I. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. INCOMPETENCIA DE LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA EXPEDIRLA (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN III, 14, FRACCIÓN I -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE: "TANTO EN EL JUICIO COMO CUANDO SE HAGA USO DE LA PRUEBA ANTICIPADA" -, 15, FRACCIÓN V, 55 -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE: "Y NO SE HAYA INTERPUESTO RECURSO ALGUNO"-, 65 Y 66 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN A TESTIGOS Y SUJETOS INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL EN EL ESTADO DE COLIMA). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL POR PROVENIR DE UN ÓRGANO INCOMPETENTE PARA EMITIRLA (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN III, 14, FRACCIÓN I -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE: "TANTO EN EL JUICIO COMO CUANDO SE HAGA USO DE LA PRUEBA ANTICIPADA"-, 15, FRACCIÓN V, 55 -EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE: "Y NO SE HAYA INTERPUESTO RECURSO ALGUNO"-, 65 Y 66 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN A TESTIGOS Y SUJETOS INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO PENAL EN EL ESTADO DE COLIMA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 106/2014. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 28 DE MARZO DE 2016. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIAS: FABIANA ESTRADA TENA Y MAKAWI STAINES DÍAZ
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiocho de marzo de dos mil dieciséis.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Por oficio presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Murillo Karam, en su calidad de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:
a) Autoridad emisora: Poder Legislativo del Estado de Colima.
b) Autoridad promulgadora: Poder Ejecutivo del Estado de Colima.
Las normas impugnadas, se hacen consistir en los artículos 13, fracción III, 15, fracción V, 65 y 66 de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal en el Estado de Colima, publicados mediante el Decreto No. 400 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el veinticinco de octubre de dos mil catorce.
SEGUNDO.-Conceptos de invalidez. El promovente esgrimió, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
a) Los artículos 13, fracción III y 15, fracción V, de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal invaden la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución General.
En la reforma constitucional que dio lugar al texto del artículo 73, fracción XXI, el Constituyente consideró de gran importancia que existiera una sola legislación procesal penal, con el objeto de homogeneizar la materia adjetiva en el territorio mexicano y dar certeza al gobernado al evitar una multiplicidad de normas por cada entidad federativa.
Así, el tránsito del régimen procesal penal de cada entidad federativa y de la Federación, no puede ser inmediato y resulta coherente que coincida con la entrada en vigor del Sistema Procesal Acusatorio. Por tal motivo, los artículos transitorios del decreto publicado el nueve de octubre de dos mil trece, que reformó el artículo 73, fracción XXI, constitucional, se establecieron diversas reglas para mudar de un sistema procesal penal a otro.
De acuerdo con dicho régimen transitorio, el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir la legislación única en materia procesal penal, desde el diez de octubre de dos mil trece, fecha en que entró en vigor el decreto referido, por lo que las entidades federativas ya no pueden legislar en la materia, pero la legislación vigente expedida por ellas continuará siendo aplicable hasta que entre en vigor la legislación secundaria que expida el Congreso de la Unión.
En este sentido, las entidades federativas, incluyendo el Estado de Colima, ya no pueden legislar en la materia procesal penal y sólo están facultadas para continuar aplicando su legislación estatal hasta en tanto entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Al respecto, en el Periódico Oficial local se publicó el Decreto No. 372 de treinta de agosto de dos mil catorce, el cual declara la incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico del Estado de Colima.
En este contexto, el legislador local invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión, al emitir el artículo 13, fracción III, de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal, pues establece que el Ministerio Público requerirá de la autorización judicial para decretar determinadas medidas de protección en el juicio oral, cuestión procesal que se encuentra regulada en el artículo 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
De igual forma, el artículo 15, fracción IV, de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión, debido a que regula la prueba anticipada y le da el carácter de medida de protección, no obstante que constituye una modalidad en el desahogo y registro de los medios de prueba, lo que desvirtúa su naturaleza jurídica, además de que esta figura ya se encuentra regulada en los artículos 304, 305 y 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En consecuencia, el Congreso del Estado de Colima al expedir las porciones normativas de los artículos combatidos violó el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución General, ya que reguló aspectos procesales que ya no son competencia de dicha entidad federativa.
b) Los artículos 65 y 66 de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal invaden la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución General, en virtud de que el legislador local creó como medios ordinarios de defensa en el proceso penal, el recurso de reconsideración para impugnar la determinación que otorgue, modifique, deniegue, suprima o finalice las medidas de protección, así como la que excluya del programa a la persona protegida; y, el recurso de revocación para impugnar lo resuelto por la Unidad o el agente del Ministerio Público Especializado.
