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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA NORMAS GENERALES QUE NO CORRESPONDAN A LA MATERIA PENAL O PROCESAL PENAL, CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE FEBRERO DE 2014. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE LA NORMA PENAL INVALIDADA EN DIVERSA ACCIÓN, AL NO EXISTIR JURÍDICAMENTE TAL DISPOSICIÓN Y HABERSE DISPUESTO LOS EFECTOS RETROACTIVOS CORRESPONDIENTES (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 13, APARTADO A, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE LA NORMA PENAL IMPUGNADA QUE HA SIDO REFORMADA, YA QUE PUEDEN DARSE EFECTOS RETROACTIVOS A LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DE UNA NORMA DE ESA NATURALEZA, CON IMPACTO EN LOS PROCESOS EN LOS QUE SE HUBIERA APLICADO. IV. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DEBE APLICARSE ESTE MÉTODO ANALÍTICO EN TODOS LOS CASOS QUE INVOLUCREN RELACIONES ASIMÉTRICAS, PREJUICIOS Y PATRONES ESTEREOTÍPICOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL GÉNERO DE LAS PERSONAS INVOLUCRADAS. V. ABORTO. EL ESPECTRO DE LA DECISIÓN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA QUE LO SANCIONA CON PENA DE PRISIÓN DEBE COMPRENDER TANTO A LAS MUJERES COMO A LAS PERSONAS CON CAPACIDAD DE GESTAR. VI. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. SU RELACIÓN CON EL DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA. VII. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS A LA AUTONOMÍA Y AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. VIII. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. SU RELACIÓN CON EL DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA. IX. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. SU RELACIÓN CON EL DERECHO A LA SALUD. X. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. SUS IMPLICACIONES ESPECÍFICAS. XI. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. IMPLICA LA EDUCACIÓN SEXUAL COMO PILAR DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA. XII. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. IMPLICA EL DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN Y ASESORÍA EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y MÉTODOS DE CONTROL NATAL. XIII. DERECHO A DECIDIR. LA MUJER Y LAS PERSONAS CON CAPACIDAD DE GESTAR SON TITULARES EXCLUSIVOS DEL DERECHO A DECIDIR LA CONTINUACIÓN O INTERRUPCIÓN DE SU EMBARAZO. XIV. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. IMPLICA LA GARANTÍA DE QUE TOMEN UNA DECISIÓN INFORMADA EN RELACIÓN CON LA INTERRUPCIÓN O CONTINUACIÓN DE SU EMBARAZO. XV. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. TANTO LA OPCIÓN DE CONTINUAR COMO LA DE INTERRUMPIR EL PROCESO DE GESTACIÓN CONSTITUYEN DOS ÁMBITOS DE PROTECCIÓN CON IGUAL RELEVANCIA. XVI. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. IMPLICA GARANTIZAR LA POSIBILIDAD DE INTERRUMPIR SU EMBARAZO EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA DE FORMA ACCESIBLE, GRATUITA, CONFIDENCIAL, SEGURA, EXPEDITA Y NO DISCRIMINATORIA. XVII. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. SÓLO PUEDE COMPRENDER EL PROCEDIMIENTO DE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO DENTRO DE UN BREVE PERIODO CERCANO AL INICIO DEL PROCESO DE GESTACIÓN. XVIII. NASCITURUS. SU CONCEPCIÓN COMO BIEN CONSTITUCIONAL Y EL ÁMBITO DE SU PROTECCIÓN EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. XIX. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. EL PLAZO PARA INTERRUMPIR EL EMBARAZO DEBE SER RAZONABLE, A FIN DE NO ANULAR O VOLVER INEJERCITABLE DICHA PRERROGATIVA, SIN MENOSCABO DE CONSIDERAR EL INCREMENTO PAULATINO EN EL VALOR DEL PROCESO DE GESTACIÓN. XX. DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR. LA SUPREMA CORTE HA ESTIMADO IDÓNEO Y RAZONABLE EL PLAZO DE DOCE SEMANAS PARA INTERRUMPIR EL EMBARAZO, TOMANDO EN CUENTA EL INCIPIENTE DESARROLLO DEL NASCITURUS EN ESE PERIODO Y LA SEGURIDAD SANITARIA QUE ÉSTE BRINDA PARA PRACTICAR EL PROCEDIMIENTO, SIN GRAVES CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DE AQUÉLLAS. XXI. ABORTO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. LA NORMA QUE ESTABLECE LA COMISIÓN DE ESE DELITO POR QUIEN CAUSE LA MUERTE AL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN, EN CUALQUIER MOMENTO DEL EMBARAZO, NO VIOLA EL DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR (ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). XXII. ABORTO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. EL TIPO PENAL QUE IMPONE DE UNO A TRES AÑOS DE PRISIÓN A LA MUJER QUE VOLUNTARIAMENTE PRACTIQUE SU ABORTO O A LA PERSONA QUE LA HICIERE ABORTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE AQUÉLLA, VIOLA EL DERECHO DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS GESTANTES A DECIDIR, AL NO INCLUIR UNA FORMULACIÓN QUE PERMITA INTERRUMPIR EL EMBARAZO EN LA PRIMERA ETAPA DE GESTACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). XXIII. ABORTO EN EL ESTADO

