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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II, DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS). IV. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. COMO REGLA DE TRATO PROCESAL, CONSISTE EN ESTABLECER LA FORMA EN LA QUE DEBE TRATARSE A UNA PERSONA QUE ESTÁ SOMETIDA A PROCESO PENAL. V. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. COMO REGLA DE TRATO EXTRAPROCESAL, PROTEGE A LAS PERSONAS SUJETAS A PROCESO PENAL DE CUALQUIER ACTO ESTATAL O PARTICULAR OCURRIDO FUERA DE ESOS PROCESOS QUE REFLEJEN LA OPINIÓN DE QUE UNA PERSONA ES RESPONSABLE DEL DELITO DEL QUE SE LE ACUSA, CUANDO AÚN NO SE HA DICTADO UNA SENTENCIA DEFINITIVA EN LA QUE ESTABLEZCA SU CULPABILIDAD MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE. VI. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. COBRA RELEVANCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO DE LA PERSONA IMPUTADA CUANDO EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO SE INTRODUCE COMO REQUISITO PARA DESEMPEÑAR UN PUESTO LA CONDICIÓN DE NO ENCONTRARSE SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PENAL. VII. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. LA SUJECIÓN A UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA NO PUEDE REPRESENTAR UN OBSTÁCULO PARA ASPIRAR A DESEMPEÑAR CARGOS PÚBLICOS. VIII. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CON MATICES O MODULACIONES POR LA CALIDAD DE INOCENTE QUE DEBE RECONOCERSE A TODA PERSONA SUJETA A UN PROCEDIMIENTO DEL QUE PUEDA SURGIR UNA SANCIÓN. IX. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. EL REQUISITO DE NO ENCONTRARSE SUJETO A PROCESO PENAL PARA INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 56, FRACCIÓN I, INCISO D), DE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA]. X. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE INTERPRETA Y CONFIGURA A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD ANTE LA LEY Y DE IGUALDAD EN LA LEY. XI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE CONFIGURA POR UNA DIMENSIÓN FORMAL O DE DERECHO Y OTRA SUSTANTIVA O DE HECHO. XII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. DIFERENCIAS ENTRE DISTINCIÓN Y DISCRIMINACIÓN. XIII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. SE DEBE PERSEGUIR UNA IGUALDAD JURÍDICA TRADUCIDA EN LA SEGURIDAD DE NO TENER QUE SOPORTAR UN PERJUICIO O PRIVARSE DE UN BENEFICIO DE FORMA DESIGUAL E INJUSTIFICADA. XIV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS. XV. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. PARA DETERMINAR SI UNA DISTINCIÓN RESULTA OBJETIVA Y RAZONABLE, DEBERÁ EFECTUARSE UN ESTUDIO CUYA INTENSIDAD DEPENDERÁ DEL OBJETO DE LA LITIS. XVI. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. PARA ANALIZAR VIOLACIONES A ESTE DERECHO, DEBE COMPROBARSE QUE EFECTIVAMENTE EL LEGISLADOR ESTABLECIÓ UNA DISTINCIÓN, YA SEA POR EXCLUSIÓN TÁCITA O POR EXCLUSIÓN EXPRESA. XVII. DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD. XVIII. ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. REQUISITO DE NO HABER SIDO CONDENADO POR DELITO DOLOSO QUE AMERITE PENA DE PRISIÓN POR MÁS DE UN AÑO PARA SER TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 94, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA). XIX. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. PARA ESTABLECER EL PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EN LA MATERIA, DEBE CONSIDERARSE EN PRIMER TÉRMINO EL TÍTULO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XX. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL TÍTULO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SON APLICABLES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. XXI. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. LA ÚNICA EXCEPCIÓN AL RÉGIMEN GENERAL Y HOMOGÉNEO ESTABLECIDO POR EL CONSTITUYENTE SE REFIERE A LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, QUIENES SE CIÑEN A UN RÉGIMEN DISTINTO DE RESPONSABILIDAD. XXII. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA ESTABLECER UN RÉGIMEN COMPLEMENTARIO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITO

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2021. · Registro digital (IUS): 31831
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-10-06
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo I, Pág.479.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 98/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 23 DE MARZO DE 2023. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA Y JONATHAN SANTACRUZ MORALES.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veintitrés de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS los autos para resolver la acción de inconstitucionalidad 98/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Antecedentes de las normas impugnadas. El diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del País en materia política electoral.(1)

2. Entre las disposiciones que fueron objeto de dicha reforma se encuentra el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política del País, cuya finalidad era fortalecer la institución del Ministerio Público no sólo como el órgano persecutor de los delitos, sino como un elemento fundamental para el ejercicio de las libertades públicas, el establecimiento de límites al poder y la vigencia de los derechos humanos.(2) Por ello se consideró necesario impulsar una reforma profunda de esa institución que la hiciera compatible con las exigencias y objetivos de un moderno Estado democrático de derecho.

