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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCES. V. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. TIENE EFECTOS DE IRRADIACIÓN QUE SE PROYECTAN PARA LA PROTECCIÓN A LA PERSONA DE CUALQUIER TIPO DE MEDIDA DESFAVORABLE POR ESTAR SUJETA A UN PROCESO PENAL, EVITANDO QUE SE HAGA UNA EQUIPARACIÓN ENTRE IMPUTADO Y CULPABLE EN ÁMBITOS EXTRAPROCESALES. VI. NOTARIADO. CORRESPONDE AL ESTADO, A TRAVÉS DEL EJECUTIVO LOCAL, OTORGAR LA PATENTE RESPECTIVA, VIGILAR SU ACTUACIÓN Y, EN SU CASO, SUSPENDERLA O REVOCARLA. VII. NOTARIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. LAS NORMAS QUE PREVÉN LOS REQUISITOS CONSISTENTES EN "NO HABER SIDO CONDENADO NI ESTAR BAJO PROCESO PENAL POR DELITO DOLOSO", "NI HABER SIDO SENTENCIADO EN MATERIA CIVIL EN JUICIO DE CARÁCTER PATRIMONIAL", PARA SER ASPIRANTE AL EJERCICIO DEL NOTARIADO, Y EL DIVERSO "HABERSE DICTADO AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN SU CONTRA POR DELITO DOLOSO Y MIENTRAS NO SE PRONUNCIE SENTENCIA DEFINITIVA", COMO CAUSA DE SUSPENSIÓN DE UN NOTARIO EN SUS FUNCIONES, VULNERAN EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA TUTELADO POR EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN X, Y, 154, FRACCIÓN I, AMBOS DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). VIII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SUS ALCANCES. IX. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. X. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. NO SÓLO TIENE UNA FACETA O DIMENSIÓN FORMAL O DE DERECHO, SINO TAMBIÉN UNA DE CARÁCTER SUSTANTIVO O DE HECHO, LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO REMOVER Y/O DISMINUIR LOS OBSTÁCULOS SOCIALES, POLÍTICOS, CULTURALES, ECONÓMICOS O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE IMPIDEN A CIERTAS PERSONAS O GRUPOS SOCIALES GOZAR O EJERCER DE MANERA REAL Y EFECTIVA SUS DERECHOS HUMANOS EN CONDICIONES DE PARIDAD CON OTRO CONJUNTO DE PERSONAS O GRUPO SOCIAL. XI. NOTARIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. LA NORMA QUE ESTABLECE COMO REQUISITOS "NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", "NI HABER SIDO SENTENCIADO EN MATERIA CIVIL EN JUICIO DE CARÁCTER PATRIMONIAL", PARA ACCEDER A DICHO CARGO, VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, TODA VEZ QUE EL LEGISLADOR LOCAL HIZO UNA DISTINCIÓN QUE, EN ESTRICTO SENTIDO, NO ESTÁ ESTRECHAMENTE VINCULADA CON LA CONFIGURACIÓN DE UN PERFIL INHERENTE AL TIPO DE TRABAJO A DESEMPEÑAR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN X, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS QUE DICEN "NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", "NI HABER SIDO SENTENCIADO EN MATERIA CIVIL EN JUICIO DE CARÁCTER PATRIMONIAL", DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). XII. NOTARIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO. LA NORMA QUE ESTABLECE COMO REQUISITO PARA SER ASPIRANTES AL EJERCICIO DEL NOTARIADO "NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", Y "NI HABER SIDO SENTENCIADO EN MATERIA CIVIL EN JUICIO DE CARÁCTER PATRIMONIAL", RESULTA GENERAL E IMPRECISA, TODA VEZ QUE NO DISTINGUE CUÁLES DELITOS PODRÍAN INCIDIR EN DICHO EJERCICIO Y, POR OTRA PARTE, IMPIDE A LAS PERSONAS QUE FUERON PARTE EN UN JUICIO CIVIL DE CARÁCTER PATRIMONIAL, INCLUSO CON SENTENCIA FAVORABLE, SER ASPIRANTES A TAL EJERCICIO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN X, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", "NI HABER SIDO SENTENCIADO EN MATERIA CIVIL EN JUICIO DE CARÁCTER PATRIMONIAL", DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN X, Y 154, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN X, Y 154, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 83/2019. · Registro digital (IUS): 31405
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-04-28
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Abril de 2023, Tomo I, Pág.5.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 83/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 15 DE OCTUBRE DE 2020. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al quince de octubre de dos mil veinte.

