I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVERLA SI EL DECRETO IMPUGNADO SE PUBLICÓ CUANDO SE ENCONTRABAN SUSPENDIDAS LAS LABORES EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. V. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS TIENEN DERECHO A SER CONSULTADOS PREVIAMENTE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES ANTE MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE PUEDAN AFECTARLOS DIRECTAMENTE. VI. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LAS AUTORIDADES LEGISLATIVAS ESTÁN OBLIGADAS A REALIZARLA, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, ANTES DE ADOPTAR UNA ACCIÓN O MEDIDA SUSCEPTIBLE DE AFECTARLAS DIRECTAMENTE, MEDIANTE PROCEDIMIENTOS CULTURALMENTE ADECUADOS, INFORMADOS Y DE BUENA FE. VII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CARACTERÍSTICAS Y FASES QUE DEBE OBSERVAR EL LEGISLADOR EN LOS PROCEDIMIENTOS ENCAMINADOS A CUMPLIR ESTE DERECHO. VIII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. PARA EFECTO DE DETERMINAR LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR ESE DERECHO, NO ES RELEVANTE SI LA MEDIDA LAS BENEFICIA A JUICIO DEL LEGISLADOR. IX. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. SE ERIGE COMO PARÁMETRO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN DOS VERTIENTES: 1) COMO DERECHO SUSTANTIVO, CUYA VIOLACIÓN PUEDE SER RECLAMADA RESPECTO DE UN CONTENIDO NORMATIVO, O BIEN, 2) COMO REQUISITO CONSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, EN CUYO CASO PUEDE ANALIZARSE EN ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, COMO UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. X. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. ESTE DERECHO ES UNA DE LAS GARANTÍAS DE QUE A ESOS GRUPOS YA NO SE LES PODRÁN IMPONER SISTEMAS, IDEAS Y PRÁCTICAS QUE SEAN CONTRARIAS A SU HISTORIA, SUS USOS Y COSTUMBRES; SERÁN ESTAS COMUNIDADES LAS QUE A TRAVÉS DE AQUÉLLA DECIDAN, EN DIÁLOGO CON LAS AUTORIDADES, SU LUGAR Y RELACIÓN CON EL RESTO DE LA SOCIEDAD. XI. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. SU FINALIDAD CONSISTE EN SER UN MECANISMO PARA PROTEGER EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN, A LA AUTODETERMINACIÓN, A LA SUBSISTENCIA Y PRESERVACIÓN DE SU CULTURA COMO DISTINTA Y SEPARADA DE LA SOCIEDAD "TRADICIONAL" –ES DECIR, LA NO ASIMILACIÓN– Y EL DERECHO A LA PROPIEDAD, ESPECÍFICAMENTE POR LO QUE HACE A LA PROPIEDAD Y USO DE SUS TIERRAS TRADICIONALES. XII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE TENER COMO FINALIDAD OBTENER EL CONSENTIMIENTO DE LAS PERSONAS CONSULTADAS O UN ACUERDO DERIVADO DE LA NEGOCIACIÓN QUE SE LLEVE. XIII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. SU FINALIDAD PRIMORDIAL ES LOGRAR UNA PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA POR PARTE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS, Y HACERLOS EL AGENTE PRINCIPAL EN LAS MEDIDAS QUE LOS VAN A AFECTAR O QUE TENDRÁN INCIDENCIA EN EL RESTO DE SUS DERECHOS. XIV. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. EL LEGISLADOR DEBE SER CUIDADOSO DE QUE SU REGULACIÓN NO TENGA POR EFECTO RESTRINGIR EL DERECHO A AQUÉLLA. XV. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. SU FLEXIBILIDAD PERMITE QUE LAS AUTORIDADES Y GRUPOS VULNERABLES PUEDAN IR ALTERANDO EL PRETENDIDO RESULTADO DE LA PROPIA CONSULTA COMO EFECTO DE LA NEGOCIACIÓN Y DIÁLOGO. XVI. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. EL CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO COBRA IMPORTANCIA EN EL CASO DEL DERECHO A LA CONSULTA, ASÍ COMO EN EL DERECHO DE ESOS GRUPOS A SUS TIERRAS, TERRITORIOS Y RECURSOS. XVII. CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS. LA NECESIDAD DE CONSEGUIR SU CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO DEPENDERÁ DEL NIVEL DE IMPACTO O MAGNITUD QUE LA ACTIVIDAD O MEDIDA QUE SE PROPONE EJECUTAR OCASIONE SOBRE LA VIDA Y LOS TERRITORIOS DE AQUÉLLOS, LO QUE TENDRÁ QUE SER VALORADO CASO POR CASO XVIII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. EL PROPÓSITO DE ESTABLECER EL CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO EN LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LAS TIERRAS Y RECURSOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS COMO UNA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES, TIENE LA FINALIDAD DE PROTEGERLOS ANTE LOS CONSTANTES ATAQUES Y VIOLACIONES POR PARTE DE ÉSTAS Y DE ENTES PRIVADOS. XIX. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA PROPIEDAD COMUNITARIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEBE TOMAR EN CUENTA QUE LA TIERRA ESTÁ ESTRECHAMENTE RELACIONADA CON SUS TRADICIONES Y EXPRESIONES ORALES, COSTUMBRES, LENGUAS, ARTES, RITUALES, CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA, VESTIMENTA, ARTE CULINAR
