ABORTO POR VIOLACIÓN SEXUAL. LAS NORMAS QUE PREVÉN CONDICIONANTES PARA QUE NO SEA SANCIONABLE TRANSGREDEN EL DERECHO A LA SALUD Y A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS MUJERES. ABORTO POR VIOLACIÓN SEXUAL. NEGAR O CONDICIONAR EL ACCESO A LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO DERIVADO DE UNA VIOLACIÓN SEXUAL CONSTITUYE UNA FORMA DE TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. JUICIO DE AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE AUTORIZAR LA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO. NO ES IMPROCEDENTE CUANDO LA MUJER ABORTA DURANTE SU TRAMITACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 45/2018. 23 DE FEBRERO DE 2022. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Una adolescente, quien al momento de los hechos tenía dieciséis años, en compañía de su madre acudieron al Ministerio Público para denunciar el delito de violación sexual. La denuncia se presentó un día después de que la adolescente se enteró del embarazo. La agente ministerial ordenó la realización de diversos exámenes médicos y psicológicos.
Días después, la adolescente y su madre solicitaron la autorización para la interrupción del embarazo, pero fue negada. La agente ministerial alegó que el artículo 158, fracción II del Código Penal del Estado de Hidalgo (vigente al momento de los hechos) establecía que el aborto por violación podría autorizarse siempre y cuando la denuncia se presente antes de tener conocimiento del embarazo, se compruebe el cuerpo del delito y se practique dentro de los noventa días de la concepción, requisitos que no fueron cumplidos por la adolescente ya que presentó la denuncia un día después de enterarse del embarazo, y del dictamen en psicología no se tenía acreditado el delito pues no presentaba rasgos encontrados comúnmente en víctimas de violación sexual. Dicha solicitud se reiteró en dos ocasiones más, en las que también recibieron una negativa.
Por lo anterior, la adolescente promovió juicio de amparo, el cual fue negado por el Juez de Distrito, al considerar que el derecho a la vida es absoluto y se protege desde la concepción. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, emite la siguiente.
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 45/2018, interpuesto por la entonces adolescente **********, por conducto de su representante, **********, contra la resolución dictada el veintinueve de mayo de dos mil quince, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el juicio de amparo **********.
El problema jurídico a resolver consiste en determinar si el artículo 158, fracción II, del Código Penal para el Estado de Hidalgo es constitucional, al establecer que el aborto no será punible cuando el embarazo sea consecuencia de una violación, siempre que: 1) el aborto se autorice y practique dentro de los noventa días a partir de la concepción; 2) la víctima interponga denuncia antes de saber que está embarazada, y 3) la interrupción del embarazo se practique después de que el Ministerio Público haya comprobado que se cometió el delito de violación y se emita la autorización respectiva.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos. El veinte de febrero de dos mil quince, **********, de entonces dieciséis años, acompañada de su madre **********, acudió al Ministerio Público en Pachuca de Soto, Hidalgo, para denunciar que el trece de enero de ese mismo año fue víctima del delito de violación.(1)
2. La adolescente señaló en su declaración que el trece de enero de dos mil quince, aproximadamente a las siete de la noche, fue a una tienda ubicada como a seis metros de su casa a comprar tortillas. Cuando iba de regreso, **********, vecino con el que había trabajado tiempo atrás, se bajó de un carro que estaba estacionado una calle antes de llegar a su casa, la jaló del brazo, la subió a la fuerza a la parte de atrás, le puso el seguro y cometió la violación, además, le dijo que no les dijera nada a sus padres o les haría daño. El catorce de febrero del mismo año, la adolescente le comentó a su madre que se sentía mal, tenía dolor de estómago y náuseas, por lo que la llevaron con un médico que le dio medicina desparasitante pero no tuvo efecto. El diecinueve de febrero, su madre le hizo una prueba de embarazo que salió positiva, por lo que la adolescente le comentó lo ocurrido. Por esa razón, decidieron acudir a presentar la denuncia.(2)
3. El mismo día de la denuncia, la agente del Ministerio Público Orientador Atención Temprana solicitó a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo la designación del personal especializado para la práctica de estudios de integridad física, dictamen ginecológico y valoración psicológica a la adolescente. El veinticinco de febrero de dos mil quince, la licenciada **********, agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación sin Detenido adscrita a la Coordinación General de Atención a la Familia y a la Víctima, del Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, tuvo por recibida la carpeta de investigación ********** por la posible comisión del delito de violación.
