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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR NORMAS LOCALES (LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO "LA SOMBRA DE ARTEAGA" EL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LOS ESTADOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCAN UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTOS EN LOS QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO DEROGADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 5, 91, FRACCIÓN I, 116, 117 Y 131, FRACCIONES II Y VII, DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CONTENIDOS EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO [ARTÍCULOS 17, FRACCIÓN II; 28, FRACCIÓN X; 30, TERCER PÁRRAFO; 33, (EXCEPTO EL PENÚLTIMO PÁRRAFO); 35; 37; 48; Y 121 DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CONTENIDOS EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS]. VIII. FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO DEBE VERIFICARSE EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. SUS FORMALIDADES Y ESTÁNDARES (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE REFORMÓ Y DEROGÓ DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. FASES QUE LO COMPONEN. XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. LAS SESIONES DE LAS COMISIONES SERÁN VÁLIDAS, CUANDO EL PRESIDENTE DECLARE SU APERTURA Y ASISTA LA MAYORÍA DE SUS INTEGRANTES, PREVIA CONVOCATORIA, YA SEA POR ESCRITO O VÍA ELECTRÓNICA Y AL MENOS CON DOS DÍAS DE ANTICIPACIÓN A SU CELEBRACIÓN (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE REFORMÓ Y DEROGÓ DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL QUE DIO ORIGEN A LA NORMA IMPUGNADA NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE DEBIDO PROCESO, LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y DELIBERACIÓN PARLAMENTARIA (LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). XIV. DERECHOS HUMANOS. LAS LEGISLATURAS LOCALES, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, ESTABLECERÁN ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE ÉSTOS, LOS QUE CONOCERÁN DE QUEJAS EN CONTRA DE ACTOS U OMISIONES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA PROVENIENTES DE CUALQUIER AUTORIDAD O SERVIDOR PÚBLICO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. XV. DEFENSORÍA DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO. LA FACULTAD DE LA LEGISLACIÓN LOCAL RESPECTIVA PARA REMOVER AL SECRETARIO EJECUTIVO DE DICHO ORGANISMO, VULNERA EL ARTÍCULO 102, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL AFECTAR LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN DE AQUÉLLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 33, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). XVI. RECOMENDACIONES DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS. LA FACULTAD DE LOS PODERES LEGISLATIVOS DE LOS ESTADOS O DE LA FEDERACIÓN PARA LLAMAR A COMPARECER A LAS AUTORIDADES QUE SE NIEGAN A CUMPLIR AQUÉLLAS, NO ES DE EJERCICIO OBLIGATORIO (ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE). XVII. ORGANISMOS PROTECTORES DE LOS DERECHOS HUMANOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TIENEN VEDADO CONFIGURAR EL ESQUEMA DE FACULTADES Y PROHIBICIONES DISEÑADOS EN EL APARTADO B DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE LOS ARTICULAN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 106 DE LA LE

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 101/2015 Y SUS ACUMULADAS 102/2015 Y 105/2015. · Registro digital (IUS): 29999
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-08-06
Promovente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo I, Pág. 336.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 101/2015 Y SUS ACUMULADAS 102/2015 Y 105/2015. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE QUERÉTARO Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 12 DE MARZO DE 2019. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: DAVID GARCÍA SARUBBI.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de marzo de dos mil diecinueve emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelven las acciones de inconstitucionalidad 101/2015 y sus acumuladas 102/2015 y 105/2015, promovidas por la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de las cuales se impugnan diversos preceptos de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

Demanda de la Procuraduría General de la República (acción de inconstitucionalidad 101/2015). Por escrito presentado el dos de octubre de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la titular de la Procuraduría General de la República interpuso acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 33, 35 y 131, fracciones II y VII, de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el tres de septiembre de dos mil quince.

En su demanda, la accionante señaló como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad y señaló como preceptos constitucionales vulnerados los contenidos en los artículos 16, 102, apartado B, quinto párrafo y 116, primer párrafo.

