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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVERLA SI EL DECRETO IMPUGNADO SE PUBLICÓ CUANDO SE ENCONTRABAN SUSPENDIDAS LAS LABORES EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERA QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LAS AUTORIDADES LEGISLATIVAS ESTÁN OBLIGADAS A REALIZARLA, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, ANTES DE ADOPTAR UNA ACCIÓN O MEDIDA SUSCEPTIBLE DE AFECTARLAS DIRECTAMENTE, MEDIANTE PROCEDIMIENTOS CULTURALMENTE ADECUADOS, INFORMADOS Y DE BUENA FE. IV. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS TIENEN DERECHO A SER CONSULTADOS PREVIAMENTE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES ANTE MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE PUEDAN AFECTARLOS DIRECTAMENTE. V. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR A DICHAS COMUNIDADES, POR LO DEBEN ESTAR PRECEDIDAS DE AQUÉLLA. VI. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LA AUSENCIA DE ÉSTA CONSTITUYE UN VICIO EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE ÚNICAMENTE TIENE POTENCIAL INVALIDANTE RESPECTO DE LAS NORMAS QUE GUARDAN ESTRECHA RELACIÓN CON LA MATERIA DEL DEBER DE CONSULTA. VII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. NATURALEZA DE LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS O ADMINISTRATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTARLAS DIRECTAMENTE, PARA EFECTOS DE QUE SE ACTUALICE ESTE DERECHO. VIII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CARACTERÍSTICAS Y FASES QUE DEBE OBSERVAR EL LEGISLADOR EN LOS PROCEDIMIENTOS ENCAMINADOS A CUMPLIR ESTE DERECHO. IX. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. PARA EFECTO DE DETERMINAR LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR ESE DERECHO, NO ES RELEVANTE SI LA MEDIDA LAS BENEFICIA A JUICIO DEL LEGISLADOR. X. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CUANDO LA LEGISLACIÓN RESPECTIVA NO ES ESPECÍFICA O EXCLUSIVA PARA ESTOS GRUPOS, SU INCUMPLIMIENTO NO TIENE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA TOTALIDAD DE LA LEY, PERO SÍ DE DETERMINADOS ARTÍCULOS. XI. CONSULTA A GRUPOS VULNERABLES. LOS GRUPOS VULNERABLES TIENEN DERECHO A SER CONSULTADOS PREVIAMENTE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES DE MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE PUEDAN AFECTARLOS DIRECTAMENTE. XII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PARA SU CUMPLIMIENTO RESPECTO DE LA EMISIÓN DE LEYES QUE TRASCIENDAN A ESE GRUPO VULNERABLE, ES NECESARIO QUE EL LEGISLADOR REALICE LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. XIII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR ESE GRUPO VULNERABLE, POR LO QUE DEBEN ESTAR PRECEDIDAS DE AQUÉLLA. XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS DENTRO DE LOS DIECIOCHO MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE PRIVE A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, ASÍ COMO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LOS POSIBLES EFECTOS BENÉFICOS DE LA NORMA INVALIDADA. XV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE VINCULA AL LEGISLADOR A DESARROLLAR LAS CONSULTAS RESPECTIVAS EN UN PLAZO HASTA DE DIECIOCHO MESES. XVI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRETENSIÓN DE INVALIDAR TODAS AQUELLAS NORMAS QUE ESTÉN RELACIONADAS CON LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS DEBE DESESTIMARSE EN VIRTUD DEL CARÁCTER ABIERTO DE LA CONSULTA ORDENADA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 240/2020. · Registro digital (IUS): 30369
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-02-04
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Febrero de 2022, Tomo I, Pág. 151.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 240/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 21 DE OCTUBRE DE 2021. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ.

Ciudad de México. Sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adoptada en sesión correspondiente al veintiuno de octubre de dos mil veintiuno.

VISTOS los autos para resolver la acción de inconstitucionalidad 240/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Publicación del decreto. El veintinueve de julio de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto Número 270/2020, mediante el cual se emitió la Ley de Educación del Estado de Yucatán con la finalidad de armonizar la legislación local con la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, de conformidad con el artículo sexto transitorio(1) de esta última ley.

2. SEGUNDO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 73 a 76 del capítulo IX "Educación Indígena" y los artículos 79 a 84 del capítulo XI "Educación Inclusiva", de la Ley de Educación del Estado de Yucatán.

