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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. V. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE ATENTO A LOS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN DE AQUÉL. VI. NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE ESTÉN INMERSAS EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. VII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD. SU FINALIDAD ES GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS EN DOS DIMENSIONES: (I) PERMITIR LA PREVISIBILIDAD DE LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS Y, POR TANTO, LA PLANEACIÓN DE SU VIDA COTIDIANA; Y, (II) PROSCRIBIR LA ARBITRARIEDAD DE LA AUTORIDAD PARA SANCIONARLAS. VIII. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ES EL CONJUNTO DE ACTOS O FORMALIDADES CONCATENADOS ENTRE SÍ EN FORMA DE JUICIO REALIZADOS POR AUTORIDAD COMPETENTE, CON EL OBJETO DE CONOCER IRREGULARIDADES O FALTAS, YA SEAN DE SERVIDORES PÚBLICOS O DE PARTICULARES Y CUYA FINALIDAD, EN TODO CASO, SERÁ IMPONER ALGUNA SANCIÓN. IX. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA CONSIDERAR QUE SE ESTÁ FRENTE A ÉSTE, SE DEBEN SATISFACER DOS CONDICIONES: (I) QUE PUEDA DERIVAR EN LA IMPOSICIÓN DE UNA PENA O SANCIÓN (ELEMENTO FORMAL); Y, (II) QUE SE EJERZA COMO UNA MANIFESTACIÓN DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO (ELEMENTO MATERIAL). X. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ES NECESARIO QUE SU SUSTANCIACIÓN TENGA LA INTENCIÓN MANIFIESTA DE DETERMINAR SI ES PROCEDENTE CONDENAR O SANCIONAR UNA CONDUCTA QUE SE ESTIMA REPROCHABLE PARA EL ESTADO POR LA COMISIÓN DE UN ILÍCITO ADMINISTRATIVO, EN ARAS DE SALVAGUARDAR EL ORDEN PÚBLICO Y EL INTERÉS GENERAL. XI. TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA NORMATIVA QUE PROHÍBE A LOS OPERADORES DE DICHO SERVICIO –EN SU UNIDAD Y EN HORARIO DE TRABAJO– EL USO DE MATERIAL DISCOGRÁFICO "QUE PROMUEVA LA CULTURA DE LA VIOLENCIA O HAGA APOLOGÍA DEL DELITO", NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, AL SER LO SUFICIENTEMENTE CLARA PARA PERMITIR A LAS PERSONAS PREVER LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS Y PROSCRIBIR LA ARBITRARIEDAD DE LA AUTORIDAD PARA SANCIONARLAS (ARTÍCULO 155, FRACCIÓN VIII, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "QUE PROMUEVA LA CULTURA DE LA VIOLENCIA O HAGA APOLOGÍA AL DELITO", DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XII. TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA NORMATIVA QUE OBLIGA A LOS OPERADORES DE DICHO SERVICIO –EN SU UNIDAD Y EN HORARIO DE TRABAJO– A "CUIDAR EL USO DEL LENGUAJE, EVITANDO PROFERIR PALABRAS OBSCENAS U OFENSIVAS", VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, AL CONTENER UN GRADO DE IMPRECISIÓN QUE NO PERMITE A LAS PERSONAS PREVER LAS CONSECUENCIAS DE SU ACTUAR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 155, FRACCIÓN X, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO CUIDAR EL USO DEL LENGUAJE, EVITANDO PROFERIR PALABRAS OBSCENAS U OFENSIVAS", DE LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). XIII. TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. XIV. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ALCANCES DE SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. XV. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ES UN DERECHO DEL QUE GOZAN TODAS LAS PERSONAS, QUE SÓLO PUEDE RESTRINGIRSE MEDIANTE LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES ULTERIORES EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE ATAQUE A LA MORAL, LA VIDA PRIVADA, LOS DERECHOS DE TERCEROS, LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA SALUD PÚBLICA O CUANDO SE PROVOQUE ALGÚN DELITO O SE PERTURBE EL ORDEN PÚBLICO. XVI. PRIMERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. XVII. TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LA NORMATIVA QUE PROHÍBE A LOS OPERADORES DE DICHO SERVICIO –EN SU UNIDAD Y HORARIO DE TRABAJO– EL USO DE MATERIAL DISCOGRÁFICO QUE PROMUEVA LA CULTURA DE LA VIOLENCIA O HAGA APOLOGÍA DEL DELITO, NO AFECTA EL CONTENIDO PRIMA FACIE DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, YA QUE DICHA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 194/2020. · Registro digital (IUS): 31647
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-08-04
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Agosto de 2023, Tomo I, Pág.284.

