I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO IMPUGNADO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR QUE NO SE COMBATIÓ. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA. V. DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. FINALIDAD DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN LA MATERIA. VI. DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE UNA SANCIÓN PECUNIARIA POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, UTILIZANDO DICHO SALARIO COMO UNIDAD DE MEDIDA PARA CALCULAR SU CUANTÍA, VULNERA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 284 BIS, PÁRRAFO TERCERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y MULTA DE CINCUENTA A CIENTO CINCUENTA DÍAS DE SALARIO", DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS). VII. NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN CONFORME O INTEGRADORA. VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ. IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS RETROACTIVOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 284 BIS, PÁRRAFO TERCERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y MULTA DE CINCUENTA A CIENTO CINCUENTA DÍAS DE SALARIO", DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 90/2016. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 4 DE MARZO DE 2024. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: ROBERTO NEGRETE ROMERO.
SÍNTESIS
Impugnación. Por oficio presentado el veinte de octubre de dos mil dieciséis en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuraduría General de la República promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Puebla, planteando la invalidez del artículo 284 Bis, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Puebla, en la porción normativa que dispone "y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario", publicado en el Periódico Oficial local el veinte de septiembre de dos mil dieciséis.
Planteamiento. La accionante estimó violados los artículos 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarto transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
Aduce que si la norma impugnada, para efectos de la determinación de la pena pecuniaria aun refiere el vocablo salario, no respeta la reforma constitucional que desvinculó al salario como unidad de referencia en el orden jurídico mexicano para evitar que el aumento de éste impacte en la determinación de multas, créditos, derechos, contribuciones y otros conceptos financieros y administrativos.
Estudio. La consulta propone estimar esencialmente fundado ese concepto de invalidez, y en consecuencia declarar la invalidez de la porción normativa.
Lo anterior, considerando que a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional se produjeron los siguientes efectos: a) todos los poderes, entes y órganos de todos los órdenes jurídicos parciales con facultades legislativas o materialmente legislativas quedaron imposibilitados para utilizar el salario mínimo como referencia para el cálculo de obligaciones ajenas a su naturaleza; b) todas las menciones existentes en el orden jurídico al salario como unidad de referencia deben interpretarse como hechas a la UMA; y, c) empezó a correr el plazo de un año para llevar a cabo las reformas a todas las normas jurídicas que utilizaran el salario para la determinación de obligaciones ajenas a sus fines.
De esta forma, si el legislador del Estado de Puebla emitió esa norma con la referencia a salario, se vulnera directamente el artículo 123, Apartado A, fracción VI, de la Constitución General, pues bajo la vigencia de la reforma constitucional en materia de desindexación, esa autoridad utilizó al salario mínimo como referencia para efectos de la fijación de la pena pecuniaria de un tipo penal, finalidad que es ajena a la naturaleza retributiva del salario por la prestación del trabajo.
Cabe destacar que al día de hoy la porción normativa impugnada ya fue objeto de reforma (en la cual ya se refiere el valor UMA), pero ello no obsta para realizar el analisis de la norma (y declarar su consecuente invalidez), pues se trata de una norma de carácter penal, respecto del cual es posible emitir un fallo con efectos retroactivos, de modo que no existe cesación de efectos.
Mismas consideraciones y conclusión que ya fueron sostenidas por el Pleno de este Alto Tribunal al resolver las diversas acciones de inconstitucionalidad 78/2016 y 92/2016, en sesiones de cuatro y ocho de julio de dos mil diecinueve, respectivamente.
Efectos. Declarar la invalidez del artículo 284 Bis, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Puebla en la porción normativa "y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario" la cual surtirá sus efectos retroactivos, al ser una norma de naturaleza penal, al veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, fecha en que entró en vigor.
La anterior declaración de invalidez surtirá efectos una vez que los puntos resolutivos de este fallo sean notificados al Poder Legislativo del Estado del Puebla.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el asunto citado al rubro, promovida en contra del artículo 284 Bis, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Puebla, en la porción normativa que indica "y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario".
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Por oficio presentado el veinte de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, con el carácter de Procuradora General de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Puebla, planteando la invalidez del artículo 284 Bis, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Puebla, en la porción normativa que dispone "y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario", publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el veinte de septiembre de dos mil dieciséis.
