I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO IMPUGNADAS AUN VENCIDO EL PLAZO PARA QUE LAS AUTORIDADES DESTINATARIAS DE ÉSTA DIERAN CUMPLIMIENTO A LOS MANDATOS CONTENIDOS EN ELLAS, AL NO HABER SURTIDO SUS EFECTOS PLENAMENTE. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SU PROCEDENCIA PARA IMPUGNAR PRECEPTOS TRANSITORIOS COMO UN SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO INCLUSO POR ALGÚN PRECEPTO RELACIONADO CON LA MATERIA DE REGULACIÓN DE AQUÉLLOS (ARTÍCULOS 10 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONÓ ESA NORMA A LA LEY GENERAL DE SALUD). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. V. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. CONSTITUYE LA PRERROGATIVA QUE ASISTE A UNA PERSONA PARA RECHAZAR, A PARTIR DE SUS CREENCIAS INDIVIDUALES Y VÁLIDAS EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO, SU OBLIGACIÓN DE LLEVAR A CABO UNA CONDUCTA QUE EN PRINCIPIO ES JURÍDICAMENTE EXIGIBLE. VI. LAICIDAD. EL MODELO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE UN DEBER DE NEUTRALIDAD RELIGIOSA POR PARTE DEL ESTADO, QUE IMPIDE AL GOBIERNO ADOPTAR UNA IGLESIA OFICIAL Y LO OBLIGA A RESPETAR TODAS LAS CONFESIONES RELIGIOSAS, ASÍ COMO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE CONVICCIONES ÉTICA, DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN. VII. LAICIDAD. CONSTITUYE UNA CUALIDAD DEMOCRÁTICA EN VIRTUD DE LA CUAL EL ESTADO RESPETA Y VALORA POSITIVAMENTE QUE LAS PERSONAS TENGAN CREENCIAS RELIGIOSAS, ÉTICAS, IDEOLÓGICAS Y DE CONCIENCIA, PERO ASEGURA QUE EL ESTADO Y LAS CONFESIONES RELIGIOSAS SE ENCUENTREN SEPARADAS. VIII. LAICIDAD. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LIBERTAD RELIGIOSA, IDEOLÓGICA, DE CONVICCIONES ÉTICAS Y DE CONCIENCIA, NO COLISIONAN, EN FORMA ALGUNA, CON LA IDEA DE UN ESTADO LAICO Y CON EL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS IGLESIAS. IX. LAICIDAD DEL ESTADO MEXICANO. IMPLICA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA DEL MANDATO DE NEUTRALIDAD RELIGIOSA Y SEPARACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS IGLESIAS CON EL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LIBERTAD RELIGIOSA, DE CONCIENCIA Y DE CONVICCIONES ÉTICAS E IDEOLÓGICAS. X. SEPARACIÓN ESTADO IGLESIA. ELEMENTOS QUE SE DEBEN GARANTIZAR PARA SU EFICACIA. XI. LIBERTAD DE CONVICCIONES ÉTICAS, DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN. SU TUTELA EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL DEL ESTADO MEXICANO IMPLICA LA PROTECCIÓN A LA IDEOLOGÍA DE CADA PERSONA. XII. LIBERTAD RELIGIOSA. ALCANCES DE SUS FACETAS INTERNA Y EXTERNA. XIII. LAICIDAD Y LIBERTAD RELIGIOSA. SU CONSTRUCCIÓN JURISPRUDENCIAL. XIV. LIBERTAD RELIGIOSA. EL ESTADO DEBE GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS CUENTEN CON EL DERECHO DE PROFESAR UNA RELIGIÓN O IDEOLOGÍA O, INCLUSO, DE NO PROFESAR ALGUNA. XV. LIBERTAD DE CONCIENCIA. CONSISTE EN EL DERECHO DE TODA PERSONA A TENER UNAS U OTRAS CREENCIAS O IDEAS, A SILENCIARLAS O MANIFESTARLAS TANTO DE PALABRA COMO DE OBRA CON CONDUCTAS Y ACTITUDES, CONFORME A SUS PROPIAS CREENCIAS O ACTITUDES. XVI. LIBERTAD DE CONCIENCIA. IMPLICA EL DERECHO A LA LIBRE FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA, ES DECIR, A TENER UNAS U OTRAS CONVICCIONES; INCLUYE LA LIBERTAD PARA EXPRESAR Y MANIFESTAR O NO ESAS CONVICCIONES Y ENTRAÑA UNA LIBERTAD PARA COMPORTARSE DE ACUERDO CON ESAS CONVICCIONES, ASÍ COMO A NO SER OBLIGADO A COMPORTARSE EN CONTRADICCIÓN CON ELLAS. XVII. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. TIENE SU ORIGEN EN LA FACETA DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA CONSISTENTE EN LA LIBERTAD DE CADA PERSONA PARA COMPORTARSE CONFORME A SUS PROPIAS CONVICCIONES. XVIII. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. SE ACTUALIZA CUANDO UNA PERSONA SE NIEGA A CUMPLIR CON UNA OBLIGACIÓN O DEBER JURÍDICO QUE SE OPONE A SUS CONVICCIONES. XIX. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. SE ACTUALIZA CUANDO LA CONDUCTA QUE SE OBLIGA A REALIZAR A UNA PERSONA CONSTITUYE UN ATENTADO CONTRA EL NÚCLEO DURO DE SUS CONVICCIONES PERSONALES COMPROMETIENDO SU PROPIA DIGNIDAD. XX. OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y DESOBEDIENCIA CIVIL. PRINCIPALES DIFERENCIAS. XXI. