I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES EXPEDIDAS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES (LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA. IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE CONFIGURA POR UNA DIMENSIÓN FORMAL O DE DERECHO Y OTRA SUSTANTIVA O DE HECHO. V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. DIFERENCIAS ENTRE DISTINCIÓN Y DISCRIMINACIÓN. VI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. PARA DETERMINAR SI UNA DISTINCIÓN RESULTA OBJETIVA Y RAZONABLE, DEBERÁ EFECTUARSE UN ESTUDIO, CUYA INTENSIDAD DEPENDERÁ DEL OBJETO DE LA LITIS. VII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS CONDENADAS QUE HAYAN SIDO CONDENADAS POR DELITO DOLOSO Y AQUELLAS QUE NO, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MORELOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MORELOS). VIII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO PARA OCUPAR EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MORELOS, CONSTITUYE UNA MEDIDA SOBREINCLUSIVA QUE VULNERA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MORELOS). IX. CENTROS DE CONCILIACIÓN LABORAL DE LOS ESTADOS. EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XX DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL RESERVA A LOS CONGRESOS LOCALES REGULAR LA INTEGRACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE ESOS ORGANISMOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MORELOS). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INVALIDEZ INDIRECTA DE LAS NORMAS (INVALIDEZ DEL ARTICULO 85-f, PÁRRAFO SÉPTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HAYA SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. INVALIDEZ, POR EXTENSIÓN, DE UNA DISPOSICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL COMO CONSECUENCIA DE LO PREVISTO EN UNA LEY LOCAL, EN VIRTUD DE UN CRITERIO DE DEPENDENCIA SISTEMÁTICA EN SENTIDO AMPLIO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 85-f, PÁRRAFO SÉPTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HAYA SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN V, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", DE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MORELOS Y, POR EXTENSIÓN, DEL ARTICULO 85-f, PÁRRAFO SÉPTIMO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HAYA SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 149/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: RAMÓN EDUARDO LÓPEZ SALDAÑA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas a la transformación del sistema de justicia en materia del trabajo. En el artículo segundo transitorio de dicho decreto de reforma se estableció el plazo de un año a partir de su entrada en vigor para que el Congreso de la Unión y las Legislaturas Locales realizaran las adecuaciones legislativas correspondientes.(1)
El Poder Legislativo del Estado de Morelos expidió la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos(2) con la finalidad de dar cumplimiento al mandato constitucional referido.
La maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 17, fracción V, en su porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso", en la que se impone este requisito para ocupar el cargo de director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos, por considerar que transgrede los derechos de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo y de acceder a un cargo público.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de septiembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 149/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que solicita la declaración de invalidez del artículo 17, fracción V, en la porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso", de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos, expedido mediante Decreto Número Tres, publicado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de la citada entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial por la Comisión accionante. Por escrito presentado el once de octubre de dos mil veintiuno a través del buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez del artículo 17, fracción V, en su porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso", de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el nueve de septiembre de dos mil veintiuno.(3)
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión accionante expuso un único concepto de invalidez, en el que alegó lo siguiente:
a. La norma impugnada transgrede los derechos de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo y de acceder a un cargo público. El requisito excluye de manera injustificada a determinadas personas para ocupar un cargo en el servicio público, pues quienes ya fueron sancionadas por un delito doloso y cumplieron con la sanción impuesta, deben tener la posibilidad de ocupar cargos públicos en igualdad de circunstancias que el resto.
b. Violación al derecho de igualdad y no discriminación. No es constitucionalmente válido que se impida el acceso al desempeño de un servicio público a las personas que hayan sido condenadas por un delito doloso, una vez que hayan cumplido con la pena impuesta; tal medida es injustificada y discriminatoria para quienes se encuentran en esa situación, pues les impide ejercer su derecho a la libertad de trabajo, en específico a ocupar un cargo público.
c. La exigencia es sobreinclusiva y desproporcionada, pues limita de forma genérica los derechos de las personas que fueron condenadas por cualquier delito doloso, sin diferenciar entre la universalidad de las conductas típicas contenidas en la codificación sustantiva penal y sin considerar si aquéllas se relacionan o no con las funciones o atribuciones que corresponden al cargo en cuestión. Por ello, se actualiza una exclusión injustificada y discriminatoria con motivo de una condición social o jurídica, impidiendo el ejercicio del derecho a la libertad de trabajo y, en específico, a ocupar un cargo público.
