I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR NORMAS LOCALES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 10 DE FEBRERO DE 2014 (LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO DEROGADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REGULACIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, COMO ES LA CREACIÓN DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN CONTRA DICHA DETERMINACIÓN, LA DEFINICIÓN DE SU MATERIA, LOS CRITERIOS PARA COMPUTAR EL PLAZO DE SU OPORTUNIDAD Y EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA SU RESOLUCIÓN, CORRESPONDE A NORMAS PROPIAS DE LA MATERIA PENAL. IV. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. ALCANCES DE LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN LA MATERIA. V. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). VI. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LA REGULACIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, COMO ES LA CREACIÓN DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN CONTRA DICHA DETERMINACIÓN, LA DEFINICIÓN DE SU MATERIA, LOS CRITERIOS PARA COMPUTAR EL PLAZO DE SU OPORTUNIDAD Y EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA SU RESOLUCIÓN, CORRESPONDE A AQUÉLLA, POR LO QUE LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). VII. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LA REGLAMENTACIÓN LOCAL DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DESDE EL PUNTO DE VISTA ORGANIZACIONAL NO INVADE LA ESFERA RESERVADA A LA FEDERACIÓN EN ESA MATERIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). VIII. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. EL HECHO DE QUE UNA NORMA QUE ESTABLECE FACULTADES EN RELACIÓN CON LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS NO FIGURE DENTRO DE UN ORDENAMIENTO TÍPICAMENTE PROCESAL, NO ALTERA SU NATURALEZA PROCEDIMENTAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL QUE PRODUCE EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ENTRÓ EN VIGOR, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA PENAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE DEBERÁN APLICAR LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES AL ANALIZAR ALGUNO DE LOS ACTOS REGULADOS POR LAS NORMAS INVALIDADAS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ CON EFECTOS RETROACTIVOS QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 22/2017. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 5 DE MARZO DE 2020. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: PATRICIA DEL ARENAL URUETA.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de marzo de dos mil veinte, emite la siguiente:
SENTENCIA.
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 22/2017, promovida por el procurador general de la República en contra de los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la cual fue promulgada mediante el Decreto Número 147, publicado en el periódico oficial de la entidad el ocho de marzo de dos mil diecisiete.(1)
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.
1. Presentación de la demanda. El siete de abril de dos mil diecisiete,(2) mediante escrito exhibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Cervantes Andrade, en su carácter de procurador general de la República, promovió la presente acción de inconstitucionalidad.
2. El diez de abril de dos mil diecisiete, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo el escrito por recibido. Ordenó formar, registrar el expediente con el número 22/2017 y éste fue turnado al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento.(3)
3. El once de abril de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió la demanda, dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chiapas para que, como autoridades demandadas, rindieran sus respectivos informes dentro del plazo de quince días hábiles.(4) Este acuerdo se notificó al Poder Legislativo de Chiapas el día veintisiete de abril de dos mil diecisiete(5) y al Poder Ejecutivo el día siguiente.(6)
4. Conceptos de invalidez. El procurador general de la República esencialmente argumentó la falta de competencia de la autoridad local para legislar sobre el procedimiento penal. Ésta es una síntesis de sus principales alegatos:
• A su juicio, los artículos impugnados invaden la esfera competencial del Congreso de la Unión para legislar en materia procedimental. El artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que únicamente el Congreso de la Unión podrá legislar en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas.
• Éste es el resultado de una reforma a la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación, mediante decreto de ocho de octubre de dos mil trece, que pretendió homologar la legislación procesal penal, los mecanismos alternativos de solución de controversias y la ejecución de penas, para evitar distintas formas de procurar y administrar justicia en la materia.
• De conformidad con el artículo transitorio segundo de esta reforma constitucional, la legislación única en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas debió entrar en vigor en toda la República a más tardar el dieciocho de junio de dos mil dieciséis. Por su parte, el artículo tercero transitorio estableció que los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación procedimental penal serían concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos. Además, el cinco de marzo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales.
