I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA (ARTÍCULO 16, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). IV. NACIONALIDAD MEXICANA COMO REQUISITO PARA ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA ESTABLECERLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). V. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO UNA PERSONA SENTENCIADA CON RESOLUCIÓN FIRME DE AUTORIDAD POR DELITOS DOLOSOS QUE HAYAN AMERITADO PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD POR MÁS DE UN AÑO, ASÍ COMO NO HABER SIDO INHABILITADA EN EL ÁMBITO ESTATAL O FEDERAL PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, PARA OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO UNA PERSONA SENTENCIADA CON RESOLUCIÓN FIRME DE AUTORIDAD POR DELITOS DOLOSOS QUE HAYAN AMERITADO PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD POR MÁS DE UN AÑO, ASÍ COMO NO HABER SIDO INHABILITADA EN EL ÁMBITO ESTATAL O FEDERAL PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, PARA OCUPAR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ES SOBREINCLUSIVO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 16, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO UNA PERSONA SENTENCIADA CON RESOLUCIÓN FIRME DE AUTORIDAD POR DELITOS DOLOSOS QUE HAYAN AMERITADO PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD POR MÁS DE UN AÑO, PARA OCUPAR UN CARGO PÚBLICO, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL IMPEDIMENTO SE ACTUALIZA HASTA QUE EXISTA UNA SENTENCIA DEFINITIVA, PARA NO VULNERAR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO. VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 16, FRACCIONES I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "POR NACIMIENTO", Y IV, DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 35/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 26 DE OCTUBRE DE 2023. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 35/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), contra el artículo 16, fracciones I, en la porción normativa "por nacimiento", y IV, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo, expedida mediante Decreto Número 340, publicado el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de dicha entidad, cuyo texto se transcribe a continuación:
"Artículo 16. El Director General será nombrado y removido libremente por el Titular del Poder Ejecutivo y deberá cumplir con los siguientes requisitos:
"I. Ser Ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; ...
"IV. No haber sido sentenciado con resolución firme de autoridad por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de libertad por más de un año, o inhabilitado en el ámbito estatal o federal, para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; ..."
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Escrito inicial. A través de escrito recibido el veintitrés de enero de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial y al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su calidad de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 16, fracciones I, en la porción normativa "por nacimiento", y IV, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo, expedida mediante Decreto Número 340, publicado el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de dicha entidad.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
a. Inconstitucionalidad del artículo 16, fracción I, en la porción normativa "por nacimiento", de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo.
• La Ley Fundamental establece que el Congreso de la Unión es el único legitimado para reservar determinados cargos a las personas mexicanas por nacimiento; en consecuencia, el Congreso local se encuentra inhabilitado constitucionalmente para exigir dicha calidad para acceder a cualquier cargo público.
• Al determinar el Congreso local que para acceder a la titularidad de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo se debe tener la nacionalidad mexicana por nacimiento, legisló en una materia para la cual no tiene facultades, transgrediendo con ello el derecho fundamental de seguridad jurídica y el principio de legalidad.
• Las personas ciudadanas mexicanas por naturalización al igual que las mexicanas por nacimiento tienen todos los derechos y obligaciones que establece la Constitución Federal, incluyendo los derechos a dedicarse a la profesión o trabajo que les acomode, siendo lícitos, así como a ser nombradas para cualquier empleo o comisión en el servicio público que no esté reservado constitucionalmente o por leyes del Congreso de la Unión para las personas mexicanas por nacimiento.
• El artículo 32 de la Constitución Federal señala que habrá cargos y funciones para los que se requiere la calidad de mexicano por nacimiento, restricción que sólo será aplicable por disposición expresa de la Norma Fundamental, así como en los casos en que se establezcan en otras leyes del Congreso de la Unión. De acuerdo con lo anterior, el legislador federal es la única autoridad facultada para establecer ciertos cargos y funciones que requieren esa calidad.
