I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA LEY DE CARÁCTER ESTATAL VIOLA DERECHOS HUMANOS (ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN XXVII, 18 Y 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN DE OCAMPO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA LEY DE CARÁCTER ESTATAL VIOLA DERECHOS HUMANOS (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBERÁ DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHINICUILA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTITRÉS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD PERMITE EL COBRO POR LOS COSTOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPRODUCCIÓN, ENVÍO Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA INFORMACIÓN DEBE SER PROPORCIONADA AL SOLICITANTE SIN COSTO ALGUNO CUANDO IMPLIQUE ENTREGAR NO MÁS DE VEINTE HOJAS SIMPLES. VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS CUOTAS PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DEBEN FIJARSE DE ACUERDO CON UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE DE LOS MATERIALES UTILIZADOS Y DE SUS COSTOS, SIN QUE PUEDA COBRARSE LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, ATENDIENDO A LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y DE EQUIDAD TRIBUTARIA. IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. RECAE EN EL LEGISLADOR LA CARGA DE DEMOSTRAR QUE EL COBRO QUE ESTABLECE POR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN DETERMINADO MEDIO ATIENDE ÚNICAMENTE A LA MODALIDAD DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA SOLICITADAS. X. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE EL COBRO POR LA EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES O IMPRESIONES EN HOJA TAMAÑO CARTA U OFICIO, NO ATIENDE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA QUE PREVÉ QUE LA INFORMACIÓN SE ENTREGARÁ SIN COSTO CUANDO IMPLIQUE LA ENTREGA DE NO MÁS DE VEINTE HOJAS Y, POR ENDE, VULNERA EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023). XI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE EL COBRO POR INFORMACIÓN DIGITALIZADA EN MEDIOS MAGNÉTICOS PROPORCIONADOS POR EL SOLICITANTE, VULNERA EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023). XII. CONTRIBUCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE DEBEN REGIRLAS A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. XIII. CONTRIBUCIONES. SUS ELEMENTOS ESENCIALES CONSTITUYEN EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL ANÁLISIS DE SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. XIV. HECHO IMPONIBLE. DIFERENCIAS DE SU CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CONTRIBUCIONES DENOMINADAS "DERECHOS" Y LOS IMPUESTOS. XV. CONTRIBUCIONES. EN CASO DE EXISTIR INCONGRUENCIA ENTRE EL HECHO Y LA BASE IMPONIBLES, SU NATURALEZA SE DETERMINA ATENDIENDO A LA BASE. XVI. IMPUESTOS. SUS ELEMENTOS ESENCIALES DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. XVII. PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. CONSISTE EN QUE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS TRIBUTOS SE ENCUENTREN ESTABLECIDOS MEDIANTE UN ACTO FORMAL Y MATERIALMENTE LEGISLATIVO CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR SEGURIDAD JURÍDICA AL CONTRIBUYENTE. XVIII. ALUMBRADO PÚBLICO. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN QUE EL DERECHO POR ESTE SERVICIO SE CAUSARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL TÍTULO CUARTO, CAPÍTULO II, DE LA LEY DE HACIENDA, Y QUE SE PAGARÁN EN LOS TÉRMINOS QUE CADA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES DETERMINE, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS [ARTÍCULOS 17 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE LOS REYES; 17 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO; 17 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NUMARÁN; 17 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OCAMPO; 17 DE LA LEY DE INGRESOS DE PAJACUARÁN; 17 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PANINDÍCUARO; 17 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PARACHO; 18 DE LA L
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 3/2023 Y SUS ACUMULADAS 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 12/2023, 13/2023, 14/2023, 21/2023, 24/2023, 48/2023 Y 57/2023. COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: OMAR CRUZ CAMACHO Y VIOLETA ALEMÁN ONTIVEROS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Las Comisiones de Derechos Humanos impugnan diversas normas de Leyes de Ingresos de Municipios de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2023, en diversos temas: 1. Cobro por reproducción de información solicitada relacionada con el acceso a la información pública; 2. Cobro por servicio de alumbrado público; 3. Cobro por licencia de construcción, suministro e instalación de estructuras y sistemas de telecomunicaciones; 4. Cobro por servicios de grúa; 5. Cobro por trámite de pasaporte; 6. Cobros desproporcionados por la expedición de copias simples y certificadas; y, 7. Cobro por permisos para realizar eventos sociales.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de septiembre de dos mil veintitrés emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 3/2023 y sus acumuladas 4/2023, 5/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 12/2023, y 13/2023, promovidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo, así como 14/2023, 21/2023, 24/2023, 48/2023 y 57/2023, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra diversas normas de Leyes de Ingresos de los Municipios de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2023.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.