d. Para que las restricciones sean válidas deben examinarse las funciones y obligaciones que tiene a cargo cada uno de los puestos correspondientes y, hecho lo anterior, señalar con precisión únicamente las conductas ilícitas que se encuentren estrechamente vinculadas con el empleo de que se trate.
e. Quien ostente el cargo de director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos desempeñará funciones directivas, administrativas, técnicas, profesionales y lógico jurídicas, para realizar plenamente las funciones necesarias para que el organismo cumpla con su objeto.
f. Podría pensarse que la fracción V, en la porción "y no haber sido condenado por delito doloso", del artículo 17 de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos exige cierta probidad y honestidad de las personas que aspiren a ser titulares de la Dirección General del Centro de Conciliación Laboral; sin embargo, excluye a las personas que pretenden reinsertarse en sociedad, tras haber compurgado una pena por la comisión de alguna conducta delictiva, con base en su situación social o jurídica. Por ello, el legislador debió acotar lo más posible las exigencias impugnadas, esto es, restringir el acceso al cargo público únicamente a personas que hayan cometido conductas delictivas estrechamente vinculadas con las funciones a desempeñar, lo que válidamente pondría en duda su probidad, integridad y honestidad.
g. El requisito previsto en la fracción impugnada crea una condición estigmatizante, pues implica una prohibición absoluta y sobreinclusiva que excluye automáticamente y sin distinción a las personas que han cumplido una pena y se han reinsertado en sociedad.
h. Cometer un delito y ser sancionado por ello, no tiene la consecuencia de marcar al autor como un delincuente de por vida, o como una persona que carece de honestidad y probidad por el resto de su vida.
i. El requisito previsto en la fracción impugnada es discriminatorio por generar distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta para ocupar el cargo mencionado. Además, propicia discriminación por motivos de condición social o jurídica, pues obstaculiza el ejercicio del derecho a ocupar un cargo público en igualdad de condiciones que las demás personas.
j. Violación al derecho a la libertad de trabajo y a ocupar un cargo público. El requisito que establece la fracción impugnada impide de manera injustificada que las personas se dediquen libremente a la profesión, industria, comercio o trabajo lícitos, así como a ser nombradas para cualquier empleo o comisión del servicio público cuando hubieran sido condenadas por un delito doloso, aun cuando ya compurgaron la pena impuesta por el delito cometido, sin considerar si las conductas por las cuales fueron sancionadas se relacionan con las funciones que deban desempeñar en el cargo en cuestión.
k. En atención a las actividades del cargo, la restricción contenida en la norma impugnada es desproporcionada y sobreinclusiva, porque atenta contra el derecho a la libertad del trabajo y de acceso a un cargo en el servicio público, pues excluye a todas las personas que hayan sido condenadas por un delito doloso, aunque éste no se relacione con las atribuciones correspondientes al cargo de director general del Centro de Conciliación Laboral de Morelos.
l. La generalidad y amplitud de la norma impugnada implica una prohibición absoluta que impide acceder en igualdad de circunstancias al respectivo empleo público a personas que en el pasado fueron sancionadas penalmente, sin que ello permita justificar en cada caso y con relación a la función, la probable afectación a la eficiencia o eficacia del puesto o comisión a desempeñar, sobre todo, tratándose de sanciones que ya han sido cumplidas.
m. Si bien el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política del País prevé como requisito no haber sido condenado por delito doloso para ocupar el cargo de titular del organismo descentralizado federal, encargado de la función conciliatoria de las diferencias entre trabajadores y patrones, ello no puede hacerse extensivo a quien ocupe dicho cargo a nivel local.(4)
n. La norma no supera el examen de escrutinio ordinario de proporcionalidad. No existe una relación lógica entre el requisito establecido en el artículo 17, fracción V, en su porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso", de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos y las funciones a desempeñar por el director general del Centro de Conciliación Laboral de esa entidad.