4. Solicitud de interrupción del embarazo. El dos de marzo de dos mil quince, la señora ********** solicitó a la agente ministerial autorización para que se interrumpiera el embarazo de su hija.
5. El cuatro de marzo de dos mil quince, la licenciada **********, perita oficial en psicología, rindió su dictamen bajo el número de oficio **********, en el que concluyó que la adolescente reflejaba indicadores de inmadurez sexuales, así como inseguridad y conflicto en dicha área, probablemente por el embarazo en curso y la edad. Sin embargo, refirió que, de acuerdo con las pruebas psicológicas, la adolescente no presentaba indicadores agresivos como rechazo al contacto, temor a la violación, miedo al varón, estrés postraumático y que no refirió haber experimentado alteraciones de sueño, alimentación o decremento en el rendimiento escolar, los cuales son rasgos comúnmente encontrados en víctimas de violencia sexual.
6. Negativa de interrupción del embarazo. El cinco de marzo de dos mil quince, la agente del Ministerio Público emitió un acuerdo en el que negó la autorización para la interrupción del embarazo. Lo anterior, bajo el argumento de que la adolescente no cumplía con los requisitos para que el delito de aborto no fuera punible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 158, fracción II del Código Penal para el Estado de Hidalgo, el cual al momento de los hechos disponía:
Artículo 158. El aborto no será punible:
(...)
II. Cuando el embarazo sea resultado de hechos denunciados como posiblemente constitutivos del delito de violación o de la conducta típica prevista por el Artículo 182 de este Código, siempre que el aborto se autorice y practique dentro de los noventa días a partir de la concepción, y el hecho se haya denunciado antes de tenerse conocimiento de ésta. En tales casos, deberá solicitarlo la mujer, bastará la comprobación del cuerpo del delito para que el Ministerio Público o el Juez lo autorice, si aquella fuere de condición económica precaria, los gastos correspondientes serán a cargo del Estado;
(...)
7. Al respecto, la fiscal señaló que la adolescente presentó su denuncia al día siguiente de enterarse que estaba embarazada; que la perita en psicología refirió que no presentaba indicadores de una afectación en su área psicosexual, y que tampoco había datos que permitieran acreditar que existió violencia física, por lo que, hasta el momento, no se contaba con datos suficientes para establecer la existencia del delito de violación.
8. La señora ********** solicitó nuevamente la autorización para la interrupción del embarazo y argumentó que su hija no denunció los hechos porque se encontraba amenazada por su agresor, quien le había dicho que le causaría daño a su madre y a su padre, como lo refirió en su declaración inicial.
9. Sin embargo, el seis de marzo de dos mil quince, la agente del Ministerio Público volvió a rechazar la solicitud con el argumento de que para acreditar el delito de amenazas es indispensable que se compruebe el mal, daño o perjuicio con que se amenace o perturbe la paz y tranquilidad de la persona afectada, constriñéndola a vivir un tiempo más o menos prolongado en inquietud y zozobra, lo cual no sucedió en el caso ya que la adolescente no tenía los rasgos encontrados comúnmente en víctimas de violencia sexual.
10. Mediante escrito de fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, la señora ********** volvió a solicitar la autorización para la interrupción del embarazo de su hija, urgiendo a la agente del Ministerio Público a valorar su solicitud a la luz de diversas normativas nacionales e internacionales sobre derechos de las mujeres, y a asegurar la efectiva protección de sus derechos humanos. El diecinueve de marzo del mismo año, la agente del Ministerio Público dictó un acuerdo en el que negó por tercera ocasión la autorización para la interrupción del embarazo y reiteró las consideraciones vertidas en los acuerdos previos.
11. Amparo indirecto. Inconforme con lo anterior, el veintitrés de marzo de dos mil quince, la adolescente ********** promovió juicio de amparo y nombró como representante especial a su madre. En la demanda señaló las siguientes autoridades responsables y actos reclamados:
a) De la licenciada **********, agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación sin detenido, adscrita a la Coordinación General de Atención a la Familia y a la Víctima, del Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo reclamó los acuerdos de fecha cinco, seis y diecinueve de marzo, dictados dentro de la carpeta de investigación **********, por virtud de los cuales negó la autorización para la interrupción del embarazo; así como la omisión de ordenar la práctica de un ultrasonido para determinar el estado de su embarazo y las semanas de gestación;
b) De la licenciada **********, perita oficial en Psicología de la Dirección General de Servicios Periciales del Estado de Hidalgo, reclamó el peritaje de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, emitido dentro de la carpeta de investigación **********, y
c) Del Congreso y del Gobernador del Estado de Hidalgo, reclamó la aprobación, promulgación y publicación del artículo 158, fracción II, del Código Penal del Estado de Hidalgo.