• En las acciones de inconstitucionalidad 12/2014, 107/2014 y 29/2015 el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los Congresos Locales ya no pueden legislar en materia procedimental penal, pues es competencia exclusiva del Congreso de la Unión.
• Además, en la acción de inconstitucionalidad 52/2015, la Suprema Corte se pronunció sobre la incompetencia de los Congresos Locales para regular aspectos inherentes al mecanismo a través del cual es posible impugnar las determinaciones ministeriales, pues este tema corresponde regularlo únicamente al Congreso de la Unión. En este precedente, el Pleno señaló que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales ya prevé la forma en que la víctima u ofendido por el delito podrán combatir la declaratoria de no ejercicio de la acción penal.
• En el caso, las normas impugnadas también regulan aspectos propios del procedimiento penal, pues regulan: 1) el medio de impugnación que procede cuando el Ministerio Público no decreta el ejercicio de la acción penal, 2) el plazo para ello y 3) qué autoridad debe conocer y resolver el asunto, a saber, el fiscal jurídico. Así, estas disposiciones contravienen el mandato constitucional, según el cual los Estados deben abstenerse de regular esta materia.
• Además, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales(7) ya regula el tema que abordan las disposiciones impugnadas. Este artículo del código nacional prevé (i) el mecanismo para impugnar la determinación del Ministerio Público de no ejercer la acción penal, (ii) el plazo para ello, que es de diez días, a partir de que es notificada la resolución y (iii) la autoridad que debe conocer y resolver el asunto, esto es, el Juez de Control.
• Dada la confusión que generan ambas normas, los artículos impugnados vulneran los principios de certeza y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la Constitución. No se tiene certeza sobre cuál es el mecanismo que las personas deben poner en marcha contra una determinación de no ejercicio de la acción penal. Además, propicia inseguridad jurídica tanto a los justiciables como a los operadores de la norma.
• Finalmente, el promovente solicita que se declare la invalidez de las normas impugnadas y que, además, se fijen con precisión los efectos retroactivos que deben operar por ser materia penal.
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas. Por escrito remitido a través del servicio postal Correos de México el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete(8) y recibido el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, rindió su informe el consejero jurídico del Gobierno de Chiapas, en representación del Poder Ejecutivo de la entidad.
6. En su informe, el consejero jurídico indicó que las normas impugnadas fueron derogadas mediante el Decreto Número 171, que se publicó el diez de mayo de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial No. 294. Argumentó que, a la luz de esa información, la acción debía ser considerada improcedente porque habían cesado los efectos de las normas generales impugnadas. Todo ello, en términos de lo previsto por los artículos 19, fracción V,(9) 20, fracción II,(10) 59(11) y 65, párrafo primero,(12) todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7. Para apoyar este argumento, el consejero citó las tesis de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA.",(13) "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA."(14) y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA ESTIMAR ACTUALIZADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA, DEBE ANALIZARSE EL DERECHO TRANSITORIO QUE RIGE LA REFORMA."(15)
8. Informe del Poder Legislativo del Estado de Chiapas. Por escrito remitido a través del servicio postal Correos de México el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete(16) y recibido ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, con el carácter de representante legal de la Legislatura de la entidad, rindió su respectivo informe.(17)
9. El representante del Poder Legislativo esencialmente argumentó lo siguiente:
• En términos de la fracción I del artículo 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, es facultad del Congreso Local legislar en las materias que no están reservadas al Congreso de la Unión, así como aquellas en que existan facultades concurrentes, de acuerdo con el Pacto Federal.
• El Decreto Número 147 que aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas fue dictado en pleno cumplimiento de las formalidades legales y con el objeto de establecer la organización y funcionamiento de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Éste fue emitido por autoridad competente, la cual fundamentó y motivó su acto adecuadamente.
• Las normas impugnadas ya fueron derogadas, por lo que procede sobreseer la acción de inconstitucionalidad. Se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 19, fracciones V y VIII, en relación con los numerales 20, fracción II, 25 y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• A juicio del representante de la autoridad responsable, la existencia de un nuevo acto legislativo es innegable. Éste genera un impacto sustancial y material en la norma de la cual se desintegra.