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 200/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 5 DE AGOSTO DE 2024. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: MARÍA CRISTINA VILLEDA OLVERA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reclama la invalidez de diversos preceptos de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto 1291, el veintidós de febrero de dos mil veinte, en el Periódico Oficial de la entidad.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de agosto de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual resuelve la acción de inconstitucionalidad 200/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante, “CNDH”) en contra de diversos artículos y omisiones de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto 1291 el veintidós de febrero de dos mil veinte en el Periódico Oficial de la entidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Presentación del escrito inicial. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte en el buzón judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su calidad de Presidenta de la CNDH, promovió la presente acción de inconstitucionalidad, en la que solicitó la invalidez de los artículos 3, primer párrafo; 4, fracción XIV, en la porción normativa “negativas”; 8; 9 —salvo su último párrafo—; 35; 50; 61, último párrafo; 65, segundo párrafo; 68, última parte; 74, último párrafo; 75, 79 y el Título Sexto, denominado “De las Medidas Precautorias y Medios de Impugnación” —que comprende del numeral 69 al 77—, por actualizarse una omisión relativa en facultad de ejercicio obligatorio; de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca (en adelante, “Ley de Consulta”), publicada mediante Decreto 1291 el veintidós de febrero de dos mil veinte en el Periódico Oficial de la entidad.
2. Conceptos de invalidez. La Comisión accionante expuso, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
• PRIMERO. Los artículos 3, primer párrafo; 4, fracción XIV, en la porción normativa “negativas”; 8; 9, —salvo su último párrafo—; 35; 50; 61; último párrafo; 65, segundo párrafo; 68, última parte; 74, último párrafo; y 75 de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca, establecen un sistema que desnaturaliza el derecho a la consulta previa de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas, reconocido en el artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (en adelante “Convenio 169 de la OIT”).
1. Normas que establecen tipos y finalidades de la consulta
• A) Tipos de consulta. El legislador local confunde la finalidad que persiguen las consultas y sus tipos, con la forma de participación de los indígenas y la manifestación de su voluntad en esos procedimientos, no obstante que la finalidad de toda consulta a esos grupos ya se encuentra definida en el artículo 6.1. del Convenio 169 de la OIT y consiste en: 1) llegar a un acuerdo; o, 2) lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
• En contraste, los artículos 3 y 35 de la Ley de Consulta establecen distintas finalidades de la consulta dependiendo de la medida sometida a ese procedimiento. El artículo 3, indica que la consulta tendrá tres finalidades: 1) llegar a un acuerdo; 2) obtener el consentimiento; o, en su caso, 3) emitir opiniones y propuestas. Por su parte, el artículo 35, establece que, para determinar el tipo de consulta y procedimiento, se debe tomar como base el objetivo y la materia de la medida legislativa o administrativa, así como las particularidades de los pueblos y las comunidades respectivos, y prevé tres tipos de consulta: 1) para lograr un acuerdo; 2) para obtener su consentimiento libre, previo e informado; y, 3) de opinión y construcción de propuestas. De lo cual se advierte que el legislador local identificó tres finalidades distintas de la consulta y a partir de ello, definió sus tipos.