3. TERCERO.—Artículos constitucionales violados. En la demanda señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 1o., 2o. y 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 5, 6, 7 y 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y 1 y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

4. CUARTO.—Conceptos de invalidez. En su demanda, la promovente formuló los siguientes argumentos, contenidos en el concepto de invalidez único:

a) El capítulo IX, intitulado "Educación indígena" que abarca los artículos 73 a 76, y el capítulo XI intitulado "Educación inclusiva" que comprende los artículos 79 a 84, contenidos en el título tercero (Servicio educativo estatal) de la Ley de Educación del Estado de Yucatán, vulneran el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas y de las personas con discapacidad, reconocidos en los artículos 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales; y, 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, respectivamente. Lo anterior, ya que el marco internacional exige que se celebren consultas con esos sectores de la población durante el proceso de elaboración de las leyes que les afecten.

b) Las disposiciones impugnadas contienen supuestos normativos que por una parte impactan significativamente a los pueblos y comunidades originarias y, por la otra, se encuentran estrechamente vinculadas con los derechos de las personas con discapacidad, dado que regulan cuestiones relacionadas con la educación indígena e inclusiva, sin que durante el proceso legislativo de creación del ordenamiento controvertido se llevaran a cabo consultas que cumplieran con los parámetros correspondientes en esas materias.

c) De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el Estado de Yucatán, el 65.4% (sesenta y cinco punto cuatro por ciento) de la población se identifica o reconoce como indígena; un 28.9% (veintiocho punto nueve por ciento) de la población en dicha entidad federativa habla alguna lengua originaria, predominando el maya con el 98.1% (noventa y ocho punto uno por ciento) y el chol con el 0.3% (cero punto tres por ciento).

d) El artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales establece que los Estados Parte se encuentran obligados a consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Por su parte, el diverso 7 del mismo Convenio Internacional dispone que los pueblos interesados tienen el derecho a decidir sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que se vean afectadas sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, así como las tierras que ocupan o utilizan, y de controlar en la medida de lo posible su desarrollo económico, social y cultural.

e) Existe una obligación por parte del Estado de consultar a los pueblos y comunidades indígenas sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos reconocidos en las normas de derecho interno o de carácter supranacional, así como el derecho de los pueblos indígenas a participar en las decisiones de los asuntos que conciernan a sus intereses.

f) Del proceso legislativo de la Ley de Educación del Estado de Yucatán se advierte que el órgano legislativo fue omiso en efectuar la consulta indígena correspondiente, de conformidad con los estándares nacionales e internacionales en la materia.

g) En el caso particular, era necesaria la práctica de la consulta, ya que la nueva legislación es susceptible de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, pues los artículos 73 a 76 del ordenamiento controvertido, contenidos en el capítulo IX denominado "Educación indígena", prevén normas relacionadas con derechos educativos, culturales y lingüísticos, tendentes a la salvaguarda y promoción de la tradición oral y escrita de los pueblos indígenas, así como de sus lenguas como objeto y fuente de conocimiento.

h) Por otra parte, existe también un derecho de las personas con discapacidad, contenido en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a ser consultadas a través de las organizaciones que las representan en lo que concierne a la elaboración y aplicación de la legislación y políticas públicas que les impacten.

i) En ese sentido, el capítulo XI de la Ley de Educación del Estado de Yucatán, denominado "Educación inclusiva", que comprende los artículos 79 a 84, debe ser declarado inconstitucional, dado que no existió consulta previa realizada con organizaciones de personas con discapacidad, en la que se diera acceso a toda la información pertinente mediante formatos accesibles y la implementación de ajustes razonables en caso de ser requeridos.

5. QUINTO.—Registro y turno. Por acuerdo de primero de septiembre de dos mil veinte, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibida la demanda, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 240/2020 y requirió a la promovente para que presentara la prueba marcada con el número 3 del escrito por el que promovió la acción de inconstitucionalidad, ya que el disco compacto anexo al mismo se encontraba vacío. Por auto de veintiuno de septiembre del mismo año se turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

6. SEXTO.—Admisión y trámite. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán como las autoridades que emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por lo que se les solicitó su respectivo informe, y le dio vista del asunto al fiscal general de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.

