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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE IMPUGNA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. INCOMPETENCIA DE LAS LEGISLATURAS LOCALES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). III. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIR LAS NORMAS RELATIVAS A MEDIDAS CAUTELARES, EN ESPECÍFICO EL RESGUARDO DOMICILIARIO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). IV. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. NO INCIDE EN ESA MATERIA LA REGULACIÓN QUE PRECISA LAS AUTORIDADES LOCALES QUE AUXILIARÁN A LA EJECUCIÓN DE UN RESGUARDO DOMICILIARIO [ARTÍCULO 19, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA]. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PROCESAL PENAL QUE PRODUCE EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS RETROACTIVOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS JUDICIALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 110/2014. · Registro digital (IUS): 28709
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-06-07
Promovente: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo I, Pág. 642.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 110/2014. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 5 DE JUNIO DE 2018. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: SULEIMAN MERAZ ORTIZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día cinco de junio de dos mil dieciocho.

Sentencia

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 110/2014, promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del Decreto Número 714/2014 I P.O., por medio del cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua y otros ordenamientos, publicado el veintinueve de noviembre de dos mil catorce, en el folleto anexo al Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 19, fracción I, inciso b), y 35 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, reformados mediante Decreto Número 714/2014 I P.O., publicado el veintinueve de noviembre de dos mil catorce, en el folleto anexo al Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

2. Antecedentes manifestados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el escrito de demanda se señalaron los siguientes antecedentes:

"El pasado veintinueve de noviembre, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el decreto por el que se reforman y adicionan diversos ordenamientos, entre ellos, la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, la cual según su numeral 2o., tiene por objeto:

"I. Establecer las bases para la coordinación entre autoridades judiciales, administrativas y entidades de derecho privado, en materia de ejecución y vigilancia de las medidas cautelares decretadas y aquellas condiciones por cumplir que deriven de la celebración de la suspensión condicional del proceso en los procedimientos penales;

"II. Establecer las bases para la coordinación entre autoridades judiciales, administrativas y entidades de derecho privado, en materia de ejecución y vigilancia de las penas y medidas de seguridad impuestas por la autoridad judicial;

"III. La determinación de los medios de prevención y de reinserción social que, en lo conducente, resulten aplicables a la persona sujeta a las penas de prisión previstas en el Código Penal del Estado y otras leyes;

"IV. Establecer las bases generales del Sistema Estatal Penitenciario, así como de la organización y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios en la entidad;

"V. Proporcionar los parámetros generales para la prevención especial a través del tratamiento derivado del sistema técnico progresivo, con estricto apego al principio de no discriminación de género.

"Los reglamentos deberán estar acorde con los protocolos internacionales y con perspectiva de género;

"VI. Establecer los lineamientos generales para el desarrollo de las relaciones entre internos y autoridades penitenciarias, durante el tiempo que permanezcan en prisión; así como el contacto que deberán tener con el exterior; y,

"VII. Establecer las bases mínimas de asistencia postpenitenciaria.

"De dicho ordenamiento resalta el artículo 35, por su inadecuación con el texto constitucional y tratados internacionales en materia de derechos humanos, ya que dicho numeral establece el ‘resguardo domiciliario’ como una medida que puede decretar el Juez:

"‘Artículo 35. Resguardo.

"‘El imputado, al solicitar el resguardo, informará a los tribunales el domicilio en el que la medida habrá de cumplirse, sea en su propio domicilio o en el de otra persona.

"‘Al solicitarse el resguardo, el Ministerio Público o la defensa, deberá basar su solicitud en un dictamen técnico que elaborará la fiscalía en el que determine la viabilidad de su imposición.

"‘Cuando el Juez decrete el resguardo, determinará si es o no con vigilancia y sus modalidades que estime convenientes.

"‘En todos los casos que al imputado se le conceda el resguardo, deberá cumplir con las condiciones, términos y requisitos que señale la fiscalía.’

"Como se expondrá a continuación, el Constituyente estableció diversos lineamientos fundamentales que permiten la detención de un ciudadano–flagrancia, urgencia, auto vinculatorio o formal prisión, orden de aprehensión, prisión preventiva, compurgación de penas y sanciones administrativas– a los que no se ajusta el resguardo domiciliario, como se verá más adelante.

"Es así, pues como se apuntó al inicio de la demanda, la figura jurídica del resguardo domiciliario ataca diversos derechos y principios, como los de libertad personal, libertad de tránsito, seguridad jurídica, debido proceso, audiencia previa, pro persona, presunción de inocencia y prohibición de detenciones arbitrarias, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ya referidos."

