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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA PROMOVERLA EN TANTO NO SE EMITA LA DECLARATORIA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS. III. DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. FINALIDAD DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN LA MATERIA. IV. DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE UNA SANCIÓN PECUNIARIA POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL UTILIZANDO DICHO SALARIO COMO UNIDAD DE MEDIDA PARA CALCULAR SU CUANTÍA, VULNERA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 43 BIS, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). V. DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. INEXISTENCIA DE UNA VACATIO LEGIS QUE PERMITA A LOS PODERES LEGISLATIVOS LOCALES ABSTENERSE DE ADECUAR Y ARMONIZAR EN EL PLAZO DE UN AÑO SU LEGISLACIÓN CON LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 43 BIS, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE UNA LEY DEJAN DE PRODUCIR EFECTOS CONJUNTAMENTE ANTE LA DECLARACIÓN DE SU INVALIDEZ, AL SER ACTOS QUE CONCURREN PARA QUE TENGA VIGENCIA Y PUEDA SER APLICADA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 43 BIS, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL QUE NO PRODUCE EFECTOS RETROACTIVOS, A FIN DE NO COMPROMETER LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO RESPECTIVO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 43 BIS, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 43 BIS, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 92/2016. · Registro digital (IUS): 29236
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-01-10
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, Pág. 478.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 92/2016. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 8 DE JULIO DE 2019. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de julio de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Demanda. Mediante oficio PGR/403/2016, presentado el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Cervantes Andrade, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez del artículo 43 bis, tercer párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el sábado uno de octubre de dos mil dieciséis.

SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. El promovente señaló como preceptos violados los artículos 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, conforme a los conceptos de invalidez en los que concretamente señaló:

• En el primero sostiene que el artículo 43 bis, tercer párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, es inconstitucional por contravenir el contenido normativo de los preceptos 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, in fine, de la Norma Fundamental y el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el miércoles veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en consecuencia, vulnera el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133.

Lo anterior, a partir de la finalidad de la reforma, la cual radica en que ese elemento, salario mínimo, propio del derecho del trabajo no pueda ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza; es decir, se pretende desvincular el salario mínimo de las referencias en el orden jurídico nacional, para evitar que su aumento impacte en la determinación de multas, créditos, derechos, contribuciones y otros conceptos financieros y administrativos.

Estima además, que de la revisión minuciosa tanto a la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, como el dictamen que en sentido positivo emitió la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se alcanza la convicción de que la idea orientadora de la transformación constitucional fue el hecho de que para poder establecer una política de recuperación del poder adquisitivo, era menester que el salario mínimo, únicamente, fuera utilizado como la cantidad mínima que puede recibir una persona en retribución del trabajo prestado.

Y, en la idea de reforma se visualizó que el papel de indicador o medida para la imposición de sanciones y multas del salario mínimo, había propiciado que durante los procesos de negociación para fijarlo, existieran impedimentos para las mejoras salariales, debido a que su aumento impactaría en pagos de multas, créditos, derechos, contribuciones y otros conceptos financieros, administrativos y burocráticos estatuidos en diverso decreto y leyes, por lo que se determinó que era necesaria la desindexación del salario mínimo; esto es, desvincularlos de las referencias realizadas en el orden jurídico nacional como unidad de medida para fijar cualquier variable que sea ajena al mercado laboral.

Así, para poder eliminar ese obstáculo, la enmienda constitucional, estableció la desvinculación del salario mínimo de todas las referencias que al mismo se hagan como unidad para el cálculo de precios de trámites, multas, impuestos, prestaciones, etcétera; fijando para ello, como unidad alternativa, a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que conforme a los párrafos sexto y séptimo del apartado B del artículo 26 de la Constitución Federal, debe ser utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanan de todas las anteriores.

Para ello, considera, debe tomarse en cuenta el régimen transitorio de la reforma, del cual, entre otras cosas se desprende que derivado de la inexistencia de una vacatio legis (artículo primero transitorio) y de que sólo existe una cobertura del decreto respecto de las referencias a "salarios mínimos" hasta antes del veintiocho de enero de dos mil dieciséis (artículo tercero transitorio), resulta inobjetable que el contenido del artículo transitorio cuarto no constituye una autorización para que, en el transcurso del año posterior a la publicación de la enmienda constitucional, pueda utilizarse al salario mínimo como referencia para establecer montos o realizar algún cálculo, pues el mandato es claro: "a partir del 28 de enero de 2016 no puede utilizarse el salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, pues ello va en contra de su naturaleza".