7. SÉPTIMO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Yucatán. Por escrito presentado el tres de diciembre de dos mil veinte, Lizzete Janice Escobedo Salazar, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, rindió informe en los siguientes términos:

a) El Poder Legislativo del Estado de Yucatán realizó un proceso legislativo con estricto apego a las facultades que le otorgan la Constitución Federal y la Constitución Política del Estado de Yucatán, por lo que el Decreto 270/2020, que emite la Ley de Educación del Estado de Yucatán es constitucional, dado que el Congreso del Estado cuenta con facultades para su expedición.

b) Con motivo de la aparición y propagación a nivel global del virus SARS-CoV-2, que ha causado afectaciones en el derecho a la salud de personas en todo el mundo, y que provocó que la Organización Mundial de la Salud decretara como pandemia a la enfermedad causada por el virus, emitiendo una serie de recomendaciones entre las que se encuentran la limitación voluntaria de la movilidad de la población, el Estado Mexicano adoptó a través de sus instituciones una serie de medidas preventivas con el objeto de salvaguardar la salud pública.

c) De ahí que a fin de no afectar el derecho a la salud de la sociedad, en especial de grupos en situación de vulnerabilidad, se habilitó ininterrumpidamente a través del portal de Internet del Congreso del Estado de Yucatán, un micrositio cuya finalidad fue incluir la participación directa de la sociedad en general dentro del proceso legislativo de creación de la ley impugnada; de manera que los comentarios y sugerencias recabados, fueron hechos del conocimiento de las y los diputados de la Legislatura, quienes hicieron suyas dichas aportaciones, las cuales se materializaron en propuestas de modificación al proyecto de ley.

d) Al preverse un espacio público abierto de alcance masivo a la opinión, se cumplió la obligación de consulta a la sociedad, de una forma compatible con las circunstancias de salud que se viven relacionadas con la pandemia.

e) Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe sentar precedente en el cual haga un ejercicio de ponderación entre valores tales como la vida, la consulta y el costo beneficio de mantener el trabajo en áreas esenciales como lo son los órganos legislativos estatales.

f) El incumplimiento de la obligación de realizar la consulta previa no es imputable al Congreso del Estado de Yucatán, sino que deriva de acontecimientos fuera de su alcance que imposibilitaron su cumplimiento.

g) Debe tomarse en consideración la resolución 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto reafirma la independencia y actuación de los poderes públicos, en particular de los Poderes Judiciales y Legislativos, cuyo funcionamiento debe ser asegurado en tiempos de pandemia. Así, con el objeto de generar adecuada distancia social, resulta de hecho imperativa la restricción del pleno goce de derechos como el de la reunión y libertad de circulación en espacios tangibles, públicos o comunes que no sean indispensables para el abastecimiento de insumos esenciales o atención médica.

8. OCTAVO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. Por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veinte, Mauricio Tappan Silveira, consejero jurídico, en representación del gobernador del Estado de Yucatán, rindió informe en los siguientes términos:

a) Los actos legislativos que culminaron con la expedición del Decreto 270/2020, por el que se emitió la Ley de Educación del Estado de Yucatán, que contiene los artículos impugnados, se encuentran debidamente fundados y motivados ya que el Congreso del Estado de Yucatán actuó dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución Federal y la propia Constitución Política del Estado de Yucatán le confieren al ser la autoridad competente para legislar.

b) Los capítulos impugnados de la Ley de Educación del Estado de Yucatán no vulneran el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas y de las personas con discapacidad, pues el contenido de las disposiciones que los conforman refiere al reconocimiento y garantía de los derechos tanto de los pueblos originarios como de las personas con discapacidad en materia educativa, sin establecer medidas específicas ni restricciones o limitaciones a sus derechos, ni ningún otro tipo de injerencia que pudiera provocar afectaciones en sus derechos humanos.

c) El artículo 73 de la Ley de Educación del Estado de Yucatán reconoce la existencia de la educación indígena con pleno respeto a la diversidad cultural y con miras a la preservación de las costumbres, sin que ello implique medidas o acciones específicas o concretas susceptibles de afectar los derechos de los pueblos originarios.