3. Autoridades emisora y promulgadora. La norma general impugnada fue emitida por el Poder Legislativo y se promulgó por el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Chihuahua.

4. Normas generales impugnadas: Artículos 19, fracción I, inciso b), y 35 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, reformados mediante decreto número 714/2014 I P.O., publicado el veintinueve de noviembre de dos mil catorce, en el folleto anexo al Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

5. Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso cuatro conceptos de invalidez, cuyos argumentos únicamente están dirigidos a evidenciar la inconstitucionalidad del artículo 35 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, sin que haya expresado algún motivo de disenso en relación con el diverso 19, fracción I, inciso b), pues en su demanda indicó que impugnaba dicho numeral por su relación directa con el numeral 35 en comento.

6. Los conceptos de invalidez se sintetizan en los siguientes términos:

Primero. La figura no es clara sobre si el resguardo lo puede solicitar el imputado o también el Ministerio Público o la defensa. Asimismo, el párrafo cuarto se refiere a todos los casos, lo que lleva a pensar que esa concesión tiene que ver con una solicitud planteada por él y no por el Ministerio Público.

Menciona que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que si la restricción proviene del derecho penal, es preciso observar los estrictos requerimientos de la tipificación para satisfacer en este ámbito el principio de legalidad. Ello se concreta en la necesidad de utilizar términos estrictos y unívocos que acoten claramente las conductas, lo cual implica una clara definición de la conducta incriminada, la fijación de sus elementos y el deslinde de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas penales. Por tanto, el artículo 35 es ambiguo.

Segundo. La medida contenida en el artículo 35 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, se traduce en una limitación a la libertad personal y de tránsito, al obligar a una persona a permanecer en un domicilio bajo ciertas condiciones que fijará el Juez, lo cual es contradictorio con los artículos 11, 14, 16, 18, 19 y 21 de la Constitución Federal.

Señala que el artículo controvertido denota la figura de privación ilegal, toda vez que sin agotar un procedimiento ante el tribunal competente que determine la responsabilidad del imputado, éste es desprovisto del derecho a la libertad.

Cita el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativos a los "Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas" para sostener que al no seguirse con lo estipulado en el texto constitucional, la privación de la libertad de una persona, debe tacharse de ilegal.

Tercero. Argumenta que el artículo 35 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, es una medida excepcional, no prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la que se pretende que en cualquier etapa del procedimiento el Juez autorice que una persona permanezca en determinado lugar sin fijar una temporalidad, lo que resulta ajeno a las hipótesis previstas por los artículos 16, 18, 19, 20 y 21 constitucionales.

Considera que ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, ya que en dicho plazo deberá ordenarse su libertad o su puesta a disposición ante la autoridad judicial; el plazo podrá duplicarse en aquellos casos relacionados con delincuencia organizada; y, por el otro, establece que ninguna detención ante la autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso o formal prisión, cita en su favor el criterio de rubro: "ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO ESTABLECE, VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD PERSONAL QUE CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 16, 18, 19, 20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." «publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, P. XXII/2006, Novena Época, página 1170»

Aduce que la Constitución Federal regula los derechos a la libertad personal, de seguridad jurídica y de legalidad, entre otros; partiendo de que tales preceptos sólo autorizan la detención de una persona por flagrancia, urgencia, auto vinculatorio o de formal prisión, prisión preventiva, compurgación de penas e infracciones administrativas, y no contempla la posibilidad de una privación de la libertad personal que pueda ser autorizada por un Juez en esos términos.

Menciona que de los artículos 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que salvaguardan los principios de legalidad, seguridad jurídica del gobernado; se tiene que la libertad personal sólo puede ser restringida en las hipótesis y plazos reconocidos constitucionalmente, y la nueva figura del resguardo domiciliario introducida por el legislador estatal de Chihuahua no encuadra en ninguno de esos momentos y plazos.

Sostiene que si la medida contemplada en el artículo 35 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, consiste en obligar a una persona a permanecer en un determinado lugar, sin que dicha medida esté contemplada en la Constitución y las convenciones internacionales de derechos humanos, la misma resulta inválida.