1. Presentación de los escritos iniciales. El seis(1) y nueve(2) de enero de dos mil veintitrés, por escritos presentados en la Oficina del Servicio Postal Mexicano, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo instauró diversas acciones de inconstitucionalidad, y señaló como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo.
2. Por su parte, el trece,(3) dieciocho,(4) diecinueve,(5) veintiséis(6) y treinta(7) de enero de dos mil veintitrés, por escritos presentados en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos instauró diversas acciones de inconstitucionalidad, y señaló las mismas autoridades demandadas.
3. Conceptos de invalidez de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo. En sus escritos iniciales expuso, en esencia, los siguientes conceptos de invalidez, los cuales se enumerarán atendiendo a los tópicos impugnados:
a. Primero.(8) El artículo objetado vulnera el derecho humano de acceso a la información y los principios de gratuidad, legalidad y seguridad jurídica. Este Alto Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad 20/2020, determinó que, en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sólo pueden realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción y su envío, así como los derechos relativos a la expedición de copias certificadas.
b. Además, estas cuotas deben establecerse a partir de una base objetiva y razonable de los insumos utilizados, sin que pueda cobrarse la búsqueda de información o su reproducción cuando el interesado proporcione los medios respectivos. Lo anterior se traduce en que el legislador tenga que realizar una motivación reforzada.
c. Considera que en las tarifas por impresión y fotocopiado de documentos, así como la entrega de información por medios magnéticos CD o DVD, no existe una motivación reforzada del legislador local, basada en elementos objetivos y razonables que atiendan al costo de los materiales, de ahí su inconstitucionalidad.
d. Respecto a la digitalización de documentos, se prevén tarifas, siendo que dicha actividad no implica que la información se materialice de alguna manera, pues únicamente conlleva que se convierta en un archivo digital. Lo anterior si se toma en cuenta que la propia disposición prevé que en los casos en que el solicitante proporcione el dispositivo correspondiente, sólo pagará el costo de los derechos de la información digitalizada, lo que resulta equiparable a la mera búsqueda de información, que no debe erogar ningún costo al solicitante.
e. Así, las disposiciones no garantizan un ejercicio pleno del derecho humano en comento, por el contrario, constituyen barreras innecesarias que lo desincentivan y lo merman en perjuicio de las personas ciudadanas solicitantes.
f. Segundo.(9) El cobro por servicio de alumbrado público vulnera la garantía de seguridad jurídica y los principios de proporcionalidad y equidad tributarios. Este Alto Tribunal ha sentado jurisprudencia en el sentido de que el pago debe ser idéntico para cada categoría de usuarios; es necesario que el hecho imponible cumpla los principios de proporcionalidad y equidad tributarios, de modo que exista congruencia entre la actuación del Estado y la cuantificación de su magnitud, lo que constituye el elemento tributario conocido como base imponible; debe identificarse el tipo de servicio público de que se trate y el costo que le representa al Estado prestar ese servicio, ya que no pueden considerarse aspectos ajenos a estos; en el caso de los derechos, no puede tomarse en cuenta elementos que reflejen la capacidad contributiva del gobernado, sino que debe tomarse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio, además las cuotas deben ser fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos; las disposiciones que no observen tales postulados vulneran los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV constitucional.
g. Por tanto, en el servicio de alumbrado público, a lo que debe atenderse es a la clase de predio y de qué forma éste se encuentra inserto en la vía pública, es decir, cuánto ocupa en metros cuadrados de iluminación, tomando en cuenta los predios adyacentes colindantes y la parte de enfrente, ya que todos reciben el mismo servicio, y desde luego, el tipo de iluminación y cantidad de luminarias que se ocupan.