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. CONSTITUYE UNA MATERIALIZACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD RELIGIOSA, IDEOLÓGICA Y DE CONCIENCIA QUE COMPARTE LA FUERZA VINCULANTE DE TODO DERECHO CONSTITUCIONALMENTE RECONOCIDO. XXII. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. SU EJERCICIO NO PUEDE SER ABSOLUTO, PUES CUANDO RESTRINGE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE OTRAS PERSONAS O BIENES JURÍDICOS RELEVANTES, SE ACTUALIZA UN PROBLEMA DE LÍMITES AL EJERCICIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES O DE COLISIÓN ENTRE DERECHOS QUE DEBE SER DILUCIDADO CONFORME A LA TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. XXIII. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. PUEDE SER LIMITADO POR LA CONCURRENCIA DE BIENES JURÍDICOS DIGNOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN, COMO SON EL RESPETO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE OTRAS PERSONAS, LA SALUBRIDAD GENERAL, LA PROHIBICIÓN DE D
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 54/2018. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Por escrito presentado el once de junio de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del decreto por el que se adicionó el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, así como sus artículos segundo y tercero transitorios, publicado el once de mayo de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación, expedido por el Congreso de la Unión y promulgado por el presidente de la República.
2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales que se estiman vulnerados. La accionante estimó vulnerados los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos artículos 1, 2, 4, 5 y 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; 12.2, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 2 y 10, inciso f), del "Protocolo de San Salvador"; 11.1, inciso f) y 16.1, inciso e), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y 1, 2, inciso c), 3, 4, incisos a), b), c) y e), 7 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belem Do Pará).
3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos adujo, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
4. A. Vulneración de los principios de seguridad jurídica, legalidad y supremacía constitucional, al imponer restricciones al derecho de protección de la salud
5. Que el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud y sus disposiciones transitorias, al señalar que el personal médico y de enfermería puede excusarse de participar en la prestación de servicios de salud, establece una restricción del derecho de protección a la salud que no se encuentra prevista en la Constitución Federal y que, además, se traduce en la vulneración de los principios de seguridad jurídica, legalidad y supremacía constitucional –ya que el Congreso de la Unión y la Secretaría de Salud no están habilitados constitucionalmente para establecer restricciones al derecho a la salud–.
6. Que a partir de una interpretación armónica y sistemática de lo previsto en los artículos 1o., 4o. y 133 de la Constitución Federal, se aprecia que cuando en la Constitución existe una restricción expresa a un derecho fundamental, se debe estar a lo que indica el Texto de la Norma Fundamental. En este sentido, se arguye que exclusivamente la Constitución Federal es la que puede establecer el alcance y contenido del derecho humano a la salud, pues sólo el Órgano Reformador de la Constitución puede incluir en ésta las restricciones o limitaciones expresas para el ejercicio de los derechos fundamentales.
7. De esta manera, la Comisión accionante sostiene que el artículo 10 Bis impugnado es inconstitucional, ya que introdujo en el ordenamiento jurídico mexicano el "derecho a la objeción de conciencia", el cual por su naturaleza y contenido representa una restricción no prevista en el texto constitucional, en tanto limita el ejercicio de la protección a la salud y acceso a los servicios de salud.