• Al resolver la acción de inconstitucionalidad 93/2018 y en precedentes posteriores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las legislaturas locales no se encuentran habilitadas para regular supuestos en los que se limite el acceso a cargos públicos a las personas mexicanas por nacimiento en las entidades federativas.
• El requisito consistente en exigir la nacionalidad mexicana por nacimiento para acceder a la titularidad de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo no tiene sustento constitucional, toda vez que, por un lado, ese requisito no está previsto en el catálogo de puestos públicos para los que la Constitución Federal requiere esa calidad y, por otro lado, el legislador no está habilitado por la Norma Fundamental para establecerlo para el desempeño de un empleo en el servicio público en la entidad.
• Al margen de lo anterior, la norma impugnada transgrede el artículo 35, fracción VI, de la Constitución Federal, que se refiere al acceso de cualquier mexicano a la ocupación de cargos en la función pública en condiciones de igualdad, siempre y cuando se cumplan las calidades exigidas por las leyes, que deben entenderse referidas a méritos y capacidades, pero no a la nacionalidad.
• La norma impugnada constituye una distinción discriminatoria para el acceso a un empleo público, lo que es contrario al principio de igualdad y no discriminación.
b. Inconstitucionalidad del artículo 16, fracción IV, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo, en las porciones normativas que establecen como requisito para ser titular de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria de dicho Estado el no haber sido sentenciado con resolución firme de autoridad por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de la libertad por más de un año, así como no haber sido inhabilitado en el ámbito estatal o federal, para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
• Las exigencias previstas en las porciones normativas impugnadas tienen por efecto excluir de forma injustificada a un sector de la población de la posibilidad de ejercer un cargo, por lo que transgreden el derecho de igualdad y no discriminación. Se trata de una medida legislativa que atenta contra el ejercicio del derecho al acceso a un empleo en el servicio público.
• Quienes han sido sancionados por la comisión de un delito o una falta administrativa y que ya cumplieron con la pena que les fue impuesta deben tener la posibilidad de ocupar empleos públicos en igualdad de circunstancias que las demás personas.
• Las exigencias previstas en las porciones normativas impugnadas son desproporcionales y tienen por efecto excluir del derecho de acceder a un cargo en el servicio público de forma injustificada a las personas que fueron condenadas por cualquier delito doloso que ameritara pena privativa de la libertad por más de un año, o hayan sido inhabilitadas para ocupar cargos públicos, aun cuando el hecho ilícito no guarde relación directa con las atribuciones relativas al cargo.
• No es constitucionalmente válido que, por regla general, se impida el acceso al desempeño del servicio público a las personas que hubieren compurgado una pena o sanción, una vez que ya cumplieron con estas, ya que ello se traduce en una exclusión injustificada y discriminatoria para las personas que se encuentran en alguna de esas hipótesis, cuyo efecto es impedir, a su vez, que ejerzan su derecho a la libertad de trabajo y, en específico a ocupar un cargo público.
• Para que una restricción de esa naturaleza sea válida, deben examinarse las funciones y obligaciones que correspondan al cargo y, hecho lo anterior, señalar con precisión únicamente las conductas ilícitas que se encuentran estrechamente vinculadas con el empleo en cuestión.
• El mero hecho de cometer un ilícito y haber sido sancionado no tiene la consecuencia de marcar a su autor como un "delincuente" o "infractor" del orden social de por vida o como una persona que carece de honestidad o probidad, pues una vez que la persona ha compurgado la pena debe estimarse que se encuentra en aptitud de volver a ocupar un cargo público.
• La norma impugnada debe ser analizada a la luz de la proscripción constitucional de hacer distinciones entre las personas que han sido condenadas y aquellas que no tienen antecedentes penales o sanciones administrativas.
• Tales disposiciones no superan un escrutinio ordinario de proporcionalidad, ya que la medida no guarda una relación directa, clara e indefectible para el cumplimiento del fin constitucionalmente válido que pudiera ser el ejercicio idóneo de las funciones de la persona que se desempeñe como Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo.