o. La norma impugnada establece una distinción para acceder al mencionado cargo público entre las personas que fueron condenadas por un delito doloso y aquellas que no están en ese supuesto, con lo cual excluye injustificadamente a las personas que se encuentran en el primer supuesto, generando un régimen diferenciado entre unas y otras.
p. Si bien la norma impugnada cumple con un fin constitucionalmente válido (debido a que busca generar condiciones propicias para el desempeño), no tiene una relación directa, clara e identificable para el necesario cumplimiento de dicho fin, pues no existe base objetiva para determinar que quien no haya sido condenada por delito doloso ejercerá las funciones correspondientes a su cargo con rectitud, probidad y honorabilidad o que las personas que sí se encuentren en ese supuesto no ejercerán sus labores de forma adecuada o que carezcan de dichos valores, ni tampoco que no tengan la aptitud necesaria para cumplir con sus funciones con eficiencia, aptitud o conocimiento.
q. En consecuencia, al no advertir que el precepto impugnado tenga una conexión directa con el fin constitucionalmente válido, la medida atenta contra el derecho a la igualdad y contradice el parámetro de regularidad constitucional.
r. Se solicita la extensión de invalidez a todas las normas relacionadas.
3. Admisión y trámite. El quince de octubre de dos mil veintiuno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad bajo el número 149/2021, y turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
4. El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió a trámite la acción, tuvo como parte actora a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, emplazándolos para que rindieran los respectivos informes de ley. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República para que formulara pedimento, así como a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
5. Informe del Poder Ejecutivo de Morelos. El dos de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Samuel Sotelo Salgado, en su carácter de representante legal del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, rindió informe en el que señaló lo siguiente:
a. Los actos del Ejecutivo están dentro de sus atribuciones constitucionales. El gobernador del Estado de Morelos promulgó y ordenó publicar la ley impugnada, pero esos actos no son inconstitucionales o inconvencionales, en virtud de que cuenta con atribuciones para ello, conforme a los artículos 70, fracciones XVI y XVII, incisos a) y c), y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,(5) así como a los artículos 9, fracción II, 11 y 22, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.(6)
b. El Poder Ejecutivo sólo se encuentra llamado a la acción de inconstitucionalidad en cumplimiento de un requisito formal. Para la adecuada tramitación y resolución de la presente acción de inconstitucionalidad, existe el requisito formal de tener por demandados a los órganos que hubiesen expedido o promulgado la ley impugnada. La Comisión accionante no formula conceptos de invalidez en los que reclame vicios propios de los actos de promulgación y publicación atribuidos al Poder Ejecutivo, por lo que es evidente que el llamado a éste es únicamente en cumplimiento de un requisito formal. Por lo tanto, debe resolverse como infundada.
6. Informe del Poder Legislativo de Morelos. El tres de diciembre de dos mil veintiuno, el diputado Francisco Érik Sánchez Zavala, en su carácter de presidente de la LV Legislatura del Estado de Morelos, rindió su informe en el que se posicionó por la validez de la norma y en concreto señaló que:
a. Los Estados tienen libertad configurativa en esta materia. De conformidad con los artículos 40 y 124 de la Constitución Política del País, los Estados son libres, soberanos y autónomos en lo que corresponde a su régimen interior, por lo que al no estar reservada a la Federación la determinación de los requisitos para el cargo de director general de los Centros de Conciliación Laboral de las entidades federativas, se entiende que éstas tienen libertad de configuración para legislar al respecto.(7) Lo anterior, sin que sea inválido que las Legislaturas Locales repliquen lo previsto en la propia Constitución.
b. La motivación es la recuperación de la confianza de la ciudadanía. El Congreso del Estado de Morelos impuso la exigencia que se impugna atendiendo a una preocupación social, en aras de recuperar la confianza en los tribunales de esa entidad federativa, pues una persona que ha sido condenada por un delito doloso difícilmente generaría confianza en la comunidad. Por tanto, el requisito impugnado es una exigencia mínima de carácter razonable, atendiendo a los fines de legalidad, honradez, certeza, objetividad, profesionalismo, independencia, imparcialidad, equidad y eficiencia, mismos que persigue la administración de justicia.
7. Pedimento. La Fiscalía General de la República no formuló pedimento en el presente asunto ni tampoco la Consejería Jurídica del Gobierno Federal realizó manifestación alguna.