VISTOS para resolver la acción de inconstitucionalidad 83/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la acción. Por oficio presentado el uno de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

Órganos responsables:

1. Congreso del Estado de Quintana Roo.

2. Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo.

Normas generales cuya invalidez se reclaman:

Los artículos 28, fracción X, y 154, fracción I, de la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, publicados en el Periódico Oficial de la referida entidad, el dos de julio de dos mil diecinueve.

SEGUNDO.—Artículos constitucionales e internacionales señalados como violados. La promovente señala como violados los artículos 1o., 5o., 18 y 20, B), fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 14.2 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, 2, 4 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. El promovente en su único concepto de invalidez, argumenta en síntesis lo siguiente:

Los artículos 28, fracción X, y 154, fracción I, de la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, son inconstitucionales porque vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, así como el principio de presunción de inocencia, al excluir de manera injustificada para aspirar al ejercicio del notariado a aquellas personas que fueron condenadas o sujetas a un procedimiento penal por delito doloso, y al establecer como causa de suspensión del ejercicio de sus funciones, haberse dictado auto de vinculación a proceso en su contra por delito doloso.

Que el artículo 28, fracción X, de la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, resulta discriminatorio al prever para aspirar al ejercicio del notariado, los siguientes requisitos:

1. No haber sido condenado por delito doloso para aspirar al ejercicio del notariado.

2. No estar bajo proceso penal por delito doloso.

3. No haber sido sentenciado en materia civil en juicio de carácter patrimonial.

Asimismo, que el artículo 154, fracción I, de la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, es inconstitucional al establecer como causa de suspensión de un notario en ejercicio de sus funciones:

1. Haberse dictado auto de vinculación a proceso en su contra por delito doloso y mientras no se pronuncie sentencia definitiva;

Para demostrar la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados el concepto de invalidez se divide en cuatro rubros:

A. Importancia del derecho a la igualdad y no discriminación, para aspirar al ejercicio del notariado.

Parte de la premisa de que el artículo 1o. de la Constitución Federal, contempla el mandato hacia todas las autoridades de abstenerse a hacer distinciones o exclusiones arbitrarias entre las personas basadas en categorías sospechosas enunciadas en el último párrafo de dicho numeral, lo que se traduce en el ámbito legislativo, en la prohibición de que los Congresos emitan normas discriminatorias.

Que el Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente, en el sistema jurídico mexicano, el derecho fundamental a la igualdad reconocido en la Constitución, no implica establecer una igualdad unívoca ante las diferentes situaciones que surgen en la realidad, sino que se refiere a una igualdad de trato ante la ley. Cita los criterios 1a. CXXXVIII/2005, de rubro: "IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE ESTE PRINCIPIO."; y 1a./J. 55/2006, de rubro: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL."; asimismo, ha determinado que una distinción se basa en una categoría sospechosa cuando utiliza algunos de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional: origen étnico, nacionalidad, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Así señala, que los requisitos exigidos en las normas impugnadas deben ser entendidos como una disposición que contiene categorías sospechosas prohibidas por la Constitución Federal, ya que atenta contra la dignidad humana y tiene por efecto anular y menoscabar el derecho de las personas a ser nombrado para cualquier empleo, como lo es aspirar al ejercicio del notariado público, así como una causa de suspensión del ejercicio de sus funciones.

