I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VIOLAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE INTERPRETA Y CONFIGURA A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD ANTE LA LEY Y DE IGUALDAD EN LA LEY. IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SUS ALCANCES EN MATERIA DE GÉNERO. V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. DIFERENCIAS ENTRE DISTINCIÓN Y DISCRIMINACIÓN. VI. CATEGORÍAS SOSPECHOSAS. SU ESCRUTINIO. VII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. LA PREVISIÓN DE REQUISITOS PARA REGISTRAR A UN MENOR NACIDO FUERA DEL MATRIMONIO EN CASO DE FALLECIMIENTO DE UNO DE LOS PROGENITORES DIFERENTES PARA EL PADRE O LA MADRE SUPÉRSTITE NO PERSIGUE UN FIN CONSTITUCIONAL IMPORTANTE (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 43, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO). VIII. REGISTRO DE MENORES NACIDOS FUERA DE MATRIMONIO EN EL ESTADO DE JALISCO. LA NORMA QUE ESTABLECE MAYORES REQUISITOS PARA LAS MUJERES QUE PRETENDAN REGISTRAR A UN HIJO CUANDO EL PADRE HA FALLECIDO, QUE LOS EXIGIDOS A LOS HOMBRES CUANDO QUIEN FALLECE ES LA MADRE, OTORGA IMPLÍCITAMENTE A LAS MUJERES UN PAPEL DE INFERIORIDAD QUE NO TIENE UNA JUSTIFICACIÓN OBJETIVA Y RAZONABLE, LO QUE SE TRADUCE EN UNA FORMA DE VIOLENCIA HACIA ELLAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 43, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 43, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ CON EFECTOS GENERALES QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 43, PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE EXHORTA A UN CONGRESO LOCAL PARA QUE DE CONSIDERARLO PERTINENTE EMITA UNA NUEVA DISPOSICIÓN EN SUSTITUCIÓN DE LA QUE HA QUEDADO INVALIDADA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 43, PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DEL SISTEMA NORMATIVO DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL REGISTRO DE LOS HIJOS NACIDOS FUERA DEL MATRIMONIO, CUANDO UNO DE LOS PADRES HA FALLECIDO, PARA QUE EL VACÍO LEGISLATIVO QUE PUEDA EXISTIR CON MOTIVO DE ÉSTA SE COLME CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 491, PÁRRAFO PRIMERO, 496, 498 Y 500, FRACCIONES II Y IV, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO 78 Y 79 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE JALISCO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 43, PÁRRAFOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO, DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 133/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 19 DE OCTUBRE DE 2020. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión virtual correspondiente al día diecinueve de octubre de dos mil veinte, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
En la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 133/2019, promovida por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 43 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, reformado mediante el Decreto Número 27524/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el día cinco de noviembre de dos mil diecinueve.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de la norma y autoridades siguientes:
• Norma impugnada: Artículo 43 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, reformado mediante el Decreto Número 27524/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el día cinco de noviembre de dos mil diecinueve.
• Autoridad emisora de la norma impugnada: Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco.
• Autoridad promulgadora de la norma impugnada: Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco.
2. Derechos fundamentales que se estiman vulnerados. La accionante sostiene que la norma combatida contraviene los derechos fundamentales siguientes:
• Derecho a la igualdad y no discriminación;
• Derecho a la identidad; e
• Interés superior de las niñas, niños y adolescentes.
3. Derechos que dice, se encuentran consagrados en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 18, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 24 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2.2, 3 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 2, 7.1 y 8.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 1, 5, inciso a), 15.1 y 16 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
4. Conceptos de invalidez. Para sustentar la violación de los derechos antes referidos, la accionante, esencialmente aduce que el artículo 43 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, establece requisitos diferenciados para mujeres y hombres a efecto de realizar el registro del nacimiento de su hija o hijo, en el caso del fallecimiento de alguno, y ese trato diferenciado:
• Genera un espectro discriminatorio en razón de género, que no supera un test de escrutinio estricto.