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 148/2017. · Registro digital (IUS): 30665
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-06-03
Promovente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Junio de 2022, Tomo II, Pág.873.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 148/2017. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: ROBERTO NEGRETE ROMERO.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la sesión del día siete de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS para resolver los autos relativos al asunto citado al rubro; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación del escrito inicial, norma impugnada, autoridades emisora y promulgadora y conceptos de invalidez. Por escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuraduría General de la República promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 13, apartado A, 195, 196 y 224, fracción II, del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, contenidos en el Decreto No. 990, publicado en el correspondiente Periódico Oficial el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, y señaló como autoridades emisora y promulgadora a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa.

2. En esencia, en sus conceptos de invalidez, la autoridad promovente sostuvo que la primera disposición [artículo 13, apartado A) violenta el orden constitucional en materia procedimental penal al abordar un tópico (prisión preventiva oficiosa)] que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión. En relación con las siguientes dos normas (artículos 195 y 196) afirmó que violentan los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres al establecer un tipo penal que impide la interrupción del embarazo en la primera etapa de gestación. Y sobre la última porción normativa (224, fracción II), argumentó una incorrecta valoración del bien jurídico consistente en la integridad sexual de la cónyuge que puede sufrir el ilícito de violación, pues el legislador estatal dispuso una penalidad menor para esa conducta en relación con la prevista para el delito de violación en general.

3. SEGUNDO.—Formación, registro del expediente y turno al Ministro instructor. Por acuerdo de la propia fecha de presentación del escrito de demanda se formó y registró el expediente respectivo, y el entonces Ministro presidente de este Alto Tribunal turnó el asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a fin de que, en su carácter de instructor, llevara a cabo el trámite correspondiente.

4. TERCERO.—Admisión. Por auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, el citado Ministro instructor admitió la demanda y solicitó los informes correspondientes a las autoridades estatales, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza.

5. CUARTO.—Informes rendidos por las autoridades estatales y acuerdo correspondiente. En la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte fueron recibidos los informes solicitados, el Poder Legislativo de referencia lo presentó el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, mientras que el Poder Ejecutivo lo hizo el tres de enero de dos mil dieciocho. El auto en virtud del cual se acordó la integración de tales documentos al expediente de la presente acción fue emitido por el Ministro instructor el cinco de enero de dos mil dieciocho.

6. En su informe, el Poder Legislativo de referencia manifestó que en el artículo 13, apartado A, de la codificación punitiva local, únicamente se fijaron con precisión aquellos delitos tipificados en la legislación local, los cuales se subsumen a los supuestos constitucionales. Así, la disposición fue destinada a establecer la procedencia de la prisión preventiva oficiosa en los supuestos de homicidio, delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad e ilícitos cometidos con medios violentos; de manera que con ese diseño normativo se pretende atender el principio constitucional consistente en que ningún derecho fundamental es absoluto, y así establecer en ley qué tipos habrán de ser considerados como graves.