En el caso concreto, estima que las normas impugnadas son discriminatorias con base en categorías sospechosas, consistentes en la condición social y jurídica de las personas que se encuentran bajo proceso penal por delito doloso; han sido partes y, por tanto, han recibido sentencia en materia civil en juicio de carácter patrimonial; o fue dictado auto de vinculación a proceso en su contra por delito doloso; pues las personas que se encuentren en las situaciones señaladas, serán excluidas de la posibilidad de aspirar al ejercicio del notariado, o en su caso, serán suspendidos del ejercicio de sus funciones, a los notarios del Estado de Quintana Roo.

Aduce que el Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 8/2014, sostuvo que cuando una norma hace una distinción, basada en una categoría sospechosa –factor prohibido de discriminación– corresponde realizar un escrutinio de la medida legislativa: a) cumplir con la finalidad constitucional imperiosa; b) la medida debe estar estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa; y, c) la medida debe ser lo menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional.(1)

Señala al respecto, que las medidas legislativas impugnadas, suponiendo sin conceder que puedan perseguir un fin válido, consistente en que las personas que quieran aspirar al ejercicio de las funciones del notariado o que ya se encuentren ejerciéndolas gocen de buena reputación, lo cierto es que, considera que dichas normas no persiguen una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, de ahí que no se apruebe la primera estadía del escrutinio estricto de proporcionalidad.

B. Transgresión al principio de presunción de inocencia.

Señala que la porción normativa "ni estar bajo proceso penal por delito doloso" de la fracción X del artículo 28 de la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, exige para aspirar al ejercicio del notariado, no estar sujeto o vinculado a proceso penal por delito doloso; y la fracción I del artículo 154 de la citada ley, establece como causa de suspensión de un notario en ejercicio de sus funciones, haberse dictado auto de vinculación a proceso en su contra por delito doloso y mientras no se pronuncie sentencia definitiva.

Dichas medidas legislativas atentan contra el principio de presunción de inocencia; ya que la Constitución Federal reconoce el principio de presunción de inocencia en su artículo 20, así como en diversos instrumentos internacionales de los que México es Parte (Convención Americana sobre Derechos Humanos, numeral 8.2 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.2).

Al respecto el Máximo Tribunal ha sostenido que el principio universal de presunción de inocencia consiste en el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no se determine legalmente su culpabilidad, a través de una resolución judicial definitiva, por lo que en este orden de ideas, dicho principio prohíbe la pérdida definitiva de un derecho por una presunción de culpabilidad, esto es, la presunción de inocencia puede permitir la realización de actos de molestia, pero no de privación.(2)

En esta tesitura señala que el principio de presunción de inocencia debe ser observado por todas las autoridades del Estado Mexicano, dentro de las cuales se incluye el Congreso de Quintana Roo, el cual, a juicio de la promoverte dejó de lado al aprobar las modificaciones constitucionales para establecer los requisitos exigidos para aspirar al ejercicio del notariado para esa entidad, así como al prever como un causa de suspensión para el ejercicio de las funciones de un notario, toda vez que los efectos de estar sujeto a un proceso penal para obstaculizar el derecho de acceso al ejercicio de ese empleo, conlleva otorgarle la calificación de autor o partícipe en un ilícito a una persona cuya culpabilidad no ha sido acreditada conforme a la ley.

Precisa que en el caso, se trata de personas que no han sido declaradas responsables penalmente por un Juez, por tanto, su falta de probidad o su buena reputación no ha sido comprobada. En este sentido las normas impugnadas generan un espectro de discriminación, que tiene como consecuencia una exclusión de las personas que se encuentran en tal condición, y que, por tanto, no podrán acceder a los empleos aludidos.

Que si bien el legislador local cuenta con plena libertad configurativa para establecer los requisitos para aspirar al ejercicio de la función del notariado, así como para establecer las causas por las cuales se podrá suspender a los notarios del ejercicio de sus funciones, dicha facultad se encuentran limitada por el principio de igualdad y no discriminación, mismo que aplica de manera transversal a los demás derechos humanos, y cualquier distinción, restricción, exclusión o preferencia en el ejercicio de dicho derecho que, además, se encuentre basada en alguna de las categorías prohibidas, constituye una violación del derecho citado.(3)

Así concluye que la fracción X del artículo 28 de la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, que establece como requisito para aspirar a la función notarial, no "estar bajo proceso penal por delito doloso", no obedece a una razón objetiva y se erige como una medida discriminatoria que atenta contra la presunción de inocencia de una persona que aún no ha sido declarada como responsable penalmente de forma definitiva por el Juez competente.