3. En consecuencia, se propuso dotar de autonomía técnica y de gestión, y personalidad y patrimonio propios, a la entonces Procuraduría General de la República, lo cual constituía un paso necesario para asegurar su fortaleza y capacidad, así como lograr que sus integrantes pudieran realizar sus labores con imparcialidad y de acuerdo con criterios de eficiencia y eficacia, apartados de decisiones políticas o partidistas que nada tienen que ver con la aspiración de justicia de los ciudadanos.(3)

4. En el artículo décimo sexto transitorio de dicho decreto se estableció que la reforma al referido artículo 102, apartado A, entrará en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, siempre que el propio Congreso lleve a cabo la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.(4)

5. Con motivo de lo anterior, el catorce de diciembre de dos mil dieciocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, cuyo objeto consistía en reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política del País, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y demás disposiciones aplicables.(5)

6. En los artículos primero y segundo transitorios del decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se estableció que entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y que, una vez publicado, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos emitiría la declaratoria expresa de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General. Además, que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República abrogaría la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.(6) El veinte de diciembre de dos mil dieciocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía de la Fiscalía General de la República.(7)

7. Al inicio del año dos mil veinte el fiscal general de la República envió al Senado de la República una propuesta para adecuar el marco jurídico de dicho organismo autónomo porque consideró que la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, vigente en ese entonces, carecía de congruencia con la realidad fáctica del país. Algunas de las deficiencias de las que se dio cuenta en la propuesta, consistían en la falta de un régimen de responsabilidades de los servidores públicos que incitara al trabajo honesto; la carencia de un mecanismo dinámico entre los programas de trabajo y las actividades de las unidades administrativas; así como la inexistencia de mecanismos de evaluación de resultados eficientes.

8. En atención a lo anterior, el siete de octubre de dos mil veinte el senador Ricardo Monreal Ávila presentó ante el Pleno del Senado la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales.

9. En la exposición de motivos de dicha iniciativa se señaló, entre otras cuestiones, la necesidad de expedir una Ley de la Fiscalía General de la República que tenga por objeto establecer la integración, funcionamiento y atribuciones de la Fiscalía General de forma clara y realista, así como la organización del Ministerio Público de la Federación, conforme a las facultades que la Constitución Política del País le confiere, su organización como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios.

10. También se destaca la necesidad de establecer procedimientos relativos al incumplimiento de funciones por parte de los servidores públicos adscritos a esa fiscalía, lo que dará lugar al requerimiento por parte del Ministerio Público a su superior jerárquico para iniciar con los procedimientos de responsabilidades o disciplinarios que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad penal que en su caso pudiere resultar, así como el establecimiento de las bases para articular e implementar el servicio profesional de carrera como un sólido sistema de profesionalización y desarrollo humano.(8)

11. Realizados los trámites legislativos, el veinte de mayo de dos mil veintiuno se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales entre ellas, los artículos 5, fracción II, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas; 85, segundo párrafo, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; 36, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y 45, fracción III, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.(9)

12. SEGUNDO.—Presentación de la acción de inconstitucionalidad. Por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la licenciada María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos siguientes:

a) Requisito de no estar sujeto a un proceso penal y no haber sido condenado por delito doloso

• Artículos 56, fracción I, inciso d), y 94, fracción II, en su porción normativa "y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año", de la Ley de la Fiscalía General de la República.

b) Régimen de responsabilidades administrativas

• Capítulo II, titulado "Faltas administrativas y sus sanciones", que comprende los artículos 71 a 79, contenido en el título VII denominado "Responsabilidades, faltas administrativas y medidas disciplinarias", de la Ley de la Fiscalía General de la República.

c) Régimen disciplinario

• Capítulo III, titulado "Medidas disciplinarias para personas agentes de la Policía Federal Ministerial y personas analistas", que comprende los artículos 80 a 82, contenido en el título VII denominado "Responsabilidades, faltas administrativas y medidas disciplinarias", de la Ley de la Fiscalía General de la República.

d) Falta de seguridad jurídica (autonomía)

• Artículos 10, fracción I, y 19, fracción XIV, de la Ley de la Fiscalía General de la República.

