I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA (ARTÍCULOS 59, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CONTAR CON ANTECEDENTES PENALES, NI", 68, FRACCIÓN IV, 71, FRACCIÓN IV, Y 80, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CONTAR CON ANTECEDENTES PENALES, NI", DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO CONDENADAS POR LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, EXCEPTO CULPOSO POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO, SALVO QUE SE HAYA COMETIDO BAJO LOS INFLUJOS DEL ALCOHOL, DE ALGUNA DROGA O ENERVANTE Y QUIENES NO, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE OCUPAR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA (ARTÍCULO 71, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO CONDENADAS POR DELITO INTENCIONAL QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN O CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA CUANDO SE TRATE Y QUIENES NO, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SER TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA (ARTÍCULO 76, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DELITO INTENCIONAL QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN O CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA CUANDO SE TRATE", DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). VI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO CONDENADAS POR DELITO QUE AFECTE LA BUENA FAMA EN EL CONCEPTO PÚBLICO Y QUIENES NO, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SER TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA (ARTÍCULO 76, FRACCIÓN III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "U OTRO QUE AFECTE LA BUENA FAMA EN EL CONCEPTO PÚBLICO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). VII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO CONTAR CON ANTECEDENTES PENALES PARA OCUPAR LA SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS, UNA SECRETARÍA DE ESTUDIO Y CUENTA, UNA SECRETARÍA DE ACUERDOS, UNA ACTUARÍA Y/O UNA DIRECCIÓN JURÍDICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 59, PÁRRAFO PRIMERO, Y 80, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CONTAR CON ANTECEDENTES PENALES, NI", DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). VIII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO CONTAR CON ANTECEDENTES PENALES PARA SER SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA, SECRETARIO DE ACUERDOS, ACTUARIO Y/O DIRECTOR JURÍDICO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, RESULTA SOBREINCLUSIVO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 59, PÁRRAFO PRIMERO, Y 80, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CONTAR CON ANTECEDENTES PENALES, NI", DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). IX. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO SER UNA PERSONA CONDENADA POR LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, EXCEPTO CULPOSO POR TRÁNSITO DE VEHÍCULO, SALVO QUE SE HAYA COMETIDO BAJO LOS INFLUJOS DEL ALCOHOL, DE ALGUNA DROGA O ENERVANTE PARA SER TITULAR DEL FONDO Y/O SECRETARIA O SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 68, FRACCIÓN IV, Y 71, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA). X. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO SER UNA PERSONA CONDENADA POR LA COMISIÓN DE ALGÚN DELIT
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 205/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 5 DE MARZO DE 2024. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 205/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del Decreto 1540, por el cual se expidió la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, publicado el dieciséis de septiembre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de esa entidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, a través del Buzón Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. La promovente impugnó la constitucionalidad de los artículos 59, párrafo primero, en la porción normativa "contar con antecedentes penales, ni"; 68, fracción IV; 71, fracción IV; 76, fracción III, en las porciones normativas "delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión o cualquiera que haya sido la pena cuando se trate" y "u otro que afecte la buena fama en el concepto público"; y 80, en la porción normativa "contar con antecedentes penales, ni", de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, expedida mediante Decreto No. 1540 publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el dieciséis de septiembre de dos mil veintitrés.
3. Asimismo, señaló como órganos emisores de la norma impugnada, al Congreso del Estado de Oaxaca y al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca.
4. Artículos constitucionales señalados como violados. En la demanda se citan como tales los artículos 1o., 14, 16 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los numerales 1o., 2o., 9, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así como los diversos 2o., 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
5. Conceptos de invalidez.
"ÚNICO. Las disposiciones normativas impugnadas de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca prevén requisitos para acceder a diversos puestos públicos de ese organismo que son contrarios a los derechos humanos de igualdad y no discriminación, a ocupar un cargo público y a la seguridad jurídica, así como el principio de legalidad."
Lo anterior porque su diseño normativo resulta extremadamente amplio, e, incluso en aquellos supuestos en que se encuentra delimitado su alcance, no guardan relación directa con las funciones de los empleos públicos a ocupar, por lo que resultan sobreinclusivos y no superan un examen de escrutinio ordinario.
