I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA RELATIVA, SI EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA PARA PRESENTARLA, VENCE UN DÍA INHÁBIL Y LA MISMA SE PRESENTÓ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. IV. INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. V. DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A VIVIR EN FAMILIA. SU CONTENIDO Y ALCANCES EN RELACIÓN CON LOS QUE ESTÁN EN SITUACIÓN DE DESAMPARO. VI. ADOPCIÓN. DEBE PREVALECER EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE CON LA INTENCIÓN DE QUE SE INTEGRE A UNA FAMILIA. VII. EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS. VIII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE OBLIGA AL LEGISLADOR A LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. IX. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA PENAL. SE INTEGRA POR LOS PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD, NO RETROACTIVIDAD, RESERVA DE LEY Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY. X. PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. SÓLO OBLIGA AL LEGISLADOR A UNA DETERMINACIÓN SUFICIENTE DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS PENALES Y NO A LA MAYOR PRECISIÓN IMAGINABLE. XI. DELITO DE OMISIONES EN MATERIA DE ADOPCIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. LA SANCIÓN IMPUESTA AL ADOPTANTE QUE EN EL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN NO SE HAYA AJUSTADO A LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, AL RESULTAR UNA CARGA GRAVOSA PARA EL SOLICITANTE POR NO SER EXPERTO NI PERITO EN DERECHO PARA DETERMINAR SI LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA QUE SE ESTÁ APLICANDO ES LA CORRECTA O NO, INCLUSO ANTE UNA FALLA POR PARTE DE SU ASESOR JURÍDICO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 154 BIS, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O EN EL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN NO SE HAYA AJUSTADO A LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XII. DELITO DE OMISIONES EN MATERIA DE ADOPCIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. LA SANCIÓN IMPUESTA AL ADOPTANTE QUE PARA ADOPTAR UTILICE O HAYA UTILIZADO DOCUMENTOS O CERTIFICADOS MÉDICOS APÓCRIFOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, TODA VEZ QUE SE ADVIERTEN DE MANERA SIMPLE LOS ELEMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE CONFIGURA EL DELITO, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN OBJETIVA PARA QUE EN SU APLICACIÓN EL OPERADOR JURÍDICO NO TENGA QUE AUXILIARSE DE ALGÚN MÉTODO INTERPRETATIVO A SU ARBITRIO (ARTÍCULO 154 BIS, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PARA ADOPTAR UTILICE O HAYA UTILIZADO DOCUMENTOS O CERTIFICADOS MÉDICOS APÓCRIFOS", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XIII. DELITO DE OMISIONES EN MATERIA DE ADOPCIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. LA SANCIÓN IMPUESTA AL ADOPTANTE QUE PARA ADOPTAR HAYA OTORGADO INFORMACIÓN QUE RESULTE FALSA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD, TODA VEZ QUE SE ADVIERTEN DE MANERA SIMPLE LOS ELEMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE CONFIGURA EL DELITO, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN OBJETIVA PARA QUE EN SU APLICACIÓN EL OPERADOR JURÍDICO NO TENGA QUE AUXILIARSE DE ALGÚN MÉTODO INTERPRETATIVO A SU ARBITRIO (ARTÍCULO 154 BIS, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O LA INFORMACIÓN QUE HAYA OTORGADO RESULTE FALSA, SE LE IMPONDRÁ UNA PENA DE TRES A SEIS AÑOS DE PRISIÓN", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XIV. DELITO DE OMISIONES EN MATERIA DE ADOPCIÓN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. NO VIOLA EL PRINCIPIO DE ULTIMA RATIO O DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO EXISTEN MEDIOS DE SANCIÓN MENOS LESIVOS PARA LAS FORMAS DE COMISIÓN ESTABLECIDAS EN EL MISMO ORDENAMIENTO PUNITIVO (ARTÍCULO 154 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XV. IUS PUNIENDI. SUS LÍMITES SE ENCUENTRAN EN LOS PRINCIPIOS INFORMADORES DEL DERECHO PENAL, ENTRE LOS QUE SE DISTINGUEN EL DE LEGALIDAD, EL DE MÍNIMA INTERVENCIÓN, EL DE CULPABILIDAD Y EL DE NON BIS IN IDEM. XVI. MÍNIMA INTERVENCIÓN. ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL QUE RIGE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO MEXICANO. XVII. PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. SE DESDOBLA EN LOS SUBPRINCIPIOS DE FRAGMENTARIEDAD Y SUBSIDIARIEDAD. XVIII. PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. AUNQUE EN L
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 78/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 24 DE FEBRERO DE 2022. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticuatro de febrero de dos mil veintidós.