7. Afirma que la libertad configurativa asiste al Congreso Local para determinar los delitos que ameritan la imposición de esa medida en términos de su legislación local, esto con fundamento en la porción normativa del artículo 19 constitucional que establece que la ley determinará los delitos que se consideren graves.

8. En relación con la impugnación del tipo penal que regula el aborto autoprocurado o consentido, aduce que existe libertad configurativa para que las entidades federativas determinen aquellas conductas que pueden configurar un tipo delictivo de acuerdo con su realidad social. Estima que no son aplicables las consideraciones vertidas por la Suprema Corte en el caso de la despenalización del aborto en el entonces Distrito Federal, pues se emitieron en función de la libertad configurativa de otro órgano legislativo.

9. Destaca que la Constitución del Estado de Coahuila dispone en su artículo 173 que las leyes deberán amparar a los menores desde su concepción, con lo cual existe una norma constitucional local que expresamente determina el momento desde el cual debe brindarse esa protección, lo que obligó a que el diseño penal se alineara a tal previsión. Estima que eso se refuerza con la propia conclusión a la que arribó la Suprema Corte, respecto de que no existe unanimidad sobre el momento en el cual inicia la vida humana y el momento en que debe protegerse, merced a todo lo anterior, el Congreso Local concluyó que la protección a los menores inicia desde su concepción, entendiendo que tal principio no encuentra oposición en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en uso de la libertad configurativa fue establecido el texto de los artículos 195 y 196 del Código Penal Local.

10. Finalmente, en relación con el tipo penal de violación entre cónyuges (artículo 224, fracción II), argumenta que la diferencia de la penalidad prevista para esa conducta y la relativa al delito de violación, encuentra respaldo en la libertad configurativa que asiste a las Legislaturas estatales. Manifiesta que el tipo denominado violación entre cónyuges no es una atenuante de la figura violación sino una figura típica propia, con lo cual no es propio realizar un planteamiento diferenciado, pues en cada caso se prevé una cualidad diversa para los elementos activos del delito, la cual –para el caso del cónyuge agresor– se estima razón suficiente para tener una pena distinta.

11. Por su parte, el Poder Ejecutivo de esa entidad expresó que desde la perspectiva del acto de promulgación que se le atribuye, la acción es infundada al no atribuírsele de forma directa algún acto violatorio o concepto de invalidez directamente relacionado con la previsión constitucional de que corresponde al gobernador sancionar, promulgar, publicar y ejecutar las leyes o decretos que expida el Congreso Estatal.

12. En relación con la disposición local que describe los supuestos de prisión preventiva oficiosa, considera que lo único que se hace es enunciar las figuras delictivas que corresponden a los supuestos y modalidades descritas en el artículo 19 constitucional, en uso de la libertad configurativa con que cuenta la entidad federativa.

13. Sobre el caso de la tipificación del delito de aborto, desarrolla que en la exposición de motivos que respaldó la emisión del Código Penal fue materia de debate lo relativo a este tópico tan complejo, lo que desembocó en una regulación sobre el tema consiente de la problemática, razón por la cual se diseñó una norma (artículo 199) que excluye de responsabilidad a la mujer que interrumpe su embarazo en cuatro supuestos (por violación, o por inseminación o implantación indebidas; por peligro de la mujer embarazada; por alteraciones genéticas o congénitas graves; y por culpa de la mujer embarazada).

14. Sobre el delito de violación entre cónyuges, afirma que el Congreso Local tiene libertad de configuración para establecer las sanciones de los diferentes tipos penales, como es el caso concreto en donde hay una clara distinción en razón de la calidad del sujeto pasivo.

15. QUINTO.—Recepción de alegatos y cierre de instrucción. Recibidos los alegatos de la Procuraduría General de la República, y habiendo fenecido el plazo otorgado a las autoridades estatales para hacer lo propio, mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil dieciocho se decretó el cierre de la instrucción, y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

16. SEXTO.—Returno. Mediante acuerdo de tres de enero de dos mil diecinueve, en cumplimiento de lo determinado por el Tribunal Pleno en sesión pública solemne de dos de enero del mismo año, toda vez que el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue designado presidente de este Alto Tribunal, se returnó el presente asunto a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales para la formulación del proyecto respectivo.

