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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA NORMAS GENERALES DE CARÁCTER LOCAL O FEDERAL QUE VULNEREN LOS DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. CONSISTE EN QUE TODA PERSONA DEBE RECIBIR EL MISMO TRATO Y GOZAR DE LOS MISMOS DERECHOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE OTRA U OTRAS PERSONAS, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN EN UNA SITUACIÓN SIMILAR QUE SEA JURÍDICAMENTE RELEVANTE. V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE INTERPRETA Y CONFIGURA A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD ANTE LA LEY Y DE IGUALDAD EN LA LEY. VI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. DIFERENCIAS ENTRE DISTINCIÓN Y DISCRIMINACIÓN. VII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. CONTENIDO Y ALCANCES DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO. VIII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. LA IGUALDAD FORMAL DE MUJERES Y HOMBRES ANTE LA LEY RECONOCIDA POR EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, NO LOGRA REVERTIR POR COMPLETO LOS EFECTOS DE LA DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL, EN TANTO QUE EN LOS HECHOS PERSISTE LA DESIGUALDAD ARRAIGADA PRINCIPALMENTE AL ORDEN SOCIAL DE GÉNERO. IX. DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y DE VIOLENCIA. EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR MEDIDAS PARA MODIFICAR O ABOLIR LEYES, NORMAS, COSTUMBRES Y PRÁCTICAS VIGENTES ENCAMINADAS A REPRODUCIR FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, AÚN MÁS SI ÉSTAS ALIMENTAN PREJUICIOS Y PERPETÚAN LA NOCIÓN DE INFERIORIDAD O SUPERIORIDAD DE CUALQUIERA DE LOS SEXOS Y LOS ROLES ESTEREOTIPADOS DE LOS HOMBRES Y LAS MUJERES. X. DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN EL TRABAJO NO REMUNERADO IMPUESTOS A LAS MUJERES. XI. DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. LÍNEA JURISPRUDENCIAL EN CUANTO AL RECONOCIMIENTO, VALORACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DEL TRABAJO NO REMUNERADO QUE SE LES IMPONE A LAS MUJERES. XII. PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO PARA MUJERES Y VARONES EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO. LA SOBRECARGA DE LABORES DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO A PARTIR DE LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO, BASADA EN ESTEREOTIPOS DE GÉNERO, PERMEA NEGATIVAMENTE EN EL DESARROLLO LABORAL Y ECONÓMICO DE LAS MUJERES, TODA VEZ QUE CONSUMEN GRAN PARTE DE SU TIEMPO EN ACTIVIDADES DEL HOGAR, OBSTACULIZANDO SU DESARROLLO Y OPORTUNIDADES PROFESIONALES O LABORALES. XIII. DERECHO HUMANO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL INTEGRADO POR EL ESTADO FÍSICO, MENTAL, EMOCIONAL Y SOCIAL DE LA PERSONA. XIV. DERECHO HUMANO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XV. DERECHO HUMANO DE LA MUJER A LA SALUD EN EL ÁMBITO LABORAL. LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES ENCAMINADAS A PROTEGER LA MATERNIDAD NO SON DISCRIMINATORIAS. XVI. DERECHO HUMANO DE LA MUJER A LA SALUD EN EL ÁMBITO LABORAL. LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD ES FUNDAMENTAL PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LAS MUJERES TRABAJADORAS Y DE SUS HIJOS, POR LO CUAL DEBE GARANTIZARSE SU ACCESO A UN TRABAJO DECENTE Y A LA SEGURIDAD SOCIAL, TENIENDO COMO EJES CENTRALES LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. XVII. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XVIII. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. IMPLICA LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE RESPETAR ESTE PRINCIPIO Y DE ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR Y MAXIMIZAR LA PROTECCIÓN Y EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. XIX. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. XX. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. XXI. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. CONSTITUYE UN CRITERIO ORIENTADOR DE TODA PRODUCCIÓN NORMATIVA, ENTENDIDA EN SENTIDO AMPLIO, RELACIONADA CON LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. XXII. DERECHO DE LA NIÑEZ A LA SALUD. DURANTE SU CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEBE DISFRUTAR DEL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE DE SALUD FÍSICA Y MENTAL, Y RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA SIEMPRE QUE LO NECESITE. XXIII. DERECHO DE LA NIÑEZ A VIVIR EN FAMILIA Y A MANTENER RELACIONES CON SUS PROGENITORES. MARCO JURÍDICO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL. XXIV. DERECHO DE LA NIÑEZ A VIVIR EN FAMILIA Y A MANTENER RELACIONE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 181/2023. · Registro digital (IUS): 33758
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-11-21
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Noviembre de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.7.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 181/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 12 DE MAYO DE 2025. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día doce de mayo de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 181/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y,