8. Alegatos. Mediante escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, la maestra Luciana Montaño Pomposo, delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, rindió los alegatos por parte de la accionante.
9. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos no rindieron alegatos.
10. Cierre de la instrucción. Una vez recibidos los informes de las autoridades, así como los alegatos de la Comisión accionante, por acuerdo del trece de enero de dos mil veintidós, se cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del País(8) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(9) Se planteó la posible contradicción entre el artículo 17, fracción V, en la porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso", de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos y la propia Constitución.
II. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA
12. La norma impugnada es el artículo 17, fracción V, en la porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso", de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos, que establece:
"Artículo 17. Para ser director general se requiere contar, además de los señalados en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con los siguientes requisitos:
"...
"V. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenado por delito doloso."
III. OPORTUNIDAD
13. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente; y si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente.(10)
14. En este caso, la acción es oportuna, pues la norma impugnada fue expedida mediante Decreto Número Tres, publicado el jueves nueve de septiembre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, por lo que el plazo para promover la acción transcurrió del viernes diez de septiembre de dos mil veintiuno al sábado nueve de octubre de dos mil veintiuno.
15. Consecuentemente, si la acción de inconstitucionalidad se presentó a través del buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el lunes once de octubre de dos mil veintiuno, es decir, al primer día hábil siguiente a aquél inhábil en que se venció el plazo, resulta claro que se promovió en forma oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
16. La acción fue promovida por parte legitimada. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del País, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede promover acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes expedidas por las Legislaturas Locales.(11)
17. Por otro lado, el artículo 11, párrafo primero, aplicable a las acciones de inconstitucionalidad en términos del artículo 59, ambos de la ley reglamentaria de la materia,(12) establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlas.
18. En este caso, el escrito inicial fue suscrito por la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia certificada de su designación, expedida por el Senado de la República para un periodo de cinco años que concluirá el quince de noviembre de dos mil veinticuatro.
19. Dicha funcionaria ostenta la representación de la Comisión y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15, fracciones I y IX, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(13) y 18 de su reglamento interno.(14)
20. Aunado a ello, en el presente caso se plantea la incompatibilidad del artículo 17, fracción V, en la porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso", de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, por considerar que se vulneran los derechos a la igualdad y no discriminación, libertad de trabajo y de acceder a un cargo público.
21. Así, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y al haber sido promovida por la representante legal de dicho órgano, debe concluirse que se promovió por parte legitimada.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
22. Las partes no hacen valer alguna causa de improcedencia ni este Tribunal Pleno la advierte de oficio. 23. No pasa inadvertido que, al rendir su informe, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos expuso que únicamente actuó en cumplimiento de las facultades y obligaciones de promulgación y publicación que a su favor se prevén en diversos preceptos legales, por lo que su actuar no puede ser considerado inconstitucional.
24. Sin embargo, ello no es motivo para sobreseer en la presente acción respecto de dicho Poder, pues el Tribunal Pleno ha reiterado que los Poderes Ejecutivos Locales se encuentran invariablemente implicados en la emisión de las leyes, al otorgarles validez y eficacia a través de su promulgación y publicación, por lo que tienen una verdadera injerencia en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 38/2010, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.".(15) Por tanto, procede realizar el estudio de fondo.
VI. ESTUDIO DE FONDO
25. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su demanda, como argumento para combatir la invalidez del artículo 17, fracción V, en su porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso", de la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos, que se expidió mediante Decreto Número Tres, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de la citada entidad federativa el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, planteó que vulnera los derechos a la igualdad y no discriminación, libertad de trabajo y de acceso a un cargo público, puesto que excluye injustificadamente a las personas que fueron condenadas por delito doloso para ocupar el cargo de director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos, aun cuando ya hubieran compurgado la pena impuesta y se hayan reinsertado socialmente. Además, señaló que el requisito es sobreinclusivo, ya que abarca a todas las personas que hayan sido condenadas por un delito doloso, aunque no esté relacionado con las funciones a desempeñar.