12. En esencia, la adolescente expuso los siguientes conceptos de violación:
a) El artículo 158, fracción II del Código Penal para el Estado de Hidalgo y el acto reclamado son inconstitucionales ya que atentan contra su derecho a la salud, previsto en el ordinal 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues condiciona la procedencia de la interrupción del embarazo en caso de violación a que se compruebe el cuerpo del delito, lo cual retrasa injustificadamente el acceso de las mujeres a un servicio de salud urgente (máxime cuando se trata de una menor de edad); y porque fija un plazo arbitrario de noventa días para realizar el trámite y practicar el aborto.
b) El artículo impugnado transgrede su derecho a la igualdad y a la no discriminación, al condicionar la interrupción del embarazo a la presentación de una denuncia, previo a tener conocimiento de la concepción; requerir la comprobación del cuerpo del delito, y solicitar la intervención del ministerio público o el órgano jurisdiccional para autorizar el aborto.
c) Las autoridades están sujetas a un escrutinio estricto si pretenden realizar válidamente una distinción por razón de género. El artículo impugnado versa sobre una afectación a los derechos sexuales, reproductivos y a la salud de la mujer, pues sólo ellas, y no los hombres, se ven en la posibilidad de enfrentar un embarazo no deseado en casos de violación. En este sentido, si se va a obligar sólo a las mujeres a enfrentarse a un embarazo forzoso, entonces dicha obligación debe sustentarse en cuestiones objetivas, razonables y proporcionales, lo cual no acontece en este caso.
d) El acto reclamado atenta contra su derecho a la integridad personal, pues al negársele la interrupción del embarazo consecuencia de una violación, se puso en riesgo su salud y se le generaron afectaciones psicológicas que se equiparan a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
e) Se vulneró su derecho a la vida privada y a la no injerencia arbitraria por parte del Estado, porque la falta de justificación de los requisitos impugnados implica que sean las autoridades, y no la quejosa, quienes deciden sobre sus derechos reproductivos, sexuales y su salud.
f) Se viola también el principio del interés superior de la niñez, ya que no toma en cuenta el hecho de que las niñas se enfrentan a mayores riesgos de salud que las mujeres adultas en embarazos tempranos.
g) El dictamen de psicología no estuvo debidamente fundado ni motivado por lo que vulnera los artículos 14 y 16 constitucionales. La perita no adjuntó el material de soporte en el que se basó para emitir sus conclusiones, fue tendenciosa en su análisis y el método empleado no fue el correcto para este tipo de casos.
h) Los acuerdos de fecha cinco, seis y diecinueve de marzo de dos mil quince, emitidos por la agente del Ministerio Público, adolecen de vicios propios al otorgarle validez a un peritaje en psicología que carece de los elementos necesarios para ser tomados en cuenta para la interrupción del embarazo consecuencia de una violación. Además, partió de la idea de que la violación únicamente se materializa con violencia física (sin importar que se trata de una víctima menor de edad) y desatendió los lineamientos para la práctica de interrupciones del embarazo que se contemplan en la NOM 046-SSA2-2005.
i) Deben otorgarse medidas de reparación integral, derivado de la violación a sus derechos humanos.