El procurador general de la República señala que los procesos penales en todo el país deben ceñirse a las disposiciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual no prevé algún recurso ordinario en contra de los supuestos que reguló el legislador local.
En este sentido, la entidad federativa no está en aptitud de establecer algún medio de defensa, pues ello va en contra de la intención del Constituyente, consistente en homogeneizar los procesos penales en todo el país, lo cual incluye los medios recursales.
El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su Título XII "Recursos", prevé los medios ordinarios de impugnación en el proceso penal, a saber, el recurso de revocación y el de apelación, los cuales permiten a los inconformes recurrir determinadas resoluciones ante el órgano jurisdiccional, entre las cuales, no se encuentran los supuestos que estableció el Congreso de Colima en los artículos combatidos. Por lo que, los artículos 456 a 484 del Código Nacional de Procedimientos Penales son los que regulan los medios ordinarios de defensa en el proceso penal.
Si bien es cierto que el citado Código Nacional no prevé algún medio de defensa en contra de la determinación que otorgue, modifique, deniegue, suprima o finalice las medidas de protección, así como la que excluya del programa a la persona protegida y para impugnar lo resuelto por la Unidad o el agente del Ministerio Público Especializado, ello no significa que las personas interesadas carezcan de oportunidad para combatir este tipo de determinaciones, pues en su contra puede promoverse el juicio de amparo.
En consecuencia, el Congreso del Estado de Colima invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión, al crear dos nuevos medios ordinarios de defensa en el proceso penal, máxime que dichos recursos no están contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
TERCERO.-Artículos constitucionales que se estiman violados. El precepto de la Constitución General que se estima vulnerado es el 73, fracción XXI, inciso c).
CUARTO.-Admisión y trámite. Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 106/2014, y mediante certificación de la misma fecha, se ordenó remitir el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien por razón de turno fue designado como ponente.
En proveído de veintiséis de noviembre de dos mil catorce, el Ministro instructor admitió la acción relativa, y ordenó dar vista al órgano Legislativo que emitió las normas y al Ejecutivo que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO.-Informe de la autoridad emisora del decreto impugnado. El Congreso del Estado de Colima, al rendir su informe, en síntesis, señaló:
a) Es infundado que las normas impugnadas sean inconstitucionales por invadir la esfera de competencia del Congreso de la Unión.
De la lectura del artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución General, así como de los artículos 2o. y 3o., fracciones II, VI, XIII y XVIII, de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, se concluye que la materia que regula el ordenamiento combatido no encuadra en alguna de las competencias exclusivas del Congreso de la Unión, ya que su finalidad y espíritu consiste, en eliminar o minimizar el riesgo y peligro de las personas que participan en un proceso penal.
Dicho aspecto no es exclusivo del Poder Legislativo Federal ni se ubica en las atribuciones contempladas en el precepto constitucional que se aduce violado, pues el ordenamiento impugnado tiene el carácter de especial y es una necesidad a nivel local. Asimismo, la operación del programa y del objetivo principal, está encomendado a la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que las acciones que implemente en cumplimiento a tales disposiciones quedan al margen del procedimiento penal regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales.
b) El primer concepto de invalidez es inatendible e insuficiente, toda vez que no se invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión.
El análisis que efectúa el accionante de forma aislada respecto de los artículos combatidos, da la apariencia de que su contenido transgrede el Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, el Capítulo IV del ordenamiento impugnado, denominado "Medidas de protección", establece las medidas de protección aplicables dentro del programa, define cuáles son y distingue las medidas que no requieren la intervención judicial y las que deben cumplir con tal requisito.
Así, del análisis del artículo 13 de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal, se concluye que contiene dos partes sujetas a interpretación.