Además, el que una de las normas cuestionadas restrinja el acceso al cargo cuando la autoridad que califique el perfil estime que el delito cometido "afecte la buena fama en el concepto público" de una persona, tiene una redacción imprecisa y ambigua, que permite discrecionalidad en su aplicación, pues su valoración es estrictamente subjetiva, lo que transgrede el derecho de seguridad jurídica y legalidad.
Los artículos 59, párrafo primero, en la porción impugnada; 68, 71, ambos en su fracción IV, 76, fracción III, en las porciones normativas controvertidas, y 80, en la porción normativa cuestionada, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca son incompatibles con el parámetro de regularidad constitucional, porque prevén los siguientes requisitos para las personas que aspiren a fungir como Secretarios o Secretarias General de Acuerdos, de Estudio y Cuenta, de Acuerdos; Actuaria; titulares del Fondo para el Fortalecimiento de la Justicia Administrativa, de la Secretaría de Administración y Finanzas, del Órgano Interno de Control y de la Dirección Jurídica, todos del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción oaxaqueño:
1. No contar con antecedentes penales.
2. No haber sido condenado o condenada por la comisión de algún delito, excepto culposo por tránsito de vehículo, salvo que se haya cometido bajo los influjos del alcohol, de alguna droga o enervante.
3. No haber sido condenado o condenada por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión o cualquiera que haya sido la pena cuando se trate de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público.
Tales exigencias resultan sobre inclusivas pues comprenden un sin número de supuestos, incluidos aquellos específicos y que se estimen "afecten la buena fama en el concepto público", sin que se advierta la posible relación entre las conductas cometidas y las funciones inherentes a los indicados cargos, excluyendo injustificadamente a un sector de la población de la posibilidad de acceder a ellos, lo que es contrario al derecho de igualdad y no discriminación, así como al de acceso a un cargo público.
A. Derecho de igualdad y no discriminación.
El artículo 1o. de la Constitución Federal reconoce que todas las personas gozan de los derechos reconocidos en su propio texto y en el de los tratados internacionales de los que México es parte.
Asimismo, establece la prohibición de discriminar en razón del origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Esta prohibición es extensiva a todas las autoridades del Estado, en sus respectivos ámbitos de competencia y permea todo el ordenamiento jurídico, de tal suerte que todo tratamiento discriminatorio respecto de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es per se incompatible con la misma.
De forma particular, en el ámbito legislativo, el creador de la norma tiene el deber de cuidar el contenido de las leyes, a fin de que las palabras y oraciones utilizadas no conduzcan a una desigualdad o discriminación. Este deber le impone velar por el contenido de las normas jurídicas que formula para no incurrir en un trato diferenciado injustificado.
No toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria. Es decir, la distinción y la discriminación son jurídicamente diferentes: la primera es razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en el detrimento de los derechos humanos de una persona.
Así, resulta contraria al parámetro de regularidad constitucional toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación.
Este Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente que el derecho fundamental a la igualdad, reconocido en la Constitución Federal, no implica establecer una igualdad unívoca ante las diferentes situaciones que surgen en la realidad, sino que se refiere a una igualdad de trato ante la ley. Esto es, que el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieren un trato diferente. Sin embargo, éste debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad del legislador.
Conforme al desarrollo jurisprudencial de ese Tribunal Constitucional, ha quedado establecido que no sólo se otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley, sino también en la ley misma, es decir, en relación con su contenido, por lo que, en algunas ocasiones, hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o incluso constitucionalmente exigido. Por lo anterior, en los casos en que la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizarse si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada.
Asimismo, este Tribunal Pleno ha señalado que las razones de exclusión no sólo surgen por las desigualdades de hecho, sino también por complejas prácticas sociales, económicas e, incluso, prejuicios y sistemas de creencias que desplazan a grupos de ámbitos en los que de un modo u otro están insertos.
Si bien el principio de igualdad no implica que todas las personas deban encontrarse en todo momento y en cualquier circunstancia en absoluta igualdad, lo cierto es que él mismo hace referencia a la situación en la cual todos los individuos ubicados en escenarios de hecho similares reciban siempre el mismo trato. Por tanto, toda diferencia en el tratamiento a las personas que se encuentren en las mismas circunstancias sin que exista justificación razonable será discriminatoria.