VISTOS; para resolver la acción de inconstitucionalidad 78/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil veintiuno,(1) María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las autoridades y actos siguientes:
2. 1.1. Poderes demandados:
Órgano legislativo que emitió las normas generales impugnadas:
• Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Órgano Ejecutivo que promulgó las normas generales impugnadas:
• Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
3. 1.2. Normas generales impugnadas.
Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo
• Artículos 154 Bis y 181 Bis, adicionados mediante Decreto Número 510, publicado el cinco de abril de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo.
4. SEGUNDO.—Artículos constitucionales e instrumentos internacionales que se estiman violados. La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró que se violaban los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 3 y 9 de la Convención sobre Derechos del Niño.
5. Por cuanto se refiere a los derechos humanos, estimó vulnerados el derecho a la seguridad jurídica, así como el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, el principio de proporcionalidad de las penas en la modalidad de mínima intervención penal o última ratio y el principio de interés superior de la infancia y la adolescencia.
6. TERCERO.—Registro y turno de la demanda. Mediante acuerdo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico con el número 78/2021; y determinó turnarlo al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para instruir el procedimiento respectivo.
7. CUARTO.—Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esencialmente, planteó en su único concepto de invalidez, los siguientes argumentos:
Único
Los artículos 154 Bis y 181 Bis del Código Penal para el Estado de Michoacán, tipifican, respectivamente, los delitos de omisiones en materia de adopción e incumplimiento de obligaciones alimentarias en favor de una mujer embarazada, los cuales transgreden el derecho fundamental de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad, en su vertiente de taxatividad, de proporcionalidad de las penas y de mínima intervención o ultima ratio.
• Estima que los elementos típicos constitutivos de las conductas punibles no ofrecen claridad en cuanto a las conductas sancionables y, por otro lado, la acciones y omisiones para la configuración de estos delitos no son de tal gravedad para ser sancionados penalmente, ni constituyen un ataque peligroso para el bien jurídico que se pretende proteger, por lo que podrían utilizarse medidas menos lesivas en sustitución del derecho penal.
• Considera que las normas afectan el interés superior de la infancia y la adolescencia en la medida que, buscando favorecer dicho principio, establecen penas privativas de libertad para quienes se encuentran implicados en garantizar un nivel de vida adecuado a las niñas, niños y adolescentes.
Marco constitucional aplicable.
A. Derecho fundamental de seguridad jurídica y el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad.
• Expone el contenido y alcance del derecho fundamental a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad en materia penal.
B. Principio de mínima intervención en materia penal (ultima ratio).
• Desarrolla aspectos relativos al principio de mínima intervención del derecho penal (ultima ratio).
C. Principio de interés superior de la infancia y la adolescencia.
• Aporta diversos lineamientos constitucionales en materia de interés superior de la infancia y la adolescencia, así como criterios sostenidos por este Alto Tribunal.
Inconstitucionalidad de las normas impugnadas.
• La Comisión Nacional accionante estima que ambas disposiciones vulneran el principio de taxatividad exigido por la naturaleza de las normas de que se trata, pues no permiten conocer, a ciencia cierta las conductas que habrán de sancionarse; aunado a ello, algunas de estas conductas no resultan ser tan gravosas y afectan en mayor medida los bienes jurídicos que pretenden proteger, por lo que igualmente contravienen el interés superior de la infancia y la adolescencia.
• Refiere que, si bien la intención del legislador local fue proteger el interés superior de la niñez y los derechos de la mujer, a lo cual la accionante no se opone, dichas medidas pueden ser sancionadas por una vía que resulte menos lesiva que el derecho penal y, en todo caso, si se justifica la proporcionalidad de la medida, el legislador debió ajustarse a los parámetros en materia de taxatividad constitucionalmente exigidos.
• Señala que, por un lado, se sancionan conductas no tan gravosas y, por otro lado, la regulación que se hace de las mismas es incierta en cuanto a las conductas reprochables y sanciones correspondientes.