• El hecho de que una persona haya sido condenada por la comisión de algún delito forma parte de su vida privada, de su pasado y proyección social; por ello, no es dable que por esa razón se le impida participar activamente en los asuntos que atañen a su comunidad.
• Las disposiciones controvertidas son sobreinclusivas y se traducen asimismo en una prohibición absoluta.
3. Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita que los efectos de la eventual declaratoria de invalidez se hagan extensivos a las disposiciones relacionadas.
4. Registro, turno y admisión. Por auto dictado el dos de febrero de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que correspondió el expediente 35/2023, y la turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para la instrucción del procedimiento.
5. Mediante proveído de seis de marzo de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y, entre otras cosas, ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo para que rindieran sus informes, así como a la Fiscalía General de la República para que estuviera en posición de formular pedimento y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, en su caso, manifestara lo que a su representación corresponda.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo. Por auto de doce de abril de dos mil veintitrés se tuvo por rendido el informe requerido al Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo, que expuso, esencialmente, lo siguiente:
• El artículo 16 regula lo concerniente a un empleo, cargo o comisión subordinado al Estado, cuyo desempeño debe atender a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia de acuerdo con el interés público, así como al respeto de los derechos humanos.
• La conducta de quien desempeñe el cargo de que se trata habrá de ser adecuada, puesto que tendrá bajo su responsabilidad la aplicación de la legislación fiscal con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, esto es, fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias, facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, así como generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria a cargo de la Secretaría de Finanzas y Administración.
• El Congreso Local en la Entidad, al conocer, estudiar, analizar, dictaminar y aprobar la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado, actuó dentro de la esfera competencial que le otorgan los artículos 116 de la Constitución Federal y 44, fracción I, de la Constitución en la entidad.
• La ley referida, además de haber cumplido todas las formalidades del procedimiento legislativo, no contravine el bloque de regularidad constitucional, particularmente el derecho fundamental de seguridad pública y el principio de legalidad.
• Se encuentra dentro de la regularidad del artículo 32 de la Carta Magna, ya que, al no existir reserva constitucional, otras leyes podrán estar en condiciones de legislar en torno a los requisitos para los cargos y funciones.
• En torno al requisito de ser mexicano por nacimiento, a que se refiere la fracción I del artículo 16 del ordenamiento impugnado, la ciudadanía no tiene en automático la posibilidad de desempeñar cargos públicos, sino que queda sujeta a los requisitos que indique la ley en la materia, siendo de explorado derecho que los servidores públicos deben ser honestos y tener una reputación intachable, aunado a que depositar la confianza en quien ostente cualquier cargo directivo implica una responsabilidad compartida.
• A quien desempeñe el cargo de Director General corresponderá, como servidor público, la observancia y ejercicio de las normas que regulan el acceso y la transparencia de la información pública, en virtud de que tendrá acceso al Sistema de Administración Tributaria, así como el resguardo y trámite de datos sensibles de la población mexicana.
• Asimismo, formará parte del Consejo, entre los cuales se encuentran el Gobernador, el Secretario de Finanzas, el Subsecretario de Egresos, el Subsecretario de Administración y Finanzas, por todo lo cual se requiere de un perfil idóneo, que se compruebe su capacidad intelectual, experiencia laboral, solvencia moral y que tenga honradez probada.
• De ahí el establecimiento de los requisitos establecidos en la citada fracción IV del artículo 16, pues al tratarse de funciones de estricta confidencialidad y estar ligado el titular a la más alta esfera pública de poder de la entidad federativa, ha de reunir los requisitos mínimos de honorabilidad.
• El derecho de la ciudadanía contenido en la fracción VI del artículo 35 constitucional, a ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley, no se afecta.
• Al no tener el servidor público que ocupe el cargo de mérito otra nacionalidad, está en condiciones de ver y vigilar por los intereses de la Nación, ello considerando que si existe un ligero nivel de corrupción se pone en riesgo las finanzas de la entidad michoacana.
