Corpus
Modo: Corpus Pro

ABORTO VOLUNTARIO. LA SANCIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE LO PROCURE ES INCONSTITUCIONAL. ABORTO VOLUNTARIO. LESIONA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES AL FINCARSE EN ESTEREOTIPOS DE GÉNERO FÁCILMENTE DETECTABLES, INCLUSO, EN LAS SUPUESTAS ATENUANTES (CÓDIGO PENAL FEDERAL). TIPO PENAL DE ABORTO CONSENTIDO Y AUTOPROCURADO. ES INCONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 267/2023. · Registro digital (IUS): 33536
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-08-29
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Agosto de 2025, Tomo V, Volumen 1, Pág.191.

AMPARO EN REVISIÓN 267/2023. 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos. Una asociación civil cuyo objeto social es la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, promovió un juicio de amparo indirecto en el que controvirtió la constitucionalidad del sistema jurídico que regula el delito de aborto en el Código Penal Federal por atentar contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud, a la igualdad y no discriminación y a la autonomía reproductiva de este grupo.

El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo, ya que consideró que la asociación civil carecía de interés legítimo. Ese sobreseimiento fue revocado por el Tribunal Colegiado del conocimiento al reconocer que la quejosa sí contaba con interés para controvertir las normas impugnadas, ya que la defensa de los derechos reproductivos formaba parte de su objeto social, por lo que reservó jurisdicción a este alto tribunal para que analizara la constitucionalidad del sistema normativo.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión de seis de septiembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 267/2023, interpuesto por la quejosa Asociación Civil, por conducto de su autorizado en términos amplios, en contra de la sentencia dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós por el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto primer número de expediente.

La cuestión jurídica a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal son inconstitucionales, al imponer una pena de prisión a la mujer o a la persona con capacidad de gestar que decide voluntariamente interrumpir su embarazo; al establecer un régimen sancionatorio para el personal de salud y para las personas que les asistan; y, por imponer restricciones injustificadas para acceder al aborto por causales.

ANTECEDENTES

1. Juicio de amparo indirecto. El diez de agosto de dos mil veintidós, Asociación Civil, por conducto de nombre de la representante legal promovió un juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y de los actos siguientes:

a) Congreso de la Unión: La discusión, aprobación, efectos y consecuencias de los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal.

b) Titular del Poder Ejecutivo: La promulgación, sanción, efectos y consecuencias de los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal.

2. Los preceptos impugnados regulan el delito de aborto en el ámbito federal, de conformidad con lo siguiente:

Artículo 330. Al que hiciere abortar a una mujer, se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis años y si mediare violencia física o moral se impondrán al delincuente de seis a ocho años de prisión.

Artículo 331. Si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al anterior artículo, se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.

Artículo 332. Se impondrán de seis meses a un año de prisión, a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concurren estas tres circunstancias:

I. Que no tenga mala fama;

II. Que haya logrado ocultar su embarazo, y

III. Que éste sea fruto de una unión ilegítima.

Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de uno a cinco años de prisión.

Artículo 333. No es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación.

Artículo 334. No se aplicará sanción: cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.

3. En su escrito de demanda, la asociación civil planteó los siguientes conceptos de violación:

a) Interés legítimo. El sistema normativo que tipifica el aborto en el Código Penal Federal constituye un régimen sancionador para las mujeres y para las personas con capacidad de gestar basado en estereotipos de género, que repercute en la calidad y en el acceso a este servicio de salud y obstaculiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía reproductiva, la salud y la igualdad y no discriminación.

b) Las normas contienen un mensaje discriminatorio hacia un grupo perteneciente a una categoría sospechosa, por lo que se impugnan en su carácter autoaplicativo, ya que el contenido normativo genera un clima de criminalización, violencia y discriminación en contra de las mujeres y personas con capacidad de gestar y quienes las acompañan, como es el caso de la asociación civil.