• Transgrede el derecho a la identidad y el interés superior del menor, pues si bien la intención del legislador fue salvaguardar la identidad y la filiación paterna, lo cierto es que si la madre no acredita los requisitos exigidos para efectuar el registro, implícitamente niega la paternidad del padre fallecido, sin tener en consideración que de la filiación se derivan diversos derechos; y
• Perpetúa un concepto tradicional de familia que históricamente ha excluido a las parejas del mismo sexo.
5. Radicación y turno. El seis de diciembre de dos mil diecinueve, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en su carácter de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad con el número 133/2019 y lo turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, a fin de que instruyera el procedimiento respectivo.(1)
6. Prevención. Por auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, el Ministro instructor, previno a la promovente para que en el plazo de cinco días, exhibiera copia certificada de la documentación a través de la cual acreditaba tener el carácter con que se ostentó.(2)
7. Cumplimiento de la prevención, admisión, requerimiento de informes y vista a la Fiscalía General de la República. Por auto de nueve de enero de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la prevención y se admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, ordenando dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Jalisco, para que en el plazo de quince días rindieran el informe correspondiente. Así mismo, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, a efecto de que formulase el pedimento correspondiente.(3)
8. Informe de la autoridad promulgadora: El seis de febrero de dos mil veinte, se tuvo por rendido el informe solicitado al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, pues dicho Poder a través de Adrián Talamantes Lobato, en su carácter de consejero jurídico,(4) rindió informe, aceptando como cierto que el titular del Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Número 27524/LXII/19, en el que se reformó el artículo 43 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco; y en síntesis expone lo siguiente:
• La porción normativa deriva de la facultad conferida por los artículos 4o. y 124 de la Constitución Federal, a los legisladores para proteger la organización y desarrollo de la familia; y como esta materia está reservada al legislador ordinario, no hay un parámetro expreso para que la Suprema Corte pueda juzgar sobre la validez o invalidez de las normas en esa materia.
• Los conceptos de invalidez son inoperantes, pues se parte de la falsa premisa de que en el caso de los hijos nacidos de una relación de concubinato, sólo a la madre se le exige exhibir las constancias que acrediten el concubinato; y que tratándose del padre, sólo debe asistir con los abuelos maternos, familiares próximos o dos testigos que declaren la relación afectiva; sin embargo, esa afirmación es producto de un estudio incompleto de la legislación, pues no es cierto que en caso de fallecimiento de la madre, el padre no deba exhibir las constancias que acrediten el concubinato, pues del artículo 43 Bis adicionado en el mismo Decreto que se impugna, se desprende que el requisito de exigir las constancias que acrediten el concubinato, aplica tanto para el concubino como para la concubina.
• Los conceptos de invalidez se pretenden hacer extensivos al artículo 778 del Código Civil para el Estado de Jalisco, el cual define la institución del concubinato; sin embargo, ese precepto no fue materia del decreto impugnado; y en él no se prevé el supuesto del concubinato para personas del mismo género, por tanto pretender impugnar dicha institución es improcedente; y en esa medida, los conceptos de invalidez son inoperantes, pues el supuesto que plantean es de imposible realización, en la medida en que no se puede dar una relación de concubinato entre dos personas del mismo género, ya que el Código Civil no lo prevé.
• La intervención del gobernador en el proceso legislativo encuentra fundamento en la Constitución Política del Estado de Jalisco.
9. Informe de la autoridad emisora. El diecinueve de febrero de dos mil veinte, se tuvo por rendido el informe solicitado al Poder Legislativo del Estado de Jalisco, pues dicho Poder a través de los Diputados María Patricia Meza Núñez, Jorge Eduardo González Arana y María Esther López Chávez, en su carácter de presidenta y secretarios, respectivamente, de la Mesa Directiva del Congreso de esa entidad federativa, rindieron informe aceptando como cierto que el Congreso mencionado aprobó el Decreto Número 27524/LXII/19, en el que se reformó el artículo 43 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco; y en síntesis exponen lo siguiente:(5)
• La reforma impugnada es producto de la función pública que ejerce el Congreso del Estado de Jalisco en uso de su competencia y atribuciones; y por tanto, las disposiciones impugnadas no requieren de una motivación específica.
