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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. DERECHO A LA AUTONOMÍA PROGRESIVA. CONSTITUYE EL PILAR AXIOLÓGICO QUE ESTRUCTURA LA REGULACIÓN ACTUAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y PARTE DEL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE SUJETO DE DERECHO A TODAS LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. V. DERECHO DE LA NIÑEZ A EXPRESAR LIBREMENTE SU OPINIÓN EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES O ADMINISTRATIVOS QUE AFECTAN SU ESFERA JURÍDICA Y A QUE ÉSTA SEA TOMADA EN CUENTA POR LA AUTORIDAD. SU RECONOCIMIENTO SE BASA EN LA PREMISA DE QUE AQUÉLLOS, EN FUNCIÓN DE SU EDAD Y MADUREZ, PUEDEN FORMARSE UN JUICIO PROPIO. VI. DERECHO DE LA NIÑEZ A EXPRESAR LIBREMENTE SU OPINIÓN EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES O ADMINISTRATIVOS QUE AFECTAN SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA JURÍDICA. VII. DERECHO DE LA NIÑEZ A EXPRESAR LIBREMENTE SU OPINIÓN EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES O ADMINISTRATIVOS QUE AFECTAN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. VIII. DERECHO DE LA NIÑEZ A EXPRESAR LIBREMENTE SU OPINIÓN EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES O ADMINISTRATIVOS QUE AFECTAN SU ESFERA JURÍDICA. NO PUEDE ESTAR PREDETERMINADO POR UNA REGLA FIJA EN RAZÓN DE SU EDAD ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA. IX. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. CONSISTE EN QUE TODA PERSONA DEBE RECIBIR EL MISMO TRATO Y GOZAR DE LOS MISMOS DERECHOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE OTRA U OTRAS PERSONAS, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN EN UNA SITUACIÓN SIMILAR QUE SEA JURÍDICAMENTE RELEVANTE. XI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. EXIGE TRATAR IGUAL A LOS IGUALES Y DESIGUAL A LOS DESIGUALES, EN EL ENTENDIDO DE QUE SI BIEN, EN OCASIONES HACER DISTINCIONES ESTARÁ CONSTITUCIONALMENTE PROHIBIDO, EN OTRAS NO SÓLO ESTARÁ PERMITIDO, SINO QUE SERÁ CONSTITUCIONALMENTE EXIGIDO. XII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE INTERPRETA Y CONFIGURA A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD ANTE LA LEY Y DE IGUALDAD EN LA LEY. XIII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA. XIV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. DIFERENCIAS ENTRE DISTINCIÓN Y DISCRIMINACIÓN. XV. DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN. XVI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESTOS PRINCIPIOS SON AUTÓNOMOS, PUES SI BIEN SE ENCUENTRAN ESTRECHAMENTE RELACIONADOS NO TODO TRATAMIENTO DESIGUAL ES DISCRIMINATORIO. XVII. DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LAS NORMAS QUE FACULTAN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, A PARTIR DE UN PARÁMETRO DE EDAD, RECONOZCAN EL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD SOBRE LA POSIBILIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS PERSONAS TUTORAS, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN PERJUICIO DE TALES MENORES Y TRANSGREDEN SUS DERECHOS A SER CONSIDERADOS PERSONAS CON AUTONOMÍA PROGRESIVA Y A EXPRESAR LIBREMENTE SU OPINIÓN EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES QUE AFECTAN SU ESFERA JURÍDICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 610, FRACCIONES II Y IV, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS: "QUE HUBIERE CUMPLIDO LA EDAD EXIGIDA POR LA LEGISLACIÓN SUSTANTIVA DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA" DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES). XVIII. DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LA NORMA QUE EMPLEA EL VOCABLO MENOR COMO SINÓNIMO DE "MENOR DE EDAD" NO ES DISCRIMINATORIA, YA QUE SÓLO ES DESCRIPTIVA DE UNA CIRCUNSTANCIA, ESTO ES, DEL ESTADO DE UNA PERSONA EN LOS PRIMEROS AÑOS DE SU VIDA Y DE UN TÉRMINO JURÍDICO QUE SE EMPLEA PARA HACER REFERENCIA A UNA PERSONA QUE NO HA ALCANZADO LA MAYORÍA DE EDAD (ARTÍCULO 610, FRACCIÓN II, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EL MISMO MENOR" DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES). XIX. DERECHO DE LA NIÑEZ A VIVIR EN FAMILIA Y A MANTENER RELACIONES CON SUS PROGENITORES. MARCO JURÍDICO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. XX. DERECHO DE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 154/2023. · Registro digital (IUS): 32961
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-01-31
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Enero de 2025, Tomo V, Volumen 1, Pág.40.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 154/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 13 DE AGOSTO DE 2024. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: CLAUDIA LISSETTE MONTAÑO MENDOZA.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 154/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de los artículos 610, fracciones II, en la porción normativa "el mismo menor que hubiere cumplido la edad exigida por la legislación sustantiva de cada Entidad Federativa"; y, IV, en la porción normativa "que hubiere cumplido la edad exigida por la legislación sustantiva de cada Entidad Federativa"; 638, fracción III; y, 554 en la porción normativa "entendida como la violencia ejercida contra las mujeres a través de los hijos"; todos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, expedido mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.