Conceptos de invalidez. En su demanda la procuradora general de la República formuló un único concepto de invalidez, con los argumentos que se proceden a sintetizar:

a) Único. Violación de los artículos 33, 35 y 131, fracciones II y VII, de la Ley de Derechos Humanos a los artículos 16 y 102, apartado B, párrafo quinto, y primer párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Los dispositivos impugnados establecen tanto los mecanismos de designación del visitador general y del secretario técnico de la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, como de remoción. En específico, establecen que serán designados por mayoría calificada de los integrantes de la Legislatura, a propuesta del presidente de la defensoría, quien, para tal efecto, deberá sugerir a tres candidatos quienes deben cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en la ley, requisitos que la propia Legislatura determina si se cumplen o no. Por su parte, ambos pueden ser removidos por la Legislatura mediante el procedimiento de remoción establecido para el presidente por incurrir en algunas de las causas graves que la propia ley prevé y, por tal motivo, atentan contra la autonomía que gozan los organismos de protección de los derechos humanos.

c) Los dispositivos impugnados son inconstitucionales, pues tanto el visitador general como el secretario ejecutivo, son servidores públicos que tienen funciones de carácter operativo y orgánico dentro de la defensoría.

d) En la exposición de motivos de la reforma en materia de derechos humanos del diez de junio de dos mil once se tuvo como propósito, entre otros, fortalecer la autonomía de los organismos protectores de los derechos humanos dotándolos de mayores facultades a efecto de incrementar la eficacia y efecto de sus resoluciones y recomendaciones, lo cual guarda relación con el artículo 102, apartado B, párrafo quinto, de la Constitución Federal.

e) Atendiendo al sistema cuasijurisdiccional de protección de derechos humanos, la reforma constitucional tuvo dos ejes fundamentales: i) ampliar la competencia del ombudsman; y, ii) elevar a rango constitucional el principio de autonomía de todos los organismos que componen el sistema de ombudsman de las entidades federativas.

f) A continuación, la accionante destaca la jurisprudencia de esta Suprema Corte sobre órganos constitucionales autónomos y subraya que éstos tienen tres características, a saber, cuentan con autonomía e independencia funcional y orgánica; no están subordinados a ninguno de los tres Poderes y atienden funciones primarias del Estado en beneficio de la sociedad.

g) El legislador del Estado de Querétaro creó la Defensoría de los Derechos Humanos, la cual está prevista en el artículo 33, apartado A, de la Constitución Local, siendo ésta un organismo autónomo encargado de la protección de los derechos humanos.

h) La estructura interna de la defensoría local se reglamenta a través de la Ley de Derechos Humanos, la cual está conformada entre otros órganos por la secretaría ejecutiva y la visitaduría general, y el nombramiento de sus titulares, así como su remoción se encuentra a cargo de la Legislatura Local, lo cual coloca a la defensoría en una situación de dependencia frente al Congreso Local, impidiendo que goce de plena autonomía como lo mandata el artículo 102, apartado B, párrafo quinto, de la Constitución Federal.

i) La atribución de nombrar y remover a los titulares de los órganos (secretaría ejecutiva y la visitaduría general) constituye una intromisión en la organización y funcionamiento de la defensoría.

j) Es comprensible que el legislador local designe y en su caso remueva al presidente de la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, pero "no se entiende porqué al Congreso de la entidad se asignó la facultad de nombrar y remover a los titulares de los órganos internos de la defensoría, en tanto que se trata de funcionarios que tienen atribuidos funciones propias al interior del organismo defensor de los derechos humanos."

k) El nombramiento y asignación de los cargos de secretario ejecutivo y visitador general no son atribuciones propias del Congreso Local en la medida de que no son necesarias para el buen desarrollo de la actividad legislativa, razón por la cual no se cumple con la característica fundamental de autonomía e independencia de los poderes primarios.

l) El Congreso del Estado de Querétaro se arrogó de una atribución que no le es propia; argumenta que su intervención en la designación y remoción de los titulares de los órganos internos de la defensoría no es necesaria para la consecución de sus funciones como autoridad legislativa, ni tampoco esa atribución está prevista en la Constitución Federal o Local a favor del Poder Legislativo.

m) Al establecerse a favor del Poder Legislativo Local la atribución para intervenir en el nombramiento de los funcionarios que son parte de la estructura orgánica de la defensoría, no sólo se violenta dicha autonomía sino que se contradice el sentido y fin del principio de división de órganos de poder, por lo que debe declararse la invalidez de los artículos 33 y 35 de la Ley de Derechos Humanos.

n) Las características que deben guardar los órganos constitucionales autónomos son los de: i) inmediatez, ii) esencialidad, iii) dirección política, iv) paridad de rango, v) autonomía; e, vii) (sic) inmunidad.