h. De los artículos impugnados se advierte que no se siguen los principios de proporcionalidad y equidad tributarios, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, ya que fijaron una tarifa general única para todos los usuarios o receptores del servicio, lo cual es inconstitucional, por tratarse de una tarifa fija prohibida por el artículo 22 constitucional.
i. Asimismo, señala que el legislador local omitió considerar: el arroyo vehicular, pues dependiendo de lo ancho de la calle es la cantidad de luz que se requiere y el tipo de alumbrado; si el usuario tiene un determinado número de metros de frente al arroyo vehicular, pues a mayor número de metros se requiere mayor número de luminarias y mayor aporte de energía eléctrica; si la zona es rural o urbana, pues dependiendo de la lejanía o cercanía a la generación de energía, es la cantidad de gasto requerido; si se trata de pequeño o gran consumidor, pues no es lo mismo ser consumidor doméstico que empresarial o de otra índole.
j. Además, se establecen elementos ajenos para determinar la base del tributo, lo que lo torna en inequitativo y desproporcional, como son: la aplicación de la tasa de inflación interanual de acuerdo a los indicadores del Banco de México; el establecimiento de un cobro por concepto de alumbrado público sobre espacios públicos que le corresponde a cada uno de los Ayuntamientos prestar y cubrir, por ejemplo, el alumbrado ornamental de temporada; el pago de los sueldos del personal necesario para la prestación del servicio.
k. Lo anterior, porque la prestación del servicio es al momento en que se genera, mas no el del año previo, adicionando el valor de la inflación. Traduciéndose en una doble tributación que constituye una alteración desmedida de la capacidad contributiva de los sujetos, dado que, pretenden que los contribuyentes cubran una prestación que los propios Ayuntamientos tienen contemplada en sus egresos, como lo son, los sueldos del personal encargado de la planeación y mantenimiento. Así, al establecerse la tarifa con base en el gasto erogado en el ejercicio inmediato anterior, se traduce en una retroactividad normativa prohibida por el artículo 14 constitucional.
l. Además, con la redacción de los preceptos se pretende que los sujetos cubran en la misma proporción la totalidad del alumbrado público que prestan los Municipios en toda su extensión territorial, lo que implica que paguen por la iluminación de todos los sujetos obligados y no sólo de aquella que se benefician, que es la que se encuentra frente a su predio.
m. Tercero.(10) Indebido cobro por el suministro e instalación de estructuras y sistemas de telecomunicaciones por ser una materia exclusiva de la Federación. La disposición controvertida contempla el suministro de telecomunicaciones como actividad con posibilidad de gravarse por parte del Ayuntamiento de Morelia, careciendo de competencia y fijando una tributación desproporcionada e inequitativa. Así, se invade la esfera de competencia Federal para gravar y percibir las tributaciones derivadas de cualquier explotación del espectro electromagnético, establecida en los artículos 6o., inciso B, fracción II; 28, párrafos 17, 18 y 19; y 73, fracción XXIX, numeral 4, de la Constitución Federal. De dichos preceptos, se colige que la regulación y aprovechamiento de la explotación del uso del espectro radioeléctrico o electromagnético compete exclusivamente a la Federación, a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
n. La idea de que dicho instituto es la única instancia autorizada por la Constitución para fijar las contraprestaciones que deben pagarse por una concesión del espectro electromagnético se sustenta en las tesis P./J. 44/2015, con registro digital: 2010670 y 2a. LXXXV/2018, con registro digital: 2017958.
o. Además, la Constitución Federal, en su artículo 73, fracción XXIX, numeral 4, dispone que el Congreso de la Unión está facultado para establecer contribuciones sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación, por tanto, las telecomunicaciones, al ser concesionadas por una institución federal, tanto ésta, como el Congreso, son las únicas instancias para establecer contribuciones sobre la explotación de las telecomunicaciones.