• Derivado de lo anterior, el artículo 9 de la ley controvertida prevé que son materia de consentimiento previo, libre e informado, los siguientes casos: I) cuando sea necesario el traslado y la reubicación de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas fuera de sus tierras; II) la posible privación de cualquier tipo de bien cultural, intelectual religioso o espiritual; III) cualquier tipo de confiscación, toma, ocupación, utilización o daño efectuado en tierras y territorios que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma; IV) almacenamiento, confinamiento o la eliminación de materiales peligrosos en sus tierras o territorios; V) cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos, en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos naturales en el ámbito de competencia estatal o municipal.
• Asimismo, el artículo 61, último párrafo, señala que el objeto de las consultas sobre medidas legislativas es obtener opiniones y propuestas del sujeto consultado; y el 65, segundo párrafo, establece que los procesos de consulta de medidas administrativas tienen como finalidad alcanzar acuerdos u obtener el consentimiento de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. De ahí que, el objetivo o finalidad de la consulta se determina a partir del tipo de medida estatal a consultar.
• Las normas referidas desnaturalizan el derecho a la consulta, ya que modifican la finalidad de toda consulta indígena, que debe ser la de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, en tanto que se busca alcanzar un diálogo genuino entre las partes, del cual parta la decisión respecto de la medida.
• Los preceptos combatidos distinguen entre tres finalidades diferentes y diferenciadas dependiendo de la medida de que se trate, con lo que el Congreso estatal confunde la finalidad de la consulta con el posible resultado que pudiera obtenerse de dicho procedimiento, así como con las formas en que las comunidades y pueblos pueden participar.
• El legislador, al diferenciar entre los tipos de consulta y sus finalidades, tergiversa el derecho a la consulta, ya que le confiere finalidades diferenciadas con base en la medida sometida a ese procedimiento, lo que contraviene el Convenio 169 de la OIT y los criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales emitidos en esa materia.
• Asimismo, se limita la forma de participación en que pueden intervenir esas comunidades y pueblos, pues sólo prevé la posibilidad de que se presenten propuestas y opiniones tratándose de medidas legislativas, sin contemplarlas para el resto de los casos, como lo son las administrativas o alguno de los supuestos previstos en el artículo 9 de la ley impugnada, lo cual desvirtúa el propósito de las consultas como actos de comunicación, entendimiento, respeto mutuo y buena fe para llegar a un punto de conformidad en común.
• B. Vinculatoriedad de la consulta. El artículo 50 de la ley impugnada establece que el resultado de la consulta será vinculante para las autoridades que estén relacionadas con la medida consultada; además, precisa que pueden darse los resultados siguientes: 1) aceptación lisa y llana; 2) aceptación con condiciones; 3) no aceptación lisa y llana; 4) no aceptación con posibilidad de otra opción o modificaciones a la medida; y, 5) opiniones y propuestas sobre el objeto de la consulta. Por su parte, el artículo 68, establece que la determinación de las comunidades de no otorgar el consentimiento será vinculante para la autoridad responsable.
• Lo anterior revela que el legislador local modifica el propósito de las consultas (consistente en llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento de la medida propuesta), al atribuirle consecuencias obligatorias al resultado de la consulta, permitiendo que una de las partes se imponga sobre la otra, pues si bien las decisiones derivadas del proceso de consulta deben tener efectividad, lo cierto es que, precisamente, su finalidad es que el intercambio de opiniones durante dicho proceso, en un marco de comunicación, diálogo y entendimiento, se tome en consideración para evitar tanto que las autoridades realicen imposiciones o se sustraigan unilateralmente de los acuerdos pactados, como el que la decisión de esos sectores de la población se imponga sobre una determinada medida estatal.
• En ese sentido, los preceptos cuestionados otorgan una naturaleza al derecho a la consulta como una mera posibilidad de “veto”, ya sea de rechazo de la actividad estatal o como prerrogativa para frenar medidas públicas, soslayando que su propósito real es alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento por medio de negociaciones de buena fe y diálogo.