• La porción normativa no es una discriminación laboral en sí, sino un requisito que distingue de una manera honorífica a quien ocupe cargo tan importante. No se trata de una prohibición de laborar en el ámbito gubernamental, sino que, tratándose del cargo de Director General, está únicamente reservado a los ciudadanos mexicanos nacidos en territorio nacional que cumplan con cada uno de los requisitos que la ley exige.
• Lo que se persigue es la finalidad de la reserva prevista en el artículo 32 constitucional, puesto que se trata de un cargo ligado a conceptos de lealtad, identidad o soberanía nacionales, en virtud de que entre las principales actividades que ha de desempeñar se encuentran las establecidas en el numeral 4 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo, de cuyo contenido se puede observar que el Sistema de Administración Tributaria de Michoacán no solamente realizará actividades de vigilancia tributaria en la recaudación de las contribuciones y accesorios de carácter estatal y municipal, sino también federal, por lo que tendrá a su cargo información de carácter confidencial de gran relevancia, razón por la que se requiere que la persona titular de dicho organismo gubernamental sea de probada honradez y capacidad intelectual, experiencia laboral y profesional y con un alto compromiso de servicio ante la sociedad michoacana y el pueblo de México.
• La iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional busca fortalecer la administración de los recursos que percibe la entidad a través de un órgano especializado y es acorde con los artículos 1 y 35, fracción VI, constitucionales, puesto que no vulnera los derechos de igualdad, no discriminación, ni el de libre e igualitario acceso a un cargo en el servicio público, por el contrario, demuestra la responsabilidad, el compromiso con la sociedad y sobre todo con los principios de legalidad y seguridad jurídica, ello porque se busca proteger las instituciones públicas con los mejores perfiles profesionistas sin distinción alguna, y los requisitos establecidos en la fracción IV del artículo 16 tratan precisamente de salvaguardar el servicio dentro de la función pública.
• Dicha disposición es totalmente compatible con el parámetro de regularidad constitucional, toda vez que no hay una exclusión injustificada de laborar en el sector público dirigida a quienes hayan sido sentenciados con resolución firme de autoridad por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de libertad por más de un año, o inhabilitado en el ámbito estatal o federal para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ya que podrán laborar en cualquier dependencia gubernamental; sin embargo, no podrán acceder al puesto de Director General, dada su importancia y relevancia, al tener a su cargo la recaudación de impuestos federales, estatales y municipales, y tener el deber de informar el total de dicha recaudación a las autoridades federales, según lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, de cuyo importe dependerá lo destinado al Estado de Michoacán de Ocampo en materia de participaciones federales.
7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo. Por auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés se tuvo por rendido el informe requerido al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, que expuso, en síntesis, lo siguiente:
• La promulgación del decreto impugnado se efectuó con fundamento en los artículos 60, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y 5o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública de dicha entidad federativa.
• Las entidades cuentan con atribuciones legales para legislar en la materia de que se trata y exigir requisitos suficientes para detentar cargos públicos.
• Las disposiciones impugnadas son constitucionales porque, por un lado, hay cargos públicos que se reservan a mexicanos que no adquieran otra nacionalidad por ser cargos relacionados con los intereses o el destino político y económico del Estado en sus áreas estratégicas o prioritarias, cuyas funciones están ligadas a los conceptos de lealtad, identidad o soberanía nacionales.
• Por otra parte, porque deben exigirse parámetros estrictos para cubrir el nivel de responsabilidad que se requiere para atender asuntos fiscales y financieros que tienen alto impacto en la sociedad y en la construcción de políticas públicas del Estado, evitando la corrupción; y, para no correr riesgos, se debe tener la seguridad y confianza de que quien aspire al cargo público no haya sido condenado por delitos cometidos con la conciencia y voluntad de practicarlos.
8. Pedimento y manifestaciones. El Fiscal General de la República se abstuvo de formular pedimento; y, la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, de hacer manifestaciones.