26. Concepto de invalidez que resulta esencialmente fundado.
27. El Pleno de esta Suprema Corte sostuvo que la igualdad reconocida en el artículo 1o. de la Constitución Política del País es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.(16) Asimismo, este Pleno ha considerado que el derecho humano de igualdad obliga a toda clase de autoridades en el ámbito de sus competencias, pues su observancia debe ser un criterio básico para la producción normativa, para su interpretación y para su aplicación.
28. También se ha precisado que, si bien el sentido de la igualdad es colocar a las personas en condiciones de poder acceder a los demás derechos constitucionalmente reconocidos, lo cual implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo siempre, en cualquier momento y circunstancia, y en condiciones absolutas, sino que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio, en forma injustificada. Por tanto, tal principio exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de manera que habrá ocasiones en que hacer distinciones estará vedado, y habrá otras en las que no sólo estará permitido, sino que resultará constitucionalmente exigido.(17)
29. Por otra parte, en su jurisprudencia 1a./J. 125/2017 (10a.), la Primera Sala de esta Suprema Corte estableció que el derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se han identificado como igualdad en sentido formal o de derecho).(18)
30. El primero obliga a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente. El segundo opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.
31. En ese sentido, en la jurisprudencia 2a./J. 64/2016 (10a.), la Segunda Sala de esta Suprema Corte sostuvo que el principio de igualdad, como límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato como criterio básico para la producción normativa.(19)
32. En dicho precedente, se estableció que del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario: por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y, por otro, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a prever diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga. De esta forma, para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.(20)
33. Es importante destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es omisa ante las desigualdades sociales, por lo que contiene diversas protecciones jurídicas a favor de grupos sujetos a vulnerabilidad, a través, por ejemplo, de manifestaciones específicas del principio de igualdad, tales como la igualdad entre el varón y la mujer (artículo 4o., párrafo primero)(21) y la salvaguarda de la pluriculturalidad de los pueblos indígenas de manera equitativa (artículo 2o., apartado B).(22) Así, la igualdad jurídica en nuestro ordenamiento constitucional protege tanto a personas como a grupos sociales.
34. Lo anterior permite concluir que el derecho humano a la igualdad jurídica no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual tiene como objetivo remover y disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.
35. Sin embargo, la Segunda Sala también ha observado que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, pues son jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos.
36. Conforme con ese parámetro del derecho de igualdad, en las acciones de inconstitucionalidad 107/2016(23) y 50/2019,(24) el Alto Tribunal declaró la invalidez de las porciones normativas "no contar con antecedentes penales" y "sin antecedentes penales", respectivamente, como requisito para aquellas personas que puedan ser potenciales ocupantes de los cargos públicos de jefes de manzana o comisarios municipales en los Municipios del Estado de Veracruz o integrantes de un Comité de Contraloría Social en el Estado de Hidalgo. En dichos precedentes, este Tribunal Pleno determinó que los legisladores locales hicieron una distinción que, en estricto sentido, no está estrechamente vinculada con la configuración de un perfil inherente al tipo de trabajo a desempeñar.
37. Ello porque exigir al aspirante que demuestre que en su pasado no ha incurrido en una conducta que el sistema de justicia le haya reprochado, y esto haya dado lugar a sujetarlo a un proceso penal y, en su caso, a imponerle una pena, entraña que, para efectos del acceso al empleo, se introduzca una exigencia de orden moral, en el sentido de que la persona no debe haber incurrido antes en alguna conducta que la ley considerara jurídicamente reprochable para que pueda aspirar a la obtención del cargo, sin que ello tenga realmente una justificación objetiva en función del desempeño presente y futuro del puesto público.
38. En la acción de inconstitucionalidad 85/2018, para analizar la constitucionalidad del requisito de "no contar con antecedentes penales para obtener la licencia de agente inmobiliario", el Tribunal Pleno estableció que el derecho de igualdad se centra en tres ejes:(25)
a. La necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal entre las personas;(26)
b. La adopción de medidas especiales o afirmativas, normalmente llamadas acciones afirmativas;(27) y,
c. El análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente (por resultado), o de manera tácita, resulten discriminatorios.(28)
39. Como se desprende de la tesis aislada 1a. CXLV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala, la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, po
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31543-5e1a24da/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [AR (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
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