Argumenta que la figura prevista en el artículo 35 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, es incompatible con la Constitución y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Cuarto. Expresa que el artículo 35 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, permite que la autoridad judicial autorice el "resguardo" de una persona. No obstante, la falta de claridad en cuanto a la aplicación de la medida permite suponer que la misma puede emplearse de manera similar al arraigo, cuya regulación es exclusiva del legislador Federal.

Considera que la ambigüedad y la falta de claridad en la redacción de dicho ordenamiento pueden derivar en la aplicación de figuras como el arraigo; sin embargo, tal figura se encuentra contemplada en el artículo 16, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero únicamente para casos de delincuencia organizada. Por ende, desde la perspectiva de los derechos humanos, debe ser utilizada como excepción o como última ratio, pues al ser una medida cautelar atenta contra el derecho a la libertad de tránsito y libertad personal.

Indica que el artículo impugnado al permitir la aplicación de una medida similar al arraigo, viola los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 3, 9 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tutelan los derechos a la libertad personal y a la audiencia previa; así como los principios pro persona, seguridad jurídica, legalidad, presunción de inocencia, prohibición de detenciones arbitrarias, y debido proceso, lo que lo torna inconstitucional e inconvencional.

7. Artículos constitucionales señalados como violados. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se consideran violentados son los artículos 1o., 11, 14, 16, 18, 19, 20 y 21, en relación con los artículos 5, 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los numerales 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 3, 9, 11 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

8. SEGUNDO.—Admisión y trámite. Mediante proveído de dos de enero de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente número 110/2014, turnar el asunto a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

9. Por acuerdo de cinco de enero de dos mil quince, la Ministra instructora admitió a trámite la acción y dio vista a los órganos que emitieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes. De igual manera, se dio vista al procurador general de la República para la formulación de su pedimento.

10. Informe de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chihuahua. Al rendir su informe precisaron en síntesis lo siguiente:

a. El decreto impugnado únicamente tiene evoluciones gramaticales y no la adición de la figura, toda vez que fue modificada el nueve de diciembre de dos mil seis y reformada el siete de mayo de dos mil once, por lo que se actualiza la causa de improcedencia del artículo 19, fracción II, en relación con la fracción II del artículo 20, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b. La reforma recae únicamente en reemplazar el término "arraigo" por la palabra resguardo, a efecto de unificar la terminología empleada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de la facultad del Congreso de la Unión contenida en la fracción XXI inciso c) del artículo 73 de la Norma Suprema.

c. El artículo octavo transitorio del referido Código Nacional de Procedimientos Penales instituye un plazo para las entidades federativas de adecuar sus leyes y normatividad complementaria a las disposiciones de la referida legislación nacional; así, en cumplimiento al referido mandato, el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua en uso de sus facultades consagradas en el artículo 93, fracción II, de la Constitución Local, promulgó y publicó el Decreto Legislativo 714/2014 I P.O.

d. El artículo 35 no puede ser sujeto a una interpretación aislada, sino que forma parte de un todo, en el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales. Considera que la medida puede ser solicitada por cualquiera de las partes aplicando una interpretación sistemática con el Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, señala como carente de fundamento la cita respecto a un criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

e. La libertad de tránsito puede estar subordinada a las facultades de la autoridad judicial en caso de responsabilidad criminal y civil, toda vez que éstas se aplicarán como medida cautelar al afectado que se encuentre sujeto a proceso penal o civil, sin caer en violaciones a la Constitución Federal.

f. La comisión confunde la figura del arraigo/detención con la diversa medida cautelar que se encuentra abrogada del Código de Procedimientos Penales anterior a la reforma de 2007 y que se contenía en el artículo 122 Bis. Asimismo, considera que el precedente de la acción de inconstitucionalidad 20/2003 se refería a que dicho numeral restringía la libertad de tránsito, sin que se hubiese satisfecho el estándar de prueba de "probable responsabilidad" del indiciado.

g. El arraigo/resguardo como medida cautelar implica que exista un auto de vinculación a proceso, o al menos que se esté en un plazo constitucional para el dictado del mismo, tal y como lo menciona el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución. Así, considera que la figura impugnada no tiene por objeto delimitar la libertad personal para poder investigarla más a fondo, y con ello obtener su vinculación a proceso; por el contrario, exige que el estándar de prueba de la vinculación a proceso se haya satisfecho de manera previa.

h. Si el arraigo/resguardo no se encuentra contemplado en la Constitución, las medidas cautelares sí están previstas en el artículo 16, párrafo décimo cuarto; incluso, la prisión preventiva no es la única medida cautelar.

