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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. IMPLICA LA PARTICIPACIÓN TANTO DE AUTORIDADES FEDERALES COMO LOCALES, EN TÉRMINOS DE LA DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS QUE DEFINE UNA LEY GENERAL EMITIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. IV. SALUBRIDAD GENERAL. CONCURRENCIA DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA SU REGULACIÓN. V. SALUBRIDAD GENERAL. COMPETENCIAS DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. VI. SALUBRIDAD GENERAL. COMPRENDE TANTO LA SALUD COMO LOS CONTROLES SANITARIOS Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y SUS MODALIDADES, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA EL EJERCICIO DE DERECHOS DEL PERSONAL MÉDICO COMO EL DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA. VII. DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA. PARTE DEL RECONOCIMIENTO DE LA INTERCULTURALIDAD Y DIVERSIDAD DE COSMOVISIONES Y CREENCIAS DE MANERA AÚN MÁS AMPLIA QUE EL DERECHO A LA LIBERTAD DE RELIGIÓN. VIII. DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA. EL PRINCIPIO DE LAICIDAD QUE RIGE EL MODELO DEL ESTADO MEXICANO IMPLICA LA IMPARCIALIDAD DE ÉSTE ANTE LAS DIVERSAS CREENCIAS DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA COMUNIDAD SUJETA A SU JURISDICCIÓN. IX. DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA. CONSISTE EN EL DERECHO DE TODA PERSONA A TENER LAS PROPIAS CREENCIAS O IDEAS, A SILENCIARLAS O MANIFESTARLAS. X. DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA. LAS CREENCIAS, SU TRANSMISIÓN Y ENSEÑANZA CORRESPONDEN AL ÁMBITO PRIVADO Y SON LA EXPRESIÓN DE UN DERECHO INDIVIDUAL QUE EL ESTADO DEBE PROTEGER. XI. DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA. SUS DIMENSIONES EXTERNA E INTERNA. XII. DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA. CONSTITUYE UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA AL DESCANSAR EN LA IDEA DEL PLURALISMO. XIII. DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA. LAS CREENCIAS CONSTITUYEN FENÓMENOS DEL FUERO INTERNO DE LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN SER CONTROLADAS POR EL DERECHO, PERO AL MOMENTO DE EXTERIORIZARLAS SE CONVIERTEN EN EXPRESIONES JURÍDICAMENTE RELEVANTES. XIV. DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA. ELEMENTOS QUE CONTIENE. XV. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. SE RECONOCE PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS ENTRE LA CONCIENCIA INDIVIDUAL Y LOS DEBERES JURÍDICOS IMPUESTOS POR NORMAS GENERALES O ACTOS DE AUTORIDAD. XVI. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. ES NECESARIO QUE SE VINCULE A UNA FUERTE CONVICCIÓN RELIGIOSA, IDEOLÓGICA O DE CREENCIA. XVII. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. AL PARTIR DE UNA POSTURA INDIVIDUAL FRENTE A UNA NORMA O ACTO DE AUTORIDAD, SU EJERCICIO ES TAMBIÉN ABSOLUTAMENTE INDIVIDUAL. XVIII. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. NO DEBE ENTENDERSE COMO UN DERECHO EQUIPARABLE A OTROS DERECHOS COMO EL DERECHO A LA SALUD; SE TRATA MÁS BIEN DE UNA FORMA DE CONCRECIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA. XIX. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. SE HA DEFINIDO COMO EL DERECHO DE TODA PERSONA AL DISFRUTE DEL MÁS ALTO NIVEL POSIBLE DE SALUD FÍSICA Y MENTAL, Y QUE ES JUSTIFICABLE EN DISTINTAS DIMENSIONES DE ACTIVIDAD. XX. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. LOS ELEMENTOS INSTITUCIONALES QUE CALIFICAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO EN LA MATERIA SON LA DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD, ACEPTABILIDAD Y CALIDAD. XXI. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DADAS LAS LIMITACIONES A LAS QUE SE ENFRENTA EL ESTADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA GARANTIZARLO, SU ACTIVIDAD SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. XXII. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. CUANDO ESTÉN INVOLUCRADOS LOS DERECHOS DE MUJERES, PERSONAS CON CAPACIDAD DE GESTAR, PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO, LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ATENDER LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y QUE CONSIDERE LA INTERSECCIONALIDAD. XXIII. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DENTRO DE LOS DEBERES GENERALES DE LAS AUTORIDADES FRENTE A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESTACA EL DEBER DE NO NEGAR O LIMITAR EL ACCESO IGUAL DE TODAS LAS PERSONAS A LOS SERVICIOS DE SALUD Y, EN PARTICULAR, EL DE ABSTENERSE DE IMPONER PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS EN RELACIÓN CON EL ESTADO DE SALUD Y LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS QUE PERTENEZCAN A GRUPOS HISTÓRICAMENTE EN DESVENTAJA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 12 BIS DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO). XXIV. OBJECIÓN DE CONCIENCIA. SI BIEN BUSCA PROTEGER EL DERECHO DEL PERSONAL MÉDICO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA, NO SE TRAT