• Que en el caso, la reforma impugnada permite la individualización de la persona, haciéndola única e insustituible, ya que garantiza de manera correcta la filiación entre el menor registrado y los progenitores, a fin de que no haya errores al otorgar la patria potestad.
• La reforma impugnada en concordancia con el interés superior de la infancia consagrado en el artículo 4o. de la Constitución, pretende consagrar el derecho a la identidad del menor y se le reconoce el derecho a conocer su origen biológico y pertenecer a una familia, registrando plenamente su filiación aun y cuando sea producto de una relación no matrimonial, razón por la que se requiere la acreditación del concubinato a la madre cuando el padre ha fallecido.
10. Cierre de instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de trece de marzo de dos mil veinte,(6) se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
11. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que en ella se plantea que el artículo 43 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. OPORTUNIDAD
12. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial.
13. En el caso, el Decreto Número 27524/LXII/19, en el que se reformó la norma impugnada, fue publicado el martes cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
14. Por tanto, el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción de inconstitucionalidad, transcurrió del miércoles seis de noviembre de dos mil diecinueve, al jueves cinco de diciembre de la misma anualidad.
15. En consecuencia, si la acción de inconstitucionalidad se presentó el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que se presentó de manera oportuna.(7)
IV. LEGITIMACIÓN
16. La acción de inconstitucionalidad que ahora se analiza fue promovida por una persona legitimada para ello, tal y como se evidencia con las consideraciones y razonamientos que se desarrollan a continuación.
17. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para impugnar las leyes de carácter estatal que estime violatorias de los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales en los que México es Parte; y en el caso, el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad está firmado por MARÍA DEL ROSARIO PIEDRA IBARRa, quien a través de la copia certificada del escrito signado por la senadora MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA y el senador PRIMO DOTHE MATA, en su carácter de presidenta y secretario de la Mesa Directiva del Senado de la República, demostró que en la sesión celebrada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Senado de la República la eligió como presidenta de la citada Comisión, por un periodo de cinco años, que van del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al dieciséis de noviembre de dos mil veinticuatro.(8)
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
18. Las partes que intervienen en la presente acción de inconstitucionalidad no hicieron valer causas de improcedencia y este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no advierte de oficio que se actualice alguna de ellas. Por ende, se debe proceder al estudio de los conceptos de invalidez.
19. Para arribar a esta conclusión, no obsta el hecho de que el Poder Legislativo, al rendir su informe justificado, en el petitorio cuarto solicite lo siguiente:
"Cuarto.—Se resuelva con base en las causales de improcedencia que se hacen valer."
20. Esto es así, pues la lectura del informe correspondiente, permite advertir que en el caso, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, no hace valer una verdadera causa de improcedencia, es decir un planteamiento que impida entrar al estudio de fondo de la acción intentada, sino que expone argumentos por los que considera que los conceptos de invalidez formulados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no pueden prosperar por ser infundados; sin embargo, ello sólo se puede determinar entrando al estudio de fondo del asunto.
21. En consecuencia, dicho argumento debe desestimarse como una causa de improcedencia.
22. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 36/2004, que lleva por rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(9)
VI. PRECISIÓN DE LA LITIS
23. En el caso, la acción de inconstitucionalidad se interpuso en contra del artículo 43 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, reformado mediante el Decreto Número 27524/LXII/19.
24. Ahora bien, es importante destacar que en dicho Decreto no sólo se reformó el artículo 43 de la mencionada ley, sino que además, se adicionó el diverso 43 Bis.