9. Alegatos y cierre de instrucción. Las partes no formularon alegatos oportunamente y mediante proveído de diez de mayo de dos mil veintitrés se declaró cerrada la instrucción a efecto de proceder a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
10. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece. Lo anterior, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea que diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo contravienen la Constitución General. II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
11. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos combate el artículo 16, fracciones I, en la porción normativa "por nacimiento", y IV, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo, expedida mediante Decreto Número 340, publicado el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de dicha entidad.
12. Tales disposiciones son del contenido literal siguiente:
"Artículo 16. El Director General será nombrado y removido libremente por el Titular del Poder Ejecutivo y deberá cumplir con los siguientes requisitos:
"I. Ser Ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; ...
"II. IV. No haber sido sentenciado con resolución firme de autoridad por delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de libertad por más de un año, o inhabilitado en el ámbito estatal o federal, para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público; ..."
(Énfasis añadido)
Ver artículo 16 con énfasis
III. OPORTUNIDAD
13. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley Reglamentaria),(3) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial y, en caso de que el último día del plazo sea inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
14. En el caso las disposiciones impugnadas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo el viernes veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, por lo que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del sábado veinticuatro de diciembre de dos mil veintidós al domingo veintidós de enero de dos mil veintitrés.
15. En ese sentido, toda vez que el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad se recibió el lunes veintitrés de enero de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que su presentación fue oportuna, en la inteligencia de que el domingo veintidós de enero –último día del plazo– fue inhábil en términos del artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(4)
IV. LEGITIMACIÓN
16. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada.
17. En términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está legitimada para promover este medio de control constitucional en contra de leyes de las entidades federativas, entre otras normas generales, que desde su perspectiva vulneren derechos humanos. Al respecto, conviene apuntar que la promovente plantea que las disposiciones impugnadas transgreden los principios de seguridad jurídica, igualdad y no discriminación, legalidad, así como el derecho de acceso a un cargo público.
18. Asimismo, el escrito inicial fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(5) a quien corresponde promover las acciones de inconstitucionalidad en representación de dicha Comisión, en términos de lo establecido en los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(6) y 18, párrafo primero, de su Reglamento Interno.(7)
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
19. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Pleno, de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.
VI. ESTUDIO DE FONDO
VI.1. Consideraciones previas. Por cuestión de método, el análisis de fondo del asunto se dividirá en los siguientes rubros
• Constitucionalidad del requisito relativo a ser mexicano por nacimiento para ocupar el cargo de Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo, previsto en el artículo 16, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria de dicha entidad federativa.
• Constitucionalidad de diversas porciones normativas del artículo 16, fracción IV, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo.
VI.2. Constitucionalidad del requisito relativo a ser mexicano por nacimiento para ocupar el cargo de Director General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo
20. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiesta en sus conceptos de invalidez que el artículo 16, fracción I, en la porción normativa "por nacimiento", de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Michoacán de Ocampo resulta inconstitucional porque, entre otros vicios, el Congreso local no se encuentra habilitado constitucionalmente para establecer dicha calidad para el desempeño de un cargo público.
21. Para seguir con el estudio, importa reiterar que la disposición impugnada señala:
"Artículo 16. El Director General será nombrado y removido libremente por el Titular del Poder Ejecutivo y deberá cumplir con los siguientes requisitos:
"I. Ser Ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; ..."
(Énfasis añadido)
Ver disposición impugnada con énfasis
22. A juicio de este Tribunal Pleno, resulta fundado el concepto de invalidez señalado líneas arriba.
23. Al respecto, en principio es conveniente precisar que este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 87/2018,(8) sostuvo que, derivado de una interpretación sistemática del artículo 1o. en relación con el diverso 32, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad de determinar los cargos públicos en los que su titular deba cumplir con el requisito de ser mexicano por nacimiento, no corresponde a las entidades federativas, por lo que éstas no pueden, en ningún caso, establecer ese requisito para acceder a otros cargos distintos a los que emanan por mandando de la Constitución Federal.(9)
24. Además, en dicho asunto se destacó que la reserva consistente en ser mexicano por nacimiento para ocupar determinados cargos públicos no era irrestricta, pues encontraba su límite en que los cargos y funciones correspondientes sean estratégicos y prioritarios; de lo contrario, podría considerarse una distinción discriminatoria para el acceso a esos empleos públicos a los mexicanos por naturalización y, por tanto, violatoria del principio de igualdad y no discriminación previsto en los artículos 1o., párrafo quinto, 32 y 133 de la Constitución Federal.
