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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA LOS INTEGRANTES DE UNA LEGISLATURA ESTATAL QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO DEROGADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ASÍ COMO LOS NUMERALES 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 Y 92 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE). IV. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. MARCO NORMATIVO QUE LO REGULA (ARTÍCULOS 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y 31 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). V. CONTRIBUCIONES. EL LEGISLADOR FEDERAL O LOCAL ESTÁ FACULTADO PARA SELECCIONAR EL HECHO IMPONIBLE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS (ARTÍCULOS 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y 31 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VII. PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA SU CUMPLIMIENTO DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES (ARTÍCULOS 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y 31 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VIII. CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS (ARTÍCULOS 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y 31 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). IX. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS. SU OBJETO, BASE Y SUJETOS PASIVOS. X. IMPUESTOS AL CAPITAL O PATRIMONIO. SU OBJETO, BASE Y SUJETOS PASIVOS. XI. IMPUESTOS AL GASTO. EL OBJETO DEL TRIBUTO ES LA REALIZACIÓN DE UNA EROGACIÓN Y LA BASE SE CONFORMA POR EL GASTO ESCOGIDO POR EL LEGISLADOR DE ENTRE LOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE. XII. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. EL HECHO IMPONIBLE COMO INDICADOR DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA LO CONSTITUYE EL MONTO TOTAL DE LOS GASTOS REALIZADOS POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO Y NO EL NÚMERO DE TRABAJADORES (ARTÍCULOS 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y 31 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XIII. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN SU OBJETO NO VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, AL DAR EL MISMO TRATAMIENTO A TODOS LOS SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO Y ATENDER A SU CAPACIDAD CONTRIBUTIVA (ARTÍCULOS 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y 31 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XIV. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. EL LEGISLADOR CUENTA CON UN MARGEN AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TASAS Y TARIFAS (ARTÍCULOS 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y 31 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). XV. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. EL AUMENTO DE SU TASA NO VIOLA LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (ARTÍCULOS 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Y 31 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2019 Y SU ACUMULADA 30/2019. · Registro digital (IUS): 30140
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-10-01
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS E INTEGRANTES DE LA SEPTUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo I, Pág. 794.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 29/2019 Y SU ACUMULADA 30/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS E INTEGRANTES DE LA SEPTUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 7 DE NOVIEMBRE DE 2019. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA ADJUNTA: BRENDA MONTESINOS SOLANO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS; para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 29/2019 y su acumulada 30/2019, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e integrantes de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de las acciones, autoridades demandadas y normas impugnadas. Las acciones de inconstitucionalidad se presentaron de la siguiente manera:

I. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (acción de inconstitucionalidad 29/2019).

Por oficio presentado el treinta de enero de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad.

II. Integrantes de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo (acción de inconstitucionalidad 30/2019).

En la misma fecha, Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, María Teresa Mora Covarrubias, Alfredo Ramírez Bedolla, Antonio de Jesús Madriz Estrada, Cristina Portillo Ayala, Fermín Bernabé Bahena, Laura Granados Beltrán, Mayela del Carmen Salas Sáenz, Osiel Equihua Equihua, Sandra Luz Valencia, Sergio Báez Torres, Teresa López Hernández, Zenaida Salvador Brígido, Erik Juárez Blanquet y Baltazar Gaona García, diputados integrantes de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, promovieron acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se precisan:

Autoridades responsables:

En ambas demandas fueron señaladas como autoridades emisora y promulgadora, respectivamente, las siguientes:

Autoridad emisora de la norma impugnada:

• Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Autoridad promulgadora de la norma impugnada:

• Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Normas generales cuya invalidez se impugna:

La Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, expedida mediante Decreto Número 116, que fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de dicha entidad federativa el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reclama la invalidez de los siguientes capítulos de la citada ley:

1. Capítulo V, "De los impuestos ecológicos", que comprende los artículos del 32 a 61.

2. Capítulo VII, "Del impuesto sobre negocios jurídicos y notariales", que comprende de los artículos 82 a 92.

Los Integrantes de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo reclaman la invalidez de los siguientes capítulos:

1. Capítulo IV, "Del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón", que comprende de los artículos del 21 al 31.