c) La asociación civil tiene una especial posición frente al ordenamiento jurídico, porque el sistema normativo que tipifica el aborto impide el debido cumplimiento de su objeto social, el cual se centra en defender y promover los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, a través de la asistencia jurídica y del litigio estratégico, así como de la elaboración de estudios e investigaciones enfocadas en la evaluación de políticas públicas y la gestión gubernamental en materia de salud reproductiva.

d) Primero. La prohibición del aborto auto procurado o consentido atenta contra los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía reproductiva, porque invade la esfera más íntima de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar al imponer, de manera paternalista y tutelar, un régimen penal excesivo que impide la toma libre y autónoma de decisiones reproductivas.

e) Esta prohibición vulnera el artículo 4 constitucional, porque impide que la persona decida de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos e hijas, lo que incluye la elección y el libre acceso a todas las formas de concepción, a las técnicas de reproducción asistida y a la eventual interrupción del embarazo.

f) Las normas impugnadas establecen la prohibición absoluta de que la mujer o la persona con capacidad de gestar decida si desea o no continuar su embarazo, ya que prevén que la persona que se procure un aborto (aborto voluntario) o consienta que alguien más se lo realice (aborto consentido) deberá compurgar una pena, la cual, en los casos más graves, implica la privación de la libertad.

g) Segundo. La prohibición del aborto voluntario o consentido, contemplada en los artículos 330 y 332 de la legislación penal federal, vulnera el derecho a la salud y, en particular, a la salud sexual y reproductiva, porque impide que las mujeres y las personas con capacidad de gestar accedan a un servicio de interrupción del embarazo sin discriminación, que sea de calidad, que se encuentre disponible, sea asequible, adecuado, respetuoso y confidencial.

h) El derecho a la salud, desde la perspectiva del bienestar, implica que una mujer o una persona con capacidad de gestar debe poder acceder a un aborto –como servicio de salud— si el embarazo genera una afectación en su proyecto de vida, lo cual sólo puede ser determinado por ella misma en tanto que dicha decisión forma parte de su esfera más íntima.

i) Los artículos 330 y 331 del Código Penal Federal establecen un régimen especial de sanción e inhabilitación para el personal de salud que procure o participe en un aborto, lo que genera un efecto inhibidor que impacta directamente en las mujeres y en las personas con capacidad de gestar que acuden a los servicios de salud en busca de atención médica.

j) Este efecto inhibidor se genera porque, al margen de que se llegue o no a comprobar la responsabilidad del personal de salud, el simple hecho de poder ser sometidos a un proceso penal puede fácilmente disuadirles de cumplir con su labor ante la amenaza real de ser sometido a uno o varios procesos de carácter penal.

k) La criminalización del aborto impacta en la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad del derecho a la salud, pues implica que no hay personal de salud capacitado y sensibilizado; no hay infraestructura hospitalaria; los establecimientos y servicios no son apropiados desde el punto médico y científico, y para poder acceder al servicio, las mujeres y las personas con capacidad de gestar deben trasladarse a otra entidad federativa y hacer frente a los gastos de transporte, hospedaje, alimentos, entre otros.

l) La excusa absolutoria relativa a que el embarazo importe peligro de muerte para la mujer, prevista en el artículo 334 de la legislación penal federal, constituye un requisito desproporcionado al condicionar su actualización a que exista una inminencia de muerte o de daño grave a su salud e integridad. Cualquier afectación física y mental importa un riesgo que, independientemente de la gravedad, debe ser considerado como suficiente para actualizar esta excusa absolutoria.

m) La norma impone que, adicionalmente, el peligro de muerte de la mujer o persona gestante sea determinado “a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico”, lo que condiciona la actualización de la excusa absolutoria a la decisión discrecional del personal de salud respecto a la gravedad de su estado y obliga a la mujer a conseguir varias opiniones médicas para acceder a un servicio que, de no obtener, atentaría contra su vida.

