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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULOS 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 11, PÁRRAFO PRIMERO, EN RELACIÓN CON EL 59, AMBOS DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA. V. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR. VI. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL. SE INTEGRA POR LOS PRINCIPIOS DE NO RETROACTIVIDAD, RESERVA DE LEY, TAXATIVIDAD Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY. VII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. VIII. TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. IX. LEYES PENALES. PARA SER CONSTITUCIONALES DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD JURÍDICA. X. PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. SU ESTUDIO DEBE LLEVARSE A CABO ATENDIENDO A LOS NIVELES ORDINALES Y NO A LOS CARDINALES O ABSOLUTOS DE SANCIÓN. XI. IUS PUNIENDI. SUS LÍMITES SE ENCUENTRAN EN LOS PRINCIPIOS INFORMADORES DEL DERECHO PENAL, ENTRE LOS QUE SE DISTINGUEN EL DE LEGALIDAD, EL DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, EL DE CULPABILIDAD Y EL DE NON BIS IN IDEM. XII. MÍNIMA INTERVENCIÓN. ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL QUE RIGE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO MEXICANO. XIII. PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. SE DESDOBLA EN LOS SUBPRINCIPIOS DE FRAGMENTARIEDAD Y SUBSIDIARIEDAD. XIV. PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. AUNQUE EN LOS ORDENAMIENTOS APLICABLES EN MATERIA PENAL NO SE HACE UNA MENCIÓN, REFERENCIA O CONCEPTUALIZACIÓN ESPECÍFICA EN TORNO A DICHO PRINCIPIO, SU CONTENIDO Y ALCANCE DERIVAN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LOS INSTRUMENTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL. XV. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. XVI. DERECHO DEL NIÑO A LA FAMILIA. SU CONTENIDO Y ALCANCES EN RELACIÓN CON LOS MENORES EN SITUACIÓN DE DESAMPARO. XVII. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA MATERIA. XVIII. CONCURSO APARENTE DE TIPOS PENALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD TRATÁNDOSE DE LOS DELITOS CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. XIX. MULTA EXCESIVA. SU CONCEPTO. XX. DELITO DE ABANDONO DE MUJER EMBARAZADA EN EL ESTADO DE GUERRERO. CONSTITUYE UN TIPO PENAL ESPECIAL QUE DERIVA DE LA INCLUSIÓN DE CARACTERES PARTICULARES COMO EL SUJETO ACTIVO (PROGENITOR NO GESTANTE), EL SUJETO PASIVO (MUJER, PERSONA GESTANTE) Y EL MOMENTO EN EL QUE SE CONFIGURA EL DELITO (EL INCUMPLIMIENTO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE SABE QUE LA HA EMBARAZADO) (ARTÍCULO 169 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, SALVO EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y PRIVACIÓN DE DERECHOS FAMILIARES", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 499). XXI. DELITO DE ABANDONO DE MUJER EMBARAZADA EN EL ESTADO DE GUERRERO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE CONTIENE LA EXPRESIÓN SEMÁNTICA "ABANDONE", NO ES CONTRARIA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, YA QUE SU DESCRIPCIÓN ES CLARA E INTELIGIBLE, TANTO PARA EL DESTINATARIO DE LA NORMA COMO PARA LOS OPERADORES JURÍDICOS (ARTÍCULO 169 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, SALVO EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y PRIVACIÓN DE DERECHOS FAMILIARES", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 499). XXII. DELITO DE ABANDONO DE MUJER EMBARAZADA EN EL ESTADO DE GUERRERO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE LO ESTABLECE NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, TODA VEZ QUE EXISTEN DIVERSOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER SOBRE LOS CUALES LAS LEGISLACIONES PENALES SON OMISAS Y PORQUE LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA NO PUEDE LIMITARSE ÚNICAMENTE A LA PREVENCIÓN O ADECUACIÓN DE LOS MARCOS NORMATIVOS Y DE ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES (ARTÍCULO 169 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, SALVO EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y PRIVACIÓN DE DERECHOS FAMILIARES", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 146/2021. · Registro digital (IUS): 33795
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-01-09
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Enero de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.5.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 146/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 4 DE NOVIEMBRE DE 2024. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 146/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra los artículos 169 Bis y 205 Bis, en su porción normativa “y multa de trescientos sesenta veces de la Unidad de Medida y Actualización”, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 499, adicionados mediante DECRETO NÚMERO 843, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el tres de septiembre del dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, María del Rosario Piedra Ibarra, en su calidad de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante “CNDH” o la “Comisión demandante”), promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 169 Bis y 205 Bis, en su porción normativa “y multa de trescientos sesenta veces de la Unidad de Medida y Actualización”, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 499, adicionados mediante DECRETO NÚMERO 843, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el tres de septiembre del dos mil veintiuno.