La primera parte establece que, el Ministerio Público requerirá autorización judicial para poder decretar medidas de protección, por afectar derechos de las partes intervinientes o de terceros, en determinados supuestos.
En las fracciones I a la III, se prevén las hipótesis de procedencia de dicho artículo, en la última hipótesis se incluyen siete supuestos diversos que están vinculados únicamente con cuestiones de seguridad y protección de las personas, así como de los datos que pueden ser hechos públicos y, por tal motivo, sitúen en peligro la seguridad e integridad de los sujetos que participen en el programa de protección.
Por su parte, el artículo 15 de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal establece sólo un catálogo de medidas para garantizar la identidad, seguridad y protección del testigo que está bajo el programa de protección; dicha cuestión no forma parte del proceso penal, sino de los actos previos dentro del procedimiento de investigación, pero siempre con la participación del órgano jurisdiccional con la finalidad de evitar la pérdida de una prueba que pueda ser determinante en el resultado final del juicio.
Así entonces, lo sostenido por el accionante, en el sentido de que el artículo 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula la misma situación que los artículos 13, fracción III y 15, fracción V, del ordenamiento combatido, resulta inatendible, puesto que una se refiere a la disciplina en la audiencia y la otra son las medidas de protección de los sujetos que intervienen en un proceso penal, aspecto no previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni es de competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
c) El segundo concepto de invalidez relativo a controvertir los artículos 65 y 66 de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal es inatendible, infundado e insuficiente, debido a que dicho ordenamiento es una ley especial cuya aplicación y cumplimiento le corresponde únicamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, de modo que, se efectúa un procedimiento administrativo a cargo de una unidad especializada y bajo un programa cuyo objeto es garantizar la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas y sus familiares que se encuentran bajo protección.
En consecuencia, no pueden aplicarse de forma válida las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales o de cualquier otra legislación. Sin embargo, es necesario contar con un recurso procesal propio que permita combatir las resoluciones administrativas que se dicten. Así, los artículos combatidos prevén recursos no jurisdiccionales, como sí lo son los establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que no se invade la competencia del Congreso de la Unión.
Además, en el supuesto caso de la aplicación supletoria de los recursos previstos en el citado Código Nacional, dicha supletoriedad sería inconstitucional, porque este Alto Tribunal ha sostenido que la supletoriedad tiene como finalidad complementar un procedimiento al cual le falta regulación en la ley suplida, sin que sea dable la creación de figuras o recursos no contemplados.
SEXTO.-Informe de la autoridad promulgadora del decreto impugnado. El Poder Ejecutivo del Estado de Colima, al rendir su informe, en síntesis, señaló:
a) La promulgación y publicación de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal se realizó en cumplimiento de los artículos 58, fracciones I y II, de la Constitución del Estado de Colima y 116 de la Constitución General.
b) El primer concepto de invalidez, consistente en que los artículos 13, fracción III y 15, fracción V, de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal violan el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución General, es infundado.
Si bien la Constitución General establece que el Congreso de la Unión es el único facultado para expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo octavo transitorio de dicho ordenamiento señala que, en un plazo no mayor de doscientos setenta días naturales después de su publicación, la Federación y las entidades federativas publicarán las reformas a sus leyes y demás normatividad necesaria para implementar el ordenamiento federal; de ahí que, el legislador local al emitir la ley impugnada cumple con la obligación impuesta por la Federación.
El artículo 13, fracción III, de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal, el cual establece que el Ministerio Público requerirá de autorización judicial para decretar medidas de protección en el juicio oral, no contraviene la legislación federal, sino que retoma lo dispuesto por ésta, en el sentido de que el juzgador es el único facultado para velar por la seguridad en la audiencia del juicio, sin que ello se traduzca en una invasión de competencia, sino sólo es una adecuación de la legislación local a lo dispuesto en la legislación federal.
Si bien el artículo 15, fracción V, del ordenamiento combatido, denomina a la prueba anticipada como una medida de protección, ello no desvirtúa su naturaleza, ya que la considera como una medida procesal tendiente de asegurar la disponibilidad de la declaración del testigo, al existir temor de que sobrevenga su muerte o incapacidad, por lo que únicamente se considera con tal carácter en cuanto protege al proceso, pues previene que una prueba necesaria posteriormente no pueda desahogarse.