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 194/2020. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 7 DE MARZO DE 2023. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: GEOVANNI SALDOVAL OCHOA.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de siete de marzo de dos mil veintitrés emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 194/2020 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

I. ANTECEDENTES.

1. Presentación de la demanda. El tres de agosto de dos mil veinte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante sólo CNDH) promovió acción de inconstitucionalidad en la que reclamó la invalidez de los artículos 155, fracciones VIII, X y XIX, y 166, fracción IV, de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California.

2. Registro y turno de la demanda. El diez de agosto de dos mil veinte el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad; la registró con el número 194/2020 y la turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

3. Admisión de la demanda. El diecisiete de agosto de dos mil veinte el Ministro instructor admitió la demanda; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California para que rindieran sus informes, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República.

4. Informes. Mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, se tuvo al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California rindiendo su informe, sin embargo, al no haber exhibido un ejemplar del Periódico Oficial en el que se publicó el decreto controvertido, se le requirió para que en el plazo de tres días hábiles lo remitiera. Luego, por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo por desahogado dicho requerimiento.

5. En ese orden, el tres de marzo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor tuvo al Poder Legislativo del Estado de Baja California rindiendo su informe y desahogando el requerimiento realizado mediante proveídos de diecisiete de agosto y catorce de diciembre de dos mil veinte, pues cumplió con remitir los antecedentes legislativos de la norma impugnada.

6. Alegatos y cierre de instrucción. Por acuerdo del veintitrés de marzo de dos mil veintiuno se tuvieron por recibidos los alegatos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, al encontrarse debidamente instruido el procedimiento, se ordenó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución de conformidad con el tercer párrafo del artículo 68 de la ley reglamentaria.(1)

II. COMPETENCIA.

7. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución General,(2) 1o. de su ley reglamentaria(3) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la declaración de invalidez de los artículos 155, fracciones VIII, X y XIX, y 166, fracción IV, de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California por considerar que viola derechos humanos consagrados en la Constitución General y en los tratados internacionales de los cuales México es Parte.

III. OPORTUNIDAD.

8. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General establece que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al que se publicó la norma impugnada.

9. Al respecto, debe destacarse que a través de los Acuerdos Generales 3/2020, 6/2020, 7/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020 y 14/2020, emitidos por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se declararon inhábiles los días comprendidos entre el dieciocho de marzo y el quince de julio de dos mil veinte; cancelándose a su vez el periodo de receso y prorrogándose la suspensión de plazos entre el dieciséis de julio y el dos de agosto de dos mil veinte.

10. Ahora bien, en los Acuerdos 10/2020 y 12/2020, en sus artículos primero, segundo, numerales 2 y 3, y tercero, se prorrogó la suspensión de plazos del uno al treinta de junio y del uno al quince de julio; permitiéndose promover electrónicamente los escritos iniciales de los asuntos de competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y ordenándose proseguir, por vía electrónica, el trámite de las acciones de inconstitucionalidad, sin que en ninguno de estos acuerdos se excepcionara de estas declaratorias como días inhábiles el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad que corresponde a los treinta días naturales establecidos por la ley.