RESULTANDO:

I. Presentación de la demanda.

1. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés,(1) María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y actos siguientes:

Ver autoridades y actos

II. Artículos constitucionales e instrumentos internacionales que se estiman violados.

2. La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideró que estas normas vulneran los artículos 1, 4 y 123, apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, 2, 17.4, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 2, 3, 23, 24.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ; artículos 2, 6, 7, inciso b), 10, 11.1 y 12.2, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículos 2, 3, 4, 18, 24.2, inciso d) y e), y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; artículos 2, 3 y 6 de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia; artículos 2, 3, 4.2, 5, 11, numerales 1, inciso f), y 2, inciso c), y 16, numeral 1, incisos d) y f) de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y los artículos 4, 6 y 8, letra b, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará".

3. Por cuanto se refiere a los derechos humanos, estimó que se vulneraron los derechos de igualdad y no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho de cuidado y protección de las infancias, los derechos laborales, el derecho de protección a la familia, el principio de interés superior de la niñez y el principio de progresividad y no regresividad.

III. Registro y turno de la demanda.

4. Mediante acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico con el número 181/2023; y determinó turnarlo al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para instruir el procedimiento respectivo.

IV. Conceptos de invalidez.

5. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, planteó los siguientes argumentos:

Ver primer argumento

• La regulación prevé licencias parentales diferenciadas cuyos plazos dependen de la calidad o relación de la persona trabajadora con su hija o hijo, atribuyendo un plazo mayor a las personas trabajadoras gestantes. Por lo que, a juicio de la Comisión accionante, la norma esta permeada de estereotipos, estigmas y roles de género que invisibilizan la corresponsabilidad familiar, así como las responsabilidades afectivas y de cuidados paternales, al perpetuar la visión de una paternidad proveedora, asignando a la mujer esa labor.

• El Congreso local otorga un trato diferenciado entre quienes eligen adoptar y quienes prefieren procrear, pues dispuso plazos de licencias parentales distintos.

• El derecho a la igualdad y no discriminación es incompatible frente a toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación.

• Con la incorporación del artículo 4° constitucional, el cual reconoce el derecho fundamental de igualdad entre la mujer y el hombre, se buscó garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona, pero también comprende la igualdad con el hombre en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades.

• Los alcances del derecho a la igualdad entre hombre y mujer implican no solamente que ambos cuenten con las mismas posibilidades de oportunidades, sino también que en la consecución de éstas no partan de estereotipos, estigmas y prácticas discriminatorias que obstaculizan la materialización de la participación activa de la mujer en la vida política, económica, cultural, social y jurídica del país.

• Por otra parte, en el artículo 4°, párrafo noveno, de la Constitución General, se encuentra reconocido el principio del interés superior de la niñez, el cual se erige como eje central en el actuar de todas las autoridades del Estado mexicano cuando se involucren a las niñas, niños y adolescentes, el cual implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida.

• Dicho principio implica que la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes debe realizarse por las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con ellos, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad al requerir de una protección especial.

• Asimismo, que tratándose de medidas que puedan afectarles, se debe llevar a cabo un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de aquellas, de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de las infancias y adolescencias, y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil y garantice su bienestar integral.

• El plazo de la licencia controvertido es insuficiente, dado que sigue institucionalizando una visión de la paternidad como meramente proveedora de recursos y presupone que el hombre cuenta con una mujer o una red de mujeres que asumen el cuidado y crianza de las hijas e hijos.