8. Lo anterior, pues dicha norma establece que cualquier profesional médico y de enfermería que pertenezca al Sistema Nacional de Salud podrá excusarse de la prestación de los servicios establecidos en la Ley General de Salud, salvo que corra peligro la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, pues en caso de contrariar estos últimos casos, incurrirían en responsabilidad profesional.
9. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que el legislador ordinario –ya sea federal o local– únicamente puede emitir normas relacionadas con derechos humanos de fuente constitucional cuando no rebase el contenido esencial de tales derechos; por tanto, que el contenido y alcance de los derechos ya se encuentra tutelado y delimitado por la propia Constitución y tratados internacionales, por lo que los derechos humanos sólo pueden restringirse en los casos previstos en la Norma Fundamental.
10. A juicio de la Comisión accionante, la norma impugnada considera a la objeción de conciencia como un derecho, del cual son titulares los profesionales médicos y de enfermería, consistente en establecer una permisión para dejar de prestar los servicios de salud previstos en la Ley General de Salud en sus artículos 24 y 25, los cuales consisten en aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas y de la colectividad –las cuales pueden clasificarse en: atención médica, de salud pública y de asistencia social–.
11. Ahora bien, la Comisión promovente considera que existe una controversia o dilema en torno a la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia, pues esta figura puede estudiarse como un derecho humano per se o como un mecanismo para ejercer el derecho humano de la libertad de conciencia –sin que exista consenso académico–. Sin embargo, a su juicio, ninguna de estas concepciones justifica que la objeción de conciencia prevalezca frente a los derechos de terceros, como en el caso del derecho a la salud.
12. Así, suponiendo sin conceder que la disposición impugnada prevea la objeción de conciencia como un derecho humano, ello implicaría que el legislador federal creó un derecho no previsto en el texto constitucional, extralimitando su competencia, de acuerdo con lo establecido por los criterios de esta Suprema Corte.
13. Por otro lado, en el supuesto de que la objeción de conciencia se estudie como un mecanismo o contenido del derecho humano de libertad de conciencia, la medida también resultaría inconstitucional, ya que implicaría la restricción del derecho a la protección de la salud, lo cual no se encuentra previsto en el Texto Constitucional.
14. En el caso, afirma que el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud transgrede el derecho de seguridad jurídica y los principios de legalidad y supremacía constitucional, ya que al permitir el ejercicio de la objeción de conciencia de manera amplia y sin limitación alguna, salvo la urgencia médica o riesgo de pérdida de la vida del paciente, permite que se pueda negar la realización de acciones encaminadas a lograr el beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.
15. Como apoyo a lo anterior, adujo que del procedimiento legislativo por el que se reformó en mil novecientos ochenta y tres el artículo 4o. constitucional se desprende que las Comisiones legislativas destacaron que "el reconocimiento del derecho a la protección de la salud debe ser para todas las personas, el cual ha de hacerse efectivo a través de los servicios públicos de salud que correrían a cargo de las instituciones respectivas en los órdenes federal y local, cuya prestación consideraron obligatoria para el Estado al ser ésta la contraparte de ese derecho constitucional".
16. Al respecto, refirió que de acuerdo con el procedimiento legislativo, el Órgano Reformador de la Constitución precisó que, para proteger la salud, el Estado debe garantizarla a través del otorgamiento de servicios públicos de salud, cuya prestación es obligatoria para el Estado.
17. Que en el caso concreto, el ejercicio del derecho a la salud queda sometido a una limitación que dificulta su ejercicio más allá de lo razonable y lo despoja de la necesaria protección, ya que posibilita que el personal médico y de enfermería que forman parte del Sistema Nacional de Salud puedan excusarse de participar en la prestación de servicios de salud, los cuales hacen efectivo el derecho a la salud.
18. Por otro lado, arguye que cualquier obstáculo que imposibilite el ejercicio del derecho a la salud, con base en los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, representa una restricción a este derecho.
19. Desde la óptica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el artículo impugnado representa una restricción del derecho a la salud, al introducir una limitante que no está prevista en la Constitución General, ya que la objeción de conciencia evita que el usuario del Sistema Nacional de Salud reciba de manera plena y oportuna los servicios bajo el estándar que exige el disfrute del más alto nivel de salud posible.