I. Tipo penal de omisiones en materia de adopción.
• En este apartado, primeramente describe los elementos que conforman el tipo penal del artículo 154 Bis, relativo al tipo penal de omisiones en materia de adopción, inserto en el título tercero, denominado "Delitos de peligro para la vida o la salud de las personas" y, específicamente en el capítulo I, relativo a la "Omisión de auxilio o de cuidado", conforme a lo siguiente:
i. Elementos objetivos:
Conducta: Es un delito que puede cometerse por acción u omisión.
Sin perjuicio de la denominación del capítulo y título en el que se contiene la disposición impugnada, es necesario hacer notar que el tipo penal puede ser tanto de acción como de omisión, pues se actualiza con la comisión de cualquiera de las siguientes conductas:
• Dar al menor de edad adoptado un trato distinto al que corresponde a un hijo o hija y contrario a su interés superior.
• Utilizar o haber utilizado documentos o certificados médicos apócrifos en el proceso de adopción.
• No ajustarse a la legislación que rige el proceso de adopción.
• Otorgar información falsa durante el proceso de adopción.
Resultado: No exige un resultado, pues resulta innecesario que se acredite un daño.
Sujeto activo: Exclusivamente la persona adoptante.
Sujeto pasivo: Niña, niño o adolescente adoptado.
Objeto material: No se precisa.
Bien jurídico tutelado: Los derechos a la integridad, salud y a la familia de las personas menores de edad.
Medios de comisión:
• Que los documentos o certificados médicos sean apócrifos o que la información que hubiere otorgado resulte falsa.
• En los demás casos no se exige un medio comisivo expreso.
Circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión: Las conductas sancionadas se cometen durante un procedimiento de adopción o una vez culminado éste.
ii. Elementos normativos de valoración:
Cultural: "trato de hija o hijo".
Legal:
• "En el procedimiento de adopción no se haya ajustado a la legislación en la materia".
El proceso de adopción se encuentra previsto en la Ley de Adopción del Estado de Michoacán de Ocampo.
• Interés superior.
• Documentos o certificados médicos apócrifos.
• Información falsa.
Científica: No se advierten en el tipo.
iii. Elementos subjetivos:
Las conductas previstas permiten que el delito sea doloso o culposo; particularmente, en la conducta relativo a "No ajustarse a la legislación que rige el proceso de adopción".
iv. Penalidad:
• Prisión de 3 a 6 años.
• Pérdida de la patria potestad.
• Pérdida de cualquier derecho que pudiese tener el activo respecto de la víctima.
• Precisado lo anterior, señala que los elementos constitutivos del tipo penal contravienen el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, pues si bien una de las conductas punibles consiste en dar a la niña, niño o adolescente adoptado un trato distinto al que corresponde a una hija o hijo; no hay certeza en relación con el tipo de trato al que se refiere.
• Menciona que, tampoco permite tener certeza en relación con la forma de determinar la participación del sujeto activo en la falta de apego a la legislación aplicable; al imponer una carga gravosa al adoptante quien, además de someterse a la jurisdicción estatal en los procesos de adopción, tendrá la obligación de verificar que las autoridades se ajusten a las normas que rigen la materia, pues en caso contrario, será acreedor a una sanción punitiva.
• Advierte que la pena relativa a la pérdida de cualquier derecho que pudiese tener sobre la víctima, tampoco satisface las exigencias propias del principio de legalidad pues, la porción normativa resulta indeterminada respecto de a qué se refiere con "cualquier derecho", que podrán privársele al responsable del delito, resultando imprecisa al no delimitar cuáles son los derechos que se perderán, ni la temporalidad de dicha privación, dejándolo al arbitrio de la autoridad jurisdiccional en perjuicio de la seguridad jurídica del inculpado y del sujeto pasivo de este delito, en contravención a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional; pudiendo además, repercutir en otra serie de derechos que parten de la existencia de un vínculo familiar.
• Considera que adicionalmente, la condena que declare la pérdida de la patria potestad y de cualquier derecho, que establece el artículo 154 Bis del Código Penal para el Estado de Michoacán podría trascender, inclusive, en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, en contravención de su interés superior.