• La norma impugnada impide una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres al otorgar plazos diferenciados por concepto de licencia de paternidad y maternidad, lo que repercute en la satisfacción de las prerrogativas fundamentales del interés superior de la niñez, así como el de cuidado y protección de las infancias.

Vulneración al derecho de igualdad y no discriminación

• La norma impugnada parte de la premisa de que la mujer es la encargada de la crianza y cuidado, puesto que otorga la posibilidad a la madre gestante de que amplíe su licencia por cuestiones excepcionales relacionadas con la salud del recién nacido, sin dar la misma posibilidad a las otras personas trabajadoras no gestantes.

• El artículo impugnado no considera que la responsabilidad de la crianza, cuidado y atención de las hijas e hijos constituye un deber de ambos padres, de acuerdo con el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

• De igual manera, debe tomarse en cuenta que el Estado mexicano está obligado a garantizar igualdad de condiciones para que ambos padres (corresponsabilidad) puedan contribuir en el pleno desarrollo de la familia, velando siempre por el interés superior de la niñez. Máxime si se toma en cuenta que las infancias tienen derecho humano a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

• Añade que la norma impide la igualdad de oportunidades laborales o profesionales para las mujeres y contribuye a la brecha salarial entre hombres y mujeres.

• La norma no supera un test de escrutinio estricto, toda vez que si bien es cierto la disposición podría perseguir una finalidad constitucionalmente válida o imperiosa –como lo es proteger la salud de las trabajadoras embarazadas y asegurar su recuperación física después del parto—, también es cierto que no existe una justificación constitucionalmente imperiosa para otorgar únicamente diez días hábiles por concepto de licencia de paternidad, por lo que resulta discriminatoria. Tampoco se estima que la medida supere dicha grada en relación con las personas que se convirtieron en madres por adopción, pues requieren de un tiempo considerable para convivir de forma continua con su hijo o hija y así se integre plenamente a su seno familiar.

• De igual manera, tampoco se considera que la medida se encuentre estrechamente relacionada con el fin perseguido, pues no es posible afirmar que la salud de la persona gestante se conseguirá si sólo ella cuenta con una licencia por dos meses, ya que es poco probable que en dicho tiempo sólo se dedique a su recuperación, siendo que tendrían a su cargo el cuidado de la o el recién nacido.

• Por último, tampoco constituye la medida menos restrictiva, pues este tipo de normas obstaculizan la consolidación de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Transgresión al principio del interés superior de la niñez

• Si bien la medida pretende otorgar una mayor protección a las infancias, lo cierto es que no prioriza el interés superior de la niñez, pues no permite el cuidado integral por parte de ambos progenitores, en igualdad de circunstancias.

• Tampoco se advierte que se proteja el interés superior de aquellas infancias que hayan sido adoptadas, pues en dichos casos los trabajadores adoptantes únicamente podrán gozar de diez días hábiles de licencia.

• La norma obstaculiza el cuidado de las hijas e hijos por parte de los padres, por lo que su participación activa en el desarrollo y protección de sus hijas e hijos se encuentra limitada a diez días de licencia.

• Tiene una gran importancia que tanto madres como padres, sin importar si lo son por concepción o adopción, asuman sus responsabilidades de cuidado y protección integral de sus hijos e hijas, en tutela del interés superior de la niñez, desde el primer momento, lo que se consigue mediante las licencias de paternidad y maternidad, sin embargo, si estas son desiguales, impedirán que ambas figuras les otorguen a las infancias el mismo tiempo de calidad.

Ver segundo argumento

• La norma en combate no prevé la obligación de las instituciones y dependencias estatales y municipales sudcalifornianas de contar con salas de lactancia en sus instalaciones.

• Tampoco se reconoce la posibilidad de que las trabajadoras que se encuentran en periodo de lactancia de decidir tomar dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o realizar la extracción manual de leche.

• El principio de progresividad exige a todas las autoridades del Estado, en el ámbito de su competencia, incrementar gradualmente el grado de promoción, respeto, protección y garantía de esas prerrogativas fundamentales.

• En cuanto a la no regresividad se impide adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección de los derechos humanos.