2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial la CNDH expuso los siguientes conceptos de invalidez:

Respecto al artículo 169 Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero:

a) Sanciona conductas no gravosas y su regulación es incierta en cuanto a la conducta reprochable. Lo anterior, al establecer como verbo rector de la conducta delictiva “abandonar”, sin que se limite la conducta punitiva.

b) El tipo penal es indeterminado, por lo que viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, al no establecer con claridad la conducta reprochable, ya que el verbo rector de la conducta reprochable permite varias interpretaciones.

c) El vocablo “abandonar” implica varios supuestos, lo que no permite otorgar certeza al destinatario de la norma que le posibilite conocer con debida seguridad si la conducta desplegada amerita una sanción penal, por ejemplo, abandonar a una persona en un lugar y apartarse físicamente de ella; alejarse de una situación o una persona; descuidar determinadas obligaciones o deberes relacionados con aspectos económicos, educativos, emocionales, afectivos, materiales o cualquier otro tipo de supuestos en los que se pueda aplicar dicho término.

d) La sanción de privar al activo de la libertad no se cumpliría con la finalidad de garantizar la subsistencia de la mujer embarazada.

e) La conducta reprochada se regula por una vía menos gravosa como lo es el derecho civil y familiar, además en el código penal local se encuentra previsto el delito de incumplimiento de las obligaciones familiares, por lo que no es una medida que amerite ser sancionada por el derecho penal.

f) La sanción impuesta es indiferente al interés superior del menor, al no permitir tener una relación del padre con el menor al momento de nacer.

g) La privación de derechos resulta ser desproporcional, al no especificar los derechos válidamente privados o si la sanción repercute en la totalidad de ellos, lo que permite que el juzgador sea quien los determine.

h) El legislador no configuró el delito en atención a los fines buscados, ya que el abandono podría únicamente referirse a dejar a la mujer embarazada desprovista de recursos económicos para su subsistencia; sin embargo, esta no es la conducta regulada en el código penal local. Al respecto, la conducta que se actualiza cuando el progenitor abandone en cualquiera de sus connotaciones a la mujer embarazada, como apartarse física o emocionalmente de ella, no configura necesariamente una falta a sus obligaciones de proporcionar los medios económicos para procurar su subsistencia.

i) El legislador no tuvo cuidado en la determinación de la pena que se refiere a la pérdida de los derechos familiares, pues dicha sanción resulta imprecisa al no saberse con certeza los derechos familiares que de los que puede privarse al activo, por lo que es una sanción vaga. De un análisis de la norma impugnada y del código civil del estado se advierte que los derechos susceptibles de afectación son: adopción; alimentos; convivencia; patria potestad y tutela; cuidado y custodia; visitas y convivencia; derecho a heredar en sucesión legítima; derecho de representación de los hijos menores de edad, el patrimonio de la familia, la filiación y los derechos pecuniarios que deriven de ella. Lo anterior, hace imposible saber cuáles derechos de los mencionados pueden ser sujetos de privación, así como tampoco se indica el plazo de ésta, aspecto que la convierte en una pena indeterminada que se deja a la discrecionalidad del juzgador.

j) Se trata de una pena impositiva para el juzgador, al no permitirle ponderar su aplicación al caso en concreto, ya que lo obliga a la aplicación de las tres penas de manera simultánea, a saber: prisión, multa y la privación de los derechos familiares, es decir se trata de penas obligatorias sin la posibilidad de ajustarlas al caso, lo que supone un impacto al interés superior del menor, ya que la imposibilidad de graduar o individualizar, sobre todo de prescindir de privar de los derechos de la familia no resulta eficaz atendiendo el interés superior del menor. No se precisaron con claridad los elementos del tipo, lo que viola el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

k) Se viola el principio de la ultima ratio, porque el legislador debió optar por medidas menos lesivas.