Como esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, el derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios:
• Igualdad ante la Ley: obliga, por un lado, a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que debe apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente.
• Igualdad en la Ley: opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica, a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.
Adicionalmente, ha sustentado que la igualdad es un principio adjetivo que se predica siempre de algo y que, por tanto, se define y actualiza progresivamente a través del tiempo y a la luz de una multiplicidad de factores sociales, culturales, económicos, políticos, entre otros.
En el ámbito internacional, el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la discriminación de derecho, no sólo en cuanto a los derechos contenidos en dicho tratado, sino respecto de todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. Es decir, si un Estado establece en su derecho interno disposiciones que resulten discriminatorias, incumple con la obligación establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana en relación con las categorías protegidas por el citado artículo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 18/03 sostuvo que el principio de igualdad ante la ley y no discriminación pertenece al ius cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico.
B. Derecho a ocupar un cargo público.
El artículo 35, fracción VI, de la Norma Fundamental consagra como derecho de las y los ciudadanos mexicanos el poder ser nombrados a cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley.
De la interpretación armónica del precepto, así como del parámetro expuesto en el apartado anterior, se desprende que todas las personas, en un plano de igualdad, pueden acceder a cargos públicos de su elección cuando sean nombrados para tal efecto y cumplan con los requisitos que establece.
El artículo 23, numeral 1, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho político del que gozan todas las personas ciudadanas de un Estado, lo que implica tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
El numeral 2 del mismo artículo, prevé que la ley puede reglamentar el ejercicio de este derecho exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal.
Lo anterior debe atender a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha referido que todo proceso de nombramiento de un cargo en la administración pública debe tener como función no sólo la selección según los méritos y calidades del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público. En consecuencia, se debe elegir al personal exclusivamente por el mérito personal y su capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos de selección y permanencia que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones a desempeñar.(1)
El Tribunal Interamericano ha enfatizado que los procedimientos de nombramiento de las personas servidoras públicas tampoco pueden involucrar privilegios o requisitos irrazonables; de tal forma que todas las personas que acrediten los requisitos determinados en la ley deben poder participar en los procesos de selección, sin ser objeto de tratos desiguales y arbitrarios. Por tanto, no son admisibles las restricciones que impidan o dificulten llegar al servicio público con base en sus méritos.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el concepto de "calidad" contenido en el artículo 35 de la Norma Fundamental, ha sostenido que se refiere a las características de una persona que revelen un perfil idóneo para desempeñar con eficiencia y eficacia el empleo o comisión que se le asigne. Esto se refiere a cuestiones que son inherentes a la persona y no así a aspectos extrínsecos a ésta.
Por lo tanto, cuando el legislador defina en sus leyes las calidades necesarias para que una persona pueda ser nombrada para cualquier empleo o comisión del servicio público, deberá ser cuidadoso en que los requisitos que establezca estén directamente relacionados con el perfil idóneo para el desempeño de la respectiva función, lo que exige de criterios objetivos y razonables que eviten discriminar a personas que potencialmente tengan las calificaciones, capacidades o competencias (aptitudes, conocimientos, habilidades, valores, experiencias y destrezas) necesarias para desempeñar con eficiencia y eficacia el correspondiente empleo o comisión.
C. Derecho a la seguridad jurídica y principio de legalidad.
El derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Norma Fundamental, constituyen prerrogativas fundamentales que protegen a toda persona frente al arbitrio de la autoridad estatal, es decir; su ratio essendi es la proscripción de la discrecionalidad y arbitrariedad en todos los casos en que el Estado realice las actuaciones que le corresponden en aras de salvaguardar el interés y el orden público.
Correlativo al derecho de seguridad jurídica, en el principio de legalidad se erige la obligación de las autoridades legislativas de establecer leyes que brinden certidumbre jurídica y se encuentren encaminadas a la protección de los derechos de las personas.