p. Si bien los Ayuntamientos cuentan con facultades para gravar el uso de la tierra y la propiedad inmobiliaria a través de la expedición de licencias de construcción; en el caso, cobrar por un "suministro" en inversiones relacionadas con telecomunicaciones, se entiende como un cobro por proveer el servicio, lo que se contrapone con las facultades con que cuenta el Ayuntamiento para el establecimiento de impuestos, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, incisos a) y c), y fracción V, incisos d), e) y f), constitucional. Lo anterior guarda relación con los criterios de este Alto Tribunal, de los que se desprende que los Ayuntamientos no tienen facultades para cobrar servicios exclusivos de la Federación, como la materia de telecomunicaciones, contenida en la Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, en sus artículos 2, fracción II, inciso c), 2E, fracciones XIV, XV y XVI (sic), 8, fracción IV y demás relativos. Por tanto, si la ley de ingresos municipales desacata una ley federal, se actualiza una antinomia, vulnerando las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, lo que debe resolverse aplicando el criterio de jerarquía.
q. Cuarto.(11) Indebido cobro sobre el monto de inversión por la construcción, suministro e instalación de estructuras y sistemas de telecomunicaciones, pues vulnera las garantías de legalidad y seguridad jurídicas y los principios de proporcionalidad y equidad tributarios.
r. Ello, debido a que el legislador local tomó en consideración para el cobro de las licencias de construcción en antenas y otros enseres de telecomunicaciones, un elemento ajeno, como lo es tasar en el porcentaje del 1 % sobre el valor de la inversión o monto de lo gastado en la construcción o edificación de la antena o red de telecomunicaciones. Dicho elemento no es real por no apegarse a las condiciones del beneficio proporcionado al sujeto del tributo.
s. Quinto.(12) Indebido cobro por los servicios de grúa que presten las autoridades de la Comisión Municipal de Seguridad, lo que vulnera la garantía de seguridad jurídica y los principios de proporcionalidad y equidad tributarios.
t. Señala que este Alto Tribunal, en la tesis 2a./J. 17/2004 con registro digital: 181831, sostuvo que el establecimiento de tarifas únicas para el pago de derechos es violatorio de las garantías de proporcionalidad y equidad tributarios, dado que no se atiende a la capacidad contributiva de los gobernados ni al mismo hecho gravable o su equivalente. Además, conforme al artículo 22 constitucional, las sanciones fijas están prohibidas.
u. La norma controvertida establece tarifa única para el pago del servicio de arrastre por una grúa con base en una estructura de rangos y tasas, pero ello no atiende al servicio prestado ni a la capacidad contributiva de los usuarios, ni otorga un trato equivalente a los que se encuentran en el mismo supuesto, pues el legislador local estableció que el usuario final deberá pagar una suma fija de $690.01 pesos por el arrastre "hasta en un radio de 10 km" ya sea que se recorran los diez kilómetros o uno solo o su fracción. De esa forma, no se toman en cuenta elementos reales para la prestación del servicio, pues coloca en el mismo supuesto de cobro tanto a los usuarios que recorran un metro, como a aquellos que recorran diez kilómetros, lo cual resulta desproporcionado.
v. Por otro lado, si se toma en cuenta que la tarifa grava el hecho en su totalidad y no solo en la proporción que exceda de cada rango, opera un salto cuantitativo en la tarifa, lo que implica un trato desigual en relación con los contribuyentes que se ubiquen en el tope del rango inmediato inferior, lo que vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributarios.
w. El sistema de cobro por servicio de grúa es rígido porque no contiene mínimos ni máximos, conforme a los cuales, la autoridad pueda determinar de manera objetiva y razonable, las cantidades que debe pagar el usuario cuando el servicio es otorgado de manera gradual.
x. Por las mismas razones, resulta inconstitucional el establecimiento de una tarifa fija por cada kilómetro excedente o adicional de los diez de la tarifa de arrastre, ya que el usuario que se coloque en el rango mínimo de cada kilómetro, como aquél que se coloque en el rango máximo, se les cobrará lo mismo, sin que sea posible cobrarse por fracción de cada kilómetro.
y. Sexto.(13) Incompetencia de la autoridad emisora de las normas impugnadas que regulan en materia de servicio exterior, así como el pago de derechos o servicios generados por el Estado Mexicano en la expedición o tramitación de pasaportes, ya que es competencia exclusiva de la Federación, de conformidad con los artículos 20 a 22 de la Ley Federal de Derechos. Lo cual es contrario a las garantías de legalidad y seguridad jurídicas.
z. Además, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, los Municipios no tienen asignada la atribución de prestar dicha clase de servicios en ninguna de sus fases (oferta, tramitación, gestión o expedición).
aa. Inclusive, se genera una doble tributación a los usuarios, por un lado, está el cobro del pasaporte que realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por otro, el que pretenden realizar los Municipios, lo que genera desproporcionalidad e inequidad.
