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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PODER EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA NORMAS DE CARÁCTER GENERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL TITULAR DE ESE PODER (ARTÍCULO ÚNICO DEL ACUERDO PRESIDENCIAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL NUEVE DE ENERO DE DOS MIL UNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVO A QUE EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEÓ QUÉ PRECEPTOS CONSTITUCIONALES FUERON VULNERADOS, EN TANTO QUE EL PODER EJECUTIVO FEDERAL SÍ PLANTEÓ PRESUNTAS VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 168 TER, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE (ARTÍCULO 168 TER, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA). V. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. SUPONE EL DEBER DE TODA AUTORIDAD DE CONSIDERAR EL DESARROLLO DE LA INFANCIA Y EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS EN LA ELABORACIÓN DE NORMAS Y SU APLICACIÓN. VI. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. IMPLICA LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE ASEGURAR QUE EN TODOS LOS ASUNTOS, MEDIDAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE INVOLUCREN A LA NIÑEZ, SIEMPRE SE CONSIDERE COMO PRINCIPIO RECTOR, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE DISFRUTEN Y GOCEN DE TODOS SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. VII. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. VIII. ALIENACIÓN PARENTAL. REFERENCIAS TEÓRICAS SIGNIFICATIVAS PARA EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD RESPECTIVO. IX. DERECHO DE LA NIÑEZ A SER PROTEGIDA CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA. LA PREMISA FUNDAMENTAL DE SU PROHIBICIÓN ES QUE CUALQUIER ACTO DE ESA NATURALEZA ATENTA CONTRA SU DIGNIDAD HUMANA. X. DERECHO DE LA NIÑEZ A LA AUTONOMÍA PROGRESIVA. CONSTITUYE EL PILAR AXIOLÓGICO QUE ESTRUCTURA LA REGULACIÓN ACTUAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y PARTE DEL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE SUJETO DE DERECHO A TODAS LAS PERSONAS MENORES DE EDAD. XI. DERECHO DE LA NIÑEZ A EXPRESAR LIBREMENTE SU OPINIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES O ADMINISTRATIVOS QUE AFECTAN SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA JURÍDICA. XII. DERECHO DE LA NIÑEZ A EXPRESAR LIBREMENTE SU OPINIÓN EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES O ADMINISTRATIVOS QUE LES AFECTAN Y A QUE ÉSTA SEA TOMADA EN CUENTA POR LA AUTORIDAD. SU RECONOCIMIENTO SE BASA EN LA PREMISA DE QUE AQUÉLLOS, EN FUNCIÓN DE SU EDAD Y MADUREZ, PUEDEN FORMARSE UN JUICIO PROPIO. XIII. DERECHO DE LA NIÑEZ A EXPRESAR LIBREMENTE SU OPINIÓN EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES O ADMINISTRATIVOS QUE AFECTAN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO. XIV. DERECHO DE LA NIÑEZ A VIVIR EN FAMILIA Y A MANTENER RELACIONES CON SUS PROGENITORES. SU CONTENIDO Y ALCANCES EN RELACIÓN CON LOS QUE ESTÁN EN SITUACIÓN DE DESAMPARO. XV. DERECHO DE LA NIÑEZ A VIVIR EN FAMILIA Y A MANTENER RELACIONES CON SUS PROGENITORES. PARTE DE LA CONSIDERACIÓN ESENCIAL DE QUE EL NÚCLEO FAMILIAR ES EL PRINCIPAL MEDIO DE CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD, ASÍ COMO EL ESPACIO FUNDAMENTAL PARA SU DESARROLLO INTEGRAL. XVI. DERECHO DE LA NIÑEZ A VIVIR EN FAMILIA Y A MANTENER RELACIONES CON SUS PROGENITORES. LA SEPARACIÓN DE UN MENOR DE EDAD DE SU FAMILIA SÓLO PUEDE OPERAR DE FORMA EXCEPCIONAL Y DEBE ATENDER EXCLUSIVAMENTE AL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉL. XVII. PATRIA POTESTAD. SU CONFIGURACIÓN COMO UNA INSTITUCIÓN ESTABLECIDA EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD CONFORME A SU INTERÉS SUPERIOR Y ATENTO A SU AUTONOMÍA PROGRESIVA COMO SUJETOS DE DERECHOS. XVIII. PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD PARENTAL. IMPLICA UN REPARTO EQUITATIVO DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE PADRES Y MADRES RESPECTO DE LA CRIANZA DE SUS HIJOS E HIJAS, TANTO EN EL PLANO DE CUIDADOS PERSONALES COMO EN EL PATRIMONIAL. XIX. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO EN EL MARCO DE LAS RELACIONES DE LA PATRIA POTESTAD. XX. INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO EN RELACIÓN CON LA GUARDA Y CUSTODIA Y EL RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS, SE ENCUENTRA ENCAMINADA A SALVAGUARDAR EL DERECHO DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD A LA CONVIVENCIA FAMILIAR EN CONTEXTOS DE CRISIS FAMILIAR. XXI. ALIENACIÓN PARENTAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA. SU REGULACIÓN SE JUSTIFICA EN LA OBLIGACIÓN QUE ASISTE AL ESTADO MEXICANO PARA LA PROTECCIÓN REFORZADA DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD (ARTÍCULO 168 TE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 74/2024. · Registro digital (IUS): 33614
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-09-12
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.981.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 74/2024. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 29 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: CLAUDIA LISSETTE MONTAÑO MENDOZA.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 74/2024, promovida por el Poder Ejecutivo Federal, en contra del párrafo cuarto del artículo 168 Ter del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, expedido mediante Decreto 325, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, el veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. PRIMERO. Presentación de la acción, autoridades emisoras y normas impugnadas. Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, por medio del Buzón Judicial, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, promovió acción de inconstitucionalidad en la que señaló como norma general impugnada y órganos emisores los siguientes:

• Norma general cuya invalidez se reclama:

- Artículo 168 Ter, párrafo cuarto,(1) del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, expedido mediante Decreto 325, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Tlaxcala, el veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro.

• Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:

- Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.

- Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.

2. SEGUNDO. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman vulnerados. El Poder Ejecutivo Federal consideró violados los artículos 1 y 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. TERCERO. Concepto de invalidez. Para sustentar la violación de los derechos antes referidos, el Poder Ejecutivo Federal aduce un, en esencia, lo siguiente:

- Refiere que el párrafo cuarto, del artículo 168 Ter, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, vulnera el principio del interés superior de la niñez, el derecho a la familia y al sano desarrollo, tutelados en los artículos 1 y 4, de la Constitución Federal, al prever la alineación parental como violencia familiar y que tal conducta implique la perdida de la patria potestad, pues con refiere que con esa medida se impide al Estado cumplir con la obligación de procurar el desarrollo del menor.

- Aduce que la norma impugnada al prever la separación de un menor de edad de su núcleo familiar al cual se encuentra habituado para su sano desarrollo limita el derecho a la familia, el cual debe ser excepcional y ponderado por un Juez en casos en los que el interés de la niñez pueda verse afectado por las conductas de sus padres o ascendientes.

- Asegura que la pérdida de la patria potestad como consecuencia de la conducta de alineación parental establecida como violencia familiar, vulnera los derechos del infante a vivir en familia y mantener relaciones afectivas con ambos progenitores, dado que no le permite al juzgador realizar una ponderación del interés superior del menor conforme a las circunstancias de cada caso concreto y de esta manera decidir si su aplicación es en beneficio del infante o que se puedan verificar otras medidas menos lesivas que implique la pérdida de la patria potestad.

- Luego de traer a colación lo determinado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2016, dijo que en el artículo impugnado no se consideró que en las conductas de alineación parental inciden diversos derechos de los menores de edad, y no únicamente el de no ser sujetos de violencia en el seno familiar, sino que también, a vivir en familia y en el contexto de separación de los menores con uno o ambos de ellos deben ser excepcionales y estar justificadas precisamente por el interés superior del menor. Así señala que, la norma impugnada no permite al juzgador considerar los derechos del menor a vivir en familia y mantener relaciones de convivencia con ambos padres.

- Insiste que la porción normativa impugnada resulta inconstitucional, pues no permite al juzgador realizar una ponderación del interés superior del menor conforme a las circunstancias del caso y de esta manera, decidir si la aplicación de la norma resultará en beneficio del menor involucrado o bien decretar alguna medida que se estime más adecuada para salvaguardar los derechos de la niñez, con la finalidad de satisfacer sus necesidades que permitan su desarrollo integral, ello en cumplimiento a lo que dispone el artículo 4 de la Constitución Federal.