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 107/2019. · Registro digital (IUS): 31466
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-05-26
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Mayo de 2023, Tomo I, Pág.450.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 107/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 7 DE JULIO DE 2022. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: M.G. ADRIANA ORTEGA ORTIZ.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de julio de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 107/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, contra el artículo 12 Bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos que regula la figura de objeción de conciencia en relación con la prestación de servicios médicos a cargo del Estado.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda por diputados integrantes del Congreso de Morelos. El veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión, promovió acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 461 por el que se adicionó el artículo 12 Bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos, así como su disposición transitoria tercera. El decreto impugnado fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos el 28 de agosto de 2019.

2. En su opinión, la norma vulnera los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 10 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 11.1, inciso f), y 16.1, inciso e), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y 1, 2, inciso c), 3, 4, incisos a), b), c) y e), 6, 7 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará".

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Comisión promovente expuso los siguientes conceptos de invalidez:

a) El decreto impugnado constituye una restricción a la garantía efectiva del derecho de protección a la salud que no está prevista por la Constitución General.

b) El artículo adicionado establece que el personal médico y de enfermería pueden excusarse de participar en la prestación de servicios de salud, lo que vulnera la seguridad jurídica, así como principios de legalidad y supremacía constitucional.

c) La legisladora local no está facultada para establecer restricciones a derechos fundamentales, como el derecho a la salud.

d) La disposición transitoria impugnada delega a la Secretaría de Salud de la entidad emitir los lineamientos para el ejercicio del derecho; ésta no está facultada para ello, sino que esos lineamientos deben estar establecidos en una ley formal y materialmente.

e) Conforme al artículo 1o. constitucional, todas las personas gozan de los derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico mexicano, así como de garantías para su protección y efectividad. Además, el ejercicio de estos derechos no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos en que la propia Constitución lo establece.

f) De acuerdo con el artículo 4o., párrafo cuarto, constitucional, todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. Esa disposición constitucional, además de establecer que la materia de salud es concurrente entre la Federación y las entidades federativas, dispone que el Congreso de la Unión debe definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.

g) Conforme a la propia jurisprudencia de la Suprema Corte, sólo la Constitución puede establecer el alcance y contenido de los derechos fundamentales, así como las limitaciones o restricciones para su ejercicio, las cuales deben ser expresas en el Texto Constitucional.

h) La norma impugnada regula el derecho de objeción de conciencia que se traduce en una restricción del ejercicio de otros derechos como el de protección a la salud y de acceso a los servicios de salud. La norma permite que el personal integrante del Sistema Estatal de Salud se excuse de prestar servicios públicos de salud a cargo de instituciones locales, que el Poder Reformador consideró obligatoria como parte del núcleo esencial del derecho a la salud.

i) Reitera, la legisladora local no está facultada constitucionalmente para establecer restricciones a derechos fundamentales. Si bien la facultad para emitir normas relacionadas con esos derechos no está completamente vedada, se entiende que la libertad configurativa de las legisladoras locales tiene como límite el contenido esencial de los derechos.

j) La norma establece que cualquier profesional médico y de enfermería que pertenezca al Sistema Estatal de Salud, es decir, cualquier dependencia y entidad pública local, y personas físicas o morales de los sectores social y privado que presta servicios de salud en la entidad, puede negar la prestación de los servicios de salud, salvo que corra peligro la vida de la paciente o se trate de una urgencia médica.

k) La norma considera a la objeción de conciencia como un derecho del que gozan los profesionales médicos y de enfermería y que les permite dejar de prestar sus servicios.