CONSIDERANDO:

17. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de su ley reglamentaria; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, de trece de mayo de dos mil trece; toda vez que en ella se plantea la posible contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por normas de carácter general pertenecientes a una codificación penal del orden local.

18. SEGUNDO.—Oportunidad. La acción de inconstitucionalidad se presentó oportunamente, como enseguida se expondrá.

19. En el caso se impugnan normas contenidas en el Decreto No. 990 por el que se expidió el Código Penal de Coahuila de Zaragoza, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

20. Así, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando que, como regla general –excepto cuando se trate de normas electorales– si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

21. De esta manera, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del sábado veintiocho de octubre al domingo veintiséis de noviembre de dos mil diecisiete. En consecuencia, toda vez que el escrito inicial de demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el lunes veintisiete de noviembre del citado año, es decir, el primer día hábil siguiente al en que feneció el plazo, según se advierte del sello de recepción que obra al reverso de la demanda, su presentación fue oportuna.

22. TERCERO.—Legitimación. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el subprocurador de Asuntos Jurídicos de la entonces Procuraduría General de la República, en contra de las disposiciones ya precisadas en el resultando primero, ante lo cual debe reconocérsele legitimación para promover la presente acción.

23. Debe tenerse en cuenta que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, fue modificado y adicionado el artículo 105, fracción II, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) estableciéndose que se encuentran legitimados para ejercer la acción de inconstitucionalidad, entre otros, el fiscal general de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas en materia penal y procesal penal.

24. Sin embargo, en el párrafo primero del artículo décimo sexto transitorio de la aludida reforma constitucional se estableció que las reformas: "... entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República."

25. De esta forma, si a la fecha de presentación de la presente demanda aún no entraba en vigor esa disposición constitucional, debe reconocérsele legitimación en términos de la Norma Fundamental vigente en la fecha de presentación, es decir, el inciso c) de la fracción II del artículo 105 constitucional en vigor;(3) así como de los artículos 6o., fracción II y 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 3, inciso A), fracción I y 137, párrafo primero, de su reglamento.(4)

26. De acuerdo con lo anterior, es dable sostener que la presente acción de inconstitucionalidad se promovió por parte legitimada para ello, en tanto se impugnan normas generales contenidas en una ley local y la demanda se suscribió por Alberto Elías Beltrán, en su carácter de subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, lo que demuestra con la copia certificada de su designación en ese cargo por el presidente de la República.(5)

27. CUARTO.—Causas de improcedencia. No se hacen valer causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento; sin embargo, este Alto Tribunal advierte oficiosamente que se actualiza ese supuesto en relación con una de las disposiciones impugnadas.

28. La parte accionante controvierte la validez del artículo 13, apartado A, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza; sin embargo, este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 143/2017, el nueve de julio de dos mil diecinueve, en la cual se impugnó la disposición equivalente(6) contenida en el Código Penal anterior de esa entidad federativa, dispuso (párrafos 80 a 82 de esa ejecutoria):

"80. De esta forma se declara también la invalidez del artículo 13 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicado mediante decreto 990 en el Periódico Oficial de la entidad de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, cuya redacción es la siguiente:

"‘Artículo 13 (Prisión preventiva oficiosa, y factores de riesgo que indican imponer prisión preventiva)

"‘A. (Prisión preventiva oficiosa)

"‘La prisión preventiva se ordenará oficiosamente en los supuestos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo previsto en este código, cuando se trate de los delitos siguientes:

"‘I. Homicidio doloso, simple o calificado, inclusive el cometido en riña con carácter de provocador, o bajo emoción violenta. Así como los eventos de feminicidio, parricidio, matricidio, filicidio, uxoricidio, fratricidio y otros homicidios por razón del parentesco o relación. Igualmente, cuando se trate de homicidio cometido con acuerdo e indeterminación del autor, de homicidio en codominio, o de homicidio por corresponsabilidad en delito emergente, sean o no calificados.