1. PRIMERO. Presentación de la acción, autoridades emisoras y normas impugnadas. Mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil veintitrés, por medio del Buzón Judicial, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que señaló como norma general impugnada y órganos emisores los siguientes:

• Norma general cuya invalidez se reclama:

- Artículos 610,(1) fracciones II, en la porción normativa "el mismo menor que hubiere cumplido la edad exigida por la legislación sustantiva de cada Entidad Federativa"; y, IV, en la porción normativa "que hubiere cumplido la edad exigida por la legislación sustantiva de cada Entidad Federativa"; y 638,(2) fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, expedido mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés.

• Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:

- Congreso de la Unión.

- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

2. SEGUNDO. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman vulnerados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró violados los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 17 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 23 y 24 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y, 3, 4, 5, 9, 12, 14 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

3. TERCERO. Concepto de invalidez. Para sustentar la violación de los derechos antes referidos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aduce, en esencia, lo siguiente:

I. Inconstitucionalidad de las fracciones II y IV del artículo 610 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

- Refiere que el artículo 610, en sus fracciones II y IV, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, reconoce como sujetos legitimados para exigir y recibir cuentas de las personas tutoras: a) el mismo menor que hubiere cumplido la edad exigida por la legislación sustantiva de cada entidad federativa y b) la misma niña, niño o adolescente que hubiere cumplido la edad exigida por la legislación sustantiva de cada entidad federativa.

- Estima que ambos supuestos tiene en común que sólo reconocen a las niñas, niños y adolescentes como sujetos legitimados para exigir y recibir la rendición de cuentas de sus tutores cuando hayan cumplido la edad exigida por la legislación sustantiva de cada entidad, lo que a juicio de la Comisión promovente trastoca el parámetro de regularidad constitucional en materia de protección de los derechos de las infancias y adolescencias, particularmente porque vulnera el interés superior de la niñez y adolescencia, así como el derecho a participar y ser escuchados en todos los asunto que les afecten y el principio de autonomía progresiva.

- Además, señala que el vocablo "el mismo menor", empleado en la precitada fracción II del artículo 610 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, les otorga a las niñas, niños y adolescentes una condición de incapacidad, aunado a que conlleva una situación relacional en la que siempre habrá un mayor; es decir, el vocablo revela una visión tutelar hacia tal sector de la población que les limita en su autonomía, por ello, a juicio de la Comisión promovente dicho vocablo debe ser erradicado de la norma.

