I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). III. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA, TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA (ARTÍCULO 212 BIS, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR SENTENCIA EJECUTORIADA POR DELITO INTENCIONAL", DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). IV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. PARA DETERMINAR SI UNA DISTINCIÓN RESULTA OBJETIVA Y RAZONABLE, DEBERÁ EFECTUARSE UN ESTUDIO, CUYA INTENSIDAD DEPENDERÁ DEL OBJETO DE LA LITIS (ARTÍCULO 212 BIS, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR SENTENCIA EJECUTORIADA POR DELITO INTENCIONAL", DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). V. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ESCRUTINIO ORDINARIO QUE REVELA UNA DISTINCIÓN ENTRE LAS PERSONAS CONDENADAS POR SENTENCIA EJECUTORIADA POR DELITO INTENCIONAL Y LAS QUE NO, EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE SER NOMBRADOS DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS (ARTÍCULO 212 BIS, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR SENTENCIA EJECUTORIADA POR DELITO INTENCIONAL", DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). VI. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE SER UNA PERSONA NO CONDENADA POR SENTENCIA EJECUTORIADA POR DELITO INTENCIONAL PARA SER DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS, VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 212 BIS, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR SENTENCIA EJECUTORIADA POR DELITO INTENCIONAL", DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). VII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO SANCIONADO EN EL DESEMPEÑO DE EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL PARA SER DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS, VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 212 BIS, FRACCIÓN VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "NO HABER SIDO SANCIONADO EN EL DESEMPEÑO DE EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL", DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). VIII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO HABER SIDO SANCIONADO CON MOTIVO DE ALGUNA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS PARA SER DEFENSOR MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS, VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 212 BIS, FRACCIÓN VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O CON MOTIVO DE ALGUNA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS", DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 212 BIS, FRACCIONES VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADO POR SENTENCIA EJECUTORIADA POR DELITO INTENCIONAL", Y VI, DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 57/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 7 DE DICIEMBRE DE 2021. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente a siete de diciembre de dos mil veintiuno, emite la siguiente
SENTENCIA
Mediante la que se resuelven los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 57/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –en adelante CNDH o Comisión–.
I. ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda. La CNDH promovió acción de inconstitucionalidad en la que cuestionó las fracciones V y VI del artículo 212 Bis de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, adicionado mediante el Decreto 173, publicado el ocho de mayo de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Chiapas,(1) que establece:
"Artículo 212 Bis. Para ser defensor municipal de derechos humanos se requiere:
"...
"V. Gozar de buena fama pública y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional;
"VI. No haber sido sancionado en el desempeño de empleo, cargo o comisión en los servicios públicos federal, estatal o municipal, o con motivo de alguna recomendación emitida por organismos públicos de derechos humanos."
2. Concepto de invalidez. La Comisión argumenta que la norma impugnada que establece los requisitos para ocupar el cargo de defensor municipal de derechos humanos, es inconstitucional al prever los siguientes: 1) no haber sido condenado por delito intencional y 2) de forma genérica, no haber sido sancionado en el desempeño del empleo, cargo o comisión del servicio público; lo que ocasiona la vulneración a los derechos humanos de igualdad y no discriminación; acceso a un cargo en el servicio público; a dedicarse a cualquier profesión, industria, comercio o trabajo lícito; y el principio de reinserción social.
A. Transgresión a los derechos de igualdad y no discriminación
• La CNDH considera que el artículo impugnado tiene un efecto discriminatorio para aquellas personas que compurgaron una pena –incluso no privativa de libertad– por la comisión de cualquier delito intencional o aquéllas que han sido sancionadas en el desempeño de su encargo –inclusive mediante amonestación o suspensión por faltas no graves–, quedando imposibilitados para ejercer el cargo de defensor municipal de derechos humanos. Así, suponiendo que la norma persiga un fin válido, en tanto que las personas que quieran acceder a ocupar el cargo referido gocen de buena reputación no especifica por cuáles delitos, por qué tipo de penas podrá negarse la licencia referida y tampoco determina el bien jurídico que ha sido afectado, lo cual resulta una restricción desproporcionada.