13. El veinticuatro de marzo de dos mil quince, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo admitió la demanda bajo el número ********** y negó la suspensión solicitada ya que la pérdida de la vida del nasciturus es de un valor jerárquico mayor que la posibilidad de que la quejosa resulte lesionada con motivo del embarazo, pues con esta inaplicación se estaría autorizando implícitamente la privación de una vida.(3)
14. Sentencia de amparo. El veintinueve de mayo de dos mil quince, el Juez de Distrito dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio respecto al acto reclamado de la perita en psicología, al considerar que no se le podía tener como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Por otro lado, declaró infundados los conceptos de violación de la parte quejosa y negó el amparo por lo que hace a los atribuidos al Congreso, al Gobernador del Estado de Hidalgo y a la agente del Ministerio Público. Lo anterior bajo los siguientes argumentos:
a) La Constitución Política del país, en sus artículos 1º, 14 y 22, protege el derecho a la vida de todas las personas; y el numeral 4º protege la igualdad entre el hombre y la mujer, y ordena la protección del interés superior de la niñez. La protección de la vida se genera desde la concepción, pues el artículo 123, apartado A, fracciones V y XV, y apartado B, fracción XI de la Constitución Política contempla protecciones laborales para las mujeres trabajadoras durante el embarazo, por lo que la única distinción válida que hay entre los derechos de la mujer y el hombre es la que se refiere a la maternidad, protegiendo así la salud de la mujer y la salud y la vida del producto de la concepción, en tanto que es una manifestación de la vida humana, independientemente del proceso biológico en el cual se encuentre.
b) Con base en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, las niñas, niños y adolescentes, por su falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, lo cual es consistente con lo dispuesto por el artículo 22 del Código Civil del Estado de Hidalgo, el cual establece que desde que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley. Así, se justifica que el concebido pueda ser designado heredero o donatario, según lo dispuesto en los artículos 1314 y 2357 del Código Civil Federal.
c) En el delito de aborto, tanto en el Código Penal Federal como en el del Estado de Hidalgo, el bien jurídico tutelado es la vida humana, en el plano de su gestación fisiológica, por lo que la comisión de este delito atenta contra la vida. Lo anterior, en virtud de que ambos códigos hacen alusión a la muerte del producto de la concepción y no puede darse muerte a alguien que no tiene vida.
d) Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 14/2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCION. SU PROTECCION DERIVA DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES".(4)
e) El artículo que se tilda de inconstitucional no es discriminatorio ni atenta contra los derechos a la vida y a la no injerencia arbitraria del Estado en la vida privada de las personas, dado que no prohíbe la interrupción legal del embarazo, sino que lo condiciona al cumplimiento de los requisitos que en él se consignan, los cuales son los mismos para todas las mujeres.
f) La consecuencia directa de no imponerle a las madres requisitos legales para interrumpir el embarazo sería autorizar o permitir de manera arbitraria, y contrario a lo señalado en la propia Constitución Política del país, tratados internacionales, así como legislación federal y local, la privación de la vida de ese individuo e incluso con el riesgo de que también pierda la vida la progenitora.
g) Por cuanto hace a los actos de aplicación, éstos se apegaron a derecho cabalmente, dado que el artículo 158, fracción II, del Código Penal para el Estado de Hidalgo es constitucional y la agente del Ministerio Publico se limitó a su aplicación. Esto fue así, pues la adolescente interpuso la denuncia después de haberse enterado de su embarazo, por lo que la actuación del Ministerio Público fue correcta.
h) Son inoperantes el resto de los argumentos realizados por la adolescente, pues la agente del Ministerio Público actuó con apego a la ley.
II. RECURSO DE REVISIÓN
15. Interposición del recurso de revisión y trámite. En desacuerdo con la resolución anterior, el autorizado de la adolescente interpuso recurso de revisión, el cual fue admitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante acuerdo de veintinueve de junio de dos mil quince, y lo registró con el número **********.(5)
16. En su escrito de revisión, el autorizado de la adolescente sostuvo en esencia que:
a) El Juez de Distrito interpretó el derecho a la vida en términos absolutos, a pesar de que ello se contrapone con lo ya resuelto por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007, lo cual representa un criterio obligatorio y otorga una mayor protección a las mujeres, al ajustarse a la normativa internacional.
b) bLa expresión "en general" que contiene el artículo 4.1 (referente al derecho a la vida) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deja un margen para legislar a nivel doméstico, por lo que no es posible concluir que la protección del nasciturus inicia siempre desde la concepción. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Artavia Murillo (Fertilización In Vitro) vs. Costa Rica resolvió no otorgarle el "estatus de persona al embrión".
c) El Juez de Distrito debió estudiar la proporcionalidad de los requisitos establecidos en el artículo impugnado. Si bien pudiera justificarse el establecimiento de ciertos requisitos, esto no implica que el legislativo pueda imponer cualquier exigencia, pues estos deben cumplir con los estándares nacionales e internacionales en la materia.
d) El Juez de Distrito debió limitarse al estudio de constitucionalidad y convencionalidad del artículo 158, fracción ll, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, pues no se combatió la constitucionalidad del delito de aborto en general.