d) No era necesaria la consulta a las comunidades indígenas, al no existir un daño o la posibilidad de daño a los derechos de los pueblos originarios, incluso el artículo 75 de la ley controvertida reconoce la obligación del Estado de llevar a cabo consultas previas respecto a las medidas en materia educativa relacionadas con pueblos indígenas, respetando su derecho a la libre autodeterminación, lo que resulta acorde al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

e) La obligación de llevar a cabo la consulta previa se materializará en la creación de los planes y programas de estudio, así como en la planeación y aplicación de las medidas educativas respectivas.

f) Por lo que concierne a la educación inclusiva, el artículo 82, fracción I, de la Ley de Educación del Estado de Yucatán garantiza el derecho a la educación de personas con condiciones especiales, aptitudes sobresalientes o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación mediante la prestación de servicios de educación especial, previa decisión y valoración por parte de madres y padres de familia, tutores y los propios educandos, entre otros, lo que implica que las medidas de educación inclusiva se llevarán a cabo previo acuerdo con las personas con discapacidad involucradas y sus familias, en términos del artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

g) Los artículos impugnados no cumplen con el estándar de impacto significativo, puesto que se trata de disposiciones de carácter general y abstracta, que no afectan temas relacionados con la pérdida de territorios y tierra tradicional, el desalojo de sus tierras, el posible reasentamiento, el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, la desorganización social y comunitaria o los impactos negativos sanitarios y nutricionales, de los pueblos y comunidades indígenas.

h) En las consideraciones cuarta y quinta de la exposición de motivos de la ley impugnada se precisa que se encuentra debidamente armonizada con la Ley General de Educación, expedida por el Congreso de la Unión, la cual a su vez encuentra sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera que si la promovente de la acción de inconstitucionalidad no formuló conceptos de invalidez en el sentido de que la norma controvertida es contraria a la Ley General de Educación o a la Constitución Federal, debe concluirse que no era necesaria la consulta, dado que el contenido del ordenamiento no es susceptible de impactar en forma significativa en las condiciones de vida y entorno de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad.

i) La ley impugnada fue emitida en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley General de Educación, en cuanto dispuso que, dentro de los ciento ochenta días siguientes a su entrada en vigor, las Legislaturas de los Estados debían armonizar su marco jurídico de conformidad con dicho ordenamiento. Por tanto, se vedó la posibilidad legal de las entidades federativas de regular aspectos adicionales a los previstos en el ordenamiento nacional de ahí que el contenido normativo de la ley impugnada no pudiera ser sometido a consulta previa, dado que la Legislatura Local no se encuentra facultada para cambiar aspectos no previstos en la Ley General de Educación.

j) La consulta debe realizarse sólo cuando exista una nueva deliberación que afecte los derechos de pueblos y comunidades indígenas y de las personas con discapacidad, mas no cuando únicamente se tomen provisiones legales para armonizar el contenido de un ordenamiento nacional en el ámbito de las entidades federativas, pues en tal supuesto no se trata de una nueva medida legislativa, dado que el régimen de derechos y obligaciones de las personas con discapacidad o de los pueblos y comunidades indígenas no se ve modificado con la emisión de disposiciones de carácter neutro que mantienen el estatus jurídico que tenían esos mismos grupos en situación de vulnerabilidad, antes de que tales disposiciones legales fueran introducidas al orden jurídico.

k) Una norma o reforma que no incrementa, modifica, disminuye ni matiza el régimen de derechos y obligaciones prexistente, no requiere de una consulta previa y estrecha a las personas con discapacidad dado que no constituye un curso deliberativo nuevo.

9. NOVENO.—Pedimento. El fiscal general de la República no formuló pedimento en el presente asunto. De igual forma, la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no presentó opinión alguna.

10. DÉCIMO.—Cierre de instrucción. Por acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno se cerró la instrucción del asunto y se envió el expediente a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución.

CONSIDERANDO:

11. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó la posible contradicción entre los artículos 73 a 76 y 79 a 84 de la Ley de Educación del Estado de Yucatán y la Constitución Federal, así como diversos tratados internacionales.

12. SEGUNDO.—Oportunidad. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(4) dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando que en materia electoral todos los días y horas son hábiles.