Las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, deben asegurar a las personas que la autoridad sujetará sus actuaciones dentro de un marco de atribuciones acotado, para que el aplicador de la norma pueda ejercer su labor sin arbitrariedad alguna y, además, para que el destinatario de esta tenga plena certeza sobre su actuar y situación ante las leyes.
Es así como, de una interpretación armónica y congruente del contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, se colige que el actuar de todas las autoridades debe estar perfectamente acotado en la ley. Así como tener como guía en todo momento la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En este orden de ideas, no es posible la afectación a la esfera jurídica de una persona a través de actos de autoridades ausentes de un marco normativo habilitante y que acote debidamente su actuación, pues es principio general de derecho que, en salvaguarda de la legalidad, la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le autoriza.
Por ello, la actuación de las autoridades debe estar determinada y consignada en el texto de normas que sean acordes con lo previsto en la Norma Suprema, así como con las leyes secundarias que resulten conformes con la misma, de otro modo, se les dotaría de un poder arbitrario incompatible con el régimen de legalidad.
Apuntado lo anterior, es posible puntualizar los supuestos en los cuales se ven vulnerados el principio de legalidad y el derecho de seguridad jurídica en los términos siguientes:
1) Cuando la actuación de cualquier autoridad del Estado no se encuentra debidamente acotada o encauzada conforme a la Constitución o las leyes secundarias que resultan acordes a la Norma Fundamental.
2) Cuando la autoridad estatal actúa con base en disposiciones legales que contradicen el texto constitucional.
3) Cuando la autoridad afecta la esfera jurídica de los gobernados sin un sustento legal que respalde su actuación.
El respeto a la seguridad jurídica y a la legalidad constituyen dos pilares fundamentales del Estado Constitucional Democrático de Derecho. Su inobservancia hace imposible la permanencia y el desarrollo adecuado del Estado Mexicano. Cuando el actuar de la autoridad no se rige por estos mandatos de regularidad el estado de derecho desaparece y es sustituido por la arbitrariedad.
El derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad se hacen extensivos al legislador, como creador de las normas, quien se encuentra obligado a establecer disposiciones claras y precisas que no den pauta a una aplicación arbitraria de la ley, siempre guiadas bajo los cauces determinados en la Norma Fundante.
Ahora bien, en el Estado Federal Mexicano todo aquello que no esté expresamente concedido por la Constitución General a las autoridades Federales se entiende reservado a los Estados o a la Ciudad de México, según corresponda.
En consecuencia, las entidades federativas, en el ámbito legislativo, pueden emitir normas que regulen todo aquello que no esté expresamente concedido al Congreso de la Unión, pues de lo contrario estarían trasgrediendo el orden constitucional al realizar actos que afectan la esfera jurídica de los gobernados sin estar habilitados para ello, en detrimento del derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.
D. Inconstitucionalidad de las normas impugnadas.
En el presente apartado se desarrollarán las razones por las que este Organismo Nacional considera que las normas combatidas no son compatibles con el parámetro de regularidad constitucional de nuestro país, porque transgreden los derechos de igualdad y no discriminación, de acceso a un cargo público y el de seguridad jurídica, así como el principio de legalidad.
Previo a la exposición de los argumentos, resulta pertinente identificar plenamente el contenido normativo de los preceptos en combate, los cuales prevén:
"ARTICULO 59. El Secretario General de Acuerdos, las y los Secretarios de Estudio y Cuenta y de Acuerdos, así como las y los Actuarios, deberán contar con título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, ser mexicanos, y no contar con antecedentes penales, ni ser deudor alimentario moroso, o en su caso cancelar la deuda que se tenga en términos de la legislación de la materia. (... )" "Artículo 68. Para ser Titular del Fondo se requiere:
I. - III. (...)
IV. No haber sido condenado por la comisión de algún delito, excepto culposo por tránsito de vehículo, salvo que se haya cometido bajo los influjos del alcohol, de alguna droga o enervante."
"ARTICULO 71. La Secretaria de Administración y Finanzas, es la encargada del control de los recursos financieros, humanos y materiales del Tribunal. Será la que proporcione los suministros, servicios generales y auxiliares indispensables para la conservación y mantenimiento de instalaciones y equipamiento de las diferentes áreas.