- Por otro lado, señala que las fracciones impugnadas resultan contrarias a lo que establece el artículo 4º, párrafo noveno, de la Constitución Federal y de la Convención sobre los Derechos del Niño, pues refiere que, de esos ordenamientos no se desprende que la titularidad y ejercicio de los derechos fundamentales que les reconocen se encuentren condicionados a un factor etario, dado que no prevén que exclusivamente podrán ostentarlos y ejercerlos a determinada edad; sino que, por el contrario, en el precepto constitucional y los diversos 3 y 12,(3) de la Convención en cita, se desprende que todas las autoridades tiene la obligación de tomar las medidas adecuadas para garantizar que el concepto de la niñez los vislumbre como portadores de derechos, con libertad para expresar opiniones, así como garantizar el derecho a que se le consulten cuestiones que le afectan, desde las primeras etapas de la infancia, de forma que se ajuste a la capacidad de las niñas, niños y adolescentes, a su interés superior.

- Así, refiere que la circunstancia que se haya delegado a las órganos legislativos de las entidades federativas la facultad de determinar una edad determinada para que las niñas, niños y adolescentes se encuentren legitimados para exigir y recibir la rendición de cuentas de quienes son sus tutores, los deja en estado de indefensión, pues permite que cada entidad federativa determine discrecionalmente la edad que para esos fines estime pertinente, lo que se traduce en una desigualdad en perjuicio de las infancias y adolescencias, pues no existiría uniformidad en cuanto al criterio etario que permita a ese sector exigir tal derecho.

- Insiste que permitir que las legislaturas de los Estados fijen la edad para que las infancias y adolescencias, puedan solicitar y recibir la rendición de cuentas de quienes son sus tutores, se traduce en un trato desigual e incluso discriminatorio.

II. Inconstitucionalidad del artículo 638, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

- La Comisión promovente, considera que es inconstitucional la fracción III del artículo 638 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en cuyos términos la restitución de una niña, niño o adolescente, podrá negarse cuando: "hubieren transcurrido más de tres años desde que fue presentada la solicitud", pues a su juicio se trata de una regla irrestricta que no permite a la autoridad jurisdiccional valorar si la negativa de la restitución por el simple transcurso del tiempo es idónea y adecuada, atendiendo a circunstancias específicas de cada caso concreto, lo que se traduce en una vulneración al principio de interés superior de las infancias y adolescencias, que igualmente repercute en la protección de la familia.

- Aduce que del contenido del artículo 629(4) del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se desprende que el procedimiento de restitución tiene como fin concreto que es tutelar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a no ser trasladados de manera ilegal de su domicilio habitual. Sobre esa base, señala que el sistema normativo que regula ese procedimiento no tiene otro objetivo que proteger en primer lugar a las personas menores de edad, al buscar remediar un acontecimiento ilegal que los obligó a separarse de su hogar, generando un quebranto unilateral e ilegítimo sobre su derecho de custodia.

- Sostiene que la restitución nacional tiene como objetivo dar solución a una situación ilegal a fin de proteger un sector específico de la población, por ello señala que resulta inadmisible que el transcurso del tiempo convalide una conducta ilegal, al considerar que la vigencia que señala la fracción III del artículo 638 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, permite que las autoridades que funden y motiven la determinación de negar la restitución con base en lo establecido en el diverso 632(5) del código en cita, sin realizar un ejercicio de ponderación.

- A juicio de la promovente existe una semejanza entre la restitución nacional e internacional, por lo cual cita los parámetros establecidos por el Convenio de La Haya, sobre los aspectos de la sustracción internacional de menores y la interpretación que sobre ese tema ha realizado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; luego de ello, refiere que el artículo 638 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, prevé las hipótesis de excepción, dentro de las cuales se previó que la restitución de una niña, niño o adolescente podrá negarse por la autoridad competente cuando hubieren transcurrido más de tres años desde que fue presentada la solicitud respectiva. Y, señala que de esa norma se pueden obtener las siguientes premisas: a) la hipótesis permite que la restitución solicitada por la parte interesada se niegue; b) deben transcurrir más de tres años; y, c) La temporalidad antes mencionada se computa a partir de que fue presentada la solicitud.