Además, el desahogo de la prueba que se describe en el artículo impugnado, no contradice lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, al establecer que se realice en una audiencia especial y previa al juicio oral, en la que sólo se recibe la prueba testimonial con la presencia de todos los intervinientes que tengan derecho y que se incorporará posteriormente al juicio, por lo que, al retomar la legislación local lo dispuesto por el legislador federal, no hay invasión de competencia, toda vez que no se crea un nuevo derecho fuera de las atribuciones constitucionales sino que únicamente se está adecuando la legislación local.
c) El segundo concepto de invalidez relativo a que los artículos 65 y 66 de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal contravienen lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución General, es infundado.
El legislador local, al establecer en los artículos impugnados que, el justiciable tiene acceso a los recursos de reconsideración y revocación, lo hizo en cumplimento a lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución General, en relación con los artículos 1o., 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al respetar el derecho de defensa de los gobernados, por tanto, la actuación del legislador se traduce en el cumplimiento de la Constitución General y de los tratados internacionales.
Por último, el Ejecutivo publicó el decreto combatido, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Constitución General y Estatal, y en atención a la petición del Congreso Estatal, por lo que, sus actos son constitucionales, debido a que el contenido impugnado deriva de un análisis del Congreso del Estado, el cual aprobó el decreto con las adecuaciones que estimó pertinentes.
SÉPTIMO.-Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos, por proveído de once de febrero de dos mil quince, se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior al Decreto de reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, por virtud de lo dispuesto en su artículo décimo sexto transitorio; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que se plantea la posible contradicción entre normas de carácter estatal y la Constitución General.
SEGUNDO.-Oportunidad. En primer término se analizará si la demanda se presentó en forma oportuna.
Los artículos 13, fracción III, 15, fracción V, 65 y 66 de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal en el Estado de Colima, fueron publicados mediante el Decreto No. 400 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el veinticinco de octubre de dos mil catorce,(1) por lo que es a partir del día siguiente a la fecha indicada, que debe hacerse el cómputo respectivo.
Así, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) el plazo de treinta días para promover la presente acción transcurrió del sábado veintiséis de octubre al lunes veinticuatro de noviembre de dos mil catorce.
En consecuencia, toda vez que el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad se presentó el lunes veinticuatro de noviembre de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según se advierte del sello de recepción que obra al reverso de la foja 16 del expediente, su presentación fue oportuna.
TERCERO.-Legitimación. A continuación se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Suscribe la demanda Jesús Murillo Karam, en su carácter de procurador general de la República, lo que acredita con copia certificada de su nombramiento.(3)
De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución General,(4) el procurador general de la República podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal.
Cabe señalar que, el diez de febrero de dos mil catorce se reformó el numeral constitucional citado, estableciendo ahora que tiene legitimación "el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas"; asimismo, se adicionó el inciso i) para señalar que también tiene legitimación "el Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones".
No obstante lo anterior, el artículo décimo sexto transitorio de la aludida reforma constitucional,(5) establece específicamente que las adiciones y reformas al artículo 105, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias, por virtud de las reformas, siempre que el propio Congreso haga la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.
En consecuencia, al no haber sido emitida aún la Ley relativa a la Fiscalía General de la República ni haberse hecho la declaratoria correspondiente, es evidente que sigue en vigor el anterior inciso c) de la fracción II del artículo 105.
Así, de acuerdo con lo previsto por dicho numeral, si en el caso se plantea la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal en el Estado de Colima, ordenamiento que tiene el carácter de ley estatal, cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
CUARTO.-Causas de improcedencia. En la presente acción de inconstitucionalidad, las autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada no adujeron causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte la actualización de alguna de ellas, por lo que se procede al análisis de los conceptos de invalidez.
QUINTO.-Estudio de Fondo.
El procurador general de la República argumenta que los artículos 13, fracción III, 15, fracción V, 65 y 66 de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal en el Estado de Colima son inconstitucionales, puesto que regulan cuestiones propias del procedimiento penal, el cual es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución General.