• Señala que no debe perderse de vista que una de las consecuencias de la comisión del ilícito penal consiste en que la autoridad judicial que conozca del asunto pondrá al menor de edad a disposición y cuidado de la autoridad correspondiente en la materia; sin embargo, dicha disposición redunda en la falta de certeza en la que incurre el tipo penal, pues pierde de vista que la capacidad para adoptar asiste tanto a personas libres de matrimonio, como a cónyuges y concubinos. En ese sentido, si la adopción se llevó a cabo por más de una persona –en los casos de matrimonio o concubinato–; el hecho de que la autoridad judicial ponga al menor de edad a disposición y cuidado de la autoridad de la materia, sin considerar que el cuidado del niño, niña o adolescente correría a cargo del cónyuge o concubino no culpable del ilícito; parece extender los efectos de la sanción penal a más personas que la que en efecto haya cometido la conducta típica.
• En consecuencia, la regulación del delito contenido en el numeral 154 Bis impugnado resulta de tal forma indeterminada, que contraviene el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, dejando un margen amplio de actuación a la autoridad jurisdiccional para que, a su arbitrio, determine los elementos del tipo, respecto de los cuales, la norma no permite tener certeza.
II. Tipo penal de incumplimiento de las obligaciones alimentarias en perjuicio de mujeres embarazadas.
• Comienza describiendo los elementos que conforman el tipo penal del artículo 181 Bis del Código Penal Local, relativo al tipo penal de incumplimiento de las obligaciones alimentarias en perjuicio de mujer embarazada, inserto en el título octavo, denominado "Delitos contra el cumplimiento de la obligación alimentaria", conforme a lo siguiente:
i. Elementos objetivos:
Conducta: Es un delito de comisión por omisión, pues se actualiza con la comisión de cualquiera de las siguientes conductas:
• Incumplir con las obligaciones alimentarias de la mujer gestante.
Resultado: No exige un resultado, pues resulta innecesario que se acredite un daño, por lo que es de calificarse como un delito de peligro.
Sujeto activo: Coprogenitor.
Sujeto pasivo: Mujer embarazada.
Objeto material: No se precisa.
Bien jurídico tutelado: El derecho a recibir alimentos de la mujer embarazada y del potencial nuevo ser.
Medios de comisión: No se exige un medio comisivo expreso.
Circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión: Las conductas sancionadas se cometen durante el periodo de la gestación.
ii. Elementos normativos de valoración:
Cultural:
• Concepción.
• Progenitor.
Legal: Derecho a recibir alimentos.
Las consideraciones relacionadas con el derecho a recibir alimentos y la obligación de proporcionarlos deben leerse en forma armónica con las disposiciones contenidas en los numerales 443-475 del Código Familiar Local.
En dichos preceptos, se delimitan los aspectos que comprenden el rubro "alimentos", las características de la obligación alimentaria y los sujetos que se encuentran obligados a proporcionarlos, así como aquellos quienes pueden pedirlos.
Sobre el particular, merece especial mención el principio de proporcionalidad en materia alimentaria, el cual implica que han de ser suministrados conforme a la posibilidad del que los da y a la necesidad de quien los recibe.
Científica:
• Concepción.
• Mujer embarazada.
• Progenitor.
iii. Elementos subjetivos:
Las conductas previstas permiten que el delito sea doloso o culposo; toda vez que para su actualización se exige exclusivamente el incumplimiento de la obligación alimentaria respecto de la mujer embarazada desde el momento de la concepción; sin embargo, no exige el conocimiento del coprogenitor acerca de ese evento.
De modo que podría incurrir en incumplimiento, en los casos en los que no tenga conocimiento de su condición de progenitor o bien de la condición de gravidez de la mujer gestante.
iv. Penalidad:
• Prisión de 6 meses a 3 años.
• 200-500 días de multa.
• Reparación integral del daño.
• Precisado lo anterior, sostiene que el artículo impugnado reconoce el derecho de la mujer embarazada a recibir alimentos desde el momento de la concepción, así como la correlativa obligación del progenitor no gestante de proporcionarlos, por lo que en caso de incumplimiento por parte de este último, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión y de doscientos a quinientos días de multa, así como la reparación integral del daño.
• Señala que el numeral impugnado contraviene el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, pues no hay forma de conocer a ciencia cierta el momento en que ocurrió la concepción.