e) La sentencia recurrida realizó un indebido análisis de los actos reclamados a la agente del Ministerio Público, toda vez que no realizó un estudio previo de inconstitucionalidad del artículo impugnado. Además, fue indebido que determinara que las negativas para la interrupción del embarazo tenían validez al tener la quejosa conocimiento del embarazo antes de presentar la denuncia. Ello, pues los requisitos de la norma impugnada son inconstitucionales. f) Los peritajes rendidos en este tipo de procedimientos deben considerarse actos de autoridad, pues el fiscal se apoya en éstos para resolver si es o no procedente la interrupción del embarazo.
17. Solicitud de reasunción de competencia. El veinticinco de agosto de dos mil quince, el autorizado de la adolescente solicitó a este alto tribunal que reasumiera su competencia originaria. El nueve de septiembre del mismo año, el entonces Presidente de esta Primera Sala registró el asunto bajo el número 114/2015 y, ante la falta de legitimación de la solicitante, sometió el asunto a consideración de los Ministros y de la Ministra de la Sala. En sesión privada de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, el Ministro José Ramón Cossío Díaz hizo suya esa solicitud.
18. Remisión de autos al Tribunal Colegiado para el estudio de las causales de improcedencia. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, la Primera Sala resolvió el planteamiento en el sentido de remitir los autos al Tribunal Colegiado para que se ocupara de una causal de improcedencia hecha valer por el Gobernador del Estado de Hidalgo, cuyo estudio fue omitido en la sentencia recurrida, así como de la diversa combatida por la quejosa en su escrito de revisión relativo a considerar a la perita como autoridad responsable.(6)
19. Asimismo, se determinó que una vez realizado lo anterior, de subsistir la cuestión de constitucionalidad, remitiera los autos a esta Primera Sala, para que resolviera si se reunían los requisitos de interés y trascendencia necesarios para reasumir competencia originaria.
20. En sesión de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, tras examinar la oportunidad del recurso, la legitimidad de quien lo interpuso y su procedencia, el Tribunal Colegiado confirmó el sobreseimiento decretado en la sentencia de amparo respecto al acto reclamado a la perita en psicología; reiteró la procedencia del amparo contra los actos atribuidos al Gobernador del Estado de Hidalgo, y remitió los autos a esta Primera Sala con el fin de decidir sobre la reasunción de competencia originaria, al subsistir como problema de constitucionalidad la impugnación del artículo 158, fracción II, del Código Penal para el Estado de Hidalgo.
21. Reasunción de competencia. Recibidos los autos en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, y habiéndose agotado el estudio sobre las cuestiones de procedencia planteadas en el juicio, en sesión de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, esta Primera Sala decidió reasumir su competencia originaria para conocer del amparo en revisión **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito,(7) pues consideró que subsiste materia de estudio, de interés y trascendencia, sobre la constitucionalidad del artículo 158, fracción II, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, que originalmente corresponde a este alto tribunal.
22. Trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante acuerdo de Presidencia de veintidós de enero de dos mil dieciocho, se ordenó su radicación en la Primera Sala y se turnó a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, esta Primera Sala se avocó a su conocimiento.
23. El diez de enero de dos mil diecinueve, el asunto se returnó al Ministro Aguilar Morales, toda vez que el Ministro Zaldívar Lelo de Larrea fue designado Presidente de este alto tribunal. Finalmente, el seis de enero de dos mil veinte, la Presidencia de la Primera Sala returnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
III. COMPETENCIA
24. Esta Primera Sala es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 83 de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 86 del Reglamento Interior de esta Suprema Corte, en relación con lo establecido por los Puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 5/2013, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se reasumió la competencia originaria.
IV. OPORTUNIDAD, PROCEDENCIA Y LEGITIMACIÓN
25. En el caso es innecesario analizar si el recurso de revisión se interpuso de manera oportuna, por parte legitimada y si es o no procedente, pues ello fue analizado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en la resolución de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete.