- Así, estima que el precepto impugnado puede tener efectos adversos a las infancias y adolescencias, porque se puede interpretar de dos maneras, una de ellas, consiste en que el juzgador aplique la disposición de forma invariable, en el sentido de negar en todos los casos la restitución siempre que se hayan cumplido tres años o más, a partir de que fue presentada la solicitud; y, la otra, podría darse en función de que si el párrafo primero del artículo en cuestión, establece que: "La restitución de una niña, niño o adolescente sólo podrá negarse con base en lo siguiente..."; entonces, el vocablo "podrá" puede entenderse, bajo una interpretación menos rígida, en el sentido de conferir a la autoridad una valoración del caso y que no necesariamente debe aplicar el artículo como una regla sin excepción; lo cual incluso se convalidaría con el párrafo último del mismo numeral, según el cual: "El desarrollo de la audiencia y la resolución que dicte la autoridad jurisdiccional, deberán apegarse de manera estricta al principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes".

- Sin embargo, señala que la sola posibilidad de que existan interpretaciones de un mismo precepto genera incertidumbre jurídica para las personas destinatarias de la norma, dado que podría aplicarse en uno u otro sentido; aunado a ello, considera que subsiste un problema de constitucionalidad que sólo puede tener por efecto la transgresión de los derechos de las personas menores de edad, pues interpretar literalmente la fracción III del artículo 638 aludido, es contrario a los derechos de las infancias y adolescencias, ya que se erige como una hipótesis que permite a los juzgadores negar la restitución en todos los casos, cuando se cumpla la temporalidad establecida y sin atender al caso concreto, lo que haría nugatorio considerar otros factores que deben influir en la decisión de la autoridad de conceder o no la restitución.

- En ese orden, la norma no otorga al juzgador un margen de valoración para optar por negar o conceder la restitución a pesar del tiempo transcurrido, por el contrario, faculta a la autoridad a que por el solo transcurso del tiempo niegue la restitución, sin considerar las particularidades del infante, esto es, los intereses de la infancia o adolescencia, ya que se desconoce su sentir. Máxime que tácitamente convalida el acto ilegal de sustracción.

- En ese punto, la promovente refiere que si la temporalidad es el único factor que se considera para negar la restitución, ello podría incentivar a los sustractores a que procuren que ello ocurra para legalizar su actuación irregular.

- Aunado a lo anterior, considera que la circunstancia de que el plazo de tres años se empiece a computar a partir de que fue presentada la solicitud de restitución, es inconstitucional, ya que pueden existir dilaciones en el procedimiento que no sean imputables a la madre o padre -solicitantes-.

- En conclusión, la promovente estima que no resulta constitucionalmente válido que el sólo transcurso del tiempo justifique la negativa de la restitución, pues ello implicaría convalidar una situación que no se encuentra ajustada a derecho y que es lesiva a la persona sustraída y a su familia.

III. Finalmente, solicita que se revise el diseño normativo del artículo 554,(6) segunda parte, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el objeto de determinar la constitucionalidad y convencionalidad de la violencia vicaria ahí definida, a la luz del derecho fundamental de igualdad entre el hombre y la mujer; ello, para erradicar todas las formas de violencia que tienen lugar en el seno familiar y relaciones intrafamiliares, con independencia del sujeto que la ejerza, pues dichas conductas resultan lesivas para los integrantes de las familias, pero sobre todo para las infancias y adolescencias.

4. CUARTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, bajo el número 154/2023; y, por razón de turno, designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que actuara como instructor en el procedimiento.

5. Por acuerdo de doce de julio de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó dar vista al Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, así como al Poder Ejecutivo Federal, para que rindieran sus respectivos informes y remitieran los documentos necesarios para la debida integración del expediente; a la Fiscalía General de la República para que hasta antes del cierre de instrucción, manifestara lo que a su representación correspondiera; por otra parte, se dijo que no era el caso dar vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, dado que el Poder Ejecutivo Federal tiene el carácter de órgano promulgador del Decreto impugnado en este asunto.