• Lo anterior, ya que la expresión "desde la concepción" conlleva una problemática en torno al término "concebido", pues dicho vocablo admite múltiples acepciones, cada una de las cuales depende del punto de vista desde que se aborde, ya sea científico, ético, moral, religioso, etcétera; generando ambigüedad para el entendimiento de la norma penal, en cuanto el sujeto activo no podría saber con suficiente certeza cuándo podría actualizar el tipo.
• En consecuencia, la norma impugnada contiene una sanción aplicable a una conducta desde un momento incierto y sobre el cual no existe certeza.
• Al margen de lo anterior, refiere que el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias en favor de la mujer embarazada elevó a nivel normativo la presunción de que, invariablemente las gestantes tienen necesidad de recibir alimentos y los progenitores no gestantes están en aptitud de proporcionarlos, presunción que contraviene el principio de proporcionalidad en materia alimentaria, según el cual, la obligación debe atender exclusivamente a la necesidad del acreedor y a la posibilidad del deudor, sin que sea exigible alguna otra característica para alguno de ellos, redundando en la falta de certeza de la norma, pues a la luz de una interpretación sistemática con el ordenamiento en materia de familia y el tipo penal en análisis, se advierte una contradicción entre ambos ordenamientos.
III. Transgresiones al principio de ultima ratio e interés superior de la infancia.
• Considera que los delitos contenidos en los numerales impugnados no están encaminados a sancionar las conductas más graves o los ataques más peligrosos al bien jurídico que se pretende salvaguardar, aunado a que las conductas típicas no producen necesariamente un daño al mismo.
• Refiere que, el legislador local debió acudir a otras medidas legislativas menos lesivas que el derecho penal para logar que el sujeto activo, por un lado, respete el procedimiento, naturaleza y objeto de las adopciones; y, por otro lado, se haga cargo de sus obligaciones alimentarias desde que se tenga noticia de la gestación, toda vez que existen mecanismos menos lesivos dentro del sistema normativo local para hacer frente al incumplimiento de dichas obligaciones.
• Menciona que los delitos contenidos en las disposiciones impugnadas implican invariablemente la privativa de libertad como sanción de modo que, en caso de que una persona resulta culpable de los mismos, compurgará una pena de prisión por el tiempo que determine el juzgador y será privado de sus derechos civiles y políticos, como consecuencia del ilícito, por lo que lejos de respetar los bienes jurídicos que los tipos penales salvaguardan, acarreará un perjuicio para las niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas.
• Considera que las sanciones consistentes en prisión, multa y pérdida de derechos que se tenga respecto de la víctima en forma genérica, resultan excesivas para proteger los derechos a recibir alimentos, en relación con el principio de interés superior de la infancia y la adolescencia, en tanto las conductas de ninguna manera implican la realización de un daño efectivamente ocasionado, sino sólo una posibilidad, de ahí que se incumpla con el subprincipio de fragmentariedad derivado de la ultima ratio.
• Alega que si el objetivo del legislador local es proteger los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, como pudieran serlo las niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas, el derecho penal no es la vía más adecuada y única para sancionar a quienes pongan en riesgo sus intereses.
• Manifiesta que, preocupa que ante la tipificación de tales conductas el legislador no haya considerado la posible afectación en los derechos de la infancia, ya que por la configuración normativa de las conductas reprochables el juzgador invariablemente deberá sancionar a quien las realice con una pena privativa de libertad y en el caso del artículo 154 Bis, con la pérdida de la patria potestad y cualquier derecho que tenga sobre la víctima.
• Por tanto, señala que el diseño legislativo de las disposiciones impugnadas, tal como lo sostuvo ese Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 111/2016, son indiferentes ante los derechos del menor de vivir en familia y mantener relaciones de convivencia con ambos progenitores y, por ende, es desproporcional, debido a que no se le permite al juzgador hacer una ponderación de la idoneidad, necesidad y eficacia de la medida ahí prevista en beneficio de los menores. Una vez demostrada la conducta de reproche, la consecuencia inmediata es la privación de la libertad del sujeto activo de los delitos y, en un caso, también la pérdida de derechos sobre la víctima y la de la patria potestad.