2. Capítulo V, "De los impuestos ecológicos", que comprende los artículos del 32 al 61.

3. Capítulo VII, "Del impuesto sobre negocios jurídicos y notariales", que comprende de los artículos 82 a 92.

SEGUNDO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimó violados los artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 2o., y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José"; y, 2o., y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por su parte, los diputados de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo señalaron transgredidos los artículos 1o., 4o., párrafos cuarto y quinto, 14, 16, 17, párrafo segundo, 25, 27, párrafos cuarto, quinto y sexto, 31, fracción IV, 73, fracciones X y XXIX-G, y 115, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. Los promoventes exponen en síntesis los siguientes conceptos de invalidez:

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (acción de inconstitucionalidad 29/2019)

• Aduce que el legislador del Estado de Michoacán de Ocampo al diseñar los impuestos ecológicos por remediación ambiental en la extracción de materiales, de la emisión de gases a la atmósfera, de la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, al depósito o almacenamiento de residuos y sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales vulnera el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Norma Fundamental, porque dichas cargas fiscales no se encuentran impuestas sobre alguna forma de manifestación o movimiento de riqueza que incremente el patrimonio de los sujetos pasivos de las referidas contribuciones, o bien, que se refleje su capacidad contributiva, ya que el gravamen se aplica a situaciones fácticas y/o jurídicas.

• Respecto al impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales adujo, que resulta inconstitucional el impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales, en virtud de que el objeto y base del gravamen no reflejan la capacidad contributiva de los contribuyentes del impuesto reclamado ya que la simple celebración, realización o ejecución de actos jurídicos, ya sean de instrumentos públicos o privados, no demuestra una situación económica que de facto sea susceptible de tener una carga fiscal.

Integrantes de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo (acción de inconstitucionalidad 30/2019)

• En el primer concepto de invalidez los diputados señalan que la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo en su título II "De los impuestos", capítulo V "De los impuestos ecológicos", de la sección I a la sección VI que contempla los numerales del 32 al 60 son contrarios a lo que establece el artículo 4o., párrafo quinto, constitucional, el cual establece los derechos de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, pues el Estado debe garantizar el respeto a dicho derecho para las personas, contemplando, además, que el daño y deterioro ambiental genera responsabilidad para quien lo provoque, pero no se encuentra establecido como objetivo la determinación de impuestos, ni que los fines para preservar este derecho sean de carácter recaudatorio.

• Exponen que el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo al crear los impuestos ecológicos no observó el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Carta Magna, el cual dispone que el Congreso de la Unión es el único órgano facultado para establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y la explotación de los recursos naturales, lo cual hace evidente una franca invasión de competencia y jurisdicción del ámbito federal.

• Segundo concepto de invalidez. Argumentan que lo establecido por la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán, en el capítulo V, lo relacionado con los impuestos ecológicos, los cuales establecen específicamente en la sección V, los impuestos al depósito o almacenamiento de residuos, contemplados en los numerales 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 son violatorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, fracciones II y III, inciso c) y IV, inciso c), que establecen los siguientes principios: I. Orden jurídico municipal y principio de competencia; II. Principios de fidelidad federal, estatal y municipal. Deben entenderse conforme al régimen de competencias previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; III. Contenido y alcance de su facultad reglamentaria de los Municipios; y, IV. Libre administración hacendaria municipal.

• En el tercer concepto de invalidez, aducen que el Congreso del Estado de Michoacán, al aprobar en la Ley de Hacienda el impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales, afecta la esfera jurídica de los particulares y sobre todo su economía, pues imponen una nueva carga tributaria a estos actos –que todos son utilizados para acreditar un acto o hecho jurídico– lo que deviene en la afectación al derecho de acceso a la justicia, entendido éste como un derecho humano derivado, primordialmente, del contenido de los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además de que dicho impuesto no cumple con la debida fundamentación y motivación lo que implica la violación a la garantía de seguridad prevista en el artículo 16, primer párrafo, de la Carta Magna.

• En el cuarto concepto de invalidez, sostienen que el "impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, prestado bajo dirección y dependencia de un patrón" y el "impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales" de la Ley de Hacienda para el Estado de Michoacán de Ocampo, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

• Respecto del impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales, afirman se transgrede el principio de equidad al exentar a determinadas operaciones en el artículo 93, de la ley impugnada.

