I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LAS LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES QUE VULNERAN DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PAÍS Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO ES PARTE [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. V. PERSPECTIVA DE GÉNERO. ANTE EL RECONOCIMIENTO DE UNA CONDICIÓN DE DESIGUALDAD IMPERANTE ENTRE LOS GÉNEROS, LOS ASUNTOS DEBEN ANALIZARSE PROCURANDO EN TODO MOMENTO QUE LOS PARADIGMAS IMPERANTES DE DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO NO TENGAN UNA INJERENCIA NEGATIVA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. VI. PERSPECTIVA DE GÉNERO. PARA APLICAR CORRECTAMENTE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y EQUIDAD, DEBE LEERSE E INTERPRETARSE LA NORMA TOMANDO EN CUENTA LOS PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS QUE LA SUSTENTAN, ASÍ COMO LA FORMA EN QUE AFECTAN, DE MANERA DIFERENCIADA, A LOS HOMBRES Y A LAS MUJERES QUE ACUDEN EN BUSCA DE JUSTICIA. VII. ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. VIII. ALIMENTACIÓN ADECUADA. CONSTITUYE UN DERECHO HUMANO RECONOCIDO EN LOS ARTÍCULOS 2, APARTADO B, FRACCIÓN III; 3, FRACCIÓN II, INCISO E), PÁRRAFO SEGUNDO Y 4, PÁRRAFOS TERCERO Y DÉCIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IX. ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE ÉSTOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS. X. VIOLENCIA DE GÉNERO. LA VIOLENCIA ECONÓMICA ES UNA MANIFESTACIÓN DE AQUÉLLA, POR LO QUE ES DEBER DEL ESTADO MEXICANO EMPLEAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA DISUADIRLA. XI. PENSIÓN ALIMENTICIA. SU ANÁLISIS DEBE PARTIR DE LA COMPLEJIDAD Y LA FORMA EN QUE LAS RELACIONES SOCIALES IMPACTAN EN LA VIDA DE LAS MUJERES Y SUS HIJOS, POSICIONÁNDOLES DE MANERA VULNERABLE FRENTE A DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA POR PARTE DE SUS PROVEEDORES COMO RESULTADO DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA. XII. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. ANTE LOS RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTAN SURGE AQUÉL COMO UNA HERRAMIENTA DE INTERPRETACIÓN QUE GARANTIZA SUS DERECHOS E IMPONE LÍMITES A LA ACTUACIÓN DISCRECIONAL DE LAS AUTORIDADES. XIII. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. XIV. OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. NO PUEDE QUEDAR A LA POTESTAD DEL DEUDOR EN VIRTUD DE LA FINALIDAD DE SUBSISTENCIA QUE SE PERSIGUE, POR LO QUE DEBE OTORGARSE EN FORMA PROPORCIONAL, CONTINUA Y SUCESIVAMENTE, AL INCIDIR DE MANERA DIRECTA SOBRE EL BIENESTAR O PERJUICIO DE LOS ACREEDORES ALIMENTARIOS. XV. OBLIGACIÓN ALIMENTARIA. SU CUMPLIMIENTO PARCIAL O INSUFICIENTE PUEDE ACTUALIZAR LA CAUSA DE LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, AL CONSIDERAR QUE DICHA CONDUCTA ES CONTRARIA AL OBJETIVO DE PREVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DE LAS HIJAS E HIJOS INMERSOS EN DICHA FIGURA. XVI. ALIMENTOS. EL DERECHO A RECIBIRLOS CONSTITUYE EL PILAR DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES DE SUBSISTENCIA Y DESARROLLO. XVII. DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA A MENORES DE EDAD EN EL ESTADO DE NAYARIT. LA PREVISIÓN LEGAL QUE LO ESTABLECE NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL, AL SER CONGRUENTE CON LA OBLIGACIÓN ESTATAL DE EMPRENDER ACCIONES CORRECTIVAS TENDENTES A EXTRAER LA NORMALIZACIÓN DE SITUACIONES QUE PONEN EN PELIGRO LA SUBSISTENCIA Y VIDA DIGNA DE LAS PERSONAS (ARTÍCULO 306 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NAYARIT, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO). XVIII. DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA A MENORES DE EDAD EN EL ESTADO DE NAYARIT. LA PREVISIÓN LEGAL QUE LO ESTABLECE ES CONGRUENTE CON EL MARCO UNIVERSAL, INTERAMERICANO Y NACIONAL DE PROTECCIÓN DEL DERECHO HUMANO A UNA ALIMENTACIÓN DE CALIDAD, EL CUAL NO PUEDE LIMITARSE ÚNICAMENTE A LA PREVENCIÓN O ADECUACIÓN DE LOS MARCOS NORMATIVOS Y DE ACTUACIÓN DE DIVERSAS AUTORIDADES (ARTÍCULO 306 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NAYARIT, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO). XIX. DELITO DE INCUMPLIMIEN