• Las salas de lactancia o lactarios responden a la participación de las mujeres en el ámbito laboral, pues surgen en el contexto de incorporación de la mujer en el mercado laboral, en relación con el derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

• Derivada de la importancia de la lactancia materna tanto para los infantes como para la mujer o persona gestante, es primordial que, en la reincorporación del trabajo, existan espacios para realizar esta actividad.

• En los centros de trabajo que no cuentan con los espacios de lactancia, las mujeres y personas gestantes que realizan la lactancia se ven obligadas a usar lugares que no reúnen las condiciones apropiadas para la extracción y conservación de la leche.

• El establecimiento de salas de lactancia genera entornos laborales protectores de la salud e igualitarios, sin embargo, el texto controvertido no garantiza el acceso a espacios higiénicos y dignos para la lactancia materna.

• En el 2016 la ley si contemplaba la obligación de las instituciones para designar un lugar adecuado para que las personas trabajadoras pudiera amamantar a sus hijas o hijos o realizar la extracción manual de leche, obligación que ya no se prevé a raíz de la reforma al artículo en discusión.

• En la reforma del artículo impugnado, también se desincorporó la oportunidad de las madres trabajadores de escoger, de acuerdo con sus necesidades, un horario para poder lactar.

• El marco constitucional establece que, durante la lactancia, se goza del derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche.

• La prerrogativa de contar con un descanso extraordinario de una hora diaria es la única opción que permite la norma para poder lactar es rígida, cuando lo óptimo seria tener horarios flexibles.

• La norma es regresiva en perjuicio de la satisfacción de los derechos laborales, de igualdad y prohibición de discriminación de las mujeres, de contar con espacios óptimos para lactar en sus centros de trabajo y elegir la modalidad de horarios, que se ajuste a sus necesidades.

• Se contraviene el principio de progresividad y no regresividad, pues las prerrogativas de contar con un espacio adecuado para lactar y la opción de escoger la modalidad de los horarios para lactar si eran reconocidas en el texto del artículo 29 de la ley impugnada.

• No existe justificación constitucional para el retroceso en el reconocimiento de las prerrogativas de las madres trabajadoras que se encuentran lactando.

• La medida no solamente es regresiva, sino también se erige abiertamente contraria a las bases mínimas previstas en el artículo 123, apartado B, de la Constitución General.

Cuestiones relativas a los efectos:

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita que, de ser tildados de inconstitucionales los preceptos combatidos, se extiendan los efectos a todas aquellas normas que estén relacionadas, conforme a los artículos 41, fracción IV, y 45, segundo párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. Admisión y trámite.

6. Mediante acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintitrés el Ministro instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 181/2023, ordenando dar vista a los Poderes Legislativos y Ejecutivo, ambos del Estado de Baja California Sur para que en el plazo de quince días rindieran el informe correspondiente, así como la remisión de los documentos solicitados. Asimismo, se dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulase el pedimento correspondiente; así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestara lo que estimara conducente.

VI. Rendición de informes del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo de Baja California Sur.

7. El veintisiete de octubre de dos mil veintitrés se dio cuenta del escrito con anexos del Poder legislativo estatal, a través del Oficial Mayor del Congreso del Estado de Baja California Sur. El diez de noviembre de dos mil veintitrés, se dio cuenta del oficio y anexos enviados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur.

8. Informe del Poder Legislativo estatal. Al rendir su informe, Adrián Chávez Ruíz como Oficial Mayor del Estado de Baja California Sur, en representación del Poder Legislativo de la entidad, señaló lo siguiente:

• Los antecedentes con las etapas procesales legislativas que dieron origen al Decreto impugnado. Tales antecedentes se conformaron por la presentación de la iniciativa, la sesión pública de la presentación de dictamen, la lectura, discusión, votación y aprobación de este. Así como su remisión al Poder Ejecutivo del Estado para su publicación.

• El artículo 116, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias.

• El Congreso del Estado legisló con perspectiva de género, dentro de lo establecido por los artículos 116, fracción VI y 123 de la Constitución Federal, sin incurrir en ninguna situación de discriminación, ya que no se puede dar un trato igual a una persona embarazada (antes y después del parto) que a un hombre.