4. Conceptos de invalidez de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En sus escritos iniciales expuso, en esencia, los siguientes conceptos de invalidez, los cuales se enumerarán atendiendo a los tópicos impugnados:
a. Primero.(14) Los artículos impugnados prevén cobros injustificados y desproporcionados por la expedición de documentos en copias simples y certificadas porque las tarifas no atienden a los costos del servicio que le representó al Estado la reproducción y entrega de la información solicitada, además de que establecen cobros diferenciados sin justificación, pese a que se trata esencialmente de los mismos servicios, por tanto, vulneran los principios de justicia tributaria reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
b. Algunas disposiciones convergen en que establecen cobros por la expedición de copias certificadas, cuyos montos oscilan entre los $12.00 pesos a los $435.00 pesos, por su lado, otras normas establecen por cada foja, montos desde los $3.67 pesos a $317.60 pesos; mientras que por una copia simple la tarifa va desde los $6.00 pesos a los $191.00 pesos, en algunos de ellos acotando que la cuota es por cada página o indicando el tipo de documento de que se trate.
c. En el caso particular de la Ley de Ingresos del Municipio de Turicato, aunque la cuota de $3.67 pesos por cada copia certificada de acuerdos y dictámenes de Cabildo pudiera no considerarse excesiva o irrazonable en función del costo causado por brindar el servicio, la razón por la que se impugna es que en la propia ley se prevén otros montos por esencialmente el mismo servicio, incluso superiores, por lo que se estima que la lectura sistemática de los preceptos refuerza lo injustificado de las tarifas establecidas por copias certificadas ya que estas no tienen el mismo valor a pesar de que se trata de cobros por servicios idénticos.
d. Al tratarse de derechos por la expedición de copias certificadas o copias simples, el pago correspondiente implica para la autoridad la concreta obligación de que la tarifa que establezca sea acorde o proporcional al costo de los servicios prestados e igual para todos aquellos que reciban el mismo servicio. Así, atento a las cantidades fijadas por el Congreso michoacano para la entrega de información y documentos en copias simples, no se advierte que exista razonabilidad alguna entre el costo de los materiales usados, tales como hojas y tinta, por lo que el monto establecido resulta desproporcionado, pues no responde al gasto que efectúa el Municipio correspondiente para brindar el servicio.
e. En cuanto al cobro de certificaciones, se estima que también son desproporcionados los montos previstos, pues si bien es cierto el servicio que proporciona el Estado no se limita a reproducir el documento original del que se pretende obtener una certificación, sino que también implica la certificación respectiva del funcionario público autorizado, se da lugar a una relación entre las partes que no es ni puede ser de derecho privado, de modo que no puede existir un lucro o ganancia para éste, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.
f. No pasa inadvertido que las leyes combatidas prevén cuotas muy específicas según se trate de certificación o copias simples de actas, acuerdos y dictámenes de Cabildo, o bien, expedientes relativos al servicio de panteones, pues se advierte que se trata de un mismo servicio, que consiste en la reproducción de información de determinados documentos.
g. Se considera que las disposiciones no son congruentes con el principio de equidad tributaria, ya que no hay un motivo razonable que permita al legislador establecer costos diferentes a pesar de que se trata de un mismo servicio.
h. Es decir, de la lectura de los preceptos reclamados se aprecia que el legislador impone una cantidad a pagar por la emisión de copias certificadas que variarán según el tipo de documentos (si es relativo al servicio de panteones, actos, acuerdos o dictámenes de Cabildo), o uno genérico que aplique para cualquier otro supuesto; lo mismo ocurre con la expedición de copias simples, donde hay un supuesto genérico y otro enfocado a actuaciones de Cabildos, lo cual no resulta razonable ni proporcional, pues en todos ellos se emplean esencialmente los mismos materiales. i. Adicionalmente, las normas que establecen cuotas por la entrega de actas de Cabildo en copias simples o la certificación de acuerdos y dictámenes de Cabildo, o por expedientes sobre servicios de panteones, son omisas en especificar si la tarifa es en razón de cada foja o por el legajo entero, lo cual deja en incertidumbre jurídica a los gobernados, pues deja a discrecionalidad de la autoridad su determinación, mientras que, por otro lado, puede permitir que se cobre siempre la misma y única cantidad establecida, con independencia del número de hojas que contenga el expediente.
