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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 15, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y VIII", DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN). IV. LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES. ESTÁ LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS. V. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. VI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. VII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE SUJETA DICHA PRERROGATIVA A LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY, DEBE DESARROLLARSE POR EL LEGISLADOR DE MANERA QUE NO SE PROPICIEN SITUACIONES DISCRIMINATORIAS Y SE RESPETEN LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, MÉRITO Y CAPACIDAD. VIII. ALIMENTOS. EL DERECHO A RECIBIRLOS CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS MENORES. IX. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. TEST DE PROPORCIONALIDAD PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN UN DERECHO FUNDAMENTAL (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, 55, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y 26, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN). X. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO DEUDORA ALIMENTARIA MOROSA PARA SER PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, CANDIDATO INDEPENDIENTE O TITULAR DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, NO REPRESENTA UNA PROHIBICIÓN ABSOLUTA, AL TRATARSE DE UNA RESTRICCIÓN QUE ÚNICAMENTE TIENE CABIDA CUANDO EXISTA UN INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROLONGADO EN EL TIEMPO Y DECLARADO POR LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 55, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y 26, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TODOS DEL ESTADO DE YUCATÁN). XI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO DEUDORA ALIMENTARIA MOROSA PARA SER PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, CANDIDATO INDEPENDIENTE O TITULAR DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, TIENE COMO OBJETO QUE QUIEN ASPIRE A LOS MISMOS ESTÉ AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS Y NO EL DE UN IMPEDIMENTO PARA ACCEDER A DICHOS CARGOS (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 55, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y 26, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TODOS DEL ESTADO DE YUCATÁN). XII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO DEUDORA ALIMENTARIA MOROSA PARA SER PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, CANDIDATO INDEPENDIENTE O TITULAR DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, RESULTA PROPORCIONAL, AL PROTEGER Y GARANTIZAR EL DERECHO DE ALIMENTOS SOBRE EL DERECHO DE AQUELLAS PERSONAS QUE NO PUEDAN ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO HASTA QUE CUBRAN SU DEUDA ALIMENTARIA (ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 55, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y 26, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TODOS DEL ESTADO DE YUCATÁN).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2022. · Registro digital (IUS): 31871
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-10-20
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo I, Pág.289.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 17 DE ENERO DE 2023. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIAS: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ Y EDITH GUADALUPE ESQUIVEL ADAME.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado:

"Decreto 504/2022 por el que se modifican la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, el Código de la Administración Pública de Yucatán, y la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, en materia de violencia de género y deudores alimentarios."

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 98/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Demanda. Por escrito depositado el siete de julio de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán, en la que reclamó la invalidez de los artículos 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; 55, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán; 16, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, en la porción normativa "y VIII"; y 26, fracción VII, del Código de la Administración Pública de Yucatán, reformados mediante Decreto 504/2022 publicado el siete de junio de dos mil veintidós, en el Diario Oficial del Gobierno de dicha entidad.

2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 1o., 5o., 14, 16 y 35, fracciones II y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Conceptos de invalidez. La accionante argumentó en sus conceptos de invalidez lo que a continuación se resume.

a) En el primer concepto de invalidez se impugnan los artículos 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; 55, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, y 26, fracción VII, del Código de la Administración Pública de Yucatán, que imponen como requisito no ser deudor alimentario moroso para poder acceder a los cargos de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, candidatos independientes y titulares de las dependencias o entidades que integran la administración pública de esa entidad.

b) Aduce que esos preceptos excluyen injustificadamente a las personas que se encuentran en ese supuesto, aun cuando no se relaciona con el adecuado desempeño de las funciones a realizar en esos cargos o para participar en los procesos electorales bajo la institución de candidaturas independientes, por lo que se trasgreden los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, acceso a un cargo público, la libertad de trabajo y el derecho a ser votado.

c) La medida no es razonable porque no atiende a los méritos de las personas interesadas, toda vez que los requisitos para el acceso a cargos públicos deben estar únicamente encaminados a lograr la eficacia, eficiencia y profesionalismo del servicio público.

d) Las normas son estigmatizantes porque califican a quienes no cumplen con sus obligaciones alimentarias como personas sin probidad, honestidad y profesionalismo.

