I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL, EN QUE ADUCE QUE PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES (ARTÍCULOS 22, FRACCIONES III Y IV, Y 27 FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS AL HABER SIDO DEROGADAS Y REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 38, PÁRRAFO SEXTO, DE LA LEY DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 209/2020. 20 DE ENERO DE 2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. EL MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ. SECRETARIO AUXILIAR: RODRIGO ARTURO CUEVAS Y MEDINA
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veinte de enero de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 209/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El tema jurídico a resolver es determinar si: ¿Debe sobreseerse en la acción por haber cesado los efectos de las normas impugnadas, tanto por la derogación y el cambio en su sentido normativo, derivado de la publicación del Decreto 440 en el Suplemento del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el catorce de noviembre de dos mil veinte?
1. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. 1.1 Demanda inicial y normas impugnadas. Por oficio presentado el tres de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su Presidenta María del Rosario Piedra Ibarra, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de lo siguiente:
"Artículos 22, fracciones II y III, (sic) y 27, fracción V, en las porciones normativas ‘no haber sido sancionado por responsabilidad administrativa mediante una resolución firme’ e ‘intencional que amerite pena privativa de la libertad de más de un año’, de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas, expedida mediante Decreto número 357, publicado el 28 de marzo de 2020 en el Periódico Oficial de la citada entidad federativa cuyo texto es el siguiente:
Artículo 22. Las personas servidores públicos que tengan a su cargo las funciones de asesores jurídicos, conciliadores laborales y registradores, deberán cumplir con los siguientes requisitos: (...)
III. No haber sido sentenciado por delito doloso;
IV. No haber sido inhabilitado para ejercer el servicio público por autoridad administrativa competente; y (...)’
‘Artículo 27. Para ser titular del Órgano Interno de Control se requiere: (...)
V. Gozar de buena reputación, no haber sido sancionado por responsabilidad administrativa mediante una resolución firme o no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de la libertad de más de un año; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público, ello lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena, y (...)."
2. 1.2 Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez, la Comisión accionante hace valer, en síntesis, lo siguiente:
• ÚNICO. Las normas impugnadas imponen como requisitos para desempeñar los cargos de asesor jurídico, conciliador laboral, registrador y titular del Órgano Interno de Control, no haber sido inhabilitado, sancionado por responsabilidad administrativa, sentenciados por delito doloso o que amerite pena de prisión de mayor a un año, lo cual viola el derecho a la igualdad y no discriminación, así como la libertad de trabajo y el derecho de acceder a un cargo público, al excluir de manera injustificada a determinadas personas para ocupar un lugar en el servicio público.
Lo anterior, pues las personas que han sido en algún momento sentenciadas por responsabilidad administrativa o sentenciadas por delito doloso y ya cumplieron con las sanciones que les fueron impuestas, deben quedar en la posibilidad de ocupar cargos públicos en igualdad de circunstancias que los demás.
Las normas controvertidas establecen como requisitos para acceder a los cargos referidos, entre otro, los siguientes:
Para los cargos de asesor jurídico, conciliador laboral y registrador:
1. No haber sido sentenciado por delito doloso.
2. No haber sido inhabilitado para ejercer el servicio público por autoridad administrativa competente.
Para la titularidad del Órgano Interno de Control:
1. No haber sido sancionado por responsabilidad administrativa.
2. No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de la libertad de más de un año.
Así, señala que las normas resultan discriminatorias, en tanto otorgan un trato injustificadamente diferenciado para las personas que aspiran a ejercer los referidos cargos.
Para sustentar lo anterior, desarrolla el contenido y alcance del derecho humano a la igualdad y la prohibición de discriminación, así como la libertad de trabajo y el derecho a dedicarse a un cargo público, para posteriormente explicar la regularidad constitucional de las disposiciones que impugna a la luz de un escrutinio estricto.
A. Derecho de igualdad y no discriminación.
El artículo 1o., de la Constitución Federal señala que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en su propio texto y en el de los tratados internacionales de los que México es parte; asimismo, establece la prohibición de discriminar, entre otras razones, por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, prohibición que se hace extensiva a todas las autoridades del Estado.
De manera particular, en el ámbito legislativo, el creador de la norma tiene el deber de cuidar el contenido de las leyes, de manera que las palabras y oraciones utilizadas para regular las conductas y aspectos sociales que corresponden no conduzcan a una distinción entre personas que implique otorgar tratos de desigualdad o discriminación.