• Además, alega que la porción normativa discrimina con base en una categoría sospechosa consistente en la condición social, pues excluye a las personas que han sido sancionadas penal o administrativamente de la posibilidad de desempeñarse en el cargo público citado. Así, al hacer un test de escrutinio estricto, la Comisión considera que las normas impugnadas no cumplen con una finalidad constitucional imperiosa, dado que las actividades que realiza el defensor municipal de derechos humanos no justifican restricciones de este tipo. En ese sentido, concluye que la norma impugnada no obedece a ninguna razón objetiva, excepción o supuesto constitucional que justifique el impedimento para desempeñar el referido cargo público, por ello, estima que las normas impugnadas contienen una categoría sospechosa y que no superan el test de escrutinio estricto.(2)
B. Vulneración al principio de reinserción social
• La promovente estima que el objetivo del sistema penitenciario es la reinserción social, por lo tanto, una vez que la persona obtuvo su libertad, se debe estimar que se encuentra en aptitud de reintegrarse en la sociedad, pues ha quedado saldada su conducta lesiva con ésta.(3)
• Destaca que la norma impugnada, al establecer como requisito no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional, sin hacer distinción entre los distintos delitos y las penas impuestas, resulta una exigencia legal desproporcionada que impide a las personas sentenciadas reinsertarse en la sociedad, por lo que resultaría necesario que, si se establece este tipo de requisitos para ejercer algún cargo público, se atienda a las especificaciones del trabajo que deba realizarse y no constituyan requerimientos genéricos.
• Manifiesta que como Comisión se ha pronunciado sobre el tema de exigencia de ese requisito en el documento denominado "Pronunciamiento sobre antecedentes penales" de dos mil dieciséis, en el que se señaló, en esencia, que: a) Los antecedentes penales forman parte del pasado de la persona, se encuentran dentro de su vida privada y no desea que otros los conozcan por el riesgo a ser discriminado. Por lo que el que se garantice ese derecho a la vida privada puede significar una segunda oportunidad, que representa el derecho a la reinserción social efectiva. b) Debe privilegiarse el derecho a la reinserción social efectiva como un derecho exigible que permita que las personas que han egresado de prisión tras haber cumplido su sentencia, no sean estigmatizadas y se les ofrezca la oportunidad de vivir en igualdad, como un miembro más de la comunidad, por lo cual es un elemento clave para ello el que se protejan sus datos personales.
• Además, estima que deben tomarse en cuenta las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de la Organización de las Naciones Unidas que, en relación con el derecho a la reinserción social sugiere que: a) Los objetivos de las penas y medidas privativas de libertad son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia. Esos objetivos sólo se pueden alcanzar si se aprovecha el periodo de privación de libertad para logar, en lo posible, la reinserción de los exreclusos en la sociedad tras su puesta en libertad, de modo que puedan vivir conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo. b) En el tratamiento de los reclusos no se hará hincapié en el hecho de su exclusión de la sociedad, sino en el hecho de que continúan formando parte de ella.
• Realiza un ejercicio comparativo respecto de la exigencia de un requisito similar en relación con otros cargos contenidos en la Constitución Política del Estado de Chiapas, (titular del Poder Ejecutivo, Magistrado del Poder Judicial y fiscal general del Estado) en los que se requiere para acceder a estos cargos, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaración ante autoridad judicial, abuso de confianza, contra la salud, u otro que lastime seriamente su buena fama en el concepto público, habrá inhabilitación para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
• Conforme a lo expuesto, la CNDH considera que la porción normativa impugnada se aleja de los fines perseguidos por el principio de reinserción social y resulta discriminatoria y estigmatizante.