20. Así, arguye que el legislador ordinario federal extralimitó sus atribuciones, en tanto que no tiene facultades para establecer restricciones al derecho de protección a la salud; lo cual redunda en una transgresión al derecho de seguridad jurídica y al principio de legalidad, contemplados en los artículos 14 y 16 de la Constitución General, los cuales garantizan que las autoridades no afecten de manera arbitraria la esfera de los gobernados.
21. Lo anterior, porque el Órgano Reformador de la Constitución tiene la facultad exclusiva de establecer el alcance, contenido y restricciones de los derechos humanos y, en consecuencia, dicha facultad no queda al alcance de los legisladores ordinarios federales o locales ni de las autoridades administrativas.
22. Que el legislador ordinario consideró que la objeción de conciencia es un derecho, lo cual rebasa sus facultades, pues el único ente habilitado constitucionalmente para establecer derechos, su alcance, contenido y sus restricciones es el Órgano Reformador de la Constitución General.
23. También señala que los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se adicionó el artículo 10 Bis a la Ley General de Salud contienen el mismo vicio de constitucionalidad, pues en esas disposiciones se delega de manera indebida a la Secretaría de Salud la facultad de regular el ejercicio de la objeción de conciencia mediante lineamientos y disposiciones administrativas.
24. Por lo que hace al artículo segundo transitorio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que se restringe el derecho a la salud, ya que deja a decisión de una autoridad administrativa establecer lineamientos que trascienden al acceso a servicios de acuerdo con la política de salud que aplique el Ejecutivo en turno, lo cual genera incertidumbre y es violatorio del derecho a la seguridad jurídica y del principio de legalidad.
25. En este sentido, reitera que el legislador ordinario –federal o local– no puede establecer, desarrollar, restringir o limitar derechos, pues el contenido y alcance del derecho se encuentra tutelado y delimitado por la propia Norma Fundamental. Entonces, si a las autoridades legislativas no les es disponible establecer lineamientos para el ejercicio de derechos, menos aún lo están las autoridades administrativas.
26. Por ello, sostiene que el artículo transitorio es inconstitucional, porque habilita a la Secretaría de Salud para desarrollar el ejercicio de la objeción de conciencia sin establecer desde la ley general los límites claros para el ejercicio de esa figura, lo que propicia la arbitrariedad e incertidumbre.
27. Y por cuanto hace al artículo tercero transitorio, aduce que es inconstitucional, toda vez que habilita de manera indebida a las Legislaturas Locales a establecer regulaciones diversas sobre la objeción de conciencia, lo cual resulta violatorio del derecho a la seguridad jurídica y del principio de legalidad, debido a que los legisladores no pueden determinar o definir el alcance y contenido de los derechos humanos reconocidos en el Texto Constitucional. Además de que regulaciones distintas implicarían una limitación en mayor o menor medida al derecho a la salud física y mental consagrado en la Constitución General y tratados internacionales.
28. Aunado a lo anterior, aduce que de la fracción XVI del artículo 73, en relación con el 4o., ambos de la Constitución General, se desprende que el Congreso de la Unión es competente para expedir la ley general en materia de salud en la que establezca el régimen de concurrencia de la Federación con las entidades federativas; sin embargo, no cuenta con facultades para acotar el alcance o restringir alguno de los derechos humanos reconocidos a nivel constitucional, aunado a que la Constitución no establece una restricción expresa del derecho a la salud.
29. En este orden de ideas, concluye que el legislador federal se extralimitó en sus competencias y vulneró el derecho humano a la seguridad jurídica y los principios de legalidad y supremacía constitucional, toda vez que el Órgano Reformador de la Constitución es el único constitucionalmente habilitado para establecer restricciones al derecho humano de protección a la salud.
30. B. Indebida regulación de la objeción de conciencia
31. En su segundo concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud regula de manera deficiente el derecho a la objeción de conciencia, al no delimitar de manera clara su ejercicio, por no establecer la obligación de las instituciones de salud pública de contar –permanentemente– con personal médico y de enfermería no objetor, lo que se traduce en una violación del derecho humano de acceso a la salud.
32. Siguiendo este hilo conductor, la Comisión accionante sostiene que, en términos de la Constitución General y los tratados internacionales, el derecho a la salud implica la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso efectivo a la prestación de todos los servicios encaminados a salvaguardar la salud de las personas.