Ese Alto Tribunal ya ha sostenido reiteradamente que el derecho fundamental a la igualdad reconocido en la Constitución Federal no implica establecer una igualdad unívoca ante las diferentes situaciones que surgen en la realidad, sino que se refiere a una igualdad de trato ante la ley; esto es, el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieren un trato diferente; sin embargo, éste debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad del legislador.
Asimismo, ha sostenido que las razones de exclusión no sólo surgen por las desigualdades de hecho, sino también por complejas prácticas sociales, económicas e, incluso, prejuicios y sistemas de creencias que desplazan a grupos de ámbitos en los que de un modo y otro están insertos.
Adicionalmente, ese Tribunal Constitucional ha hecho patente que la igualdad es un principio adjetivo que se predica siempre de algo y que, por tanto, se define y actualiza progresivamente a través del tiempo y a la luz de una multiplicidad de factores sociales, culturales y políticos, entre otros.
En el ámbito internacional, el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la discriminación de derecho, no sólo en cuanto a los derechos en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y su aplicación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva 18/09, sostuvo que el principio de igualdad ante la ley y no discriminación, pertenece al ius cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo el orden jurídico.
B. Libertad de Trabajo y derecho a ocupar un cargo público.
De conformidad con los artículos 5 y 35 de la Constitución Federal, se desprende que todas las personas, en un plano de igualdad, pueden dedicarse a la actividad lícita que sea de su preferencia, lo que implica el derecho a dedicarse al cargo público de su elección cuando sean nombrados para tal efecto, como actividad económica que puedan desempeñar libremente.
El artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de adoptar providencias para ligar progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, y sobre educación, ciencia y cultura; asimismo, los artículos 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", establecen que toda persona tiene derecho al trabajo, el cual implica el goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que todo proceso de nombramiento de un cargo en la administración pública debe tener como función no sólo la selección según los méritos y cualidades del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público. Así, ha enfatizado que los procedimientos de nombramientos de servidores públicos tampoco involucran privilegios o requisitos irrazonables, pues la igualdad de oportunidades se garantiza a través de la libre concurrencia, en forma tal que aquellos que acrediten los requisitos legales deben poder participar en el proceso de selección sin ser objeto de tratos desiguales y arbitrarios; por tanto, no son admisibles las restricciones que impidan o dificulten llegar al servicio público con base en sus méritos.
C. Inconstitucionalidad de los requisitos impugnados.
Las normas impugnadas impiden de manera injustificada que las personas accedan a determinados cargos públicos con base en su condición social y/o jurídica, es decir, cuando hayan sido inhabilitados para el servicio público, sancionadas por la comisión de alguna responsabilidad administrativa y sentenciados por delitos dolosos, conforme a lo siguiente:
C.1. Requisito de no haber sido inhabilitado o sancionado por responsabilidad administrativa.
Esta exigencia es inconstitucional, ya que cuando una persona ha sido sancionada por autoridad administrativa, una vez que ya ha cumplido con sus sanciones, debe quedar en posibilidad de poder volver a ejercer un cargo público; de lo contrario, se trataría de una inhabilitación o sanción perpetua.
Debe tomarse en cuenta que una persona es susceptible de ser inhabilitada incluso por la comisión de una falta administrativa no grave, aunado a que, las personas que han sido sancionadas con esta medida y han cumplido la misma, deben quedar en posibilidad de ejercer un cargo público, pues se trata un derecho fundamental.
En términos de la Ley General en materia de responsabilidades de los servidores públicos, las sanciones administrativas, tanto por faltas graves como no graves, consisten en: a) suspensión del empleo, cargo o comisión; b) destitución del empleo, cargo o comisión; c) sanción económica; y d) inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Esto significa que las personas que, en términos de las normas impugnadas, por la comisión de una falta administrativa grave o no grave, hayan recibido cualquier sanción o inhabilitación temporal, quedarán impedidas para ocupar los cargos en cuestión.
Sin embargo, la accionante considera que una vez que ha cumplido con la sanción de inhabilitación, no existe justificación para excluirlas de la posibilidad de las funciones de asesores jurídicos, conciliadores laborales, registradores o titulares del Órgano Interno de Control del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas.
Por tanto, establecer de forma genérica y absoluta que no podrán aspirar a ejercer los cargos de referencia, sin importar el tipo de falta que dio lugar a la sanción, así como tampoco su temporalidad, constituyen un requisito injustificado, pues tal sanción no significa que las personas aspirantes no son aptas para desempeñar las funciones relativas.
C.2. Requisito de no haber sido sentenciado por delito doloso o que amerite pena privativa de la libertad de más de un año.