l) El precepto genera incertidumbre jurídica, por el sentido y la configuración del tipo, ya que no se creó para castigar el desamparo económico o material en perjuicio de la mujer embarazada, sino que se limitó a sancionar el abandono, sin tomar en cuenta que el individuo pudiera estar apoyando económicamente a la mujer.

m) Al respecto, en la codificación civil de Guerrero se prevé que la obligación de dar alimentos no corresponde únicamente a los padres, pues se prevé diversas alternativas ante la imposibilidad de otorgarlos por parte de los padres, así como las consecuencias en la omisión de cumplimiento de la resolución judicial respecto de las obligaciones alimentarias.

n) El artículo impugnado pretende tutelar bienes protegidos por medios muy restrictivos como lo es el derecho penal, por lo que la tipificación no resulta idónea ni necesaria, y las penas previstas en el precepto impugnado acarrearían un perjuicio para los menores y las mujeres embarazadas, puesto que la conducta tipificada como delito no implica un daño efectivamente ocasionado sino sólo una posibilidad, de ahí que se incumpla el principio de la ultima ratio.

o) Las medidas previstas inciden en el derecho de los menores, tales como lo es el vivir en familia y mantener relaciones de convivencia, de tal manera que desprotegen a la mujer al privar de la libertad al progenitor, aspectos que no garantizan el bienestar del menor ni de la mujer, lo que produce una contravención al numeral 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en relación a que el Estado debe velar porque éste no sea separado de sus padres y al respeto a mantener las relaciones personales y contacto con ambos padres, cuando estos se encuentran separados.

En relación con el artículo 205 Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero:

a) La porción normativa “... y multa de las trescientas veces de la unidad de medida y actualización” viola el principio de proporcionalidad de las penas al tratarse de una multa fija o inflexible la cual no permite ser individualizada. La medida no permite establecer límites mínimos y máximos, esto es, un quantum, tomando en consideración las particularidades del caso, lo que se traduce en una pena inusitada.

b) En la acción de inconstitucionalidad 46/2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que todas las multas fijas resultan inconstitucionales.

c) La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que las penas deben ser individualizadas según las características del delito, la participación y el grado de culpabilidad.

3. Admisión de la demanda. Por acuerdo del ocho de octubre de dos mil veintiuno, el Ministro Presidente tuvo por presentada la acción de inconstitucionalidad, registrándola bajo el número 146/2021, y asignando a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como instructora del procedimiento. Consiguientemente, por acuerdo de trece de octubre siguiente, la Ministra Instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y tuvo a los Poderes Legislativos y Ejecutivo del Estado de Guerrero como las entidades que aprobaron, emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por lo que les solicitó su informe en un plazo de quince días hábiles. Por su parte, entre otras cuestiones, también dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal para la formulación del pedimento correspondiente, y requirió al Poder Legislativo estatal la remisión de los antecedentes legislativos del decreto reclamado.

4. Informe del Poder Legislativo local. A través de un documento recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el doce de noviembre de dos mil veintiuno, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero rindió su informe y expresó los razonamientos que se detallan a continuación en relación con la presente acción de inconstitucionalidad:

a) El artículo 169 Bis impugnado es eficaz, ya que con la sanción prevista se busca que el responsable no vuelva a cometer la conducta penada (abandono de una mujer embarazada), pues la multa no es alta, por lo que no produce cambios significativos en la vida de los imputados, además de que no se viola el principio de legalidad, al permitir que las personas que se encuentren en ese supuesto puedan ser beneficiadas por la multa impuesta, sin que pase inadvertido que su aplicación está sujeta a la comprobación de la culpabilidad.

b) No se viola el principio de taxatividad, porque el artículo establece claramente modo, tiempo y lugar para la materialización del delito. La norma al ser de observancia general es aplicable para todas las personas que se encuentran en una relación de familia, matrimonio o concubinato, o el simple abandono de la pareja.

c) La definición “abandono de mujer embarazada” es de orden positivo, ya que sólo requiere dejar a la suerte a una persona que se encuentre encinta, con lo que se busca proteger a esas personas en estado de vulnerabilidad.