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 110/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 20 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: SALVADOR ANDRÉS GONZÁLEZ BÁRCENA.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinte de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 110/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra el artículo 306 del Código Penal para el Estado de Nayarit, reformado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el siete de junio de dos mil veintiuno.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por escrito recibido a través de buzón judicial de este Alto Tribunal el siete de julio de dos mil veintiuno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta María del Rocío Piedra Ibarra, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 306 del Código Penal para el Estado de Nayarit, reformado mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el siete de junio de dos mil veintiuno.
2. Señaló como artículos constitucionales y convencionales violados: 1, 4, 14, 16 y 22 de la Constitución Federal de la República; 1, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 3.1 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
3. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, expuso como concepto de invalidez único, lo siguiente:
• Si bien el artículo impugnado tiene la intención de proteger el interés superior de la niñez, así como los derechos de las mujeres gestantes, al producto de la concepción y en sentido amplio a la familia, al tipificar como delito conductas que los lesionan a través de la omisión de proporcionarles alimentos, sin embargo, no son de la gravedad o entidad suficiente para ser incluidas como delitos dentro del derecho penal, pues no constituyen los ataques más peligrosos al bien jurídico que se pretende tutelar y no necesariamente los dañan, por lo que pueden ser sancionadas por vías menos lesivas.
• Dentro del sistema normativo local existen mecanismos diversos para hacer frente al incumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar que sean cubiertas por quienes deben cumplirlas, ya que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit, dentro de su capítulo IX, Libro Cuarto, relativo a las controversias del orden familiar, regula el juicio de alimentos en los artículos 494 a 499, conforme con el cual la persona juzgadora en la materia puede decretar el pago de alimentos y ordenar:
- Se le informen los bienes inscritos a nombre de la parte deudora o los ingresos que perciba.
- Se acuerde provisionalmente la entrega de una pensión, si se exhibe la documentación que sustente la obligación, obligando a la persona física o moral de quien reciba el deudor sus ingresos, para que haga entrega del monto respectivo a la parte acreedora alimentaria con el apercibimiento de doble pago en caso de contumacia.
- Fuera del caso anterior, se requiere al deudor el pago de la pensión provisional, o bien, la constitución de una caución garante de su pago por cuando menos tres años, con la posibilidad de embargar bienes de su propiedad.
• Particularmente en el supuesto relativo al incumplimiento parcial, la transgresión al principio de mínima intervención resulta evidente, ya que:
- No se exige mayor requisito que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, sin que sea precondición la emisión de una resolución judicial que decrete la posibilidad que tiene la parte deudora de otorgar los alimentos y la acreedora de necesitarlos, conforme con el principio de proporcionalidad en la materia ni se toma en consideración los casos de reincidencia en la negativa de la parte deudora.
- La conducta conlleva invariablemente la privación de la libertad como sanción.
• Debe considerarse que, en los casos de incumplimiento total, puede no existir un procedimiento previo en el que efectivamente se hubiera determinado la obligación de proporcionar alimentos, ya que la única condición es dejar de suministrar alimentos por más de treinta días sin causa justificada.