n) Tercero. La prohibición del aborto auto procurado o consentido atenta contra el derecho a la igualdad y no discriminación, porque constituye un mecanismo de violencia de género que refuerza los estereotipos que sostienen que la maternidad es un destino obligatorio para las mujeres y las personas con capacidad de parir.

o) El sometimiento de las funciones biológicas de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a fines políticos, económicos y sociales está enraizado en tradiciones patriarcales que pretenden perpetuar su papel de subordinación. Por ello, el prohibir que decidan de forma autónoma, penalizarlas e impedirles que accedan a intervenciones de salud que solo ellas necesitan son actos intrínsecamente discriminatorios.

p) El sistema normativo que tipifica el aborto perpetúa una situación de discriminación estructural en contra de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, particularmente, de aquellas que se encuentran en situación de pobreza, viven en áreas aisladas o en las que convergen múltiples condiciones de vulnerabilidad, como las niñas y adolescentes.

q) Cuarto. La tipificación del aborto auto procurado o consentido contraviene el principio de absoluta necesidad de la intervención, porque la norma carece de un beneficio concreto, por el contrario, genera una serie de consecuencias desfavorables para el sistema de salud pública y en la vida e integridad de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar.

r) Los efectos de la criminalización del aborto impactan no sólo a quienes son procesadas o condenadas penalmente por este delito, sino también a quienes cursan un embarazo no deseado y deben elegir entre poner en riesgo su salud y libertad a través de un aborto ilegal, o bien, sufrir violencia institucional al acudir a clínicas u hospitales a solicitar la interrupción de embarazo bajo alguna de las causales previstas en la ley penal y con el riesgo de ser denunciada ante el Ministerio Público.

s) El sistema normativo impugnado vulnera el principio de subsidiariedad, porque la tipificación del aborto implica utilizar al derecho penal como una herramienta simbólica, lo cual es ineficaz para impedir que las mujeres recurran a la interrupción de su embarazo y lo único que causa es que se sometan a procedimientos médicos inseguros que puedan poner en riesgo su vida y su salud.

t) La penalización del aborto no sólo carece de efecto alguno en la protección y en el correcto desenvolvimiento del embarazo, sino que existen medidas menos lesivas para la debida protección de la mujer y del producto en gestación, como lo es la implementación de políticas públicas en materia de planificación familiar y de educación sexual integral.

u) Las normas impugnadas vulneran el principio de exclusiva protección de los bienes jurídicos, ya que del bloque de constitucionalidad no se desprende que exista una obligación de penalizar la práctica de interrupción del embarazo a efecto de proteger el derecho a la vida del nasciturus y, por el contrario, de éste sí se derivan distintas obligaciones de proteger y garantizar el derecho de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a decidir libremente interrumpir o continuar con un embarazo.

4. Sentencia de amparo. El veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México sobreseyó en el juicio de amparo, porque consideró que la asociación civil quejosa carecía de interés legítimo para reclamar la constitucionalidad del sistema normativo que regula el delito de aborto. La resolución se basó en las siguientes consideraciones:

a) La asociación civil quejosa no acreditó que las normas reclamadas le hubieran generado un agravio real y actual a su esfera jurídica en virtud de su especial posición frente al orden jurídico, por lo que carece de interés para reclamar su constitucionalidad, de acuerdo con los artículos 61, fracción XII, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo.(1)

b) Las normas reclamadas tienen como destinatarias a las mujeres, y no a personas morales o jurídicas, por lo que, independientemente de que su mensaje valorativo pudiera o no producir una afectación, claramente no impactan en la esfera jurídica de la asociación civil quejosa y, en consecuencia, una eventual declaratoria de inconstitucionalidad no le generaría un beneficio directo.

c) En el caso concreto, para que la asociación civil quejosa pudiera acreditar tener un interés legítimo, sería necesario que su objeto social se centrara en realizar interrupciones del embarazo de personas gestantes. Sin embargo, el fin para el que fue constituida no es ese, ni ningún otro que permita afirmar que la norma le perjudica de manera clara y directa.