25. Pese a lo anterior, en la demanda que dio origen a la presente acción de inconstitucionalidad, no se impugna el artículo 43 Bis de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, sino que dicha impugnación se centra en combatir la reforma del artículo 43, misma que consistió en adicionar el último párrafo de ese precepto, es decir, el quinto párrafo.
26. Así, dicho precepto quedó redactado de la siguiente manera:
"Artículo 43. Cuando sólo uno de los cónyuges presente al infante y exhiba copia certificada del acta de su matrimonio, se asentarán como sus progenitores los nombres de los cónyuges que aparezcan en el acta de matrimonio, de la que se deducirán los demás datos accidentales.
"Cuando no se presente copia certificada o extracto del acta de matrimonio o no ocurran ambos progenitores, sólo se asentará el nombre del padre o de la madre, cuando éste lo solicite por sí o por apoderado.
"Los abuelos maternos o los familiares más próximos podrán efectuar el registro de un nacimiento cuando la madre hubiese fallecido y no fuere casada.
"Podrá efectuar el registro de su hijo, el padre que en compañía de los abuelos maternos o los familiares más próximos o dos testigos declaren la relación efectiva que existió entre el padre y la madre fallecida.
"En caso de fallecimiento del padre, la madre podrá efectuar el registro de su hijo en compañía de los abuelos paternos o familiares hasta el cuarto grado que declaren la relación de concubinato que existió entre ambos progenitores. La concubina deberá exhibir las constancias que acrediten el concubinato de conformidad con el artículo (sic) al artículo 778 párrafos Segundo y Tercero del Código Civil del Estado de Jalisco."
27. En consecuencia, como los conceptos de invalidez formulados se dirigen en su totalidad a combatir la adición del último párrafo del artículo 43, debe entenderse que la presente acción de inconstitucionalidad se dirige a ese precepto; y no así al 43 Bis.
VII. ESTUDIO DE FONDO
28. Como se desprende de los conceptos de invalidez formulados, la porción normativa impugnada es combatida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al considerar que viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación; así como el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes; y como consecuencia, el interés superior de los mismos.
29. Bajo esa lógica, por cuestión de técnica, se considera que en primer lugar se debe analizar el argumento a través del cual, se alega que la porción normativa impugnada transgrede el derecho a la igualdad; pues de prosperar ese argumento, se haría innecesario el análisis de los demás argumentos que plantea la mencionada Comisión.
• Violación al derecho a la igualdad y no discriminación.
30. En el caso a estudio la violación al derecho a la igualdad se plantea en dos vertientes.
31. En la primera, se argumenta una violación al derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer; y en la segunda, si bien la violación se vincula a la igualdad, la impugnación obedece a que la norma implícitamente perpetúa el concepto tradicional de familia, discriminando a las parejas del mismo sexo.
32. En ese orden de ideas, este estudio comenzará con el análisis de los argumentos a través de los cuales se alega violación al derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer, es decir, se analizará la violación al derecho a la igualdad en la primer vertiente que se plantea, pues si ésta prospera, también se haría innecesario el análisis de la violación alegada en su segunda vertiente.
33. Precisado lo anterior, lo primero que debe decirse es que el derecho a la igualdad y la no discriminación, se encuentra reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1o. y 4o.), como en diversos tratados internacionales, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2.1, 3 y 26), Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (artículos 2.2 y 3), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo II), Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1.1 y 24) y Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3).
34. No obstante, basta mencionar que el artículo 1o. de la Constitución Federal, consagra el derecho que nos ocupa de la siguiente manera:
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
35. Como se desprende del precepto antes reproducido, atendiendo precisamente al derecho a la igualdad, en el Estado Mexicano, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución o en los tratados internacionales de que éste sea Parte, así como de las garantías para su protección; y en esa lógica, el propio precepto establece que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 36. Entre esas autoridades, se encuentran precisamente las de índole legislativo, pues éstas tienen la obligación de cuidar que las leyes que emiten, sean respetuosas del derecho mencionado; sin embargo, la obligación constitucional antes referida, se extiende al resto de las autoridades, especialmente las de índole jurisdiccional, pues éstas deben aplicar e interpretar las leyes, de tal manera que se logre la igualdad mencionada.