• Artículo 5, fracción II, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

• Artículo 85, segundo párrafo, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

• Artículo 36, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• Artículo 45, fracción III, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

13. Como se precisó, todos los preceptos cuestionados fueron expedidos, reformados y adicionados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de mayo de dos mil veintiuno y que son del contenido siguiente:

Ley de la Fiscalía General de la República

"Artículo 10. Corresponde a la Fiscalía General:

"I. Coordinarse, para el cumplimiento de la acción penal con absoluto respeto a su autonomía, con otras autoridades en los temas de seguridad publica de conformidad con el Sistema Nacional de Seguridad Pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución; ..."

"Artículo 19. Son facultades de la persona titular de la Fiscalía General:

"...

"XIV. Participar con absoluto respeto a su autonomía en las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública o de cualquier otro sistema u órgano colegiado donde las leyes prevean su participación, que sean compatibles con la naturaleza y atribuciones constitucionales de Fiscalía General; ..."

"Artículo 56. Para ingresar o permanecer como personal del servicio profesional de carrera en cualquiera de sus ramas, se requerirá cumplir con los requisitos siguientes:

"I. Para ingresar: ...

"d) No encontrarse sujeta o sujeto a proceso penal; ..."

"Artículo 94. La persona titular del Órgano Interno de Control será designada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el voto de las dos terceras partes de las personas integrantes presentes, conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. ...

"II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año; ..."

"Artículo 71. Las personas servidoras públicas de la Fiscalía General estarán sujetas al régimen de responsabilidades de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a las disposiciones especiales que establece esta Ley.

"La persona servidora pública que forme parte del servicio profesional de carrera cuando incumpla o transgreda el contenido de las obligaciones previstas en los artículos 47 y 48, de este ordenamiento, incurrirá en faltas administrativas por lo que serán causas de responsabilidad administrativa, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad y sanción a que haya lugar, prevista en las disposiciones normativas y administrativas aplicables."

"Artículo 72. La persona servidora pública que forme parte del servicio profesional de carrera de la rama sustantiva e incurra en faltas administrativas por incumplimiento o transgresión al contenido de las obligaciones previstas en los artículos 47 y 48, se le sancionará, según la gravedad de la infracción, con:

"I. Amonestación privada;

"II. Amonestación pública;

"III. Suspensión de empleo cargo o comisión hasta por 90 días sin goce de sueldo, o

"IV. Remoción.

"Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad y sanción a que haya lugar, previstas en las disposiciones legales aplicables."

"Artículo 73. A la persona que incurra en las faltas administrativas señaladas en el artículo anterior, se le impondrá la remoción en los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en las fracciones I, cuando tenga como consecuencia violaciones graves a los derechos humanos IV, VII, VIII, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), X, XII, del artículo 47, y las fracciones IV, VI y VII del artículo 48 de esta Ley."

"Artículo 74. En los casos de reincidencia, además de las sanciones que correspondan de conformidad con el artículo 73 de esta Ley, se impondrá multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

"Para los efectos de esta Ley se considerará reincidente a la persona servidora pública que habiendo sido declarada responsable, mediante resolución administrativa firme, dentro del plazo de cinco años contados a partir de la fecha de dicha resolución, vuelva a realizar la misma conducta u otra que merezca sanción por responsabilidad administrativa."

"Artículo 75. Las sanciones por faltas administrativas del personal de la Fiscalía General que forme parte del servicio profesional de carrera de la rama administrativa, por el incumplimiento de las obligaciones a que refiere el artículo 47 de esta Ley, serán impuestas por el Órgano Interno de Control conforme a la competencia y procedimiento previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

"Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad y sanción a que haya lugar, previstas en las disposiciones legales aplicables."