• En la exposición de motivos se observa que el objetivo primordial era la regulación de derechos de las mujeres bajo elementos de interseccionalidad.

• La reforma abona y fortalece el derecho a la salud de las mujeres, al contar con mayor tiempo para cuidar su estado de gravidez y recuperarse de manera posterior al parto.

• El aumento de plazo en la licencia a 10 días hábiles con goce de sueldo fomenta la creación del vínculo para que ambos padres asuman un rol activo en la estabilidad emocional, el desarrollo saludable y el bienestar de sus hijas o hijos.

• A la par es una medida progresiva y mayor a la que se establece en las normas reglamentarias del artículo 123 constitucional.

9. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur. Al rendir su informe justificado el Licenciado Joaquín Baños Hernández en su carácter de Director Jurídico Contencioso en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, señaló lo siguiente:

• Es cierto, en cuanto a la publicación del decreto 2933 que contiene la reforma al artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur.

• Las normas impugnadas no contravienen las disposiciones constitucionales, ni los derechos de igualdad y no discriminación, derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, el derecho de cuidado y protección de las infancias, derechos laborales, derecho a la protección de la familia, el principio de interés superior de la niñez y el principio de progresividad y no regresividad

10. Dichos informes se tuvieron por rendidos, mediante acuerdos dictados por el Ministro instructor el diez de noviembre de dos mil veintitrés para el Poder Ejecutivo estatal, y el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés al Poder Legislativo,(2) quedando los autos a la vista de las partes para efectos de que pudieran formular sus alegatos.

VII. Alegatos y cierre de instrucción.

11. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo valer sus respectivos alegatos, los cuales se agregaron a los autos, conforme a lo determinado en el seis de diciembre de dos mil veintitrés. En este el Ministro Instructor determinó el cierre de la instrucción. Posteriormente, en el auto de cuatro de enero de dos mil veinticuatro se agregaron los alegatos formulados por el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur.

CONSIDERANDOS:

I. Competencia.

12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver la acción de inconstitucionalidad 181/2023, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, aplicable en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro por el que se expide la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó la posible contradicción entre el artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tratados internacionales en materia de derechos humanos que han sido ratificados. II. Oportunidad.

13. El artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(3) dispone que, por regla general, el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, y señala que si el último día del plazo fuere inhábil la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

14. En el caso, el Decreto 2933 impugnado, a través del cual se reformó el artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur, fue publicado el veintiuno de julio de dos mil veintitrés en el Boletín Oficial estatal.

15. De manera que, conforme al artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el plazo de treinta días para promover la acción de inconstitucionalidad debía computarse a partir del sábado veintidós de julio de dos mil veintitrés al domingo veinte de agosto de dos mil veintitrés. Sin embargo, considerando que el último día del plazo fue inhábil, debe considerarse que su presentación procede hasta el lunes veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de la materia y el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como da cuenta el criterio de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, plasmado en la tesis registrada con el número 2a. LXXX/99 de rubro siguiente: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA VENCE EN DÍA INHÁBIL Y ÉSTA SE PRESENTÓ EL SIGUIENTE DÍA HÁBIL, DEBE CONSIDERARSE OPORTUNA".(4)

16. En ese sentido, toda vez que la demanda se presentó en el buzón judicial el día veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, se concluye que la acción de inconstitucionalidad fue promovida de forma oportuna.

III. Legitimación.

17. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar leyes expedidas por las legislaturas estatales que estime violatorias de derechos humanos.

18. Además, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.

19. Por su parte, el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(6) confiere a la Presidenta o Presidente de dicho órgano, la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad.

20. En el presente asunto, la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acredita mediante el acuerdo de designación expedido el doce de noviembre de dos mil diecinueve por el Senado de la República, suscrito por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de dicho órgano legislativo.

21. Bajo tales consideraciones, es evidente que se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el presente asunto fue promovido por un ente legitimado, a través de su debido representante, mediante el cual se plantea que el artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del Estado de Baja California Sur es contrarios a la Norma Fundamental y vulneran distintos derechos humanos e instrumentos internacionales.

