I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS (CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). II. DELITOS ELECTORALES. FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR LOS TIPOS PENALES Y SUS SANCIONES (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 30, FRACCIÓN V, Y 198 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). III. DELITOS ELECTORALES. LAS PREVISIONES LOCALES, CONSISTENTES EN LA MEDIDA DE SEGURIDAD DE TRATAMIENTO INTEGRAL ESPECIALIZADO ENFOCADO A LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA Y LA TIPIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER, INVADEN LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULAR LOS TIPOS PENALES Y SUS SANCIONES (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 30, FRACCIÓN V, Y 198 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 30, FRACCIÓN V, Y 198 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS RETROACTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS PENALES A LA FECHA EN LA QUE ENTRARON EN VIGOR, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS CON FUNDAMENTO EN LAS NORMAS INVALIDADAS SE ENCUENTRAN VICIADOS DE ORIGEN, POR LO QUE, PREVIA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SE DEBERÁ APLICAR EL TIPO PENAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LOS HECHOS DELICTIVOS, SIN QUE ELLO VULNERE EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 30, FRACCIÓN V, Y 198 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 80/2019. COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 26 DE ABRIL DE 2020. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: MÓNICA JAIMES GAONA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de abril de dos mil veinte.
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correos de México y recibido el veinticuatro siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Néstor Manuel Armendáriz Loya, en su calidad de presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 30, fracción V y 198 del Código Penal del Estado de Chihuahua, publicados en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, el día quince de junio de dos mil diecinueve.
Señaló como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas al Congreso y gobernador, ambos del Estado de Chihuahua.
SEGUNDO.—Normas constitucionales y convencionales que se aducen violadas.
• Los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Los artículos 1o., 2o., 7o. y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
• Los artículos 3o., 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• Los artículos 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
TERCERO.—Texto de las normas cuya invalidez se solicita:
Código Penal del Estado de Chihuahua
"Artículo 30. Catálogo de medidas de seguridad.
"Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a este Código son:
"...
(Adicionada, P.O. 15 de junio de 2019)
"V. Tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia política."
(Reformado [N. de E. adicionado], P.O. 15 de junio de 2019)
"Artículo 198. A quien por sí, o a través de terceros, por medio de cualquier acción u omisión realizada en contra de una mujer por razón de género, que cause daño físico, psicológico, sexual o económico y tenga por objeto o resultado la restricción, suspensión o impedimento del ejercicio de sus derechos políticos, incluyendo el ejercicio del cargo; o la induzca u obligue, por cualquier medio, a tomar decisiones en contra de su voluntad acerca de esos mismos derechos, se le impondrá de tres a siete años de prisión, de cien a mil días multa, y tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia política.
"La pena se aumentará en una mitad cuando este delito:
"I. Se cometa en contra de mujeres: embarazadas, personas mayores, de pueblos originarios, en condición de discapacidad, sin instrucción escolarizada básica, o por orientación sexual e identidad de género.
"II. Sea perpetrado por quien está en el servicio público, por superiores jerárquicos, integrantes de partidos políticos o por persona que esté en funciones de dirección en la organización política donde participe la víctima.
"Además, en caso de que el sujeto activo sea servidor o servidora pública, se le inhabilitará para el desempeño del empleo, cargo o comisión público, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
"Este delito se perseguirá de oficio."
CUARTO.—Conceptos de invalidez. La comisión accionante adujo esencialmente que los artículos 30, fracción V y 198 del Código Penal del Estado de Chihuahua son violatorios de los principios de igualdad, de no discriminación, pro persona y de progresividad, previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
"ÚNICO: EL TIPO PENAL DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 198 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ES DISCRIMINATORIO Y CONTRARIO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD, ADEMÁS, IMPIDE EL CABAL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE TODAS LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, VULNERANDO LOS ARTÍCULOS 1o. Y 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
"...