11. Estas determinaciones plenarias se complementaron con el Acuerdo General 8/2020, mediante el cual este Pleno de la Suprema Corte estableció las reglas para regular la integración de los expedientes impreso y electrónico, en controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad; en concreto, se reguló el uso de la firma electrónica u otros medios para la promoción y consulta de los expedientes de acciones de inconstitucionalidad.

12. Ahora bien, en este caso la norma impugnada fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el veintisiete de marzo del dos mil veinte, sin embargo, el plazo de treinta días naturales para la presentación transcurrió del tres de agosto al uno de septiembre de dos mil veinte.

13. En ese sentido, si la demanda promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el primer día en que el Pleno de este Alto Tribunal ordenó proseguir el trámite de las acciones de inconstitucionalidad, esto es, el tres de agosto de dos mil veinte; entonces, debe concluirse que su presentación es oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN.

14. En términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución,(5) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para promover esta acción de inconstitucionalidad, ya que argumenta que las disposiciones reclamadas son violatorias de derechos humanos previstos en el parámetro de regularidad constitucional.

15. En ese sentido, firmó la demanda María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acreditó con copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República de doce de noviembre de dos mil diecinueve. Asimismo, en términos de los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(6) y 18 de su reglamento interno,(7) a dicha funcionaria le corresponde su representación legal. En consecuencia, debe considerarse que la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la representación legal para presentar la acción de inconstitucionalidad a nombre de dicho órgano.

V. IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.

16. Las partes no hicieron valer causas de improcedencia y esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no advierte, de oficio, la actualización de alguna.

VI. PRECISIÓN DE LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS.

17. Previo a realizar el estudio de los conceptos de invalidez, con fundamento en el artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General se fija de manera breve y precisa las normas generales impugnadas:

"Artículo 155. Los operadores de transporte público tendrán las siguientes obligaciones:

"...

"VIII. No podrán llevar el aparato de sonido encendido con un volumen mayor a 60 decibeles, de tal forma que le permita escuchar el timbre e indicaciones diversas de los pasajeros, así como de la circulación del tránsito, quedando prohibido el transmitir o reproducir material discográfico musical que promueva la cultura de la violencia o haga apología al delito;

"...

"X. Atender a los pasajeros con respeto y cortesía, así como cuidar el uso del lenguaje, evitando proferir palabras obscenas u ofensivas;

"...

"XIX. Los operadores de los vehículos deberán impedir el ascenso a personas en estado notable de ebriedad o que se encuentren bajo el influjo de estupefacientes. Asimismo, se prohíbe que permanezcan abordo (sic) personas que, con palabras soeces, actos inmorales o que de alguna u otra forma alteren el orden público o causen molestias al pasaje; ..."

"Artículo 166. El Instituto no podrá otorgar permisos para la prestación del servicio de taxi, en los siguientes casos:

"...

"IV. Cuando el solicitante sea un servidor público de la administración pública, así como sus cónyuges, parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grado."

VII. ESTUDIO.

18. Este Alto Tribunal procede a estudiar los conceptos de invalidez que hace valer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los que plantea lo siguiente:

"(1) Las fracciones VIII, X y XIX del artículo 155 de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California vulneran los derechos a la seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación y a la libertad de expresión, al prohibir las siguientes conductas a las personas operadoras de transporte público:

"La CNDH considera que las porciones normativas impugnadas violan los derechos mencionados porque impiden de forma desproporcional e injustificada que las personas puedan realizar diversas actividades.

"Señala que el legislador local no cumplió con su obligación de establecer disposiciones claras y precisas que no den pauta a una aplicación subjetiva y arbitraria de la ley.

"Al respecto, la CNDH hace referencia al contenido de los derechos a la seguridad jurídica, a la igualdad y no discriminación y a la libertad de expresión.

"A. Seguridad jurídica.

