INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. EL ELEMENTO "DEBER DE PROPORCIONAR LOS ALIMENTOS" QUE SE REQUIERE PARA CONFIGURAR ESTE DELITO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 220 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, TRATÁNDOSE DE HIJOS MAYORES DE EDAD QUE CONTINÚAN ESTUDIANDO, DERIVA DE LA LEY CIVIL Y NO DE UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GABRIEL ALFONSO AYALA QUIÑONES, PABLO JESÚS HERNÁNDEZ MORENO Y PAULINO LÓPEZ MILLÁN. PONENTE: PAULINO LÓPEZ MILLÁN. SECRETARIA: BEATRIZ ALEJANDRA OJEDA PÉREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia.
Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre un Tribunal Colegiado de este Circuito y un Tribunal Colegiado Auxiliar que apoyó a aquél, debido a que se considera que éste pertenece al Circuito del Tribunal Colegiado Auxiliado.
En apoyo a lo anterior, se cita el criterio 2a./J. 3/2015 (10a.), emitido por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de título y subtítulo siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos Circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho Circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo Circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el Circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un Circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."(4)
SEGUNDO.-Legitimación del denunciante.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por el Magistrado Rafael Quiroz Soria, integrante del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, quien, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, está legitimado para plantear la posible contradicción de criterios.
TERCERO.-Posturas contendientes.
1. Resolución del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el amparo directo penal 8/2017 (cuaderno auxiliar 152/2017), dictado en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en Mérida, Yucatán.
a) Antecedentes
1. El once de mayo de dos mil once, ********** presentó querella ante el agente del Ministerio Público investigador, con sede en Motul, Yucatán, contra **********, por incumplir con su obligación de proporcionar de manera semanal la cantidad de $********** (**********), por concepto de la manutención de sus hijas **********, ambas de apellidos **********, a pesar de existir un convenio celebrado ante el Juez de Paz de Dzidzantún; asimismo, sostuvo que la última vez que su cónyuge le proporcionó esa cantidad de dinero fue en el mes de diciembre de dos mil diez, y que cuando acudía a verlo, éste le manifestaba que ********** ya era mayor de edad, pero que esa situación no se le hacía justa, en razón de que la antes nombrada se encontraba cursando una carrera comercial, mientras que su restante hija menor estudiaba en el segundo semestre de bachillerato.
2. Practicadas las investigaciones correspondientes y rendida la declaración ministerial del acusado, el veintisiete de noviembre de dos mil doce, la representación social consignó las diligencias de averiguación previa al Juez Penal en turno, del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, contra **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 220, en relación con el diverso 221, párrafo segundo, ambos del Código Penal del Estado de Yucatán, en agravio de sus hijas ********** y **********, ambas de apellidos **********.
3. El ocho de enero de dos mil trece, el Juez Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán libró orden de aprehensión en los términos solicitados por la representación social, dentro de la causa penal **********, contra ********** (fojas 48 a 58 del citado proceso).
4. Una vez ejecutado el citado mandato de captura, el once de febrero de dos mil trece, ********** rindió su declaración preparatoria, y el trece de febrero de dos mil trece, el Juez del conocimiento decretó auto de formal prisión en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 220 del Código Penal del Estado de Yucatán, en agravio de sus hijas (fojas 63 a 77 del citado proceso penal).
5. Seguida la secuela legal, el veintiséis de agosto de dos mil quince, el Juez natural dictó sentencia contra ********** y lo estimó penalmente responsable por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, cometido en agravio de sus hijas.
6. En contra de dicho fallo, tanto el enjuiciado como el representante social interpusieron sendos recursos de apelación, de los cuales correspondió conocer a los Magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado, quienes, al resolver el toca **********, por mayoría de votos, modificaron la sentencia atacada, para el único efecto de precisar que no procedía sustituir los días de multa impuestos por una doble pena privativa de libertad, debido a que la decisión del juzgador primario se contraponía a las reformas que en materia de seguridad y justicia se realizaron en el país, aunado a que la sustitución de la multa por el doble de prisión, conllevaba involuntariamente un castigo a cierta condición socioeconómica que no conducía a una finalidad positiva y eficaz (fojas 48 a 64 del referido toca de apelación).