d) La imposición de la pena corresponde al juzgador de acuerdo con la gravedad del hecho y sus circunstancias personales, aun cuando existen escasos márgenes de discrecionalidad, por lo que no se trata de una pena inusitada, así como tampoco se trata de una pena trascendental, ya que con la multa puede repararse el daño generado a la mujer embarazada.

e) La pena no es desproporcional ni carece de razonabilidad jurídica, pues la aplicación del castigo se encuentra sustentada en elementos históricos, físicos y mentales del responsable, como lo es el cometer el delito por primera vez o la reincidencia, o bien, que su actuar tenga o no agravantes.

f) Con la pena no se busca privar al responsable de todo derecho, sino que busca que tenga un comportamiento correcto para no afectar a un tercero en el futuro.

g) La norma sí dispone de un mínimo y un máximo para el castigo, por lo que sí se puede realizar una individualización de la pena.

h) En relación con el principio de la mínima intervención, no existe antecedente legal que consigne otro medio jurídico para exigir la permanencia de la pareja en una relación en la que la mujer se encuentra embarazada, de tal manera que es un mecanismo primario que no se puede atacar con el argumento de que no se han agotado otros medios para hacer exigible la presencia de una relación de pareja. Por lo que se pretende proteger una convivencia social.

i) En el caso no se afecta el interés superior del menor porque se está protegiendo a una mujer embarazada y no a un neonato.

j) No existe otro medio legal que proteja a las mujeres embarazadas, puesto que los medios a los que hace alusión la normatividad civil están destinados a seres humanos nacidos.

5. Informe del Poder Ejecutivo local. El Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, presentó el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el informe requerido y sostuvo que era cierto que promulgó y publicó el DECRETO NÚMERO 843 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero y expresó, esencialmente, que el término “abandonar” no resulta impreciso y tampoco indeterminado, ya que al interpretar dicha palabra en el contexto en el cual se desenvuelve -como lo es abandonar a una mujer a la que sabe ha embarazado cuando ésta carece de los recursos para cubrir sus necesidades- implica que el abandono se da en un sentido económico, sin que se contravenga el principio de taxatividad.

6. Pedimentos y alegatos. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal no efectuaron pedimento.

7. El veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la Comisión demandante formuló alegatos. Asimismo, los Poderes Ejecutivo y Legislativo formularon alegatos.

8. Cierre de la instrucción y returnos. Una vez que trascurrió el plazo legal concedido a las partes para formular alegatos, tal como se advierte de la certificación que obra en autos, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández cerró instrucción el seis de enero de dos mil veintidós, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente. Posteriormente, en virtud de que el dos de enero de dos mil veintitrés la citada Ministra fue elegida Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de esa misma fecha se ordenó returnar el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; sin embargo, con motivo de que el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés el Pleno de este Alto Tribunal determinó que los asuntos correspondientes a la ponencia de éste fueran returnados, por acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintitrés, se ordenó returnarlo al Ministro Luis María Aguilar Morales.

I. COMPETENCIA

9. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 5/2013, de este Tribunal Pleno, tomando en consideración que en el caso se planteó la posible contradicción entre los artículos 169 Bis y 205 Bis, en su porción normativa “y multa de trescientos sesenta veces la Unidad de Medida y Actualización”, del Código Penal del Estado de Guerrero y la Constitución General.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

10. Los artículos 169 Bis y 205 Bis, solamente en su porción normativa “y multa de trescientos sesenta veces de la Unidad de Medida y Actualización”, del Código Penal del Estado de Guerrero, los cuales disponen lo siguiente:

Artículo 169 Bis. Abandono injustificado de mujer embarazada.

Se impondrá de seis meses a tres años de prisión, multa de ciento cincuenta a quinientas veces el Valor Diario de la Unidad de Medida y Actualización, y privación de derechos familiares, a quien, a pesar de que este cuente a su disposición de recursos materiales para su subsistencia, abandone a una mujer a la que sabe ha embarazado, si ésta carece de los recursos necesarios para atender a su alimentación, habitación y salud.

Pudiéndose incrementar un tercio de las sanciones especificadas en el párrafo anterior, cuando derivado del abandono resultare con lesiones o se haya puesto en riesgo la salud de la mujer embarazada o en riesgo la salud del producto concebido.