"Una interpretación armónica de los artículos 14 y 16 constitucionales permite afirmar que el actuar de las autoridades debe estar perfectamente acotado de manera expresa en la ley y debe tener como guía en todo momento, en el ámbito de su competencia, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

"En un Estado constitucional democrático no es permisible la afectación a la esfera jurídica de una persona a través de actos de autoridades que no cuenten con un marco normativo que los habilite expresamente para realizarlos, ya que es principio general del derecho que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le autoriza, de modo que, su actuación debe estar prevista en el texto de la norma. De otro modo, se le dotaría de un poder arbitrario incompatible con el régimen de legalidad.

"El derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad son aplicables al Poder Legislativo, quien se encuentra obligado a establecer disposiciones claras y precisas que no den pauta a una aplicación de la ley arbitraria y, además, a que los gobernados de la norma tengan plena certeza a quién se dirige la disposición, su contenido y la consecuencia de su incumplimiento.

"B. Igualdad y no discriminación.

"El Poder Legislativo tiene el deber de cuidar el contenido que da a las leyes, de manera que las palabras y oraciones utilizadas para regular las conductas y aspectos sociales no conduzcan a una distinción entre personas que implique otorgar tratos desiguales o discriminatorios.

"• Igualdad ante la Ley: Obliga a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis salvo cuando consideren que debe apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente.

"• Igualdad en la Ley: Opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.

"C. Libertad de expresión.

"La libre manifestación y el flujo de información, ideas y opiniones, es una condición indispensable de todas las demás formas de libertad y un prerrequisito para evitar la atrofia o el control del pensamiento. Presupuesto esencial para garantizar la autonomía y autorrealización de la persona.

"La libertad de expresión protege al individuo no solamente en la manifestación de ideas que comparte con la gran mayoría de sus ciudadanos, sino también de ideas impopulares, provocativas o incluso aquellas que ciertos sectores de la ciudadanía consideran ofensivas.

"(2) En ese sentido, argumenta que la fracción VIII permite una amplia valoración subjetiva para determinar los casos en los que un material discográfico se encuentra prohibido por promover la cultura de la violencia o hacer apología al delito. Argumenta que la norma podría implicar la prohibición subjetiva de reproducir material discográfico musical que contenga ‘canciones de protesta’ o géneros musicales como el ‘Punk’, el ‘Reggae’, el ‘Metal’, entre otros que, porque su contenido puede versar sobre críticas al Estado o frases que pueden considerarse como promotoras de la cultura de violencia o hacer apologías delictivas.

"La amplia valoración subjetiva, vulnera el derecho a la seguridad jurídica ya que el legislador local no cumplió con su obligación de establecer disposiciones claras y precisas que no den pauta a una aplicación subjetiva y arbitraria de la ley.

"Adicionalmente, sostiene que la fracción en comento impacta de forma desproporcional en el ejercicio de la libertad de expresión, pues dicha disposición se refiere a la reproducción de material discográfico musical por parte de los operadores de transporte público, quienes dentro de su propia forma individual eligen expresar sus gustos musicales con determinado material discográfico.

"(3) La fracción X prohíbe proferir palabras obscenas u ofensivas por parte de los operadores de transporte, sin embargo; los vocablos ‘obscenas’ y ‘ofensivas’, dan pauta a la arbitrariedad pues dependerá de las personas receptoras, es decir, depende de una valoración subjetiva.

"Asimismo, afirma que esas expresiones constituyen una forma de manifestación de cada individuo que el Estado no puede obligar se implemente un lenguaje que sea sintáctico, gramatical y ortográficamente correcto y/o educado, pues la decisión de usar determinada forma de leguaje pertenece al ámbito de la autonomía de cada persona.

"(4) Por otro lado, señala que la fracción XIX transgrede el derecho a la igualdad y no discriminación, ya que parte de estereotipos sociales consistentes en una preconcepción de atributos o características físicas. El Poder Legislativo presupone que a determinadas personas por sus características no se les debe permitir hacer uso del transporte público.

"Si bien la medida legislativa pudiera tener como objetivo proteger la integridad de las personas usuarias del transporte público, lo cierto es que es una medida desproporcional y discriminatoria ya que presupone que todas las personas que aborden las unidades de transporte público con dichas características podrían causar una afectación al mismo.