• Señala que las normas impugnadas, evidencian la omisión del legislador local de adoptar un estándar de protección reforzado de los derechos de los menores de edad, que les permita satisfacer sus necesidades básicas para su desarrollo integral. • Añade que las conductas típicas descritas en los artículos 154 Bis y 181 Bis inciden en diversos derechos de los menores de edad, como lo es el de vivir en familia y en el contexto de separación de los padres, a mantener relaciones de convivencia con ambos progenitores, además de que las medidas que entrañan una separación de los menores con uno o ambos de ellos deben ser excepcionales y estar justificadas precisamente en su interés superior. Lo anterior, según se puede observar, con las disposiciones impugnadas ni siquiera es factible considerar los derechos del menor de vivir en familia y mantener relaciones de convivencia con ambos padres.
• Refiere que si bien, el artículo 181 Bis del código no afecta en el momento al potencial nuevo ser en virtud de que aún no se ha producido su nacimiento. La posibilidad de que uno de sus progenitores se haga acreedor a una pena privativa de libertad afectará, cuando nazca, sus derechos a vivir y convivir con su familia, pudiendo interferir en que mantenga relaciones afectivas a plenitud desde los primeros años de su infancia, pues la pena de prisión puede ser de seis meses hasta tres años. Además de que se podría dejar en estado de desprotección a la mujer embarazada pues en caso de que el progenitor sea privado de su libertad éste no podrá otorgarle alimentos si los necesita, por lo que es inconcuso que tampoco la norma satisface su finalidad, que es garantizar el bienestar de la mujer en estado de gravidez.
• Por cuanto hace al artículo 154 Bis, sostiene que no resulta necesario punir la conducta consistente en que el adoptante, durante el procedimiento de adopción no se haya ajustado a la legislación en la materia, pues se considera que la verificación acerca del cumplimiento de la normativa en materia de adopciones no es obligación de la persona adoptante sino del juzgador a cargo del procedimiento y, en su caso, del Consejo Técnico de Adopción y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado. Por ello, se considera que no resulta adecuado que el legislador haya trasladado de forma indebida la responsabilidad de los posibles vicios o irregularidades de todo el procedimiento de adopción a la persona adoptante, pues si bien éste debe conducir su actuar de conformidad con la ley, no debe soslayarse que las autoridades competentes deben actuar, velar y constatar que dicho procedimiento se lleve de acuerdo a lo que prevén las normas aplicables.
• Finalmente, estima que resultaba innecesario tipificar las conductas que contiene el mismo artículo 154 Bis del Código Penal de la entidad, en lo relativo a: a) Utilizar documentos o certificados médicos apócrifos; y, b) Que la información que haya otorgado resulte falsa, ya que el bien jurídico tutelado se encuentra protegido en el artículo 299 del propio Código Penal de la entidad con la configuración del delito de falsificación o alteración y uso indebido de documento, por lo que resultaba innecesario crear otro tipo penal para sancionar una conducta que ya se encontraba regulada.
• Por lo anterior, considera que se debe declarar la invalidez de los artículos 154 Bis y 181 Bis del Código Penal para el Estado de Michoacán, toda vez que contravienen el carácter de ultima ratio del derecho penal, ya que no existe justificación para la implementación del derecho penal al ser el medio más restrictivo y severo para establecer responsabilidades sobre una conducta.
Cuestiones relativas a los efectos:
• La Comisión accionante solicita que, de estimarse inconstitucionales los preceptos combatidos, se extiendan los efectos a todas aquellas normas que estén relacionadas.
8. Quinto. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 78/2021 y requirió a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Michoacán, para que rindieran sus informes respectivos.
9. Por otro lado, a efecto de integrar debidamente el expediente, requirió del Poder Legislativo de Michoacán las constancias que conformaron los antecedentes legislativos del Decreto impugnado; mientras que, del Poder Ejecutivo de la entidad, requirió un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial del Estado en el que se haya publicado el Decreto controvertido, apercibiéndolos que, de no cumplir con lo ordenado, se les aplicaría una multa en términos del artículo 59, fracción I, del citado Código Federal de Procedimientos Civiles.
10. Finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera, hasta antes del cierre de instrucción.
11. SEXTO.—Rendición de informes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo Local. Mediante sendos escritos recibidos el dieciséis y veintidós de junio de dos mil veintiuno,(2) respectivamente, el Poder Legislativo de Michoacán, a través de la presidenta de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; y, el Poder Ejecutivo de la entidad, por conducto de su consejero jurídico, rindieron sus respectivos informes.