• Se incumple con el principio de fragmentariedad derivado de la última ratio, ya que las sanciones de prisión, multa e inscripción en el registro de deudores morosos son excesivas para proteger el derecho a recibir alimentos en relación con el interés superior de la infancia y adolescencia, ya que las conductas que nos ocupan no implican la realización de un daño efectivamente ocasionado, ya que pudiera actualizarse el tipo penal aun y cuando la parte deudora dejara a la parte acreedora al cuidado o reciba ayuda de una tercera persona.
• Se afecta el interés superior de la infancia y adolescencia, en términos de lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 111/2016, al no permitir al juzgador hacer una ponderación de la idoneidad, necesidad y eficacia de la medida en cada caso, marcando una indiferencia ante los derechos de las personas menores de edad de vivir en familia y mantener relaciones de convivencia con ambos progenitores, como parte de su desarrollo integral.
• Si bien es cierto que la reforma al párrafo segundo de la norma impugnada no afecta de inmediato al potencial nuevo ser, en virtud de que aún no nace, sin embargo, la pena de prisión interferirá en las relaciones afectivas de sus primeros años, además de dejar sin protección a la mujer embarazada al estar imposibilitado el deudor sancionado a proporcionarle alimentos.
4. Admisión y trámite. Por acuerdo de trece de julio de dos mil veintiuno, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad como 110/2021 y lo turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.
5. La Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en el cual ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nayarit para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada del proceso legislativo de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que conste su publicación. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que antes del cierre de instrucción manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.
6. Por acuerdo de seis de octubre de dos mil veintiuno, la Ministra instructora tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nayarit, autoridades a las cuales tuvo dando cumplimiento a los requerimientos ordenados en autos.
7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Mediante oficio presentado en la Oficina de Correos del Servicio Postal Mexicano el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintinueve siguiente, la encargada de la Unidad Jurídica de la Trigésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit rindió informe, en el que expresó, en esencia, lo siguiente:
• Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 59, en relación con el diverso 19, fracciones VII y IX, de la Ley Reglamentaria, ya que el precepto impugnado no cambió en su sentido normativo, puesto que únicamente se agregó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Nayarit.
• Esa adición no modificó el tipo penal de incumplimiento de las obligaciones alimenticias y la punibilidad ya existía anteriormente a la reforma impugnada, considerando lo establecido en el artículo 95, fracción VI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nayarit, así como al Manual de Técnica Legislativa para el Poder Legislativo de dicha entidad; lo cual evidencia que no se modificó el fondo del precepto controvertido y, por tanto, que transcurrió en exceso el plazo de treinta días para su reclamo a través de la presente acción.
• En cuanto al fondo, expresa que el precepto impugnado es conforme con el marco de regularidad constitucional establecido por este Tribunal Pleno, ya que conforme con el artículo 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, existe una garantía a favor de los acreedores alimentarios de recibir alimentos so pena de que el deudor que no los ministre pueda ir a prisión, lo que protege tanto el interés superior de quienes se encuentren en minoría de edad, como el de cualquier persona con derecho a recibirlos, lo anterior, conforme con la tesis 1a. LIV/2014 (10a.), de rubro: "INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. EL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN I, DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, QUE SANCIONA ESE DELITO CON PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, NO VULNERA EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008)."
8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. Mediante oficio presentado en la Oficina de Correos del Servicio Postal Mexicano el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el seis de octubre siguiente, el Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nayarit rindió informe, en el que expresó, en esencia, lo siguiente:
• El Poder Ejecutivo sólo atendió a lo establecido en los artículos 53, 69, fracción II y 75, párrafo segundo, de la Constitución local, a efecto de promulgar y publicar en el Periódico Oficial del Estado la norma impugnada, por lo que los conceptos de invalidez no se circunscriben a la actuación de dicho poder, además de que, por disposición de la propia norma fundamental del Estado, no puede negarse a promulgar las leyes y decretos del Congreso de la entidad federativa.
9. Alegatos. Por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, la Ministra instructora tuvo por rendidos los alegatos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Congreso local.