C. Transgresión al derecho de libertad de trabajo y acceso a un cargo público
• La Comisión plantea que la norma impugnada genera un supuesto de exclusión prohibido por los artículos 5o. y 35 constitucionales, cuyo efecto obstaculiza el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones para ocupar el cargo público de defensor municipal de derecho humanos en Chiapas; por lo que al no justificar de forma razonable la exigencia de no contar con antecedentes penales o no haber sido sancionado en el desempeño de su encargo, redunda en una restricción injustificada a los derechos de libertad de trabajo y acceso a un cargo público.
• Al respecto, señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela ha señalado que todo proceso de nombramiento de un cargo en la administración pública, debe tener como función no sólo la selección según los méritos y calidades del aspirante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidad en el acceso al servicio público. En consecuencia, se debe elegir al personal exclusivamente por el mérito personal y su capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos de selección y permanencia que tengan en cuenta la singularidad y especificidad de las funciones que va a desempeñar.
3. Admisión de la demanda. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida y designó al Ministro Luis María Aguilar Morales para que actuara como instructor en el procedimiento.(4) El instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chiapas para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde antes del cierre de instrucción.(5)
4. Informes. El Congreso del Estado de Chiapas y la subconsejera jurídica de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del gobernador rindieron informes justificados en los que defendieron la constitucionalidad de la norma impugnada.(6) El Ministro instructor tuvo por presentados los informes rendidos.(7)
5. Cierre de instrucción. Se tuvieron por formulados los alegatos de la CNDH y de la subconsejera jurídica dependiente de la Consejería Jurídica del Gobernador del Estado de Chiapas, y al haber trascurrido el plazo legal concedido a las partes para formularlos, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción.(8)
II. COMPETENCIA
6. El Tribunal Pleno es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal,(9) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(10) toda vez que se cuestiona la constitucionalidad de diversos preceptos contenidos en el Decreto 173, por el cual se adicionaron diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
III. OPORTUNIDAD
7. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal (en adelante, ley reglamentaria) prevé que: a) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente al día en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial; b) para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente, y c) cuando se trate de materia electoral, todos los días se considerarán hábiles.(11)
8. En atención a lo anterior, si el decreto impugnado se publicó el ocho de mayo de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Chiapas,(12) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad inició el nueve de mayo y concluyó el siete de junio de dos mil diecinueve. Por ende, si el escrito de demanda fue recibido por este Alto Tribunal el siete de junio de dos mil diecinueve,(13) se concluye que su presentación resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
9. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria,(14) en relación con el artículo 59 del mismo ordenamiento legal, la peticionaria debe comparecer por conducto del funcionario que esté facultado para representarla.
10. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por Luis Raúl González Pérez, actuando en representación de la CNDH, y acreditó su personalidad con copia certificada del acuerdo de designación de trece de noviembre de dos mil catorce, emitido por el Senado de la República.(15) El artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional dispone que la CNDH podrá promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales que vulneren los derechos protegidos en la Constitución Federal o en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.(16) Bajo esa premisa, si la demanda fue promovida por Luis Raúl González Pérez, quien en virtud de su carácter de presidente se encontraba legitimado para interponerla en representación de la Comisión,(17) y además cuestionó la violación a diversos derechos fundamentales, este Alto Tribunal concluye que la acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por parte legitimada.
V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
11. El Congreso del Estado de Chiapas, por conducto de la presidenta de su mesa directiva, señaló que debe sobreseerse en la acción de inconstitucionalidad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20, fracción II, y 59, en relación con el 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, toda vez que con la expedición del decreto impugnado no se transgreden disposiciones contenidas en la Constitución General.
12. Es infundada la causal de improcedencia referida, toda vez que el determinar si el decreto impugnado transgrede una disposición constitucional o no involucra el estudio de fondo, por lo que conforme a la jurisprudencia P./J. 36/2004, emitida por este Pleno, esta causa se debe desestimar.(18)
13. Por otra parte, este Alto Tribunal, conforme a sus facultades de estudio oficioso, no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, por lo que a continuación se analizan los conceptos de invalidez planteados.