12. Informe del Poder Legislativo del Estado de Michoacán. Al rendir su informe, Yarabí Ávila González en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, refirió en esencia, lo siguiente:
• Son ciertos los actos que se reclaman, única y exclusivamente por lo que se refiere a la aprobación del Decreto 510, por medio del cual se adicionan los artículos 154 Bis y 181 Bis del Código Penal para el Estado de Michoacán.
• Lo señalado por la promovente carece de razón y sustentabilidad, al considerar que los delitos previstos en los artículos que pretende invalidar contravengan el marco de regularidad constitucional en materia de derechos humanos.
• El numeral 154 Bis, que pretende invalidar reúne los elementos pertinentes en su contenido, como en el alcance del derecho fundamental a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, el primero dado que se vincula con el artículo 4o. de la Constitución Federal en el apartado del interés superior del menor, por ello, la seguridad jurídica se otorga en sus ámbitos.
• Cuando se ha materializado la adopción conforme a las normas vigentes, y en su caso, de comprobarse la conducta penal incurrida por el adoptante, el que ha adquirido derechos y obligaciones, para con el adoptado, dé al menor de edad, un trato distinto al que corresponde a un hijo o hija constituyen hechos y actos contrarios a su interés superior.
• En ese orden el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, no se vulneran por parte del Congreso Local, toda vez que una autoridad sólo puede afectar la esfera jurídica de los gobernados con apego a las funciones constitucionales y legales que les son reconocidas, dentro de aspectos de omisiones y excesos. Al actuar fuera del marco que regula su actuación, situación que no se da, dado que, el proceso legislativo se encuentra apegado a la normatividad vigente y al principio de legalidad dentro del proceso de creación de la norma, por lo que es inconcuso que la promovente insista en que son inconstitucionales dichos numerales.
• El principio de legalidad, al que se refiere la accionante, carece de sustento dado que, el legislador, respeta el contenido de los artículos 1o., 4o., 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 y 15; del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, 3 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, se sustentan, fundamentan y motivan la adición de los artículos 154 Bis y 181 Bis del Código Penal del Estado de Michoacán.
• El considerar los actos discriminatorios y en su momento de gravedad, necesariamente deberán de ser atendidos, investigados y sancionados por las autoridades competentes; debido a ello, el legislador michoacano procedió apegado a los derechos humanos regulados por la Constitución Federal, como en la Local y, derivado de ello, consideró que el sujeto activo una vez acreditada su culpabilidad, perderá la patria potestad, así como cualquier derecho que pudiese tener sobre la víctima. Por lo que, la autoridad judicial que conozca del asunto, deberá poner al menor de edad a disposición y cuidado de la autoridad correspondiente en la materia.
• El Congreso Local se apega a lo señalado en los artículos 2, 3, 7, 10 y 22 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo pues garantiza y define penas, que se deriven de acciones cometidos en contra de los menores de edad.
• El acierto del legislador michoacano es preponderante, dado que, el artículo 154 Bis determina las conductas y sanciones a los que se harán acreedores los adoptantes de un menor de edad, pues si éstos le dan un trato distinto al que corresponde a un hijo o hija, luego entonces, es claro que ello, es contrario su interés superior. Es de análisis, valorar que, el individuo que agrede o transgrede en su caso los derechos de un menor, se encuentra obligado a las imputaciones que se sustenten en su contra, pues es de notarse que, en este supuesto el menor ya se encuentra adoptado, por consiguiente, el adoptante, en su calidad de el sujeto activo, deberá perder la patria potestad que ejerza sobre el adoptado; así como cualquier derecho que pudiese tener sobre la víctima, en virtud de que, el adoptado se ha convertido en la víctima del sujeto agresor.
• La imposición de las penas es atribuible al dolo e intención mal incursionada, dado que, para adoptar se requiere de insumos legales y ciertos, pues contrario a ello, se ubicarían aspectos perversos de sujetos que podrán utilizar acciones contrarias a lo previsto en las normas vigentes, como es el caso que nos ocupa en la materia de adopción. La imposición de la pena, podrá ser atribuible en su caso, de tr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30848-f3469d21/i-accion-de-inconstitucionalidad-no-se-actualiza-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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