10. Cierre de la instrucción. A través del referido acuerdo se cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
11. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2) en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece.(3) Se planteó la posible contradicción entre una norma local y la Constitución General, al considerarla violatoria del interés superior de la niñez, el derecho humano a la protección de la familia, así como los principios de mínima intervención en materia penal como ultima ratio y de seguridad jurídica.
12. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado en votación económica por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
II. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA
13. La norma que fue objeto de reforma, mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el siete de junio de dos mil veintiuno, es el artículo 306, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Nayarit
Ver reforma al artículo 306
14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado en votación económica por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
III. OPORTUNIDAD
15. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
16. En este caso la acción es oportuna.
17. La norma impugnada fue publicada, el siete de junio de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit.
18. En consecuencia, el plazo de treinta días naturales transcurrió del martes ocho de junio al miércoles siete de julio de dos mil veintiuno.
19. En ese sentido, si la demanda se recibió a través de buzón judicial de este Alto Tribunal el siete de julio de dos mil veintiuno, se concluye que su presentación es oportuna.
20. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado en votación económica por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
IV. LEGITIMACIÓN
21. La acción fue promovida por parte legitimada.
22. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es ente legitimado para promover el presente medio de control constitucional; por otra parte, el párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia(5) señala que los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.
23. En el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, comparece a través de su Presidenta, quien exhibió copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República de doce de noviembre de dos mil diecinueve y, acorde con las fracciones I y XI del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(6) ejerce la representación legal de ese órgano autónomo y cuenta con la facultad para promover acciones de inconstitucionalidad.
24. Por lo tanto, si en el caso se promovió la presente acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 306 del Código Penal para el Estado de Nayarit y la accionante considera que viola el interés superior de la niñez, el derecho humano a la protección de la familia, así como los principios de mínima intervención en materia penal como ultima ratio y de proporcionalidad de las penas, cuenta con legitimación para impugnarlo.
25. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado en votación económica por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
V. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
V.1. Actuación del Poder Ejecutivo local que no causa agravio.
26. El Poder Ejecutivo argumenta que sólo atendió a lo establecido en los artículos 53, 69, fracción II y 75, párrafo segundo, de la Constitución local, a efecto de promulgar y publicar en el Periódico Oficial del Estado la norma impugnada, por lo que los conceptos de invalidez no se circunscriben a la actuación de dicho poder, además de que, por disposición de la propia norma fundamental del Estado, no puede negarse a promulgar las leyes y decretos del Congreso de la entidad federativa.
27. Es infundada la causa de improcedencia invocada, en virtud de que ha sido criterio de este Pleno que el referido argumento debe desestimarse por dos razones sustanciales:
1) No encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria, ya que de los diversos 10, fracción II, 22, fracción II, y 26, párrafo primero, en relación con el 59, todos de la referida Ley,(7) se advierte que en las acciones de inconstitucionalidad tienen el carácter de parte demandada, entre otras, la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general controvertida, quienes deben ser señalados como tal en la demanda y a quienes la Ministra o Ministro instructor debe emplazar a la controversia para que produzca la contestación respectiva.
2) La actuación de los Ejecutivos locales tiene injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República.(8)
28. En consecuencia, al no encuadrar el argumento del Poder Ejecutivo local que nos ocupa, en alguna causa de improcedencia, además de que su intervención en las acciones de inconstitucionalidad se justifica en virtud de los actos relacionados con la validez de la norma impugnada, es que la causal que es materia de estudio en este apartado debe desestimarse por infundada.
V.2. Inexistencia de cambio de sentido normativo.
29. No obsta que el Congreso local argumente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 59, en relación con el diverso 19, fracciones VII y IX, de la Ley Reglamentaria, ya que el precepto impugnado no cambió en su sentido normativo, puesto que únicamente se agregó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Nayarit, razón por la cual considera que la adición no modificó el tipo penal de incumplimiento de las obligaciones alimenticias y la punibilidad ya existía, anteriormente a la reforma impugnada, considerando lo establecido en el artículo 95, fracción VI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de Nayarit, así como al Manual de Técnica Legislativa para el Poder Legislativo de dicho Estado; lo cual evidencia que no se modificó el fondo del precepto controvertido y, por tanto, que transcurrió en exceso el plazo de treinta días para su reclamo a través de la presente acción.