• El representante citó los criterios de jurisprudencia de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES DEROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE CESARON SUS EFECTOS POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO."(18) y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA."(19)
10. Por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes solicitados, en representación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chiapas. También tuvo por cumplido el requerimiento formulado por acuerdo de once de abril de dos mil diecisiete.
11. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de quince de junio de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidos los alegatos formulados por el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República. Esencialmente argumentó que no se actualizaba la causal de improcedencia por cesación de efectos, pues la norma impugnada es de naturaleza penal. Para apoyar este argumento citó la tesis aislada de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA."(20)
12. Desahogado el trámite legal correspondiente y la etapa de presentación de alegatos, se declaró cerrada la instrucción del asunto.(21)
II. COMPETENCIA.
13. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al presentar la demanda,(22) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el procurador general de la República plantea la posible contradicción entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una norma perteneciente a la legislación secundaria del Estado de Chiapas.
III. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA.
14. La parte actora impugnó los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, publicada mediante el Decreto Número 147, en el periódico oficial de la entidad el ocho de marzo de dos mil diecisiete.
IV. OPORTUNIDAD.
15 El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(23) (de ahora en adelante "ley reglamentaria de la materia") dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial.
16. En el caso, el procurador general de la República impugnó la porción normativa que ya ha sido identificada y que fue publicada en el periódico oficial de la entidad el ocho de marzo de dos mil diecisiete, por lo que el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad transcurrió del jueves nueve de marzo de dos mil diecisiete al viernes siete de abril del mismo año. La parte actora presentó la acción de inconstitucionalidad el siete de abril de dos mil diecisiete,(24) por lo que este Tribunal Pleno advierte que el requisito de oportunidad se satisface.
V. LEGITIMACIÓN
17. La acción de inconstitucionalidad que ahora se analiza fue promovida en contra de una norma prevista en una ley de carácter estatal, por un sujeto legitimado para ello, de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal anterior a la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce y vigente al momento de la presentación de la demanda, por virtud de lo dispuesto en el artículo décimo sexto transitorio del decreto de reforma respectivo:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma por:
"...
"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; ..."
18. En el caso, la acción fue suscrita por Raúl Cervantes Andrade, entonces procurador general de la República, quien acreditó ostentar tal carácter con copia certificada del nombramiento expedido el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obra agregado en autos.(25) En consecuencia, el accionante se encuentra facultado para promover la acción de inconstitucionalidad.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.
19. En los informes justificados presentados por los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chiapas, las autoridades demandadas argumentaron que se actualizaba la causal de improcedencia de cesación de efectos de la norma impugnada, prevista por el artículo 19, fracciones V y VIII,(26) en relación con los numerales 20, fracción II,(27) 25,(28) y 65,(29) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Indicaron que el diez de mayo de dos mil diecisiete se publicó el Decreto 171 en el Periódico Oficial No. 294, por virtud del cual se derogaron las normas ahora impugnadas. Ellas consideran que esta reforma dio lugar a un nuevo acto legislativo y, por tanto, solicitan que este Pleno decrete el sobreseimiento de la presente acción de inconstitucionalidad.