Particularmente, en relación con los requisitos previstos en la fracción III del artículo 22 y en la fracción V del diverso 27 de la norma que se impugna, la Comisión accionante considera que son inconstitucionales al resultar sobreinclusivos, en tanto que limitan de forma genérica a las personas que hayan sido sentenciadas por cualquier delito doloso que amerite pena privativa de libertad de más de un año, sin considerar si los delitos de que se trata se relacionan con las funciones a desempeñar en el cargo en cuestión.
Cabe destacar que la codificación penal de Zacatecas exige una gran cantidad de delitos cuya sanción consiste en pena privativa de la libertad de más de un año, lo que permite hacer patente la sobreinclusividad para desempeñar las funciones a que aluden las normas impugnadas, de asesor jurídico, conciliador laboral y registradores; y si el delito amerita pena privativa de la libertad de más de un año, quedan exclusivas para ser seleccionadas para ser titular del Órgano Interno de Control del Centro de Conciliación Laboral local.
Además, debe tomar en cuenta que la norma excluye de forma injustificada a un sector de la población, pues aun cuando el delito por el que han sido sancionadas no se encuentre vinculado o relacionado estrechamente con las funciones que se desempeñarán para el cargo, les quedará vedado de manera absoluta la posibilidad de ser seleccionadas.
Si bien el artículo 27, fracción V, de alguna forma pretende acotar el requisito, al prever que las personas que pretendan aspirar al cargo de titular del Órgano Interno de Control deben haber sido sentenciadas por delito intencional que amerite pena privativa de la libertad mayor a un año, lo cierto es que la disposición termina por excluir a todas las personas que se encuentren en esos supuestos, con independencia de que la conducta típica cometida se relaciona o afecte el desempeño de las facultades de dicho servidor público.
Asimismo, la previsión que nos ocupa, en la última parte del párrafo, acota de cierta manera los delitos, al señalar robo, fraude y abuso de confianza, las cuales pueden estar relacionadas con el desempeño de las funciones para el cargo, en contraste con la porción normativa que señala de manera genérica cualquier delito intencional con pena de prisión mayor de un año, razón por la cual, solamente este último requisito es el que se impugna.
El requisito de no haber sido sentenciado por delito doloso excluye de manera tajante a toda persona que haya realizado una conducta típica intencional, así como la relativa a que no se le haya impuesto pena mayor a un año de prisión, son hipótesis demasiado abiertas y excesivas que impiden injustificadamente ocupar cargos públicos a las personas con base en su condición social y/o jurídica.
El hecho de que una persona haya sido sancionada con privación de su libertad, forma parte de su vida privada, su pasado y su proyección social; por tanto, no es constitucionalmente válido que por esa razón se le excluya de participar para ocupar cargos o puestos públicos; pues una vez compurgada su sanción, supone que ha concluido el proceso penal, que determinó su culpabilidad o responsabilidad, y así se encuentra en aptitud de reinsertarse en la sociedad en pleno ejercicio de sus derechos en un plano de igualdad.
C.2. Escrutinio estricto de los requisitos impugnados.
En el caso concreto, la accionante estima que las normas discriminan con base en la categoría sospechosa consistente en la condición social y/o jurídica de las personas que han sido inhabilitadas para ocupar un cargo público, sancionadas por responsabilidad administrativo, condenadas por delitos dolosos o que ameriten pena privativa de la libertad mayor de un año, por lo que, quienes se encuentren en las situaciones señaladas serán excluidas de ser seleccionadas para los cargos de asesores jurídicos, conciliadores laborales y titular del Órgano Interno de Control del Centro de Conciliación Laboral de Zacatecas.
No existe justificación constitucionalmente imperiosa para exigir lo que norma impugnada señala, dado que no hay un mandato dentro de la propia Constitución Federal que exija requisitos de esa índole para ese tipo de actividades, aunado a que las atribuciones que les corresponden no justifican restricciones tan amplias, de manera que no se supera la primera fase del test y, consecuentemente, resultan discriminatorias.
Con esta conclusión, tampoco puede afirmarse que se encuentran conectadas con el logro de objetivo constitucional alguno y mucho menos que se trata de medidas menos restrictivas posibles, por lo que, en suma, no aprueban un juicio estricto de proporcionalidad o razonabilidad.
Finalmente, la Comisión accionante señala que las normas impugnadas contravienen el principio de reinserción social, pues las fracciones que refieren a no haber sido sancionado por delito doloso o intencional que amerite pena de prisión de más de un año, tienen como consecuencia que las personas que han sido sentenciadas por esos supuestos queden impedidas para acceder a los cargos públicos relativos, incluso en el caso de que los delitos de los que se trata no se relacionen con la función a desempeñar.