o) Con el contenido de las fracciones II (negativa injustificada para iniciar procedimiento de queja de algún ciudadano) y VII (remoción del cargo del presidente, secretaría técnica y visitaduría general, por ausencia laboral de más de tres días sin justificación) del artículo 131 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, el Poder Legislativo Local pretende ejercer una atribución que sitúa a la defensoría de derechos humanos local en grado de subordinación respecto al Poder Legislativo.

p) El supuesto de remoción del cargo ante la negativa injustificada de una queja ciudadana (fracción II) es inconstitucional porque faculta al Congreso Local a pronunciarse sobre una función que sólo le corresponde al órgano especializado en la defensa de derechos humanos. De tal suerte que el Congreso de Querétaro se inmiscuye en una facultad constitucional que no le corresponde.

q) La promovente continúa y afirma que el supuesto de remoción por ausencia de más de tres días (fracción VII), es inconstitucional, pues refleja la falta de autonomía del órgano en su organización interna. Luego, lo que el legislador local pretendió establecer fue un control respecto de los principales integrantes de la defensoría.

Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar la acción relativa con el número 101/2015, así como ordenar el turno del asunto al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del asunto.

Demanda de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (acción de inconstitucionalidad 102/2015). Por escrito presentado el dos de octubre de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos interpuso acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el tres de septiembre de dos mil quince.

En su demanda, la accionante señaló como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad y señaló como preceptos constitucionales vulnerados los contenidos en los artículos 1o., 13, 14, 73, fracción XXIX-V, 102, apartado B y 133 de la Constitución Federal, así como los artículos 1, 2, 8 y 28 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La defensoría formuló seis conceptos de invalidez, los cuales se procede a sintetizar:

Primero. Alega la invalidez de la totalidad de la ley, al violarse las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, con base en los siguientes razonamientos.

a) Deben observarse ciertos principios y reglas que garanticen un debido proceso de formación normativa que procure la democracia deliberativa.

b) El procedimiento legislativo precedió a la emisión de la norma general, el cual se encuentra viciado por tres razones fundamentales: i) la iniciativa presentada por el diputado Alejandro Cano Alcalá fue sometida verbalmente para su análisis y discusión a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública el 10 de febrero de 2015 sin que ésta se haya analizado cabalmente, ya que en esa misma se aprobó el dictamen de la iniciativa, lo que demuestra que los integrantes de la comisión dictaminaron un proyecto de ley que no conocían; ii) el dictamen de 10 de febrero de 2015 aprobado por la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública omitió analizar las iniciativas tanto del diputado Alejandro Cano Alcalá como aquella presentada por la propia Defensoría de Derechos Humanos, ya que no se acredita que ninguna fue estudiada ni deliberada en dicha Comisión; y, iii) la Comisión legislativa citada violó el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Querétaro, pues no permitió deliberar en ninguno de los dos dictámenes (diez de febrero y once de mayo de dos mil quince, siendo uno de los autores de las iniciativas la misma defensoría, al contar con la facultad de iniciativa en el artículo 18 de la Constitución Local).

c) Se violaron los artículos 19, 40 y 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, ya que no se cumplió a cabalidad con el procedimiento legislativo, ya que no se cumplió con la obligación de invitar al autor de la iniciativa a participar al debate, esto es, a la propia defensoría.

d) De las constancias que conforman el procedimiento legislativo no se advierte que haya sido sometido el análisis y discusión de los integrantes de la comisión las diversas iniciativas, razón por la cual, carece de motivación. Ello lo comprueba luego de analizar los dos dictámenes emitidos por dicha comisión. El primero es del diez de febrero de dos mil quince, en el cual se informa de la acumulación de dos iniciativas en la misma materia, entre ellas, la presentada por la defensoría y el segundo del once de febrero de dos mil quince y atiende a las observaciones que el Poder Ejecutivo Local formuló al decreto aprobado por la Legislatura el 13 de marzo de ese mismo año.

e) Por otra parte, la accionante afirma que si bien se extendió invitación al titular de la defensoría local de derechos humanos para asistir a la sesión en que se votó el dictamen, esta no fue idónea para lograr una participación informada. Alega que la invitación tiene que ser previa e informada, esto es, con el traslado de todos los documentos relevantes y de buena fe.

f) En efecto, la accionante insiste que la invitación que se le extendió no fue realizada en las condiciones ideales para que dicha defensoría pudiera emitir su opinión sobre el dictamen en forma previa a su aprobación, ya que nunca tuvo conocimiento del contenido del dictamen. Luego, al no existir deliberación previa a la aprobación del contenido del dictamen, no se generó el espacio para participar como autor de la iniciativa, violándose con ello el contenido del artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.