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. La accionante estimó violados los artículos 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarto transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y adujo, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
3. El artículo 284 Bis, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Puebla, en la porción normativa que dispone "y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario" vulnera los artículos 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución General y cuarto transitorio de la reforma constitucional de veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
4. El citado precepto establece que a quien realice la conducta típica del delito de violencia familiar, además de la pena privativa de libertad, se le impondrá una multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario.
5. Tal previsión es contraria al espíritu de la reforma constitucional de veintisiete de enero de dos mil dieciséis que desvinculó al salario como unidad de referencia en el orden jurídico mexicano para evitar que el aumento del salario impacte en la determinación de multas, créditos, derechos, contribuciones y otros conceptos financieros y administrativos.
6. En este sentido, para poder establecer una política de recuperación del poder adquisitivo del salario, se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que será utilizado como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas la anteriores, en términos del artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo constitucional.
7. En términos del régimen transitorio de la reforma constitucional, se concluye que: a) la vigencia de las disposiciones constitucionales enmendadas, incluyendo la prohibición de utilizar el salario para fines ajenos a su naturaleza, comenzaría a partir del día siguiente de su publicación, esto es, el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, b) con anterioridad a dicha fecha, toda mención al salario mínimo como unidad para determinar la cuantía de obligaciones y supuestos previstos en la ley, se entenderían referidas a la UMA, y c) que el mandato del artículo cuarto transitorio que ordenó a los Congresos Federal y local, así como a las administraciones públicas Federal, local y municipal, que en un plazo máximo de un año, deberían realizar las adecuaciones necesarias en las leyes y ordenamientos de su competencia, para eliminar las referencias al salario mínimo y sustituirlas por la UMA, no constituye una autorización para la utilización del salario como unidad de cálculo alguno.
8. En estas condiciones, la reforma al artículo 284 Bis, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Puebla resulta violatoria del artículo 123, apartado A, fracción VI, constitucional por considerar al salario como unidad de medida para determinar la cuantía de la sanción pecuniaria que, en su caso, debe imponerse por la comisión del delito de violencia familiar. Lo anterior frena la consecución de los objetivos que inspiraron a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo que constituye un paso previo para lograr la recuperación de su poder adquisitivo.
9. Cabe destacar que el mandato del artículo tercero transitorio que establece que toda mención al salario mínimo como unidad para determinar la cuantía de obligaciones y supuestos previstos en la ley, se entienden referidas a la UMA, tiene una cobertura limitada, pues permea únicamente a las disposiciones vigentes con anterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, ejemplo de ello son los artículos 43 a 46 del Código Penal que regulan la forma de determinar la multa pecuniaria por la comisión de algún ilícito, que fueron diseñadas el veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, esto es, con anterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación.
10. En este sentido, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional citada, todos los órganos del Estado Mexicano con potestad normativa están impedidos para utilizar al salario mínimo para fines ajenos a su naturaleza.
11. En consecuencia, el legislador local al emitir la norma impugnada vulneró el marco constitucional vigente, toda vez que si las legislaturas debían efectuar las adecuaciones correspondientes en las leyes y ordenamientos de su competencia en un plazo máximo de un año –contado a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis–, por mayoría de razón aquellas disposiciones emitidas a partir de esa fecha deben referirse a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
12. El artículo 284 Bis, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Puebla, en la porción normativa que dispone "y multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario" vulnera los numerales 14, párrafo primero y 16, párrafo primero, de la Constitución General, puesto que la determinación de la sanción pecuniaria estaría bajo la discrecionalidad del juez, quien podría interpretar la porción normativa impugnada calculando la multa en días de salario con base en el salario mínimo diario vigente al momento de cesar la consumación del delito, lo cual sería contrario a la Constitución, o bien, en el sentido de interpretar la reforma constitucional en materia de desindexación del salario y sus disposiciones transitorias para calcular la multa con base a la UMA. Esta opción implica una incorrecta aplicación del artículo tercero transitorio de la reforma porque la porción normativa impugnada se emitió con posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación, mientras que las situaciones a resolver por el transitorio son anteriores a la reforma constitucional.
13. Así, dependiendo del criterio del juzgador, se aplicarán sanciones diversas a conductas idénticas, pues si bien el valor inicial de la UMA se fijó a la par del salario mínimo general vigente para todo el país al día veintiocho de enero de dos mil dieciséis, lo cierto es que se busca recuperar el poder adquisitivo del salario y, por tal causa, se incrementará en una mayor proporción que la UMA. Lo anterior propicia que las sanciones fijadas con base en el salario mínimo sean más severas en comparación de aquellas fijadas con base en la UMA.
