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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. II. POLÍTICA CRIMINAL. EL LEGISLADOR TIENE UNA AMPLIA LIBERTAD PARA DETERMINAR SU RUMBO, PERO SIEMPRE RESPETANDO LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD. III. PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN. IMPLICA QUE EL DERECHO PENAL DEBE SER EL ÚLTIMO INSTRUMENTO AL QUE EL ESTADO RECURRE PARA PROTEGER DETERMINADOS BIENES JURÍDICOS, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA OTRAS FORMAS DE CONTROL MENOS LESIVAS, FORMALES O INFORMALES. IV. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN CRITERIO ORIENTADOR DE TODA PRODUCCIÓN NORMATIVA, ENTENDIDA EN SENTIDO AMPLIO, RELACIONADA CON LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. V. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. IMPONE A LOS JUZGADORES EL DEBER DE REALIZAR UN ESCRUTINIO MÁS ESTRICTO CUANDO APLICAN O ANALIZAN LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE INCIDEN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. VI. ALIENACIÓN PARENTAL. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA REGULACIÓN QUE ESTABLECE COMO CONSECUENCIA DE SU ACTUALIZACIÓN LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD, POR NO DAR CABIDA A QUE EL JUZGADOR VALORE EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR CONFORME A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO CONCRETO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 178, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SE CONSIDERARÁ COMO VIOLENCIA FAMILIAR LA ALIENACIÓN PARENTAL DEMOSTRADA, RESPECTO DE SUS HIJOS O ADOPTADOS", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016). VII. ALIENACIÓN PARENTAL. SU INCORPORACIÓN AL TIPO PENAL DE VIOLENCIA FAMILIAR ES DESPROPORCIONAL, AL NO PERMITIR AL JUZGADOR HACER UNA PONDERACIÓN DE LA IDONEIDAD, NECESIDAD Y EFICACIA DE LA MEDIDA PREVISTA EN BENEFICIO DE LOS MENORES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 178, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SE CONSIDERARÁ COMO VIOLENCIA FAMILIAR LA ALIENACIÓN PARENTAL DEMOSTRADA, RESPECTO DE SUS HIJOS O ADOPTADOS", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016). VIII. ALIENACIÓN PARENTAL. EN LAS CONDUCTAS QUE LA CONSTITUYEN NO SÓLO INCIDE EL DERECHO DE LOS MENORES A NO SER SUJETOS DE VIOLENCIA EN EL SENO FAMILIAR, SINO TAMBIÉN A VIVIR EN FAMILIA Y MANTENER RELACIONES DE CONVIVENCIA CON AMBOS PROGENITORES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 178, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SE CONSIDERARÁ COMO VIOLENCIA FAMILIAR LA ALIENACIÓN PARENTAL DEMOSTRADA, RESPECTO DE SUS HIJOS O ADOPTADOS", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 178, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SE CONSIDERARÁ COMO VIOLENCIA FAMILIAR LA ALIENACIÓN PARENTAL DEMOSTRADA, RESPECTO DE SUS HIJOS O ADOPTADOS", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 178, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SE CONSIDERARÁ COMO VIOLENCIA FAMILIAR LA ALIENACIÓN PARENTAL DEMOSTRADA, RESPECTO DE SUS HIJOS O ADOPTADOS", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 111/2016. · Registro digital (IUS): 29470
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-21
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo II, Pág. 1172.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 111/2016. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y

RESULTANDO:

PRIMERO.—Norma impugnada; autoridades emisora y promulgadora. Por oficio presentado el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del primer párrafo del artículo 178 del Código Penal para el Estado de Michoacán, en la porción normativa que indica: "Se considerará como violencia familiar la alienación parental demostrada, respecto de sus hijos o adoptados", reformada por Decreto Número 181, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis; señaló como autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán.

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La promovente consideró que la norma cuya invalidez se demanda es violatoria de los artículos 1o., 4o. y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 17 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 23 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3, 5 y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. En el ocurso inicial la accionante hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:

"Una vez que describe las conductas antijurídicas previstas en el artículo 178 del Código Penal para el Estado de Michoacán y establece el alcance de la alienación parental; la promovente señala que a partir de los efectos y consecuencias de dicha conducta es que cuestiona la pertinencia de la porción normativa impugnada, debido a que provoca una transgresión a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, particularmente al principio del interés superior, a su derecho a la familia, al sano desarrollo, así como una inobservancia por parte del Estado de su obligación de proteger a la familia, la libertad personal, la seguridad jurídica y del principio de utilización del derecho penal como ultima ratio.