25. Asimismo, se destacó que la habilitación constitucional a cargo de la Federación o de los Estados para regular una determinada materia es un presupuesto procesal de la mayor relevancia para cualquier análisis de fondo, pues de concluirse que el Congreso de una entidad federativa no se encuentra habilitado para establecer dicha exigencia, se actualizará inmediatamente la invalidez de la disposición impugnada, sin necesidad de analizar si la norma tiene un fin válido, pues resultará inconstitucional al haberse emitido por una autoridad incompetente.
26. Dichas consideraciones fueron reiteradas por este Tribunal Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad 59/2018,(10) 4/2019,(11) 35/2018,(12) 40/2019,(13) 88/2018,(14) 93/2018,(15) 45/2018 y su acumulada 46/2018,(16) 157/2017,(17) y 67/2018 y su acumulada 69/2018.(18)
27. Ahora, en la acción de inconstitucionalidad 111/2019,(19) así como en las diversas acciones 113/2020,(20) 182/2020,(21) 192/2020,(22) 39/2021(23) y 6/2020(24) este Tribunal Pleno mantuvo su criterio en el sentido de que las legislaturas de los Estados no se encuentran habilitadas para regular supuestos en los que se limite el acceso a cargos públicos a los mexicanos por nacimiento en las entidades federativas, pues, de hacerlo, llevará indefectiblemente a declarar la invalidez de las porciones normativas que así lo establezcan.
28. Sin embargo, para llegar a dicha conclusión, se partió únicamente del estudio de los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Federal, sin la necesidad de recurrir a la interpretación sistemática antes mencionada ni al estudio del principio de igualdad y no discriminación.
29. Además, en las mencionadas acciones de inconstitucionalidad 39/2021 y 6/2020, se consideró que era necesario eliminar las referencias a la reforma constitucional en materia de nacionalidad, específicamente, en el tema de los cargos y funciones a áreas estratégicas y prioritarias, al considerarse que no se encontraban relacionadas con la problemática en estudio.
30. En consecuencia, al ser estos últimos asuntos los que contienen el criterio vigente del Tribunal Pleno, el estudio de la porción normativa impugnada en este asunto se realizará conforme a las consideraciones sostenidas en ellos, como se hizo también al resolver la acción de inconstitucionalidad 100/2021 y su acumulada 101/2021, fallada el trece de septiembre de dos mil veintidós.
31 En ese sentido, es importante realizar un análisis de las normas que tienen como finalidad regular el tema de la nacionalidad en México. Para pronta referencia, se transcriben los preceptos constitucionales relevantes para estudiar el caso concreto:
"Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
"A). Son mexicanos por nacimiento:
"I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32553-4121d599/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- DESTITUCIÓN DEL CARGO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SI DICHA SANCIÓN TIENE SU ORIGEN EN LA COMISIÓN DE DELITOS DE CORRUPCIÓN (EXTORSIÓN), ES INNCESARIO UN PROCEDIM (I.4o.A.203 A (10a.))
- JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE CONFIRMA LA DIVERSA DEL TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTER (I.4o.A.46 A (11a.))
- DESTITUCIÓN DEL CARGO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. LA MATERIALIZACIÓN DE ESA SANCIÓN IMPUESTA POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE EXTORSIÓN, NO ESTÁ CONDICIONADA A LA E (I.4o.A.202 A (10a.))
- ABUSO DE FUNCIONES. DEBE ACREDITARSE CON ELEMENTOS DE CONVICCIÓN IDÓNEOS, PERTINENTES Y SUFICIENTES PARA VENCER LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL EST (II.3o.A.49 A (11a.))
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