• Argumentan que, el aumento del "impuesto sobre erogaciones es por remuneración al trabajo personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón", mejor conocido como "impuesto sobre nómina" no reconoce para los sujetos pasivos situaciones diferentes de hecho, estableciendo un trato igual a los sujetos del gravamen que se ubican en una situación diversa, pues dado el complejo desarrollo de las actividades económicas y productivas en la entidad, serán sujetos de la misma medida quienes cuenten con cinco trabajadores, que quienes contraten a quinientos.

• Señalan que tampoco cumplen con el principio de proporcionalidad tributaria, de conformidad con el cual, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad de cada sujeto pasivo, esto es, en función de su potencialidad real para contribuir a los gastos públicos, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos.

• Por lo anterior, exponen que el impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales no atiende a la verdadera y real capacidad contributiva de los sujetos obligados, toda vez que no atiende a la capacidad de cada sujeto pasivo.

• Asimismo, sostienen que el aumento del "impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón", conocido como "impuesto sobre nómina" resulta desproporcional, lo que se demuestra con el decremento que ha tenido el empleo formal en el Estado de Michoacán, en contraste con el aumento del empleo en condiciones de informalidad, cuestión que se refleja en la disminución de los ingresos calculados por el Poder Ejecutivo del Estado en su iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, por lo que, aumentó la tasa de dicha contribución en un cincuenta por ciento (50%).

• De tal manera que, el hecho imponible del tributo establecido en la Ley de Hacienda aprobada por el Congreso del Estado, no refleja una auténtica manifestación de la capacidad económica de los contribuyentes afectados por el aumento de la tasa impositiva ya que el incremento de dicho impuesto, dadas las condiciones en que se encuentra la generación del empleo formal en la entidad, puede considerarse excesivo y con tendencia a desincentivar la actividad económica, la generación de empleos y la formalización de los mismos.

• En el quinto concepto de invalidez, se señala que lo relacionado a los impuestos ecológicos, en general, y en específico "del impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales", "del impuesto al depósito o almacenamiento de residuos", "del impuesto de la emisión de gases a la atmósfera", "del impuesto de la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua"; así como en general, "del impuesto cedular por la prestación de servicios profesionales" y, en particular, "del impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales" señalados en la presente acción de inconstitucionalidad viola los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, los principios de legalidad y certeza jurídica.

CUARTO.—Admisión y trámite de las demandas. Mediante proveído de uno de febrero de dos mil diecinueve el presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 30/2019, promovida por diputados integrantes de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán y, atento a que existía identidad respecto del decreto combatido en la diversa 29/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, decretó la acumulación de aquélla a la más antigua y se designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para que fungiera como instructor en el procedimiento.(1)

El seis de febrero siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad, por lo que ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo ambos de Michoacán, para que rindieran su informe respectivo.(2)

QUINTO.—Informes de las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada al rendir respectivamente sus informes manifestaron, en síntesis, lo siguiente:

a) Informe del Poder Legislativo del Estado de Michoacán.(3)

• El Poder Legislativo, a través del presidente de la Mesa Directiva de la LXXIV Legislatura, en el escrito respectivo, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de marzo de dos mil diecinueve, señaló sustancialmente, que es cierto el acto reclamado en relación con el Decreto Número 116 mediante el cual se expidió la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, decreto que fue debidamente publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, bajo el número 53, tomo CLXXI, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

• Sin embargo, informó también que el doce de febrero de dos mil diecinueve, mediante Decreto 122, se derogaron los artículos del 62 al 92, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que, procede sobreseer en las acciones de inconstitucionalidad respectivas.

b) Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo.(4)

• Mediante escrito recibido el seis de marzo de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación y Correspondencia Judicial de este Alto Tribunal, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Michoacán, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez argumentó, en síntesis, lo siguiente:

• Que son ciertos los hechos reclamados; no obstante, aduce que su actuar es acorde a su competencia y obligaciones respecto a la promulgación de la ley impugnada, pues no solamente implica una facultad, sino una obligación inherente a su cargo y función estipulada claramente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Sin embargo, solicita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar el sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada, por haber cesado los efectos de las normas generales cuya invalidez se demanda, ya que el doce de febrero de dos mil diecinueve, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, en su Sexta Sección, el Decreto Legislativo Número 122, a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo derogó los artículos 62 al 92 que se impugnan en este medio de defensa constitucional, lo que acreditó con los ejemplares publicados en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