En relación con la fracción I del artículo 154 de la citada ley impugnada, indica que al disponer que es causa de suspensión de un notario en el ejercicio de sus funciones haberse dictado auto de vinculación a proceso en su contra por delito doloso y mientras no se pronuncie sentencia definitiva; dicha norma prejuzga sobre la responsabilidad penal de la persona que se encuentra vinculada a proceso y trae como consecuencia la suspensión del ejercicio de las funciones del notario por estar sujeto o vinculado a proceso penal por delito doloso hasta que se cuente con sentencia definitiva, por lo que se basa en la presunción de culpabilidad y con ello da pie a que la suspensión se justifique en supuestos discriminatorios motivados por la condición social del sujeto.

C. Transgresión al principio de reinserción social.

Que la fracción X del artículo 28 de la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, al establecer como requisito para aspirar al ejercicio del notariado "no haber sido condenado", genera un efecto discriminatorio contrario al principio de reinserción social, al excluir de manera injustificada a la persona que se ubique en esa situación; ya que se traduce en que cualquier individuo que haya sido condenado por algún delito, sin importar la gravedad del mismo, la pena impuesta, o el grado de culpabilidad resulta ampliamente restrictiva en contra de las personas que se encuentran en dicha circunstancia.

La porción normativa tildada de inconstitucional, además de generar aspectos discriminatorios y estigmatizantes, impide la plena reinserción a la sociedad de los individuos que compurgaron una pena, que al no acotar el tipo ni grado del delito cometido, resulta en tal sentido muy general, por lo que su efecto es ampliamente restrictivo, en virtud de que las personas que hayan sido sentenciadas por cualquier delito, estarán imposibilitadas para aspirar al ejercicio del notariado, incluso aquellas conductas ilícitas que no guarden relación con su ejercicio.

Menciona que derivado de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, el derecho a la reinserción social se configuró como el pilar del sistema penitenciario mexicano, considerándolo como el objetivo constitucional de toda sanción penal, siendo que toda persona que ha cometido un delito se aparta de la sociedad, por lo que, la finalidad última de la pena es reinsertar o reincorporar al individuo a la misma, a través de diversas herramientas.(4)

La porción normativa impugnada, no establece una distinción clara respecto de los delitos en un proceso penal que impiden aspirar al ejercicio del notariado, ya que así se permite la exclusión injustificadamente de la posibilidad de desempeñarse como notario en la circunscripción del Estado de Quintana Roo, haciendo extensiva la prohibición a delitos que no se relacionan con la función notarial, generando una alteración constitucional directa que se contrapone con el contenido del derecho humano a la reinserción social.

Indica que es fundamental garantizar el derecho a una reinserción social efectiva, para lo cual, las personas que han cumplido con una sentencia penal por delito doloso –de cualquier índole– no deben ser estigmatizadas ni discriminadas en razón de sus antecedentes penales, ya que, al encontrarse en un proceso de reinserción social, es fundamental que la propia sociedad les brinde la oportunidad de reintegrarse plenamente, como puede ser aspirar al ejercicio del notariado en el Estado de Quintana Roo.

D. Transgresión al derecho de seguridad jurídica.

Considera que la porción normativa "ni haber sido sentenciado en materia civil en juicio de carácter patrimonial", vulnera el derecho a la seguridad, ya que la norma resulta de tal grado imprecisa, que da pauta a la discrecionalidad, pues las personas que fueron parte en un juicio civil de carácter patrimonial (incluso con sentencia favorable), no podrán ser aspirantes para el ejercicio del notariado.