De igual manera se incrementará la pena hasta la mitad, cuando derivado del abandono y debido a las lesiones se produjera la muerte de la mujer o la del producto concebido.

Artículo 205 Bis. Fraude Familiar.

A quien en detrimento del régimen patrimonial del matrimonio en sociedad conyugal generado durante éste o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes, se le aplicará prisión de uno a cinco años y multa de trescientos sesenta veces de la Unidad de Medida y Actualización.

III. OPORTUNIDAD

11. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, el plazo para promover las acciones de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.(1)

12. El Decreto 843 por el que se reforma el Código Penal del Estado de Guerrero se publicó el viernes tres de septiembre de dos mil veintiuno en el periódico oficial de dicha entidad federativa, por lo que el plazo para su impugnación transcurrió del cuatro de septiembre al domingo tres de octubre del mismo año.

13. Así, dado que la demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se recibió al día hábil siguiente, esto es, el cuatro de octubre de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta oportuna, considerando que en términos del artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria establece que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

IV. LEGITIMACIÓN

14. La acción fue promovida por parte legitimada.

15. La CNDH está facultada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes de las entidades federativas que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución General y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, actuando a través de su representante legítimo. Esto encuentra su fundamento en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General; y 11, párrafo primero, en relación con el diverso numeral 59, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(2)

16. Asimismo, su facultad de representación legal para promover acciones de inconstitucionalidad se desprende del artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(3)

17. En el caso, la demanda fue firmada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la CNDH, calidad que acreditó con una copia certificada de su designación por parte del Senado de la República. Asimismo, del escrito de demanda se desprende que la CNDH reclama la invalidez de los artículos 169 Bis y 205 Bis, en su porción normativa “y multa de trescientos sesenta veces de la Unidad de Medida y Actualización”, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero, pues estima que son contrarios a diversos principios y derechos de rango constitucional.

18. En consecuencia, se actualiza la hipótesis de legitimación, toda vez que el presente asunto fue promovido por un ente legitimado y mediante su legítima representante.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

19. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquellas que este Alto Tribunal advierta de oficio. 20. El Poder Ejecutivo local, a través de su representante, sostiene en su escrito de alegatos que el asunto resulta improcedente respecto a éste, en virtud de que no le puede ser atribuida la inconstitucionalidad de las disposiciones controvertidas, toda vez que la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las normas impugnadas en esencia son imputadas y atribuidas al Poder Legislativo del Estado de Guerrero.

21. Aun si con dicho argumento se buscó la improcedencia de la acción con respecto a dicha autoridad, debe desestimarse, toda vez que, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General.(4)

22. Finalmente, las partes no hicieron valer otras causas de improcedencia y este Tribunal Pleno no advierte alguna de oficio, de ahí que lo procedente es abordar los planteamientos de fondo.

VI. ESTUDIO DE FONDO

VI.1. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL.

23. Antes de analizar las normas impugnadas, se desarrollará el contenido de diversos principios en materia penal, a saber: taxatividad, proporcionalidad de las penas, así como de última ratio o de mínima intervención; y, el principio de interés superior de las personas menores de edad, en relación con la protección de la familia, los cuales tienen rango constitucional en nuestro sistema jurídico.

Principio de taxatividad en materia penal.

24. El artículo 14 constitucional prevé lo siguiente:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

[...]

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. [...]

25. El “principio de exacta aplicación de la ley en materia penal” contenido en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional no sólo implica una obligación dirigida a los tribunales, sino también al legislador ordinario; y obliga a este último a señalar tanto la conducta delictiva como la sanción aplicable con tal precisión que evite un estado de incertidumbre jurídica en el gobernado.

26. Conforme a dicho principio, la autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar leyes con expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señala como típicas, pues se ha considerado que las leyes deben incluir todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado.(5)

27. Por otra parte, la Primera Sala de este Alto Tribunal al resolver el amparo directo en revisión 268/2003 consideró que el principio contenido en el artículo 14 constitucional “no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por simple analogía o por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trate, sino que obliga también al legislador a que al expedir las normas de carácter penal, señale las conductas típicas y las penas aplicables con tal precisión que evite un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria del juzgador” (subrayado de este Pleno).(6) Este criterio reiterado, dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 10/2006, de rubro “EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR”.(7)

Ver párrafo 27 con subrayado

28. Partiendo de dichos criterios, es claro que el contenido del principio previsto en el artículo 14 constitucional es más amplio –no sólo obliga a las autoridades judiciales a aplicar de forma exacta las leyes–, e involucra diversas obligaciones, no sólo dirigidas a los tribunales, sino también al legislador ordinario, estatal o federal.