"En el caso concreto, la norma impugnada evidentemente contempla un trato diferenciado que no es ni objetivo ni razonable, pues si bien, a juicio de este organismo constituye una acción afirmativa, referente a una categoría sospechosa por razón de género, es decir, a la mujer, dado que supera el test de escrutinio estricto, a la luz del criterio sostenido por este Alto Tribunal en casos similares; sin embargo el espíritu del Decreto No. LXV/RFLYC/0854/2018 XVI P.E., publicado en el Periódico Oficial del Estado el día quince de junio de dos mil diecinueve no otorga protección en contra de actos cometidos por alguien que no sea varón, es decir, que el único sujeto activo admisible en el tipo penal son los varones, y que cuando una mujer violente a otra mujer, no cabrá el delito de violencia política, cuando las cuestiones de género abarcan como sujeto activo a cualquier persona sea hombre o mujer.
"Al remitir de manera tácita dicho tipo penal a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, específicamente en lo relativo a los conceptos de razón de género y de violencia política, y al pertenecer a todas las adiciones y reformas al mismo decreto, se afectan los principios de igualdad, progresividad y no discriminación, contenidos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Los conceptos desarrollados en la reforma combatida, emergen dentro del contexto de prevención de la violencia a la mujer en el decreto multicitado, y son la razón por la que se impugnan los artículos 30, fracción V y 198 del Código Penal del Estado de Chihuahua, puesto que este último resulta inoperante como elemento normativo, ya que los tipos penales deben ser exactos para evitar que peligren los bienes jurídicos objeto de tutela por el derecho penal, por lo que consideramos que hubo un error en la misma conceptualización del delito al conectarse el concepto de ‘razón de género’, contenido en el tipo penal, con lo establecido en la también reformada Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que como se ha comentado, la víctima queda en un estado de vulnerabilidad al establecer la ley que sólo el varón participa en estas conductas en ‘razón de género’ y al no haberse establecido en la reforma al Código Penal, qué debemos entender por ésta. Propiciando la impunidad cuando el sujeto activo no sea varón, dándose una falta de tipo en detrimento de la función garantista de las figuras del delito, así como de la seguridad y certidumbre que debe reinar en un Estado constitucional de derecho.
"Bajo esa tesitura, se estima que el reformado artículo 198 del Código Penal del Estado de Chihuahua, transgrede también el principio de legalidad en su modalidad de taxatividad de la ley.
"A efecto de sustentar los argumentos anteriormente expresados, hacemos referencia a las siguientes tesis:
"‘IGUALDAD ANTE LA LEY Y NO DISCRIMINACIÓN. SU CONNOTACIÓN JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL.’ (se transcribe)
"‘PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL.’ (se transcribe)
"‘CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO.’ (se transcribe)
"‘IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN POR CUESTIONES DE GÉNERO. PARA ANALIZAR SI UNA LEY CUMPLE CON ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LA DISCRIMINACIÓN PUEDE SER DIRECTA E INDIRECTA.’ (se transcribe)
"Cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los Estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios, en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos, ejemplo de ello es el Caso López Álvarez Vs. Honduras: (se transcribe)
"Desde esta perspectiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado en relación con el alcance de la relación existente entre el género humano y la dignidad esencial de la persona, ante la cual es inadmisible considerar superior a un determinado grupo, a fin de darle un trato preferencial que a otro; teniendo como efecto de tal discriminación el goce de derechos, que sí se reconocen a quienes se consideran parte del grupo hegemónico.
"Queda claro entonces que nuestro bloque de constitucionalidad prevé como derecho fundamental la igualdad y sin embargo, el precepto combatido sostiene un trato discriminatorio hacia la mujer, al utilizar un concepto ambiguo como lo es ‘razón de género’ y, por ende, obligar al intérprete a recurrir a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que establece que se entenderá por ‘razón de género o razones de género’ (la) actitud y/o conducta a través de la cual se manifiesta la discriminación, la subordinación o sometimiento de la mujer por el varón, basada en una relación desigual de poder, en clara contravención al artículo 1o., en relación con el 4o., párrafo primero, ambos constitucionales, incumplimiento (sic) con ello las obligaciones generales y específicas que garanticen una igualdad material, lo cual definitivamente es incompatible con el Estado constitucional de derecho que aspira a tratar con igual consideración y respeto a todas las personas, además que el bien jurídico perseguido por el tipo penal es garantizar los derechos políticos de todas las mujeres sin importar quién sea el sujeto activo.
"Es por lo expuesto que se concluye que:
"El Estado de Chihuahua, al legislar en materia de violencia política, vulnera los derechos de igualdad, no discriminación, progresividad y seguridad jurídica, así como el principio pro persona, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ya referidos. En consecuencia, se pide declarar que la norma impugnada es inconstitucional y de esta forma reforzar el respeto y salvaguarda de los derechos humanos, como debe acontecer en un Estado constitucional de derecho."