• Conceder una vinculatoriedad inflexible a una determinación de sólo uno de los sujetos de la consulta y no al resultado de esos procesos de diálogo entre ambas partes, podría frenar proyectos que no sólo puedan beneficiar a los pueblos y comunidades indígenas, sino al resto de la población.
• C. Posibilidad de renunciar y de acordar la realización de la consulta. El artículo 74, segundo párrafo, de la ley impugnada establece la posibilidad de que los pueblos y las comunidades indígenas impugnen la decisión que ordene realizar la consulta si es que aquéllos no aceptaron dicho proceso; mientras que el artículo 75, señala que la decisión de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos y de los pueblos y comunidades de llevar a cabo la consulta no será susceptible de impugnación.
• De la interpretación de los preceptos impugnados pareciera que le otorgan carácter potestativo a la consulta, ya que su ejercicio puede quedar a voluntad de la Secretaría y de los pueblos y las comunidades indígenas, lo cual soslaya la naturaleza misma del derecho a la consulta y el principio de irrenunciabilidad que le es inherente, ya que no resulta admisible que se les pregunte a las comunidades si quieren ser o no consultadas, en virtud de que se trata de un derecho que debe ser garantizado en todo momento por la autoridad estatal, por lo que su efectivo ejercicio no depende ni deriva de un acuerdo existente entre los pueblos y comunidades con las autoridades, sino de una obligación a cargo del Estado, que emana de la Constitución Federal y del Convenio 169 de la OIT.
2. Normas que acotan la procedencia de la consulta
• A) La susceptibilidad de afectación debe ser negativa. El artículo 4, fracción XIV, de la ley impugnada precisa que la susceptibilidad de afectación se entiende como la posibilidad y la probabilidad de que las comunidades indígenas y afromexicanas puedan sufrir alteraciones negativas derivadas de una medida legislativa o administrativa. Definición que es fundamental para determinar los casos en los que la autoridad estatal tiene la obligación de consultar a esos sectores poblacionales.
• El legislador restringe la procedencia del derecho a la consulta indígena sólo en los casos en los que las medidas estatales puedan afectar negativamente en los derechos que tienen reconocidos los indígenas, excluyendo a aquéllas que pudieran tener un impacto positivo, lo cual obstaculiza su participación sin justificación alguna.
• Lo anterior, porque al señalar que la consulta se celebrará cuando exista susceptibilidad de afectación a los indígenas, es decir, cuando “puedan sufrir alteraciones negativas derivadas de una medida legislativa o administrativa”, se traduce en: a) una limitación a ese derecho, porque acota su procedencia a determinados casos; y, b) que cuando la autoridad estime que las medidas pueden serles benéficas, no existe obligación de consultar.
• Con base en el parámetro determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades deben llevar a cabo procedimientos de consulta indígena cuando la actividad estatal sea susceptible de impactar en los intereses y los derechos de los grupos indígenas involucrados, sin hacer un previo examen sobre si la medida pudiera resultar benéfica o perjudicial.
• B) Supuestos de improcedencia de la consulta. El artículo 8 de la ley impugnada prevé que cuando la medida estatal verse sobre acciones emergentes de combate a epidemias o por desastres naturales, o cuando se trate de leyes fiscales, no será procedente la consulta.
• El artículo establece expresamente cuáles son las materias que quedan exceptuadas de la consulta previa, en contravención a los fines de ese derecho, lo que, además, es incompatible con los estándares nacionales e internacionales en la materia.
• No corresponde al legislador estatal la decisión sobre qué materias pueden ser sometidas a consulta y cuáles no, ya que para determinar si cierta medida debe someterse a esos procedimientos debe regir el criterio de susceptibilidad de afectación y el de impacto significativo en la vida, entorno y derechos de las comunidades y los pueblos originarios y afromexicanos, quienes son los únicos facultados para determinar si una medida les puede afectar positiva o negativamente y en qué proporción.
• El Estado debe evaluar si la medida afecta directamente a pueblos y comunidades indígenas mediante un razonamiento casuístico y específico, pero no excluir a priori desde la ley esa posibilidad.