"‘II. Violación, violación equiparada y violación impropia por instrumento o elemento distinto al natural, cometidas con o sin modalidades agravantes, previstas en las fracciones I y III del artículo 224 y los artículos 225 y 228 de este código; con inclusión de cualquiera de dichas conductas cometidas contra personas menores de quince años previstas en las fracciones I y II del artículo 229 y los artículos 230 y 231 de este código.

"‘III. Abuso sexual, cometidos con o sin modalidades agravantes, previstos en los artículos 226, 227 y 228 de este código; así como el abuso sexual contra personas menores de quince años previsto en la fracción III del artículo 229 y los artículos 230 y 231 del mismo código.

"‘IV. Delitos de corrupción de menores o de incapaces previstos en el artículo 237 de este código.

"‘V. Cuando se trate de cualquier delito que sea competencia de los Jueces del Estado, que sea realizado con la intervención típica de un menor de dieciocho años de edad.

"‘VI. Los delitos de desaparición de persona.

"‘VII. Los delitos cometidos con armas.

"‘Se consideran delitos cometidos con armas los que, para lesionar o intimidar, el sujeto activo emplea alguna de las armas comprendidas en el artículo 336 de este código o en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De igual manera, cuando utilice cualquier instrumento que sin ser arma de fuego, dispara proyectiles con la capacidad de lesionar al sujeto pasivo.

"‘B. (Indicadores de riesgo para imponer prisión preventiva)

"‘En los demás casos en que se solicite la prisión preventiva, se tomarán en consideración los argumentos que justifique el Ministerio Público conforme a las reglas que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, como indicadores de riesgo de sustracción del imputado o del desarrollo de la investigación, o bien, como factores de riesgo para las víctimas, testigos o la comunidad, el juzgador considerará:

"‘I. Que el imputado se encuentre sujeto a investigación por otro delito que amerite prisión preventiva oficiosa, o bien por delito doloso cometido en contra de la misma persona, o cuando se trate del cónyuge, concubina o concubino, conviviente, ascendientes o descendientes de la víctima directa.

"‘II. Cuando el delito se encuentre excluido del beneficio de condena condicional.

"‘III. La reiteración en diversas ocasiones de actos dolosos de violencia o intimidación en contra de la víctima, o cuando el delito se haya cometido en situaciones de violencia familiar ocasionando lesiones.’

"81. No obstante, tomando en consideración que el artículo 13, apartado A, fracción I, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza fue reformado mediante Decreto 242, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el doce de abril de dos mil diecinueve, también se hace extensiva la invalidez a este artículo modificado, por haber sido expedido por autoridad incompetente. El contenido de este artículo es el siguiente:

"‘Artículo 13 ...

"‘A. ...

"‘...

"‘I. Homicidio doloso, simple o calificado, inclusive el cometido en riña con carácter de provocador, o bajo emoción violenta. Así como los delitos de feminicidio, parricidio, matricidio, filicidio, fratricidio y otros homicidios por razón del parentesco o relación. Igualmente, cuando se trate de homicidio cometido con acuerdo e indeterminación del autor, de homicidio en codominio, o de homicidio por corresponsabilidad en delito emergente, sean o no calificados.’

"82. Además, se propone que las declaratorias de invalidez tengan efectos retroactivos a partir de que entraron en vigor, esto es, por lo que se refiere a los artículos 9 y 9 Bis a partir del veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete; y por lo que hace al artículo 13, a partir del veintiséis de noviembre del mismo año, pues en este último caso, los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto 990, dispusieron de treinta días naturales para su entrada en vigor. Asimismo, en relación con la fracción I del apartado A de artículo 13, la declaración de invalidez surte efectos a partir del trece de abril del año dos mil diecinueve. Correspondiendo a los operadores jurídicos decidir y resolver en cada caso concreto de acuerdo con los principios generales y disposiciones legales aplicables en la materia."