QUINTO.—Admisión. Mediante proveído de presidencia de uno de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad presentada, y turnarlo a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para su trámite y la elaboración del proyecto correspondiente. Posteriormente, el cinco de agosto del mismo año se admitió a trámite el asunto, se ordenó requerir a las autoridades que emitieron las normas impugnadas, para que rindieran sus informes de ley, y se acordó dar vista a la Fiscalía General de la República.
SEXTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos mil diecinueve en la Oficina de Correos de México, y recibido el doce de septiembre siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el presidente de la mesa directiva y el titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos del H. Congreso del Estado de Chihuahua, comparecieron a rendir su informe en los términos siguientes:
"Para examinar los argumentos vertidos en su escrito de demanda por el promovente, es menester partir de lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció en el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, que de acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Así, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se reconocen, además del principio de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
"En consecuencia, los Estados deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:
"a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;
"b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;
"c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país. Todo ello, en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia. La Constitución reconoce también el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en su artículo 35.
"Además, establece como principios rectores el ejercicio de la función electoral, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Por tratarse de derechos humanos, desde luego a estos principios se suman el pro persona, el de no discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, las autoridades deben actuar con absoluto apego al estándar de la debida diligencia establecida por los instrumentos internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"Si bien existen varias iniciativas de senadoras y diputadas, México no cuenta aún con un marco legal específico en materia de violencia política.
"A falta de ello, el concepto de violencia política se ha construido a partir de la Convención Belém do Pará, de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
"La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones -incluida la tolerancia- que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
"Este tipo de violencia puede tener lugar en cualquier esfera: política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, en la comunidad, en un partido o institución política. Es decir, incluye el ámbito público y el privado.
"La violencia puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual; y puede efectuarse a través de cualquier medio de información (como periódicos, radio y televisión), de las tecnologías de la información y/o en el ciberespacio. Es por ello que las formas en las que debe atenderse son variarán (sic) dependiendo del caso y, al mismo tiempo, el tipo de responsabilidades -penales, civiles, administrativas, electorales, internacionales- que genera, dependerá del acto concreto que haya sido llevado a cabo.
"La violencia política puede ser perpetuada por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; por medios de comunicación y sus integrantes.
"Además, puede cometerla cualquier persona y/o grupo de personas. En el artículo de la LEGIPE se determina quiénes son los sujetos responsables por infracciones cometidas a las disposiciones electorales.
"Los casos de violencia política atentan contra lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales y la ley general mencionada, por ello, los sujetos citados en dicho artículo pueden incurrir en responsabilidad electoral por casos de violencia política:
"• Los partidos políticos;
"• Las agrupaciones políticas;
"• Las y los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos (sic) independientes a cargos de elección popular;
"• Los y las ciudadanas, o cualquier persona física o moral;
"• Los y las observadoras electorales o las organizaciones de observadores y observadoras electorales.
"• Las autoridades o las y los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los Poderes locales; órganos de gobierno municipales: órganos de gobierno de la Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier ente público.
"• Las y los notarios públicos;
"• Las personas extranjeras;
"• Las y los concesionarios de radio o televisión;
"• Las organizaciones ciudadanas que pretendan formar un partido político;
"• Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos;
"• Las y los ministros de culto, asociaciones, iglesias, o agrupaciones de cualquier religión, y
"• Los demás sujetos obligados en los términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
"Los sujetos responsables podrán variar dependiendo de las responsabilidades entre ellas, la penal y la electoral que el hecho de violencia genera. La acción violenta puede estar dirigida a un grupo o una persona, a su familia o a su comunidad. De hecho, puede haber casos en que la violencia se cometa contra de las mujeres como una forma de amedrentar o de vulnerar a los hombres (parejas y/o familiares) o bien, puede suceder que se cometan actos de violencia en contra de las y los hijas (sic) buscando afectar a sus madres.