La porción normativa señalada constituye un requisito abierto que puede dar lugar a la arbitrariedad, toda vez que, un juicio de naturaleza civil y de carácter patrimonial puede derivar de una controversia entre particulares de cualquier tipo y ello no guarda relación con la función notarial en el Estado, lo cual llevaría al extremo de que cualquier supuesto puede impedir a un individuo ser aspirante a notario, lo que transgrede el derecho a la seguridad jurídica.

CUARTO.—Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de cinco de agosto de dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 83/2019, y la turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que instruyera el trámite respectivo.

Así, por auto de seis de agosto siguiente, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que rindieran su informe; asimismo requirió al Poder Legislativo, para que al rendir el informe solicitado enviara copia certificada de todos los antecedentes legislativos del decreto impugnado, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo, y los diarios de debates; y al Poder Ejecutivo, para que enviara el ejemplar del Periódico Oficial del Estado donde se haya publicado el decreto controvertido; así como a la Fiscalía General de la República, para que formulara el pedimento respectivo y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, de considerar que la materia de la presente acción de inconstitucionalidad trasciende a sus funciones constitucionales, manifieste lo que a su representación corresponda.

QUINTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, rindió su informe en los siguientes términos:

Que es cierto el acto que se reclama, consistente en la emisión del Decreto 333, donde se concibe la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo.

Que el ordenamiento que se impugna tuvo como fin regular el ejercicio de la función notarial, que originalmente le corresponde al Ejecutivo del Estado, quien por delegación la encomienda a profesionales del derecho, investidos de fe pública, independientes e imparciales, en virtud de la patente o nombramiento que se les otorga.

Que dicha delegación otorgada por el Ejecutivo del Estado, respecto de la atención y servicio que brinda un fedatario público es de alta importancia, ya que en su función se encuentra depositada la confianza de quien le solicita sus servicios, además se encuentran referencias y datos específicos de los bienes del que solicita sus servicios, así como datos confidenciales.

En este sentido señala que en la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, se prevé un nuevo procedimiento de examen e integración del jurado para el examen de aspirante; por lo que resulta de gran importancia que en el caso de quienes aspiren a la función notarial no hayan sido condenados ni estén bajo proceso penal por delito doloso, ni haber sido sentenciados en materia civil de carácter patrimonial, ya que resulta un tanto riesgoso que las personas que aspiren a la función notarial tengan este tipo de antecedentes; razón por la cual los legisladores que integran a su representada, en uso de su facultad de libre configuración, estipularon dichos extremos para ostentar el carácter de aspirante a la función notarial, al considerar válido que como legisladores prevean una serie de esquemas en los que los usuarios de este servicio puedan ser objeto de algún delito como lo es el de fraude.

Señala que si bien es cierto, como se establece en la demanda, que el extremo fue establecido sin hacer una diferencia de delitos, también lo es que, la razón de establecer una previsión a quienes aspiren a la función notarial deban tener un modo honesto de vivir y una buena fama pública, es por la intervención que puedan tener con motivo del servicio a la función notarial.

Bajo este esquema, el legislador sin ningún ánimo de discriminación, estableció los extremos para limitar el acceso de los aspirantes a la función notarial, así como a las causas de suspensión de un notario, sólo con la firme intención de proteger a las personas que en un momento dado puedan sufrir riesgo derivado de la confianza depositada en el fedatario público.

Que en ningún momento fue el ánimo de su representada impulsar actos discriminatorios en contra de persona alguna, por el contrario es de valorarse la certeza jurídica con la que deben dirigirse los fedatarios públicos en el Estado, al prestar el servicio a la ciudadanía, máxime si intervienen bienes y la confianza de las personas que solicitan los servicios vinculados a la función notarial; de ningún modo intentó ser contraria a principios de derechos tan esenciales como lo es el principio de presunción de inocencia ni de reinserción social, pues valoró estos aspectos, haciendo prevalecer los interés propios de las personas. Bajo esta lógica el Congreso del Estado de Quintana Roo utilizó su plena libertad de configuración por cuanto a su ámbito, estableciendo los extremos que hoy conducen al aspirante de la función notarial y en los casos en los que será procedente la suspensión de dicha función, establecida en los artículos 28, fracción X, y 154, fracción I, de la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo. Por lo que considera que los preceptos impugnados son válidos por estar apegados a los preceptos de la Constitución, tratados internacionales y leyes generales que rigen en la materia.