"Refiere que en el caso en particular, los derechos de los menores se dañan de manera desproporcionada con la afectación de los derechos del progenitor alienante, de modo que la norma penal al sancionar con prisión al padre que incurra en la conducta de alienación parental, logra el efecto contrario de aquello que busca proteger, que son los derechos de la niñez. Ello, según dice, a la luz de los principios de indivisibilidad e interdependencia, ya que de actualizarse la hipótesis penal vigente y hacerse efectiva en la persona del padre alienante, termina por causar una afectación al hijo alienado, debido a que para ese momento la niña, niño o adolescente ha generado una dependencia hacia su progenitor, con el cual estaría privado de contacto y se aumentaría la perspectiva negativa que tienen hacia el padre no conviviente.

"Posteriormente establece algunas nociones con relación al interés superior del menor y aquellos criterios para garantizarlo. Acto continuo, sostiene que en la especie la porción normativa impugnada no cumple con dicho principio, en la medida en que no se apega al uso de valores o criterios racionales, ya que la utilización del derecho penal para erradicar la conducta de la ‘alienación parental’, se opone a la satisfacción por el medio más idóneo de las necesidades materiales básicas o vitales del menor y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; tampoco atiende a los deseos, sentimientos y opiniones del menor y no se atiende a la incidencia que la norma penal puede provocar con alteraciones del menor de edad en su personalidad y para su futuro.

"Aduce que la norma penal no establece medidas de protección necesarias para garantizar y proteger al menor, así como el ejercicio pleno de los derechos que le son inherentes. Antes bien, lo que en realidad persigue el tipo penal es la sanción del padre alienante y no el bienestar de las personas menores de edad.

"Sobre dicho tema, refiere que en la tesis 1a. CCCLXXXI/2015 (10a.), de título y subtítulo: ‘MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. RECONOCIMIENTO DE SU DIGNIDAD HUMANA DENTRO DEL PROCESO PENAL.’, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que: ‘el deber de respetar y considerar al menor víctima como una persona implica alejarse de la concepción que se tiene de él como un simple receptor pasivo de protección y cuidado, o bien como un medio para determinar la responsabilidad del inculpado en el proceso penal. Así, que para respetar la dignidad del menor en el orden penal, debe brindársele una asistencia eficaz que incluya un tratamiento profesional con sensibilidad y tacto a lo largo del proceso de justicia, que considere sus necesidades inmediatas y la evolución de sus facultades y además, debe tratarse con pleno respeto a su intimidad e integridad física, mental y moral.’. Cuestiones que, agrega el promovente, el legislador de Michoacán no previó con la emisión de la norma que se combate.

"Hace alusión a las tres dimensiones en las que se proyecta el interés superior del menor de acuerdo con la Primera Sala de este Alto Tribunal y particularmente, la relativa a la del derecho sustantivo. Con base en lo anterior, menciona que en el caso en concreto debe tomarse en cuenta el interés superior de la niñez en la utilización del derecho penal en contra de su progenitor alienante, ya que si bien es cierto ‘éste ha actuado de manera incorrecta generando sentimientos negativos hacia su otro ascendiente, este daño es reversible mediante el apoyo y orientación psicológica que se pueda dar al menor de edad; en cambio –agrega– que la privación del contacto con el progenitor alienante que se encuentre privado de la libertad, es un daño que se consuma de modo irreparable y que afecta en mayor medida su núcleo familiar, antes que lograr la protección que se pretende dar.

"El promovente estima que la equiparación de la ‘alienación parental’ al delito de violencia familiar afecta los derechos de la niñez, al no contemplar una estimación de las repercusiones en sus derechos, ni en sus necesidades afectivas, dado que establecer como medida de reversión del daño la privación de la libertad del progenitor alienante, tiene como consecuencia una injerencia directa en el núcleo familiar de la persona menor de edad y en su desarrollo integral. Incluso, dice que la norma no permite que en la práctica procesal penal, se escuche de manera idónea y adecuada al menor que intervendrá como víctima del delito, pues no se encauza al juzgador a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger su desarrollo y los derechos que le son inherentes; de ahí que el legislador se encontraba obligado, con la finalidad de garantizar los derechos del menor de edad, a prever los medios adecuados para que las personas menores de edad pudieran manifestar su opinión sobre este asunto que particularmente les atañe.