Segundo. Debe declararse la inconstitucionalidad del título sexto de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, pues la Legislatura Local carece de competencia para emitir disposiciones que tengan por objeto establecer las causas graves para la remoción del presidente, secretario ejecutivo y visitador general, de la Defensoría de los Derechos Humanos.

g) Lo anterior, atendiendo a que, corresponde a la Federación establecer el catálogo de faltas administrativas graves, porque atiende a un principio de congruencia que pretende evitar que cada Legislatura Local establezca un catálogo distinto e indiscriminado de infracciones graves, como las referidas en el artículo 131; por tanto, el referido título sexto de la ley debe declarase contrario al artículo 73, fracción XX-V, de la Constitución Federal, debiendo expulsarse del ordenamiento jurídico los artículos 122 a 131 de la referida ley.

Tercero. Debe declararse la inconstitucionalidad del artículo 131, fracciones IV y VII, de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, relativo a las causas graves por las cuales puede ser removido el presidente de la defensoría, pues las infracciones carecen de congruencia y proporcionalidad, con lo que se vulnera la autonomía de la defensoría.

h) Inconstitucionalidad de la fracción IV. Al respecto se dice que la ley establece un procedimiento privativo, en el que el Congreso Local se erige como un tribunal especial para remover al presidente de la defensoría, además de que la Legislatura carece de competencia para emitir disposiciones que tengan por objeto establecer las causas graves para la remoción del presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de la entidad. Precisa que es incongruente que la norma impugnada contemple la posibilidad de remover al presidente de la defensoría cuando este haya sido condenado por la comisión de un delito, pues para que exista la condena referida, es condición necesaria que el servidor público primero sea separado de su encargo a través de la declaratoria de procedencia correspondiente.

i) Inconstitucionalidad de la fracción IX. Los artículos vulneran los artículos 13, 14, 16 y 22 de la Constitución Federal, al establecer un procedimiento privativo, en la que el Congreso Local se erige como un tribunal para remover al presidente de la defensoría y la Legislatura carece de competencia para emitir disposiciones que tengan por objeto establecer las causas graves para la remoción del presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos.

Cuarto. Debe declararse la inconstitucionalidad de los artículos 33, 35 y 37 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, relativos a la designación del visitador general y del secretario ejecutivo por la Legislatura Estatal, pues se vulnera el principio de autonomía de gestión del organismo local e incumplen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

j) Los artículos impugnados se traducen en una limitación injustificada de la autonomía de la Defensoría de los Derechos Humanos, la designación del visitador general y del secretario ejecutivo impide que el organismo ejerza plenamente su autonomía porque admite la posibilidad de que los servidores públicos propuestos sean rechazados o no alcancen la votación requerida, vulnerando con ello el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal.

Quinto. Debe declararse la inconstitucionalidad de los artículos 17, fracción II, 116 y 117 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro impugnada, relativos a la competencia de la defensoría para conocer de actos discriminatorios entre particulares, ya que vulnera la competencia otorgada por el Constituyente Permanente para investigar quejas en contra de servidores públicos y autoridades por violaciones a derechos humanos de naturaleza administrativa.

k) Se transgrede el contenido al artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, pues la norma general impugnada omite tomar en consideración la competencia que expresamente le otorgó el constituyente permanente en conocer de procedimientos de queja provenientes de servidores públicos o autoridades estatales y no por particulares.