29. Como se advierte, la norma que aquí se impugna ya fue invalidada en virtud de una sentencia dictada por este Tribunal Constitucional a través de una extensión de efectos (que incluso comprendió el texto de la reforma posterior que realizó el Congreso de la entidad), de tal manera que no es viable realizar el análisis de fondo correspondiente, al ya no existir jurídicamente tal disposición y haberse dispuesto los efectos retroactivos correspondientes. 30. Consecuentemente, para efectos de la presente acción debe sobreseerse en relación con la impugnación del artículo 13, apartado A, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza en términos de lo dispuesto por el artículo 19, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(7)

31. En otro aspecto, no pasa inadvertido para esta Suprema Corte que el diverso artículo 224, fracción II, fue objeto de reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el doce de abril de dos mil diecinueve, la cual tuvo por efecto que la penalidad prevista para el delito de violación entre cónyuges se fijará en los mismos términos que para el caso del delito de violación en general (previsto en la fracción I del mismo artículo).

32. Sin embargo, al tratarse de una norma de naturaleza penal no ha lugar a sobreseer, ya que en caso de existir una declaratoria de inconstitucionalidad respecto del precepto impugnado, ello tendría impacto en los procesos en los que dicha norma se hubiere aplicado durante su vigencia, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, con el artículo 45 de la ley reglamentaria de la materia, este Alto Tribunal puede dar efectos retroactivos a las sentencias de invalidez que dicte en relación con la impugnación de normas legales de naturaleza penal.

QUINTO.—Análisis sobre la constitucionalidad de los artículos 195 y 196 del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza (aborto).

33. La Procuraduría General de la República cuestiona la validez de esas disposiciones a partir de que el legislador local, al no considerar las etapas gestacionales del producto de la concepción al momento de establecer la definición de aborto y el tipo penal relativo a esa conducta en su vertiente de autoprocurado o consentido, transgredió los derechos de autonomía y libertad reproductiva, entre otros, en contra de las mujeres, con lo cual se transgreden los artículos 1o. y 14 constitucionales.

34. Argumenta que si bien la vida es un derecho esencial y troncal, pues sin su existencia no tiene cabida ningún otro derecho, de esto no puede deducirse que tenga preeminencia frente a cualquier otro derecho, a lo que debe considerarse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el derecho a la vida no extiende su ámbito de protección desde el momento de la concepción.

35. Sostiene que el artículo 4o. constitucional reconoce diversos derechos fundamentales como la equidad de género y la protección familiar, rechaza la prohibición o limitación de tener hijos, e incluye el derecho de las personas para que no se les obligue a tenerlos.

36. Afirma que el precepto impugnado establece una maternidad impuesta y forzada, contrario al objetivo de la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer, que establece que los Estados deben adoptar medidas para fomentar la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Además, señala que el propio Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano supervisor de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ha enfatizado la obligación de los Estados de eliminar las condiciones que impidan a las mujeres a una interrupción segura del embarazo.

37. Señala que el presente caso se debe orientar por el principio pro homine, con la finalidad de buscar la solución que mejor responda a la vigencia de los derechos humanos de las mujeres como grupo en situación de vulnerabilidad; además, que impedir a las mujeres ejercer sus derechos reproductivos a través de la penalización del aborto, constituye una práctica discriminatoria. Subraya que, entre el derecho a la vida del producto de la concepción en la primera etapa de gestación y los derechos y libertades de decisión y procreación, deben prevalecer estos últimos, por lo que se debe despenalizar el aborto voluntario dentro de las doce semanas del embarazo.

38. Describe que la interrupción del embarazo en forma clandestina y fuera de los parámetros sanitarios no garantiza la salud de la mujer y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la interrupción del embarazo en condiciones de inseguridad es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad materna. Concluye sus planteamientos con la afirmación de que el reproche por la vía penal no sirve para asegurar el correcto desenvolvimiento del proceso en gestación, pues la realidad social es otra y, de lo contrario, se reafirma la discriminación hacia las mujeres por razón de género.