VI. ESTUDIO DE FONDO
14. La Comisión accionante argumenta en sus conceptos de invalidez que las normas impugnadas violentan el derecho humano de igualdad y no discriminación, pues aun suponiendo que la norma persiga un fin válido en tanto que las personas que quieran acceder a ocupar el cargo de defensor municipal de derechos humanos gocen de buena reputación, el precepto impugnado no especifica por cuáles delitos o por qué tipo de penas podrá negarse el acceso a ese cargo y tampoco determina el bien jurídico que ha sido afectado, lo cual resulta en una restricción desproporcionada.
15. Además, alega que las porciones normativas combatidas discriminan con base en una categoría sospechosa consistente en la condición social, pues excluye a las personas que hayan sido sancionadas penal o administrativamente de la posibilidad de desempeñarse en el cargo público citado. Así, al hacer un test de escrutinio estricto, la Comisión considera que las normas impugnadas no cumplen con una finalidad constitucional imperiosa, dado que las actividades que realiza el defensor municipal de derechos humanos no justifican restricciones de este tipo.
16. Este Tribunal Pleno considera que, atendiendo a la propia doctrina que se ha desarrollado en torno a los temas involucrados en el caso, que recientemente fueron recogidos ampliamente al resolverse la acción de inconstitucionalidad 50/2021,(19) los conceptos de invalidez contra las fracciones V y VI del artículo 212 Bis de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, adicionado mediante el Decreto 173, publicado el ocho de mayo de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Chiapas, resultan sustancialmente fundados.
17. Conforme al decreto de creación de la defensoría municipal de derechos humanos, esta institución busca dar cumplimiento al mandato constitucional contenido en el artículo 1o., en cuanto a que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
18. Además, en la exposición de motivos del decreto impugnado se precisa que ese organismo público busca garantizar la erradicación de la violencia de género, defensa de los derechos de la niñez, verificar el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos relacionados con el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y la vivienda, entre otros.(20)
19. Asimismo, conviene destacar que, conforme al artículo 212 Quinquies de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, las atribuciones del defensor municipal de derechos humanos son:
• Promover y difundir la práctica de los derechos humanos al interior del Ayuntamiento.
• Supervisar que los actos de autoridad municipal tengan un enfoque de derechos humanos.
• Participar en las conciliaciones y mediaciones para la solución de conflictos en donde exista una presunta violación a los derechos humanos.
• Promover la vinculación del Ayuntamiento con organizaciones de la sociedad civil, en temas de derechos humanos.
• Asesorar y orientar a la población en general en temas de derechos humanos.
• Fungir como enlace entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Ayuntamiento.
• Dar seguimiento al cumplimiento de solicitud de informes que realice la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
• Brindar acompañamiento al cumplimiento de las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
• Coadyuvar en el seguimiento a las recomendaciones que emitan las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos al Ayuntamiento y atender las solicitudes de información o medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
• Supervisar la efectividad de los módulos de atención inmediata para erradicar la violencia de género. Coadyuvar con la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Municipal y con el secretario ejecutivo del Sistema Municipal de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Las demás que les confiera el marco constitucional, las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, las Leyes Generales en Materia de Derechos Humanos, emanadas de la Constitución, la propia Ley [de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas], reglamentos, los acuerdos del Ayuntamiento o demás disposiciones jurídicas aplicables.
20. Pues bien, en el caso que nos ocupa, las porciones normativas impugnadas establecen:
"Artículo 212 Bis. Para ser defensor municipal de derechos humanos se requiere:
"...
"V. Gozar de buena fama pública y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional;
"VI. No haber sido sancionado en el desempeño de empleo, cargo o comisión en los servicios públicos federal, estatal o municipal, o con motivo de alguna recomendación emitida por organismos públicos de derechos humanos."
a) Análisis de la porción normativa "y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional" (fracción V del artículo 212 Bis)
21. Este Pleno considera que estos requisitos para acceder al cargo público de defensor municipal de derechos humanos en Chiapas entrañan al menos un problema. El requisito de "y no haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito intencional", como lo señala la accionante, resulta sobreinclusivo y discriminatorio.