37. Así, el derecho a la igualdad ha sido interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: igualdad en la ley e igualdad ante la ley.(10)
• La igualdad en la ley, opera frente a la autoridad legislativa y tiene como objetivo controlar el contenido de la norma, de tal manera que se eviten diferencias legislativas que no tengan una justificación constitucional; y
• La igualdad ante la ley, obliga a que las normas jurídicas sean interpretadas y aplicadas de modo uniforme para todas las personas que se encuentren en la misma o similar situación.
38. Pese a lo anterior, es importante aclarar que este Tribunal Pleno, siguiendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya ha sostenido que el derecho a la igualdad no implica que todos los individuos deban encontrarse siempre y en cualquier circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, sino que más bien, debe haber una igualdad jurídica entre los gobernados, la cual se traduce en el hecho de que todos los que se encuentren en situaciones de hecho similares, reciban el mismo trato; por tanto, no toda diferencia de trato implicará una violación a tal derecho, sino que ésta se dará solamente cuando, ante situaciones de hecho similares, no exista una justificación razonable para realizar tal distinción.
39. En ese orden de ideas, es jurídicamente relevante dejar establecido que la distinción y la discriminación son conceptos jurídicos diferentes, pues la primera constituye una diferencia razonable y objetiva; mientras que la segunda, constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos.
40. Así, un trato diferenciado que no sea objetivo y razonable, constituye una discriminación, la cual ha sido conceptualizada como toda distinción, exclusión o restricción basada en motivos de sexo, género, preferencias sexuales, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, el estado civil, raza, color, idioma, linaje u origen nacional, social o étnico, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social que tenga por objeto o por resultado impedir, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales, en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.(11)
41. Bajo esa lógica, el último párrafo del artículo 1o. constitucional, establece que queda prohibida la discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
42. No obstante, aunque las distinciones basadas en alguno de los aspectos antes mencionados, se considera sospechosa, es importante recordar que la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino que éstas se utilicen de forma injustificada.
43. Entre las categorías sospechosas que establece el artículo primero constitucional se encuentra el género de las personas.
44. No obstante, es importante precisar que el sexo y el género de las personas son cuestiones diversas, pero interrelacionadas.
45. En efecto, el sexo hace referencia a los cuerpos sexuados de las personas; esto es, a las características biológicas (genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas), a partir de las cuales, las personas son clasificadas como machos o hembras; y, por ende, puedan ser clasificados como varón o mujer.
46. Según Laura Saldivia, citada en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, la ciencia médica considera que existen diversos factores que contribuyen a la determinación del sexo de una persona:
• El sexo genético o cromosómico, por ejemplo: XY o XX.
• El sexo gonadal (testículos u ovarios).
• El sexo morfológico interno (vesículas seminales y próstata o vulva, útero y trompas de Falopio).
• El sexo hormonal (andrógenos y estrógenos).
• El sexo fenotípico (pectorales y más pelo o mamas y menos pelo).