Asimismo, en cuanto a los efectos, la accionante solicita que de ser tildadas inconstitucionales las normas que impugna, se extiendan los efectos a todas aquellas normas que estén relacionadas.
3. 1.3 Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La Comisión accionante considera que las normas que impugna son contrarias a los artículos 1, 5 y 35, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, 2 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
4. 1.4 Radicación y turno. Por acuerdo de once de agosto de dos mil veinte, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 209/2020, y la turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.
5. 1.5 Admisión de la demanda. La Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto mediante proveído de doce de agosto de dos mil veinte, en el cual ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que rindieran sus respectivos informes; asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que conste su publicación. De igual forma dio vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que antes del cierre de instrucción manifiesten lo que a su respectiva representación corresponda.
6. 1.6 Acuerdo que tiene por rendidos los informes de las autoridades emisora y promulgadora. Por acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, la Ministra instructora tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Zacatecas; se tuvieron por remitidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos solicitados; y se ordenó dejar los autos a la vista de las partes para que, en el plazo legal, formularan sus alegatos por escrito.
7. 1.7 Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas. Mediante oficio recibido el diecisiete de septiembre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Coordinador General Jurídico de Gobierno del Estado de Zacatecas, en representación del titular del Ejecutivo local, rindió informe, en el que expresa, en esencia, lo siguiente:
• Los actos relativos a la orden de promulgación y población de las normas impugnadas se emitieron con apego a la legalidad, pues encuentran respaldo jurídico en el artículo 82, fracción II, de la Constitución Política de Zacatecas.
• Es inexistente la supuesta violación al derecho a la igualdad y no discriminación, ya que la Comisión accionante deja de advertir que los artículos que impugna no deben interpretarse de manera aislada, sino que en comunión con la totalidad de los fines de la Ley del Centro de Conciliación Laboral, este último como órgano garante de acuerdos entre un grupo económicamente débil y la parte patronal.
La teleología primordial que buscan alcanzar las normas referidas, si bien parte de los requisitos que, entre otros, deben agotar los particulares para los cargos relativos, es el aseguramiento de un mejor ejercicio de la función conciliadora y de revisión de cuentas respectivamente; sin embargo, más allá de analizar los fines perseguidos, cuyo objeto constituye per se una razón de peso para su subsistencia, se deben analizar desde una óptica social, los alcances reales que se persiguen.
De la exposición de motivos del Decreto 357 que dio origen a la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas, se desprende que privilegió sobre cualquier circunstancia la creación de un organismo en el que se asegura que su función primordial se cumpliera a cabalidad atendiendo con objetividad y diligencia los intereses de un grupo económicamente débil como lo es gremio trabajador. Asimismo, se consideró la necesidad de la creación de un organismo con capacidad para conocer de los casos procurando una real solución, atendiendo al dinamismo jurídico, social y económico que requiera la justifica laboral en nuestro país, garantizando el respeto a los derechos humanos, pero siempre procurando el respeto a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, transparencia, autonomía e independencia con el ánimo de procurar el diálogo y conciliación de las diferencias entre quienes ofrecen la fuerza de trabajo y quienes la emplean, tendiente siempre al equilibrio de las relaciones de trabajo.
Ahora bien, al contemplar los requisitos que son impugnados por la Comisión accionante, en medida alguna implica una contravención a los derechos de igualdad y no discriminación, en razón de que los mismos no son impuesto con afán de menoscabar alguna condición de los particulares que pudieran llegar a aspirar a los cargos descritos; por el contrario, se establecen con el único afán de asegurar mejores condiciones para el desempeño de los espacios referidos, esto es, una correcta función conciliadora en beneficio de la clase obrera.
Así, contrario a lo alegado por la accionante, las normas impugnadas fueron diseñadas con sustento en una justificación objetiva, esto es, tendiente a asegurar una mejor función conciliadora en beneficio de los particulares a quienes va dirigida la misma y no así con ánimo de menoscabar alguna condición contenida en ellas.
• El artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Federal, impone a nivel federal de que el titular del órgano conciliador que mandata dicho numeral, sea una persona que, entre otros requisitos, goce de buena reputación y no haya sido sancionado por delito doloso, por lo que desde el Magno Ordenamiento quedaron trazados los requisitos que debían imperar para la elección de los servidores públicos que formarán parte de los órganos conciliadores y si bien, la imposición de tales requisitos no fue considerar que imperara en las legislaturas locales, también lo es que sí partió perfectamente de la necesidad detectada y que lo fue, buscar personal idóneo para asegurar una correcta función conciliadora, lo que perfectamente impone una directriz en el tema.