l) Estos servicios de salud se entienden, conforme a la propia legislación local, como todas las acciones realizadas en beneficio de una persona o sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad, y que se clasifican en:

i. Servicios de atención médica: los que se proporcionan al individuo para proteger, promover y restaurar la salud; comprenden las actividades preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas.

ii. Servicios de salud pública: generalmente relacionados con criterios y requisitos sanitarios de descarga de aguas residuales, vacunas, prevención y combate de adicciones, así como publicidad de servicios y productos de salud, entre otros.

iii. Servicios de asistencia social: el conjunto de acciones tendentes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

m) El ordenamiento jurídico reconoce derechos para las usuarias de los servicios de salud que implican cargas para el personal médico y de enfermería, quienes deben prestar los servicios oportunamente, con calidad y otorgar atención profesional, éticamente responsable, además de un trato respetuoso y digno e informar de manera completa, en la lengua de las pacientes, de manera oportuna y veraz sobre el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamientos –así como sus riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias–.

n) Para la Comisión, no es claro el alcance de la figura de objeción de conciencia. Explica que, según ciertas posturas, ésta se caracteriza como un derecho humano en sí, pero otras la consideran un mero ejercicio de la libertad de conciencia. En cualquiera de los casos, la legisladora ordinaria estaría invadiendo competencias, pues no le corresponde reglamentar o matizar derechos humanos. Al contrario, la legisladora ordinaria tiene prohibido referirse al parámetro de interpretación y reconocimiento de estos derechos por una razón de seguridad jurídica y para garantizar la mayor protección a los derechos, con criterios uniformes en cada una de las entidades federativas.

o) Además, la disposición se traduce en una restricción a otro derecho fundamental: el de protección a la salud. En opinión de la Comisión, la legisladora morelense no tiene facultad para establecer esta clase de restricciones, sino que éstas deben preverse en el propio Texto Constitucional.

p) Tal como está regulado, el ejercicio de la objeción de conciencia no tiene límites –salvo la urgencia médica o que esté en riesgo la vida de la paciente–, lo que impide acciones encaminadas a proteger, promover y restaurar la salud de las personas.

q) La Comisión recuerda que el reconocimiento del derecho a la protección de la salud debe hacerse efectivo a través de los servicios públicos de salud a cargo de las instituciones en el orden federal y el local; la prestación de estos servicios es obligatoria para el Estado. Esto constituye el núcleo esencial de este derecho. Aspectos que no pueden ser alterados por la legislación de las entidades.

r) En efecto, el derecho a la salud, reconocido por el artículo 4o. constitucional, no se limita a la protección del bienestar físico de las personas, sino que comprende, también, aspectos en relación con la salud mental, emocional y social: implica la obligación estatal de garantizar un bienestar integral.

s) El Congreso de Morelos, al adicionar la norma reclamada, vulneró el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, pues estableció una restricción no prevista constitucionalmente.

t) Ni las legisladoras ordinarias –federales ni locales– ni las autoridades administrativas están facultadas para definir el alcance y contenido de los derechos, pues establecer las limitaciones para su ejercicio corresponde sólo a la Constitución.

u) Adicionalmente, aunque no señala ese artículo como disposición reclamada, la Comisión enfatiza que la disposición transitoria del Decreto 461 que reformó la Ley General de Salud y por la cual se modificó la ley de salud estatal, contiene los mismos vicios de inconstitucionalidad, pues delega a la Secretaría de Salud la facultad de regular el ejercicio de la objeción de conciencia mediante lineamientos y disposiciones administrativas. Así, se vulneran el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.

v) Únicamente el Poder Reformador está facultado para establecer el contenido y alcance de los derechos, así como establecer las restricciones e hipótesis en que puede suspenderse su ejercicio.

w) Si bien las entidades están facultadas para regular una ampliación de la protección de los derechos fundamentales, esa facultad no tiene el alcance de afectar el contenido esencial de los mismos. En efecto, las entidades y sus órganos legislativos tienen libertad de configuración normativa en materia de derechos humanos, pero ello no significa que cuenten con facultades ilimitadas de regulación o determinación, pues deben sujetarse a la Constitución.

x) La Comisión explica que la objeción de conciencia sin duda es la expresión del derecho de la libertad de conciencia y religiosa y como tal debe ser reconocido; sin embargo, destaca que no se trata de un derecho absoluto y su ejercicio debe sujetarse a otras disposiciones necesarias para proteger la salud, el orden, la moral pública y los derechos y libertades de las demás personas. Desde su perspectiva, la legisladora morelense, tal como la reguló, genera una colisión entre el ejercicio de este derecho y el de otros como la protección a la salud de las pacientes. Así, otorga una mayor prevalencia al derecho de objeción, lo que le parece incorrecto.