20. Este Pleno advierte que, efectivamente, las normas impugnadas fueron derogadas mediante el Decreto 171, publicado en el Periódico Oficial No. 294 el día diez de mayo de dos mil diecisiete. Incluso, vale la pena destacar que este decreto sólo contiene un "artículo único" cuyo efecto fue derogar precisamente los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. En las consideraciones que dieron sustento al decreto, se señaló que la derogación obedecía a la necesidad de ajustar la legislación local al Código Nacional de Procedimientos Penales.(30)
21. No obstante ello, el Pleno considera que no se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos, prevista por el artículo 19, fracción V, en relación con el numeral 65 de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de lo siguiente:
22. De acuerdo con el criterio general del Tribunal Pleno, la acción de inconstitucionalidad es improcedente cuando cesan los efectos de la norma impugnada.(31) Sin embargo, ello no es así cuando este Tribunal vislumbra la posibilidad de dar efectos retroactivos a una eventual declaratoria de invalidez. En términos del artículo 45 de la ley reglamentaria, esto puede ocurrir cuando las normas impugnadas sean de carácter penal. Por tanto, en esos casos, aun cuando la norma haya sufrido una modificación legislativa e incluso haya sido derogada, no procede sobreseer.(32)
23. En el caso, es posible caracterizar las normas impugnadas como propias de la materia penal, pues regulan aspectos relacionados con el no ejercicio de la acción penal; concretamente (i) crean un medio de impugnación contra el no ejercicio de la acción penal; (ii) definen su materia; (iii) establecen los criterios para computar el plazo de oportunidad; y (iv) otorgan facultades para su resolución. Además, se vislumbra la posibilidad de dar efectos retroactivos a una eventual declaratoria de invalidez. Aunque las normas solo estuvieron en vigor poco más de dos meses, hubo condiciones jurídicas para su aplicación durante ese breve periodo.(33)
24. En consecuencia, al ser posible emitir un fallo con efectos retroactivos, no se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos y, por tanto, este Tribunal Pleno procede a analizar el fondo del asunto.
VII. ESTUDIO DE FONDO.
25. Este Tribunal Pleno estima que es fundado el concepto de invalidez hecho valer por la parte actora: las normas impugnadas regulan aspectos procedimentales propios de la materia penal y, por tanto, el Congreso Estatal ha invadido competencias reservadas al Congreso de la Unión. A continuación se desarrollan las razones que explican esta conclusión:
26. No es la primera vez que el Pleno debe pronunciarse sobre la validez de normas locales que se tildan de inconstitucionales por versar sobre aspectos procesales penales y, por tanto, presuntamente invadir esferas competenciales exclusivamente reservadas a la Federación. A continuación, retomamos la doctrina que este Pleno ha desarrollado en un ya significativo número de casos:
Interpretación de la Suprema Corte del artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
27. En primer lugar, es necesario entender los alcances de la facultad exclusiva del Congreso de la Unión en materia procesal penal. El artículo 73, fracción XXI, inciso c), establece:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXI. Para expedir:
"...
"c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común."
28. Esta norma fue reformada el ocho de octubre de dos mil trece, en el marco de una compleja modificación del sistema penal mexicano que sentó las bases para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio. Para uniformarlo, se estableció que únicamente el Congreso de la Unión sería competente para legislar en materia de procedimientos penales, mecanismos alternos de solución de controversias y ejecución de sanciones.
29. De acuerdo con los motivos expuestos por el Poder Constituyente Permanente, esta limitación a la libertad configurativa local obedece a la finalidad de homologar las normas aplicables a todos los procesos penales en una sola regulación nacional que permita uniformidad y operatividad en el nuevo sistema de justicia penal a nivel nacional. Ésta es la motivación que se desprende de las discusiones que dieron cauce al proceso legislativo, reflejadas a través de los distintos dictámenes presentados en las Cámaras de Diputados y de Senadores (negritas añadidas), y que se transcriben a continuación:
Dictamen de la Cámara de Senadores. Origen.
"...
"A la fecha, la diversidad de ordenamientos penales, en particular en el aspecto procedimental, obedece al hecho de que, tanto la Federación, como los Estados y el Distrito Federal, cuentan con la facultad para legislar en esta materia en el ámbito de sus respectivas competencias, lo que ha generado estructuras y modos diferentes para llevar a cabo el enjuiciamiento penal, la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como en la ejecución de las penas.
"...
"En vista de lo anterior, estas comisiones dictaminadoras coinciden con lo expuesto en la iniciativa, cuando señala que resulta necesario que las instituciones de procuración e impartición de justicia cuenten con un sistema de justicia penal acorde con la realidad del país, armónico y homogéneo en cuanto al diseño procedimental, a fin de generar una mayor uniformidad y coherencia en la forma en que se desahogan los procedimientos penales, en la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias, así como en la ejecución de las penas.