14. De igual forma, hay una falta certeza jurídica por el hecho de interpretar la referencia del salario del artículo 284 Bis, en relación con los diversos 43 y 46 del Código Penal, para sostener que la pena pecuniaria se refiere a la UMA, ya que tal interpretación extiende los efectos hacia el futuro del artículo tercero transitorio de la reforma constitucional. Lo anterior permite que ninguno de los órganos del Estado Mexicano con potestad normativa modifique la referencia al salario en sus leyes u ordenamientos, en términos del artículo cuarto transitorio, provocando un fraude a la voluntad del órgano revisor de la Constitución.
15. Admisión y Trámite. Por acuerdo de veinte de octubre de dos mil dieciséis, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y, por razón de turno, designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como instructor del procedimiento.
16. Por diverso acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió la acción y ordenó dar vista al órgano Legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.
17. Informe del Poder Legislativo del Estado de Puebla. El Director General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos del Congreso local rindió el informe a cargo del Poder Legislativo en el que manifestó lo siguiente:
18. El artículo 284 Bis, párrafo tercero, del Código Penal es constitucional, porque todavía no se ha cumplido el plazo establecido en el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario para adecuar las normas estatales a dicha reforma, plazo que inició el veintiocho de enero de dos mil dieciséis y fenece el veintisiete de enero de dos mil diecisiete. En consecuencia, el Estado está dentro del plazo para adecuar su legislación, por lo que el accionante no tiene razón para impugnar el artículo 284 Bis.
19. El primer concepto de invalidez es inoperante. Si bien el artículo 284 Bis de Código Penal hace referencia a la multa fijada en días de salario, lo cierto es que la reforma legal al párrafo tercero sólo modificó la pena privativa de libertad del tipo penal y no respecto a la multa que conserva su mismo contenido normativo anterior a la reforma cuya invalidez se solicita. Así, al encontrarse el Congreso local aún dentro del plazo constitucional para adecuar su legislación, no hay inconstitucionalidad del artículo ni omisión legislativa que la produzca.
20. El segundo concepto de invalidez es inoperante. No le asiste la razón al accionante porque el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional dispone que, a la entrada en vigor de la reforma, todas las menciones al salario mínimo se entenderán referidas a la UMA, lo cual se complementa con el contenido del artículo quinto transitorio que señala, que en tanto se promulga la Ley para la Medida y Actualización, el valor de la UMA se determinará conforme al método de actualización previsto en ese transitorio.
21. No obstante que no se impugnó el procedimiento legislativo que dio origen a la reforma legal, se destaca que se cumplieron con todas etapas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo que goza de plena legalidad el procedimiento legislativo.
22. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. El Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo local en esencia señaló lo siguiente:
23. La reforma al artículo 284 Bis del Código Penal no configura un nuevo acto legislativo, susceptible de impugnarse en vía de acción de inconstitucionalidad. El párrafo tercero que hace referencia al salario es una reproducción integra del texto anterior a la reforma legal, por lo que el legislador no tuvo la intención de modificar la sanción pecuniaria. Si bien se aumentó el número de años de prisión en el tipo penal de violencia familiar, la modificación no puede considerarse como una reforma integral susceptible de impugnación porque los elementos del delito no cambiaron.
24. La referencia al salario no fue sometida a un procedimiento legislativo cuyas fases son iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. En este sentido, un acto legislativo solo nace a la vida jurídica por virtud de un procedimiento legislativo, por lo que no puede impugnarse la reforma legal al Código Penal.
25. Es infundado el primer concepto de invalidez porque la reforma al párrafo tercero del artículo 284 Bis del Código Penal no considera al salario mínimo como base para el cálculo de la sanción pecuniaria. El espíritu reformador del legislador se avocó a la protección hacia las mujeres con la finalidad de erradicar cualquier tipo de violación hacia ellas, lo cual se tradujo en el aumento de años en la sanción privativa de libertad y en la sanción a la agravante del delito.
26. Por tal razón, la percepción del accionante en el sentido de que se continúa con la utilización del salario como unidad para fijar la multa es incorrecta.
27. Asimismo, la reforma constitucional en materia de desindexación no tiene vacatio legis, y el artículo tercero transitorio ordena que toda mención al salario mínimo debe entenderse a la UMA, por tanto, la base para establecer la sanción pecuniaria es la UMA, aún y cuando el texto del artículo 284 Bis señale al salario.