j. Tampoco resulta razonable que se establezca un monto por concepto de copias certificadas de acuerdos y dictámenes de Cabildo por cada hoja, mientras que, por la entrega de actas de Cabildo certificadas, se prevea otro monto, sin especificar si es por legajo completo o por cada foja. En ambos casos se trata de certificaciones y copias de documentos relacionados con la actividad de los Cabildos, por lo que no varía el tipo de servicio ni alguna otra circunstancia que evidencie la necesidad de cambiar de tarifa.
k. En el caso particular del artículo 30, fracción V, de la Ley de Ingresos del Municipio de Sahuayo, se produce incertidumbre jurídica porque establece qué cantidad se causará por la entrega de duplicados y demás copias a las personas que lo soliciten precisando que por cada hoja se pagará "el 50 % de las cuotas anteriores", pero luego establece una tarifa de $0.00 pesos. De esta forma, la norma prevé dos supuestos: primero, autoriza que el pago sea aplicando el 50 % de las cuotas previamente establecidas en el mismo artículo sin indicar cuál de todas ellas y soslayando que otros de los montos previstos refieren a diferentes servicios; por otra parte, por el mismo concepto se previó una tarifa de $0.00 pesos. Con ello se transgrede la seguridad jurídica.
l. Segundo.(15) El artículo 31, fracciones III y IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de los Reyes establece cuotas injustificadas y excesivas por la reproducción de información pública en disco CD o DVD y por digitalización de documentos. Por lo tanto, vulnera el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad que lo rige.
m. Tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información, impera el principio de gratuidad, conforme al cual, únicamente puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, el de envío, en su caso, y el de su certificación. Así, cualquier cobro debe justificarse por el legislador a efecto de demostrar que no está gravando la información. En tales términos, el Congreso michoacano al prever costos por la reproducción de la información que no se encuentran justificados vulnera ese derecho humano, porque las cuotas no se fijaron de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales empleados y de sus costos.
n. La fracción III del artículo impugnado grava la actividad de digitalizar la información, lo que se estima inconstitucional, puesto que lo que en realidad se está cobrando es el servicio que presta la autoridad de registrar datos en forma digital, lo cual contraviene el principio de gratuidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Además, la norma permite que se genere un cobro aun cuando el solicitante proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para reproducir la información, a pesar de que en tal hipótesis la información debe ser entregada sin costo alguno.
o. La fracción IV del mismo artículo cobra el medio de almacenamiento a través del cual se entrega la información, previendo un monto de $19.10 pesos por la reproducción de información en CD o DVD, lo que resulta desproporcional y excesivo, pues esos medios de almacenamiento no tienen ese valor en el mercado, por tanto, el Municipio no pudo erogar esa cantidad, por lo que no se justifica la tarifa indicada, máxime que el legislador tampoco razonó la metodología que empleó para llegar a esa cuota.
p. Asimismo, de la lectura de ambos preceptos, es dable sostener que se autoriza a la autoridad a imponer dos montos de forma simultánea, pues si una persona, en ejercicio de su derecho de acceso a la información solicita determinada información que le será entregada en CD, no sólo deberá pagar $19.10 pesos, sino también el monto equivalente por hoja digitalizada que es de $0.59 pesos.
q. En la ley cuestionada no se justificó ni se hizo referencia a los elementos que sirvieron de base al Congreso michoacano para determinar las cuotas a efecto de advertir que se fijaron de acuerdo con una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y sus costos. De la revisión del dictamen correspondiente, no se encontró razonamiento alguno tendente a acreditar las razones que sirvieron para determinar las cuotas a pagar, esto es, el criterio que sirvió para cuantificar la contribución ni los elementos tomados en cuenta para ello, lo cual resulta necesario para determinar si la tarifa corresponde o no al costo del material empleado por el Estado.