e) Agrega que, para que una restricción de acceso a un cargo sea válida, deben examinarse las funciones y obligaciones de cada uno de los puestos; señalar con precisión únicamente las conductas que se encuentren estrechamente vinculadas con el empleo de que se trate y, a partir de ello, determinar cuáles ameritan una exclusión legítima.

f) Considera que pudiera existir dentro de la administración pública de esa entidad federativa alguna autoridad cuyas funciones se encuentren relacionadas de manera directa con la materia familiar, en cuyo caso, el requisito resulta razonable; sin embargo, las normas excluyen de manera general a los cargos de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, candidatos independientes y titulares de las dependencias o entidades que integran la administración pública de ese Estado.

g) Refiere que la medida legislativa debe analizarse a través de un examen de escrutinio ordinario de proporcionalidad, esto para concluir si cumple con una finalidad constitucionalmente válida dado que como lo manifiesta el legislador en su exposición de motivos, el propósito es que las personas que accedan a esos puestos públicos sean rectos, probos y honorables; sin embargo, aduce, no existe una relación evidente entre la exigencia reclamada y el fin perseguido, toda vez que no hay una base objetiva para determinar que una persona que cumple con sus obligaciones alimentarias ejercerá sus funciones con rectitud, probidad y honorabilidad; por tanto, expone que si la medida no supera ese paso del examen, resulta innecesario analizar la proporcionalidad de la misma.

h) En el segundo concepto de invalidez se controvierte el artículo 16, párrafo segundo, en la porción normativa "y VIII", de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

i) Aduce que dicha norma establece que las personas comisionadas que integren el Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, V, VI, VII y VIII del artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; sin embargo, ese numeral solamente contiene siete fracciones, es decir, no existe la fracción VIII a la que alude el precepto impugnado.

j) Considera que el precepto es violatorio de los principios de seguridad jurídica y legalidad protegidos en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que los órganos legislativos deben observar que las personas a las que van dirigidas las normas tengan plena certeza de su contenido, las cuales deben ser claras, precisas y exactas, a fin de evitar su aplicación arbitraria.

k) Por tanto, considera que debe declararse la invalidez de la porción normativa "y VIII" del artículo 16, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

4. Trámite y admisión. Por acuerdo de ocho de julio de dos mil veintidós, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 98/2022 y, por razón de turno, designó al Ministro Alberto Pérez Dayán como instructor.

5. Por diverso auto de catorce de julio de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad, tuvo por presentada a la promovente con la personalidad que ostentó y por designados a los delegados y autorizados que señaló. Además, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán para que rindieran su informe, y los requirió para que el primero de ellos enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada y, el segundo, exhibiera un ejemplar del Diario Oficial de la entidad en el que constara la publicación del decreto controvertido.

6. Asimismo, solicitó la opinión del presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a la impugnación del artículo 55 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán.

7. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento correspondiente, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, en su caso, manifestara lo que a su representación correspondiera.

8. Informes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán. Mediante auto de tres de agosto de dos mil veintidós el Ministro instructor tuvo por recibidos los informes remitidos por la diputada presidenta de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Yucatán y por el consejero jurídico de Gobierno de dicha entidad, a los cuales anexaron las copias certificadas de las documentales que les fueron solicitadas.

9. El Poder Legislativo Local en su informe señaló que los preceptos combatidos son constitucionales porque el requisito impugnado se estableció a fin de impedir que las personas que sean deudores alimentarios morosos se registren a una candidatura de elección popular, o ingresen al servicio público en cualquiera de los órdenes y niveles de gobierno local, porque quienes no cumplen con sus obligaciones alimentarias, no tienen las cualidades que se requieren para representar los intereses de los ciudadanos yucatecos, con lo cual se busca garantizar la idoneidad de quienes aspiran a ocupar cargos públicos, toda vez que no se trata de un privilegio de la clase gobernante, por el contrario, el servicio público implica dar un trato digno, respetuoso, sensible y cuidadoso a la ciudadanía, por tanto, sus integrantes deben apegarse a la ética y la moral.