6. QUINTO. Certificación. El dos de agosto de dos mil veintitrés, el Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, certificó que el plazo de quince días para rendir sus informes respectivos concedido al Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, transcurriría del dos al veintidós de agosto de dos mil veintitrés; y, al Poder Ejecutivo Federal, transcurriría del tres al veintitrés de agosto de dos mil veintitrés.

7. SEXTO. Informe de la Cámara de Diputados. Mediante oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la Cámara de Diputados, por conducto de la Diputada Federal Noemí Berenice Luna Ayala, en su carácter de Vicepresidenta en funciones de Presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, rindió el informe que le fue requerido, manifestando en esencia lo siguiente:

- Considera infundado el concepto de invalidez que hizo valer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto de los artículos 610, fracción II y 638, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

- Menciona que el Decreto impugnado es formal y materialmente constitucional, en virtud de que el procedimiento legislativo llevado a cabo por las Cámaras del Congreso de la Unión cumplió con los requisitos formales y procesales que disponen los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, a efecto de evidenciar tal aseveración transcribe el procedimiento legislativo.

- Refiere que contrario a lo que refiere la Comisión promovente, el artículo 610, en sus fracciones II y IV, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no establecen un límite de edad para el derecho de participación efectiva de las personas menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales, al regular únicamente un supuesto en la rendición de cuentas de la tutela; esto es, el relativo a que sea el propio niño, niña o adolescente quien reciba y apruebe dicha cuenta, en términos de la legislación sustantiva de cada entidad federativa, la que de suyo, no tiene como objeto limitar un derecho, sino establecer la posibilidad de ejercerlo, en observancia de los principios de interés superior de las infancias y adolescencias; aunado a que el derecho de participación jurisdiccional se encuentra previsto en los artículos 18, 73 y 83,(7) de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

- Refiere que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis "TUTELA, RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA",(8) analizó la figura de la rendición de cuentas en la tutela, determinando que cuando la cuenta respectiva comprende bienes pertenecientes a personas incapacitadas, menores de edad, o sujetas a tutela, las cuentas administrativas no pueden rendirse al incapacitado, en razón de la misma incapacidad que lo inhabilita para aprobarlas; sin embargo, la ley en auxilio de los menores de edad, ha creado instituciones jurídicas que tienen por objeto cuidar de los bienes y derechos de ellos.

- Sostiene que si bien por regla general las cuentas tutelares no pueden rendirse al menor de edad, en razón de la incapacidad jurídica que lo inhabilita para aprobarlas; en las porciones normativas impugnadas se establece la posibilidad de que el niño, niña o adolescente participe en tal procedimiento atendiendo al principio de autonomía progresiva, basado en el reconocimiento de la capacidad evolutiva de cada uno, en el entendido de que su maduración, nivel de abstracción, expresión, independencia y pensamiento se vuelve paulatinamente superior y más complejo, lo que no guarda necesaria correlación con un parámetro cronológico uniforme, y que deberá ser observado en la regulación de las instituciones auxiliares, observando en cada caso los principios de interés superior de las infancias y adolescencias.

- Por otro lado, respecto al artículo 638, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya constitucionalidad es cuestionada por la Comisión promovente, refiere que esa porción normativa tiene por objeto tutelar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, pues con base en ella, se deberá determinar qué resulta más benéfico para el menor de edad y evitar que sufra una nueva quiebra en su ambiente familiar que pueda significar un peligro para su correcto desarrollo psicológico, lo cual deberá ser analizado de manera casuística por el juzgador.

- Al respecto, señala que la promovente sostuvo como fuente de su argumentación el paralelismo de la figura de la restitución nacional, con la diversa internacional, remitiéndose a los parámetros atingentes al sistema de restitución establecidos por el Convenio de La Haya sobre los Aspectos de la Sustracción Internacional de Menores; así, señala que debe tenerse en cuenta que tal Convenio establece una excepción relativa a la integración al nuevo ambiente del niño, niña o adolescente, establecida en su artículo 12. - Refiere que el parámetro temporal de negativa de la restitución internacional de un menor de edad (un año) es inferior al nacional (tres años); con lo cual se pone de relieve que el argumento de la promovente carece de sustento, pues tanto en el Convenio de la Haya, como en la doctrina, se reconoce un parámetro temporal que debe ser considerado para evitar que el niño, niña o adolescente sufra una nueva quiebra en su ambiente familiar que pueda significar un peligro para su correcto desarrollo psicológico.