30. Es infundada la causa de improcedencia invocada, ya que la norma es de naturaleza penal y sufrió un cambio en la sanción que impone, al incluirse el ingreso de los datos del sentenciado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Nayarit, en caso de que el adeudo alimentario tipificado exceda de noventa días, por lo que, en ese sentido, se cumplen los lineamientos aceptados por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para estimar que se constituyó un nuevo acto legislativo.
31. En efecto, este Tribunal Pleno ha determinado que, para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación en una acción de inconstitucionalidad, deben reunirse, al menos, dos aspectos:
1) Formal, que implica el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación.
2) Material, que se traduce en que existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, esto es, cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores de técnica legislativa (variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, ajuste en la ubicación de los textos, cambios de nombres de entes, dependencias y organismos, una nueva publicación de la norma o la reproducción íntegra de la norma general.(9) 32. En el caso del artículo impugnado, se advierte que, por cuanto hace al aspecto formal, fue objeto de reforma que derivó de un proceso legislativo que tuvo su origen en el análisis de cuatro iniciativas, las cuales fueron turnadas a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local, cuyo dictamen fue aprobado por los integrantes de la citada Comisión el once de mayo de dos mil veintiuno, mismo que fue objeto de discusión y aprobación por parte del Congreso local en sesión de catorce siguiente, del que derivó el Decreto posteriormente promulgado por el Gobernador del Estado y publicado en el Periódico Oficial de la entidad federativa el siete de junio de dos mil veintiuno. Por lo anterior, puede concluirse que el precepto controvertido por la Comisión actora satisface el criterio formal para estimarlo como nuevo acto legislativo.
33. Por lo que respecta al segundo aspecto, esto es, que la modificación se haya traducido en un cambio al sentido normativo de las disposiciones reformadas, este se satisface puesto que, si bien la reforma al artículo 306 del Código Penal para el Estado de Nayarit, dejó intacta la descripción de la conducta típica contenida en ese precepto, sin embargo, modificó uno de sus elementos sustanciales, esto es, el concerniente a la consecuencia jurídica del injusto al establecer el ingreso de los datos del sentenciado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Nayarit, en caso de que el adeudo alimentario tipificado exceda de noventa días.
34. Cambio normativo que permite a este Tribunal Pleno realizar el análisis del contenido de todo el artículo por la estrecha relación que guardan entre si los tres párrafos que conforman la norma impugnada, lo anterior, conforme con el criterio sustentado por este Alto Tribunal, en el sentido de que es jurídicamente viable la impugnación a través de la acción de inconstitucionalidad de toda la descripción de la conducta típica contenida en un precepto legal, si existe, cuando menos, la modificación de uno de sus elementos sustanciales, como el concerniente a la consecuencia jurídica del injusto al aumentar el mínimo y máximo de la pena privativa de libertad, lo cual constituye un cambio material sustantivo de la norma, pues se modifica su trascendencia, contenido y alcance.(10)
35. En suma, considerando que ha sido criterio de este Tribunal Pleno que un cambio material en una norma se produce cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, se concluye que la reforma controvertida satisface el criterio de modificación material para considerarla un nuevo acto legislativo.
36. Sin que esta conclusión implique un juicio adelantado sobre su constitucionalidad, ya que sólo se determina que la norma impugnada no fue consentida tácitamente, por lo que resulta oportuna su impugnación por las razones apuntadas en la primera parte de este apartado correspondiente a la oportunidad. En consecuencia, la causa de improcedencia alegada por el Poder Legislativo resulta infundada.
37. Estas consideraciones no son obligatorias al haberse aprobado por mayoría de seis votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat y Laynez Potisek. La señora Ministra y los señores Ministros González Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández votaron en contra.
VI. ESTUDIO DE FONDO
CATÁLOGO DE TEMAS
VI.1. Marco Contextual.