10. Resultaría desproporcional permitir que un ciudadano que no cumple con las normas constitucionales y legales esté al frente de la administración de recursos y ejecución de programas, toda vez que precisamente son las autoridades del Estado en su ámbito de competencia, quienes, entre otras funciones, deben garantizar a los ciudadanos el pleno ejercicio de los principios de dignidad humana y el interés superior de la niñez; por tanto, resulta claro que el incumplimiento de sus deberes alimentarios incide en la capacidad y aptitud del aspirante a un cargo público.

11. El Poder Ejecutivo Local manifestó que las normas impugnadas no son violatorias de los derechos de igualdad, no discriminación y libertad de trabajo, porque establecen una previsión legal sobre los requisitos necesarios para ocupar ciertos cargos que tienen una especial proyección en la sociedad de relevancia, por lo que los aspirantes se exponen voluntariamente al escrutinio.

12. El Congreso del Estado de Yucatán tiene libertad de configuración para emitir las normas impugnadas, y su emisión supera el examen de escrutinio ordinario de proporcionalidad, dado que la medida persigue un fin constitucionalmente válido, es idónea y proporcional.

13. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En auto de veintiséis de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en la cual señaló que el artículo 55, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán es inconstitucional porque resulta violatorio de los derechos de igualdad, no discriminación y al voto pasivo, toda vez que exige a las personas que pretendan registrarse como candidatos independientes, que no sean deudores alimentarios, lo que se traduce en un trato diferenciado, injustificado e irracional respecto de aquellas personas que se postulen a través de los partidos políticos.

14. Amicus Curiae. Por autos de veintitrés de agosto, cuatro y cinco de octubre, así como tres de noviembre de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidos escritos de amicus curiae.

15. Ausencia de pedimento de la Fiscalía General de la República y de opinión de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. El fiscal general de la República no formuló pedimento en el presente asunto. Además, el consejero jurídico del Gobierno Federal no realizó manifestación alguna.

16. Alegatos. Mediante acuerdos de dieciséis y veintidós de agosto de dos mil veintidós, el Ministro instructor tuvo por recibidos los alegatos formulados por la delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la delegada del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán.

17. Cierre de la instrucción. En proveído de uno de septiembre de dos mil veintidós, el Ministro instructor ordenó cerrar la instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

18. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre una norma local y la Constitución Federal.

19. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández.

II. OPORTUNIDAD

20. A continuación, se explica que la demanda fue presentada dentro del plazo legal.

21. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales, cuyo cómputo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó el ordenamiento impugnado; y si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

22. El "Decreto 504/2022 por el que se modifican la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, el Código de la Administración Pública de Yucatán, y la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán, en materia de violencia de género y deudores alimentarios", fue publicado en el Diario Oficial de esa entidad federativa el siete de junio de dos mil veintidós; por lo tanto, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del ocho de junio al ocho de julio de dos mil veintidós.

23. En consecuencia, si el escrito que contiene la acción de inconstitucionalidad se depositó en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el siete de julio de dos mil veintidós, es evidente que su promoción resulta oportuna.

24. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández.

III. LEGITIMACIÓN

25. La acción fue promovida por parte legitimada.

26. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal,(2) establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales o locales, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.

27. Asimismo, en términos del artículo 11 de la ley reglamentaria,(3) aplicable en materia de acciones de inconstitucionalidad conforme a lo previsto en el diverso precepto 59 del mismo ordenamiento,(4) dicho órgano debe comparecer por conducto de los funcionarios facultados legalmente para representarlo y, en todo caso, se debe presumir que quien comparece goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

28. Ahora, en el presente asunto se surten tales supuestos, pues la demanda fue suscrita por María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien cuenta con facultades de representación del organismo en términos de los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(5) y 18 de su reglamento interno.(6) Además, la funcionaria acreditó su personalidad con copia certificada del acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la República, de doce de noviembre de dos mil diecinueve, por medio del cual se le designó como presidenta de dicha Comisión por el periodo que comprende del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.

29. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

30. En este punto se debe tomar en consideración el argumento hecho valer por el Congreso demandado en su informe, en el sentido de que resulta innecesario el estudio de validez del artículo 16, párrafo segundo, en la porción normativa "y VIII" de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, dado que el veintiuno de julio de dos mil veintidós se aprobó el decreto por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de violencia de género y deudores alimentarios, y se agregó la fracción VIII al numeral 65.