"...
"Por lo anterior, se comparten las razones que se expresan en la exposición de motivos de la iniciativa presentada el 14 de febrero de 2013, por el senador Roberto Gil Zuarth, cuando sostiene: Ahora bien, entre aquellas entidades donde ya se han realizado las modificaciones normativas necesarias y, por lo tanto, ya se han expedido nuevos códigos de procedimientos penales, se observan importantes diferencias que van desde la estructura misma de los códigos hasta la forma de concebir ciertas instituciones previstas en la Constitución. Tal dispersión de criterios legislativos se observa, entre otros, en torno a los siguientes aspectos:
"• No hay claridad sobre la naturaleza y la función del proceso penal y su vinculación con el derecho penal sustantivo.
"• Falta uniformidad de criterios sobre las etapas del procedimiento penal ordinario, sobre cuáles son y, por ende, cuándo empieza y cuándo termina cada una de ellas.
"• Por razón de lo anterior, hay diversidad de criterios sobre los momentos procedimentales en que deben ser observados los derechos, principios y garantías procesales previstos en la Constitución.
"• No hay equilibrio entre la fase de investigación y la del proceso, pues se le resta importancia a lo que tradicionalmente se conoce como averiguación previa o etapa de investigación de los delitos y, por ello, se prevé de manera escasa el uso de técnicas modernas de investigación.
"• No se observa una clara delimitación entre la acción penal pública y la acción penal privada, como tampoco hay uniformidad sobre los casos y las condiciones en que esta última debe proceder.
"• Falta igualmente uniformidad en torno a los casos y las condiciones en que debe proceder la aplicación de criterios de oportunidad o de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
"• No hay claridad sobre si la nueva categoría procesal, auto de vinculación a proceso, es diferente o no al tradicional auto de formal prisión y al auto de sujeción a proceso, y si sus requisitos son diferentes o no.
"• Tampoco hay claridad sobre los requisitos materiales para el ejercicio de la acción penal, la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso.
"• Igualmente falta consenso sobre si, de acuerdo con la reforma de 2008 al artículo 20 constitucional, procede o no la libertad provisional bajo caución, como un derecho del procesado para ciertos casos.
"• Con relación a los medios probatorios, se produce cierta confusión sobre los términos a utilizar (datos, medios, elementos de prueba), y si sólo puede hablarse de ‘prueba’ cuando ésta haya sido desahogada en la audiencia de juicio y no antes.
"• No hay uniformidad respecto de los requisitos materiales de la sentencia condenatoria y de los presupuestos para la imposición de una pena, como tampoco los hay sobre los criterios para la individualización judicial de la pena;
"• Se observa diversidad de criterios sobre los medios de impugnación en el proceso penal acusatorio, cuáles deben ser y cuándo proceder;
"• Lo mismo sucede con los procedimientos penales especiales; entre otros.
"Las distorsiones y brechas normativas que se observan entre las entidades federativas ponen sobre relieve, por un lado, que en la actualidad existen diferencias procedimentales que impactan en la calidad de justicia que recibe la ciudadanía y, por el otro, que la ausencia de una pauta nacional ha provocado que la interpretación e implementación del modelo acusatorio, en general, quede a discreción de las autoridades locales.
"Lo cierto es que, a diferencia de otros países que cuentan con una sola jurisdicción, en México, el proceso de implementación de un nuevo sistema de justicia resulta ser una tarea de especial complejidad pues implica lidiar con una doble jurisdicción, federal y local. Y, en este último ámbito, tal como ha sido argumentado, con un cúmulo de criterios diversos, e incluso encontrados, respecto de contenidos constitucionales.
"Ahora bien, conceder al Congreso de la Unión la facultad de emitir una ley nacional en materia de procedimientos penales no implica modificar el arreglo jurisdiccional existente.
"Es decir, se dejan a salvo las facultades, tanto de la Federación como de las entidades, para legislar en materia sustantiva penal y, desde luego, para sustanciar los procedimientos que recaigan en sus respectivas jurisdicciones."