• SEGUNDO. El Título Sexto de la Ley de Consulta regula diversas medidas precautorias y medios de impugnación tendentes a salvaguardar el derecho a la consulta, los cuales serán competencia de la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia estatal; no obstante, el legislador fue omiso en prever alguna norma procesal o, en su caso, un régimen supletorio que regule la actuación de dicho órgano jurisdiccional en tales procesos.
• El legislador local incurrió en una omisión legislativa relativa en competencia de ejercicio obligatorio, toda vez que dicho órgano debió observar el mandato constitucional relativo a establecer las normas procedimentales que darán curso a las medidas precautorias y medios de impugnación relacionados con el derecho a la consulta, derivado del parámetro establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que prevén el derecho a la seguridad jurídica, el principio de legalidad, así como la garantía de audiencia y, como parte de ésta, las formalidades esenciales del procedimiento, en relación con el diverso 17 constitucional que consagra el derecho de acceso a la justicia, el cual establece el principio de reserva de ley en función del cual la autoridad legislativa debe expedir las leyes que regulen y establezcan las condiciones normativas para que las personas puedan ejercer sus derechos de acción y defensa y para que la autoridad cumpla con la obligación de brindarles una tutela judicial efectiva.
• El legislador oaxaqueño diseñó medios precautorios e impugnativos para asegurar la efectividad del derecho a la consulta, pero lo hizo de forma deficiente, ya que no estableció las normas aplicables para la instrucción y resolución de tales mecanismos, ya que, de una revisión a la ley impugnada, no se observa que se establezca alguna norma procedimental que defina plazos para que los pueblos y las comunidades indígenas promuevan las medidas cautelares o medios impugnativos ante la Sala de Justicia Indígena; además, no se regulan los plazos para la presentación de pruebas (admisión, preparación o desahogo); ni existe alguna norma para regular una fase de alegatos.
• No pasa inadvertido que el artículo 76 de la ley impugnada prevé que la Sala de Justicia Indígena conocerá de las inconformidades que se generen durante el desahogo de la consulta “en términos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca”; sin embargo, sólo se refiere a la competencia de ese órgano para resolver sobre las inconformidades, más no a la aplicación de las normas procedimentales. Además, dicho precepto remite a un ordenamiento inexistente en el sistema jurídico estatal, pues la ley que fundamenta la competencia de la Sala de Justicia Indígena es la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca.
• No existe un ordenamiento legal que pueda resarcir la omisión alegada, ya que la ley combatida no contempla una remisión expresa a otra legislación que pueda ser aplicada supletoriamente para regular las actividades de las partes y de los jueces que intervienen en el proceso de los medios precautorios e impugnativos en materia de consulta indígena, ni tampoco existe algún otro ordenamiento que prevea la posibilidad de ser aplicado a otras legislaciones, con lo cual se viola el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, dejando en incertidumbre a los gobernados.
• TERCERO. El artículo 79 de la Ley de Consulta establece que el incumplimiento o la violación a la suspensión de medidas estatales que, debiendo someterse a consulta, no se realizaron conforme a dicho ordenamiento, se considerará como falta grave en términos del artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; sin embargo, el legislador estableció una falta grave incompatible con el régimen de responsabilidades administrativas, además de que no se encuentra facultado para establecer nuevos supuestos de infracciones administrativas a los ya contemplados en esa ley marco, ya que sólo el Congreso de la Unión puede establecer las faltas administrativas graves y no graves, así como sus correspondientes sanciones.
• El artículo 63 de la Ley General regula un tipo de desacato en el que puede incurrir un servidor público que proporcione información falsa, no dé respuesta y retrase la entrega de información solicitada derivado de un requerimiento o resoluciones que emitan autoridades competentes.
• En cambio, el artículo impugnado sanciona tanto a servidores públicos como particulares que incumplan o violen la suspensión de medidas y les da un tratamiento de falta grave.
• Por tanto, el legislador local vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, ya que altera el régimen de responsabilidades administrativas al sancionar a particulares y servidores públicos por conductas no previstas en la Ley General, lo que además trasciende a la distribución de competencias en la materia.