Estará a cargo de un Secretario o Secretaria, designado y removido por el pleno a propuesta de la Presidencia.
Para ser Secretario o Secretaria de Administración se requiere:
I. - III. (...)
IV. No haber sido condenado o condenada por la comisión de algún delito, excepto culposo por tránsito de vehículo, salvo que se haya cometido bajo los influjos del alcohol, de alguna droga o enervante."
"ARTICULO 76. Para ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control del Tribunal deberá de reunir los siguientes requisitos;
I. - II. (...)
IV. No haber sido condenado o condenada por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión, o cualquiera que haya sido la pena cuando se trate de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público;
IV. - VII. (...)."
"ARTÍCULO 80. La o el Director Jurídico será nombrado directamente por el Presidente del Tribunal y dependerá exclusivamente de éste o del Pleno del Tribunal. Para ser Director Jurídico se requiere contar con título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, ser mexicano, tener por lo menos tres años de experiencia en materia administrativa y fiscal; no contar con antecedentes penales ni ser deudor alimentario moroso, o en su caso, cancelar la deuda que se tenga en términos de la legislación de la materia."
Como se puede advertir, los preceptos cuestionados establecen esencialmente los requisitos siguientes:
1) No contar con antecedentes penales.
2) No haber sido condenado o condenada por la comisión de algún delito, excepto culposo por tránsito de vehículo, salvo que se haya cometido bajo los influjos del alcohol, de alguna droga o enervante.
3) No haber sido condenado o condenada por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión.
4) No haber sido condenado o condenada por cualquier otro delito que afecte la buena fama en el concepto público.
Esta Comisión Nacional considera que dichas exigencias resultan contrarias a los derechos de igualdad y no discriminación, seguridad jurídica, legalidad y acceso a un cargo público, reconocidos en el texto constitucional en los artículos 1o., 14, 16 y 35, fracción VI, así como los preceptos correlativos de los tratados internacionales en materia de derechos humanos citados.
En general, por la configuración de las disposiciones, los requisitos impiden de manera injustificada que las personas que se encuentran en esas hipótesis puedan fungir como Secretarias o Secretarios General de Acuerdos, de Estudio y Cuenta, y de Acuerdos; Actuaria; así como titulares del Fondo para el Fortalecimiento de la Justicia Administrativa, de la Secretaría de Administración y Finanzas, del Órgano Interno de Control y de la Dirección Jurídica, del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción oaxaqueño.
Lo anterior porque las exigencias en combate limitan de forma genérica los derechos de las personas que tengan antecedentes penales de cualquier índole, fueron condenadas por la comisión de delitos culposos por tránsito de vehículo que se haya cometido bajo los influjos del alcohol, de alguna droga o enervante, así como intencionales que ameriten pena corporal de más de un año de prisión o cualquier otro que afecte la buena fama en el concepto público, en los que no se considerará la pena impuesta; tampoco se considerará que en algunos casos con antecedentes penales no les ha recaído una sentencia condenatoria, o la sanción o pena ya fue cumplida; ni se toma en cuenta en ninguna de tales hipótesis si las conductas por las cuales el sujeto fue sancionado se relacionan o no con las funciones que deba desempeñar con motivo del cargo.
Es decir, los preceptos controvertidos ocasionan un amplio espectro de exclusión, al prever una multiplicidad de supuestos que no consideran si las conductas infractoras que engloban guardan relación estrecha o manifiesta con las funciones a desempeñar, ni establecen ningún tipo de parámetro que acote dichas exigencias, salvo en los casos de uno de los requisitos controvertidos.
A juicio de esta institución, no es constitucionalmente válido que, por regla general, se impida el acceso al desempeño del servicio público a las personas que cuenten con cualquier tipo de antecedente penal o hubieren compurgado una pena o sanción, sobre todo cuando ya la cumplieron, pues tal medida se traduce en una exclusión injustificada y discriminatoria para quienes se encuentren en tales hipótesis, que les impide ejercer su derecho a ocupar un cargo público en condiciones de igualdad.
Tampoco se desconoce que los derechos humanos no son absolutos y que admiten restricciones. Sin embargo, para que éstas sean válidas, deben examinarse cuidadosamente para dilucidar si son proporcionales, objetivas y razonables.