- Así concluye que, la adición del párrafo cuarto al artículo 168 Ter del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, vulnera el principio del interés superior de la niñez, el derecho a la familia y al sano desarrollo, tutelados en los artículos 1 y 4, de la Constitución Federal; y, 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

4. CUARTO. Admisión y trámite. Mediante proveído de uno de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, bajo el número 74/2024; y, por razón de turno, designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que actuara como instructor en el procedimiento.

5. Por acuerdo de ocho de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Tlaxcala, para que rindieran sus respectivos informes y remitieran los documentos necesarios para la debida integración del expediente; a la Fiscalía General de la República para que hasta antes del cierre de instrucción, manifestara lo que a su representación correspondiera; por otra parte, se dijo que no era el caso dar vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, dado que el Poder Ejecutivo Federal tiene el carácter de promovente en este asunto.

6. QUINTO. Certificación. El veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, el Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, certificó que el plazo de quince días para rendir sus informes respectivos concedido a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Tlaxcala, transcurriría del veintidós de abril al trece de mayo de dos mil veinticuatro.

7. SEXTO. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. Mediante oficio depositado en la oficina de correos de Tlaxcala, del Servicio Postal Mexicano, el nueve de mayo de dos mil veinticuatro; y, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiuno siguiente, el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, por conducto del Consejero Jurídico, José Rufino Mendieta Cuapio, rindió el informe que le fue requerido, manifestando en esencia lo siguiente:

- Refiere que contrario a lo que señala el accionante, la norma impugnada no es violatoria de lo dispuesto por los artículos 4 de la Constitución Federal y 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque, en automático, no es causa de perdida de la patria potestad de quien la ejerza con motivo de la alineación parental que ocasione, pues depende de la valoración que el juzgador, como operador de la norma y perito en derecho, realice de los hechos facticos que consten en el expediente y lo motive al pronunciarse sobre esa sanción, observando en todo momento el interés superior del menor. De manera que, ante la autenticidad y no infracción del artículo impugnado respecto a la Constitución Federal y el Convenio mencionados, deberá declararse su constitucionalidad.

- Por otro lado, explica que en lo concerniente a las atribuciones del Poder Ejecutivo local en el proceso de creación de las normas impugnadas, debe declararse su constitucionalidad, dado que no se transgredió disposición alguna de la Constitución Federal.

8. SÉPTIMO. Informe del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Mediante oficio presentado el diez de mayo de dos mil veinticuatro, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tlaxcala, Diputado José Gilberto Temoltzin Martínez, rindió el informe que le fue requerido, manifestando en esencia lo siguiente:

- Asegura que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII, del artículo 19, en relación con el diverso 65, párrafo primero, ambos e la Ley Reglamentaria de la materia, pues refiere que en el caso no se advierte que en los conceptos de invalidez la actora haya planteado qué preceptos constitucionales fueron violados, aseverando que lo que la inconforme pretende es que, a través del presente medio de impugnación, se analicen los actos desarrollados en ejercicio de las atribuciones del Poder Legislativo.

- Insiste que el asunto debe sobreseerse, pues asegura que el Decreto que adicionó un párrafo al artículo impugnado, se emitió conforme a las facultades que le fueron conferidas al Poder Legislativo, por los artículos 39, 40 y 41, de la Constitución Federal; 54, fracciones I y XII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberado de Tlaxcala; y, 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad. Marco normativo que permite sostener que el Decreto impugnado se encuentra fundado y motivado, y que no existe omisión o violación en el proceso legislativo.

- Por otro lado, refiere que es infundado e inoperante el concepto de invalidez formulado por la accionante, pues asegura que deja de observar que la alienación parental es una problemática social que ha evolucionado, por ende, genera una afectación directa a los derechos de los niños y adolescentes, debido a que, un progenitor utiliza al menor de edad como instrumento de venganza infundiéndole conductas negativas, con la finalidad de provocar rechazo hacia el progenitor alienado.