33. Sostiene que en el caso, el legislador federal no garantizó la disponibilidad, accesibilidad y oportunidad de los servicios de salud de la manera más amplia, pues no delimitó de manera precisa el ejercicio de la objeción de conciencia frente a los servicios médicos, dejando el desarrollo de esos aspectos al ámbito administrativo.
34. Fuera de las limitantes al ejercicio de la objeción de conciencia reconocidas por la propia ley –cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o cuando se trate de una urgencia médica–, el personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud podrá excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la Ley General de Salud.
35. En ese sentido, el Congreso de la Unión omitió establecer estándares mínimos que garanticen el derecho a la disponibilidad en los servicios médicos de todas las personas, como: a) que las instituciones de salud pública garanticen contar en todo momento con personal médico no objetor; b) que, en caso de no contar con médicos no objetores, el Estado garantice la prestación de los servicios médicos; c) que la institución pública remita a la persona cuyo servicio fue excusado por una persona objetora a una no objetora. Que la mencionada omisión legislativa parcial es procedente en la acción de inconstitucionalidad, de acuerdo con los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
36. Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos enfatiza que su intención es que se garantice el derecho al acceso oportuno a la salud mediante un marco normativo adecuado que respete el marco constitucional y convencional de los derechos humanos, razón por la cual la Comisión no pretende perjudicar la posibilidad de que el personal médico y de enfermería estén en aptitud de ejercer la objeción de conciencia, siempre y cuando se garantice la protección de los derechos fundamentales.
37. En efecto, la Comisión reconoce que derivado de la reforma de diecinueve de julio de dos mil trece al artículo 24 constitucional, se concluye que la objeción de conciencia es un derecho reconocido tanto a nivel nacional como internacional, al considerarse que deriva del derecho a la libertad de conciencia y religiosa, por lo que al no ser un derecho absoluto, su ejercicio se encuentra sujeto a respetar las disposiciones que sean necesarias para proteger la seguridad, la salud, la moral pública o los derechos y libertades de las demás personas.
38. Contrario a lo anterior, sostiene que el legislador determinó la prevalencia del derecho del personal médico y de enfermería a negar la prestación de servicios cuando se opongan a sus convicciones, sobre el derecho a la protección de la salud de las personas, pasando por alto que la objeción de conciencia encuentra su límite en el respeto del derecho a la protección de la salud.
39. Así, la Comisión accionante sostiene que el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud no supera un test de proporcionalidad, en tanto que, si bien la norma persigue una finalidad constitucionalmente válida –consistente en garantizar los derechos del personal sanitario– que es idónea para alcanzar ese fin, no es necesaria, ya que existen otros medios idóneos para alcanzarlo, interviniendo con menor intensidad el derecho a la protección a la salud.
40. Por ejemplo, la NOM-046-SSA2-2005, el artículo 59 de la Ley de Salud de la Ciudad de México y el artículo 25 de la Ley de Voluntad Anticipada reconocen la posibilidad de que el personal médico cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a los procedimientos que la norma establece, puedan ser objetores de conciencia y, por tal razón, excusarse de intervenir en tales actividades, sin embargo, las normas enfatizan la obligación de las instituciones públicas de salud del Estado de garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en la materia.
41. En el mismo orden de ideas, sostiene que la norma impugnada es desproporcional entre el fin que persigue y el resultado de la medida, ya que no delimita de manera precisa la objeción de conciencia, lo cual afecta el derecho a la protección de la salud y en consecuencia, a la integridad personal, a la vida, a los derechos sexuales y reproductivos y a decidir de manera libre e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos respecto de las personas que solicitan la atención o servicio médico.
42. Lo anterior, porque la falta de limitaciones demerita la garantía de los derechos de los pacientes a la atención médica solicitada, ya que permitiría la vulneración de los derechos humanos de las personas al acceso oportuno, disponible, aceptable y de calidad de los servicios de salud, con lo que el Estado incumpliría su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales, así como de tomar las medidas necesarias para salvaguardar al nivel más alto el derecho a la salud.
43. Al respecto, arguye que el legislador no tomó en cuenta la disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad en los servicios sanitarios, ya que la norma impugnada no garantiza que cuando las personas soliciten un servicio al personal médico y de enfermería, y éstos se rehúsen a proporcionarlo en ejercicio de la objeción de conciencia, tengan la obligación de remitirlos con otro profesional competente para brindar el mismo servicio, lo cual es un obstáculo para el acceso oportuno a la prestación solicitada.