3. Admisión y trámite. Por acuerdo de diez de agosto de dos mil veinte, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 200/2020 y lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para que fungiera como instructor del procedimiento.
4. Atento a lo anterior, mediante acuerdo de once de agosto siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite este medio de control constitucional, requirió a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca a efecto de que rindieran sus informes y, finalmente, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
5. Informe del Poder Legislativo estatal. El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Oaxaca, en representación del Poder Legislativo de la entidad, rindió el informe correspondiente,(1) esencialmente, en los términos siguientes:
Improcedencia
• Resulta improcedente la solicitud de invalidez de los artículos impugnados, en virtud de que se ajustan a lo establecido en la Constitución Federal y los tratados internacionales en relación con
laconsulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas. Conceptos de invalidez • PRIMERO. Resulta infundado el concepto de invalidez, porque los artículos 3, primer párrafo; 4, fracción XIV, en la porción normativa “negativas”; 9; 35; 61; y 65 de la Ley de Consulta Previa, garantizan la realización de la consulta a favor de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el Estado de Oaxaca, en lo concerniente a la implementación de medidas administrativas o legislativas que afecten sus intereses, a fin de llegar a acuerdos y que otorguen su consentimiento previo a la implementación de dichas medidas.
• El artículo 3 de la ley impugnada es armónico con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Convenio 169 de la OIT, que determina que la finalidad de la consulta es llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de la medida propuesta.
• Los artículos 50 y 68 de la Ley de Consulta impugnada, tampoco vulneran el artículo 6.2 del Convenio 169 de la OIT, ya que, de no darle el carácter de vinculante al resultado obtenido en la consulta, se desnaturalizaría el ejercicio de diálogo entablado con motivo de aquélla. Además, el resultado de la consulta con efecto vinculante, previsto en el referido artículo 50, garantiza que se respete el resultado obtenido en la consulta respectiva.
• Los artículos 74, párrafo segundo, y 75 de la ley impugnada, garantizan que la realización de la consulta sea armónica con el principio de irrenunciabilidad del derecho a la consulta, como prerrogativa fundamental prevista en el artículo 2° constitucional y 19 del Convenio 169 de la OIT.
• La expresión “negativas”, prevista en el artículo 4, fracción XIV, de la ley combatida no condiciona la realización de la consulta, por el contrario, amplía los supuestos de procedencia, a saber, alteraciones negativas de los pueblos indígenas.
• El artículo 8 de la Ley de Consulta impugnada no lesiona ninguna disposición constitucional o convencional, ya que es procedente no consultar a las comunidades indígenas y afromexicanas en la implementación de medidas emergentes de sanidad y por desastres naturales, en virtud de que se preserva la salud de los habitantes, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 4° constitucional; y, por lo que hace a la improcedencia de consultar leyes fiscales, ésta encuentra sustento en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
• SEGUNDO. El Título Sexto no resulta inconstitucional, ya que se prevén medidas precautorias y medios de impugnación, con el fin de salvaguardar el derecho a la consulta.
• TERCERO. El artículo 79 de la Ley de Consulta impugnada no contraviene disposiciones constitucionales, porque sanciona como falta grave el incumplimiento o la violación de la suspensión de la medida concedida por la Sala de Justicia Indígena, por lo que se garantiza el derecho a la consulta en la implementación de medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar intereses de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
6. Informe del Poder Ejecutivo estatal. El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad, rindió el informe correspondiente,(2) medularmente, en los términos siguientes.
• ÚNICO. Es cierto que el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca promulgó y publicó el veintidós de febrero de dos mil veinte, en el Periódico Oficial de la entidad, el Decreto 1291 mediante el cual se expide la Ley de Consulta; esto, de conformidad con los artículos 52, 53 fracción II, y 58 de la Constitución local.
7. Alegatos. Mediante escrito depositado el veintiuno de octubre de dos mil veinte en el buzón judicial de este Alto Tribunal, la delegada de la CNDH formuló alegatos.
8. Cierre de la instrucción. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Ministro instructor tuvo por recibidos los alegatos formulados por la CNDH y, toda vez que había transcurrido el plazo legal concedido para tal efecto, cerró instrucción para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
9. Solicitud de constancias. Mediante acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés, se requirió al Poder Legislativo del Estado de Oaxaca a efecto de que remitiera copia certificada de la totalidad de los antecedentes legislativos del Decreto impugnado.