"Adicionalmente, enfatiza que la evaluación o calificativo de estado notable de ebriedad o que se encuentren bajo el influjo de estupefacientes, corresponde exclusivamente a la persona operadora del transporte público, es decir, dependerá de una valoración estrictamente subjetiva.

"(5) El artículo 166, fracción IV, de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California establece la prohibición de que el Instituto de Movilidad Sustentable otorgue permisos para la prestación del servicio de taxi, cuando lo solicite una persona servidora pública de la administración pública, así como sus cónyuges, parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grado.

"La CNDH reproduce sus argumentos en relación con el contenido del derecho a la seguridad jurídica y expone: (A) el parámetro de constitucionalidad en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos; y, (B) el ámbito de protección de la libertad del trabajo.

"A. Parámetro de constitucionalidad en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.

"Con la reforma constitucional en materia del Sistema Nacional Anticorrupción se establecieron los principios por los cuales se regirá la materia de responsabilidades de los servidores públicos, y se facultó expresamente al Congreso de la Unión para expedir una ley encargada de desarrollar dichos principios y directrices. Todo con la finalidad de dotar de armonía, congruencia y eficiencia a dicho sistema.

"La Ley General de Responsabilidades Administrativas tiene como objeto servir de parámetro de validez de otras normas, al regular los procesos de producción normativa, por lo que las leyes que emitan los órganos legislativos locales deben ajustarse a lo que ésta dispone.

"La Ley General de Responsabilidades Administrativas constituye el marco que deben observar las legislaciones locales ya que la intención del Congreso de la Unión fue establecer un sistema homologado para generar certidumbre jurídica y facilitar la operatividad de éste. Por tanto, no resulta admisible que las legislaturas locales lo alteren, distorsionen o contravengan.

"B. Libertad de Trabajo.

"El artículo 5o. de la Constitución General establece que ‘[a] ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.’, es decir, que todas las personas en un plano de igualdad pueden dedicarse a la actividad lícita de su preferencia.

"La libertad de trabajo no es absoluta, pues su ejercicio se condiciona a que no se afecte el derecho de la sociedad en general. Esta limitación implica que se protege el interés de la sociedad por encima del interés del particular.

"(6) En ese sentido, la fracción IV del precepto impugnado transgrede el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, toda vez que desvirtúa y contraviene la Ley General de Responsabilidades Administrativas la cual prevé un procedimiento para determinar el actuar de las personas servidoras públicas cuando se esté frente a un conflicto de interés.

"El legislador local, prejuzgó la existencia de un conflicto de interés en que pueden incurrir las personas servidoras públicas de la administración pública, de modo que, el legislador del Estado de Baja California no se ajustó al parámetro previsto en la ley general citada respecto al procedimiento que se sigue cuando se suscitan actuaciones por conflicto de interés, contraponiéndose a lo dispuesto por la mencionada ley marco.

"(7) Por otro lado, la CNDH estima que la fracción IV del precepto impugnado transgrede desproporcionalmente la libertad de trabajo, ya que no es idónea ni necesaria para conseguir la finalidad que persigue.

"La fracción impugnada impide de forma absoluta que cualquier servidor público de la administración pública, así como sus cónyuges, parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grado, obtengan la autorización del instituto de movilidad sustentable para ejercer el oficio de prestador de servicios de taxi.

"Consecuentemente, tal prohibición no se justifica sobre una base objetiva y razonable para no transgredir los derechos de las personas y, por tanto, debe considerarse violatoria de la libertad de trabajo."

19. Por cuestión de método, el Pleno de este Tribunal Constitucional primero estudiará los argumentos que la Comisión accionante hace valer en contra de las fracciones VIII y X del artículo 155 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, las cuales combate alegando violación a los principios de seguridad jurídica y libertad de expresión previstos en los artículos 6o., 14 y 16 de la Constitución General, respectivamente. 20. Primero se estudiarán las fracciones impugnadas a la luz del principio de seguridad jurídica, por lo que, para estar en posibilidad de calificar las violaciones alegadas, es necesario recordar algunos de los precedentes más recientes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con dicho principio.