44. Del mismo modo, refiere que, en caso de negarse la atención en un caso que no sea urgente, pero que se convierta en una emergencia, se estaría vulnerando el derecho a la salud y a la vida de las personas.
45. Por otra parte, sostiene que siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se arriba a la conclusión de que los sistemas de salud deben garantizar el ejercicio efectivo de la objeción de conciencia de los profesionales de salud sin que ello impida a los pacientes el acceso a los servicios a los que tienen derecho, lo cual no ocurre en la norma impugnada, pues ésta no delimita de manera clara y precisa la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería, lo que se traduce en una restricción del derecho a la protección de la salud, siendo que el Estado está obligado a regular la objeción de conciencia de tal manera que se proteja la salud. 46. Finalmente, arguye que la norma impugnada no cumple con la obligación del Estado de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de protección a la salud y de objeción de conciencia del personal sanitario, pues le da un carácter casi absoluto a este último derecho –al establecer únicamente dos supuestos en los cuales el personal no podrá acudir a la objeción de conciencia–, pero fuera de los cuales le establece la carga al paciente, lo cual puede traducirse, incluso, en un posicionamiento institucional de objeción de conciencia, al no garantizar que la objeción sea individual.
47. En conclusión, que el artículo 10 Bis de la Ley General Salud es inconstitucional, toda vez que regula de manera deficiente la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería, otorgando a dicha figura un alcance muy amplio que no garantiza el pleno ejercicio del derecho a la protección a la salud, restringiendo un derecho humano sin sustento constitucional.
48. C. Vulneración del derecho a la vida, integridad personal, libertades sexual y reproductiva, igualdad y a decidir de manera libre el número y espaciamiento de los hijos
49. En su último concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recuerda que el derecho a la salud es un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos, por lo que, con base en el principio de interdependencia, su vulneración tiene como consecuencia la transgresión de otros derechos fundamentales.
50. Lo anterior, porque la norma no establece los límites necesarios que garanticen el acceso a los servicios sanitarios ante la negativa de proporcionar la atención médica, pues la misma se limita a señalar dos situaciones en las cuales no se puede negar el servicio, lo que tiene como resultado que, se deniegue la prestación de servicios médicos, entre ellos, por ejemplo: a) transfusiones de sangre en las que no esté en riesgo la vida; b) la solicitud de métodos anticonceptivos; c) la interrupción del embarazo en los supuestos permitidos por la ley; d) los cuidados paliativos de las personas enfermas en situación terminal; y e) la atención a personas que viven con enfermedades de transmisión sexual; entre otros.
51. La manera amplia e imprecisa en que la norma está conformada, permite que se nieguen los servicios médicos, por lo que las personas beneficiarias del derecho a la protección de la salud no podrán ejercer plenamente sus derechos.
52. Así, la Comisión estima vulnerados los siguientes derechos:
53. Integridad personal y vida
54. Los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen los derechos a la vida y a la integridad personal, entendiéndose por ellos, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral, así como a no ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
55. En este sentido, se refiere que la norma combatida permite negar la prestación de servicios de salud cuando no esté en peligro la vida del paciente o se trate de una urgencia médica; sin embargo, se pasa por alto que existen supuestos en los cuales de primer momento la atención requerida no representa una urgencia o peligro a la vida, pero la falta oportuna de la atención puede ocasionar complicaciones en el estado de la salud, lo cual constituye una violación a la integridad e incluso de la vida del paciente.
56. En México hay una baja tasa de cobertura sanitaria por la falta de clínicas médicas y médicos en el país, ante esto, resulta preocupante la deficiente regulación de la norma que no garantiza que se otorgue el servicio de salud, poniendo en riesgo el estado de salud de las personas.
57. Derecho a decidir sobre el libre espaciamiento de los hijos, libre desarrollo de la personalidad y libertades sexuales y reproductivas
58. El artículo 4o. constitucional prevé el derecho a decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos. Así, la decisión de convertirse en madre tiene un alto impacto en el proyecto de vida de las mujeres, por lo que la maternidad no puede ser una imposición del Estado ni de un tercero.