"Arguye que la norma penal impugnada –como medida de protección– no consideró el interés superior de la niñez, al no tomarlo en cuenta y por omitir un análisis de las soluciones alternativas posibles menos restrictivas. Tampoco considera las repercusiones inmediatas que conllevan la privatización de la libertad del padre o madre alienante, sobre la persona menor de edad y su núcleo familiar.

"Insiste que los niños, niñas y adolescentes a los cuales algunos de sus progenitores hayan procurado su alienación, se encuentran en gran cercanía emocional con él o con ella; lo que implica que la prisión de éste, generaría únicamente un agravamiento de las circunstancias que han motivado su alienación, aumentando el rencor hacia el otro ascendiente que se encuentra frente al alienante.

"Que derivado de la existente relación cercana entre el menor de edad con el progenitor alienante, que incluso puede ser una relación de dependencia, la utilización de una sanción penal en contra del padre alienante es equivocada y trastoca la estabilidad de la niña, niño o adolescente alienado; asimismo, afecta su entorno de seguridad, relaciones afectivas, salud emocional y psicológica, así como su desarrollo integral, ya que genera un cambio drástico en su ambiente por la forma de intervención más grave del Estado; el derecho penal, el cual se dirige como solución para el problema pero termina por afectar de manera grave e irreversible el núcleo y entorno familiar de los involucrados.

"Menciona que si bien es cierto la ‘alienación parental’ ha sido definida en el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo como una forma de violencia familiar, la cual tiene consecuencias directas en la suspensión, inhabilitación o pérdida temporal o definitiva de la guarda y custodia; los efectos que se prevén en el Código Familiar difieren de los previstos en el código penal estatal, en la medida en que esgrimen discrepancias sustanciales.

"Lo anterior, ya que la consecuencia jurídica de la comisión del delito de ‘alienación parental’ (sic), comprende la suspensión de los derechos del progenitor alienante respecto de la víctima por el término de la pena de prisión impuesta, la cual puede ser de uno a cinco años. En cambio, la consecuencia prevista en el Código Familiar de la entidad tiene un margen gradual y racional del límite de esa convivencia, tal como restringir e impedir el contacto del alienante, modificar los regímenes de convivencia o visita, además de imponer al alienante la obligación de someterse a tratamiento especializado.

"Insiste en que la norma que ahora se impugna es una intervención del Estado mediante el derecho penal, con el propósito de proteger el desarrollo de la niñez, pero que en realidad termina por afectar el núcleo familiar de las niñas, niños y adolescentes de una manera permanente, drástica y desproporcionada en inobservancia de los artículos 17 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 23 y 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

"Refiere que a partir de un estudio de proporcionalidad es posible evidenciar que la porción normativa impugnada contiene una medida que afecta derechos de la niñez, ya que carece de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido.

"Al respecto, considera que los fines perseguidos por el legislador de Michoacán en el artículo combatido resultan válidos constitucionalmente. Lo anterior, ya que según manifiesta el promovente, del dictamen del Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 318 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo y el artículo 178 del Código Penal para la misma entidad federativa, se desprende que su intención al modificar la norma fue ‘contribuir con el bien superior del menor, encaminando a un bienestar psicológico y alejarlo de cualquier situación que le genere inseguridad y problemas que afecten su desarrollo integral y emocional’.

"Sin embargo, dice que por lo que hace a la idoneidad de la norma penal, ésta no se cumple en relación con la finalidad, pues asevera que con ella no se puede alcanzar en algún grado los fines perseguidos por el legislador, ya que no existe una relación entre la intervención al derecho penal y el fin que persigue la afectación de la libertad personal del menor, por lo que ni siquiera se contribuye en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busca el legislador.

"Estima que además de que el legislador no logra en algún grado la consecución de su fin, limita de manera innecesaria y desproporcionada los derechos fundamentales del padre alienante y afecta directamente a la persona menor de edad.

"Insiste en que la medida no tiene idoneidad en el uso del derecho penal, pero además es innecesaria, debido a que existen medidas alternativas que pueden afectar en menor grado los derechos fundamentales en juego.