13. Sin embargo, debe destacarse que en atención a las circunstancias extraordinarias por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el Pleno declaró inhábiles para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación los días comprendidos entre el dieciocho de marzo al quince de julio de dos mil veinte; cancelándose el periodo de receso y prorrogándose la suspensión de plazos entre el dieciséis de julio al dos de agosto de dos mil veinte. Lo anterior, con fundamento en los Acuerdos Generales Números 3/2020, 6/2020, 7/2020, 10/2020, 12/2020 y 13/2020.

14. Ahora bien, los Acuerdos Generales Números 10/2020 y 12/2020, en sus artículos primero, segundo, numerales 2 y 3, y tercero, facultaron la promoción electrónica de los escritos iniciales de los asuntos de competencia de esta Suprema Corte y ordenó proseguir, por la referida vía electrónica, el trámite de las acciones de inconstitucionalidad en las que se hubieren impugnado normas electorales, permitiendo habilitar días y horas sólo para acordar los escritos iniciales de las acciones de inconstitucionalidad que hubieren sido promovidas.

15. Al respecto, en el Acuerdo General Número 8/2020, también emitido por el Pleno de esta Suprema Corte se establecieron las reglas para regular la integración de los expedientes impreso y electrónico tanto en controversias constitucionales como en acciones de inconstitucionalidad y, en concreto, reguló el uso de la firma electrónica y otros medios para la promoción y consulta de los expedientes de acciones de inconstitucionalidad.

16. En este contexto, se advierte que, aunque el Decreto 270/2020, por el que se emitió la Ley de Educación del Estado de Yucatán, fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el veintinueve de julio de dos mil veinte, el plazo para la promoción de la acción de inconstitucionalidad transcurrió del tres de agosto al once de septiembre de dos mil veinte, dado que los plazos se encontraban suspendidos entre el dieciséis de julio y el dos de agosto del mismo año.

17. Consecuentemente, toda vez que la demanda se presentó el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, la acción de inconstitucionalidad resulta oportuna.

18. TERCERO.—Legitimación. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal dispone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar leyes expedidas por las Legislaturas Estatales que estime violatorias de derechos humanos.

19. Conforme con lo previsto en el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia,(5) los promoventes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente estén facultados para ello. Por su parte, el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(6) confiere a la presidenta de dicho órgano la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad.

20. En el presente asunto la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acredita mediante el acuerdo de designación expedido el doce de noviembre de dos mil diecinueve por el Senado de la República, suscrito por la presidenta y el secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de dicho órgano legislativo.

21. En esos términos, este Tribunal Pleno concluye que la acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada para ello.

22. CUARTO.—Causas de improcedencia. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquellas que este Alto Tribunal advierta de oficio.

23. Sin embargo, del análisis de las constancias que integran el presente asunto se observa que las partes no hicieron valer motivo alguno de improcedencia, y tampoco esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte la existencia de alguna causa de improcedencia que se actualice de oficio, por lo que se procede al estudio de los conceptos de invalidez planteados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

24. No pasa inadvertido para este Alto Tribunal que el nueve de diciembre de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el Decreto 308/2020, que adicionó la fracción XLIV al artículo 34 de la Ley de Educación del Estado de Yucatán;(7) sin embargo, tal adición no recae sobre ninguna de las disposiciones impugnadas en el presente asunto, sino que versa sobre el tema de la salud bucodental en los grados de preescolar y primaria en dicha entidad federativa. Por tanto, no tiene repercusión en la presente acción de inconstitucionalidad.

25. QUINTO.—Estudio de fondo. Corresponde a este Alto Tribunal determinar si las disposiciones impugnadas de la Ley de Educación del Estado de Yucatán son constitucionales, o de lo contrario determinar su invalidez, en virtud de la omisión del Congreso Local de realizar consultas en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad.

26. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló en sus conceptos de invalidez que los artículos 73 a 76, del capítulo IX "Educación indígena" y los artículos 79 a 84, del capítulo XI "Educación inclusiva", contenidos en la Ley de Educación del Estado de Yucatán vulneran el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como de las personas con discapacidad, reconocidos en los artículos 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 2o. de la Constitución Federal y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, respectivamente.

27. A fin de dar contestación al concepto de invalidez, el estudio se dividirá en tres apartados: A) parámetro de regularidad constitucional del derecho a la consulta para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; B) parámetro de regularidad constitucional del derecho a la consulta a las personas con discapacidad; y, C) estudio de constitucionalidad de los artículos 73 a 76 y 79 a 84 de la Ley de Educación del Estado de Yucatán.