26. No pasa inadvertido para esta Primera Sala que el seis de julio de dos mil veintiuno, se reformó el artículo 158, fracción II del Código Penal para el Estado de Hidalgo;(8) sin embargo, se advierte que la parte quejosa impugnó la norma en su carácter de norma heteroaplicativa;(9) es decir, a partir de su concreción en un acto de aplicación, el cual ocurrió mediante la negativa recaída a su solicitud de interrupción del embarazo dictada por la agente del Ministerio Público. En ese sentido, se trata de una norma vigente al momento de los hechos, la cual le fue aplicada a la quejosa adolescente en su perjuicio, por lo que procede analizar su constitucionalidad y el impacto que pudo haber tenido en sus derechos.
27. Por otro lado, esta Primera Sala no soslaya que de acuerdo con lo señalado por la propia quejosa, en su demanda de amparo, ella acudió a una institución privada en la Ciudad de México a realizar la interrupción del embarazo.(10) Sin embargo, esto no conlleva a que en el caso se actualice alguna causal de improcedencia.
28. Se afirma lo anterior, pues tal como lo sostuvo esta Primera Sala al resolver el amparo en revisión 1388/2015,(11) la procedencia del amparo en los casos en que las mujeres y personas con capacidad de gestar pretenden combatir un presunto accionar arbitrario de las autoridades encargadas de facilitarles el acceso o proveerles servicios relacionados con el embarazo debe estudiarse también con perspectiva de género.
29. En efecto, en dicho asunto se señaló que una aproximación sin perspectiva de género a las reglas de procedencia del juicio de amparo; en particular, la relativa a la desaparición del objeto del juicio, impediría que las vicisitudes de un proceso biológico como el embarazo, que sólo pueden experimentar las personas que tienen aparato reproductor femenino, determine su acceso a la restitución de derechos y a la corrección de las autoridades que es propia del juicio de amparo.
30. En ese sentido, en dicho precedente, se señaló que si la causal de cesación de efectos o por haber dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado fuera aplicada tajantemente en todos los casos donde se utiliza este recurso para inconformarse por violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades en cuestiones relacionadas con el embarazo, el resultado sería que la institución del amparo, y la restitución de derechos que ésta facilita, fueran –las más de las veces–inaccesibles a las mujeres y personas con capacidad de gestar cuando las autoridades les obstaculicen o nieguen su acceso a un servicio de salud que sólo ellas necesitan. Esto a pesar de que los derechos en juego en estos casos puedan ser evidentemente restituidos.
31. En ese sentido, tomando en cuenta que en el presente caso la quejosa aduce la vulneración de distintos derechos humanos (tales como a la salud, a la igualdad y no discriminación, a la integridad personal, a la vida privada, a la no injerencia arbitraria por parte del Estado y al principio de interés superior de la niñez) a partir de la aplicación en su perjuicio de la norma impugnada que concluyó en la negativa de autorizar la práctica de la interrupción del embarazo, resulta procedente realizar el estudio de fondo a fin de definir si estas violaciones ocurrieron y, por lo tanto, si debe reconocerse su calidad de víctima de violaciones a derechos humanos.
32. En similares términos se pronunció esta Primera Sala al resolver el amparo en revisión 438/2020(12) en donde se analizó un caso sobre la negativa de interrupción del embarazo de una autoridad de salud a una adolescente con discapacidad, víctima de una violación, con sustento en un artículo que prevé requisitos parecidos a los de la norma que ahora se impugna. En dicho asunto, la adolescente también acudió a realizar la interrupción del embarazo en una clínica privada; sin embargo, esta Primera Sala sostuvo que no se actualizaba ninguna causa de improcedencia, pues debía analizarse la violación a sus derechos humanos.
V. ESTUDIO
33. La problemática jurídica en el presente caso radica en determinar si el artículo 158, fracción II, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, así como los acuerdos de fecha cinco, seis y diecinueve de marzo de dos mil quince, emitidos por la agente del Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación, con los que negó la autorización para la interrupción del embarazo, son constitucionales o vulneran los derechos humanos de la adolescente quejosa; en particular, su derecho a la salud, a la igualdad y no discriminación, a la integridad personal, a la vida privada y a la no injerencia arbitraria por parte del estado.
34. En principio, esta Primera Sala advierte de autos que ********** es una persona del sexo femenino, quien tenía dieciséis años al momento de los hechos, y quien quedó embarazada derivado de una violación sexual, razón por la cual acudió al Ministerio Público a solicitar la interrupción legal del embarazo; petición que fue negada con base en lo dispuesto por el artículo 158, fracción II del Código Penal para el Es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33535-8e08180a/aborto-por-violacion-sexual-las-normas-que-preven · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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