"Además, es importante destacar que, cuando no existe una tipificación política, ésta podría actualizar dos de los tipos penales previstos en el artículo 7o. de la Ley General en Materia de Delitos Electorales: obstaculización o interferencia en el adecuado ejercicio de las tareas de las y los funcionarios electorales (fracción IV), así como realización de actos que provoquen temor o intimidación al electorado que atente la libertad del sufragio o perturbe el orden o el libre acceso de las y los electores a la casilla (fracción XVI).
"Además, podrían constituir casos de violencia política que merecerían un agravante cuando fueran cometidos contra mujeres, las conductas contenidas en el citado artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, consistentes en:
"• Que mediante violencia o amenaza, se presione a una persona a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato o candidata, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma (fracción VII).
"• El apoderamiento con violencia de materiales o documentos públicos electorales (fracción XI) o de equipos o insumos para la elaboración de credenciales de elector (fracción XII).
"Lo mismo respecto de las conductas contenidas en el artículo 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales: ejercer presión a las y los electores (fracción I) y obstaculizar el desarrollo normal de la votación (fracción IV); así como las del numeral 11: conductas cometidas por servidores o servidoras públicas que coaccionen o amenacen a sus subordinados o subordinadas para que participen en eventos proselitistas o voten o se abstengan de votar por un candidato, partido o coalición (fracción II).
"Atendiendo a lo antes expuesto tenemos que nuestra entidad federativa se ha dado a la tarea de legislar y tipificar la violencia política, ya que dicha conducta delictiva se incluyó en el Código Penal para el Estado de Chihuahua, bajo el tenor literal lo (sic) siguiente:
"‘Artículo 198.’ (se transcribe).
"En este tenor tenemos que la parte accionante se duele de que el tipo penal descrito contempla un trato diferenciado que no es objetivo ni razonable, ya que no se otorga protección en contra de actos contenidos por alguien que no sea varón, pues al remitir de manera tácita a la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a los conceptos de razón de género y de violencia política, lo que, según la actora, afecta los principios de igualdad y progresividad y no discriminación. Considera además que hubo un error de conceptualización del delito al no concatenarse el concepto de ‘razón de género’, toda vez que según sus argumentos excluye a las mujeres de las (sic) posibilidad de ser sujetos activos del tipo penal de que se trata, ya que considera que la fracción normativa referente a ‘por razón de género’, se refiere a que sólo un género siendo éste el masculino puede ser susceptible de tener el carácter de sujeto activo o imputado de la comisión del delito de violencia política.
"Contario a este argumento debemos señalar que el mismo tipo penal, contenido en el numeral 198 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, contempla al inicio y en su última parte lo siguiente:
"‘Artículo 198’. (se transcribe)
"De igual manera la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en la fracción VI del artículo 6:
"‘Artículo 6.’ (se transcribe)
"Descripción que a todas luces nos indica que el sujeto activo del delito en cita puede ser de ambos sexos, es decir, de género masculino y femenino y no como lo pretende hacer valer la parte accionante, ya que hubiera resultado ocioso y sin objeto alguno que el legislador local especificara al inicio y en la parte final del mencionado artículo 198 del código punitivo local, que el sujeto activo es quien por sí o a través de terceros, además puede ser servidor o servidora pública, por lo que resulta improcedente el argumento de la parte actora, ya que se encuentra expresamente establecido que el sujeto activo del delito de violencia política puede ser cualquiera persona.
"Aunado a lo anterior, la actora considera erróneamente que el tipo penal remite al concepto de razón de género establecido en la fracción XVI del artículo 4 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cuando dicho concepto es aplicable en general en toda la ley a lo que se debe entender por razón de género, no así en el caso de violencia política que tiene regulación específica en la fracción VI del artículo 6 y el artículo 6-e de la mencionada ley de los actos que se consideran razones de género para efectos de la violencia política en contra de la mujer, que en todo caso es la disposición a lo que remite el tipo penal de violencia política.
"Se transcriben los artículos correspondientes para mayor claridad:
"‘Artículo 6.’ (se transcribe)
"‘Artículo 6-e.’ (se transcribe)
"Lo establecido en el tipo penal y en la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aclara cualquier duda al respecto, ya que no da lugar a interpretación alguna al establecer que cualquier persona pueda cometer el delito de violencia política y que las razones de género para efectos de dicho delito se encuentran expresamente establecidas en el artículo 6-e.