"Artículo 76. Para la imposición de las sanciones administrativas serán tomados en consideración los elementos siguientes:

"I. La gravedad de la conducta que se atribuya a la persona servidora pública;

"II. La necesidad de suprimir conductas y/o prácticas que afecten la imagen y el debido funcionamiento de la Fiscalía General;

"III. La reincidencia de la persona responsable;

"IV. El nivel jerárquico, el grado académico y la antigüedad en el servicio;

"V. Las circunstancias y medios de ejecución;

"VI. Las circunstancias socioeconómicas de la persona servidora pública; y,

"VII. En su caso, el monto del beneficio obtenido a raíz de la conducta sancionada; o bien, el daño o perjuicio económico ocasionado con el incumplimiento de las obligaciones."

"Artículo 77. El Órgano Interno de Control impondrá la sanción que corresponda en los casos de los artículos 72, 73 y 74 de esta Ley, conforme al procedimiento siguiente:

"I. Se iniciará de oficio o, por queja presentada ante el Órgano Interno de Control, por las personas titulares de las Fiscalías Especializadas, fiscalías o unidades administrativas o la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, o por vista que realicen las personas servidoras públicas adscritas a las unidades administrativas, en el ejercicio de sus atribuciones, previo desahogo de las diligencias de investigación que estimen pertinentes y que permitan advertir la existencia de la falta administrativa y la probabilidad de que la persona servidora pública participó en su comisión;

"II. Las quejas o vistas que se formulen deberán estar apoyadas en los elementos de prueba suficientes para advertir las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión en que pudo haber ocurrido el incumplimiento de las obligaciones a cargo del personal sustantivo de la Institución;

"III. Con una copia de la queja o de la vista y sus anexos, o bien, con los registros electrónicos de los mismos, se correrá traslado a la persona servidora pública, para que en un término de quince días hábiles formule un informe sobre los hechos y rinda las pruebas correspondientes. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la queja o en la vista, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar;

"IV. Al momento de correrle traslado, se le hará saber su derecho a no declarar en su contra, ni a declararse culpable; así como para defenderse personalmente o ser asistido por una persona defensora perita en la materia. En caso de que no cuente con una persona defensora, le será asignado una persona defensora de oficio;

"V. De igual forma, se citará a la persona servidora pública a una audiencia, misma que deberá celebrarse en un plazo no menor de veinte ni mayor de treinta días posteriores a la fecha de la citación, en la que se desahogarán las pruebas respectivas si las hubiere, y se recibirán sus alegatos, por sí o por medio de su persona defensora.

"Una vez verificada la audiencia y desahogadas las pruebas, el Órgano Interno de Control, dentro de los cuarenta días hábiles siguientes, emitirá la determinación sobre la existencia o no de la responsabilidad, y en su caso impondrá a la persona responsable la sanción correspondiente;

"VI. Si del resultado de la audiencia no se desprenden elementos suficientes para resolver o se advierten otros que impliquen nueva responsabilidad a cargo de la persona presunta responsable o de otras, se podrá disponer la práctica de investigaciones y acordar la celebración de otra u otras audiencias; y,

"VII. En cualquier momento, previo o posterior a la celebración de la audiencia, el Órgano Interno de Control, podrá determinar la suspensión temporal de la persona sujeta al procedimiento, como medida cautelar, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o continuación de las investigaciones, la cual cesará si así lo resuelve, el Órgano Interno de Control, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo.

"La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, lo cual se hará constar expresamente en la determinación de la misma. Mientras dure la suspensión temporal se deberán decretar, al mismo tiempo, las medidas necesarias que le garanticen a la persona presunta responsable mantener su mínimo vital y de sus dependientes económicos, la cual deberá ser equivalente al treinta por ciento de sus percepciones netas y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la Institución.

"Si la persona servidora pública suspendida conforme a esta fracción no resultare responsable será restituida en el goce de sus derechos."

"Artículo 78. La resolución que se emita en el procedimiento a que refiere el artículo 77 de esta Ley, será notificada a todas las partes."

"Artículo 79. Para todo lo no dispuesto en el presente Capítulo, serán aplicables supletoriamente las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en el procedimiento de responsabilidad administrativa, será lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo."

"Artículo 80. Sin perjuicio de otras sanciones en las cuales pudiesen incurrir las personas agentes de la Policía Federal Ministerial y las personas analistas que falten a la línea de mando o no ejecuten las órdenes directas que reciban, se harán acreedoras, en su caso, a un correctivo disciplinario, consistente en:

"I. Amonestación pública o privada;

"II. Arresto hasta por veinticuatro horas, o

"III. Suspensión temporal, sin derecho a goce de sueldo hasta por tres días."