7. Inconforme con la anterior resolución, el sentenciado promovió juicio de amparo directo, que fue radicado con el número **********, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en Mérida, Yucatán, y resuelto en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de aquel órgano jurisdiccional (cuaderno auxiliar **********), en el sentido de conceder la protección constitucional para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia reclamada y se emitiera una nueva, en la que se reiterara lo relativo a la acreditación del delito imputado al quejoso y su plena responsabilidad en su comisión, así como todos los aspectos intocados en la ejecutoria, y condenando al reo al pago de la reparación del daño, pero sin determinar una cantidad específica, precisando que el quantum correspondiente se fijaría en la etapa de ejecución de sentencia, mediante el incidente respectivo.
b) Consideraciones del Tribunal Colegiado
En el amparo directo ********** (cuaderno auxiliar **********), fallado en sesión de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, en torno al tema del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, en lo que aquí interesa, se sostuvo lo siguiente:
"SÉPTIMO.-Estudio. Son infundados los conceptos de violación que formula el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.
"Se reitera que constituye materia de reclamo en este juicio de control de constitucionalidad, la sentencia de segunda instancia emitida por la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la que modificó la condenatoria emitida por el Juez Sexto Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, y declaró al aquí quejoso penalmente responsable de la comisión del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, previsto en el artículo 220 del Código Penal del Estado de Yucatán, que dispone:
"‘Artículo 220. A quien sin motivo justificado dejare de cumplir el deber de asistencia respecto de sus ascendientes, hijos o cónyuge sin ministrarles los recursos necesarios para atender a su subsistencia, se le aplicará sanción de uno a cuatro años de prisión y de veinte a doscientos días-multa, privación de los derechos de familia y pago como reparación del daño, de las cantidades no ministradas oportunamente por el acusado, desde la fecha en que dejó de cumplir el deber de proporcionar los alimentos, hasta la sentencia condenatoria. Quedan comprendidos en esta disposición como sujetos pasivos el concubinario y la concubina. Cuando el inculpado incurriese nuevamente en el mismo delito, la prisión será de tres a seis años.’
"Del citado precepto se advierte que los elementos del sector material del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, son:
"a) Que el activo deje de cumplir con su obligación de asistencia;
"b) Carezca de motivo justificado para ello; y,
"c) En virtud de esa conducta los acreedores queden sin los recursos necesarios para atender sus necesidades de subsistencia.
"En relación con el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 89/99, examinó el artículo 347 del Código de Defensa Social, que guarda similitud con el diverso 220 de la ley sustantiva penal de Yucatán, y determinó que los acreedores alimentarios no están obligados a promover previamente un juicio de alimentos en la vía civil o familiar, donde se demuestre que el deudor alimentario dejó de cumplir con esa obligación, pues lo que se sanciona por la norma es el riesgo o peligro en que se deja a una o más personas, sin posibilidad de sobrevivir por sí solos.
"Dicho criterio se cristalizó en la jurisprudencia 51/2001, consultable en la página 13, Tomo XIV, septiembre de 2001, materia penal, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico: 188901, de rubro y texto:
"‘ABANDONO DE PERSONAS. LA DEMOSTRACIÓN DE QUE PREVIAMENTE A LA QUERELLA SE EJERCIÓ LA ACCIÓN CIVIL DE PAGO DE ALIMENTOS NO CONSTITUYE UN ELEMENTO DEL TIPO PENAL DE DICHO DELITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-De una recta interpretación de lo dispuesto en el artículo 347 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla que establece el tipo penal de abandono de personas, se infiere que es un delito de los llamados de peligro y no de resultado, por lo que basta con que se den los elementos objetivos y normativos que configuran la hipótesis, para que se surta su tipificación, a saber: 1) Que el agente activo abandone y deje de cumplir su obligación de asistencia, para con sus hijos menores o su cónyuge; 2) Que carezca de motivo justificado para ello; y, 3) Que en virtud de esa conducta los acreedores queden sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia. De lo anterior se sigue que los acreedores alimentarios no están obligados a promover previamente un juicio de alimentos en la vía civil o familiar, donde se demuestre que el deudor alimentario dejó de cumplir con esa obligación, pues lo que se sanciona por la norma es el riesgo o peligro en que se deja a una o más personas, sin posibilidad de sobrevivir por sí solos.’