59. En ese sentido, la interrupción del embarazo es una decisión autónoma e íntima de las mujeres pues incide directamente con su plan de vida, por lo que toda interferencia del Estado se traduce en una transgresión en contra de su derecho al libre desarrollo de la personalidad y trasciende al ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva, así como en la igualdad y no discriminación.
60. De esta forma, el artículo 10 Bis impugnado, al permitir que el personal médico y de enfermería por motivos de objeción de conciencia se niegue a participar en la interrupción del embarazo, sin establecer la obligación del Estado de contar con personal no objetor ni la responsabilidad de los profesionales de la salud de remitir a la paciente con médicos que le proporcionen el servicio, se traduce en una vulneración al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y al libre desarrollo de la personalidad. Esto impone una carga a la mujer, pues tendrá que trasladarse en busca de clínicas que cuenten con personal no objetor, además, podría llegar a acudir a lugares inseguros o ilegales ante la negativa de la atención médica, poniendo en riesgo su salud y vida.
61. A partir de lo anterior, la Comisión sostiene que el Estado no garantiza el acceso a la interrupción del embarazo en los supuestos legales permitidos, pues autoriza a los profesionales sanitarios a objetar por motivos de conciencia, sin asegurarse de proteger la capacidad de las mujeres de ejercer de manera efectiva sus derechos sexuales y reproductivos.
62. Sobre el caso, la Comisión cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la Corte Constitucional Colombiana para sostener que la objeción de conciencia es individual y no institucional, por lo que existe una obligación de que, en caso de existir personal objetor, se debe canalizar a la paciente para que sea atendida por personal facultativo no objetor.
63. Por ello, al hacer nugatorio el acceso a la interrupción legal del embarazo en condiciones sanitarias seguras y de manera oportuna, constituye una forma de violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes, constituyéndose así un obstáculo para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, afectando su salud física y psicológica.
64. Es decir, que el Estado debe garantizar que las mujeres que pretenden interrumpir su embarazo legalmente tengan acceso a este procedimiento, asegurándose que el ejercicio de ese derecho no se vea limitado por el uso de la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
65. En atención a lo último, al no establecer la norma impugnada la obligación del Estado de contar con personal no objetor de manera permanente podría traducirse en una posición institucional de objeción de conciencia.
66. Derecho a decidir de manera libre e informada el número y espaciamiento de los hijos
67. La promovente manifestó que, como parte del derecho a la salud reproductiva, el derecho de toda persona a decidir de manera libre e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos implica el derecho al acceso a la información, a la educación y a los métodos que les permitan ejercer estos derechos, los cuales se ven vulnerados cuando se obstaculizan los medios necesarios para lograrlo.
68. En esta tesitura, que contrario a lo anterior, la norma impugnada permite de manera amplia que el personal médico y de enfermería nieguen a las personas el acceso a métodos anticonceptivos por tener un efecto que va en contra de sus convicciones o creencias.
69. Lo anterior resulta contrario a lo señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto de que "la mujer y el hombre están en libertad de decidir si desean o no reproducirse y en qué momento y tienen el derecho a estar informados y tener acceso a métodos de planificación familiar, seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección, así como el derecho de acceso a los pertinentes servicios de atención de salud".
70. Asimismo, que la disposición impugnada no garantiza el derecho de las personas a acceder a métodos de reproducción asistida, vulnerando el derecho de las mujeres a la procreación, ante la negativa del personal de brindar el servicio.
71. Igualdad
72. Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumenta que la forma tan amplia en que está regulada la objeción de conciencia, constituye un obstáculo para la igualdad, ya que, alegando la libertad de conciencia, el personal médico y de enfermería puede negar los servicios médicos a personas por razones de salud, de género o de preferencias sexuales, al ir en contra de sus convicciones atender a personas en determinada situación.
73. De esta manera, la Comisión refiere que, a partir de la norma impugnada, se podría negar el servicio médico a personas con cierta preferencia sexual o con enfermedades de transmisión sexual, al resultar contrario a las convicciones morales del personal médico.
74. En este sentido, que el legislador no acató la obligación del Estado de proporcionar, en igualdad de condiciones, el acceso a la atención de la salud y a los servicios médicos de todas las personas sin discriminación, pues el efecto de la norma es hacer nugatorio el ejercicio efectivo de este derecho.
75. CUARTO.—Admisión
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30664-b5b20598/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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