"Artículo 81. Para efectos de este Capítulo, el arresto consiste en el confinamiento en espacios especiales destinado a ese fin; la amonestación, es el acto mediante el cual se le llama la atención a la persona servidora pública y la conmina a rectificar su conducta.

"Quien amoneste lo hará de manera que ninguna persona de menor jerarquía a la persona amonestada, conozca de la aplicación de la medida y observará la discreción que exige la disciplina."

"Artículo 82. Las medidas disciplinarias a que refiere el artículo 80 de esta Ley se impondrán de conformidad con las reglas siguientes: "I. Las personas superiores jerárquicas o de cargo impondrán las medidas disciplinarias a las personas subordinadas;

"II. La persona titular de la Unidad encargada de la Policía Federal Ministerial tendrá la facultad para graduar las medidas disciplinarias; teniendo en consideración la jerarquía de quien lo impuso, la falta cometida y los antecedentes de la persona subordinada; y,

"III. Toda orden de arresto deberá darse por escrito y estar debidamente fundada y motivada.

"La persona que impida el cumplimiento de un arresto, permita que se quebrante o no lo cumpla, será sancionada conforme a una falta considerada como grave. La reincidencia significará en cualquier caso la aplicación de la sanción establecida en la fracción III del artículo 72 de esta Ley, y sustanciado el procedimiento correspondiente y determinada su responsabilidad implicará la separación en términos del Capítulo IX, del Título VI de esta Ley."

Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas

"Artículo 5. La Junta de Gobierno está conformada por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto, serán: ...

"II. Un representante de la Fiscalía General de la República, quien participará dentro del sistema con pleno respeto a la autonomía constitucional que le confiere a la institución el artículo 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

Artículo 85. La Comisión estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias:

...

Además, participará como integrante de la Comisión un representante de la Fiscalía General de la República, quien actuará con pleno respeto a la autonomía constitucional que le confiere a la institución el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

"Artículo 36. El Sistema se conformará por las personas titulares o representantes legales de: ...

"IV. La Fiscalía General de la República, quien participará dentro del sistema con pleno respeto a la autonomía constitucional que le confiere el artículo 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

"Artículo 45. El Sistema Nacional se integra por: ...

"III. La persona titular de la Fiscalía General de la República, quien participará dentro del sistema con pleno respeto a la autonomía constitucional que le confiere a la institución el artículo 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."

14. TERCERO.—Artículos constitucionales y convencionales vulnerados. En la demanda señalaron los preceptos 1o., 5o., 14, 16, 20, apartado B, fracción I, y 35, fracción IV, de la Constitución Política del País; 1, 2, 8.2, 9 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2, 14.2, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

15. CUARTO.—Conceptos de invalidez. La Comisión accionante expuso en su único concepto de invalidez los siguientes argumentos:

a) Artículo 56, fracción I, inciso d), de la Ley de la Fiscalía General de la República

16. Dicho precepto transgrede el principio de presunción de inocencia, pues al exigir como requisito para ingresar al servicio profesional de carrera, en cualquiera de sus ramas, el que la persona no esté sujeta a proceso penal, excluye y sanciona indebidamente a quienes se encuentren en esa circunstancia, aunque no se haya determinado su responsabilidad penal por la autoridad competente.(10)

17. El Congreso de la Unión tiene facultades para establecer los requisitos de ingreso al servicio profesional de carrera de la Fiscalía General de la República con el objeto de garantizar y optimizar el desempeño de los servicios prestados. Sin embargo, la disposición impugnada contraviene el principio de presunción de inocencia como regla de trato en su vertiente extraprocesal, pues el legislador trata como culpables a las personas que aún no han sido condenadas por la comisión de un delito.

18. El referido artículo establece una restricción genérica, absoluta y a priori para ingresar al servicio profesional de carrera, lo cual estigmatiza y excluye a las personas que se encuentran en tal condición.

b) Artículo 94, fracción II, de la Ley de la Fiscalía General de la República

19. Este precepto exige como requisito para ser titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República "no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de un año", lo que impide de forma injustificada que las personas que se encuentren en ese supuesto puedan desempeñar tal función, aun cuando las sanciones impuestas ya hayan sido cumplidas y no estén vinculadas con las atribuciones del cargo.