I. Seguridad jurídica.

21. En la acción de inconstitucionalidad 47/2019 y su acumulada 49/2019,(8) el Pleno de este Alto Tribunal retomó un criterio que previamente había sostenido en la acción de inconstitucionalidad 4/2006 donde afirmó que "el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas". En esos términos, la sanción administrativa cumple en la ley y en la práctica distintos objetivos preventivos o represivos, correctivos, disciplinarios o de castigo.

22. Asimismo, precisó que la pena administrativa guarda una similitud fundamental con la sanción penal, toda vez que "como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico". En ambos supuestos, la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena. Luego, el hecho de que esta pena la imponga un tribunal o la autoridad administrativa constituye una diferencia jurídico-material entre los dos tipos de normas.

23. Dicho criterio, se encuentra recogido en la jurisprudencia P./J. 99/2006 de rubro: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO."(9)

24. Ahora bien, merece la pena mencionar que tanto el Pleno como las Salas de este Tribunal Constitucional han reconocido que, tratándose de normas relativas a un procedimiento administrativo sancionador, es válido acudir a las técnicas garantistas del derecho penal, en el entendido que la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible cuando resulten compatibles con su naturaleza.

25. Criterios que se encuentran reflejados en la tesis 1a. CCCXVI/2014 (10a.) y la jurisprudencia 2a./J. 124/2018 (10a.), de rubros: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN."(10) y "NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR."(11)

26. En ese orden, el Pleno de esta Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 34/2019(12) sostuvo que "la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal no se limita a los actos de aplicación, sino que incluye la ley que se aplica", de manera que debe ser redactada de forma "clara, precisa y exacta a fin de que el gobernado esté cierto de la conducta infractora y de la sanción aplicable". Además, debe incluir todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, para evitar confusiones en su aplicación o menoscabo en la defensa del procesado o interesado.

27. Asimismo, afirmó que el principio de legalidad se conforma por diversos subprincipios, entre los que se encuentra el de taxatividad que se traduce en "la exigencia de que los textos en los que se recogen las normas sancionadoras describan con suficiente precisión las conductas que están prohibidas y las sanciones aplicables a quienes incurran en ellas".

28. En dicho precedente se enfatizó que "la precisión de las disposiciones es una cuestión de grado, de modo que, no sólo son válidas las normas sobre las que exista plena certeza de la conducta infractora y de la sanción aplicable, pues ello es lógicamente imposible" ya que el legislador no está obligado a definir cada vocablo o locución utilizada al redactar el precepto sancionatorio. Lo que se pretende al examinar una norma es "determinar que su grado de imprecisión es razonable, es decir, que es lo suficientemente clara".

29. Finalmente, se reconoció que la finalidad en la aplicación de tales principios en el derecho administrativo sancionador "no es excluir totalmente el aspecto subjetivo de su entendimiento y aplicación, sino garantizar el valor preservado por el principio de legalidad, es decir, proscribir la arbitrariedad de la actuación estatal y garantizar que los ciudadanos puedan prever las consecuencias de sus actos".

30. En ese sentido, lo que se ha pretendido con el análisis e interpretación del principio de legalidad reconocido en el artículo 14 constitucional es garantizar la seguridad jurídica de las personas en dos dimensiones: (I) permitir la previsibilidad de las consecuencias de los actos propios y, por tanto, la planeación de su vida cotidiana; y, (II) proscribir la arbitrariedad de la autoridad para sancionar a las personas.