r. Lo anterior permite inferir que la cuota establecida se determinó de forma arbitraria sin contemplar el costo real de los materiales empleados en la reproducción de la información, por lo que es inconcuso que la norma combatida transgrede el principio de gratuidad de acceso a la información pública.
s. Adicionalmente, los preceptos controvertidos tienen un impacto desproporcional sobre el gremio periodístico, pues al realizar cobros por la entrega de información, no sólo tienen un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino el efecto de hacer ilícita la profesión.
t. Tercero.(16) Los artículos impugnados prevén una cuota por la obtención de permisos para fiestas particulares, la cual resulta inconstitucional pues condiciona el ejercicio del derecho de reunión al pago para la obtención de la autorización respectiva.
u. El ejercicio de la libertad de reunión en el espacio público o privado no puede condicionarse ni restringirse a una autorización por parte del Estado, pues ello implicaría que el disfrute de ese derecho en bienes de uso de dominio público y privado dependa enteramente de la decisión de las autoridades, limitación que no encuentra ningún tipo de respaldo en el artículo 9o. constitucional ni en el resto de disposiciones convencionales, menos tratándose de espacios privados donde los gobernados ejercen libremente su posesión y dominio.
v. El artículo 31, fracción XV de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepalcatepec prevé un cobro de $80.00 pesos por el otorgamiento de un permiso para realizar fiestas particulares, lo que transgrede la libertad de reunión, pues sujeta a una previa autorización municipal la conglomeración de sujetos con fines sociales.
w. Por otro lado, los artículos 25, fracción II, inciso g), de la Ley de Ingresos del Municipio de Copándaro y 29, fracciones XVII, XVIII y XIX, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zamora, establecen un cobro de 25 UMAS ($2,593.5 pesos) por el otorgamiento de un permiso para eventos sociales y tarifas de 3, 5 o 6 UMAS ($311.22, $518.7 y $622.44 pesos) para obtener permisos para realizar eventos sociales en salones de alquiler, en función del número de personas que asistan, respectivamente, lo que transgrede la libertad de reunión.
x. Tratándose de la Ley de Ingresos del Municipio de Zamora, se grava el permiso por la realización de eventos sociales en sí mismos, aun cuando refiera a que los eventos sociales se realicen en locales establecidos para tal efecto (como salones de alquiler), sin embargo, se mezclan dos cuestiones distintas. Por un lado, es admisible que se exijan permisos para que los dueños de establecimientos operen locales destinados para la realización de eventos sociales, pero lo que no es constitucionalmente válido es que se prevea un permiso por la realización del evento en sí mismo, pues ello constituye una medida arbitraria y restrictiva del derecho de reunión.
y. Así, las normas gravan cualquier reunión de personas con motivos de índole social, incluso sin que se señale de manera expresa la utilización de vías públicas u otros bienes de uso común que se aprovechen especialmente o que justificaran la cuota. Ello permite suponer que los cobros y anuencias municipales se realizarán por el simple hecho de llevar a cabo festejos o celebraciones particulares, cuestiones que pertenecen exclusivamente a la esfera privada de las personas, como la materialización de una libertad constitucionalmente reconocida.
z. Finalmente, se estima que las normas también violan el principio de proporcionalidad tributaria, porque no se advierte que el servicio que gravan, consistente en la expedición de la autorización y/o permiso, guarde relación con el costo que para el Estado representa su emisión, máxime que en el caso de la Ley de Ingresos del Municipio de Zamora, las cuotas son diversas dependiendo del número de personas que asistan al evento, siendo que, para todos los casos, el derecho se cobra por la expedición del permiso.
5. Admisión y trámite. La Ministra presidenta formó y registró los expedientes de las acciones de inconstitucionalidad en el momento oportuno y ordenó su acumulación y turno al Ministro instructor, por proveídos de uno, dos, nueve y diez de febrero de dos mil veintitrés, el cual admitió los presentes medios de control y realizó los requerimientos y trámites ordenados por ley, mediante acuerdo de seis de marzo del mismo año.
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo. El órgano parlamentario local argumentó, en síntesis, lo siguiente:
a. Respecto al principio de gratuidad en el derecho de acceso a la información, manifestó que el Municipio ha
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32269-02cbdd5a/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-que-preside · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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