22. La norma reclamada es ambigua e imprecisa en lo que deberá entenderse por delito intencional. Ello, pues el Código Penal para el Estado de Chiapas no establece expresamente esa definición para la clasificación de los delitos ahí previstos. Es decir, no queda suficientemente claro si el delito cometido se refiere a una conducta dolosa o se refiere a otra diversa.
23. Primero, cabe precisar que dicha porción, al referirse a una sentencia ejecutoriada, significa que el impedimento en comento se actualizará únicamente cuando se trate de una condena definitiva y la persona se encuentre cumpliendo la sanción aplicada.(21)
24. Por otra parte, podría entenderse, implícitamente, que la intencionalidad prevista como requisito para ocupar un cargo público se refiere a las conductas dolosas.
25. Sin embargo, por cuanto hace al problema relativo a la violación del derecho a la igualdad y no discriminación, no se supera un análisis de proporcionalidad ordinario de constitucionalidad.
26. Para expresar las consideraciones que sustentan esa calificación, este Pleno realizará un juicio de razonabilidad. Ello, pues se estima que, contrario a lo sostenido por la accionante, la porción normativa combatida, al hacer referencia a no haber sido condenado por delito intencional, como requisito para ser nombrado en un cargo público, no se trata de una categoría sospechosa.
27. Así lo ha resuelto este Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 107/2016,(22) 85/2018, 86/2018 y 50/2019,(23) al resolver sobre normas referentes al requisito "no contar con antecedentes penales" (requisitos que aún resultan más agresivos frente al derecho a la igualdad).
28. Por consiguiente, la realización de este juicio de razonabilidad obliga a que se expongan las razones de los precedentes en los que este Tribunal Pleno ha resuelto que la exigencia de requisitos semejantes al de la porción impugnada, para ser nombrado en un cargo público, viola el derecho de igualdad.
29. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 107/2016,(24) 83/2019(25) y 50/2019,(26) sostuvo que la igualdad reconocida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un derecho humano expresado a través de un principio adjetivo, el cual consiste en que toda persona debe recibir el mismo trato y gozar de los mismos derechos en igualdad de condiciones que otra u otras personas, siempre y cuando se encuentren en una situación similar que sea jurídicamente relevante.
30. Así, se ha considerado que el derecho humano de igualdad obliga a toda clase de autoridades en el ámbito de sus competencias, pues su observancia debe ser un criterio básico para la producción normativa, para su interpretación y para su aplicación.
31. También se ha precisado que, si bien el sentido de la igualdad es colocar a las personas en condiciones de poder acceder a los demás derechos constitucionalmente reconocidos, lo cual implica eliminar situaciones de desigualdad manifiesta, ello no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo siempre, en cualquier momento y circunstancia y en condiciones absolutas, sino que debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio en forma injustificada. Por tanto, tal principio exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de manera que habrá ocasiones en que hacer distinciones estará vedado y habrá otras en las que no sólo estará permitido sino constitucionalmente exigido.(27)
32. Por otra parte, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha establecido, en su jurisprudencia 1a./J. 125/2017 (10a.),(28) que el derecho humano a la igualdad jurídica ha sido tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico mexicano a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad en la ley (los cuales se han identificado como igualdad en sentido formal o de derecho). El primero obliga a que las normas jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer una fundamentación y motivación razonable y suficiente.
33. El segundo principio opera frente a la autoridad materialmente legislativa y tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.
34. En un sentido similar, en la jurisprudencia 2a./J. 64/2016 (10a.), de título y subtítulo: "PRINCIPIO GENERAL DE IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE.",(29) la Segunda Sala de este Tribunal Constitucional sostuvo que el principio de igualdad, como límite a la actividad del legislador, no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa.