"Posteriormente, la propia Primera Sala del Alto Tribunal, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 46/2010, de rubro: ‘ABANDONO DE PERSONAS. PARA LA CONFIGURACIÓN DE ESE DELITO BASTA CON QUE QUIEN TIENE EL DEBER DERIVADO DE UNA DETERMINACIÓN O SANCIÓN JUDICIAL DE PROPORCIONAR A OTRO LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA DEJE DE HACERLO SIN CAUSA JUSTIFICADA (LEGISLACIÓN PENAL DE LOS ESTADOS DE GUANAJUATO, CHIAPAS Y PUEBLA).’, determinó que:
"a) Para la actualización de la figura delictiva de abandono de personas, basta el abandono u omisión injustificados del activo de proveer de recursos a quien debe hacerlo, poniéndolo en una situación de no seguir subsistiendo de acuerdo con su situación socioeconómica;
"b) Si bien es verdad que los pasivos del delito deben carecer de los recursos necesarios para atender sus necesidades de subsistencia -entendida ésta dentro del concepto jurídico de alimentos-, ello no tiene que acreditarse para que se actualice el tipo penal, en tanto que tal situación se presume cuando un Juez civil ha determinado, aprobado o sancionado ya la obligación alimentaria, por considerar que resultaba necesaria para garantizar la subsistencia de alguien en particular, atendiendo a su situación y al entorno económico y social de acreedor y deudor;
"c) Para que se configure el tipo penal de abandono de personas, es suficiente que el obligado incumpla, sin causa justificada, su deber de ministrar a otro alimentos, siempre y cuando ese deber derive de un mandato judicial, sin que sea preciso que el acreedor se encuentre en situación de desamparo absoluto y real, y la actualización del ilícito se explica porque el abandono del deber lo coloca en una situación en la que peligra su subsistencia, entendida en su concepto alimentario, que es la que pretendió garantizarse con ese mandato;
"d) En esa medida se actualiza el tipo penal de que se trata y, consecuentemente, la responsabilidad del que debiendo prestar los medios de subsistencia a quien los debe, por encontrarse en situación de necesidad, injustificadamente no lo hizo; y,
"e) Cuando una autoridad judicial determinó que es cierta persona y no a alguien más, a quien corresponde garantizar la subsistencia de sus acreedores, si aquélla no ministró los recursos que estaba obligado a proveer, incurre en delito, independientemente de que estos últimos hayan aliviado su situación por medios distintos, toda vez que aquélla era la indicada, por imperativo de la ley y por disposición judicial, a satisfacer esas necesidades.
"Luego, reiterando el criterio sostenido en dicha ejecutoria, la citada Primera Sala del Máximo Tribunal de nuestro país determinó que para la configuración del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, basta con que quien tiene el deber derivado de una determinación, mandato, sanción o convenio judicial, de proporcionar a otro los medios de subsistencia, deje de hacerlo sin causa justificada, pues al tratarse de un delito de peligro no es preciso que los acreedores se encuentren en situación de desamparo absoluto real, surgido de la ausencia de recursos que permitan su subsistencia, la cual se presume ante la disposición de un Juez Civil, que previamente constató las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor.
"Lo anterior se advierte de la jurisprudencia 49/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 753, Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título y texto siguientes:
"‘INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO, BASTA CON QUE LA PERSONA QUE TIENE EL DEBER DE PROPORCIONAR A OTRO LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA, DERIVADO DE UNA SENTENCIA O CONVENIO JUDICIAL, DEJE DE HACERLO SIN CAUSA JUSTIFICADA (LEGISLACIÓN PENAL DE MICHOACÁN, QUERÉTARO Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS). Para que se actualice el tipo penal de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, incumplimiento de deberes alimentarios o abandono de personas, se requiere que: 1) el activo abandone y deje de cumplir su obligación de asistencia; 2) carezca de motivo justificado para ello, y 3) en virtud de esa conducta, los acreedores queden sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, entendida ésta desde el punto de vista del derecho alimentario. En ese sentido, es indudable que para la configuración del tipo penal basta con que quien tiene el deber derivado de una determinación, mandato, sanción o convenio judicial, de proporcionar a otro los medios de subsistencia, deje de hacerlo sin causa justificada. Ello es así, porque al tratarse de un delito de peligro no es preciso que los acreedores se encuentren en situación de desamparo absoluto real, surgido de la ausencia de recursos que permitan su subsistencia, la cual en su concepción jurídica, se presume ante la disposición de un Juez civil, que previamente constató las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, razón por la que la obligación a su cargo no puede desplazarse a otra persona en tanto que una autoridad judicial determinó que es a él y no a alguien más a quien corresponde garantizar la subsistencia de sus acreedores, lo que responde a un espíritu tutelar para la institución de la familia, pues elevando el incumplimiento a la categoría de ilícito penal se pretende castigar el abandono de quien debiendo amparar a los miembros de la familia que lo necesitan, los abandona sin justo motivo." (Énfasis añadido)
"Cabe señalar que si bien es cierto que en las jurisprudencias 46/2010 y 49/2015, la Primera Sala del Alto Tribunal resaltó la existencia de resoluciones judiciales (como la sentencia o un convenio judicial), ello no significa que para la configuración del antisocial que se examina se requiera forzosamente que el sujeto pasivo haya acudido a las autoridades civiles o familiares a requerir del activo el cumplimiento del deber de dar alimentos, pues éste no nace de lo declarado por la autoridad judicial, sino que emana de la propia ley, aunado a que el tipo contemplado en el artículo 220 del Código Penal para el Estado de Yucatán no exige tal circunstancia.