"Resulta importante señalar que el tipo penal de violencia política es un delito del fuero común y no un delito electoral, ya que su objetivo es garantizar los derechos políticos y el ejercicio de los cargos de toma de decisiones fuera del proceso electoral.
"Por último, no puede pasar desapercibido que el tema de que trata esta infundada acción de inconstitucionalidad (sic9, es precisamente atendiendo a que la violencia ha mostrado un impacto diferenciado en las mujeres incluso tiene lugar por razones de género. Por ello, resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que estén en condiciones de igualdad, para desarrollarse en el ámbito político-electoral, se encuentra presente en el país y afecta a mujeres y hombres. Sin embargo, es importante distinguir aquella que se ejerce en contra de las mujeres cuando contiene elementos de género, para poder visibilizarla y, además, de ello dependerá la forma en que debe tratarse a las víctimas y la manera en que deben conducirse las autoridades."
SÉPTIMO.—Informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correos de México y recibido el diecisiete de septiembre siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Luis Fernando Mesta Soulé, en su carácter de secretario general de Gobierno del Estado de Chihuahua, compareció a rendir el informe correspondiente, en el que esencialmente manifestó:
"Primera razón. ...
"Contrario a lo expuesto por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, el delito de violencia política fue instaurado para eliminar la discriminación y violencia contra la mujer en la vida política y pública del país, además de garantizar a las mujeres la igualdad de condiciones con los hombres, por lo que no violenta los artículos constitucionales señalados por la promovente.
"En ese sentido, al incorporar al Código Penal, la tipicidad del delito de violencia política, se respetaron los derechos humanos de la mujer, así como su participación política y la paridad electoral, buscando la igualdad entre el hombre y la mujer en su desarrollo en procesos políticos-electorales, tanto como en escena política y pública al prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género. La adición del tipo penal tuvo por objeto el respeto al derecho humano de la mujer para vivir sin violencia física, sexual o psicológica, el cual es afectado por la violencia de género, que anula sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales. Lo siguiente encuentra sustento en la siguiente tesis aislada, de la Décima Época, con número de registro: 2005796, de la instancia de la Primera Sala, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, materia constitucional, tesis: 1a. LXXXVI/2014 (10a.), página: 526.
"‘ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL. LA LEY RELATIVA NO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER.’ (se transcribe)
"Por lo que, al incluir el delito de violencia política contra la mujer por razón de género, se intenta eliminar las razones de discriminación para la mujer, a fin de hacer posible la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación, de modo que exista la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres. Época: Décima Época, con número de registro: 2009084. Instancia: Primera Sala, Tipo de tesis: aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, mayo de 2015, Tomo I, materia constitucional, Tesis: 1a. CLX/2015 (10a.), página: 431.
"‘DERECHO DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA. LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A ADOPTAR MEDIDAS INTEGRALES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA DILIGENCIA EN SU ACTUACIÓN.’ (se transcribe)
"Décima Época, registro digital número: 2004956, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de tesis: aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, materias constitucional y común, Tesis: IV.2o.A.38 K (10a.), página: 1378.
"‘PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL ANÁLISIS DE LOS ASUNTOS EN LOS QUE EXISTA ALGUNA PRESUNCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, DEBE REALIZARSE BAJO ESA VISIÓN, QUE IMPLICA CUESTIONAR LA NEUTRALIDAD DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y LAS NORMAS, ASÍ COMO DETERMINAR SI EL ENFOQUE JURÍDICO FORMAL RESULTA SUFICIENTE PARA LOGRAR LA IGUALDAD, COMBINÁNDOLO CON LA APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA SUSCRITOS POR EL ESTADO MEXICANO.’ (se transcribe)
"Actualmente, en 12 Estados de la República Mexicana han tipificado la violencia política, ante este contexto y la falta de una ley específica se emite un protocolo en el que se establecen acciones urgentes frente a casos de violencia política contra mujeres, con el fin de prevenir y evitar daños mayores a las víctimas. A iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Subsecretaría-DDHH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), se presentó esta herramienta con el fin de orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, así como dar estricto cumplimiento al deber de debida diligencia.
"Décima Época, registro digital número: 2009998. Instancia: Pleno, Tipo de tesis: aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, materia constitucional, Tesis: P. XX/2015 (10a.), página: 235.
"‘IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPL
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29821-9962363b/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-legitimacion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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