28. El artículo cuarto transitorio señala que los Estados contarán con un plazo máximo de un año para efectuar las modificaciones en sus leyes para eliminar las referencias al salario mínimo y sustituirlas por las relativas a la UMA. En la fecha en que se promovió este medio de control de constitucionalidad –veinte de octubre de dos mil dieciséis– aún se encontraba trascurriendo el plazo constitucional de adecuación de la reforma, por lo que no puede sustentarse la falta de adecuación de las leyes locales. Lo anterior no implica inobservar la reforma constitucional, pues en todo caso, una vez fenecido el plazo sin que el legislador hubiere efectuado los cambios normativos, la supuesta violación se actualizaría.
29. También, de los citados artículos transitorios no se advierte que la cobertura de la sustitución del término salario se limite a los artículos emitidos con anterioridad a la reforma constitucional, como lo afirma el accionante, pues sería contrario al espíritu de la ley.
30. El artículo tercero transitorio indica que todas las menciones al salario previstas en las leyes federales, estatales, así como cualquier disposición inferior deben entenderse a la UMA, esto es, a la totalidad de los miembros del conjunto, y a pesar de que no ha sido reformada la referencia de salarios en el artículo 284 Bis no significa la vulneración de los diversos 123 constitucional y cuarto transitorio de la reforma, pues la reforma no es irrestricta y el legislador está dentro del plazo para adecuar sus leyes.
31. Es infundado el segundo concepto de invalidez, pues se insiste que la reforma legal no versa sobre la sanción pecuniaria del delito de violencia familiar, sino que está relacionada con el aumento de la sanción privativa de libertad por tal ilícito.
32. Además, el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución prevé expresamente la prohibición de utilizar al salario mínimo como referencia para fines distintos a su naturaleza, por tal razón, el juzgador debe acatar ese mandamiento conforme los artículos 14 y 16 constitucionales. Así, contrario a lo señalado por el accionante, el juez no está en aptitud de elegir o ponderar el parámetro para establecer la pena pecuniaria del delito, toda vez que la medida de referencia está plenamente determinada.
33. Esto se confirma con el contenido de los artículos tercero y cuarto transitorios que disponen que, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, todas las menciones que se hagan del salario mínimo –sin excepción– serán entendidas como UMA, y que los órganos del sistema jurídico mexicano con potestad normativa, en un plazo máximo de un año, deben eliminar la referencia al salario mínimo como unidad de referencia y sustituirlas por UMA. En consecuencia, el artículo 284 Bis impugna no vulnera los principios de certeza y seguridad jurídica. 34. Cierre de la instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, por proveído de diecinueve de enero de dos mil diecisiete se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
35. Returno. Por acuerdo de nueve de enero de dos mil diecinueve, se ordenó returnar el asunto a la ponencia del Ministro Luis María Aguilar Morales, en virtud de que el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue designado Presidente de este Alto Tribunal.
I. COMPETENCIA
36. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su formulación anterior al Decreto de reforma de diez de febrero de dos mil catorce; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo del Acuerdo General 5/2013, toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter estatal y la Constitución General.
II. OPORTUNIDAD
37. El artículo 284 Bis, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Puebla fue publicado en el Periódico Oficial Local el martes veinte de septiembre de dos mil dieciséis.
38. Así, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del miércoles veintiuno de septiembre al jueves veinte de octubre de dos mil dieciséis.
39. En consecuencia, toda vez que el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal en la fecha de vencimiento del plazo, según se advierte del sello de recepción que obra al reverso de la foja 25 del expediente, su presentación fue oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
40. El escrito inicial está suscrito por Arely Gómez González, en su carácter de Procuradora General de la República, lo que acredita con copia certificada de su nombramiento.(2)
41. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución General,(3) el Procurador General de la República podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal.
42. Esta disposición fue reformada el diez de febrero de dos mil catorce, estableciendo ahora que tiene legitimación "el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas". Por otro lado, mediante dicha reforma también se adicionó el inciso i) con el propósito de señalar que tiene legitimación "el Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones".
43. No obstante lo anterior, el artículo Décimo Sexto transitorio de la mencionada reforma constitucional,(4) establece específicamente que las adiciones y reformas al artículo 105 entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las reformas, siempre que el propio Congreso haga la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.