"Además, de la lectura de las ejecutorias de las que dichas jurisprudencias emanaron, se obtiene que el Alto Tribunal examinó amparos directos promovidos contra sentencias emitidas por autoridades responsables en las que se involucraban resoluciones judiciales que decretaron la fijación de alimentos; asimismo, se aprecia que en la contradicción de tesis 126/2008-PS, de la que emanó la jurisprudencia 49/2015, el punto a dilucidar se circunscribió a dirimir si el hecho de que las partes convinieran las obligaciones alimentarias con anterioridad (convenio aprobado por autoridad judicial), impedía la tipificación del delito en comento.
"Lo que precede se corrobora, porque en la correspondiente ejecutoria, la Primera Sala sostuvo:
"‘De lo anterior se observa que, mientras que para el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, siempre es suficiente el cese del cumplimiento de la obligación alimentaria para la configuración del delito de abandono de personas, para el Tercer Tribunal Colegiado la existencia de un convenio civil siempre impediría la tipificación del delito en cuestión.
"‘Así, los primeros dos plantean una regla general sin contemplar en ella excepción alguna, mientras que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito encuentra que si las partes convinieron las obligaciones alimentarias con anterioridad, resultaría imposible acreditar el delito de abandono de personas, pues ni siquiera sería procedente la vía penal para exigir el cumplimiento.’ (Énfasis añadido)
"Así las cosas, para que se configuren los elementos del cuerpo del delito en comento, se requiere que el activo deje de cumplir con su obligación de asistencia, pero no es necesario que exista mandamiento o aprobación judicial, ni que el activo incurra en omisión total de lo que se encuentra obligado a hacer, así como tampoco es indispensable probar que el acreedor se encuentra en situación de desamparo absoluto y real, ya que la actualización del ilícito se explica, porque el abandono del deber lo coloca en una situación en la que peligra la subsistencia de la parte acreedora, entendida desde el punto de vista alimentario; en la inteligencia de que en los casos en los que exista declaración judicial, la materialidad del sector corpóreo debe analizarse atendiendo a ella.
"...
"Sentado lo anterior, resulta infundado el concepto de violación que formula el quejoso, en el sentido de que para que se materialice el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, tratándose de hijos mayores de edad que continúen estudiando, es necesario acreditar la existencia de una determinación dictada en sede judicial familiar en la que se indique que el sujeto activo tiene el deber de proporcionarles los medios de subsistencia.
"Se afirma lo anterior, porque:
"a) Por un lado, el legislador no estableció ese requisito como elemento del delito, ni lo exigió como regla específica de comprobación de éste; y,
"b) Por otro, la actualización de dicho antisocial se explica porque el abandono del deber coloca al acreedor en una situación en la que peligra su subsistencia, entendida en su concepto alimentario, que es la que pretendió garantizarse con ese mandato, en la inteligencia de que el aludido rubro de alimentos comprende también proporcionar los medios para que los acreedores aprendan algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales; de ahí que la obligación deriva de la norma y no de una declaración judicial.
"En efecto, mientras la descripción abstracta de un hecho típico esté en el Código Penal, es éste el que fija qué elementos se necesitan para su configuración y la legislación procesal en esa materia es la que determina la forma de probar los acontecimientos correspondientes; así, a menos de que el creador de la norma señale específicamente en el código sustantivo esa exigencia o que en el código procesal precise los elementos de convicción que cada delito requiera para demostrar que se actualizó (como en el caso de las lesiones y el homicidio), debe entenderse que procede aplicar la regla general consistente en que los elementos de los delitos pueden demostrarse, a través de todos los medios de prueba reconocidos por la ley, sin exigir probanzas específicas no requeridas por el legislador.