Sexto. Inconstitucionalidad de los artículos 91, fracción I, 95 y 106 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, relativos a las recomendaciones y acuerdos de responsabilidad, ya que vulneran los principios de presunción de inocencia, garantía de audiencia y se transgrede la competencia otorgada por el Constituyente Permanente a los Congresos Locales para que citen ante el Pleno a los servidores que incumplan las resoluciones.

l) Las normas impugnadas establecen que los acuerdos de responsabilidad deben contener una aceptación expresa acerca de la violación cometida por el servidor público y en caso de incumplimiento deberán comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública de la Legislatura, para expresar las razones por las cuales decidieron no aceptar el acuerdo de responsabilidad, lo cual es inconstitucional, pues el deber de aceptar la resolución que emita la defensoría y la obligación de comparecer ante la Legislatura de la entidad en caso de incumplimiento, surte efectos, únicamente cuando el organismo protector de derechos humanos emite una recomendación. De tal suerte que las disposiciones impugnadas vulneran el principio de presunción de inocencia y garantía de audiencia, pues obligan a que se le impute a cualquier servidor público una irregularidad de carácter administrativo.

m) La inconstitucionalidad también se comprueba, pues si el destinatario acepta el acuerdo de responsabilidad y lo incumple, es obligado a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública de la Legislatura, contraviniendo con ello el artículo 102 apartado B, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que establece que dicha comparecencia es exclusiva para los servidores públicos o autoridades que no acepten o incumplan una recomendación.

n) De igual forma el artículo 106 del ordenamiento impugnado es inconstitucional. Dicho precepto establece que todo servidor público que incurra en desacato, deberá comparecer, primeramente ante la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública y que una vez escuchados los razonamientos, la comisión decidirá si lo cita para que sea el Pleno el que lo escuche y cuestione, lo cual es irregular, pues el servidor público comparecerá ante una comisión legislativa que no representa a la Asamblea en Pleno y tampoco refleja la participación de todas las fuerzas políticas que integran la Legislatura, con lo cual se debilita el control político consagrado en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal.

Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la demanda con el número 102/2015, y dada la identidad de leyes combatidas, ordenó su acumulación con la diversa acción 101/2015, por lo cual se ordenó su turno al mismo Ministro instructor.

Demanda presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (acción de inconstitucionalidad 105/2015). Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 5, 28, fracción X, 30, tercer párrafo, 33, 35, 48, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 y 131 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el tres de septiembre de dos mil quince.

En su demanda, la accionante señaló como órganos que emitieron y promulgaron las normas impugnadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Querétaro y precisó como preceptos constitucionales vulnerados a los artículos 1o., 6o., apartado A, fracciones I y II, 16, 102, apartado B y 133.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló los siguientes cinco conceptos de invalidez:

Primero. El artículo 5 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro es contrario a los artículos 102, apartado B, de la Constitución Federal, así como al principio de legalidad, al facultar al organismo local de protección de derechos humanos para emitir interpretaciones de las disposiciones legales.

a) El sistema de protección de derechos humanos no autoriza a los organismos de protección previstos en el artículo 102 de la Constitución Federal para realizar la interpretación de disposiciones legales, pues es una tarea del sistema jurisdiccional. Situación por la cual, la disposición impugnada se aleja de la función de protección de derechos humanos y del principio de legalidad aunado a que inhibe la actividad jurisdiccional, mediante interpretaciones legales que no son vinculatorias y carecen de ejecutabilidad.

Segundo. El artículo 28, fracción X, de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro es contrario a los artículos 1o., 102, apartado B y 133 de la Constitución Federal, al resultar opuesto al sistema de control constitucional y convencional que rige en el sistema jurídico mexicano, así como el principio de supremacía constitucional.

b) La norma impugnada resulta inválida, pues el sistema de control difuso (constitucional o convencional) se encuentra reservado al Poder Judicial, mientras que todo las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad.

c) El artículo impugnado autoriza al presidente de la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro a realizar el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad y, por tanto, resulta irregular.

Tercero. El artículo 30 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro es contrario al artículo 6o., apartado A, fracciones I y VIII, segundo párrafo, de la Constitución Federal, así como contrario al derecho de acceso a la información pública, al establecer que las actas del consejo de dicho organismo serán de carácter reservado.

d) El artículo 30 de la ley impugnada contradice directamente el Texto Constitucional en tanto establece un régimen de excepción no previsto por el artículo 6o. de la Constitución Federal, ya que dicho precepto constitucional sólo permite la reserva de la información cuando atenta contra el interés social o la seguridad nacional.

e) Así, el carácter de información reservada otorgado por la legislación impugnada a la información contenida en las actas de consejo, cuando ésta no atenta contra la seguridad nacional o contra el interés social resulta contrario a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expedida por el Congreso de la Unión en ejercicio de sus facultades constitucionales, en cuyo artículo 74 se dispone que las actas de las sesiones del consejo consultivo de los organismos de protección de derechos humanos de las entidades federativas serán públicas.