IV. Causas de improcedencia y sobreseimiento.

22. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquellas que este Alto Tribunal advierta de oficio.

23. En el caso, las partes no hicieron valer causas de improcedencia y este Tribunal Pleno, de oficio, no advierte la actualización de alguna.

24. Al no haberse planteado ni advertirse de oficio alguna otra causa de improcedencia, se procede al estudio de fondo respecto de los temas que subsisten.

V. Estudio de fondo.

25. Ahora bien, este Tribunal Pleno estima que existen al menos dos formas de acercarse al estudio del artículo impugnado. En primer lugar, desde el principio de igualdad y no discriminación a partir de una perspectiva de género y, en segundo lugar, desde el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y su desarrollo integral.

26. Consecuentemente, el presente asunto se dividirá en los presentes apartados: I. Parámetro de constitucionalidad; A. El derecho a la igualdad y no discriminación; A.1. La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para alcanzar una vida libre de violencia de género; A.1.1. Los estereotipos de género en el trabajo no remunerado; A.2. El derecho a la igualdad en las oportunidades laborales en relación con las responsabilidades familiares; B. El derecho de la mujer a la salud en el contexto laboral; C. El principio de interés superior de la niñez; C.1. El derecho a la salud de las niñas y niños; C.2. El derecho de las infancias a vivir en familia; C.2.1. La corresponsabilidad parental en la crianza y cuidado de hija e hijos; C.2.1.1. La paternidad activa; D. El principio de progresividad en su vertiente de no regresividad; E. Lactancia; F. Licencias de responsabilidades familiares como una forma de conciliación entre la vida familiar y laboral; F.1. Licencias de maternidad; F.2. Licencias de corresponsabilidad (paternidad); II. Estudio de la norma; A. Licencias de paternidad; B. Prórroga a las licencias de paternidad por tres meses por alguna discapacidad o atención médica hospitalaria; C. Licencia por adopción; y D. Lactancia.

I. Parámetro de constitucionalidad.

A. El derecho a la igualdad y no discriminación.

27. El derecho humano a la igualdad y no discriminación está previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) y en los artículos 1º y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.(8) A su vez, este derecho es indispensable para el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos, ya que es intrínseco a la dignidad humana, por ello, este Alto Tribunal ha sostenido que su protección debe ser intensa y efectiva, particularmente al examinar la regularidad de los actos legislativos.(9)

28. De la misma forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el principio de igualdad y no discriminación pertenece al ius cogens,(10) puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional. Este principio posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos y, por consiguiente, los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna, de no introducir en su ordenamiento jurídico, eliminar y combatir regulaciones y prácticas.(11)

29. Así, el Pleno de este Alto Tribunal ha señalado que la prohibición de discriminar, entraña que ninguna persona pueda ser excluida del goce de un derecho humano, ni tratada en forma distinta a otra que presente similares características o condiciones jurídicamente relevantes, especialmente cuando la diferenciación obedezca a alguna de las categorías sospechosas que recoge el artículo 1º constitucional, a saber: el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas.(12)

30. Por su parte, la igualdad como derecho fundamental se divide en dos modalidades. La primera es la igualdad formal que a su vez se constituye a partir de dos principios; el de igualdad ante la ley y de igualdad en la ley.

31. El primer principio de igualdad ante la ley contempla una protección contra distinciones o tratos arbitrarios, es decir, se constriñe como la obligación de las autoridades de aplicar la norma jurídica de manera uniforme, a la par, los órganos materialmente jurisdiccionales tienen la misma obligación y solo pueden apartarse cuando exista fundamentación y motivación objetiva y razonable.

32. En cuanto al segundo principio de igualdad en la ley, que se dirige a la autoridad materialmente legislativa y exige que las normas no contengan diferenciaciones injustificadas constitucionalmente o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.(13)

33. Así, no se prohíbe el uso de categorías sospechosas, en el entendido de que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda implica una diferencia arbitraria en detrimento de los derechos humanos.(14)

34. Mientras que, la segunda modalidad es la igualdad sustantiva o de hecho, la cual radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33758-a2b629fc/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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