Esta Comisión Nacional considera que, para que una restricción de esa naturaleza sea válida, deben examinarse las funciones y obligaciones que tienen a cargo cada uno de los puestos correspondientes y, una vez hecho lo anterior, señalar con precisión únicamente las conductas ilícitas que se encuentran estrechamente vinculadas con el empleo del que se trate, advirtiéndose que quien funja como Secretaria o Secretario General de Acuerdos común al Pleno, Sala Superior y a la Presidencia; de Estudio y Cuenta de las Salas Superior, Unitarias Mixtas y Especializadas; de Acuerdos de las Salas Unitarias Mixtas y Especializadas; así como Actuaria del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción oaxaqueño, al ser unidades auxiliares a la tarea jurisdiccional, desempeñarán dentro de sus atribuciones actividades jurídico-jurisdiccionales, de fe pública, acordar, proyectar y efectuar diversas diligencias relacionadas con el trámite de los asuntos a su cargo y competencia, entre otras.
Respecto de las facultades de la persona titular del Fondo para el Fortalecimiento de la Justicia Administrativa, éstas se relacionan con la recaudación de ingresos, remitir el estado financiero del fondo a la Presidencia de ese Tribunal, así como la formulación del trámite administrativo interno para el otorgamiento de copias, es decir, son funciones administrativas-financieras.
La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Tribunal desempeñará funciones relacionadas con la administración de recursos financieros, materiales, humanos, así como los bienes y servicios adquiridos o que adquiera y estén contratados o contrate, mantener el inventario actualizado y vigilar el cumplimiento de las normas que regulan las relaciones laborales, de conformidad con el precepto 72 del propio ordenamiento impugnado. Por lo tanto, realizará atribuciones de carácter administrativo y de vigilancia.
En cuanto a las competencias de la persona titular del Órgano Interno de Control del Tribunal, de acuerdo a lo previsto en el artículo 77 de la Ley de mérito, éstas se circunscriben primordialmente a aplicar las disposiciones de control interno e inspección relativas al funcionamiento administrativo que rigen a los órganos y personal de ese órgano jurisdiccional, así como seguir el procedimiento relativo a la investigación y sanción de responsabilidades administrativas en términos de la Norma marco de la materia. En consecuencia, desarrollará funciones administrativas, sancionadoras y de fiscalización.
Por último, las funciones del titular de la Dirección Jurídica del tribunal, de acuerdo con el numeral 79 del ordenamiento en comento, son estrictamente jurídicas, relacionadas con la elaboración de normatividad interna, atender y contestar los requerimientos de los órganos jurisdiccionales y administrativos al Tribunal, emitir opiniones, entre otras.
De lo anterior se desprende que las funciones de los cargos de mérito se circunscriben a atender, dar trámite, vigilar, revisar, actualizar, administrar los recursos y recaudarlos, dar fe pública, y realizar actividades jurídicas profesionales en los asuntos que se encuentren a cargo de cada una de sus adscripciones, en otras palabras, desempeñan funciones jurídicas-jurisdiccionales, de gestión administrativa, técnica, financiera y de auditoría-fiscalización.
No escapa a este Organismo Nacional la importancia de las funciones que desempeñan los diversos cargos públicos involucrados, los cuales se relacionan con el seguimiento de procedimientos de auditoría, inspecciones, de control interno; con actividades que coadyuvan a la impartición de justicia en materia administrativa y combate a la corrupción; así como con la administración de recursos tanto financieros como humanos, por lo que puede afirmarse que se exige las personas aspirantes a estos empleos tengan un perfil idóneo que permita la objetividad, imparcialidad y honradez en su labor.
Empero, establecer una prohibición tan genérica como las previstas en las normas impugnadas, por los términos en los que se encuentran redactadas, impiden el análisis minucioso entre esas atribuciones y las conductas por las cuales fue sancionada la persona, pues la restricción es demasiado amplia. Por lo que tampoco existe justificación que permita que la exclusión aludida sea válida.
Por lo expuesto, esta Comisión Nacional estima que los requisitos controvertidos no están justificados de forma objetiva, porq
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32722-bbfe569c/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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