Concretamente, sostiene que el legislador local invade la esfera de competencia del Congreso de la Unión, al emitir el artículo 13, fracción III, de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal, pues establece que la facultad del Ministerio Público para decretar, previa autorización judicial, determinadas medidas de protección en el juicio oral, es una cuestión procesal que se encuentra regulada en el artículo 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
De igual forma, el artículo 15, fracción IV, de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal es inconstitucional, debido a que reglamenta la figura de la prueba anticipada y le da erróneamente el carácter de medida de protección, no obstante que constituye una modalidad en el desahogo y registro de los medios de prueba, por lo que se desvirtúa su naturaleza jurídica, aunado a que esta figura ya se encuentra regulada en los artículos 304, 305 y 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Asimismo, los artículos 65 y 66 de la Ley para la Protección a Testigos y Sujetos Intervinientes en el Procedimiento Penal invaden la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, en virtud de que el legislador local creó como medios ordinarios de defensa en el proceso penal: 1) el recurso de reconsideración para impugnar la determinación que otorgue, modifique, deniegue, suprima o finalice las medidas de protección, así como la que excluya del programa a la persona protegida; y, 2) el recurso de revocación para impugnar lo resuelto por la Unidad o el agente del Ministerio Público Especializado, no obstante que todos los procesos deben ceñirse al Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual no prevé algún recurso ordinario en contra de los supuestos que reguló el legislador local, de modo que, el establecimiento de medios de defensa dentro del procedimiento penal hace nugatoria la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso c), constitucional, con la que se pretendió el establecimiento de procesos penales homogéneos en todo el país.
La disposición constitucional que se estima vulnerada, establece lo siguiente:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ...
"XXI. Para expedir:
"(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE JULIO DE 2015)
"a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.
"Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios;
"b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada;
"(REFORMADO, D.O.F. 2 DE JULIO DE 2015)
"c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.
"Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
"En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; ..."
Dicho precepto fue interpretado por este Tribunal Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 12/2014(6) y 107/2014(7) en sesiones de siete de julio y veinte de agosto de dos mil quince, respectivamente, en los siguientes términos:
- El mencionado artículo se introdujo a la Constitución, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de octubre de dos mil trece y fue modificado posteriormente por Decreto publicado el dos de julio de dos mil quince. De acuerdo con su contenido, el Congreso de la Unión es competente para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de procedimientos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República, excluyendo de esta forma la concurrencia de los Estados para legislar al respecto.
- Según se advierte de lo expuesto durante el procedimiento legislativo, la citada reforma constitucional tuvo como finalidad la unificación de las normas aplicables a todos los procesos penales a fin de hacer operativo el nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional.
- Esto es, la reforma se inserta en el marco de transición del modelo de justicia penal preponderantemente inquisitorio a uno acusatorio y oral, pues de la experiencia de los Estados en los que se han emitido las normas procesales aplicables a dicho sistema, se advierte, que resulta necesaria la homogeneidad normativa para la eficaz operatividad del sistema, toda vez que las profundas diferencias entre una entidad y otra, impactan en la calidad de la justicia, en tanto la interpretación de las figuras y la implementación en sí, ha quedado a discreción de cada autoridad local.
- En términos del régimen transitorio,(8) dicha reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el nueve de octubre de dos mil trece, señalando como fecha máxima de entrada en vigor de la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos y de ejecución de penas que debería expedir el Congreso de la Unión, el dieciocho de junio de dos mil dieciséis.
- De acuerdo con lo anterior, a partir de la fecha de entrada en vigor del Decreto de reforma constitucional, en el que se facultó de manera exclusiva al Congreso de la Unión para emitir la legislación única en materia penal, los Estados ya no pueden normar al respecto, pues han dejado de tener competencia para legislar sobre materia procedimental penal, mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas.
- Sin embargo, hasta en tanto entre en vigor la legislación única, pueden seguir aplicando la legislación local expedida con anterioridad a esa fecha, lo que se corrobora con el contenido del artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales,(9) conforme con el cual, los procedimientos penales que a la entrada en vigor se encuentren en trámite continuarán su sustanciación en términos de la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos.
- El Congreso de la Unión en ejercicio de la citada atribución expidió el C
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26358-c61708c2/i-legislacion-procesal-penal-incompetencia-de-las-legislaturas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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