SEXTO.—Alegatos y cierre de la instrucción. Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, la diputada Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, y los diputados Fermín Bernabé Bahena y Alfredo Ramírez Bedolla, en representación común de los legisladores actores en el presente medio de impugnación, formularon sus alegatos, los cuales fueron acordados mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.(5)

Asimismo, por escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su delegado, formuló sus alegatos, que fueron acordados en proveído de veintisiete del referido mes y año.(6)

Una vez que fueron recibidos los informes y alegatos de las partes, por proveído de dos de abril de dos mil diecinueve, se decretó el cierre de la instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver las presentes acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos d) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I y 11, fracción V, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que, el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantean la posible vulneración a diversos principios constitucionales por parte de la ley municipal discutida, aprobada y promulgada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo Local.

SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada en el correspondiente medio oficial. Asimismo, señala que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. (7)

En el caso, la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo que contiene las disposiciones impugnadas fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que, el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del uno al treinta de enero de dos mil diecinueve.

Consecuentemente, como ambas demandas fueron presentadas el treinta de enero de dos mil diecinueve ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe estimarse que resulta oportuna.

TERCERO.—Legitimación. Se procederá a analizar la legitimación de quienes promueven las acciones de inconstitucionalidad, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

En lo que interesa, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal(8) dispone, sustancialmente, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene legitimación para instar acción de inconstitucionalidad en contra de, entre otras, normas emitidas por las Legislaturas Estatales, cuando se alegue la transgresión de los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.

En este sentido, en términos de los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(9) y 18 de su reglamento interno,(10) corresponde al presidente de la referida Comisión su representación legal, por lo que si quien suscribe el escrito inicial de la presente acción, es Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de la designación en ese cargo, por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión,(11) dicho funcionario está facultado para promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales como acontece en el caso.

Además, en el caso, se plantea la incompatibilidad de diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo con la Constitución General y tratados internacionales, por estimar que se violan los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, así como a la proporcionalidad en materia fiscal.

Aunado a ello, si se tiene en cuenta que la acción de inconstitucionalidad es un análisis en abstracto, inclusive previo a la aplicación de las normas correspondientes, es inconcuso que tratándose de normas emitidas por autoridades incompetentes podrían implicar, desde luego, violación al artículo 16 constitucional respecto a los requisitos que las autoridades deben observar en relación con los actos de molestia que generan en particulares, dentro de los que se encuentra la competencia para ejecutarlos, legalidad y seguridad jurídica.(12)

En consecuencia, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, procede reconocerse la legitimación activa en este asunto.

Máxime que el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional establece únicamente como condición de procedencia de la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la denuncia de inconstitucionalidad de leyes federales o locales que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y tratados internacionales de los que México sea Parte, sin que establezca otra condición.(13)

Por su parte, de conformidad con el inciso d) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas podrá promover acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes expedidas por el propio órgano y, por disposición expresa del diverso 62 de la ley reglamentaria de la materia, la demanda en que se ejercite la acción deberá estar firmada por cuando menos el treinta y tres por ciento de los integrantes de los correspondientes órganos legislativos.

En la especie, sí se cumplen los presupuestos exigidos, toda vez que el escrito de acción de inconstitucionalidad fue suscrito por Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, María Teresa Mora Covarrubias, Alfredo Ramírez Bedolla, Antonio de Jesús Madriz Estrada, Cristina Portillo Ayala, Fermín Bernabé Bahena, Laura Granados Beltrán, Mayela del Carmen Salas Sáenz, Osiel Equihua Equihua, Sandra Luz Valencia, Sergio Báez Torres, Teresa López Hernández, Zenaida Salvador Brígido, Erik Juárez Blanquet y Baltazar Gaona García, quienes acreditaron ser diputados integrantes de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, con la versión estereográfica de la sesión de toma de protesta y constitución de catorce de septiembre de dos mil dieciocho.(14)

No obsta a lo anterior que en el proemio de la demanda se encuentra como promovente la diputada Laura Granados Beltrán; no obstante, del referido escrito se advierte que no lo firmó; sin embargo, se aprecia que el diputado Salvador Arvizu Cisneros quien no aparece en el proemio del documento, firmó de conformidad con la presente demanda de acción de inconstitucionalidad; de ahí que, son quince los promoventes de los que consta su manifestación de voluntad, mediante su firma.