y) Propone someter la norma a test constitucional para determinar si al no limitar suficientemente la objeción de conciencia se afecta de manera desproporcionada al derecho a la protección de la salud. Aunque le parece válido que se reconozca el derecho a la objeción de conciencia de las profesionales de la salud, y le parece que la norma es idónea pues permite al personal médico y de enfermería negarse a participar en procedimientos con los que no están de acuerdo sin atribuirles responsabilidad profesional, considera que existen otros medios que impactan menos el derecho a la salud de las pacientes.

z) En efecto, menciona normas que si bien permiten la posibilidad del personal médico a objetar procedimientos que sean contrarios a sus creencias o convicciones, ponen especial énfasis en la obligación de las instituciones públicas de salud de garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor. Reitera que es obligación del Estado crear condiciones que aseguren a todas las personas asistencia médica y servicios de salud en caso de enfermedad que comprenden el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, así como educación en materia de salud, tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades frecuentes, así como el suministro de medicamentos.

aa) Contrario a esta obligación, el Congreso de Morelos reguló la objeción de conciencia, sin respetar las bases mínimas para la prestación de servicios de salud. La Comisión hace énfasis en que el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia no puede traducirse en un mecanismo para vulnerar otros derechos fundamentales interdependientes de la protección de la salud –tales como la integridad personal, la vida, las libertades sexual y reproductiva, la igualdad, autonomía y la decisión libre e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos.

bb) Por tanto, solicita a esta Suprema Corte declare la invalidez de las normas impugnadas, así como cualquier otra que esté relacionada con éstas.

4. Admisión y trámite. El presidente de esta Suprema Corte tuvo por recibida la demanda y ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 107/2019, así como su turno al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para instruir el procedimiento correspondiente. Posteriormente, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; tuvo como autoridades emisoras de la norma a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos y ordenó dar vista para que, dentro del plazo de quince días, rindieran los informes correspondientes; dio vista al procurador general de la República para la formulación del pedimento correspondiente, y requirió al Congreso Local la remisión de los antecedentes legislativos de los decretos reclamados.

5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. El consejero jurídico, representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, rindió el informe requerido, en el que argumentó, en esencia, lo siguiente:

a) En principio, aclaró que sólo pueden atribuirse al Poder Ejecutivo Estatal la promulgación y publicación de la disposición impugnada, por lo que negó que se hubieran violado disposiciones constitucionales o derechos de las personas.

b) Explicó que el decreto tuvo por objeto incorporar la objeción de conciencia como derecho del personal médico y de enfermería para excusarse de participar en la prestación de servicios, con ciertas limitantes: cuando se ponga en riesgo la vida de la paciente o se trate de una urgencia médica, circunstancias en que no puede invocarse la objeción de conciencia, pues se incurriría en responsabilidad profesional. Ello se hizo para armonizar la legislación estatal con la Ley General de Salud, cuyo artículo 10 Bis incorporó el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia. El artículo transitorio tercero del decreto que reformó esa ley ordenó a las Legislaturas realizar las modificaciones correspondientes en sus ordenamientos.

c) Reconoció la obligación del personal médico de aportar a las pacientes todos los elementos necesarios para que éstas tomen una decisión libre e informada sobre el tratamiento o ausencia del mismo. Sin embargo, reconoce también el derecho de las personas a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, del que gozan también el personal médico y de enfermería, aunque para su ejercicio se deban prever límites legales para la protección de la integridad y vida de las pacientes, como lo hace la disposición impugnada.

6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Morelos. El presidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos rindió su informe, en el que expuso lo siguiente:

a) En primer lugar, se refirió al derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, según el cual nadie puede ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar sus creencias (artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

b) Explica que la objeción de conciencia es el derecho según el cual una persona puede negarse a realizar determinados actos o servicios derivados de una orden de autoridad o de una norma jurídica cuando considere que contradicen sus principios éticos o morales. Así, ante la existencia de una norma jurídica que impone una obligación, una persona elige el incumplimiento, en atención a un deber que le impone su conciencia.