35. Se dijo que del referido principio derivan dos normas que vinculan específicamente al legislador ordinario: por un lado, un mandamiento de trato igual en supuestos de hecho equivalentes, salvo que exista un fundamento objetivo y razonable que permita darles uno desigual y, por otro, un mandato de tratamiento desigual, que obliga al legislador a prever diferencias entre supuestos de hecho distintos cuando la propia Constitución las imponga. De esta forma, para que las diferencias normativas puedan considerarse apegadas al principio de igualdad es indispensable que exista una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con estándares y juicios de valor generalmente aceptados, cuya pertinencia debe apreciarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo concurrir una relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.(30)
36. No obstante lo anterior, debe destacarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es ciega a las desigualdades sociales, por lo que contiene diversas protecciones jurídicas a favor de grupos sujetos a vulnerabilidad, a través, por ejemplo, de manifestaciones específicas del principio de igualdad, tales como la igualdad entre el varón y la mujer (artículo 4, párrafo primero) y la salvaguarda de la pluriculturalidad de los pueblos indígenas de manera equitativa (artículo 2, apartado B). Así, la igualdad jurídica en nuestro ordenamiento constitucional protege tanto a personas como a grupos.
37. De ahí que se considere que el derecho humano a la igualdad jurídica no sólo tiene una faceta o dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo o de hecho, la cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de paridad con otro conjunto de personas o grupo social.
38. Sin embargo, también ha observado que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, pues son jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos.
39. Con ese parámetro del derecho de igualdad, en las acciones de inconstitucionalidad 107/2016 y 50/2019 se declaró la invalidez de las porciones normativas "no contar con antecedentes penales" y "sin antecedentes penales", respectivamente, como requisito para aquellas personas que puedan ser potenciales ocupantes de los cargos públicos de jefes de manzana o comisarios municipales en los Municipios del Estado de Veracruz o integrantes de un Comité de Contraloría Social en el Estado de Hidalgo. En dichos precedentes este Tribunal Pleno determinó que los legisladores locales hicieron una distinción que, en estricto sentido, no está estrechamente vinculada con la configuración de un perfil inherente al tipo de trabajo a desempeñar. Ello porque exigir al aspirante que demuestre que en su pasado no ha incurrido en una conducta que el sistema de justicia le haya reprochado, y ello haya dado lugar a sujetarlo a un proceso penal y/o en su caso a imponerle una pena, entraña que, para efectos del acceso al empleo, se introduzca una exigencia de orden moral, en el sentido de que la persona no debe haber incurrido antes en alguna conducta que la ley considerara jurídicamente reprochable para que pueda aspirar a la obtención del cargo, sin que ello tenga realmente una justificación objetiva en función del desempeño presente y futuro del puesto público.
40. Con similares razones, en la acción de inconstitucional 83/2019, este Tribunal Pleno declaró la invalidez de la porción normativa "no haber sido condenado por delito doloso", que el legislador local estableció como requisito para ser aspirante al ejercicio del notariado.
41. En la acción de inconstitucionalidad 85/2018, para analizar la constitucionalidad del requisito de no contar con antecedentes penales para obtener la licencia de agente inmobiliario, el Tribunal Pleno estableció las siguientes consideraciones:
• Las discusiones sobre el derecho de igualdad se centran en tres ejes: (I) la necesidad de adoptar ajustes razonables para lograr una igualdad sustantiva y no meramente formal entre las personas;(31) (II) la adopción de medidas especiales o afirmativas, normalmente llamadas acciones afirmativas;(32) y (III) el análisis de actos y preceptos normativos que directa o indirectamente (por resultado),(33) o de manera tácita,(34) resulten discriminatorios.
• Ahora bien, como se desprende de la tesis aislada 1a. CXLV/2012 (10a.),(35) la noción de igualdad deriva directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30429-87c1e1ab/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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