Ahora bien, es preciso mencionar que del artículo 20 de la Constitución del Estado de Michoacán, se advierte que el Congreso del Estado está integrado por un total de cuarenta diputados, de los cuales veinticuatro de ellos son electos por el principio de mayoría relativa y dieciséis por el de representación proporcional.(15)

En ese sentido, si la acción de inconstitucionalidad fue promovida por quince diputados, ello equivale al treinta y siete punto cinco por ciento (37.5%) de la totalidad de integrantes de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, por lo que es claro que se cumple con el porcentaje mínimo requerido, en términos del inciso d) de la fracción II del artículo 105 constitucional.

Finalmente, la presente acción de inconstitucionalidad se promovió en contra del Decreto 116 por el que se publicó la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, el cual fue expedido por el órgano legislativo del que son integrantes los promoventes.

En consecuencia, en el caso se satisfacen los requisitos aludidos y, por tanto, los diputados promoventes cuentan con la legitimación necesaria para promover esta acción de inconstitucionalidad.

CUARTO.—Causas de improcedencia. Como fue señalado con anterioridad, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo del Estado de Michoacán, hicieron notar que han cesado los efectos de las normas generales cuya invalidez se demanda, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con los numerales 20, fracción II y 65, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el doce de febrero de dos mil diecinueve, el Poder Legislativo derogó parte del texto normativo base de la presente acción de inconstitucionalidad, mediante el Decreto Legislativo Número 122, lo que resulta fundado.

En efecto, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, es dable afirmar que la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, antes citado, se actualiza cuando dejen de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda, lo que en el caso acontece.

En ese sentido, se tiene que las normas que en el caso se impugnan son diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, todas ellas publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, las cuales se advierte que, mediante Decreto 122, publicado en el mismo medio de difusión oficial el doce de febrero de dos mil diecinueve, fueron derogados los artículos 62 a 92 como puede advertirse de la siguiente reproducción:

Ver Periódico Oficial 1

Luego, si el capítulo VII, del impuesto sobre negocios jurídicos y notariales, del título segundo, de la ley en estudio, comprendía de los artículos 82 a 92, es inconcuso que los mismos, han sido derogados.

Aunado a ello, de oficio, este Tribunal Pleno, advierte que el doce de junio de dos mil diecinueve, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo el Decreto Número 131, el cual derogó los artículos 32 a 61 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, como se observa a continuación:

Ver Periódico Oficial 2

De ahí que, si el capítulo V, "De los impuestos ecológicos", del título segundo, comprendía los artículos del 32 al 61 de la ley impugnada, es inconcuso que han quedado derogados.

De las anteriores reproducciones se concluye que las normas impugnadas antes señaladas han perdido vigencia con motivo de su derogación.

Derivado de ello, dado que la naturaleza de este medio de control de constitucionalidad de leyes permite entender que existe cesación de efectos de la norma general impugnada cuando haya perdido su vigencia, en tanto que ésta constituye el único objeto de análisis en este medio de control, debe sobreseerse respecto de los artículos impugnados que ya han sido derogados, de conformidad con la tesis de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA."(16)

Por lo anterior, este Pleno considera que procede el sobreseimiento de las acciones de inconstitucionalidad 29/2019 y su acumulada 30/2019, respecto de los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61 así como los numerales 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 y 92 ello, por haber cesado los efectos de dichas normas impugnadas, de conformidad con el artículo 19, fracción V, en relación con los diversos 20, fracción II y 65, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.—Estudio de fondo. Conforme a lo expuesto en el considerando que antecede y en virtud de que los artículos 21 a 31 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo siguen vigentes, se procederá únicamente al análisis de los argumentos expuestos en el cuarto concepto de invalidez respecto del capítulo IV, "Del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal, prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón", del título segundo, de dicho ordenamiento, que comprende los preceptos de referencia, y que se tildan de inconstitucionales por vulnerar los principios de equidad tributaria y proporcionalidad tributaria.

De la síntesis precisada en el resultando tercero de esta ejecutoria, se advierte que los diputados promoventes de la acción de inconstitucionalidad 30/2019, argumentan que el impuesto conocido como "impuesto sobre nómina"

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30140-f0643421/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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