- Sostiene que la interpretación del artículo 638 del Código en cita, establece textualmente que el desarrollo de la audiencia y la resolución que dicte la autoridad jurisdiccional, deberán apegarse de manera estricta al principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes; por lo que, en el caso concreto del supuesto de temporalidad, debe ser interpretado como una facultad potestativa del órgano jurisdiccional competente, que estará sujeta a un examen de ponderación para determinar la adaptación del menor de edad a su nuevo ambiente.

- Aduce que esta Suprema Corte, al resolver el amparo directo en revisión 151/2015,(9) determinó que no basta con el simple transcurso del plazo, sino que además será necesario que se pruebe suficientemente la situación de que el menor se encuentra efectivamente integrado a su nuevo ambiente. Citando en apoyo la jurisprudencia 1ª/J. 7/2018, sustentada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. PARA QUE OPERE LA CAUSAL DE EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 12 DEL CONVENIO DE LA HAYA ES INDISPENSABLE QUE HAYA TRANSCURRIDO MÁS DE UN AÑO ENTRE LA SUSTRACCIÓN Y LA SOLICITUD DE RESTITUCIÓN".(10)

- Finalmente señala que de conformidad con los artículos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene la facultad de suplir la deficiencia del informe.

8. SÉPTIMO. Informe de la Cámara de Senadores. Mediante oficio presentado el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Cámara de Senadores, por conducto del Senador Alejandro Armenta Mier, Presidente de la Mesa Directiva de esa Cámara, rindió el informe que le fue requerido, manifestando en esencia lo siguiente:

- Sostiene que los conceptos de invalidez resultan infundados, porque los artículos combatidos constituyen un ajuste razonable a efecto de garantizar el acceso efectivo a la justicia de las niñas, niños y adolescentes, aunado a que implican el reconocimiento de las facultades que competen a los Estados para legislar en la materia, atendiendo a su marco normativo; máxime que la parte actora realiza un estudio aislado de los preceptos combatidos, sin tomar en consideración que conforman un sistema normativo, y atendiendo a éste, se respetan, garantizan y dotan de plena efectividad los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

- Refiere que la Comisión promovente señala que el artículo 610, fracciones II y IV, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, resulta violatorio del derecho de los infantes a una participación efectiva, seguridad jurídica e interés superior, dado que limita su el ejercicio del derecho de rendición de cuentas, desconociendo que el propio ordenamiento determina que tratándose de trámites en los que se encuentren involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes, la autoridad jurisdiccional, proveerá al efecto de manera inmediata los ajustes razonables que se requiera en debida observancia del principio de interés superior de ellos, de conformidad con lo que establece el diverso 557(11) del código en cita.

- En ese tenor, señala que el artículo 558(12) del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados por la autoridad jurisdiccional en todos los asuntos en los cuales se vean involucrados sus derechos.

- Por ello, refiere que de la interpretación armónica de los artículos 557, 558 y 610 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se puede concluir que la circunstancia de que el precepto citado en último lugar aluda a la edad establecida en las legislaciones de las entidades federativas, no constituye un impedimento u obstáculo para que cualquier infante pueda ejercer el derecho de rendición de cuentas de las personas tutoras, debiendo existir una valoración por parte del juzgador, para determinar la idoneidad y viabilidad de la misma.