"Al respecto, sostiene que el legislador debió corroborar si existen otros medios idóneos para lograr los fines que se persiguen y también determinar si estas alternativas intervienen con menor intensidad en el núcleo familiar de la niñez. Que el legislador debió buscar un catálogo de medidas alternativas y determinar el grado de idoneidad de éstas, así como evaluar su nivel de eficacia, rapidez, probabilidad o afectación material de su objeto; así, podría encontrar alguna medida alternativa que sea igualmente idónea para proteger el fin constitucional y que a su vez intervenga con menor intensidad al derecho. Empero, señala que al no cumplirse en el caso en particular con esos requisitos la consecuencia es que la medida combatida sea inconstitucional.

"Considera que al efectuar un balance o ponderación entre los valores en juego, no existen beneficios desde la perspectiva de los fines que se persiguen, frente a los daños que necesariamente se producirán desde la perspectiva de los derechos fundamentales afectados. De modo que la medida impugnada no resulta constitucional por desproporcionada y como consecuencia es inconstitucional e inconvencional. Que la intervención del derecho penal es más intensa que los fines perseguidos.

"Menciona que la porción normativa impugnada no cumple con el deber de protección de la niñez, por lo que respecta a salvaguardarlos de todo tipo de revictimización.

"Refiere que para los menores de edad implica una amenaza en contra de su seguridad y conlleva consecuencias negativas en su persona a largo plazo, como la presencia de sentimientos nocivos (miedo, autocompasión o culpabilidad) sensación de impotencia personal e incluso, efectos traumáticos que le impidan lograr un sano y pleno desarrollo a lo largo de su vida, lo cual es más evidente en los casos de quienes fueron víctimas de una agresión sexual o malos tratos y no recibieron la atención adecuada.

"Finalmente, aduce que con la equiparación de la alienación parental al delito de violencia familiar, únicamente se pone al menor de edad en un proceso de revictimización al exhibirlo en un proceso penal de manera innecesaria."

CUARTO.—Registro del expediente y turno de la demanda. Por acuerdo de dos de enero de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el número 111/2016; y, por razón de turno, correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayán la tramitación del procedimiento y formulación del proyecto de resolución respectivo.

QUINTO.—Admisión de la demanda. Posteriormente, el Ministro instructor dictó acuerdo el tres de enero de dos mil diecisiete, en el que admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán para que rindieran sus respectivos informes, en términos del artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional; asimismo, requirió al Poder Legislativo del Estado, para que al rendir su informe remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada.

SEXTO.—Informes del titular del Ejecutivo y del Poder Legislativo del Estado de Michoacán.

I. Informe de la autoridad emisora

"Por principio, reconoce el acto que se le atribuye.

"Señala que la porción normativa impugnada de ninguna manera contraviene los preceptos constitucionales ni los numerales de los instrumentos jurídicos internacionales que se estiman violados; además, de que la reforma al precepto combatido se ajustó a los procedimientos establecidos por la norma que lo regula.

"Menciona que contrario a lo sostenido por el promovente, con la porción normativa impugnada ese órgano legislativo está procurando velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, de acuerdo a lo establecido por la Carta Magna y por la Convención sobre los Derechos del Niño, y que además está obligando a los padres, tutores y custodios a que cumplan con dicho principio.

"Señala que el artículo 343 Bis del Código Penal Federal equipara la violencia familiar con la ejecución de actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. Que con dicha definición se describe la alienación parental, lo que permite demostrar que la porción normativa impugnada no está contraviniendo las normas federales en ningún momento.

"Después de que hace alusión al principio de progresividad, sostiene que con ello se evidencia la legalidad en el incremento de la pena como máxima en el Estado. Asimismo, menciona que si bien es cierto que toda pena deberá ser proporcional al delito que lo regule o sancione, respecto del bien que sea tutelado, contrario a lo sostenido por el accionante, el incremento ‘a la pena atiende a una medida de seguridad y gravedad que pudiera padecer la totalidad de la sociedad, pues esa imposición se sostiene de un grado de culpabilidad, así como la obligación a elegir la medida más adecuada, con la finalidad de revertir la peligrosidad y el daño psicológico que representa la alienación parental en el menor. Sumado a ello, favorece a la sociedad la modificación al artículo 178, del Código Penal Federal, dado que, la misma requiere de tranquilidad sobre todo cuando se refiere a la paz y desarrollo del menor, ocasionando que esta conducta se aminore’ (sic).

"Sostiene que la porción normativa impugnada no constituye una afectación al principio de interés superior del menor, al derecho de la niñez y su sano desarrollo, a la familia y su protección, a la seguridad jurídica y libertad personal, así como del principio de utilización del derecho penal como ultima ratio.