Agrega además el accionante, que en el artículo cuya inconstitucionalidad solicita, el legislador democrático de Chihuahua reguló aspectos relacionados con la sanción pecuniaria que se impondrá por concepto de reparación del daño moral, entendido como el sufrimiento originado a una persona por causa de un delito, en sus sentimientos, decoro, afectos, creencias, honor, reputación, vida privada o aspecto físico, así como el trastorno mental de cualquier clase que requiera asistencia o terapia psiquiatra.

Con lo cual, el legislador local dispuso que además de las penas establecidas en el Código Penal, se impondrá sanción pecuniaria por concepto de reparación del daño moral (i) de cien hasta mil veces el salario mínimo vigente al momento de la comisión del delito, si de conformidad con las constancias procesales, así como las pruebas aportadas, se determina que por la afectación psicológica de la víctima resultare que deberá proporcionarse terapia de apoyo a corto plazo; y, (ii) si resulta que deberá proporcionarse psicoterapia a largo plazo, se impondrá sanción pecuniaria de trescientos a tres mil veces el salario mínimo.

Por ello, finca la declaratoria de invalidez en que el artículo 43 bis, párrafo tercero, del Código Penal de Chihuahua, al establecer la sanción pecuniaria por concepto de reparación del daño moral, utiliza al salario mínimo como unidad de medida para determinar su cuantía, no obstante que como ha quedado precisado, ello fue estrictamente desautorizado por la reforma constitucional, la que impuso a todas las autoridades la obligación de sustituir al salario mínimo por la unidad de medición y actualización como rasero para determinar el monto de sanciones, penas, cobros, entre otros.

De ahí que, al seguir utilizando al salario mínimo como unidad de medida para fines ajenos a su naturaleza, el artículo combatido no da cabal cumplimiento a la reforma constitucional, obstaculizando con ello la consecuencia de los objetivos que le subyacen, pues la desindexación del salario mínimo constituye un paso previo para lograr la recuperación del poder adquisitivo; y, en tanto continúen sus referencias no podrá darse un aumento al mismo, dado el impacto en pagos de multas, créditos, derechos contribuciones y otros conceptos financieros, administrativos y burocráticos, situación que quiso revertir el Poder Reformador de la Constitución.

Ello deriva, precisamente, del mandato constitucional previsto en los artículos primero y cuarto transitorios de la reforma en comento, de lo que se sigue que a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el legislador democrático de las entidades federativas, no puede utilizar el salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en sus legislaciones.

Luego, si al emitir la norma controvertida, el legislador de Chihuahua utilizó el salario mínimo como unidad de medida para determinar la cuantía de la sanción pecuniaria que se impondrá por concepto de reparación del daño moral, en lugar de implementar la unidad de medición y actualización, es claro que tal configuración legal no cumple con el mandato constitucional.

Concluye ese apartado argumentando que si el artículo cuarto transitorio ordena que las Legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año, contado a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medición y Actualización, por mayoría de razón, todas aquellas disposiciones normativas que sean expedidas a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, deben referirse a esa unidad de medición, so pena de contravenir el mandato constitucional.

• En el segundo concepto de invalidez, expone que el artículo 43 bis, tercer párrafo, del Código Penal de Chihuahua, vulnera el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al provocar incertidumbre jurídica frente a los operadores del sistema, en cuanto a la aplicación que puedan realizar del mismo, frente al mandato constitucional, pues estima que el aplicador de la norma podría:

(i) Fijar la cuantía de la sanción pecuniaria que se impondrá por concepto de reparación del daño moral conforme al texto expreso del artículo impugnado tomando como base el salario mínimo vigente al momento de la comisión del delito, acatando con ello el principio de exacta aplicación de la ley penal consagrado en el artículo 14, párrafo tercero, de la Norma Fundamental.

(ii) Realizar una interpretación de las disposiciones constitucionales reformadas por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis y los preceptos transitorios para tomar como punto de referencia a la unidad de medición y actualización.