31. Por otro lado, en cuanto a la identificación de la materia administrativa sancionadora, la Segunda Sala de este Tribunal Constitucional en el amparo directo en revisión 4679/2015(13) sostuvo que: "el procedimiento sancionador se constituye por el conjunto de actos o formalidades concatenados entre sí en forma de juico por autoridad competente, con el objeto de conocer irregularidades o faltas ya sean de servidores públicos o de particulares, cuya finalidad, en todo caso, será imponer alguna sanción" (énfasis añadido). Adicionalmente, se afirmó que las infracciones administrativas deben entenderse como el comportamiento contraventor de lo dispuesto en una disposición jurídica a la que se apareja una sanción consistente en la privación de un bien o un derecho y que no aparece calificado en el ordenamiento jurídico como delito.

32. Por su parte, la misma Segunda Sala de esta Suprema Corte en el amparo directo en revisión 4500/2015,(14) determinó que para considerar que se está frente al derecho administrativo sancionador se deben satisfacer dos condiciones: (I) que se trate de un procedimiento que pudiera derivar en la imposición de una pena o sanción (elemento formal); y, (II) que el procedimiento se ejerza como una manifestación de la potestad punitiva del Estado (elemento material).

33. En ese sentido, para considerar un procedimiento como una revelación de una facultad punitiva del Estado y, por ende, como administrativo sancionador, es necesario que se advierta que su sustanciación sea con la intención manifiesta de determinar si es procedente condenar o sancionar una conducta que se estima reprochable para el Estado por la comisión de un ilícito, en aras de salvaguardar el orden público y el interés general, es decir, ese procedimiento debe tener un fin represivo de una conducta que se considere administrativamente ilícita.

34. Una vez agrupada la doctrina jurisprudencial de la aplicación del principio de seguridad jurídica en el procedimiento administrativo sancionador, se procede a analizar la constitucionalidad de las fracciones VIII y X del artículo 155 de la Ley de Movilidad Sustentable de Baja California, las cuales se reproducen para mayor claridad:

"Artículo 155. Los operadores de transporte público tendrán las siguientes obligaciones:

"...

"VIII. No podrán llevar el aparato de sonido encendido con un volumen mayor a 60 decibeles, de tal forma que le permita escuchar el timbre e indicaciones diversas de los pasajeros, así como de la circulación del tránsito, quedando prohibido el transmitir o reproducir material discográfico musical que promueva la cultura de la violencia o haga apología al delito;

"...

"X. Atender a los pasajeros con respeto y cortesía, así como cuidar el uso del lenguaje, evitando proferir palabras obscenas u ofensivas; ..."

35. De la lectura aislada de las disposiciones transcritas no se advierte que formen parte de un procedimiento que pudiera derivar en la imposición de una pena o sanción (elemento formal), ni que constituyan una manifestación de la potestad punitiva del Estado (elemento material); sin embargo, el artículo 241 de la misma ley señala que el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California es la autoridad facultada para realizar las acciones de inspección, verificación o en su caso sanción, a fin de comprobar que los prestadores de servicios de transporte en cualquiera de sus modalidades cumplan las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia,(15) entre las que se encuentra la Ley de Movilidad Sustentable objeto de control constitucional.

36. Adicionalmente, en los artículos 239 a 254 se aprecian sanciones administrativas aplicables al servicio público de transporte tales como apercibimientos, multas, cancelación, suspensión o revocación de concesiones, permisos y autorizaciones. Específicamente, el artículo 251 prevé que con independencia de las sanciones a que se hagan acreedores los operadores y conductores de vehículos del servicio público, se procederá al retiro del gafete, autorización o tarjetón en los términos del reglamento de la ley.(16)

37. Luego, si bien las fracciones VIII y X del artículo 155 de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California por sí solas no constituyen un procedimiento que pudiera derivar en la imposición de una pena o sanción, lo cierto es que establecen obligaciones para los operadores de transporte público que son parte esencial de un sistema de reglas en el que la autoridad administrativa está facultada para imponer sanciones derivado de su incumplimiento (elemento formal) a través de un procedimiento cuya finalidad es castigar a quienes no cumplen con las disposiciones jurídicas previstas en la propia Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California (aspect

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31647-d3d76fab/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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