d) Los derechos involucrados son intrínsecos al ser humano, por lo que una persona jurídica, como ente abstracto, no puede reclamar una afectación a su dignidad humana, a su integridad física o psíquica, al libre desarrollo de la personalidad o a su libertad reproductiva, ya que estos bienes jurídicos pertenecen exclusivamente a las personas físicas.

e) El sistema penal mexicano no reconoce que las personas jurídicas puedan ser objeto de responsabilidad penal, pues ante una conducta delictiva que se cometa en su beneficio, las personas físicas que hayan realizado tales actos son las únicas que podrán ser consideradas penalmente responsables.

5. Recurso de revisión. Inconforme, el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la asociación civil interpuso recurso de revisión, en el que planteó los siguientes agravios:

a) Primero. La resolución impugnada es contraria al principio de completitud de la impartición de justicia, porque el Juez de Distrito indebidamente analizó la naturaleza de las normas en el apartado de procedencia, al establecer que independientemente de que éstas pudieran o no generar una afectación a sus destinatarias en su parte valorativa, ello era insuficiente para acreditar el interés de la quejosa.

b) Esta afirmación se encuentra íntimamente relacionada con el estudio de fondo del asunto, ya que implica analizar si las normas son o no discriminatorias y si sus efectos alcanzan a la quejosa como organización civil dedicada a la defensa de los derechos reproductivos y a brindar apoyo médico, legal y psicosocial a mujeres y personas con capacidad de gestar que buscan acceder a un aborto.

c) La resolución impugnada es incongruente, porque el Juez de Distrito confundió los requisitos del interés jurídico y el legítimo, al establecer que la asociación civil quejosa no resintió un perjuicio real, actual, personal y directo en sus derechos subjetivos, derivado de la existencia del sistema normativo que tipifica el aborto en el ámbito federal.

d) Esta conclusión es incorrecta, porque en la demanda de amparo expresamente se señaló que se acudía al juicio de amparo por una afectación derivada de la especial posición de la quejosa en el ordenamiento jurídico como organización civil dedicada a la defensa de los derechos reproductivos, y no por una afectación directa, pues ello sería imposible de demostrar.

e) La asociación civil quejosa sí acreditó tener interés legítimo en el asunto, porque es una organización cuyo objeto social se centra en trabajar constantemente en la defensa y promoción del derecho de acceso al aborto, el cual tiene una estructura jurídica compleja, por lo que su garantía no corre a cargo únicamente a cargo del Estado, sino también de las asociaciones civiles.

f) El sistema normativo impugnado impide que la asociación civil quejosa pueda desarrollar de mejor manera sus actividades, porque la tipificación del aborto afecta el acceso a servicios de salud, en la falta de información pública en torno al tema, así como en el actuar de las autoridades, quienes carecen de preparación, capacitación e información.

g) El Juez de Distrito vulneró el principio de exhaustividad, porque no analizó acuciosamente el material probatorio presentado ni las manifestaciones planteadas en la demanda inicial. Esta omisión llevó a la conclusión de que la asociación civil quejosa carecía de interés legítimo al no poder beneficiarse con una eventual concesión del amparo.

h) Segundo. El Juez de Distrito partió de un análisis incompleto y deficiente de la naturaleza de las normas impugnadas, ya que no se pronunció sobre si éstas eran autoaplicativas o heteroaplicativas, sino que se limitó a argumentar que la quejosa no podía impugnarlas por no ser destinataria directa de éstas.

i) La asociación civil quejosa impugnó la regulación del delito de aborto en su carácter de autoaplicativa, porque proyecta un mensaje discriminatorio en contra de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, del personal de salud y de las personas acompañantes, al establecer un régimen sancionatorio basado en criterios discriminatorios y prejuicios que crean un clima de criminalización y violencia que obstaculiza el ejercicio de derechos.