Cuarto. Los artículos 48 y 121 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro son contrarios a los artículos 6o., apartado A, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Federal, por contravenir el derecho de protección de datos personales.

f) En efecto, mientras que los artículos 6o. y 16 constitucionales reconocen el derecho a la protección de los datos personales, los artículos 48 y 121 de la ley combatida postulan como regla general la publicidad de los datos personales, condicionando su confidencialidad a que así lo solicite expresamente el titular de los datos.

g) Los artículos 48 y 121 de la ley impugnada al prever como requisito la existencia de una solicitud para que se decrete la confidencialidad de los datos personales vulneran justamente el derecho a la protección de datos personales, exponiendo a las personas a violación a su seguridad personal, especialmente, de las víctimas y testigos de violaciones a derechos.

Quinto. Los artículos 33, 35, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 y 131 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro son contrarios al artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, por contravenir el diseño constitucional de los organismos de protección de derechos humanos, el principio de autonomía, así como el sistema de responsabilidad de los servidores públicos.

En efecto, la accionante aduce que existe violación a la autonomía del organismo de protección de derechos humanos del Estado de Querétaro, mediante el establecimiento de la facultad para la designación por parte del Poder Legislativo Local del visitador general y del secretario ejecutivo, de conformidad con los artículos 33 y 35 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro.

h) Ello, pues con dicho mecanismo se atenta contra la independencia de la defensoría de derechos humanos, la que debe incluir la facultad de designación de sus estructuras, ya que se prevé que el Legislativo será quien designe por mayoría calificada de los integrantes de la Legislatura al secretario ejecutivo y al visitador general.

i) Los artículos impugnados atentan contra el desarrollo de los objetivos de la defensoría y condicionan su funcionamiento al permitir al Legislativo designar al secretario ejecutivo y al visitador general, los cuales tienen funciones torales y deben ser independientes de cualquier control político tanto en su actuación y designación, y cuyo nombramiento sólo debería corresponder al presidente del organismo local de protección de derechos humanos –el cual sí debe ser elegido por el Legislativo– con participación de la sociedad civil.

j) Por tanto, las normas impugnadas se distancian del principio de división de poderes, pues: i) prevén la elección de funcionarios que la Constitución Federal no señala; ii) el procedimiento de designación no se ajusta a una consulta pública; y, iii) la Constitución tampoco prevé la participación de otros poderes en la designación de tales funcionarios. De tal suerte que se rompe el equilibrio constitucional basado en los controles de poder.

Por otra parte, la accionante alega violación a la autonomía del organismo de protección de derechos humanos del Estado de Querétaro, mediante el establecimiento de la facultad del Legislativo para la remoción del presidente, secretario ejecutivo y visitador general.

k) Los artículos 122 al 131 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro se oponen al diseño constitucional de responsabilidades de los servidores públicos, al prever causas de remoción distintas y especiales para esos funcionarios. Es decir, son causales diferentes a las previstas para el resto de servidores públicos a las contenidas en la Constitución Local y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro.

l) El procedimiento de remoción se integra por determinación de la Legislatura ante causas estimadas como graves, o bien, por la propuesta formulada a petición de uno o varios ciudadanos, no obstante, carece de identidad –no distingue su naturaleza de juicio político o de procedimiento de responsabilidades administrativas– pues los medios de control constitucional implican el ejercicio de una función jurisdiccional llevada a cabo por un órgano político para remover de su cargo o inhabilitar al servidor público.

Por acuerdo de seis de octubre de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente con el número 105/2015, y al advertir relación de ésta con las acciones de inconstitucionalidad 101/2015 y 102/2015, decretó su acumulación, por lo que ordenó el turno al mismo Ministro instructor designado previamente.

Admisión y trámite. Por acuerdo de seis de octubre siguiente,(1) el Ministro instructor dio cuenta de las demandas de inconstitucionalidad, las admitió a trámite y tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Querétaro como las entidades que aprobaron, emitieron y promulgaron la Ley de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, por lo que les solicitó su informe en un plazo de quince días hábiles. Asimismo, se le dio vista a la procuradora general de la República para la formulación del pedimento correspondiente; se requirió al Congreso Local la remisión de los antecedentes legislativos de los decretos reclamados y se requirió al Ejecutivo L

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29999-f2f930c3/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-procurador-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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