- En ese tenor, menciona que no soslaya que el artículo 1 de la Constitución Federal, refiere que las normas relativas a derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la misma Carta Magna, pero igual de cierto es que el mismo numeral obliga a todas las autoridades para que en el ámbito de sus competencias, protejan y garanticen los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

- Que en atención a tal obligación, es que ese Congreso Local expidió el decreto que contiene la norma impugnada con el objeto de proteger y garantizar el pleno desarrollo familiar de los niños en el Estado de Tlaxcala, pues insiste que la alienación parental constituye una conducta que deja de lado el hecho de que los niños y adolescentes son personas sujetas de derechos, pero al no tener capacidad para exigirlos por sí solos, el Estado es el encargado de proteger sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los Instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

- Refiere que la propia problemática causa vulneración de derechos de los niñas y niñas, en relación con el derecho a tener una familia; derechos a ser consultados en asuntos que les afecten; derecho a convivir con ambos progenitores; y, derecho a la integridad psicológica. Sin embargo, señala que al incorporar disposiciones normativas a la legislación civil, se cuenta con mecanismos y medidas enfocadas en la prevención y protección de derechos que pueden verse afectados tras la existencia de tal problemática.

- Aduce que el principio del interés superior de la infancia engloba acciones y procesos destinados a garantizar el desarrollo integral y emocional de los menores de edad, con ello prevalecen los derechos de la niñez ante cualquier otro derecho; en ese sentido, considera importante resaltar el bloque convencional aplicable al caso concreto, específicamente el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la obligación de los Estados de asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges durante el matrimonio, así como en su disolución, que en este último caso, el Estado deberá adoptar las disposiciones que aseguren la protección necesaria de los niños, niñas y adolescentes,

- Asimismo, señala que el artículo 19 de la aludida convención, brinda una protección adicional a los niños, niñas y adolescentes, otorgando derechos especiales, a través del establecimiento de deberes específicos a la familia, a la sociedad y al Estado.

- En esa tesitura, destaca que el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que en toda medida referente a los infantes que tome cualquier autoridad, institución pública y/o privada, se debe atender al interés superior de la niñez.

- Por lo anterior, asegura que la norma impugnada es acorde al bloque convencional, y cobra especial pronunciamiento el contenido del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, conforme al cual los Estados parte garantizarán que el niño esté en condiciones de formarse un juicio propio, por lo que deberá tomarse en cuenta su opinión en los asuntos que afecten sus derechos, tomando en consideración su edad y madurez.

- En otro plano, el artículo 4 Constitucional, establece que en toda actuación y decisión del Estado se deberá cumplir con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

- Así, señala que uno de los principales objetivos del párrafo cuarto del artículo 168 Ter del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, es salvaguardar el derecho de los infantes ante una alienación parental, defendiéndola de manera adecuada, sin que ello represente una separación dela niñez de su padre o núcleo familiar, como erróneamente lo percibe el actor, pues señala que es indudable que los menores de edad, tienen el derecho a convivir con su núcleo familiar ampliado, a convivir en familia, con sus ascendientes, por ello es que considera que el objetivo del artículo impugnado debe prevalecer.

- En ese sentido, alude que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2016, estableció que la obligación de todo Estados es tomar acciones necesarias para evitar daño; así, se tomó en cuenta que en ciertos casos de conflicto familiar, algunos infantes presentan rechazo hacia un progenitor, y que la causa puede ser o no justificada, por lo que debe averiguarse el origen de la animadversión, al ser factible que sea producto de influencias o injerencias en su psique, que violenten su integridad; lo que le puede ocasionar daños psicoemocionales y menoscaba su desarrollo integral.

- Al respecto, menciona que el término manipulación trae consigo el de alienación parental, lo que fue analizado por este Alto Tribunal en la precitada acción de inconstitucionalidad.

- Asegura que la porción normativa impugnada es constitucional, y precisa que la identificación y definición normativa de violencia familiar por alienación parental, está justificada precisamente en el interés superior de la niñez, ya que en la descripción convergen las necesidades de protección de diversos derechos de los menores, que se impone jerarquizar y ponderar en su propio beneficio.

- En efecto, señala que la adición de la alienación parental como una modalidad de violencia familiar, es acertada, pues constituye una conducta de extrema gravedad para el desarrollo psicoemocional del infante, motivo por el que el Estado debe imponer un régimen de protección especial.