Ambas posibilidades partirían de un equívoco, generado por el precepto que por esta vía se impugna, al optar por la primera alternativa, sería contrario a la Norma Fundamental; y, decidirse por la segunda alternativa, generaría una incorrecta aplicación del artículo tercero transitorio, ya que de su estricta literalidad, resulta evidente que el ordinal cuya invalidez se pretende, no se encuentra dentro de su hipótesis normativa, en tanto las referencias al salario ahí establecidas son posteriores al veintiocho de enero de dos mil dieciséis, mientras que las referencias que desea resolver el citado transitorio son aquellas menciones existentes a esa fecha.

De esta forma, dependiendo del criterio del juzgador, podrán aplicarse sanciones diversas a conductas idénticas, pues, si bien es cierto que el valor inicial de la unidad de medición y actualización se fijó a la par del salario mínimo general vigente para todo el país al día veintiocho de enero de dos mil dieciséis, lo cierto es que se busca la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y, en esa virtud, se incrementará en una mayor proporción que la unidad de medición y actualización.

Así, la norma es inconstitucional, al propiciar una actuación arbitraria por parte del juzgador, quienes tomen como valor de referencia al salario mínimo impondrán sanciones más severas, en comparación de quienes lo hagan con base en la unidad de medición y actualización. Lo anterior en virtud de que lo previsto en el artículo tercero transitorio ya se cumplió.

Por lo anterior, es que solicita a este Tribunal Pleno, se declare la invalidez del artículo 43 bis, tercer párrafo, del Código Penal de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el sábado uno de octubre de dos mil dieciséis.

TERCERO.—Registro y turno. Por acuerdo de tres de noviembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad número 92/2016, y turnarla al Ministro Alberto Pérez Dayán como instructor del procedimiento.

CUARTO.—Admisión. El día cuatro del mismo periodo, el Ministro instructor tuvo por presentada la demanda del procurador general de la República, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para que rindieran sus respectivos informes. Asimismo, requirió al primero para que al rendir el informe solicitado, enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada.

QUINTO.—Informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Refiere que el treinta de octubre de dos mil catorce propuso en el Poder Legislativo de la entidad, iniciativa con carácter de Decreto, a efecto de reformar y adicionar disposiciones del Código Penal de ese Estado, con la finalidad de definir de manera transparente lo relacionado a la reparación del daño moral y psicológico derivado de la comisión de un delito, a efecto de estandarizar las medidas que deben tomar las autoridades para indemnizar el daño, así como establecer las conductas delictivas en las que se aplicará, no sólo a nivel local sino trascender a la Federación, procurando siempre ajustarse a los principios de equidad en cuanto a materia de derechos humanos se refiere; para que en los casos que así se requiera, la representación social estará obligada a solicitarlo de oficio a favor del ofendido y/o víctimas; pretendiendo que la reparación sea plena y efectiva, acorde al daño causado (físico, psicológico, material, moral, etcétera); y agrega:

• En uso de las facultades conferidas en el artículo 93, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se promulgó el Decreto Legislativo 921/2015 II P.O., mediante el cual se adicionó, entre otras disposiciones el artículo 43 bis del Código Penal de ese Estado, publicado el uno de octubre de dos mil dieciséis, que es motivo de estudio en el presente asunto.

No obstante que el Ejecutivo del Estado interviene en el proceso formativo de la ley, su actividad en este aspecto se halla supeditada al Poder Legislativo que la expide, preponderancia que hace que se considere a la ley como un acto legislativo tanto desde el punto de vista formal como material.

• El alcance de la resolución de la presente acción de inconstitucionalidad no se contrapone con lo establecido por el transitorio tercero del Decreto 226, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el cual se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; en tanto que la publicación del decreto legislativo combatido, se realizó el uno de octubre de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial del Estado, sin embargo, la propuesta de iniciativa con carácter de decreto se presentó desde el año dos mil catorce.

• Además, la reforma constitucional relativa a las menciones del salario mínimo como unidad de cuenta, mismo que se entenderá como unidad de medida y actualización, cada una de las Legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones correspondientes en las leyes y ordenamientos de su competencia en un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor del decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo; entonces, el término para realizar tales adecuaciones fenecía hasta el veintiocho de enero de dos mil diecisiete.