j) El Juez de Distrito partió de una premisa incorrecta al sostener que la asociación civil no era destinataria de la norma, porque las personas jurídicas no pueden ser objeto de responsabilidad penal por sí mismas, sino únicamente a través de sus representantes. En México, tanto el Código Nacional de Procedimientos Civiles como el Código Penal para el Distrito Federal reconocen que las personas morales sí pueden ser sujetas de responsabilidad penal independientemente de la responsabilidad de las personas físicas que la administran y dirigen.(2)

6. Reserva de jurisdicción. El nueve de marzo de dos mil veintitrés, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito revocó el sobreseimiento decretado por la falta de interés legítimo, sobreseyó por la inexistencia de los actos del Congreso de la Unión, desestimó la causa de improcedencia sobre actos consumados de forma irreparable, y reservó jurisdicción a este alto tribunal para que se pronunciara sobre el tema de constitucionalidad planteado. La resolución se basó en las siguientes consideraciones: a) Los actos reclamados al Congreso de la Unión son inexistentes, porque el Código Penal Federal fue expedido por el Presidente de la República, en uso de sus facultades extraordinarias otorgadas por decreto de dos de enero de mil novecientos treinta y uno, por lo que no tuvo participación en la discusión y aprobación de ese ordenamiento legal.

b) La asociación civil sí cuenta con interés legítimo para instar el juicio de amparo, porque tiene una especial posición frente al ordenamiento jurídico con base en su objeto social, el cual ha desempeñado por treinta años, y que tiene como finalidad la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, así como difundir información objetiva, científica y laica sobre el aborto en México para posicionarlo como un tema de interés y salud pública, así como de justicia social.

c) La asociación civil quejosa sí obtendría un beneficio actual y cierto de demostrarse que los artículos impugnados son inconstitucionales, ya que la despenalización del aborto le permitiría defender la causa que representa de acuerdo con su objeto social.

d) Las normas impugnadas disponen sanciones privativas de la libertad para las mujeres y para las personas con capacidad de gestar que se autoprocuren o consientan un aborto, así como para las personas que las asistan, lo que guarda una íntima vinculación con la protección y defensa de los derechos reproductivos y de igualdad y no discriminación de este grupo.

e) El juicio de amparo se promovió oportunamente, porque las normas impugnadas, en su carácter de autoaplicativas, se combaten con la pretensión de eliminar la situación de discriminación de género que persiste bajo el mandato de la maternidad y el control de la reproducción de los cuerpos con capacidad de gestar.

f) La causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo,(3) planteada por el titular del Ejecutivo Federal, debe desestimarse, porque aun cuando las normas penales fueron expedidas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación, sus efectos no se han destruido, pues para ello es necesario que se efectúe el estudio de constitucionalidad respectivo.

g) Se debe reservar jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no existe jurisprudencia aplicable que resuelva la materia de constitucionalidad del asunto, la cual versa sobre el sistema que regula el delito de aborto consentido en el Código Penal Federal.

7. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. El doce de mayo de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández registró el asunto con el número de expediente 267/2023, ordenó su admisión y asumió la competencia originaria para conocer del amparo en revisión, cuyo tema versa sobre la constitucionalidad del sistema normativo del delito de aborto, regulado en el Código Penal Federal.

8. Avocamiento. El veinte de junio de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de la Primera Sala, Jorge Mario Pardo Rebolledo, tuvo por recibido el expediente, se avocó al conocimiento del asunto y ordenó enviar los autos a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

I. COMPETENCIA

9. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer el presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los puntos Segundo, fracción III, inciso a), y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023, emitido el veintiséis de enero de dos mil veintitrés.(4)

II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

10. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito se pronunció respecto de la legitimación de la asociación civil quejosa y la oportunidad del recurso de revisión, por lo que resulta innecesario que esta Primera Sala se ocupe de ello.(5)

III. PROCEDENCIA

11. El presente recurso de revisión es procedente, en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo,(6) pues se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, respecto al cual el Tribunal Colegiado del conocimiento reservó jurisdicción para conocerlo.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito abordó el estudio de los agravios relacionados con las causas de improcedencia del juicio de amparo y examinó aquellas formuladas por las autoridades señaladas como responsables, cuyo estudio omitió el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, de conformidad con el Punto Décimo, fracción II, en relación con los supuestos a que se refiere el Punto Quinto, fracción I, inciso a), del Acuerdo General 1/2023,(7) de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

13. Por esta razón, al no advertir alguna otra causal de improcedencia distinta a las examinadas por el Tribunal Colegiado del conocimiento, se procede a analizar el estudio de fondo del asunto.