- Por otra parte, respecto de la fracción III del artículo 638 del Código en cita, alude que la circunstancia de que allí se establezca que el cómputo de tres años para solicitar la restitución inicie a partir de que fue presentada la solicitud de restitución (sic), contrario a lo que manifiesta la Comisión promovente, no da lugar a injusticias no imputables a las personas solicitantes del procedimiento, ya que el propio ordenamiento faculta a la autoridad jurisdiccional para que, entre otras cuestiones, rechace cualquier trámite que resulte frívolo, notoriamente improcedente, intrascendente o dilatorio, en relación con el asunto de que se trate, habida cuenta que se debe evitar de forma diligente que se configuren demoras prolongadas o innecesarias en las diligencias que tenga intervención, lo cual garantiza la oportuna y debida atención en la tramitación del asunto respectivo.

- Menciona que el artículo 554 del Código de referencia es constitucional, en virtud de que otorga el reconocimiento y la protección a los derechos humanos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes a vivir una vida libre de violencia; uno de los compromisos asumidos ante la comunidad internacional, que a su vez han favorecido que en el ámbito nacional se haya dado una reforma legislativa paulatina, a fin de establecer un marco jurídico de protección de los derechos humanos de las mujeres y de los niños.

9. OCTAVO. Informe del Poder Ejecutivo Federal. Mediante oficio presentado el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica, rindió el informe que le fue requerido, manifestando en esencia lo siguiente:

- Manifiesta que contrario a lo que sostiene la Comisión promovente, el artículo 610, fracciones II y IV, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, salvaguarda los intereses de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo algún tipo de tutela, debido a que establece a quiénes se deben rendir cuentas cuando existan causas graves, por lo que lejos de violar derechos humanos, las normas cumplen con la protección efectiva de los infantes.

- Refiere que de la lectura de las porciones normativas en cita se aprecia que, contrario a lo sostenido por la promovente, en atención al principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, se deben seguir reglas sobre la rendición y aprobación de las cuentas de las personas tutoras. Por ejemplo, cita el contenido del artículo 449(13) del Código Civil Federal, del cual se advierte que la tutela tiene por objeto proteger los intereses del pupilo, tanto personales como patrimoniales, lo que incluye su representación jurídica.

- En ese tenor, refiere que las fracciones normativas impugnadas, privilegian los intereses de niñas, niños y adolescentes bajo tutela, ya que ellos cuentan únicamente con capacidad de goce; sin embargo, obliga a los tutores a rendir cuentas ante ellos, cuando tengan la edad que las legislaciones sustantivas de cada entidad prevean.

- Refiere que es infundado el argumento en el cual la promovente sostiene que el hecho de que sean las legislaturas de las entidades federativas quienes determinen discrecionalmente la edad en que las niñas, niños y adolescentes podrán solicitar y recibir la rendición de cuentas de quienes sean sus tutores, genera incertidumbre a ese sector de la población, pues no tendrán conocimiento de forma cierta, clara y oportuna cuál es ese factor etario; ello, porque en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción II,(14) del Código Civil Federal, la determinación del derecho aplicable tratándose del estado y capacidad de las personas físicas, se rige por el derecho del lugar de su domicilio, lo cual se encuentra completamente relacionado con lo que dispone el artículo 124 de la Constitución Federal, al establecer que las facultades que no están expresamente concedidas por la ley fundamental a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

- En ese tenor, señala que las leyes sustantivas establecen derechos, deberes y responsabilidades para las partes, mientras que las normas adjetivas o procedimentales fijan el procedimiento para reivindicar los derechos y a hacer efectivas las sanciones, como en el caso sucede con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y, refiere que, de conformidad con el artículo tercero transitorio,(15) las normas adjetivas de cada entidad federativa quedarán abrogadas, siguiendo determinadas reglas, y no así la normatividad sustantiva que de cada entidad y en la que se contemplan los rangos de edad, por lo cual considera que no es el momento procesal oportuno para controvertir tales rangos de edad.

- Como hecho notorio cita legislaciones de diversas entidades federativas en las que se encuentra prevista la edad en la que pueden rendirse cuentas a los menores de edad, la cual oscila entre los catorce y dieciséis años.

- Sostiene que es infundado el argumento en el que la promovente señala que a través de lo previsto en las fracciones II y IV del artículo 610 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sólo se les r

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32961-d1749ecb/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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