31. Si bien, la autoridad demandada no señala expresamente que lo anterior actualiza una causa de improcedencia, su manifestación alude al supuesto previsto en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria;(7) por lo que este Tribunal Pleno procede a su análisis.

32. El precepto reclamado se reproduce a continuación:

"Artículo 16. Integración del pleno.

"El pleno es la máxima autoridad del instituto y se integrará por tres comisionados, quienes serán designados por el Congreso durarán en sus cargos siete años y no podrán ser reelectos.

"Los comisionados deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, V, VI, VII y VIII del artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Yucatán.

"Los comisionados sólo podrán ser removidos de sus cargos en los términos de lo dispuesto por el título décimo de la Constitución Política del Estado de Yucatán y podrán ser sujetos de juicio político."

33. En efecto, la Comisión accionante reclama la invalidez del artículo 16, párrafo segundo, en la porción normativa "y VIII", de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, por considerar que es violatorio de los principios de seguridad jurídica y legalidad protegidos en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal; toda vez que dicha norma establece que las personas comisionadas que integren el Pleno del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, V, VI, VII y VIII del artículo 65 de la Constitución de esa entidad federativa, sin embargo, ese numeral solamente contiene siete fracciones, es decir, no existe la fracción VIII a la que alude el precepto impugnado.

34. Sin embargo, el Congreso del Estado de Yucatán mediante Decreto 543/2022, publicado en el Diario Oficial de esa entidad el doce de agosto de dos mil veintidós, reformó el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y se agregó la fracción VIII. 35. Ese precepto en su anterior redacción y en la vigente se reproduce a continuación:

Ver precepto

36. Si bien la norma impugnada en esta acción es el artículo 16, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, y no el diverso 65 de la Constitución Local, también lo es que la porción normativa combatida remite a la fracción VIII de ese precepto constitucional y, el motivo de invalidez lo hace consistir en falta de certeza jurídica porque no existe dicha fracción; sin embargo, esta situación de omisión normativa cesó en sus efectos dado que en una reforma posterior se incluyó la misma.

37. Por tanto, la violación aludida a la norma ha dejado de surtir los efectos que motivaron su impugnación.

38. Al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria, con fundamento en la fracción II del diverso 20 de la propia ley,(8) lo procedente es sobreseer en la presente acción de inconstitucionalidad, respecto del artículo 16, párrafo segundo, en la porción normativa "y VIII", de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

39. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Zaldívar Lelo de Larrea, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández.

V. ESTUDIO DE FONDO

40. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la invalidez de los artículos 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; 55, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, y 26, fracción VII, del Código de la Administración Pública de Yucatán, por excluirse injustificadamente a las personas que tengan la calidad de deudora o deudor alimentario moroso, aun cuando no exista relación entre esa situación y el adecuado desempeño de las funciones al realizar su encargo, lo cual en su concepto es violatorio de los derechos de igualdad y no discriminación, de acceso a un cargo público, derecho a ser votado, así como a la libertad de trabajo.

41. Al respecto, se precisa que los preceptos impugnados, en la porción respectiva, prevén que para ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, candidatos independientes y titulares de las dependencias o entidades que integran la administración pública de esa entidad se requiere, entre otros requisitos, no ser deudora o deudor alimentario moroso; situación que la Comisión accionante estima inconstitucional, en virtud de que excluye a las personas que se encuentren en ese supuesto de manera injustificada, vulnerando los principios de igualdad, no discriminación, libertad de trabajo y derecho a ser votado.

42. Para determinar la constitucionalidad se observarán las consideraciones contenidas en las acciones de inconstitucionalidad 126/2021 y 137/2021,(9) en las cuales se declaró la validez de los artículos 31, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo y 20, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, respectivamente, en los cuales se establece el requisito de no ser deudor alimentario moroso para ser comisionado del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales, así como titular de alguna de las dependencias y entidades de ese Estado.

43. VI.1 Parámetro de regularidad constitucional

44. Para poder determinar cuál es la metodología adecuada al estudiar las normas impugnadas, este Tribunal Pleno estima importante destacar que el requisito en estudio se encuentra relacionado con la colisión de derechos humanos, a saber, la libertad de trabajo y a ser votado como candidato independiente, frente al derecho a recibir alimentos.