V. ESTUDIO DE FONDO

14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que son fundados los conceptos de violación planteados por la asociación civil, en los que controvierte la constitucionalidad de los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal por imponer una pena de prisión a la mujer o a la persona con capacidad de gestar que decide voluntariamente interrumpir su embarazo; por establecer un régimen sancionatorio para el personal de salud y para las personas que les asistan; y, por imponer restricciones injustificadas para acceder al aborto por causales.

15. En efecto, en su demanda de amparo, la asociación civil quejosa alegó que la prohibición absoluta del aborto atenta contra los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía reproductiva, porque invade la esfera más íntima de la mujer o de la persona con capacidad de gestar al impedirle, de manera paternalista y tutelar, que decida de forma libre, responsable e informada sobre su reproducción.

16. Además, la organización civil adujo que los numerales impugnados vulneran el derecho a la salud, al establecer un régimen especial de sanción e inhabilitación para el personal de salud que procura o participa en una interrupción del embarazo, lo que genera un efecto inhibidor que impacta directamente en las mujeres o en las personas con capacidad de gestar a acceder a un servicio de salud de aceptable y de calidad.

17. Por otro lado, la quejosa planteó que las excusas absolutorias relativas a que el embarazo importe la muerte o que sea producto de una violación para no ser condenada por un aborto constituyen requisitos desproporcionados, que limitan el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar, al condicionar su actualización a que exista un daño grave a su salud física, mental y sexual, así como a su integridad personal.

18. Asimismo, la asociación civil consideró que el sistema normativo que tipifica el aborto atenta contra el derecho a la igualdad y no discriminación, porque constituye un mecanismo de violencia de género que refuerza los estereotipos en el sentido de que la maternidad es un destino obligatorio para las mujeres y las personas con capacidad de gestar.

19. Finalmente, la organización civil señaló que la tipificación del aborto voluntario contraviene el principio de ultima ratio, ya que utiliza al derecho penal como una herramienta simbólica, lo cual es ineficaz para impedir que las mujeres o las personas con capacidad de gestar aborten, y lo único que genera es que lo realicen en condiciones inseguras que puedan poner en riesgo su vida y su salud.

Cuestiones previas

20. Previo a analizar la constitucionalidad de los artículos impugnados y de sentar el parámetro de regularidad que rige en el presente asunto, conviene realizar las siguientes precisiones en cuanto al tema central de la impugnación, la metodología de estudio, así como el alcance que comprende la decisión.

21. En principio, es importante tener presente el texto de los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal impugnados:

Artículo 330. Al que hiciere abortar a una mujer, se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis años y si mediare violencia física o moral se impondrán al delincuente de seis a ocho años de prisión.

Artículo 331. Si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al anterior artículo, se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.

Artículo 332. Se impondrán de seis meses a un año de prisión, a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concurren estas tres circunstancias:

I. Que no tenga mala fama;

II. Que haya logrado ocultar su embarazo, y

III. Que éste sea fruto de una unión ilegítima.

Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de uno a cinco años de prisión.

Artículo 333. No es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación.

Artículo 334. No se aplicará sanción: cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora.

22. Conforme a lo anterior, el Código Penal Federal considera como delito el aborto en cualquier momento del embarazo,(8) ya sea que lo realice la mujer o la persona g

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33536-e4e35213/aborto-voluntario-la-sancion-para-el-personal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.