En este sentido de conformidad con los artículos 116, fracción I, 124 y demás disposiciones aplicables de la Constitución Federal, solicita la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad.

SEXTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. Jesús Antonio Villalobos Carrillo, encargado de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, rindió su informe en los siguientes términos:

Que es cierto que su representado promulgó y publicó el Decreto 333 por el que se expide la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo (artículos 28, fracción X, y 154, fracción I), publicado en el Periódico Oficial de la referida entidad el dos de julio de dos mil diecinueve.

Que la promulgación y publicación del decreto impugnado no contravienen preceptos constitucionales y convencionales ni los derechos fundamentales que estima violados la accionante, ya que fueron realizados en cumplimiento a la obligación que le confieren como gobernador los artículos 69 y 91, fracciones I, II y XIII, de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y 4o., párrafo primero y 7o., fracción II, de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

Es improcedente e inverosímil la demanda, porque le parece producto de una grave parcialidad en la apreciación de las cosas, que se recrudece al concebir los llamados derechos humanos de una sola literalidad, pues aun cuando la accionante lo niegue, el fin que persigue, de obtener la razón, es el debilitamiento de la institución, en el presente caso la fe notarial y un sesgo en el Estado de derecho a lo que todo gobernado debe ceñirse.

Que en el presente caso, tratándose de normas, no sólo debe observase la supuesta parte afectada (los interesados en el desempeño del notariado), sino que en un raciocinio elemental y justo debe abarcar los efectos de lo contrario, es decir, que el reflejo del acto que se exige sea declarado inconstitucional y, por ende, no aplicado, sus consecuencias y la utilidad hacia la mayoría de los gobernados.

Que la institución del notariado al ser una función tan relevante y de alto impacto en la sociedad, requiere que quienes la ejercen estén provistos de ciertas calidades, por lo que surge no sólo la facultad de establecer requisitos como los previstos en los preceptos impugnados (los artículos 28, fracción X, y 154, fracción I, de la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo), sino la obligación del Estado de pugnar porque los que la vayan a ejercer o ejerzan dicha función, cumplan con ciertos parámetros que permitan que los gobernados reciban esa certeza jurídica de seguridad en su patrimonio, toda vez que, el fin último y único de la función notarial a través de la fe pública, es en beneficio para los gobernados; por lo que, es esencial la exigencia al Ejecutivo del Estado, de que éste deposite esa prerrogativa en profesionales del derecho con ciertas cualidades, las cuales se obtienen bajo ciertas premisas y supuestos.

Aduce que los gobernados necesitados del servicio notarial, igual tienen derechos fundamentales a la seguridad y certeza jurídicas respecto de su propiedad que representa su patrimonio a contar con instituciones sólidas, a vivir en un marco de estricto derecho, lo que la accionante no observa; de ahí su parcialidad, pues de haber analizado el tema de manera amplia en las dos vertientes –los derechos de los aspirantes al ejercicio del notariado, de los que ejercen la fe pública y de los gobernados, catalogados éstos como interés general de las mayorías–, se habría abstenido de accionar como indebidamente lo hace, ya que se hubiera dado cuenta de la existencia de derechos fundamentales encontrados.

Al respecto señala que este Alto Tribunal ya ha analizado y dispuesto que prevalece el derecho de las mayorías, del interés general, al de aquellos aspirantes o practicantes de la fe pública, ya que de no hacerlo así se estarían violando en perjuicio de los gobernados, los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

En este sentido, considera que los requisitos por parte del legislador no deben ni pueden ser entendidos como actos violatorios al derecho a la igualdad y a la no discriminación, únicamente por lo riguroso que éstos puedan ser, ya que estos requisitos se relacionan íntimamente con el derecho humano a la seguridad y certeza jurídicas de los gobernados, pues de ellos depende incluso la pérdida o conservación y protección del bien que incluye el patrimonio.