i. La medida cautelar de arraigo/resguardo es más benéfica para el imputado, al ser menos gravosa que la imposición de la prisión preventiva, por lo que, lejos de ser un elemento represor, constituye un beneficio alterno a la tradicional imposición de prisión durante el tiempo que dura el proceso.

j. Si bien la Constitución Federal no especifica cuáles son las otras medidas cautelares que pueden aplicarse, la norma impugnada no constituye una violación a derechos humanos al aplicar cualquier medida cautelar menos gravosa que la prisión preventiva. Señala que opinar lo contrario sería como afirmar que cualquier medida cautelar diversa a la prisión y restrictiva de la libertad es inconstitucional y llevaría al absurdo de declarar otras medidas cautelares como inconstitucionales, como aquellas determinadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

k. Respecto al mecanismo para designar el domicilio, basta con que el imputado exprese el domicilio ante el Juez de Garantía o de Control sin que se exija un mecanismo complejo, dado que es una solicitud que efectúa el imputado a su favor, en sustitución de la prisión preventiva.

l. La imposición de una medida cautelar, el Juez debe efectuar un juicio de proporcionalidad para determinar la medida a imponer, con base a los parámetros de proporcionalidad en sentido estricto, idoneidad y necesidad. Asimismo, menciona que dichos principios se contienen en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, la determinación de si la medida cautelar es o no arbitraria sólo puede establecerse caso por caso.

m. La figura del arraigo/resguardo en nada tiene que ver con el arraigo que alude el artículo 16, párrafo octavo, de la Constitución Federal, toda vez que la figura de resguardo tiene por objeto fungir como medida cautelar durante el proceso una vez que se hayan satisfecho los requisitos para obtener la vinculación a proceso del imputado y no, como lo establece la Constitución a efecto de una investigación en contra de una persona a la cual ni siquiera se le ha formulado imputación.

11. Opinión del procurador general de la República. Manifestó esencialmente lo siguiente:

a. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19, en relación con el numeral 20, fracción II, ambos de Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si bien el artículo 35 de la Ley de Ejecución fue reformado mediante decreto publicado el veintinueve de noviembre de dos mil catorce, no sufrió modificación relevante, toda vez que sólo se modificó una palabra del artículo pero su contenido normativo es el mismo desde el año dos mil once. Así, la norma combatida no es un nuevo acto legislativo.

b. Aduce que el arraigo y el resguardo guardan un fundamento constitucional distinto, toda vez que el primero cuenta con fundamento en el artículo 16, párrafo octavo y la figura de resguardo con apoyo en el párrafo décimo cuarto.

c. Argumenta que el artículo 16, párrafo décimo cuarto, señala que los jueces de control determinarán sobre la solicitud de medidas cautelares que requieran control judicial; asimismo, señala que el artículo 19, párrafo segundo, determina que el Ministerio Público podrá solicitar la imposición de la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado.

d. Menciona que cuando se concede el resguardo domiciliario, el imputado ya tiene la oportunidad de defenderse en el procedimiento, pues mediante la imputación se hizo sabedor de los hechos por los cuales está siendo investigado.

e. Indica que una vez formulada la imputación, el Ministerio Público puede solicitar alguna de las medidas cautelares, como en el caso concreto lo constituye el resguardo domiciliario, lo que significa que dicha medida cautelar opera una vez que se dio intervención al órgano jurisdiccional, esto es, después de formulada la imputación, constituyendo una diferencia sustancial en relación con el arraigo en tanto que este último es autorizado por la Constitución Federal antes de judicializar la investigación en los casos limitados.

f. Menciona que en el sistema procesal acusatorio, el artículo 19 de la Constitución Federal señala los supuestos en que procede la prisión preventiva. Así, el Juez debe ponderar la solicitud que le formule el Ministerio Público para determinar en cada situación en particular, si es o no procedente la medida cautelar consistente en la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del inculpado en el juicio, el desarrollo de la investigación.

g. Estima que el resguardo domiciliario es una medida cautelar más para el imputado que la prisión preventiva. Esta medida cautelar permite al órgano jurisdiccional valorar la situación concreta del imputado y optar por el reguardo domiciliario en lugar de la prisión preventiva, en atención a las circunstancias particulares del caso concreto. Así, el resguardo domiciliario no es una medida equiparable al arraigo, cuya naturaleza jurídica es diferente y se trataría de una alternativa acorde con el principio pro persona del artículo 1o. de la Constitución Federal.