29. Por otra parte, el artículo 9 de la Convención Americana, interpretado por precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la “Corte IDH”), contiene el principio constitucional de “estricto derecho en materia penal” o de “legalidad en materia penal”.(8)

30. En efecto, la Corte IDH, al resolver el caso Kimel Vs. Argentina, estableció que el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contiene el “principio de legalidad en materia penal” o de “estricta legalidad” de las prohibiciones penales, conforme al cual los tipos penales deben formularse “en forma expresa, precisa, taxativa y previa” y “el marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano”. Así, el tribunal interamericano entiende, entre otras cuestiones, que los legisladores de los Estados:

[...] en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Este implica una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales [...](9)

31. Como se observa, tanto este Alto Tribunal como la Corte IDH, distinguen diversas garantías penales dentro de lo que podría denominarse como “principio de legalidad punitiva” o nullum crimen contenido en los artículos 14 constitucional y 9 de la Convención Americana.

32. Así, podríamos distinguir: I) irretroactividad de la ley desfavorable (lege praevia); II) reserva de ley (lege scripta); III) taxatividad o prohibición de la analogía y de la interpretación extensiva (lege stricta), y; IV) determinación (lege certa). Para efectos de este caso, interesa la distinción conceptual entre la subgarantía de “taxatividad” y el “mandato de determinación”.(10)

33. La primera subgarantía está relacionada más con la prohibición de aplicación por analogía o mayoría de razón por parte de los tribunales penales. Correspondería al sentido tradicional del “principio de exacta aplicación de la ley penal” contenido en el artículo 14 constitucional.

34. El segundo, denominado también como mandato de “predeterminación legal de las penas” dirigido al legislador en contraposición al mandato de “determinación de las penas” dirigido a los tribunales,(11) implica el deber de crear tipos penales de manera clara, precisa y unívoca, tanto en lo relativo a la hipótesis normativa o conducta reprochable como en la sanción que será impuesta.(12)

35. Asimismo, el mandato de determinación en materia penal (denominado también como “taxatividad dirigido al legislador”), distingue dos fundamentos de éste: la certeza jurídica y la imparcialidad (igualdad ante la ley).

36. Al respecto, el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad 95/2014,(13) consideró que ese principio constituye un importante límite al legislador penal en un Estado democrático de Derecho en el que subyacen dos valores fundamentales: la certeza jurídica y la imparcialidad en la aplicación del Derecho. Se traduce en un auténtico deber constitucional del legislador según el cual está obligado a formular en términos precisos los supuestos de hecho de las normas penales. Se indicó que el principio de taxatividad puede definirse como la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas.

37. Asimismo, la Primera Sala ha sostenido, con relación a dicho principio, que “al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma” (subrayado de este Pleno). Al respecto, se coincide con la jurisprudencia 1a./J. 54/2014 (10a.) de la Primera Sala, de rubro “PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS”.(14)

Ver párrafo 37 con subrayado

38. La certeza jurídica implica “la posibilidad de predecir el contenido de los actos del poder público a partir de la lectura de los textos jurídicos vigentes que contienen las normas que regulan el ejercicio de ese poder. En el ámbito de las sanciones, se trata de asegurar que los individuos, tras consultar los textos jurídicos relevantes (por sí mismos, o a través de un abogado), puedan anticipar cuáles serán las consecuencias penales de sus posibles acciones u omisiones”.(15)

39. Para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos, no bastaría, por ejemplo, con una tipificación confusa y una penalidad indeterminada que los llevara a tener que realizar labores de interpretación al momento de conocer con antelación qué les está permitido o prohibido hacer, así como la consecuencia jurídica de su actuar. Es por ello esencial a toda formulación típica y su correspondiente p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33795-e42cd12e/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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