• Por tanto, la adición al artículo 43 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, específicamente el párrafo tercero donde señala "que se impondrá sanción pecuniaria de 100 hasta 1000 veces el salario mínimo vigente al momento de la comisión del delito, por concepto de reparación de daño moral", debe entenderse que se refiere a la unidad de medida y actualización plasmada en la Constitución, acorde al transitorio cuarto; sin que exista violación constitucional alguna, como lo quiere hacer valer la Procuraduría General de la República.

• Agrega que es ineludible contar con una unidad de indexación que suplante el salario mínimo como medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, creándose para ello la unidad de medida y actualización; situación que no representa que ese salario siga empleándose en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones, en las que se utiliza como índice en la determinación del límite máximo del salario base de cotización.

• Concluye enfatizando que el treinta de octubre de dos mil catorce se elaboró la propuesta para reformar y adicionar disposiciones del Código Penal del Estado de Chihuahua respecto a la reparación del daño por causa de un delito ante el Poder Legislativo; que posteriormente, el treinta de junio de dos mil quince el Congreso del Estado aprobó la propuesta, enviándola para su publicación al Ejecutivo el siete de julio de dos mil quince por lo que el Decreto Legislativo 921/2015 II P.O. fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el día uno de octubre de dos mil dieciséis.

SEXTO.—Informe rendido por el Congreso del Estado de Chihuahua, suscrito por el presidente de la mesa directiva y titular de la Secretaría de Servicios Interinstitucionales, donde manifestó:

• El treinta de octubre de dos mil catorce, fue turnada a la Comisión de Dictamen Legislativo para su estudio y análisis, iniciativa con carácter de decreto, promovida por el diputado a la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Eloy García Tarín, a través de la cual propuso reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Chihuahua, en materia de reparación de daño moral y psicológico.

• Posteriormente, el treinta de junio de dos mil quince, la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su segundo periodo ordinario de sesiones, aprobó el Decreto No. 921/2015 II P.O.; en el cual se adicionaron los artículos 43 bis y 43 ter al Código Penal del Estado de Chihuahua; publicado el uno de octubre de dos mil dieciséis, en el Periódico Oficial del Estado.

• En tanto que, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo.

• De donde entonces resulta que la reforma al artículo cuya validez se cuestiona, se dio doscientos doce días antes de la publicación del decreto que contiene la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo.

• Refiere además que a partir de lo dispuesto por los artículos tercero y cuarto transitorios de la reforma constitucional, por lo que respecta a lo previsto en el artículo 43 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, en su párrafo tercero, donde señala: "Que se impondrá sanción pecuniaria de 1000 veces el salario mínimo vigente al momento de la comisión del delito, por concepto de reparación del daño moral"; debe entenderse la disposición referida a la unidad de medida y actualización; por lo tanto, no existe la violación constitucional alegada por el procurador general de la República, porque el propio transitorio tercero, hace referencia a que tratándose de salarios mínimos, deberán entenderse como la unidad de medida y actualización, establecida constitucionalmente.

• Además, en términos del artículo cuarto transitorio, ese Congreso, cuenta con el término de un año a partir de la publicación de la multicitada reforma, para hacer las adecuaciones que correspondan a las leyes y ordenamientos de su competencia, el cual fenece hasta el veintiocho de enero de dos mil diecisiete; máxime que cuando se presentó la iniciativa y en la fecha de aprobación del artículo cuestionado, aún no se había aprobado, ni publicado la reforma a la Constitución Federal, por lo que estima que la supuesta transgresión alegada por el procurador general de la República, no existe.

SÉPTIMO.—Acuerdo que tiene por formulados los alegatos. Mediante acuerdo de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo por formulados los alegatos contenidos en el oficio presentado ante esta Suprema Corte el diecisiete de ese periodo, por el delegado del procurador general de la República.

OCTAVO.—Cierre de instrucción. En proveído de tres de marzo de dos mil diecisiete, se cerró la instrucción de este asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, inciso c), del artículo 105, de la Constitución Federal,(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se demanda la invalidez del artículo 43 bis, tercer párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el sábado uno de octubre de dos mil dieciséis.

SEGUNDO.—Oportunidad en la presentación de la demanda. Por razón de orden, en primer lugar, se procede a analizar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el correspondiente medio oficial.

"Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

Conforme a este artículo, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, de lo que se sigue para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

Ahora, el decreto por el que se modificó el artículo 43 bis, tercer párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, materia de impugnación, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el sábado uno de octubre de dos mil dieciséis, por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad inició el domingo dos siguiente y venció el lunes treinta y uno de octubre en cita.

Entonces, si el escrito que contiene la acción de inconstitucionalidad promovida por el procurador general de la República fue presentado el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se advierte del reverso de la foja catorce del expediente en que se actúa; resulta evidente su oportunidad.

TERCERO.—Legitimación del promovente. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es del tenor siguiente:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"...

"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano."

En la presente acción de inconstitucionalidad la demanda fue suscrita por Raúl Cervantes Andrade, con el carácter de procurador general de la República, y por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis se tuvo por presentada con la personalidad que ostentó el promovente, conforme a lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 1 de la ley reglamentaria aplicable.

En consecuencia, el procurador general de la República está facultado para promover la acción de inconstitucionalidad contra la reforma del Código Penal para el Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el uno de octubre de dos mil dieciséis.

No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno que como consecuencia de la reforma que sufrió la Constitución el diez de febrero de dos mil catorce, ahora la fracción II del artículo 105 tiene un inciso i), prevé que "El fiscal general de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones."

Sin embargo, el artículo décimo sexto transitorio de la reforma en cuestión, es expreso en señalar que las adiciones y reformas al artículo 105, fracción II, incisos c) e i), entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones y reformas, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

Y, la declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, aconteció el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte siguiente; entonces, en la fecha de presentación de la demanda, se encontraba vigente el inciso c) de la fracción II del artículo 105 transcrito.

CUARTO.—Causas de improcedencia. En virtud de que en este asunto no se hicieron valer causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguno, debe procederse al estudio de los conceptos de invalidez formulados por el accionante.

No pasa inadvertido para este Tribunal Pleno que durante el trámite de la presente acción de inconstitucionalidad, concretamente el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se publicó en el Diario Oficial del Estado de Chihuahua, decreto a través del cual se reformó el artículo que ahora se analiza, el cual, en lo que interesa establece:

"El Ciudadano Licenciado Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, a sus habitantes sabed:

"Que el honorable Congreso del Estado se ha servido expedir el siguiente

"Decreto:

"Decreto No.

"LXV/RFCLC/0266/2017 I P.E.

"La Sexagésima Quinta Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo extraordinario de sesiones, dentro del primer año de ejercicio constitucional,

"Decreta

"...

"Artículo séptimo. Se reforman los artículos 41, segundo párrafo; 43 bis, tercer párrafo; 73; 176, primer párrafo; 177, primer párrafo; 182; 208, primer párrafo, fracciones I, II y III, y segundo párrafo; 216, primer párrafo, fracciones I, II y III; 217, primer párrafo, fracciones I y II; 219; 220, primer párrafo, fracciones I a V; 223, primer párrafo, fracciones I a IV; 229, primer párrafo; 232, primer párrafo; 236, primer párrafo, fracciones I a IV, y segundo párrafo; 239, primer párrafo; 241, primer párrafo; 246; 247, tercer párrafo; 249, primer y tercer párrafos; 262, segundo y tercer párrafos; 262 Bis, segundo párrafo; 265; 266; 269, primer párrafo, fracciones I y II; 270, segundo párrafo; 271, primer párrafo, fracciones I y II; 273, primer párrafo; 298; 306, primer párrafo; 322; 334, fracción IV, párrafo primero; 351; 352; 353; 354; 355; 356, primer párrafo; 358, fracciones I y II; 359, fracciones I y II; 360; 360 Bis; 360 Ter, primer párrafo; 364; 365 y 366, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente forma.

"...

"Artículo 43 bis ...

"...

"Además de las penas señaladas en este código, se impondrá sanción pecuniaria de cien hasta mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al momento de la comisión del delito, por concepto de reparación del daño moral, si de conformidad con las constancias procesales así como las pruebas aportadas, se determina que por la afectación psicológica de la víctima resultare que deberá proporcionarse terapia de apoyo a corto plazo; si resulta que deberá proporcionarse psicoterapia a largo plazo, se impondrá sanción pecuniaria de trescientas a tres mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

"...

"Transitorios

"Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, de conformidad a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 202 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

"Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, entendiéndose que la unidad de medida y actualización será aplicable exclusivamente para lo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29236-32cdda7e/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-procuraduria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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