44. En este sentido, toda vez que a la fecha de presentación aún no había sido emitida la Ley relativa a la Fiscalía General de la República, es evidente que seguía en vigor el inciso c) de la fracción II del artículo 105 constitucional. Por tanto, si en el caso la Procuradora General de la República plantea la inconstitucionalidad de un precepto del Código Penal para el Estado de Puebla, es claro que cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
45. Se hacen valer las siguientes:
46. Extemporaneidad. El Gobernador del Estado de Puebla aduce que la reforma al artículo 284 Bis del Código Penal no configura un nuevo acto legislativo susceptible de impugnarse en vía de acción de inconstitucionalidad, por lo que procede el sobreseimiento.
47. Lo anterior, puesto que texto anterior a la reforma legal sobre la mención al salario permaneció íntegramente, por lo que el legislador no tuvo la intención de modificar la sanción pecuniaria. Y si bien se aumentó el número de años de la pena privativa de libertad en el delito de violencia familiar, la modificación no puede considerarse como una reforma integral porque los elementos del delito no cambiaron.
48. Además, no se configura un nuevo acto legislativo en el sentido formal, toda vez que la porción sobre la multa en salarios no fue sometida a un procedimiento legislativo, condición necesaria para nacer a la vida jurídica.
49. Este Tribunal Pleno estima que no surte la causa de improcedencia alegada.
50. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2015,(5) este Tribunal Pleno estableció los requisitos necesarios para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de la promoción oportuna de la acción de inconstitucionalidad o su sobreseimiento por cesación de efectos, a saber, a) que se haya llevado a cabo un proceso legislativo, siendo relevante la publicación de la norma general pues a partir de ese momento podrá ejercitarse la acción, y b) que la modificación normativa sea sustantiva o material en el sentido de que existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto.
51. Este entendimiento pretende verificar que existan cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto, que deriva precisamente del producto del poder legislativo, y no solo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, tales como, variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, el mero ajuste en la ubicación de los textos, o cambios de nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco bastará una nueva publicación de la norma para que se considere nuevo acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente la norma general, pues se insiste en que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema.
52. Las anteriores consideraciones se plasmaron en la tesis P./J. 25/2016 (10a.), de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO."
53. En el caso, la norma que se impugna es el artículo 284 Bis, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Puebla. Dicho precepto fue reformado a través de un procedimiento legislativo que concluyó con la publicación del decreto respectivo en el periódico oficial local el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, con lo que se reúne el primer requisito para considerar que estamos en presencia de un nuevo acto legislativo.
54. Por cuanto hace a la sustantividad de la modificación, es necesario precisar en qué consistió la reforma:
Ver reforma
55. Como puede verse, la modificación al artículo 284 Bis, párrafo tercero, del Código Penal del Estado de Puebla consistió en aumentar la pena privativa de libertad correspondiente al delito de violencia familiar y su agravante, modificación que incide en uno de los elementos del delito, como es la pena, y que en esa medida afecta la esencia de la institución jurídica respectiva. Si bien no se modificó la sanción pecuniaria, sino que se reiteraron los términos en que estaba prevista, lo cierto es que basta con que exista una modificación normativa en la disposición respectiva, para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo susceptible de impugnarse en su integridad a partir de su publicación.
56. Por tanto, el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad es el que se refirió en el considerando que antecede.
57. Cesación de efectos. Por otra parte, este Pleno advierte que el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Puebla un decreto mediante el cual se reformó el párrafo tercero impugnado, a fin de sustituir la mención del salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización.
58. Pese a ello, no se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el diverso 65, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia,(6) pues si bien ha sido criterio reiterado de este Tribunal Pleno(7) que cuando se reforma una norma impugnada en una acción de inconstitucionalidad lo procedente es sobreseer por cesación de efectos, lo cierto es que tratándose de normas de naturaleza penal, el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de la materia, establece de manera específica que la sentencia relativa podrá tener efectos retroactivos; por tanto, aun cuando la norma sea reformada, no procede sobreseer, ya que los efectos de la sentencia se pueden aplicar a aquellas personas que hayan sido juzgadas durante su vigencia.
59. Así, a pesar de que el párrafo tercero ha sido reformado, al tratarse de una norma de carácter penal, respecto del cual es posible emitir un fallo con efectos retroactivos, debe concluirse que no se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos por lo que procede el análisis del fondo del asunto.
V. ESTUDIO DE FONDO
60. La materia de análisis en la presente acción de inconstitucionalidad se concentra en determinar si le asiste razón a la Procuradora General de la República, quien sostiene la invalidez del artículo 284 Bis, párrafo ter
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33762-1c585fce/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-procurador-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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