"Que contrario a lo sostenido por la disconforme, cuando refiere que: ‘se ha vulnerado el principio de utilización del derecho penal como ultima ratio’; en realidad en la especie se actualiza un efecto al contrario, ya que si bien la reforma efectuada corresponde a modificaciones del Código Familiar y del Código Penal, ambos del Estado de Michoacán, por ello –dice– es indispensable resaltar que ‘se regula la alienación parental, precisando que: en el Código Familiar regula sus efectos (como ya se expresó en líneas anteriores) y en el Código Penal regula la porción normativa que se pretende impugnar, siendo el Decreto Legislativo Número 181, por el que se reforma el artículo 178 del Código Penal para el Estado de Michoacán, en la porción normativa’ impugnada."

II. Informe de la autoridad promulgadora

"Después de precisar cuál es la finalidad de la pena; señala que derivado de los altos índices de violencia en contra de la niñez y particularmente, la generada dentro de los hogares, así como de la obligación del Estado de garantizar el interés superior de la niñez, fue que se emitió la porción normativa impugnada.

"Menciona que debido al aumento de la conducta de alienación parental resulta imperiosa la necesidad de legislar en ese tema, para crear conciencia en la sociedad y procurar que en principio disminuya esa conducta para que posteriormente se trate de erradicarla del plano social en la entidad.

"Que con la sola adición de la porción normativa no se está privando de ningún derecho a las personas, sino que depende de que se realice la conducta específica para que pueda ser aplicada en su perjuicio.

"Que lo que se busca con la adición a la porción normativa impugnada, es evitar que se vea afectado precisamente el interés superior del menor con conductas de los progenitores que puedan llegar a causar daños psicológicos irreversibles y con ellos coartar el pleno desarrollo de los menores.

"Refiere que contrario a lo que sostiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que la ‘norma impugnada incide directamente en el ejercicio de los derechos de las niñas y niños, toda vez que la imposición de una pena privativa de libertad a un progenitor, no resulta una medida idónea que permita a la niñez el disfrute pleno de sus derechos, ya que de lo contrario puede traducirse en una afectación psicológica de gran impacto para los menores que se ven privados de la convivencia de sus padres’; previo a sostener tales aseveraciones la comisión debió llevar a cabo una ponderación de derechos, es decir, hacer un análisis minucioso para estar en condiciones de saber qué afecta más al menor, si el establecimiento de una medida que busca tipificar la conducta errónea de los progenitores y de esa manera evitar que se lleve a cabo la violencia en contra de los menores o bien, que se siga permitiendo que con la alienación parental se causen graves daños psicológicos irreversibles en los menores, con lo cual se vean afectados en su pleno desarrollo personal; asumiendo el Estado una actitud pasiva, a pesar de estar obligado a considerar de manera primordial el interés superior del menor.

"Menciona que es obligación de los poderes públicos en sus diferentes ámbitos garantizar un pleno desarrollo integral del menor para una vida digna en las condiciones que como Estado se tienen que hacer valer mediante mecanismos efectivos y sobre todo el de los derechos humanos de protección a los niños y niñas como lo establece el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

"Finalmente, aduce que la penalidad de los delitos no afecta de manera directa a las personas con el solo hecho de establecerlas en la norma, sino que es necesario que concurran ciertos supuestos y la comisión de lo que la ley prohíbe para que la sanción le sea aplicada a quien comete el ilícito. Ese ese sentido, dice que la reforma impugnada únicamente alcanza a las personas que incurran en los supuestos establecidos en la norma, de ahí que estima que no se advierte la presencia de violación alguna."

SÉPTIMO.—Acuerdos que tienen por rendidos los informes de las autoridades demandadas. Por acuerdos de siete y veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán; así como por exhibidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos de la porción normativa impugnada.

OCTAVO.—Opinión del procurador general de la República. Dicha autoridad manifestó sustancialmente lo siguiente:

"En cuanto a los presupuestos procesales, señala que este Alto Tribunal es competente para conocer del asunto que nos ocupa; que la parte promovente se encuentra legitimada para accionar el medio de control constitucional; y que la promoción de la controversia constitucional es oportuna.

"Por lo que ve al fondo del asunto; estima que la porción normativa impugnada vulneró el principio de interés superior de la niñez.

