o. y 2o. de la Constitución Federal, señaló que la misma protege el derecho a la vida de todas las personas y que es un derecho supremo sin el cual no se da la existencia y el disfrute de los demás derechos; que la vida humana es protegida desde el momento de su concepción; destacando el contenido del artículo 4o. de la Norma Fundamental, el cual establece la igualdad entre el hombre y la mujer, así como el interés superior del menor.

• Asimismo, hace referencia al artículo 123, apartado A, en sus fracciones V y XV, y apartado B, en su fracción XI, inciso c), de contenido social y que corrobora la igualdad entre el varón y la mujer, así como la protección a la maternidad, protegiendo tanto la salud de la mujer como la del producto de la concepción.

• Asimismo, hizo referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual se desprende que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y que por su falta de madurez tanto física como mental, necesita protección legal y cuidados especiales tanto antes como después del nacimiento; y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente al artículo sexto que señala que el derecho a la vida es inherente a la persona humana, el cual estará protegido por la ley y nadie podrá ser privado de ésta arbitrariamente.

• Expresiones que aduce son confirmadas por legislaciones secundarias, tales como el Código Penal Federal, el Código Penal para el Estado de Chiapas, el Código Civil Federal y el Código Civil para el Estado de Chiapas.

• Señala que el Código Penal Federal y el Código Penal para el Estado de Chiapas regulan el delito de aborto, el primero en su artículo 329 y el segundo en su numeral 178, en cuyo ilícito el bien jurídico protegido es la vida humana en el plano de su gestación fisiológica. Así, de los mismos deduce que consideran al producto de la concepción como alguien que tiene vida, porque a través del aborto se le causa la "muerte". Lo que es reiterado por el Código Civil Federal y el Código Civil para el Estado de Chiapas; de lo que concluye que el producto es protegido legalmente desde su concepción, en todo su alcance y con independencia del proceso biológico en el cual se encuentre. Se apoya en la tesis de rubro: "DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU PROTECCIÓN DERIVA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES."

• Asimismo, sostiene que el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas impugnado, no deja en un plano de desigualdad a la aquí quejosa ni vulnera su derecho a la no discriminación, así como tampoco vulnera los derechos e interés superior de la niñez; puesto que no establece, que a determinadas mujeres por sus características se les deba autorizar la interrupción del embarazo, lo que sí sería discriminatorio; sino que prevé que toda mujer podrá interrumpir legalmente su embarazo siempre y cuando cumpla con los requisitos en ella consignados, en específico, cuando dicho embarazo sea consecuencia de una violación y se realice dentro de los noventa días a partir de la concepción.

• Por las mismas razones, se concluye que el mencionado precepto legal tampoco viola su derecho a la vida y a la no injerencia arbitraria del Estado, porque lejos de obligar a las mujeres a continuar un embarazo producto de una agresión sexual –violación–, les da la posibilidad de que legalmente interrumpan ese proceso natural, siempre que cumplan los requisitos mencionados. Lo anterior, pues también protege la vida del producto, por lo que el Estado se encuentra obligado a velar por la vida de éste y no solamente por la afectación a la integridad física de la madre.

• Asimismo, sostiene que la norma que se combate no contraviene el espíritu constitucional ni los tratados internacionales en los que México es Parte. Lo anterior, tomando en consideración el Código Penal vigente en el Distrito Federal, de similar redacción al Código Penal para el Estado de Chiapas, en cuanto a la previsión de la interrupción del embarazo, en específico, en el apartado relativo al delito de aborto.

• Al respecto, sostuvo que la legislación de la Ciudad de México, la cual es más progresista y con derechos claros en relación con la decisión que puedan tener las mujeres con respecto a su cuerpo, derivaron de una serie de debates en el Poder Legislativo y arduo análisis de preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos y los tratados internacionales de los que México es Parte; no obstante ello, al regular la integración del delito de aborto, tomó como uno de sus elementos constitutivos, el que se realice después de la décima segunda semana de gestación, es decir, de noventa días; similar requisito para que en Chiapas, se actualice la excusa absolutoria, prevista en el artículo impugnado. Por tanto, señaló que el periodo establecido es absolutamente esencial ya sea para considerar que el aborto es delito o no (excluyente de delito) o como es el caso del Estado de Chiapas, no deba ser objeto de ninguna pena (excusa absolutoria).

• Así se tiene que en el caso del código local, el legislador estableció un plazo que no es caprichoso, sino que obedece a una corriente ideológica que examinó escrupulosamente el riesgo de muerte que presenta la mujer en esa etapa del embarazo; luego, lejos de ser un obstáculo que restringe los derechos de salud reproductiva, como lo alega la parte quejosa, pondera el derecho a la vida del producto de la concepción y de la propia madre; de ahí que la porción normativa impugnada no transgrede el derecho humano a la salud reproductiva de la mujer.

• En cuanto al impacto diferenciado en las personas con discapacidad alegado por la parte quejosa, el Juez de Distrito sostuvo que de la disposición tildada de inconstitucional, no se observaba objetivamente una discriminación en perjuicio de la parte quejosa motivada por su discapacidad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30682-4777605e/aborto-en-caso-de-violacion-el-articulo-181 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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