10. Por auto de diez de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo al Poder Legislativo estatal desahogando los requerimientos formulados y, en virtud de que manifestó que exhibió la totalidad de las constancias que obran en sus archivos, se determinó que el presente medio de control constitucional se resolvería con los elementos que obran en autos.
I. COMPETENCIA
11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 1º de su Ley Reglamentaria(4) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) en relación con el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece,(6) toda vez que se plantea la posible contradicción entre una normativa estatal, con lo dispuesto en la Constitución Federal, así como en diversos tratados internacionales.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
12. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73,(7) en relación con el 41, fracción I,(8) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo, “Ley Reglamentaria”), es necesario fijar de manera precisa las normas generales impugnadas.
13. De una revisión integral del escrito inicial y, en particular, de los conceptos de invalidez, se advierte que la CNDH plantea la inconstitucionalidad de los artículos: 3, primer párrafo; 4, fracción XIV, en la porción normativa “negativas”; 8; 9 —salvo su último párrafo—; 35; 50; 61, último párrafo; 65, segundo párrafo; 68, última parte; 74, último párrafo; 75, 79 y el Título Sexto, denominado “De las Medidas Precautorias y Medios de Impugnación” —que comprende del numeral 69 al 77—, por actualizarse una omisión relativa en facultad de ejercicio obligatorio; de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto 1291 el veintidós de febrero de dos mil veinte en el Periódico Oficial de la entidad.
III. OPORTUNIDAD
14. Conforme al artículo 60, párrafo primero,(9) de la Ley Reglamentaria, el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que se haya publicado la norma impugnada.
15. En el caso, el Decreto impugnado se publicó el veintidós de febrero de dos mil veinte en el Periódico Oficial de la entidad.
16. Para estar en aptitud de determinar si la presentación del escrito resulta oportuna, es necesario tomar en cuenta que mediante el Acuerdo General 3/2020 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se determinó, como medida urgente, suspender las actividades jurisdiccionales de este Alto Tribunal y declarar inhábiles los días del periodo comprendido del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, debido al brote de la enfermedad por coronavirus COVID-19.
17. Dicho periodo fue prorrogado a través de los diversos Acuerdos Generales 3/2020, 6/2020, 7/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020 y 14/2020 hasta el tres de agosto de dos mil veinte, ya que, conforme al Punto Segundo del Acuerdo General 14/2020, a partir de esa fecha se levantó la suspensión de plazos de los asuntos de competencia de este Alto Tribunal.
18. En consecuencia, si la suspensión de los términos comenzó el dieciocho de marzo del dos mil veinte y se levantó el tres de agosto siguiente, el plazo de treinta días para presentar la acción de inconstitucionalidad transcurrió del veintitrés de febrero al ocho de agosto de dos mil veinte; por tanto, si la CNDH presentó su escrito inicial en el buzón judicial de este Alto Tribunal el tres de agosto de dos mil veinte, resulta inconcuso que su presentación es oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
19. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada.
20. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, la CNDH se encuentra legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter local que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales.
21. Al respecto, importa señalar que en su escrito inicial la promovente plantea, de manera medular, que el Decreto impugnado resulta violatorio de los derechos a la consulta previa, libre informada, de buena fe y culturalmente adecuada de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos; de seguridad jurídica; de acceso a la justicia; a la tutela judicial efectiva; a las formalidades esenciales del procedimiento y al principio de legalidad. En concreto, sostiene que se vulneran los artículos 1°, 2°, 14, 16 y 17 constitucionales; 4°, 6° y 7° del Convenio 169 de la OIT; 8°, 9° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, 15 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
22. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia,(10) dicho órgano constitucional autónomo, al igual que los demás sujetos legitimados al efecto, debe comparecer a este Alto Tribunal por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
23. En el presente caso, el escrito inicial fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la CNDH, quien acredita tal carácter;(11) y, en términos de lo dispuesto en el artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(12) as
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33682-29d27d83/i-accion-de-inconstitucionalidad-computo-del-plazo-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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