39. Este Tribunal Pleno advierte que es esencialmente fundado ese concepto de invalidez, al tenor del desarrollo argumentativo que será descrito en las siguientes líneas; así como con los alcances y entendimiento que serán fijados a lo largo de la presente consideración.

I. Cuestiones preliminares.

40. Previo a la exposición de las razones correspondientes, conviene hacer las siguientes precisiones en cuanto al tema central de la impugnación, el contexto de la decisión y el método que será empleado para apreciar el caso, así como el orden de análisis que se ejecutará en el estudio.

41. Las normas impugnadas establecen que: "Comete el delito de aborto quien causa la muerte al producto de la concepción, en cualquier momento del embarazo" (artículo 195, aborto para efectos penales); y que: "Se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquélla" (artículo 196, aborto autoprocurado o consentido).

42. De esta forma, conforme se plantea en el concepto de invalidez reseñado, la materia del ordenamiento al que pertenecen las disposiciones reclamadas, el contenido de la norma y los efectos que su posible aplicación pueden significar para sus destinatarios, queda claro que la ley cuestionada pertenece al ámbito penal y su existencia implica la posibilidad de que sea impuesta una pena privativa de libertad.

43. En ese contexto, la presente acción impone –como tema central– revisar si es constitucional sancionar con pena de prisión a la mujer que decide voluntariamente interrumpir su embarazo (y, en su caso, a la persona que con consentimiento de ella ejecute ese acto).

44. Este Alto Tribunal ha emitido distintos pronunciamientos(8) vinculados con la problemática recién descrita (particularmente en las últimas dos décadas), lo que al día de hoy conforma una robusta base jurisprudencial que tiene su origen en casos asociados directa e indirectamente con el núcleo de la presente acción, debiendo subrayarse que cada criterio fue emitido en proporción directa a las necesidades y las preguntas constitucionalmente relevantes que cada asunto planteó.

45. En la construcción de la doctrina de este Alto Tribunal sobre la materia de análisis, el presente asunto constituye una oportunidad única para abordar la problemática descrita desde una perspectiva de derechos, que tenga como base lo dicho hasta ahora y siente las bases para las futuras problemáticas asociadas a la misma temática.

46. Asimismo, resulta indispensable expresar que este Tribunal Pleno guía su análisis y decisión desde la obligación de apreciar el caso con perspectiva de género,(9) como método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género, es decir, implica juzgar a partir de las situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la igualdad. El acercamiento a la problemática definida parte de cuestionar los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar por que en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria.(10)

47. Asimismo, en materia de género e interseccionalidad, el espectro de la decisión comprende tanto a las mujeres como a las personas con capacidad de gestar, concepto fundamental de textura inclusiva en el que subyace una finalidad de reconocimiento y visibilización de aquellas personas que, perteneciendo a diversas identidades de género distintas del concepto tradicional de mujer, sus cuerpos sí tienen la capacidad de gestar(11) (por ejemplo hombres transgénero, personas no binarias, entre otras).

48. No se puede dejar de mencionar que en el proceso de abordaje, construcción y definición del citado tema central, constituyen punto de referencia obligado las más altas decisiones que al respecto han emitido diversos Tribunales Constitucionales en el mundo, así como Tribunales Internacionales de Derechos Humanos. Todas y cada una de esas sentencias suponen para esta resolución un referente obligado en relación con el contenido y límites de los derechos y bienes constitucionales involucrados.

49. El diálogo jurisprudencial global es indispensable para casos superlativamente importantes como el presente, en donde es necesario convocar las distintas visiones y argumentos ineludibles en la materia de controversia con el objetivo de mirar integralmente y poner en balance los distintos métodos, aproximaciones y consecuencias de cada una de esas decisiones. Es en esa medida que las sentencias, entre otras, emitidas por los Tribunales Constitucionales de Estados Unidos,(12) Alemania,(13) España,(14) Italia,(15) Sudáfrica(16) y Colombia(17) constituyen para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de México un punto de partida fundamental, reconociendo que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30665-349cd866/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-procuraduria-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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