h. Precisa que se trata de una medida que permite modular la restricción a la libertad personal en determinados casos donde el Juez ponderará si es mejor internar a una persona en un centro público de reclusión o en su hogar. Incluso, el propio inculpado puede ser quien solicite esta medida, si es que considera que ello conviene a sus intereses, tomando en cuenta que la alternativa puede ser la prisión preventiva.

i. Señala que los argumentos empleados al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2012, no son aplicables al caso concreto, dado que, en el referido precedente la norma general impugnada era inconstitucional porque los Estados carecen de facultades para legislar en materia de arraigo. Así, la medida cautelar de resguardo domiciliario no es una figura que pueda emplearse de manera similar, por tanto, es una norma acorde al principio de mayor beneficio.

12. TERCERO.—Alegatos y cierre de instrucción. Una vez recibidos los informes de las autoridades, así como los alegatos de la procuradora general de la República, y al encontrarse debidamente instruido el procedimiento, el veintitrés de febrero de dos mil quince, se ordenó el cierre de la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución en la presente acción de inconstitucionalidad.

13. CUARTO.—Returno. Por auto del presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de cinco de enero de dos mil dieciséis, se ordenó el returno de la presente acción de inconstitucionalidad a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, toda vez que asumió la ponencia que le correspondía a la Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas.

CONSIDERANDO:

14. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos artículos de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

15. SEGUNDO.—Legitimación. La demanda fue suscrita por Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia certificada del oficio DGPL-1P3A-4858, de trece de noviembre de dos mil catorce, relativo a su nombramiento, misma que obra agregada a foja cuarenta y nueve del expediente en que se actúa.

16. Así, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas."

17. En este sentido, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estatuye en su numeral 15, fracciones I y XI,(1) la representación legal y la facultad para promover las respectivas acciones de inconstitucionalidad a cargo de su presidente, por lo que se acredita la legitimación del referido funcionario.

18. TERCERO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(2) dispone que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnados.

19. El Decreto Número 714/2014 I P.O., por medio del cual se reformaron los artículos 19, fracción I, inciso b) y 35 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua y otros ordenamientos, se publicó el veintinueve de noviembre de dos mil catorce, en el folleto anexo al Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

20. En ese tenor, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del treinta de noviembre al veintinueve de diciembre de dos mil catorce; por tanto, si la demanda se interpuso el veintinueve de diciembre de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta oportuna su presentación.

21. CUARTO.—Causas de improcedencia. El Congreso del Estado de Chihuahua,(3) el Gobernador del Estado de Chihuahua(4) y el procurador general de la República, hicieron valer(5) que la presentación de la demanda resultó extemporánea para impugnar los artículos 19, fracción I, Inciso b) y 35 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, reformados, a través Decreto 714/2014 I P.O. publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua el veintinueve de noviembre de dos mil catorce.(6)

22. Efectivamente, argumentaron que la presentación del medio de control constitucional resultó extemporáneo, toda vez que dichas normas, en la porción impugnada, no fueron objeto de modificación sustantiva en el decreto impugnado, es decir, estiman que la reforma no implicó un cambio sustancial relevante, pues únicamente se modificó una palabra en tales preceptos legales, pero su contenido normativo es el mismo, por lo que en el caso no se trata de un nuevo acto legislativo que permita su impugnación, toda vez que con su publicación no se alteró el contenido normativo impugnado.

23. Este Tribunal Pleno considera que es infundada la citada causa de improcedencia, puesto que la demanda se promovió dentro del plazo previsto para ello, tomando en cuenta que la reforma publicada el veintinueve de noviembre de dos mil catorce, constituye un nuevo acto legislativo.

24. Para justificar esta decisión, conviene reseñar el criterio mayoritario del Tribunal Pleno respecto de lo que debe entenderse como nuevo acto legislativo, para efectos de su impugnación a través de este medio de control constitucional.(7)

25. En este punto, se retoman las consideraciones desarrolladas en la acción de inconstitucionalidad 28/2015, fallada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis.

26. Es criterio mayoritario del Tribunal Pleno que la acción de inconstitucionalidad es procedente en contra de una modificación o reforma sustantiva de una norma, porque se trata de un nuevo acto legislativo susceptible de ser impugnado.

27. Al respecto conviene hacer una breve narración de los

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28709-255a5989/i-accion-de-inconstitucionalidad-supuesto-en-el-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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