47. Así, en el Protocolo mencionado, se indica que muchas personas asumen que, si se analizan los cuerpos de las personas, existirán sólo dos opciones para clarificarlas: o son hombres y poseen todos los factores que se atribuyen al cuerpo de los hombres, o son mujeres, y poseen todos los factores que se le atribuyen al cuerpo de las mujeres; sin embargo, destaca que hay personas cuyos cuerpos presentan factores que hacen que su configuración genética, gonádica, morfológica u hormonal difiera de lo que culturalmente suele entenderse estrictamente como el sexo "masculino" o el sexo "femenino". Estas personas son llamadas intersex, y evidencian que, biológicamente, no existen sólo dos opciones para los diversos factores, pues existen personas con cuerpos que pueden presentar características que culturalmente suelen asignarse a los hombres y, al mismo tiempo, características que culturalmente suelen asignársele a las mujeres.(12)
48. Así, mientras el sexo se utiliza para hacer referencia al cuerpo sexuado y permite distinguir entre hombres, mujeres o personas intersex, el género se refiere al resto de los atributos que social, histórica, cultural y geográficamente, se les han asignado a los hombres y las mujeres, es decir, el género se utiliza para referirse a las características que por cuestiones de estereotipo, social y culturalmente se consideran identificadas como "masculinas" y "femeninas". Dichas características pueden abarcar desde las funciones que históricamente se les han asignado a uno u otro sexos, las actitudes que generalmente se les imputan, hasta las formas de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir y relacionarse.(13)
49. Así, sostener que una cosa es el sexo y otra el género, implica que no hay una correlación necesaria entre el cuerpo con el que una persona nace y la personalidad que desarrolla o las funciones sociales que cumple.
50. No obstante, y más allá de eso, lo cierto es que la Constitución Federal, no sólo prohíbe la discriminación por cuestiones de género, sino que además prohíbe hacer distinciones injustificadas entre el hombre y la mujer, pues en el primer párrafo del artículo 4o. constitucional, se reconoce la igualdad del varón y la mujer, al establecer lo siguiente:
"Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley."
51. Aquí, es importante dejar en claro que la igualdad consagrada en el precepto constitucional antes referido, en vinculación con el principio de no discriminación, no debe leerse como una simple pretensión de igualar a los hombres y a las mujeres, es decir no implica una absoluta homogeneidad, sino que más bien, implica otorgar la misma consideración, en el reconocimiento de sus diferencias, es decir, la igualdad del hombre y la mujer, no debe leerse en el sentido de que la igualdad simplemente implica garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre; sino que más bien debe leerse en el sentido de que la igualdad entre el hombre y la mujer, implica tener en cuenta sus diferencias biológicas y las diferencias que la cultura y la sociedad han creado.
52. Es decir la verdadera igualdad entre el hombre y la mujer, implica garantizar un entorno que le permita igualdad de resultados, de suerte que en algunas ocasiones, será necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y hombres para equilibrar esas diferencias, es decir, la igualdad entre el hombre y la mujer, no sólo implica otorgar las mismas oportunidades a hombres y mujeres, sino de que éstas dispongan de un entorno que les permita conseguir igualdad de resultados, a fin de evitar una discriminación directa o indirecta.
53. En efecto, la discriminación es directa, cuando la ley da un trato diferenciado ilegítimo; en tanto que la discriminación es indirecta, cuando como resultado de leyes, políticas o prácticas que en apariencia son neutrales, se impacta adversamente en el ejercicio de los derechos de ciertas personas o grupos (en este caso las mujeres).
54. Ahora bien, toda vez que en el caso que nos ocupa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asevera que la norma impugnada es inconstitucional por transgredir el derecho a la igualdad del hombre y la mujer y el principio de no discriminación, en el caso, conviene recordar que la porción normativa impugnada, se encuentra inserta en el artículo 43 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco, el cual, en sus dos últimos párrafos, es decir, el cuarto y el quinto, regula los requisitos para registrar a un menor, fruto de una relación diversa al matrimonio, cuando uno de los progenitores fallece antes de dicho registro.
55. En efecto, la porción normativa que en el caso es impugnada (quinto párrafo del artículo 43 de la Ley del Registro Civil del Estado de Jalisco), regula la hipótesis vinculada al fallecimiento del padre, y al respecto dispone lo siguiente:
"En caso de fallecimiento del padre, la madre podrá efectuar el registro de su hijo en compañía de los abuelos paternos o familiares hasta el cuarto grado que declare
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31271-2a45bf4d/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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