9. OCTAVO. Alegatos. Mediante oficio presentado el dieciocho de junio de dos mil veinticuatro, en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo Federal, formuló los alegatos que estimó convenientes.

10. NOVENO. Pedimento de la Fiscalía General de la República. Dicha representación no formuló pedimento en este asunto.

11. DÉCIMO. Cierre de instrucción. Seguido el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veinticuatro, se declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c),(2) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno,(4) toda vez que el Poder Ejecutivo Federal promueve este medio de control constitucional contra normas generales de carácter local, al considerar que su contenido es violatorio de derechos humanos.

II. OPORTUNIDAD

13. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal prevé que: a) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente al día en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial; b) para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.(5)

14. En este caso, el Decreto que contiene las normas impugnadas fue publicado el viernes veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, por lo que el plazo legal para su impugnación transcurrió del sábado veinticuatro de febrero al domingo veinticuatro de marzo de dos mil veinticuatro.

15. En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad es oportuna, pues el escrito de demanda se presentó el lunes veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, por medio del Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello, porque de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad culmina en un día inhábil, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente, lo que en el caso aconteció.

III. PRECISIÓN DE NORMAS RECLAMADAS

16. De acuerdo con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse la norma general que es objeto de la acción de inconstitucionalidad. En ese sentido, el Poder Ejecutivo Federal impugnó: el párrafo cuarto del artículo 168 Ter, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

IV. LEGITIMACIÓN

17. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso c), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal está legitimado para impugnar leyes expedidas por las legislaturas estatales.

18. Además, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia,(6) los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello.

19. Por su parte, el artículo Único del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno,(7) confiere al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las que el titular del Ejecutivo Federal sea parte o en las que requiera intervenir con cualquier carácter, salvo en las que expresamente se le otorgue dicha representación a algún otro servidor público.

20. En ese contexto, se advierte que la demanda fue presentada por María Estela Ríos González, en su carácter de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, personalidad que acredita con copia certificada del nombramiento expedido a su favor.

21. Aunado a que impugna el párrafo cuarto del artículo 168 Ter, del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por estimarlo violatorio de diversos derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como del bienestar de la familia.

22. Por tanto, es evidente que se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el presente asunto fue promovido por un ente legitimado a través de su debido representante.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

23. El Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala refiere que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII, del artículo 19, en relación con el diverso 65, párrafo primero, ambos e la Ley Reglamentaria de la materia,(8) pues refiere que en el caso no se advierte que en los conceptos de invalidez la actora haya planteado qué preceptos constitucionales fueron violados; además, asevera que el decreto impugnado fue emitido conforme a las facultades que la Constitución y la ley concede al Poder Legislativo, motivo por el que no se actualizan las violaciones constitucionales alegadas por el actor.

24. Deben desestimarse las causas de improcedencia hechas valer.

25. En efecto, esta Suprema Corte considera que opuesto a lo que aduce el Poder Legislativo Local, de la revisión de la demanda, se observa que el actor sí plantea presuntas violaciones al principio de interés superior del menor, previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

26. Consecuentemente, no se actualiza el supuesto de improcedencia previsto por el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional.

27. Por otro lado, la circunstancia de que el decreto impugnado haya sido emitido conforme a las facultades constitucionales y legales concedidas al congreso emisor de la norma, no es un motivo suficiente para considerar que el contenido de la norma es acorde a la Constitución Federal; y, en todo caso, el adecuado proceso legislativo no constituye una causa de improcedencia de la presente acción de inconstitucionalidad, comprendida en el mencionado artículo 19 de la ley reglamentaria, sino que en todo caso puede constituir materia del estudio del fondo, por lo que debe desestimarse, pues es criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que ello ocurre con las argumentaciones de improcedencia cuando involucran cuestiones relacionadas con el fondo del asunto.(9)

28. En ese orden, al ser infundadas las causas de improcedencia invocadas y no advertirse de oficio alguna otra,(10) lo procedente es analizar el fondo del asunto.