"Sobre esa base, se destaca que de la lectura del artículo 220 de la ley sustantiva penal de la entidad, no se advierte como elemento para configurar el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, la existencia de un mandamiento judicial, ni de la lectura integral del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán,(5) que se aplicó en el asunto del que emana el acto reclamado, se aprecia que el emisor de la norma haya exigido para comprobar la materialidad de dicho antisocial, la existencia de una resolución dictada por una autoridad judicial familiar, en la que se precisara que el agente tenía la obligación de proporcionar a determinadas personas los medios de subsistencia; de ahí que la exigencia no encuentra sustento expreso en la norma aplicable.
"De igual forma, y tomando en cuenta que la configuración del delito en cita encuentra su génesis en que el abandono del deber coloca al acreedor en una situación en la que peligra su subsistencia, y que ésta debe entenderse en su concepto alimentario, conforme lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 46/2010 y 49/2015, debe acudirse a la codificación sustantiva correspondiente, por ser la que regula qué comprenden los alimentos y quiénes figuran como sujetos de la relación alimenticia.
"Así, dado que los hechos imputados al quejoso radican en que desde el mes de enero de dos mil once incumplió con el deber de asistencia que tenía respecto de sus dos hijas, es claro que debe acudirse a las disposiciones vigentes en esa fecha, esto es, al Código Civil del Estado de Yucatán, cuyos artículos 227 y 232 (actualmente derogados) prevén:
"‘Artículo 227. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado.’
"‘Artículo 232. Los alimentos comprenden:
"‘I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto, así como también las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento y en su caso, los gastos de funerales;
"‘II. Respecto de niñas, niños y adolescentes los alimentos comprenden además los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria y secundaria del acreedor o la acreedora alimentista, y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales;
"‘III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declaradas en estado de interdicción, los alimentos comprenden todo lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo, y
"‘IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, los gastos necesarios para su atención geriátrica.
"‘Los acreedores y acreedoras alimentarios tendrán derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga dicha obligación, respecto de otra calidad de acreedores.’
"De lo anterior, se obtiene que los progenitores están obligados a dar alimentos a sus vástagos, y que el concepto de ‘alimentos’ no se ciñe exclusivamente a su sentido literal, esto es, a la comida, sino que abarca múltiples rubros, como son el vestido, la habitación, la atención médica y la educación.
"Es cierto que la fracción II del mencionado dispositivo 232 prevé que ‘respecto de niñas, niños y adolescentes los alimentos comprenden además los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria y secundaria del acreedor o la acreedora alimentista, y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales’, de lo que prima facie pudiera llevar a excluir del beneficio que comprenden los estudios a los hijos mayores de dieciocho años; sin embargo, esa disposición no debe interpretarse en términos restrictivos, sino amplios en favor de todos los vástagos, incluso, de los que alcancen ese parámetro, en razón de que, incluso, el artículo 207 del aludido código establece esa circunstancia, al disponer:
"‘Artículo 207. Los consortes divorciados tendrán en todo caso obligación de contribuir, en los términos del artículo 84 de este código, a la subsistencia y educación de las hijas y los hijos hasta que lleguen a la mayor edad o aunque sean mayores de edad, siempre que estudien una carrera técnica o profesional y que vivan honestamente. En caso de que las hijas o hijos mayores de dieciocho años de edad tengan alguna discapacidad, subsistirá también la obligación respectiva, en los términos del artículo 325 de este código.’ (Énfasis añadido)
"...
"No se soslaya el contenido de los artículos 16, 17, 18, 523 y 524 de la ley sustantiva civil de la entidad, que prevén: [se transcriben]
"Tales preceptos versan sobre la personalidad jurídica (la cual se adquiere por el nacimiento y se extingue por la muerte), y precisan que la mayoría de edad inicia a los dieciocho años, y que a partir de ahí, las personas físicas adquieren capacidad jurídica plena para disponer libremente de su persona y de sus bienes.
"No obstante, esa capacidad de ejercicio no priva a quien adquiere la mayoría de edad del derecho de seguir gozando del concepto de alimentos, pues el mismo emana de las propias normas civiles citadas en páginas anteriores, que adminiculadas entre sí, ponen de relieve que los progenitores tienen la obligación de ministrar alimentos a sus hijos, y que ese deber abarca el rubro de educación que no se agota con la básica obligatoria, sino que puede extenderse a pr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27478-a4ebeac5/incumplimiento-de-obligaciones-de-asistencia-familiar-el-elemento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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