Precisa que no existe violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación por consecuencias de actos cometidos por uno mismo, en forma consiente, premeditada y con alevosía (delitos dolosos), ya que estimar lo contrario se estaría en el mundo de los contrasentidos y en desapego al principio jurídico de que "nadie escucha a quien reclama su propia torpeza".

Que al establecer como requisito para el ejercicio y desempeño de la función notarial, que el interesado no haya sido condenado por delito doloso, ni desempeñar la función cuando se le dicte auto de vinculación a proceso por delito de la misma naturaleza, obedece a la situación de lo que acontece al interior del Estado respecto a la materia tratada, por lo que el legislador conforme a sus facultades dispuso, porque así concibió la necesidad de proteger la función del notariado, lo que de ninguna manera la demandante analiza ni estudia, para reclamar la supuesta violación a derechos fundamentales, exponiendo lastimar a otros igual humanos con mayores agravios, como son los derechos de los gobernados.

No existe la violación al derecho a la igualdad como lo concibe la accionante, puesto que se trata del cumplimiento de requisitos para aspirar al ejercicio del notariado, lo que en todo proceso o concurso se da y quienes no cumplan con lo exigido no acceden, sin que ello redunde en tal violación; pues al ser la fe pública de fuerte impacto hacia los gobernados, es obligación del Estado procurar instituciones fuertes que respondan la exigencia social, cuyo interés está arriba de cualquier particular.

Que tampoco puede entenderse la violación a la libertad de profesión, en virtud de que la Ley del Notariado para el Estado de Quintan Roo no regula profesiones, sino la fe pública notarial, pues entre el concepto de profesión y el ejercicio del notariado existen diferencias fundamentales; como profesión la Ley General de Profesiones aplicable en todo el territorio de la Federación es la atingente al caso y de ninguna manera se conculca la misma con la Ley del Notariado. En donde se relacionan profesión y función notarial, es en que ésta es desempeñada por profesionales del derecho, teniendo como limitante para que éstos la ejerzan, que cumplan con los requisitos que para ello exige la norma, exigencia que de ninguna manera se puede considerar como prohibición a la libertad de profesión.

En el mismo sentido, tampoco existe violación al principio de presunción de inocencia, con el contenido de la fracción I del artículo 154 de la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, ya que la normativa es muy clara al señalar que a todo notario que se le dicta auto de vinculación a proceso por delito doloso se le suspenderá en forma preventiva de sus funciones, siempre en estricto sentido a los intereses de la mayoría de los gobernados, los que podrían ser afectados con alguna acción indebida de quienes ejerzan la función notarial.

Aduce que la demandante confunde los términos de suspensión por el de cancelación, ya que en el primero se trata de una medida provisional, toda vez que, si al final resultara improcedente la acusación por delito doloso, se le restituye al funcionario en su cargo; y el segundo, se refiere a la cancelación de la patente y de funciones como notario, que no es el caso, porque la ley no refiere a ello.

Finalmente señala que la accionante interpreta incorrectamente el concepto de dolo que podría existir en ciertos delitos, lo cual implica la maquinación perversa, la instrumentación planificada de cometer tal conducta en contra de semejantes y de ello obtener lucro, por tanto, no es dable que alguien con semejante característica pueda desempeñar la fe pública o continuar en el desempeño; ello sin prejuzgar el principio de reinserción social ni el de presunción de inocencia, ya que el ejercicio del notariado requiere de la imagen probada, honesta, que genere confianza en quienes por necesidad acuden a esta institución.

Por todo lo anterior, considera que son infundados los conceptos de invalidez de la accionante y en vía de consecuencia debe reconocerse la validez de los artículos impugnados.

SÉPTIMO.—Opinión de la Fiscalía General de la Republica. En la presente acción de inconstitucionalidad la Fiscalía General de la Republica se abstuvo de formular opinión al respecto.

OCTAVO.—Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se cerró la instrucción en el presente asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la present

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31405-274f3aab/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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