45. Lo anterior, ya que, como se precisó, el requisito impugnado se relaciona con una condición que deben reunir las personas que deseen ocupar los cargos de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, candidatos independientes y titulares de las dependencias o entidades que integran la administración pública de esa entidad, consistente en no ser deudores alimentarios morosos.

46. Para abordar el estudio de la cuestión constitucional planteada se hará referencia, en primer lugar, al marco general referente a la libertad de trabajo para acceder a un cargo público en igualdad de condiciones. Después, se realizará una breve referencia a los elementos esenciales del derecho fundamental de alimentos; finalmente, a la luz de lo expuesto, se procederá al análisis de constitucionalidad de las normas impugnadas en el caso concreto.

47. A) Marco general y metodología en relación con el derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad

48. El artículo 35, fracciones II y VI, de la Constitución Federal reconoce como derechos de la ciudadanía el poder ser votado y nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley.(10)

49. En el mismo sentido, los diversos 23.1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen el derecho de todos los ciudadanos de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.(11)

50. Fuera de las condiciones previstas en forma expresa en la Constitución Federal para determinados empleos y comisiones, las cuales no son disponibles para las entidades federativas, los Congresos Federal y Locales cuentan con una amplia libertad de configuración para regular los requisitos de acceso a cargos públicos.(12) Esta libertad de configuración se confirma con una interpretación literal de los artículos 35, fracciones II y VI, de la Constitución Federal y 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El primero condiciona el acceso a cargos públicos a que los aspirantes tengan las calidades que establezca la ley. El segundo prevé que la ley podrá reglamentar el ejercicio del derecho al acceso a cargos públicos, aunque especifica que únicamente puede hacerlo por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o, condena por Juez competente en materia penal.

51. Este Tribunal Pleno ha considerado que esta libertad configurativa no es irrestricta o ilimitada. En primer lugar, la libertad configurativa está limitada por el mandato de que los requisitos que se establezcan no vulneren, por sí mismos, algún derecho humano u otro principio constitucional.(13) Entre estos derechos, resulta de especial relevancia el derecho a la igualdad y no discriminación, al cual hacen referencia expresa los artículos 23.1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25, inciso c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al prever que el acceso a cargos públicos debe darse en condiciones generales de igualdad.

52. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad. Tiene como consecuencia que todo tratamiento discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución sea incompatible con ésta. Sin embargo, no toda diferencia de trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria. Un tratamiento es discriminatorio y, por tanto, inconstitucional, cuando establece una diferenciación arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. En cambio, un tratamiento constituye una distinción, permitida por el derecho a la igualdad, cuando hace una diferenciación con base en elementos razonables y objetivos.(14)

53. En relación con lo anterior, el derecho a la igualdad no se limita a tener una dimensión formal o de derecho que exige que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación, sino que además tiene una dimensión sustantiva o de hecho que tiene como objetivo remover o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad.(15)

54. Así, la regulación del acceso a cargos públicos no debe únicamente respetar la igualdad en su dimensión formal. No puede limitarse a abstenerse de restringir el acceso de personas que se encuentran en las mismas condiciones. Adicionalmente, debe satisfacer la dimensión material de este derecho, de manera que las personas tengan la oportunidad efectiva de acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad.(16)

55. En todo caso, retomando lo expuesto, para que una restricción al acceso efectivo a los cargos públicos sea compatible con el derecho a la igualdad y no se considere discriminatoria, debe basarse en elementos objetivos y razonables.

56. En segundo lugar, el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal establece que lo que la ley puede exigir como requisito para el acceso a cargos públicos es que la ciudadanía que aspire a desempeñar el cargo cuente con ciertas calidades. Esta noción ha sido analizada en varios precedentes, entre los cuales destacan la controversia constitucional 38/2003(17) y la acción de inconstitucionalidad 28/2006 y sus acumuladas 29/2006 y 30/2006.(18) Las consideraciones de estos asuntos fueron retomadas recientemente en las acciones de inconstitucionalidad 111/2019(19) y 125/2019.(20)

57. En los cuales se precisó que las calidades son propiedades o caracterís

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31871-b7916baa/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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