• Es inexistente la supuesta violación al derecho a la libertad del trabajo, pues, acorde con lo que ha sustentado ese Alto Tribunal, no existiría tal violación cuando de configurarse el desarrollo de aquél, se ocasione un perjuicio mayor a la colectividad; tal supuesto, podría configurarse en el caso concreto, pues el permitir que se infrinja alguna de los requisitos contenidos en las normas impugnadas, puede traer aparejado consigo el desarrollo de una facultad conciliadora plagada de deficiencias. Por tanto, contrario a lo señalado por la accionante, los requisitos que imponen los numerales impugnados, para nada generan violación alguna pues, en sentido estricto, no limitan a que los particulares se dediquen al trabajo que les acomode.
8. 1.8 Informe del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Mediante oficio recibido el diecisiete de septiembre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Zacatecas, compareció a rendir el informe solicitado, en el que expone, esencialmente, lo siguiente:
• La Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Zacatecas fue aprobada mediante Decreto 357, aprobado en sesión de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, y su publicación se efectuó en el periódico local el veintiocho de marzo de dos mil veinte. Dicho ordenamiento tuvo como sustento la reforma constitucional en materia laboral de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, por la cual el Constituyente Permanente determinó modificar sustancialmente la impartición de justicia laboral.
De esta manera, esta Legislatura emitió la ley referida y para cumplir con el mandato constitucional derivado de la reforma en comento, se establecieron requisitos específicos para el desempeño de los cargos que confirmarían la estructura administrativa del Centro de Conciliación Laboral de Zacatecas, respecto de los cuales se consideró que se estaría observando el espíritu del Constituyente Permanente al establecer un órgano regido por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
• Ahora bien, respecto de las porciones normativas impugnadas por la Comisión accionante, históricamente se ha considerado que la finalidad del Estado es la consecución del bien común, y para tales efectos, la organización estatal debe adoptar una estructura y desarrollar diversas funciones que permitan cumplir con esa finalidad.
Atendiendo a ello, esta Asamblea Legislativa asumió que el Centro de Conciliación debía integrarse por personas no solo con la capacidad y preparación académica requeridas para el cargo, sino también, con virtudes éticas y cívicas que permitieran el cabal ejercicio de las funciones asignadas.
Así, se diseñó los requisitos para el acceso a los cargos relativos, con la convicción de que debían ser desempeñados por las mejores personas, toda vez que la función pública tiene una exigencia mayor a la de cualquier otro encargo, con base en lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, esto es, en la necesidad de garantizar la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la función pública desarrollada.
• El principio de honradez constituye una virtud cívica que el Constituyente Permanente consideró como fundamental en el ámbito administrativo y, por ende, las personas que se desempeñen en el sector público, o pretendan hacerlo, están obligadas a cumplir con ésta. Conforme a ello, el Legislador zacatecano estimó adecuado establecer como requisitos para los cargos de asesor jurídico, conciliador laboral y registrador, así como titular del Órgano Interno de Control, las porciones normativas que impugna la accionante.
En tal contexto, la comisión de un delito doloso implica la voluntad de su autor para actualizarlo, es decir, la conducta íntegra exigida por el mandato constitucional no se cumplirá en el caso de una persona que incurriera en este tipo de delitos.
Lo mismo acontece para el responsable de una irregularidad administrativa, pues con ello demuestra su falta de compromiso e interés con el servicio público y la imposibilidad de cumplir con honradez el encargo encomendado.
• Finalmente, la porción normativa contenida en el artículo 27, fracción V, de la ley impugnada, tiene una redacción similar al artículo 95, fracción IV, de la Constitución Federal, donde se dispone como requisito para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena".
Si bien hay una diferencia evidente entre el cargo de Ministro del Máximo Tribunal y los previstos en la Ley del Centro de Conciliación Laboral local, para este órgano legislativo resulta evidente también la importancia que el Constituyente Permanente otorga al ejercicio de la función pública, pues además de establecer los principios a los que debe sujetarse el actuar de los servidores públicos, exige, para este caso particular, el citado requisito.
Por tanto, la Legislatura actuó conforme a derecho en el punto analizado, pues estableció requisitos razonables y sustentados constitucionalmente, para ocupar los cargos que integran la estructura administrativa del citado órgano.
9. 1.9 Pedimentos del Fiscal General de la República y del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. Los referidos funcionarios no formularon manifestación alguna o pedimento.
10. 1.10 Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte, la Ministra instructora cerró la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
11. 1.11 Avocamiento a Segunda Sala. Mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno, dictado por la Ministra Presidenta de la Segunda Sala, dicho órgano cole
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200766-54285a53/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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