c) Ni la Constitución ni la legislación federal reconocen expresamente un derecho a objetar, por lo que se afirma que existe la necesidad de incluirlo en la legislación local. Particularmente, para proteger a personas en el ámbito sanitario, quienes se encargan de realizar procedimientos y actividades en el Sistema de Salud Nacional. Así, observó que diversas entidades federativas –entre ellas, Jalisco y la ciudad de México– han implementado reformas a su legislación para reconocer el derecho a la objeción de conciencia y han regulado los supuestos en que puede ejercerse este derecho –cuando ello no implique un riesgo a la salud o se trate de una urgencia médica–, así como otras cargas que protejan la integridad o vida de las pacientes cuando se les niega un servicio de salud –como la obligación de remitirla a un profesional de la salud disponible–. También la Secretaría de Salud, al emitir la NOM-046-SSA2-2005 reconoció el derecho de objeción de conciencia de médicos y enfermeras par la práctica del aborto en los casos de violación.

d) Se refirió a la ley reglamentaria del artículo 24 constitucional –Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público–, según la cual, el derecho a la libertad de conciencia comprende el derecho a no ser obligade a prestar servicios personales ni contribuir con dinero o en especie al sostenimiento de una asociación, iglesia o cualquier otra agrupación, ni a participar o a contribuir de la misma manera en ritos, ceremonias, festividades, servicios o actos de culto religioso. Aseguró que la libertad es una condición indispensable para el logro de fines de cada individuo, entre las que se encuentra la de pensamiento. La manifestación de ideas –como exteriorización del pensamiento– no puede quedar sujeta a ninguna relación jurídica.

e) Desde la ética, reconoció que la conciencia es para cada individuo una norma subjetiva de moralidad ante la cual es inmediatamente responsable. Así, la conciencia abarca el mundo objetivo de la persona y la guía para actuar conforme a los dictados de su pensamiento.

f) Asimismo, explicó los dos sentidos de la liberta de conciencia: uno negativo que implica una inmunidad para las personas frente a cualquier medio coactivo que pretenda persuadir o imponer una particular forma de ver el mundo (protegido por el artículo 24 constitucional), y uno positivo, entendido como la posibilidad de ajustar el comportamiento personal a la propia conciencia moral, aun cuando ello implique contravenir alguna disposición legal o un mandamiento de autoridad legítima. El último, destacó, no está expresamente protegido, por lo que existen aún consecuencias negativas para una persona que decide desatender una obligación de hacer. Esto genera coerción para hacer algo contrario a su conciencia.

g) Finalmente advirtió que, en marzo de 2018, se incorporó a la Ley General de Salud la posibilidad de las médicas y enfermeras de negarse a ofrecer algún servicio que, de manera individual, consideren incorrecto, sujeta a ciertas limitaciones y requisitos. Por lo que explicó que la norma impugnada se incorporó a la Ley de Salud del Estado de Morelos en atención a la disposición transitoria contenida en el decreto que modificó la ley general que otorgó a las Legislaturas un plazo de 180 días para hacer los ajustes correspondientes en sus ordenamientos. 7. Opinión de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República no formuló pedimento en el asunto.

8. Cierre de la instrucción. Seguido el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

II. COMPETENCIA

9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó la posible contradicción entre el artículo 12 Bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos, así como la disposición transitoria tercera del Decreto 461 por el que fue adicionado y la Constitución General, así como diversos tratados internacionales.

III. OPORTUNIDAD

10. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

11. El Decreto 461 por el que se reformó el artículo 12 Bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Así, el plazo de treinta días naturales transcurrió del veintinueve de agosto al veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, día en que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó la demanda, por lo que debe considerarse oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

12. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada. La demanda fue presentada por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, órgano facultado para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales y las emitidas por las entidades federativas que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que México sea Parte, en términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución.(1) La Comisión Nacional impugnó un precepto de una ley local expedida por el Congreso del Estado de Morelos que, en su opinión, transgrede una serie de derechos humanos con reconocimiento constitucional y convencional.

13. Conforme al artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el 18 de su reglamento interno, corresponde a su presidente la representación legal. La demanda fue presentada por Luis Raúl González Pérez en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de la designación en ese cargo, por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

V. NORMAS IMPUGNADAS

14. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló la inconstitucionalidad del artículo 12 Bis adicionado a la Ley de Salud del Estado de Morelos, que a la letra dice:

"Artículo 12 Bis. El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Estatal de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley.

"Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurriría en una causal de responsabilidad profesional.

"El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral."