VI. ESTUDIO DE FONDO

29. En el presente caso, se cuestiona la validez del párrafo cuarto del artículo 168 Ter del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, precepto que es del tenor siguiente:

"Artículo 168 Ter. Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar, aun como métodos correctivos o de disciplina a niñas, niños o adolescentes, que impliquen cualquier tipo de trato y castigo humillante, atendiendo a la definición establecida en el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Se debe entender por violencia familiar, y tipos de agresiones, a el acto, acciones u omisiones descritas en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley para la Prevención, Asistencia y Tratamiento de la Violencia Familiar en el Estado de Tlaxcala.

La violencia vicaria, es el acto u omisión que genera afectación o daño físico, psicológico, emocional o patrimonial a un descendiente, ascendiente, pariente colateral consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, dependiente económico, animal de compañía o bienes de la víctima, cometido por parte de quien mantenga o mantuvo una relación de matrimonio, concubinato o alguna relación sentimental con la misma, actuando por sí o por interpósita persona, cuyo objeto sea causar un daño emocional, psicológico o patrimonial a la mujer.

También se entenderá por violencia familiar el hecho de que un integrante de la familia realice conductas que ocasionen alienación parental, entendida como la manipulación o inducción que realiza un progenitor o familiar hacia una niña, un niño o adolescente, mediante la desaprobación o crítica, con el objeto de causar en ella o él una transformación de conciencia, para producir rechazo, miedo, rencor, odio o desprecio hacia el otro progenitor o los demás integrantes de la familia".

30. En efecto, la parte actora refiere esencialmente que el prever la alienación parental como violencia familiar implica vulnerar el interés superior de la niñez, porque dicha violencia es causa de pérdida de la patria potestad,(11) motivo por el que se trata de una norma que va en contra del derecho del menor a la familia, pues implica que se le separe del núcleo familiar al que se encuentra habituado, siendo que esa determinación debe ser excepcional, y sólo bajo la ponderación de las circunstancias de cada caso, en el que se atienda al mencionado interés superior, y que la alienación no índice en un solo derecho del menor, como lo es el vivir libre de violencia en el seno familiar, sino también como se dijo, a vivir en familia, y a mantener relaciones de convivencia con ambos padres para un sano desarrollo.

31. Para dar respuesta a lo anterior se estima necesario hacer una breve referencia a los temas siguientes: a) Interés superior de la niñez; b) Fenómeno llamado "alienación parental"; c) Derecho de los menores a ser protegidos contra toda forma de violencia; d) Derecho de los menores a ser considerados como sujetos de derecho con autonomía progresiva; e) Derecho de los menores a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que les afectan y a que la misma sea tomada en cuenta; f) El derecho de los menores a vivir en familia y a mantener relaciones con sus progenitores; y, g) Estudio del caso concreto.

a) Interés superior de la niñez

32. Con relación al principio de interés superior de la niñez reconocido en el artículo 4, párrafo décimo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cabe señalar que este Alto Tribunal –a través de la jurisprudencia– ha desarrollado abundante doctrina con la que determina los alcances de dicho principio. Empero, para lo que aquí interesa, basta con establecer como premisas fundamentales para la elaboración de la presente resolución, las siguientes: que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida.(12)

33. Además, que todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos –todos– esenciales para su desarrollo integral.

34. Lo cual implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad; y que bajo esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas o bien aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para servir como herramienta útil para garantizar en todo momento el bienestar integral del menor al que afecten.(13)

b) Fenómeno llamado "alienación parental"

35. Al respecto, se retoma el estudio que sobre dicho fenómeno llevó a cabo este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2016.(14)

36. En dicho asunto, se destacó que no existe un consenso científico ni académico sobre el fenómeno entendido como "alienación parental".

37. Así, entre las opiniones recogidas para estudio, se observó que el debate sobre dicha conducta se cierne principalmente entre aquellos que conciben la "alienación parental" como un síndrome o trastorno, asumiendo las teorías del psiquiatra Richard Gardner,(15) quien describió el supuesto Síndrome de Alienación Parental (en adelante, también referido como SAP) a mediados de la década de los años 80; y aquellos que cuestionan y niegan que se trate de una condición patológica.

38. En efecto, dada la gran similitud gramatical que existe entre el Síndrome de Alienación Parental (postulado por Gardner) y el término genérico de Alienación Parental sin el sustantivo "síndrome", e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33614-5f606a82/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-poder-ejecutivo-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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