VI.2. Estudio de constitucionalidad relacionado con el principio de mínima intervención penal.
VI.3. Estudio de constitucionalidad relacionado con el interés superior de la niñez.
VI.4. Estudio de constitucionalidad relacionado con el principio de seguridad jurídica.
VI.1. Marco contextual.
Juzgamiento con perspectiva de género.
38. Los estereotipos de género constituyen las ideas, cualidades y expectativas que la sociedad atribuye a mujeres y hombres; son representaciones simbólicas de lo que mujeres y hombres deberían ser y sentir; son ideas excluyentes entre sí que al asignarnos una u otra reafirman un modelo de feminidad y otro de masculinidad.(11) Así, los estereotipos en muchos casos pueden ser motivo de discriminación de género y pueden reforzarse con teorías tradicionales o modernas, incluso a través de leyes o de prácticas institucionales.
39. Referente fundamental contra la eliminación de estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas basadas en el género deriva de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en la que se reconoce el papel de la cultura y las tradiciones en el mantenimiento de la discriminación contra las mujeres, y obliga a los Estados a eliminar estereotipos en los roles de hombres y mujeres.
40. Dicha Convención internacional establece, en su artículo 5, inciso a),(12) la obligación a los Estados partes a modificar patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para eliminar los prejuicios, prácticas consuetudinarias y de cualquier índole basados en ideas de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
41. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, ha establecido formas específicas sobre el derecho a la igualdad de las mujeres, enfocadas a la no discriminación y al derecho a tener una vida libre de violencia.
42. En su artículo 8, apartado b,(13) esa Convención establece la obligación de los Estados partes para adoptar progresivamente medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales para todo nivel educativo, con el objeto de contrarrestar prejuicios, costumbres y prácticas relativos a la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros, o bien, los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia contra ésta.
43. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los estereotipos de género causan violencia contra la mujer. Por ello, consideró que es posible asociar que la mujer se encuentra en un estado de subordinación por prácticas basadas en estereotipos de género que han sido socialmente dominantes y persistentes, situación que se agrava cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente, en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje.(14) Una de las fórmulas que se considera para erradicar lo anterior, consiste en implementar medidas que protejan jurídicamente los derechos de la mujer contra todo acto de discriminación buscando la igualdad a través de tribunales e instituciones públicas competentes.(15)
44. Este Alto Tribunal ha sostenido que, a partir del reconocimiento de una condición de desigualdad imperante entre los géneros, los asuntos deben analizarse bajo una perspectiva de género procurando en todo momento que los paradigmas imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia negativa en la impartición de justicia.(16)
45. La perspectiva de género debe ser utilizada para interpretar las normas y aplicar el derecho, así como para apreciar los hechos y las pruebas que forman parte de la controversia. Así, se debe evaluar si la norma provoca una violación directa al derecho de igualdad, al introducir impactos diferenciados por razón de género.
46. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la perspectiva de género obliga a leer e interpretar la norma tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden en busca de justicia. Solo así se puede aspirar a aplicar correctamente los principios de igualdad y equidad, pues a través de la explicación de las diferencias específicas entre hombres y mujeres se reconoce la forma en que cada uno se enfrentan a problemáticas concretas y los efectos diferenciados que producen, en unos y en otras, las disposiciones legales y las prácticas institucionales.(17)
47. A partir de esa aproximación, respecto de los principios ideológicos, políticos o sociales que sustentan la norma y la diferencia que ésta produce en los hombres y mujeres, es que se puede advertir si una disposición legal que establece algo que tradicionalmente ha sido aceptado por la sociedad en el transcurso de los años, genera un impacto diferenciado entre ambos al desenvolverse bajo determinados estereotipos que en muchos casos les generan obstáculos para reclamar sus derechos.
48. Algunos elementos a considerar para analizar un fenómeno con perspectiva de género(18) son los siguientes:
1) Identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia.
2) Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género.
3) En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones.
4) De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de desigualdad por condiciones de género.
5) Para ello, debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y las niñas.
6) Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33013-c2b52cb2/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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