15. Asimismo, impugnó la disposición transitoria tercera del decreto por el que se introdujo la reforma, la cual señala:

"Disposiciones transitorias

"...

"Tercera. La Secretaría de Salud del Estado, tendrá un plazo de 120 días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto, para emitir las disposiciones o lineamientos necesarios para el ejercicio de este derecho en los casos que establece la presente ley."

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

16. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Pleno tampoco advierte de oficio que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.

VII. ESTUDIO DE FONDO

17. Corresponde a este Tribunal Pleno verificar la compatibilidad constitucional del artículo 12 Bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos que prevé la figura de la objeción de conciencia. Figura que autoriza al personal médico y que presta servicios de salud en esa entidad negarse a practicar algún procedimiento cuando lo consideren contrario a sus convicciones. Antes que nada, este Pleno reconoce que la problemática planteada se refiere a una que ha suscitado interrogantes en los planos ético, moral, político y, finalmente, el legal. La principal implicación de reconocer el derecho de objeción de conciencia tiene como consecuencia reconocer opiniones que históricamente han mantenido en la desventaja a grupos de personas en vulnerabilidad –mujeres y personas de la diversidad sexual, entre otras–, pues su principal efecto es negar la práctica de ciertos servicios en atención a las creencias y convicciones de quienes ejercen de esta manera su derecho a la libertad de conciencia o pensamiento.

18. Cabe recordar que este Pleno ya se ha pronunciado sobre la figura de objeción de conciencia y sus límites frente al derecho a la protección de la salud y sus distintas dimensiones. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 54/2018,(2) esta Suprema Corte declaró la invalidez del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, pues consideró que la regulación deficiente del ejercicio de la libertad de conciencia ponía en riesgo la protección de otros derechos como el derecho de protección a la salud.

19. El artículo 12 Bis de la Ley de Salud del Estado de Morelos impugnado, tal como sostuvieron los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad, se publicó con la finalidad de armonizar la legislación local con el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud que fue declarado inválido. En opinión de la Comisión accionante, la legisladora local no estaba facultado para emitir esta norma que entiende como restricción a otros derechos, facultad que sólo corresponde a la Constitución General.

20. Antes de entrar al estudio de la norma, debe apuntarse que, en materia de salubridad general, existe un sistema de distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno que conforma el sistema federal. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017,(3) este Pleno aclaró que una materia concurrente implica la participación tanto de autoridades federales como locales, ambas en términos de la delimitación de competencias que define una ley general emitida por el Congreso General, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución General.(4)

21. El artículo 4o. constitucional atribuye expresamente tanto a la Federación como a las entidades federativas el carácter de autoridades en materia sanitaria. En efecto, el sistema de facultades concurrentes en materia de salud implica que los tres niveles de gobierno pueden actuar en ese ámbito. Así, corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión determinar, en la Ley General de Salud, las bases y modalidades de la participación de cada nivel de gobierno.(5)

22. En la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, este Pleno explicó que, para la regulación de todos los aspectos relacionados con la salud, así como los servicios y controles sanitarios y el acceso a éstos, el artículo 4o. constitucional establece las atribuciones concurrentes entre los Estados y la Federación mediante la Ley General de Salud.(6) El artículo 4o. de esa ley confirma la concurrencia entre las autoridades federales y locales al señalar que son autoridades sanitarias el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas.

23. La Ley General de Salud también creó el Sistema Nacional de Salud, constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, federal y local; las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como los mecanismos de coordinación entre éstos. Así, dispone que los gobiernos de cada entidad deben contribuir, desde su competencia, para lograr la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y para ello, deben planear, organizar y desarrollar, en sus respectivas circunscripciones, sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el sistema nacional.(7) Esa misma ley determina que la competencia de las autoridades sanitarias en la planeación, regulación, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud se regirá por las disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo Federal.

24. La Ley General de Salud establece la distribución de competencias entre la Federación y las entidades en materia de salubridad general. En esencia, se refiere a tres tipos de competencias:

i. Las que corresponden al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, a quien corresponde dictar las normas oficiales mexicanas que regulen la prestación de los servicios de salud (corresponde a la Federación verificar su cumplimiento);

ii. Las que corresponden a los gobiernos de las entidades federativas como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales; y,

iii. Las que corresponden tanto a la Federación como a las entidades federativas.

25. La salubridad general tiene como objetivo salvaguardar el derecho f

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31466-71eb946a/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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