"Lo anterior es así, pues señala que en el proceso de producción de normas que se relacionen de manera directa o indirecta con un niño, su interés superior debe ser una consideración primordial, siendo obligación de los órganos legislativos el explicitar la forma en que se ha examinado y evaluado dicho interés superior y la importancia que se le ha atribuido en el citado proceso deliberativo de creación de la ley; además –añade– que cuando la medida que tome el Estado tenga repercusiones importantes en los niños, es preciso adoptar un nivel mayor de protección a fin de evaluar sus efectos en éstos.

"A pesar de ello, estima que el Poder Legislativo del Estado de Michoacán incumple con el imperativo de guiar su actuación en torno al interés superior del niño, ya que si bien es cierto que en el proceso legislativo que dio origen a la reforma impugnada señaló que su incorporación atendía al bienestar de los menores y a la exigencia social de velar en todo momento con la máxima protección de la niñez y sus derechos, así como de su desarrollo emocional y psicológico; no menos cierto es que no atendió de manera eficaz la problemática que buscó tutelar.

"Refiere que su actuación atenta en contra de diversos principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en normas de carácter internacional, ya que la inclusión de la conducta de alienación parental en el orden jurídico penal local, representa un peligro latente frente a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.

"Menciona que el Congreso del Estado en ningún momento valoró las implicaciones que tendría la introducción de la conducta de alienación parental en la normatividad penal de la entidad, esto es, las situaciones de riesgo o peligro que se podrían generar con motivo de la tipificación y sanción de la conducta antijurídica, tampoco analizó la manera en que la pena privativa de libertad con que se sanciona el delito de alienación parental puede impactar en el ejercicio de otros derechos de los niños, pues dada la interdependencia de los mismos, debió proyectar su posible afectación a futuro tomando en cuenta de qué manera impactaría en el desarrollo físico, mental, espiritual, psicológico y social, el hecho de que a alguno de sus progenitores se le imponga una pena privativa de la libertad. Dice que el legislador no valoró de qué manera esta determinación resulta ser la más adecuada para el bienestar y desarrollo del niño.

"En ese orden de ideas, arguye que la legislatura local no preservó el entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones familiares, en tanto que en ningún momento llevó a cabo una evaluación y determinación del interés superior de los niños en el contexto de la separación del menor del progenitor acusado, sino que, simplemente establece una pena privativa de libertad de uno a cinco años de prisión a quien realice la conducta típica; impone una suspensión de los derechos que se tengan respecto de la víctima por el término de la pena de prisión impuesta, incluidos los de carácter sucesorio y la prohibición de ir a un lugar determinado o de residir en él.

"Por su parte, en cuanto al examen de constitucionalidad de la medida legislativa impugnada; considera que la finalidad del legislador local al expedir la norma impugnada persigue una finalidad constitucionalmente válida, pues va encaminada a salvaguardar los derechos de los menores a quienes por la conducta tipificada se les transforma la conciencia con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con unos de sus progenitores.

Sin embargo, agrega, la porción normativa impugnada no cumple con la pauta de idoneidad, ya que la medida legislativa impuesta por el Ejecutivo del Estado no sólo no alcanza en algún grado los fines perseguidos por el legislador como lo es la tutela de los derechos de la niñez en aplicación del interés superior del menor, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Federal, sino que en realidad, afecta los derechos del niño, pues dada la interdependencia de los mismos, debió proyectar su posible afectación a futuro tomando en cuenta de qué manera impactaría en el desarrollo físico, mental, espiritual, psicológico y social, el hecho de que a alguno de los progenitores se le imponga una pena privativa de la libertad."

NOVENO.—Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos de las partes y la opinión del procurador general de la República, por auto de trece de marzo de dos mil diecisiete, se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, toda vez que la promueve el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitando la invalidez del primer párrafo del artículo 178 del Código Penal para el Estado de Michoacán, en la porción normativa que indica: "Se considerará como violencia familiar la alienación parental demostrada, respecto de sus hijos o adoptados", reformado mediante Decreto Número 181, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el día dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, por contrariar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.—Oportunidad. Es oportuna la presentación de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa, pues se hizo dentro del plazo legal establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) esto es, dentro de los treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada.

Así es, la presente acción de inconstitucionalidad se promovió oportunamente, dado que la porción normativa del artículo 178 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, fue reformada mediante Decreto Número 181, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el viernes dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis;(2) por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción transcurrió del sábado diecinueve de noviembre al domingo dieciocho de diciembr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29470-4e6da578/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-legitimacion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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