20. La norma limita de forma genérica los derechos de las personas condenadas por cualquier delito doloso que haya ameritado pena de prisión mayor a un año, sin considerar si las conductas sancionadas se relacionan o no con las funciones inherentes al cargo en cuestión.

21. Este requisito no prevé cuáles son las conductas prohibidas que necesariamente se relacionan con las funciones del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, por lo cual limita de forma genérica que un determinado sector de la población acceda al cargo público precisado.

22. Para que una restricción de esa naturaleza sea válida deben examinarse las funciones y obligaciones que tiene a cargo el puesto correspondiente y, hecho lo anterior, señalar con precisión únicamente las conductas ilícitas que se encuentran estrechamente vinculadas con el empleo de que se trate.

23. De los artículos 90 y 91 de la Ley de la Fiscalía General de la República se desprende que las funciones de la persona titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República son esencialmente de carácter directiva, administrativa, técnica, profesional y de fiscalización, por lo cual la exigencia impugnada es desproporcional y sobre inclusiva.(11)

24. El citado requisito impugnado atenta contra el derecho a la libertad de trabajo y de acceder a un cargo público a las personas que se ubiquen en esa hipótesis, aun cuando el delito de que se trate no se relacione con las atribuciones del cargo.

25. La generalidad del requisito impugnado implica una prohibición absoluta que impide acceder en igualdad de condiciones al cargo público, sin que ello permita justificar, en cada caso y con relación a la función en cuestión, la probable afectación a la eficiencia o eficacia para ejercer las funciones del cargo, sobre todo tratándose de sanciones o penas que ya pudieron haber sido cumplidas.

26. El legislador debió acotar la exigencia impugnada a conductas ilícitas realmente gravosas y que se encuentren estrechamente vinculadas con las funciones a desempeñar en el puesto correspondiente.

27. El requisito cuestionado no tiene una justificación objetiva en función del desempeño presente y futuro de quien pretenda ejercer el cargo público referido, la generalidad del requisito hace que la norma sea sobre inclusiva y excluya a las personas que han cumplido una pena y se han reinsertado en la sociedad.

28. La función del derecho penal y de las penas en un Estado democrático de derecho no tiene el alcance de definir o marcar a un infractor respecto de su conducta por el resto de su vida o como una persona que carece de honestidad o probidad, ya que eso no implica que su actuar estará apartado de tales valores invariablemente.

29. El precepto es restrictivo porque una vez que la persona ha compurgado la pena que se le impuso, debe considerarse que se encuentra en aptitud de volver a ocupar un cargo público.

30. El referido requisito genera distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria e injusta para ocupar el cargo referido, y propicia discriminación por motivos de condición social, pues dicha distinción tiene como efecto obstaculizar el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones de aquellas personas que buscan reintegrarse socialmente mediante el desempeño de un servicio público.

31. Si bien el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política del País no prevé los requisitos que deberá satisfacer quien desempeñe la titularidad del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República, el Congreso Federal no se encuentra facultado para establecer requisitos que transgredan derechos humanos.(12)

32. La norma impugnada no supera el escrutinio ordinario que la Suprema Corte ha establecido para analizar este tipo de normas, pues no existe una relación lógica entre el requisito de no haber sido condenado por delito doloso con pena mayor de un año y las funciones a desempeñar en el cargo público.

33. La medida establecida por el legislador no tiene relación directa, clara e indefectible, para el necesario cumplimiento del fin constitucionalmente válido de contar con servidores públicos adecuados y eficientes, pues no existe base objetiva para determinar que una persona sin antecedentes penales ejercerá las funciones correspondientes al cargo con rectitud, probidad y honorabilidad, ni que no tengan la aptitud necesaria para cumplir con sus funciones.

34. El hecho de que una persona haya sido condenada por la comisión de algún delito doloso, forma parte de su vida privada, de su pasado y su proyección social, por lo cual no es posible que por esa razón se le impida participar en los asuntos que atañen a su comunidad, como desempeñar un cargo público.

c) Artículos 71 a 79 de la Ley de la Fiscalía General de la República

35. Los artículos mencionados en este apartado vulneran el derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad, debido a que establecen un sistema de faltas administrativas contrario al

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31831-81fda0ab/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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