Dictamen de la Cámara de Diputados (revisora)
"b) Materia procesal penal y la facultad del Congreso
"En el inciso ‘c’, se establece lo trascendental de esta reforma, dado que ahí se le otorgan las facultades para legislar en materia procesal penal unificada para toda la república.
"En este rubro, es necesario mencionar que desde hace varias décadas prevaleció el sistema penal inquisitorio en nuestro país, durante la vigencia del mismo, se llegaron a presentar dentro de la práctica diversas percepciones que fueron deteriorando este sistema.
"Es por ello, que el año del 2010, se transformó el sistema inquisitorio a un sistema acusatorio basado en los principios de oralidad, debido proceso, inmediatez, publicidad entre otros, así a través de ello, se busca el perfeccionamiento del control constitucional ante la problemática penal, pretendiendo eliminar pésimas prácticas y con el objetivo la pretensión primordial de lograr un verdadero respeto de los Derechos Humanos que nuestra Carta Magna establece.
"Contar con un sistema procesal penal que dé certidumbre, eficacia y transparencia, es la pretensión de cada uno de los legisladores que integramos esta comisión, cuya finalidad es dotar a nuestra nación con una estructura penal óptima, para lograr esto se deben realizar todas las adecuaciones normativas necesarias. Se tiene claro que el tema es complicado, por esa complejidad es que la reforma constitucional publicada en el DOF, el 18 de junio del 2008, estableció en su parte transitoria que el sistema acusatorio tendría ocho años a partir del día siguiente de su publicación para que entraran en vigor estas reformas, es decir, que en el 2016, se tendría que tener unificado todos los sistemas penales de nuestro país.
"En este rubro el proyecto que contiene la minuta en dictamen es una parte coyuntural que las acciones que permitan logar los objetivos del sistema acusatorio penal, por ello, los diputados integrantes de esta comisión afirmamos categóricamente que al contar con las facultades para legislar en materia procesal penal es construir con bases sólidas un Estado de derecho óptimo en su ejercicio.
"...
"Qué elementos aportaríamos al quehacer jurídico al legislar en materia procesal penal única, serían básicamente los siguientes:
"• Todo el sistema legal estaría bajo la regla de legalidad en todo el país, se estarían inhibiendo las actuaciones arbitrarias del juzgador dado que se tendría una aplicación de criterios homogéneos y coherentes.
"• Se tendría una especial atención para el equilibrio de los intereses de las partes dentro del proceso.
"• Una buena marcha en el desarrollo de la justicia procesal, característica del proceso acusatorio.
"• Se consagra la reforma en materia de oralidad y de publicidad en las actuaciones.
"• Ayuda a la operatividad del nuevo sistema penal.
"• Se desarrollaría con vehemencia lo relativo a los principios de lealtad y probidad en el debido proceso.
"• La adecuada sistematización y homogeneidad de los criterios legislativos y judiciales.
"• Certeza jurídica para el gobernado.
"• Un posible abatimiento en la corrupción y en la impunidad dado que se podrá reducir cualquier coyuntura legal derivada de la diversidad de normas."
30. Como se puede apreciar, estos documentos legislativos revelan que existía preocupación entre los legisladores respecto a las discrepancias que notaban en los ordenamientos emitidos por las entidades federativas para implementar el sistema acusatorio. Por ello, a lo largo de su discusión, pusieron énfasis en la necesidad de aspirar a la homogeneidad.
31. Es importante dejar claro que el Congreso de la Unión hizo uso de sus atribuciones al expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales el cinco de marzo de dos mil catorce. Estableció que su entrada en vigor debía darse de manera gradual. Concretamente, de acuerdo con su régimen transitorio, la legislación única procesal penal debe entrar en vigor en las entidades federativas de acuerdo con lo que cada una de las Legislaturas Locales establezca a través de una declaratoria, pero sin exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis.(34)
32. El artículo 2o. del referido código nacional señala que su objeto es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29887-a8db3378/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-procurador-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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