A. Parámetro de regularidad constitucional del derecho a la consulta para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas

28. Este Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones que el artículo 2o. de la Constitución Federal y los artículos 6 y 7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo obligan a las autoridades mexicanas a consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados y de buena fe, a través de sus representantes o autoridades tradicionales, cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.

29. En la controversia constitucional 32/2012,(8) este Tribunal Pleno consideró que el derecho a la consulta se deprende de los postulados del artículo 2o. de la Constitución Federal, relativos a la autodeterminación, a la preservación de su cultura e identidad, al acceso a la justicia, así como a la igualdad y a la no discriminación. Por tanto, a pesar de que la consulta indígena no estuviera prevista expresamente como parte del procedimiento legislativo, en términos de los artículos 1o. de la Constitución Federal; y, 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo formaban parte del parámetro de regularidad constitucional, imponiendo por sí mismos toda una serie de obligaciones a las autoridades mexicanas, antes de tomar decisiones que pudieran afectar de manera directa a los grupos que protege el convenio.

30. En dicho precedente, el Municipio indígena de Cherán demandó la invalidez de una reforma a la Constitución Local realizada el dieciséis de marzo de dos mil doce. El Tribunal Pleno estableció que el Municipio actor contaba con el derecho a la consulta previa, libre e informada por parte del Poder Legislativo Local y procedió a analizar si tal derecho fue respetado en el proceso legislativo que precedió a la reforma de la Constitución Local impugnada.

31. Así, se determinó que no constaba en juicio que el Municipio de Cherán hubiera sido consultado –de manera previa, libre e informada mediante un procedimiento adecuado y de buena fe, a través de las instituciones que lo representaban– por lo que era claro que el proceder del Poder Legislativo demandado había violado su esfera de competencia y sus derechos, por lo que se declaró la invalidez de las normas impugnadas.

32. En la acción de inconstitucionalidad 83/2015 y sus acumuladas 86/2015, 91/2015 y 98/2015,(9) se concluyó que cuando el objeto de regulación de una legislación era precisamente los derechos de personas que se rigen por sistemas normativos indígenas, era evidente que se trataba de leyes susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas.

33. Posteriormente, en la acción de inconstitucionalidad 31/2014,(10) se consideró que las disposiciones impugnadas implicaban medidas legislativas que incidían en los mecanismos u organismos a través de los cuales las comunidades indígenas podían ejercer sus derechos de participación en las políticas públicas que afectaban a sus intereses.

34. De lo anterior, se advierte que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que las comunidades indígenas deben ser consultadas conforme a los estándares del convenio referido, siempre que la norma general sea susceptible de afectar a estos grupos de manera especial y diferenciada frente al resto de la población.

35. De igual forma, se ha reconocido que la afectación directa a los pueblos y comunidades indígenas a los que alude el artículo 6 del Convenio 169, y cuya mera posibilidad da lugar a la obligación de consultarles una medida legislativa, no se refiere exclusivamente a la generación de algún perjuicio.

36. Al respecto, en la acción de inconstitucionalidad 151/2017,(11) se declaró la invalidez de diversas normas cuyo propósito manifiesto era promover el rescate y la conservación de la cultura de un grupo indígena en una entidad federativa. Asimismo, en la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019,(12) se declaró la invalidez de disposiciones normativas ya que no se consultaron de manera adecuada, a pesar de que tales normas estaban relacionadas con el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de una entidad federativa, a elegir dirigentes conforme a sus prácticas tradicionales.

37. Ahora bien, respecto a los pueblos y comunidades afromexicanas, el nueve de agosto de dos mil diecinueve, se adicionó un apartado C al artículo 2o. de la Constitución Federal, a afecto de reconocerles como parte de la composición pluricultural de la Nación, además, de señalar que tendrán los derechos reconocidos para los pueblos y comunidades indígenas del país, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.(13)

38. En ese sentido, en la acción de inconstitucionalidad 116/2019 y su acumulada 117/2019, este Alto Tribunal determinó que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30369-de79205e/i-accion-de-inconstitucionalidad-computo-del-plazo-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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